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Comentarios (IV) – Repercusiones Negativas del Falseamiento del Currículum del Presidente de la Diputación de Córdoba en el Proyecto BLET.

Se evalúan las consecuencias del presunto falseamiento del currículum de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, en el Proyecto de la BLET, quien tiene declarado como Presidente de la Diputación de Córdoba y como Concejal del Ayuntamiento “estudios de Derecho”, como datos académicos, sin especificar si cuenta con la licenciatura de derecho o del grado equivalente, a pesar de la ética exigida por su partido P.P. (Ver las declaraciones de la Portavoz del Congreso del P. P. Ester Muñoz sobre Patxi López portavoz del PSOE sobre sus “estudios de ingeniería industrial” en la Universidad del País Vaco).

Este hecho compromete la integridad del Proyecto Formativo Singular BLET, firmado el 8 de agosto de 2025, y, afecta la credibilidad institucional en múltiples dimensiones.

**Repercusiones:

Legales.
1. Presunta Falsedad Documental: Según el artículo 390 del Código Penal, falsear datos por omisión en un CV oficial podría conllevar la comisión de un delito, agravado por el cargo público.
1. Sanciones Administrativas: La Ley 40/2015 exige veracidad, pudiendo derivar en inhabilitación o destitución.
1. Demandas Civiles: Asociaciones o partidos podrían exigir indemnizaciones por daño a la confianza pública.
  A futuro, la digitalización facilitará la detección de fraudes, aumentando riesgos legales.
Políticas.
1. Pérdida de Legitimidad: Erosiona la confianza en Fuentes y el PP, generando divisiones internas y posibles dimisiones.
1. Oposición: Partidos como PSOE o IU podrían usar el caso en campañas, afectando la gestión del BLET (9,1 millones de euros).
1. Impacto Electoral: En 2027, el PP podría perder un 5-10% de apoyo. En el futuro, la IA en campañas amplificará estas crisis.
Institucionales.
1. Daño al BLET: La falta de integridad podría reducir inscripciones (de 7.000 proyectadas) y cuestionar la calidad formativa.
1. Fondos y Colaboraciones: Auditorías de la Junta o la UE podrían retrasar o cancelar financiaciones.
1. Eficiencia Interna: La desmotivación podría aumentar la rotación de empleados en un 15-20%.

A futuro, plataformas de verificación automática podrían prevenir fraudes, pero a corto plazo agravan la desconfianza.

Sociales y Mediáticas.
- Indignación Pública: Protestas de asociaciones civiles y críticas a la “élite desconectada”.
- Medios: Cobertura negativa, viral en redes, podría reducir la participación en el BLET un 20-30%.

En el futuro, la IA en redes podría intensificar “cancelaciones” públicas, polarizando la opinión.

Personales.
- Daño Reputacional: Posible renuncia y limitaciones en futuras candidaturas.
- Salud: Mayor riesgo de estrés y burnout – síndrome del quemado (40% más probable).
- Red Social: Aislamiento por exposición mediática.

En el futuro, herramientas de rehabilitación digital podrían mitigar daños, pero requieren admisión pública.

**Propuestas Innovadoras:

Auditoría Digital: Plataforma blockchain (plataforma digital) para verificar CV de cargos públicos. Comité Ético con IA: Monitoreo anual de integridad con OSC (Organizaciones de la sociedad civil) y algoritmos.
Educación en Ética: Módulos en el BLET con VR para simular dilemas éticos.
Canal de Denuncias: Sistema IA en portales de transparencia para reportes anónimos.
Reforma Proactiva: Transformar la crisis en un caso de éxito con admisión pública y reformas, atrayendo inversiones en gobernanza digital.

**Conclusión.

Es un hecho patente, que el presunto falseamiento del currículum amenaza la credibilidad del BLET y la Diputación, pero con medidas innovadoras, Córdoba puede liderar en ética y transparencia, fortaleciendo la confianza ciudadana y el proyecto formativo.

N.B. Este artículo destaca las repercusiones negativas del falseamiento del currículum, proponiendo acciones innovadoras para mitigar impactos y proyectar un futuro ético y transparente.

La impunidad, la no corrección de datos de un curriculum y la falta de explicaciones completas es algo inaceptable e impresentable, de forma, que erosionan la confianza ciudadana en las instituciones y dañará al Proyecto de la BLET.

Córdoba, 12 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET

El pasado 8 de agosto de 2025, el Diario Digital El Día de Córdoba informó sobre la firma de un Protocolo entre la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, participando el Ayuntamiento de Córdoba y la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO).

Este acuerdo, rubricado en el Palacio de la Merced, impulsa un proyecto formativo singular vinculado a la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), un iniciativa que, según la consejera Rocío Blanco, posicionará a Córdoba como “referente nacional en transformación tecnológica, modernización logística y empleo de calidad”.

El presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, destacó el compromiso de adaptar los itinerarios formativos a las necesidades de este proyecto, presentado como un pilar del futuro de la provincia.

A primera vista, todo suena prometedor. Sin embargo, la realidad es menos brillante cuando se examina con lupa. El Partido Popular (PP), que lidera este proyecto en Córdoba, se encuentra atrapado en una contradicción que pone en entredicho su coherencia y credibilidad.

Recientemente, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, exigió al portavoz del PSOE, Patxi López, que acreditara los “estudios de ingeniería industrial” que figuran en su perfil oficial, cuestionando su veracidad.

Es una demanda legítima: la transparencia y la verdad en la vida pública no son negociables. Pero esta exigencia debe aplicarse con el mismo rigor a todos, sin excepciones, incluidos los propios cargos del PP.

Aquí entra en escena Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba, cuya firma representa a la institución en el Protocolo del BLET. En su currículum oficial, Fuentes figura con “estudios de Derecho”, sin aclarar si posee o no el título correspondiente.

Esta ambigüedad es idéntica a la que el PP critica en Patxi López, por la que incluso ha pedido su dimisión.

La pregunta es inevitable:

¿por qué el PP exige responsabilidades a sus adversarios políticos, pero eleva a los altares a sus propios cargos en situaciones idénticas?

Si la verdad es un principio innegociable, el PP debería actuar con coherencia.

¿No hay en Córdoba un representante del PP con un currículum intachable para liderar un proyecto tan crucial como el BLET?

El alcalde de Córdoba, José María Bellido Roche, también presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), podría ser una opción más adecuada, sin las sombras que empañan la trayectoria de Fuentes.

La mancha en el currículum del Presidente de la Diputación no solo le afecta a él, sino que contamina la credibilidad de un proyecto que se presenta como transformador para la provincia.

La doble vara de medir del PP es evidente: “exige dimisiones selectivas a sus rivales mientras protege a sus propios cargos”.

Esta incoherencia no solo cuestiona la integridad del partido, sino que siembra dudas sobre la legitimidad de iniciativas como el BLET, que nace bajo la sombra de un engaño curricular.

Los cordobeses merecen una explicación clara.

Invitamos a Ester Muñoz a venir a Córdoba y aclarar ante la ciudadanía qué criterios aplica el PP para juzgar casos idénticos con resultados tan dispares.

La injusticia, si no se corrige con transparencia y celeridad, sigue siendo injusticia, lo diga quien lo diga.

Un proyecto que promete empleo de calidad y modernización logística no puede construirse sobre cimientos de incoherencia y falta de rigor.

Córdoba merece más.

N.B. La Doble Vara de Medir del Partido Popular en el Proyecto BLET detallada es insostenible y carece de pudor, y, es algo inaceptable e injustificable.

Por si faltara algo en la incalificable vara de medir del P. P., el Presidente Fuentes falsamente curriculado ha dicho: (ABC-Córdoba – 08/08/2025 a las 13:28h.) “Que la presencia aquí de Rocío Blanco evidencia la implicación de su Consejería y el compromiso del presidente Juanma Moreno con la reindustrializacion de Córdoba con un proyecto tractor de desarrollo de distritos industriales potenciales ubicados en la provincia llamados a aprovechar el desarrollo e implantación de productos industriales con técnicas nuevas o aprendizaje de maquinaria que origine más y mejores empresas”.

Los cordobeses precisamos muchas explicaciones de la doble vara de medir del P.P., que aparece cuando menos injusta y contraria al principio de igualdad garantizado en la C. E. de 1978.

Córdoba, 9 de agosto de 2025

Enrique García Montoya

Abogado – ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo, nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013 [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas.

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Aislados de la realidad – Mundos paralelos – Políticos outside (Cápsulas cerradas – ciudadanos fuera)

En estos días hemos visto los españoles de a pie, que hay decretos ómnibus (es decir, incomprensibles para ellos), que el Presidente del Gobierno sale encapsulado allá donde va, que el Sr. González Pons insulta al Presidente Trump y ni siquiera dimite de nada, que el Expresident Puigdemont hace y deshace consejos de ministros, que el P. P. no sabe si es socialista o del centro derecha como sus votantes, que el Fiscal General del Estado imputado por el T. S. y citado a declarar como tal, no contesta al Juez, y, además, le insulta, que el P. P. vota a favor del nuevo decreto ómnibus (mini se dice ahora) contra la opinión de casi todos sus votantes, y, que los despropósitos políticos son tantos, que ningún español de a pie entiende nada de nada, aunque una cosa queda clara, que los pensionistas son rehenes de un Congreso atrabiliario.

El valor justicia constitucional (art. 1.1. C. E.), el principio de legalidad (art.9. C.E.), el respeto a la ley (art. 10. C. E.), la igualdad ante la ley (art. 14. C. E.), y, los derechos fundamentales de la Constitución Española de 1978 han pasado a formar parte de un entramado político manejado por un T. C. que ha perdido todo su prestigio y la esencia de su existencia.

La realidad es que los políticos en España viven fuera de la realidad de sus ciudadanos, caminando en el día a día en su mundo paralelo de miel y rosas, mientras los españoles estamos situados en el mundo de la nada.

Existen en España asuntos de interés general, que benefician al bien común, pero parece que para el universo paralelo político eso son maldiciones que no le afectan.

Ahora lo esencial es alcanzar un desacuerdo permanente, que sitúe a los ciudadanos en la confusión y en la inseguridad jurídica, y, que en lugar de información pública veraz se imponen los bulos, los contrabulos y el engaño masivo.

En España ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa y por descontado nadie puede expresar libremente su opinión sin que le llamen nazi, ultraderecha, ultraizquierda, lanza bulos, y, cualquier palabra más gruesa que se quiera emplear.

Los votantes somos la rana a la que pican todos con más o menos veneno, y, solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay:

“Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender las libertades de los españoles, de forma, que, “si votamos a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Los políticos están outside, apartados de la realidad y en sus mundos paralelos, se manera, que viven en cápsulas cerradas y los españoles de a pie fuera de juego.

Lo que ahora triunfa es el regalo envenenado “verde por fuera” y “rojo por dentro”.

“Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 30 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Pensiones, ómnibus, tranvías y trenes (Parapetarse tras los pensionistas es cruel y corrupto)

Algunos lectores me reprochan que no escribo ni hablo de las pensiones y de la Seguridad Social, siendo como soy Inspector de Trabajo y S. S., cosa que es cierta, pero en mí defensa o descargo les digo desde ahora, que no lo hago porque estoy avergonzado y desesperanzado con lo que está pasando.

Ayer en el Congreso se dio por los diputados (todos de todos) un espectáculo escandaloso, ya que, todos han justificado sus desacuerdos sobre las pensiones diciendo frases insultantes de unos contra otros, de forma, que los pensionistas se han quedado en el limbo de la nada y rehenes de si mismos, a través de una espiral maligna de despropósitos partidistas y de un Gobierno situado en un universo paralelo ajeno a cualquier responsabilidad.

Como no se aprobó nada de nada, la situación de las pensiones ha quedado en “espera” -stand by- y los españoles con cara de atontados, poniendo de manifiesto que no entienden nada.

Es la verdad, eso es lo que ocurre, nadie entiende nada, aunque hay una cosa peor, que es seguir adormecidos mientras nos ejecutan a cámara lenta, ya que, como dice el refrán popular, “no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

Autodefensa y rebelión pacífica de la sociedad civil.

La soluciones a la Seguridad Social -pensiones incluidas- son claras, aunque admito, que pueden ser dolorosas si las reformas no se hacen bien y rápidamente.

Las pensiones se están pagando, en gran medida, con los impuestos de los españoles y con deuda pública, porque solo con las cotizaciones no llegamos ni al principio, lo que a mí no me parece mal, pues si para algo pagamos impuestos y nos endeudamos, que sea para algo que beneficia al bien común. Al fin o al cabo la Caja del Estado es la misma, de forma, que ya está bien de hablar de las cuentas y deudas de la Seguridad Social como algo ajeno a las cuentas del Estado.

Dicho lo dicho con todas las prevenciones posibles, entiendo que lo que habría que hacer son varias cosas previas, así:

1º.- Presentar a los españoles unas cuentas reales de la Seguridad Social, de forma clara que entendiéramos todos, que no es otra cosa, que llevar a cabo una información veraz, tal como consagra el art. 20 de la C. E.

2º.- Como el Estado está en la ruina (*ver solo la deuda pública y el déficit*), y, siendo la S. S. que es un apartado del mismo, vistas las posibles oportunidades económicas, hay que destinar el gasto público a necesidades reales (por ejemplo, pensiones), eliminado todo gasto público innecesario e improductivo social o económicamente (empresas públicas improductivas, chiringuitos ideológicos, gastos superfluos destinados a la nada, gastos políticos dedicados a colocar amiguetes y asesores varios, y, así un largo etc. etc.), en todos los niveles de la administración del Estado -*central, autonómico, provincial y/o local*-.

( Nota: Solo como ejemplos sangrantes de gasto público inútil: Tranvía de Jaén; recogida de basura neumática en Córdoba; aeropuertos en dique seco; empresas públicas con gasto despilfarrador, que solo producen perdidas; observatorios públicos innecesarios; chiringuitos sostenidos con dinero públicos, que solo tienen gastos de personal; y, así casi hasta el infinito en todos los niveles políticos del Estado. ).

Una pregunta: ¿Hay alguien que no conozca un caso como los citados?

3º.- Una vez, que sepamos cual es nuestra realidad económica, incluida la deuda con su ingente pago de intereses, hay que destinar a nuestro dinero a mejorar el bien común, bienes entre los que se encuentran la S. S. y los pensionistas.

4º.- Exigir responsabilidades de todo tipo a los responsables de cualquier mala administración. Lo que pasa ahora en España, de que cualquier administrador de lo público, que dilapida inútilmente nuestro dinero y se va sin asumir ninguna responsabilidad, es algo simplemente inaceptable.

En resumen, hay buscar con sentido común de una buena administración el interés general de los españoles, desterrando la corrupción sea cual sea, como puede ser una mala y derrochadora administración de lo público, lo que es algo necesario e imprescindible en España, si queremos mantener una S. S. posible y justa en todos los sentidos.

Lo que digo, sin la menor duda, se pude hacer, solo hay que fijarse como fin el bien común de todos los españoles.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender, entre otras cosas, la libertad y la igualdad de los españoles y de todos los cordobeses y eso pasa por llevar a buen término un gasto público solo en lo necesario, desterrando el derroche y la mala administración, buscando solo el interés general de los españoles dentro de máxima igualdad.

Eso es ACOA.

N.B. Parapetarse tras los pensionistas es cruel y corrupto, así que basta ya de combates perversos sobre pensiones, ómnibus, tranvías y trenes, pues lo que hay que lograr es el bien común.

Frente a los incumplimientos políticos están la democracia, el estado de derecho y nuestros derechos y libertades, y, que, en caso necesario, se sostienen con la autodefensa y la rebelión ciudadana.

Córdoba, a 24 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.