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Votar un cambio – hacer lo mismo (en las elecciones municipales no se votó ninguna amnistía)

El P. Popular eligió Presidente de la Diputación de Córdoba al concejal del Ayuntamiento de Córdoba Salvador Fuentes Lopera, cosa a lo que tiene perfecto derecho, pero lo que es inadmisible, es (que en lugar de implantar las políticas del P. P. que los ciudadanos votantes del de dicho partido votamos), el Presidente de la Diputación Sr. Fuentes Lopera esté aceptando las políticas socialistas de la Diputación de Córdoba con complacencia y complicidad, de forma, que el engaño a todos los que votamos al P. P. y al Alcalde Bellido es una verdad pura y dura, así:

1.- Los electores del P. P. no votamos a Salvador Fuentes Lopera, que no ha sido elegido Presidente de la Diputación de Córdoba por los cordobeses, sino que ha sido designado digitalmente por el P. P., cosa que no ocurre con el Sr. Alcalde de Córdoba, José María Bellido, que ha sido elegido directamente por el pueblo de Córdoba, ya que, los cordobeses capitales lo votamos a  Él por mayoría absoluta.

2.- La diferencia es enorme, pues el Sr. Bellido, a parte de que cumple lo que prometió, al haber sido elegido por mayoría absoluta tiene plena libertad para aplicar sus ideas y sus soluciones políticas, aunque tenga el compromiso de llevar a término lo que dijo que iba a hacer.

El Sr. Fuentes Lopera es un caso completamente diferente, ya que, nadie lo ha votado personalmente, sino que iba en una lista cerrada del P. P., de manera, que diga lo que diga, está obligado a aplicar las políticas que su partido prometió que cumpliría.

3.- A mayor diferencia entre uno y otro, *el Alcalde Bellido está cumpliendo lo que dijo que haría, además, como, Presidente de la FAMP es la cabeza municipal y provincial de las políticas del P. P. en Andalucía; y, por el contrario * el Presidente digital de la Diputación de Córdoba, Sr. Fuentes Lopera, está haciendo lo mismo que hacía el anterior Presidente Sr. Ruiz (por cierto, que no ha ganado ni en su pueblo Rute), pero a diferencia del Sr. Bellido Roche está obligado a aplicar las políticas del P. P., entre otras muchas cosa, porque para eso lo ha nombrado dicho partido, aunque, para empezar va en dirección contraria, señalándose, que ha acordado una “amnistía pequeña en Epremasa” y ha aceptado seguir el camino perverso político heredado en la gran mayoría de competencias de la Institución Provincial.

4.- Vuelvo a pedir a la Sr. Presidente del P. P. en Córdoba Adolfo Molina y al Sr. Alcalde de Córdoba-Presidente de la FAMP que DIMITAN  al Sr. Fuentes Lopera como Presiente de la Diputación de Córdoba, que ya, son los que lo nombraron para presidir la Institución Provincial y aplicar las políticas del P. P., ya que, si callan y asienten a los despropósitos políticos del Presidente que nombraron, es que están de acuerdo con él y sus políticas socialistas.

5.- Es la hora del ejercicio de la libertad individual, de la autodefensa y de no callarnos ante nada y ante nadie, sobre todo cuando enfrente tenemos políticos incumplidores, que solo piensan en estar cómodos y que nadie le planteé un problema, pero, así mismo, es la hora de exigir a nuestro políticos votados que cumplan sin excusas ni pretextos.

En esencia es lo mismo, que hace el Presidente Sánchez con su ley de amnistía, es decir, incumplir lo que prometió, pero, aquí y ahora hay una diferencia, los que votamos al P. P. en Córdoba, quizás, no podemos pedir la dimisión de Sr. Sánchez, pero si podemos y debemos exigir a los responsables provinciales del P. P. que enmienden su rumbo y que dimitan al Sr. Fuentes Lopera, porque, el daño que está haciendo a nuestras ideas políticas, económicas y sociales es enorme e irrecuperable, si no se corrige el error de inmediato.

N.B. La mayoría de los cordobeses hemos votado un cambio municipal y provincial, y, en la Diputación Provincial de Córdoba seguimos la misma senda, aplicando las políticas del Expresidente Sr. Ruiz, y, encima, dictando “pequeñas amnistías” a los anteriores políticos y gestores, imponiendo unas políticas fiscales dañinas con cargo a los ciudadanos de la provincia, incumpliendo lo que se dijo que se haría, y, en definitiva, engañando a los que los votamos.

Dicho sin rencor, pero con mucho cabreo “váyase Sr. Fuentes Lopera” o lo que es lo mismo, “dimítanlo” Uds. que le nombraron.

Córdoba, a 14 de noviembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.

Huelga LAJs – SINDICATOS (tocando el cajón)

Es de cajón.

El Rey en Cádiz toca el cajón y ahora todos a tocar el mismo cajón.

La Constitución consagra en su art. 14 que todos somos iguales en derechos y obligaciones.

Los LAJs. llegan a un acuerdo con el M. de Justicia y acaban su huelga, cosa que bueno para todos, pero hay un pero, que es el “resto de funcionarios de la justicia” (los demás funcionarios y empleados públicos, también).

Si alguna vez los sindicatos llevan razón, esta ocasión es de libro:

Llevan más que razón, todos en el mismo cajón.

La huelga de Letrados ha servido para poner de relieve que el que no llora no mama.

Los españoles ahora también pueden tocar el cajón el 28M, pues como no pueden hacer huelga, su derecho a la huelga es votar en masa a quien quieran.

La cosa es clara, todos a tocar el cajón.

N.B. Es de cajón, de forma, que ahora todos podemos tocar el cajón.

Habrá que escoger y votar, aunque para poder tocar el cajón  hay que saber lo que es posible y lo que es imposible, aunque algo es seguro: que los españoles son cualquier menos tontos, como ya se demostró con la Constitución de 1978.

Córdoba, a 28 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Sensación de Inseguridad III – El Reparto (+ paro y + afiliaciones a la S. S.)

Hablando de la sensación de inseguridad en España son un ejemplo los datos oficiales sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., por la sencilla razón de que esos números no cuadran.

Si fuera real en términos absolutos que hay más afiliaciones a la S. S. la cifra de parados debería ser positiva hacia la baja, de forma, que no siendo así, la realidad es que el mismo trabajo se está repartiendo entre más trabajadores. Es decir, aumentan las afiliaciones porque el mismo trabajo se está dividiendo entre más personas, lo que significa que no se crea más empleo, sino que está creciendo el empleo a tiempo parcial, sea indefinido o no, de manera, que hay más personas trabajando pero las horas de trabajo efectivo son las mismas: “Vamos, que la sensación de inseguridad y la falta de información veraz son una realidad”.

El estado de inseguridad (jurídica, de información veraz, etc. etc.)  en España es algo evidente, de manera, que si o si, que hoy solo se puede acudir buscando protección a las normas del derecho de la U. E. y a su aplicación efectiva.

Una cosa es cierta: “La forma del contar el paro que hace el Gobierno y su Ministra de Trabajo es un dislate equivocado y absurdo”.

Simplemente, no puede ser verdad.

Una cosa es medir y otra falsear la realidad, además, a la vista de todo el mundo sin ninguna clase de complejos.

El problema está en que la sensación de inseguridad en el empleo y en las cifras reales de paro aumenta día a día, porque, no se trata solo de que exista un número de parados desconocido (añadir a los número oficiales los 600.000 parados escondidos y los miles de inactivos desconocidos), sino que las cifras de desempleo real es un mundo ignoto, que parece que nadie quiere aclarar.

Si los ciudadanos nos aquietamos ante los incumplimientos silentes de las cifras de desempleo oficiales, que son falsas porque son  irreales, esperando que nunca nos tocará, sin la menor duda, nuestros derechos y libertades están en peligro de desaparecer, y, porque, además, la inseguridad en todos los aspectos va aumentando de manera contagiosa.

La seguridad en España pasa, se quiera admitir o no, por la verdad de las cifras oficiales del Estado, por el respeto al Estado de Derecho y por la aplicación efectiva de normas seguras por el Estado y por todos sus órganos políticos, administrativos y judiciales, ya que, cualquier otro cosa es simplemente una falacia.

Por otro lado, las noticias que viene proporcionando España a nivel internacional en los últimos años son una muestra palpable de inseguridad, que atenaza y amenaza a los ciudadanos españoles, de forma, que solo queda exigir que desaparezca, cuanto antes mejor, si queremos defender y garantizar nuestro estado social y democrático de derecho.

(Nota aclaratoria: << La EPA del cuarto trimestre de 2022, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, son las siguientes:

  • La población española es de 47.475.420 habitantes.
  • Los menores de 16 años, que no pueden legalmente trabajar, están en 7.338.920 (un  15,5% del total).
  • Los mayores de 16 años, en edad de trabajar, son un 84,5% de la población, es decir, son 40.136.500 personas.
  • La población en edad de trabajar se sitúa en 23.487.800 de españoles activos (un 49,5%), existiendo 16.648.600 de inactivos (un 35,1%).

Activos.

** Unos 3.086.800 son autónomos (un 6,5% de la población española).

** Por cuenta jena en el sector privado hay 13.850.800 trabajadores, (un 29,2% de la población),

**Los empleados que cobran del Estado (funcionarios, personal contratado, trabajadores de empresas públicas, etc. etc.) son 3.526.200 asalariados (un 7,4% del total). >>

N.B. La sensación de inseguridad dominante en España oficialmente es una realidad, de manera, que exigir datos reales del paro y de las afiliaciones a la S. S. es una necesidad más para garantizar nuestras libertades.

Una vez más:  los datos sobre el paro y las afiliaciones a la S. S., son un ejemplo de que la sensación de inseguridad en España es una realidad, porque esos números no cuadran.

Pronto habrá que escoger y votar entre inseguridad y seguridad, que viene a ser entre libertad y control colectivo, porque es una verdad indiscutible, que la seguridad beneficia a todos y la inseguridad solo al que puede huir de ella.

Córdoba, a 6 de marzo de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Elecciones municipales – Jueces – independencia – ideología (división de poderes)

Preguntan algunos lectores sobre ¿cómo está la justicia?, siendo la respuesta fácil en esta ocasión: “Como la política”.

Que cada cual saque sus conclusiones, pero está claro, que su deterioro es evidente, de manera, que en España la división de poderes, base de toda democracia, esta en claro retroceso, por no decir, en extinción.

Dicho de otro modo, los ciudadanos sienten que la justicia se diluye entre ideologías políticas y jueces que parecen incapaces de proclamar su independencia y su imparcialidad, confundiéndose como parte de la Administración -poder ejecutivo-, cuando deberían ser poder judicial independiente, real y constitucional base de nuestro Estado de Derecho.

La Constitución Española en su TÍTULO VI, gira con el nombre de  -Del poder judicial-  y en su artículo 117 dice, en sus números 1., 2., y 3., que: << **La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ** Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. **El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.>>

Está muy claro para el Pueblo: “La Justicia “como la política”; y eso para nuestra democracia es algo muy malo, de forma, que en las elecciones municipales próximas se puede y hay que poner pies en pared para que todo no siga igual”.

El espectáculo al que hemos asistido de partidos políticos usurpando el poder del Pueblo soberano y mangoneando sin mesura la justicia a su antojo, no se puede aceptar en ninguna democracia que se respete en sus libertades fundamentales, de manera, que ahora a votar en libertad y sin complejos ni miedos de clase alguna.

No se puede confiar en jueces ideologizados y está muy claro para casi todos los españoles, que los jueces metidos a políticos no pueden vestir toga.

Se dice que la justicia es ciega, aunque mejor sería decir, que era ciega, pues ahora algunos-muchos jueces tramitan causas y dictan resoluciones encamadas en su ideología personal excluyente, consiguiendo algo perverso, que residen en que se pueda pensar que todos los jueces son iguales, lo que, simplemente, es una burda mentira, no ayudando desde luego el silencio persistente y soterrado de los miembros del poder judicial tanto individual como colectivo, a través de sus organizaciones judiciales que por sus propios nombres se definen: conservadores, progresistas, del medio centro e incluso independientes (que es el no va más).

A pesar de todo, se puede comprobar un gran colectivo de jueces y magistrados del día a día en los juzgados y tribunales, que, sin más, están indignados por lo que está cayendo sobre “todos ellos” sin distinción.

Sin embargo, admitiendo ese hecho de que no son todos, ni mucho menos, lo cierto es que, lo que se oye, es el murmullo turbio de las voces atrabiliarias que rezuman ideología contra ley, de forma, que como en todo lo que está pasando en España en todos los niveles, el silencio callado y oprobioso conlleva asentimiento contra la división de poderes base de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional.

Se dice, que el que calla otorga, y, ha llegado el momento de demostrar que la mayoría de jueces son personas libres, imparciales e independientes y que se rigen por la ley y los principios de la Ética Judicial.

Por otro lado, debe quedar aún más claro, que este asunto de la independencia del poder judicial no es solo de los jueces, sino que afecta a todos los españoles, lo acepten o no, de manera, que habría que pedir a las asociaciones de juristas, colegios de abogados y procuradores, catedráticos y juristas de prestigio, diputados, senadores, corporaciones de derecho, ayuntamientos, comunidades autónomas, diputaciones, etc. etc., tanto a nivel colectivo como personal, que levanten la voz, pues un espectáculo tan “obsceno” como el que está viendo y soportando, día tras día, nos lleva a una democracia autocrática y de segunda.

Se podría empezar, además de protestar sin fin, exigir que, el juez que quiso legítimamente un día cambiar su toga “imparcial y ciega” para entrar en un partido político (en la política) asuma, que en un  tiempo prudencial no podrá devolver a su partido la afiliación y sentarse de nuevo con su toga de justicia, pensando que está libre de polvo y paja y que su traje judicial está impoluto de todo el camino recorrido, exigiendo, así mismo, a ese juez  de ida y vuelta, que se someta a un proceso de selección para su nuevo puesto, aunque se le reserve el derecho de permanecer en su ciudad de origen,

La norma debe ser para todos por igual, sea cual sea su formación política o su ideología, pues, de ninguna forma, el haber estado en política puede ser un trampolín para mejorar en el poder judicial por encima del resto de jueces (mayoría), que han seguido impartiendo justicia con mayor o menor acierto.

El estar en política y servir al pueblo de por si es un privilegio, de manera, que seguir disfrutando de ese privilegio volviendo a vestir la toga sin pausa ni tiempo intermedio es pura y simplemente un ejemplo de máxima estulticia para al Pueblo, de donde, como dice la Constitución, nacen los poderes del Estado.

El espectáculo obsceno al venimos asistiendo, que continúa sin tregua ni descanso, debe terminar, si queremos vivir en una democracia con derechos y libertades fundamentales, siendo lo peor, que todo se pega, sobre todo los malos ejemplos, irradiándose como un flujo maligno por la sociedad civil y corrompiendo a muchas- algunas personas.

N.B. El poder judicial independiente formado por jueces imparciales, libres y cumplidores de la ley es la base de nuestra democracia y de nuestro estado de derecho, siendo las elecciones municipales un buen momento para empujar en esa dirección, así que, a votar en libertad.  

Si no podemos confiar en la justicia y en que tenemos jueces independientes e imparciales, apaga y vámonos.

El espectáculo de los partidos políticos comprando y vendiendo jueces públicamente no dice nada bueno de nuestra democracia real, ya que, sin verdadera división de poderes la libertad no existe.

 La seguridad jurídica ¿existe en España? – Pues, ESO.

Córdoba, a 8 de noviembre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.