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Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Púlpitos Públicos – Opiniones personales (Diferencias – privilegios – abuso de poder)

Un grupo de lectores me plantea  una pregunta sobre algo que sucede casi a diario, que ocurre, cuando un político con poder público emite una opinión escrita o hablada y dice después que es una opinión personal.

Todo viene por las “opiniones personales” dice él y su partido del Sr. González Pons expuestas conscientemente por escrito en un medio escrito de difusión, que acumula cargos públicos y poder público, de forma, que es eurodiputado y portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidente del Grupo, siendo a nivel nacional vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular. Es decir, mantiene tantos cargos públicos, que hacen difícil entender, que cuando escribe un artículo en un medio de difusión, sus opiniones puedan ser consideras opiniones personales, despegadas de su enorme poder público. 

Eso es lo que dice él y la cúpula de poder del P. P., aunque para cualquier persona de la calle esa diferencia y dualidad del Sr. González Pons le parezca increíble, aunque más increíble es, que, a pesar del grave daño que ha hecho a España al insultar al Presidente de EE.UU. de América, siga en todos sus puestos públicos y no asuma responsabilidad alguna, siendo, además, el mayor desatino que el P. P. no le haya pedido responsabilidad alguna, empezando por una rectificación y/o pidiéndole alguna dimisión de alguno de sus muchos cargos, aunque, tampoco estaría mal un comunicado oficial del P.P. diciendo que rechazan las declaraciones insultantes del Sr. González Pons multi-cargos públicos.

Cualquier español tiene pleno derecho a la libertad expresión, pero dado el daño enorme que las declaraciones escritas del Sr. González Pons desde su púlpito público, que pagamos todos, han causado y causarán a España y a los españoles, y, que es incalculable, pues situarse a nivel internacional como líder de antitrumpismo junto con el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez es un sinsentido y un disparate mayúsculo, pues no tiene nada que ganar, salvo su soberbia personal y un ego descontrolado. En cambio, por el contrario desde su púlpito público ha dañado los intereses de España, los de los españoles y los de su partido político, haciéndole un roto tremendo al Presidente Feijóo, que con colaboradores como el Sr. G. Pons no necesita enemigos.

Lo que ha hecho el Sr. multi – cargos del P. P. Sr. G. Pons desde su púlpito, que pagamos todos, es una “boutade”, que como dice la RAE es una “intervención pretendidamente ingeniosa, destinada por lo común a impresionar”.

Planteada la cuestión de los lectores, es un hecho casi diario, que políticos henchidos y/o colmados de poder abusan del mismo subidos a un “pulpito popular costeado por todos” y desde allí dicen auténticas barbaridades sin que asuman responsabilidad alguna y sin que les pase nada, de forma, que el caso atrabiliario del Sr. G. Pons es solo un ejemplo de lo que no debería de ser, porque, además, es un mal contagioso, pues no hay más que ver a un Fiscal General del Estado llamando “prevaricador” a un Juez Instructor del T. S. para comprender lo que está pasando en España diariamente sin que pase nada de nada.

Los púlpitos públicos siguen en el mismo lugar con abuso constante de poder y los ciudadanos de a pie abochornados y desesperanzados.

En este caso, responder a mis lectores se me hace muy cuesta arriba, pues simplemente no se que decir, salvo, que me parece “un  abuso de poder inaceptable”, que debe ser erradicado de inmediato, de manera, que el hablador del púlpito debe asumir sus excesos de poder y marcharse a cuidar manadas de lobos, ya que, cualquier otra cosa es destruir nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de la C. E. de 1978.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades con actuaciones al estilo perverso del Sr. G. Pons pasan a la cuneta y solo queda el hablador irresponsable disfrutando de su poder, mientras los españoles quedamos chapoteando en su fango fatuo. 

El Estado de Derecho constitucional sigue sufriendo un deterioro continuo en  nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo si no conseguimos echar a todos los habladores del púlpito público.

No caben ni escusas ni pretextos, la única solución es echarlos.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Las *opiniones personales* desde púlpitos públicos realizadas con políticos irresponsables con poder, que dañan los intereses de España y perjudican gravemente a los españoles de a pie, son un abuso de poder, se mire como se mire, que deberían tener consecuencias políticas para sus autores, pues cuando menos son innecesarias y siempre dañinas para el interés general.

Sublevación pacífica y, desde luego, “nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 5 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asalto al Estado de Derecho – Reventón del Estado (Inspectores de Hacienda – Fiscales – Jueces – etc.)

Lo que ha hecho el Fiscal General de Estado en su declaración ante el Juez Instructor del Tribunal Supremo, llamándole sin mesura “prevaricador”, lo hago yo o cualquier abogado, y/o, algún ciudadano llamado a declarar ante un Juez Instructor y vamos todos directos a la trena.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades han caído en desgracia, y, están en trance de desaparecer, además, para mayor desesperanza la oposición se sitúa en una posición de inacción consensuada con el Gobierno, de forma, que, a mayor inri, el resto de instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones patronales, colegios profesiones, etc. se sitúan de perfil al borde del precipicio, creyendo en craso error que así están a salvo de la quema.

El Estado de Derecho constitucional está sufriendo un asalto sin precedentes en nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo, pues han reventado a la Nación Española.

Sin embargo, lo peor de todo es como arreglar el desaguisado para que el daño no sea permanente, ya que, los precedente producen serios escalofríos, así,  a título de escarmiento, cuando se ganan unas elecciones a lo grande, como pasó con las elecciones a las CC. AA. y a los Ayuntamientos y Diputaciones, y, el partido político ganador acepta lo que hay, lo asume y todo sigue igual sin levantar la voz la esperanza desaparece,  porque es lo mismo que hizo en su día el Expresidente Rajoy con su actitud dontancredista de no hacer nada y esperar que escampe, y, si acaso, si se puede como él hizo se empeora, como fue la amnistía fiscal inconstitucional y una reforma fiscal nacida del Ministro Montoro, que nada tiene que envidiar al Sr. Gonzales Pons en su posición de político sandía, verde por fuera y rojo por dentro.

Se pueden poner escusas y pretextos varios, pero desgraciadamente es lo que hay.

Lo expuesto es la realidad, “su Fiscal, su Tribunal Constitucional, sus instituciones, sus empresas, su BOE y todo lo que se está viendo en el día a día”.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

Es un hecho patente, que los votantes somos la rana a la que pican todos con su veneno, de forma, que cuando votemos, sabiendo lo que hay, que cada uno haga lo que más le convenga, pero, que luego no se queje, y, mientras tanto los que quieran a resistir y defender la democracia y nuestras libertades.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  España es ya una democracia herida de muerte y el Estado asaltado sin que pase nada, pero aún hay esperanza como están demostrando Inspectores de Hacienda – Fiscales – Jueces – Asociaciones y colectivos, que no se someten a la injusticia y la esclavitud.

Debe quedar claro con una frase: “Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 3 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Aislados de la realidad – Mundos paralelos – Políticos outside (Cápsulas cerradas – ciudadanos fuera)

En estos días hemos visto los españoles de a pie, que hay decretos ómnibus (es decir, incomprensibles para ellos), que el Presidente del Gobierno sale encapsulado allá donde va, que el Sr. González Pons insulta al Presidente Trump y ni siquiera dimite de nada, que el Expresident Puigdemont hace y deshace consejos de ministros, que el P. P. no sabe si es socialista o del centro derecha como sus votantes, que el Fiscal General del Estado imputado por el T. S. y citado a declarar como tal, no contesta al Juez, y, además, le insulta, que el P. P. vota a favor del nuevo decreto ómnibus (mini se dice ahora) contra la opinión de casi todos sus votantes, y, que los despropósitos políticos son tantos, que ningún español de a pie entiende nada de nada, aunque una cosa queda clara, que los pensionistas son rehenes de un Congreso atrabiliario.

El valor justicia constitucional (art. 1.1. C. E.), el principio de legalidad (art.9. C.E.), el respeto a la ley (art. 10. C. E.), la igualdad ante la ley (art. 14. C. E.), y, los derechos fundamentales de la Constitución Española de 1978 han pasado a formar parte de un entramado político manejado por un T. C. que ha perdido todo su prestigio y la esencia de su existencia.

La realidad es que los políticos en España viven fuera de la realidad de sus ciudadanos, caminando en el día a día en su mundo paralelo de miel y rosas, mientras los españoles estamos situados en el mundo de la nada.

Existen en España asuntos de interés general, que benefician al bien común, pero parece que para el universo paralelo político eso son maldiciones que no le afectan.

Ahora lo esencial es alcanzar un desacuerdo permanente, que sitúe a los ciudadanos en la confusión y en la inseguridad jurídica, y, que en lugar de información pública veraz se imponen los bulos, los contrabulos y el engaño masivo.

En España ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa y por descontado nadie puede expresar libremente su opinión sin que le llamen nazi, ultraderecha, ultraizquierda, lanza bulos, y, cualquier palabra más gruesa que se quiera emplear.

Los votantes somos la rana a la que pican todos con más o menos veneno, y, solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay: 

“Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender las libertades de los españoles, de forma, que, “si votamos a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Los políticos están outside, apartados de la realidad y en sus mundos paralelos, se manera, que viven en cápsulas cerradas y los españoles de a pie fuera de juego.

Lo que ahora triunfa es el regalo envenenado “verde por fuera” y “rojo por dentro”.

 “Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 30 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Derecho a la igualdad VI – Seguridad Jurídica (Nos toman a todos por tontos)

El Pueblo Español no merece que le tomen el pelo de esta manera, de forma, que solo nos queda una opción, que es una rebelión masiva y pacífica frente a un poder público que derrocha abuso tras abuso.

De verdad, ¿alguien se puede creer el espectáculo putrefacto del Expresident Sr, Puigdemonten su fugaa la vista de todos menos de todas la fuerzas policiales y del CNI de España?

Nos toman por tontos y, además, creen que pueden hacer cualquier disparate contra nuestras libertades sin que les pase nada.

Lo dicho por el Tribunal Supremo (Sala Segunda) en su Auto de 24 de julio de 2024 de “que el Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica son de todos los españoles y sin ellos no hay democracia ni estado de derecho”, parece, a la vista de la tocata y fuga de Puigdemont, que habla de un mundo paralelo virtual donde habitan todos nuestros sueños de libertad.

Si al Instructor del T. S. Sr. Llarena, que dictó una orden de búsqueda y captura del Sr, Puigdemont (que está en vigor), la policía judicial y resto de las fuerzas de seguridad de España (incluido el CNI) no le hacen ni “puto caso”, que le ocurrirá al resto de nuestros jueces y tribunales.

El “Presidente” aparece y desaparece a la vista de todos y con la connivencia de los poderes públicos responsables (es decir, de todos), mientras el derecho a la igualdad ante la ley y el principio de seguridad jurídica de todos los españoles han desaparecido  en un bucle perverso inconstitucional.

La democracia y el estado de derecho constitucional en España han desaparecido.

N.B. El Derecho a la igualdad y la Seguridad Jurídica solo las pueden defender, visto lo visto, el Pueblo Español, pues si esperamos que alguien venga a solucionar nuestro problema, estamos listos.

Nos toman a todos por tontos silentes y cautivos voluntarios, aunque estimo como otros muchos españoles, que están equivocados de raíz, pues la libertad y la igualdad se impondrán más pronto que tarde.

Córdoba, a 10 de agosto de 2024

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.