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S. S. – Pensiones – Sector Público y Sector Privado – Sociedad Civil – Fondos Europeos (impuestos -desigualdad – rotura – reparto)

Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles, pues todo se reduce a más: -presión impositiva-, -desigualdad-, -rotura- y -reparto desigual-, además, se llevan a cabo las distorsiones sobre los derechos y libertades de los españoles, a base de falta de -transparencia-, de -información veraz- y de -vulneración de la Ley-.

Simplemente, se trata de correr un tupido y vidrioso velo sobre la verdad, aplicando políticas de ideologías excluyentes de forma unilateral, de manera, que se *disfrazan los problemas dilatándolos en el tiempo, *desequilibrando la igualdad entre lo publico y lo privado, *colando más imposición fiscal, *rompiendo la sociedad civil y *creando un sistema de reparto de los fondos de recuperación de la U. E. opaco y discriminatorio, dominado por meros criterios políticos arbitrarios y unidireccionales, regido por el mantra progresista:  todo para unos pocos y el resto para la mayoría sumisa y cautiva.

Señalaré esos cuatro asuntos, lo que no implica que haya otros de parecida importancia:

1.- La Seguridad Social y sus pensiones cuya reforma fallida se anuncia, a base de asociar las subidas al IPC, más impuestos y eliminando el factor de sostenibilidad del sistema, trasladando el problema a 20 años.

2.- La desigualdad creciente entre Sector Público y Sector Privado, que alcanza ya niveles preocupantes en todas las ratios, que se pueden analizar.

3.- Despedazamiento continuo de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

4.- Reparto de los Fondos europeos, donde rige la opacidad y la falta de información veraz, ya que, la propia Airef acusa al Gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos, de manera, que ve -muy difícil- poder estimar el impacto que van a tener los fondos en el PIB, porque no se conocen los detalles de lo que planea el Gobierno.

* En relación con el primer punto, según se está filtrando por los canales oficiosos, la reforma se concretaría –en un blindaje de la revalorización de las pensiones-, que quedan ligadas al IPC, –en una supresión del factor de sostenibilidad- que iba ligado a la esperanza de vida, y, –en una subida de impuestos- para lograr un pretendido equilibrio financiero de las cuentas de la S. S.

Si esa es la reforma, sin duda, existe una amenaza cierta sobre la viabilidad futura del sistema de protección pública, que es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.

* En relación con el segundo punto, el muro, que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado, se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos; de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contraria, está en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

Como ejemplo de lo dicho:

@España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente, sin que exista paro en este sector, que se traslada en su integridad al sector privado.

@Así mismo, las retribuciones de los empleados públicos, ya superan en un 20% los salarios de los empleados del sector privado.

* En relación con el tercer punto, es una realidad inquietante la ruptura de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

En España la sociedad civil y sus asociaciones y articulaciones se están deshaciendo, merced a una política extremista de tintes colectivos, que no admite otras realidades que las suyas, dirigiéndose sin pausa, día a día, a asfixiar todo aquello que no controlan o se representa como algo diferente a sus ideas autoritarias.

Desaparecida la sociedad civil, solo quedarán las asociaciones tuteladas desde lo público, con un aumento del gasto innecesario e improductivo, que se cubrirá, en una huida hasta donde se llegue, a base de más impuestos a los españoles, con emisiones de deuda hasta el límite, y, empobrecimiento paulatino del sector privado.

* En relación con el cuarto punto, es otra realidad preocupante, la absoluta falta de transparencia y de información veraz sobre el reparto de los fondos europeos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha acusado al Gobierno (Comisión de Hacienda del Congreso), de falta de transparencia con el Plan de Recuperación en el que se determina (eso dicen), cómo se van a gastar los 72.000 millones de euros en transferencias de los fondos europeos; de ahí, que la Airef vea –muy difícil– poder estimar el impacto que los fondos van a tener en la recuperación económica, ya que, aprecia –incertidumbre– respecto al Plan de Recuperación, al faltar en el mismo los objetivos fiscales, cuyo conocimiento sería necesario e imprescindible.

N.B.  Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles: *S. S. – Pensiones – *Sector Público y Sector Privado – *Sociedad Civil -, y, *Fondos Europeos, pues, solo se ven realmente dificultades futuras para el sistema de S. S., más impuestos, más desigualdad, rotura progresiva de la sociedad civil y un reparto opaco y arbitrario de los fondos de recuperación.

Sin igualdad y sin seguridad jurídica la confianza de los ciudadanos desparece, y, sin duda, son los pilares de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos. La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Cualquier actuación arbitraria de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad y nuestras libertades, socaba el estado de derecho constitucional, destruyendo el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 1 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Constitución – derechos y libertades fundamentales (de expresión – de información veraz)

En España y ahora convine recordar, que hace más de 40 años una gran mayoría de españoles votamos y aprobamos la Carta Magna de 1978, renunciando todos a algunas de nuestras ideas, olvidando los agravios y llegando a un acuerdo histórico, que trascendió nuestras fronteras y se convirtió en un ejemplo mundial de concordia y libertad.

Ocurre en estos tiempos de incertidumbre, que unos pocos demasiados han decido demoler esa Constitución, quizás, porque los derechos y libertades que consagra son una ofensa para sus ideas excluyentes, que no admiten otra cosa que su despotismo distintivo y único como la verdad original.

Así mismo, es un hecho aceptado por todos, que la Constitución de 1978 ha conseguido para todos los españoles el período más largo de paz y prosperidad, que ha conocido España, gracias a un grupo llamado los padres de la misma y un pueblo soberano que la hizo suya, aprobándola en masa.

Esos derechos y libertades recogidos en la Constitución, que son el mallazo de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, están en serio peligro, ya que, -por el Gobierno se ataca la división de poderes-, -se controlan o eliminan nuestras libertades ilegítimamente con estados de alarma sobrepasados en su duración y contenido-, -se vulneran a las bravas derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio con patadas policiales a las puertas-, -crece la desigualdad y se reduce la libertad de los españoles-, -se destruye la unidad constitucional de la Nación-, -el sector público crece sin cansancio comiéndose al sector privado cercado por la ruina-, y, en definitiva, la situación en España es muy complicada y nociva, de forma, que si no defendemos nuestras libertades las perderemos, al ser algo indiscutible, que la libertad no se defiende sola.

Aquí, solo citar, como ejemplo de lo que está en juego en este tablero perverso,  la C. E. que en su artículo 20 dice lo siguiente:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a). A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c). A la libertad de cátedra.

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. >>

Se cita la Constitución, porque la Guardia Civil controló actos de desafección al Gobierno de todos los españoles -durante varios meses en el primer estado de alarma-, llevando a cabo vigilancia y monitorización de las redes y páginas web a esos efectos con carácter general, realizando más de 50 informes al efecto, asunto que ha sido inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos, así:

1.- Lo reconoció en rueda de prensa públicamente el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, durante el primer estado de alarma.

2.- El Estado Mayor de la Guardia Civil envió una orden a todas las zonas y comandancias, para identificar bulos y mensajes que pudieran generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

3-   El Ministerio del Interior así lo ha reconocido, justificando las actuaciones de vigilancia en la Estrategia de Seguridad Nacional.

4.- La Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento por ese motivo, acordando finalmente por una resolución el archivo de esas actuaciones.

Siendo ingenuo, pienso por el bien de nuestras libertades, que cuando la AEPD ha procedido al archivo de la causa, debe ser, porque esas actuaciones de la guardia civil y de otros cuerpos de seguridad implicados en el asunto, nunca han afectado a datos personales protegidos, pero, incluso agradeciendo la actuación inspectora de la AEPD, el tema produce gran inquietud a cualquier persona preocupada por sus derechos y libertades constitucionales.

El simple hecho de que esas investigaciones se hayan producido, con estado de alarma o sin él, puede constituir, se quiera reconocer o no, una vulneración ilegítima de los derechos fundamentales de los españoles, que, además, resulta agravada, por la absoluta falta de información veraz completa e inmediata sobre un asunto tan importante para los ciudadanos.

La resolución de archivo de la AEPD debería hacerse pública por la propia Agencia y por el Gobierno para tranquilidad de todos los españoles, dejando claro, además, que esos controles masivos a los ciudadanos, salvo casos de autorización del poder judicial, se han terminado y no volverán a repetirse.

Una democracia plena, regida por un Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, como la española, -bajo ninguna circunstancia que no esté prevista en la Constitución-, puede admitir vulneraciones de derechos constitucionales por nadie, incluido, con mayor motivo, el Gobierno principal garante de los mismos.

La libertad de expresión y todas sus consecuencias constitucionales son algo irrenunciable para todos los españoles, de forma, que sobra cualquier comentario más.

N.B.  La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Contra los abusos y las actuaciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Constitución, dejando claro, que ninguna actuación de los mismos, que afecte a derechos fundamentales, debe existir sin autorización judicial.

Cualquier actuación de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad, vulnerando la Constitución y nuestras libertades, es ilegal con efectos de nulidad de pleno derecho, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 15 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Libertad de expresión e información veraz – desinformación (cautividad – silencios y opacidad)

La Constitución Española de 1978 dice, entre otras cosas, en su art. 20, que se reconocen y protegen los derechos:

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Explicado con premura y sintéticamente, la Carta Magna consagra los derechos: “A la libertad de expresión en todos sus aspectos y a la información veraz”.

Sin embargo, en estos días amargos de pandemia y estado alarmante, se pone en duda el derecho a protestar, a preguntar y a recibir información veraz, de forma, que se corre por algunos un tupido velo de silencio y de ignorancia autoritaria sobre temas fundamentales para España.

Ocurre, además, que callarse cautivo es, además, de un error patente, una forma de prestar consentimiento a algún asunto, acudiéndose con maldad por los destructores de la libertad a una interpretación espuria del refrán -quien calla otorga-, que es un dicho popular, que significa, que aquella persona que no hace ninguna objeción sobre lo dicho por otra persona y guarda silencio, le concede la razón. Es decir, el silencio da el consentimiento.

Por el contrario, rechaza el anterior argumento, que la Constitución en su artículo 24 dice, “ todos tienen derecho a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia”. Y, por otro lado, el artículo 520.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece, que se debe informar al individuo de ciertos derechos, destacando entre ellos, en este caso:

“ El derecho a permanecer en silencio …   …”;  cosa que nunca puede ser considerado, como que es culpable de algo, pues para eso está el derecho a la presunción de inocencia

*** Lo dicho, se proyecta, porque con ocasión de la pandemia y del estado alarmante prologado inconstitucionalmente en el tiempo, a los españoles se nos ha privado entre otros, ilegítimamente, de ciertos derechos fundamentales como los derechos -a la libertad de expresión y de comunicar y obtener información veraz-.

En problema está, en que la libertad es un derecho, que no se defiende solo, que hay que aplicarse en su defensa, ya que, cuando se pierde recuperarlo es harto complicado y costoso, ya que, no hay más que recordar la historia reciente de España, razón por la que, no hay que pasar ni una en defensa de la misma.

Losliberticidas se escudan en cualquier argumento vacío para justificar los despropósitos contra la Constitución Española de 1978 y todo lo que significa, aunque lo cierto es, qué escudados en la pandemia, se nos ha querido convertir en ganado ayeguado cautivo y silente.

Es un hecho cierto, que en España falta información en todos los sentidos para saber a dónde vamos, y, además, cuando protestas te machacan con todos los medios posibles e imposibles, lo que resulta -inquietante-, -inadmisible- e -insoportable-. En una democracia efectiva, basada en un Estado Social y Democrático de Derecho, los ciudadanos deben saber siempre dónde están y a donde van.

En estos momentos con 120.000 fallecidos por la pandemia (según se dice), que aún nadie responsable haya comparecido para determinar sin error, ¿cuántas personas han muerto en la pandemia?, es algo impropio en una nación regida por la Ley y en democracia plena.

Resultando, además, significativo el interés de los poderes públicos en asustar y desinformar, buscando, al parecer, una obediencia mansa y cautiva. Dicho de otra forma, se trata de imponer un miedo esclavizante, aunque, lo peor reside en la ignorancia que se quiere imponer a los españoles, que es, sin la menor duda, una manifestación del autoritarismo más sectario.

Nos han metido en la cabeza (o nos lo quieren hacer creer) que estamos perdidos, que no queda otra, que achantarnos a cualquier medida, aunque sea disparatada, como puede ser la obligatoriedad de llevar mascarillas al aire libre en las playas; de forma, que a callar y tragar, con nuestros derechos y libertades eliminadas, confinados, sin libertad de movimientos, incluso, con medidas contra Ley que vulneran derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio, como las patadas en las puertas de la policía sin orden judicial.

Protesto por la campaña continuada de desinformación, por el hecho de que nadie responsa de nada, de que no se explique nada y, en definitiva, por la irresponsabilidad de unos poderes públicos, que aún no han asumido de verdad, -“que la soberanía reside en el Pueblo”-.

Por si faltara algo, llevamos más de un año sin división real de poderes, ya que el Congreso sede de la soberanía está secuestrado, gobernándose España a través de R. D. Ls. (89 normas aprobadas por una iniciativa legislativa excepcional para casos –de urgencia y extrema necesidad-), mientras el poder judicial está paralizado, por no hablar del T. C. que está en situación de espera (stand by), inane y preso del poder político.

Para terminar, la transparencia ha sido sustituida por la oscuridad, incluso, significativamente en el lenguaje, así, se presenta a bombo y platillo un Plan resiliente confuso y lleno de frases vacías y sin medidas concretas, que conlleva un sino perverso, al estar dirigido a no decir nada, que extrañamente, no ha sido votado en el Congreso ni en el Senado, tal y como ha ocurrido en la mayoría de los parlamentos de los países miembros de la U. E.

Así mismo, es evidente, que el estado de alarma ha durado demasiado, quedando anulado el parlamento y eso no puede ser normal,  una nación no puede estar sin reunir a sus representantes elegidos y con la democracia en espera. Los españoles mayoritariamente han sentido, que el Gobierno ha abusado de sus poderes y ha actuado con ineficacia, cambiando de opinión constantemente sin explicaciones.  

N.B. Los derechos a la libre expresión y a comunicar y recibir información veraz son derechos fundamentales en la C. E. de 1978, así que, las preguntas, las respuestas claras y la información veraz son todo los contrario a la desinformación, a la obediencia ciega y a la cautividad, siendo los silencios de los poderes públicos una forma de tiranía.

En España (si es que se puede decir esa palabra) falta -libertad-, -límites efectivos al poder del Gobierno-, -medidas contra el abuso de poder- y un conjunto de atributos, que hacen reconocible a una democracia, razón por la que peligran las libertades de expresión y de información. Además, la mayoría de las instituciones y de los recursos económicos del Estado están al servicio de un poder ejecutivo de talante autoritario, que destaca por su falta de transparencia.

La disidencia se concibe como una forma de maldad, ya que lo importante y esencial de los liberticidas es demostrar, que se puede dejar a los españoles discrepantes abandonados a su suerteinclinándose a pensar, en el uso arbitrario del poder, que la amenaza sumirá a todos en silencio cautivo.

Sin embargo, ya se observa, que el engaño y la manipulación no surten efecto en los españoles, los madrileños han mostrado el camino, de forma, que cuanto más persistan en su desinformación, confinando, además, la libertad de expresión, mayor será la defensa a ultranza de la libertad por el Pueblo donde reside la soberanía.

Córdoba, a 18 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Apretarse el cinturón – gasto público y más (subidas de impuestos – cambio de criterio y desinformación veraz)

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho ante la prensa, “que nunca más diremos que hay que ajustarse el cinturón“, prometiendo más gasto en prestaciones por desempleo y una reforma laboral, que va a -provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo español-.

“Apretarse el cinturón” es una expresión, usada en tiempos de crisis, pero devaluada, a veces, por los que la usan en la banalidad, que significa, hacer el esfuerzo de reducir gastos superfluos con el fin de ahorrar por necesidades económicas.

La verdad es que cualquiera estará de acuerdo con la Sñrª. Yolanda Díaz, por supuesto el que escribe también, ya que, la clase media y baja en España está en la ruina, de forma, que pedirle más sacrificios y ajustes suena a despropósito, aunque todos sabemos que el cinturón se aprieta por muchos agujeros.

Digo esto, porque ya es público, que el Gobierno de España ha enviado a Europa su Plan de Reformas (oficialmente llamado Plan de Reconstrucción, Resiliencia y Transformación, del que la Airef dice: -que España es la única potencia de la UE que no concreta medida alguna-) prometiendo a la U. E. una subida impositiva global de casi 79.000 millones, que casi todos los expertos llaman “sablazo fiscal”, “impuestazo” o términos parecidos, y, que todos admiten, que recaerá sobre las clases medias y bajas sin remedio, de manera, que se quiera ver cómo se vea o se llame como se llame, es una forma de “apretarse el cinturón”, sumando muchos agujeros del mismo hasta la estrangulación fiscal de los españoles; salvo que, cobrar por usar las autovías, subir el Iva y el Irpf, aprobar las tasas Google y Tobin, subir los impuestos de sucesiones y patrimonio, etc., etc. solo sean en realidad un regalo a los ciudadanos.

Está muy claro, que hay muchas maneras de ver las cosas, pero, que se mire como se mire, es lo cierto, que el cinturón a los españoles cada día que pasa les aprieta más, ya que, “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, como dijo Antonio Machado, que significa, -que la verdad no depende de quien la diga-.

La Ministra de Hacienda, Dñª. María Jesús Montero dijo el pasado año: Se lo voy a decir con mucha claridad: Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora.

El Plan de Reformas enviado a Bruselas (que el Gobierno ha presentado varias veces sin cuantificar), conlleva una subida histórica de los impuestos a las clases medias y trabajadoras para contrarrestar el desastre de sus cuentas, prometiendo mayor recaudación.

El Gobierno Central del Presidente Sánchez podría haber optado por otra solución para cuadrar las cuentas del Estado, que sería eliminar y reducir un gasto público disparatado, que tenemos y soportamos. Se trataría, como han hecho otros países, de eliminar el gasto innecesario e improductivo y administrarse con arreglo a las normas de ortodoxia más elementales; dicho de otra forma, se trataría simplemente de administrarse bien, como se dice tradicionalmente, como un buen padre de familia.

Sin embargo, se ha optado por todo lo contrario, más gasto público sin control alguno, y, alza fiscal indiscriminada para paliar unas cuentas públicas insostenibles.

El Gobierno ha aprobado unos PGE para 2021 con una cifra de gasto desmesurada (excesiva), alcanzando 456.073 millones; de forma, que si el gasto público se redujera solo un 15% tendríamos 68.410,9 millones de euros más, lo que supone una cantidad parecida, a lo que el Gobierno de España ha prometido a Bruselas recaudar de más por impuestos.

Ahora, además, hay un cambio de criterio del Gobierno de España, que justifica su incremento impositivo, afirmando que Europa nos impone una subida de impuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se desdice y afirma con desparpajo:

<< Que los países europeos no querían endeudarse para dar a España 140.000 millones, si aquí no se subían los ingresos fiscales.

No podemos ir a Europa a exigir que pongan 140.000 millones de euros para España sin acometer las reformas que nos piden para ir aproximándonos a la UE en términos de presión fiscal y recaudación.

La ministra justifica su cambio de postura fiscal afirmando, que España <está muy por debajo de la media en la recaudación fiscal en Europa>, suponiendo una brecha de 7,2 del PIB, lo que implica unos 80.000 millones de euros >>.

Es decir, se promete a Europa aumentar la recaudación a base de impuestos; aunque hay que señalar un -pero- a tener muy en cuenta, ya que, el Gobierno pretende alcanzar la cifra de ingresos de 275.2 millones de euros en este año 2021, pero, por las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, parece complicado llegar a esos ingresos que quiere Hacienda.

El trallazo fiscal a los españoles va a ser tremendo, y, el argumento del Gobierno acerca de que sus subidas de impuestos sólo afectan a una minoría, no se lo cree nadie, ya que, serán las clases medias y bajas las que soportarán el impuestazo.

En román paladino, –apretando el cinturón hasta sus últimos agujeros-. La Sñrª. Montero lo ha dicho de forma clara y concisa, sin adornos ni complicaciones.

Cuando se quiere iniciar la senda de la recuperación, subir impuestos indiscriminadamente es casi suicida, de forma, que se imponen por el Gobierno de España aumentos impositivos desacertados en el momento más contraindicado, máxime, cuando todos los países del entorno van en otra dirección, basándose en una falacia europea, ya que, lo que la U. E. pide, es reducir el déficit y la deuda, cuadrando unas cuentas por ahora inverosímiles.

La promesa a Europa debería ir en la dirección contraria a la marcada por la Ministra de Hacienda y el Gobierno de España, cuadrando las cuentas por medio de la reducción del gasto público, eliminando los gastos innecesarios e improductivos, y, realizando una administración rigurosa, que es la única opción aceptable en estos momentos de ruina, sin olvidar las reformas estructurales profundas, que permitan regenerar nuestro tejido productivo y llevar nuestro mercado laboral a la senda de su reconversión creando empleo.

Si no se hace así, con seguridad el apretón del cinturón nos ahogará a todos, ya que, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Para terminar, lo peor de todos estos cambios de criterio y de la exprimidora fiscal enarbolada por el Gobierno, son las homilías, las peroratas, las soflamas o como quieran Uds. llamarlas de las ministras y ministros, que nos atizan sin mesura ni piedad sobre más aumentos de impuestos, de reajustes en los tipos de IVA, de eliminación de exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales, que, sin duda, acabará con un castañazo fiscal injustificable e inasumible por los españoles, cuando la situación de ruina nos tiene a todos sumidos en la desesperanza, agravado todo, si es posible empeorar, con una falta absoluta de inseguridad jurídica que destruye la poca confianza que les queda a los ciudadanos de la calle.

N.B.  Apretarse el cinturón unos cuantos agujeros hasta el límite, con más gasto público y más subidas de impuestos en estos momentos de crisis, es un disparate propio de un Gobierno, que vive en un mundo paralelo alejado de la realidad.

A destacar:

* La Ministra de Hacienda, Sñrª. Montero, da marcha atrás y abre la puerta a retrasar las alzas fiscales, si el PIB no recupera su nivel precrisis

* La Vicepresidenta 3ª. y Ministra de Trabajo, Sñrª.  Díaz, promete que -nunca más oiremos decir a un gobierno que toca ajustarse el cinturón-.

Como siempre, queda todo muy claro: “No, pero si, que sí que no, que será sí”.

Esto es, lo que se llama derecho a una información veraz, que consagra el art. 20 de la C. E.

Córdoba, a 12 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mascarillas por mandato legal (no, pero si Sr. Simón)

Se ha hecho pública ayer, la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

(Disposición final octava. Entrada en vigor. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2 respecto del ámbito de aplicación).

Artículo 6. Uso obligatorio de mascarillas.

<< 1. Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a) En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.

b) En los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de los pasajeros de buques y embarcaciones, no será necesario el uso de mascarillas cuando se encuentren dentro de su camarote.

2. La obligación contenida en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización.

Tampoco será exigible en el caso de ejercicio de deporte individual al aire libre, ni en los supuestos de fuerza mayor o situación de necesidad o cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible, con arreglo a las indicaciones de las autoridades sanitarias.

3. La venta unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto. >>

 La ley es muy clara, las mascarillas en general son obligatorias en todo el territorio nacional (incluso al aire libre y con distancia física), así que, sin entrar a valorar la constitucionalidad del mandato, lo expuesto supone un cambio de criterio de grandes dimensiones, respecto a lo que el Ejecutivo Central venía manteniendo desde hace más de un año.

El Sr. Simón, D. Fernando, director del CCAES y factótum del Gobierno en asunto de la pandemia, en su momento dijo: No es necesario que la población use mascarillas.

Fernando Simón explicó (Cadena Ser – 29-04-20) por qué el uso de mascarillas no es obligatorio, aunque la recomendación es fuerte.

Es cierto, que con las mascarillas el Sr. Simón no se ha cortado el pelo nunca, así, en una de sus ruedas de prensa ha calificado de “egoístas” a las mascarillas FFP2, después, como en todas sus predicciones, ya sabemos lo que ha pasado.

Lo relevante en este vidrioso asunto de las mascarillas es el cambio de criterio radical del Gobierno, que nadie explica de mascarillas no y mascarillas si y ahora obligatorias por ley.

Es lo cierto, que ya estamos acostumbrados a los cambios del Gobierno, pero aquí hay algo mucho más importante, ya que, tenemos más de 100.000 muertos y casi 4 millones de contagiados, y eso es un problema que alguien debería de explicar y asumir responsabilidades, de manera, que el Gobierno es necesario que responda a algunas preguntas:

¿Por qué se dijo que las mascarillas no eran necesarias y ahora se imponen obligatoriamente por mandato legal?

¿Cuántas muertes ha costado el no usar mascarillas?

¿Cuántas compras se han realizado de mascarillas por el M. de Sanidad, en que condiciones y cuantas compras ha resultado fallidas?

¿El Comité de Expertos y el Sr. Simón (director del CCAES) por qué no explican a los españoles este cambio brusco de criterio?

¿Por qué en este asunto de las mascarillas no ha existido información veraz y quién es el responsable de esta falta de información a los españoles?

¿Alguien del Gobierno ha asumido o asumirá alguna responsabilidad en este asunto de las mascarillas, cuando se decía no son necesarias, que tantos fallecimientos ha costado y tantísimos contagios ha producido?

*** Ninguna explicación, pero si coerción por parte del Gobierno, de manera, que la opacidad es absoluta y nadie sabe realmente, ¿por qué?, hay que llevar la mascarilla ahora obligatoriamente, pues nadie con responsabilidad pública ha salido a detallar los motivos de dicha imposición legal.

Es inadmisible, que los ciudadanos sigamos instalados en la oscuridad informativa por parte del Gobierno, ya que, para la participación social en la toma de decisiones y su implantación responsable por los españoles, es imprescindible contar con información veraz completa e inmediata.

Información veraz, que es un derecho y un mandato recogido en el C. E. en su art. 20, que dice:

<< 1.- Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

2.– El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.>>

Se dirá, que lo que digo es una petición fantasiosa, pero, a pesar de todo, es una realidad incuestionable, que sin la participación informada de los españoles será imposible cumplir la ley, ya que, si los ciudadanos no perciben la misma como participación consciente y aceptada libremente, la obligación nacida de la ley será de imposible cumplimiento, máxime, cuando todos los sujetos destinatarios de mandato legal están más que hartos de los sustos, de las imposiciones y de las restricciones de sus derechos inexplicadas, por muchas que sean las sanciones establecidas. 

Una ley que no es aceptada por el pueblo es de imposible cumplimiento, de forma, que se impone una información al mismo veraz, completa e inmediata en el asunto de las mascarillas, si se quiere que la norma se cumpla por los españoles, sobre todo, porque los ciudadanos siente solo obligaciones, mientras ven a los poderes públicos dominantes enzarzados en guerrillas de poder, sin que ellos puedan hacer nada, pues los tribunales está silentes y cautivos, y,  solo les queda la protesta en cualquiera de sus formas.

 Si a todo lo anterior se une, la falta de respeto a la Ley por los poderes públicos; las actuaciones ilegales de una policía autoritaria que machaca a los ciudadanos y derriba puerta en domicilios inviolables según la C. E, vulnerando derechos fundamentales; la anulación de la división de poderes con leyes urgentes que secuestran al poder judicial y a su Consejo; el estado de alarma inconstitucional y prorrogado en exceso legal; y, así, un larguísimo etc. de desafueros; que duda cabe, que los ciudadanos no colaborarán, el en cumplimiento de una ley que no aceptan ni comparten, por muchas que sean las sanciones y los policías que se pongan para vigilarlos.

Es un hecho cierto, que en las sociedades libres y democráticas la política del miedo nunca da resultados, por mucho que pueda empujar una policía autoritaria con actuaciones inconstitucionales, como la de la patada en la puerta.

*** Es evidente por todo lo expuesto, que estoy en desacuerdo con el sistema implementado en España de confinamientos y limitaciones de los derechos y libertades constitucionales en la lucha contra la pandemia, de forma, que, sin duda, otro modelo es posible para combatir la epidemia basado en la información veraz a la población, la educación y la formación continuada, solicitando, así mismo, a los ciudadanos su participación y colaboración en el control y lucha contra la enfermedad, como se ha hecho en otros países, como Suecia.

Confinar a los españoles, restringir sus derechos y libertades, realizando a la vez una política de opacidad informativa sin ningún tipo de información veraz, lleva a un engaño colectivo y a la ruina económica y social, mientras la sanidad no mejora ostensiblemente, por la sencilla razón de que los confinamientos masivos son contraproducentes, ya que, no se impide que el virus circule, al existir una parte de los ciudadanos que siguen trabajando y, además, se crea la falsa convicción que el virus se está controlando, lo que implica un aumento del riesgo, al abandonar la población los cuidados de autoprotección permanentes.

Dicho de otra forma, nada hay que puede superar a la información veraz permanente e inmediata a la población, utilizando, a la vez, la formación continua, la educación y los controles de la enfermedad con la máxima amplitud posible sobre la población para controlar la pandemia, sin olvidar la participación social.

El uso de la mascarilla por imperativo legal en espacios abiertos no produce efectos reales de control de los contagios, ya que, la población tendrá la falsa creencia de que usando la mascarilla todo queda controlado, lo que, simplemente, no es cierto, ya que, políticamente, con carácter general, se abandona su educación y su formación integral sobre la enfermedad, sobre todo, si, además, se da de lado a una información veraz e inmediata, a la vez, que conlleva un hecho muy negativo, concretamente, que la población abandona su autoprotección.

Destacando, finalmente, dos cosas de enorme importancia:

1ª.- El efecto positivo o negativo que tiene la ejemplaridad del comportamiento de los poderes públicos, que en España aparece como algo olvidado.

2ª.- Se viene tratando a los ciudadanos como irresponsables sin aptitud para autoprotegerse, así como, considerándolos incapaces de participar y colaborar en la lucha y control de la enfermedad, lo que constituye una simpleza y una temeridad, ya que, si algo han demostrado los españoles en el último año es su espíritu de sacrificio y autodisciplina, aguantando, además, unas actuaciones políticas nefastas del todos contra todos y vale casi todo durante la pandemia (con muchos fallecimientos y contagios), con olvido de los intereses generales de la población.

N. B.   Sin información veraz completa e inmediata para todos los españoles no existe la libertad verdadera ni el Estado de Derecho Constitucional, de forma, que el uso de las mascarillas por mandato legal, del no, pero si del Sr. Simón, será imposible de asimilar por los ciudadanos libres, lo que significa, que no se cumplirá la ley.

Tienen a su favor los españoles:

* La falta absoluta de ejemplaridad de los poderes públicos en el cumplimiento de la ley, ya que, es una tomadura de pelo a los españoles, que se les imponga el cumplimiento de la ley, cuando no han sido informados y, además, ven a los dirigentes políticos enfrascados en ignorar el respeto a la ley, cuando quieren sin pudor ni mesura.

* El tratamiento a los ciudadanos como irresponsables sin aptitud para autoprotegerse, así como, considerarlos incapaces de participar y colaborar en la lucha y control de la enfermedad.

Otro modelo de combatir la enfermedad es posible, como han demostrado otros países, cómo, por ejemplo, Suecia.

Córdoba, a 31 de marzo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.