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Estado de Derecho – división de poderes- imparcialidad (independencia del poder judicial – asociaciones – soberanía del Pueblo)

Quizás, en estos días de eliminación paulatina de la división de poderes en España se olvida, que según la Constitución (art. 117.1) la justicia emana del pueblo y que la independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana y no un privilegio personal de los jueces.

Es cierto, que en España el Estado de Derecho y su división de poderes están diluyéndose y desapareciendo sin pausa ni control, también, es verdad, que sin un poder judicial independiente real y efectivo no existe la democracia ni los derechos y libertades, que la distinguen de los regímenes autoritarios; sin embargo, observo desde hace tiempo, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

La conclusión anterior viene al examinar una serie de hechos patentes con motivo del debate sobre la independencia judicial, así:

* En España los jueces, en gran parte, están agrupados en asociaciones propias que tienen nombres significativos (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente y Juezas y Jueces para la Democracia) que ya las definen, aunque sus miembros nieguen cualquier dependencia ideológica; a pesar de ello, los ciudadanos españoles las distinguen claramente por sus inclinaciones ideológicas, así: una conservadora, otra progresista, otra centrista y otra que se dice independiente, todo, además, impulsado por los medios de comunicación que no dudan al realizar sus calificativos de las mismas según su supuesta ideología.

Siempre he entendido, que todos los jueces son independientes, libres, democráticos e imparciales (aunque, ahora, algunos de ellos directa o indirectamente se empeñen en ubicarse ideológicamente por sus resoluciones y/o sus declaraciones), según dispone la Constitución cuando dice (art. 117.1), que la justicia se administra por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

* El Código de Ética Judicial dice recoger los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), así, dice:

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, ademásfortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

*  Se publica, que los jueces piden a la UE que actúe contra España por estar en riesgo el Estado de Derecho, ya que, tres asociaciones judiciales han remitido un escrito, denunciando lo que consideran un “riesgo de violación grave” del Estado de Derecho por las últimas reformas del Gobierno, que, a su juicio, afectan a la independencia judicial, concretamente, son la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), remitiendo un escrito a la vicepresidenta de la Unión Europea para Valores y Transparencia, Vêra Jourová, y al comisario europeo de Justicia Didier Reynders.

*** Por lo expuesto, entiendo, como decía antes, que se está confundiendo la idea de la independencia judicial, al llegarse, al parecer, a la conclusión de que este principio-derecho pertenece a los jueces y no al pueblo que detenta la soberanía.

Puede ser que esté equivocado y espero, además, que sea así, y, que unos jueces independientes, libres e imparciales administren justicia en nombre del pueblo español del que nace toda soberanía y la división de poderes, entre ellos, el poder judicial independiente.

La independencia de poder judicial no es ni puede ser un privilegio de los jueces, sino algo que pertenece a los ciudadanos españoles, y, supone una garantía absoluta de su derecho a la justicia.

En la U. E. la independencia del poder judicial no se entiende de otra forma, y, es algo, que forma parte indiscutida de la condicionalidad de su estado de derecho, teniendo una gran influencia en Europa, de manera, que cuando un Estado miembro viola esa norma fundamental del derecho de la Unión, las Instituciones europeas se ponen en marcha, tratando de eliminar las injerencias de cualquier otro poder del estado en la justicia, que puedan poner en riesgo su división de poderes real y efectiva

*** El español de a pie está más que harto, quemado por la pandemia, se siente en la ruina, está lleno de incertidumbre y de desconfianza en la justicia y tiene poca o ninguna confianza en su futuro, y, si ello, además, lo vironizamos con la política de ideologizada del odio, que nadie se llame a engaño, cuando se produzca una desgracia, y, una situación permanente de violencia social, que tiene muchos voceros, como ha demostrado el propio Gobierno de la Nación en el Congreso.  

Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. (art. 116 C. E.).

Por si faltara algo, ya se ha puesto en marcha la maquinaria de propaganda, dirigida a imponer una prórroga del estado alarmante, para que al Presiente Sánchez se le pida de rodillas por los políticos, las CC. AA. y por todo el mundo mundial, por la razón perversa repetida hasta la verdad, de que no existe otra posibilidad.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces de poderes públicos liberticidas, que aceptan el envite oficial convertido en “mantra verdadero” de más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta es una vacunación urgente para todos cuanto antes, realizando los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, de forma, que, la  participación de la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad sea una realidad, pues otro modelo es posible y absolutamente necesario en defensa de nuestros derechos y libertades constitucionales.

*** En España actualmente no hay independencia efectiva de poderes, pero, esa independencia debe ser la consagrada en el art. 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: 

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

La justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos, de manera, que nadie crea ni defienda que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Así mismo, es un hecho patente, que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial (interior y exterior), de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por dónde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

En España, se quiera admitir o no, se ven casos, donde la garantía constitucional del derecho al juez imparcial se vulnera a la vista de todos por jueces ideologizados, aunque siempre hay alguien, que dice creer, que a ese juez de turno se le puede recusar, lo que supone, que ese alguien vive en el mundo de la fantasía. Lo dicho implica, que los ataques a la independencia e imparcialidad del juez o tribunal no se lleva solo a cabo por los poderes políticos, sino que, también, en ocasiones, los propios jueces debilitan con sus actuaciones impregnadas de ideología al poder judicial, pues destruyen la confianza de los ciudadanos en la justicia (todos somos conscientes de esa realidad negativa).

La garantía de la imparcialidad objetiva exige, en todo caso, que con su iniciativa el juzgador no emprenda una actividad inquisitiva encubierta, de manera, que lo que debe evitarse, es que el juez asuma el mismo rol indagatorio que la acusación y la defensa; dicho de otra forma, que no sea juez y parte, adentrándose en los caminos ignotos de una posible prevaricación.

Un ejemplo palpable y reciente de lo dicho -control político y resolución ideologizada-, es la del Tribunal Constitucional referida a la candidatura de Toni Cantó; la resolución de apartar a Cantó, apoyada por la Fiscalía, ha salido adelante con el voto de calidad del presidente del Constitucional, Juan José González Rivas y los progresistas Cándido Conde-Pumpido y Asunción Balaguer (ponente); así mismo, los magistrados conservadores Andrés Ollero, Santiago Martínez-Vares y Alfredo Montoya que defendían la inclusión de Cantó en las listas, han anunciado votos particulares.

¿En manos de quien estamos en el Tribunal Constitucional?, vamos como en Alemania.

Es una vergüenza, que da susto y que se adentra dentro del mundo oscuro de la presunta prevaricación. ¿Quién puede confiar en la independencia del Tribunal Constitucional?

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, porque ve, que ese mismo poder está controlado por los grupos políticos dominantes o por jueces ideologizados, la opinión de los españoles en la justicia se derrumbará por un precipicio de desconfianza.

N.B.  ElEstado de Derecho, la división de poderes, la imparcialidad y la independencia del poder judicial, como sus asociaciones, nacen de la soberanía del Pueblo, de forma, que la justicia es de los españoles y su independencia, también, es de ellos; que nadie crea ni defienda, que es un privilegio de los jueces, sino que es un derecho de los ciudadanos.

Por otro lado, es algo indiscutible, queel Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia:

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes real y efectiva no existe estado de derecho.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanentede manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan, las actuaciones de los partidos políticos para controlar el poder judicial y de algunos jueces pendientes de su ideología y no de la aplicación justa y respetuosa de la Ley, lo que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso.

Córdoba, a 16 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La independencia del Poder Judicial se diluye en España (Estado de Derecho y división de poderes)

Después de ver la resolución del Tribunal Constitucional de Alemania sobre el Fondo de Recuperación de la U. E., la verdad es, que se siente un poco de envidia, al ver que allí existe división de poderes real y efectiva, aunque se lamente el retraso que supondrá para España de esos fondos, que necesitamos con urgencia.

En nuestro País el Estado de Derecho y su división de poderes está diluyéndose como un azucarillo, así, veamos ejemplos claros de esa disolución, que aumenta día a día:

* El PSOE y Podemos han aprobado en el Congreso una Ley que paraliza y maniata el C. G. P. J., de manera, que por si le faltaba algo al poder judicial, ahora no se pueden hacer nombramientos de jueces y magistrados, entre otras muchas limitaciones más acordadas contra el órgano de gobierno de los jueces.

* Desde que se aprobó el estado de alarma el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo están en “stand by” (en espera), de manera, que los particulares han visto como solo se tramitan asuntos políticos, ya que, cuando se trata de ciudadanos que piden cobijo y amparo a esos tribunales, solo encuentran, en general, obstáculos insuperables de inadmisión.

* La fiscalía General del Estado ya se sabe, que solo funciona al mandato del Gobierno, aunque, no hay que confundir a la cúpula de la Fiscalía con el cuerpo de fiscales, que son muchos e independientes.

* Los funcionarios (sindicato CSIF) avisan del atasco judicial que causa el Gobierno, ya que, los casos pendientes se han disparado un 30%, pese a que los asuntos que han entrado en los tribunales han descendido un 12% por el confinamiento.

* La U. E. ya le ha dado a España avisos sobre la independencia del poder judicial, así que, esperemos, que no le pase a España como a Polonia, y, que algunos Estados miembros no utilicen su derecho de veto por esa causa, retrasando la llegada de los fondos de recuperación de Europa, ya que, la condicionalidad del estado de derecho tiene una gran influencia en Europa.

* Las asociaciones de jueces ya han demostrado públicamente su preocupación por la independencia del poder judicial, y, sus efectos nocivos para nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, consagrado en la Constitución Española vigente. 

*** Se podrá discutir el estado actual de la independencia del poder judicial en España, pero es innegable, que motivos de preocupación sobre la división de poderes real y efectiva en nuestro país existen sin la menor duda.

Sin un poder judicial independiente de verdad no existe la democracia y el estado de derecho que la sustenta, máxime, si como ocurre ahora en España estamos sometidos por un estado de alarma inconstitucional con nuestros derechos y libertades sometidos, restringidos, si no eliminados de raíz. No hay más que leer el art. 116 de la Constitución sobre los estados de alarma, excepción y de sitio para comprobar, que un estado de alarma no puede afectar a los derechos fundamentales limitándolos o eliminándolos.

En estos días aciagos en todos los sentidos, ya hay voces que piden más prórrogas del estado de alarma, que imagino, debe ser porque no han tenido bastante con lo que ha caído sobre nuestras libertades, como pueden ser, la anulación del Congreso, el abuso de legislar por Decretos Leyes (creo que van 35), la falta de transparencia del Gobierno en muchos asuntos, la invasión y toma  de las instituciones del Estado (CIS, TVE, el abuso policial de la fuerza vulnerando derechos fundamentales, etc.), cuando lo que realmente hace falta y hay que reclamar, es una vacunación urgente para todos cuanto antes, como muchos países están haciendo, y, realizar, a la vez, por todos los poderes públicos, sin excepción, una información veraz inmediata y completa sobre la pandemia, haciendo, que participe la sociedad civil en la lucha y control de la enfermedad.

*** Una gran mayoría de personas en España creen, que no hay independencia efectiva de poderes, y, además, en relación con el Poder Judicial, su falta de independencia ha sido denunciada muchas veces en los últimos años, por personas competentes y autorizadas, ajenas al ámbito político.

A la independencia judicial se refieren el artículo 117.1 de la Constitución de 1978, que dice: La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley; así como, también, en el artículo 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.

Ya en abril de 2019 según un Eurobarómetro (4/19) más de la mitad de los españoles (55%) calificaba de -mala- la independencia de los jueces y tribunales en España, y, asimismo, una mayoría de empresas españolas (57%) creía, que la independencia del sistema judicial español era -mala-.

Pues bien, después de todo lo expuesto, es una evidencia, que ahora en 4/2021 la opinión de los españoles sobre la independencia del poder judicial no es que sea mayoritariamente mala, sino que está por los suelos, empezando por los propios jueces y sus asociaciones, que se califican de conservadora, progresista, de centro e incluso de Foro Independiente, lo que por sí mismo ya es un indicativo de su control ideológico, ya que, todos pensábamos, que todos los jueces eran independientes.

*** Conviene citar aquí, el Código de Ética Judicial, que sintéticamente es preciso recordar, aunque parece que a muchos se les olvida o bien soslayan sus principios de una u otra manera, así:

PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016)

Preámbulo. Estos “Principios de Ética Judicial” aspiran a recoger los valores y reglas de conducta compartidos por la judicatura española. Pretenden servir de guía en el desempeño de la jurisdicción y promover el diálogo colectivo y la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan quienes la ejercen, en un marco legal y social complejo y cambiante. Se proponen, además, fortalecer la confianza de la ciudadanía en la justicia al hacer explícitos los modelos de comportamiento con arreglo a los cuales jueces y juezas se comprometen a cumplir sus funciones.

La ética judicial es la promesa de una justicia buena en cuanto incorpora las cualidades necesarias para lograr el fin que le asigna la Constitución: la tutela de los derechos de la ciudadanía.

Principios. 

Independencia. La independencia judicial es un derecho de todo ciudadano y ciudadana cuya protección y defensa forma parte inexcusable de los deberes profesionales del juez y de la jueza, y no un privilegio personal de su estatuto.

Imparcialidad. La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno.

El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión.

 La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso.

La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia

El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción. 

Integridad. La integridad exige que el juez y la jueza observen una conducta que reafirme la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia no solo en el ejercicio de la jurisdicción, sino en todas aquellas facetas en las que sea reconocible como juez o jueza o invoque su condición de tal.

El juez y la jueza en sus relaciones personales con los profesionales vinculados a la Administración de Justicia deberán evitar el riesgo de proyectar una apariencia de favoritismo.

*** Finalmente, destacar algo indiscutible, que es el hecho de que la confianza de los ciudadanos en la justicia y su independencia en España está bajo mínimos, y, no por las actuaciones y resoluciones de la mayoría de los jueces, sino por el control ideológico y político a que está sometido el poder judicial, de manera, que muchas veces, según el juez o tribunal que te toque, ya se sabe por donde caerá la resolución, sobre todo, cuando entran en juego intereses políticos en los temas enjuiciados.

Si el pueblo del que emana la autoridad del poder judicial no confía en él, como está ocurriendo ahora, y, si ese mismo poder está controlado por el poder político establecido y dominante, la opinión y la confianza de los españoles sobre la independencia del poder judicial no es que esté bajo mínimos, es que se ha precipitado por un precipicio insoldable.

La paralización de la renovación del CGPJ, la Ley que paraliza y maniata al Consejo, las asociaciones de jueces politizadas, la situación “en espera” del T. C. y, en parte, del T. S. proyectan una imagen de la división de poderes y de la independencia del poder judicial de España muy negativa para los ciudadanos de a pie, que no entienden nada y desconfían de lo que ven, a la vez, que fuera de nuestras fronteras se nos empieza a ver, como un País en el que no se puede confiar en materia de justicia.     

N.B.  Es algo indiscutible, que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro nuestro Estado de Derecho y la división de poderes, de manera, que desaparece día a día la independencia judicial, destruyéndose, a la vez, la confianza del pueblo en la justicia.

La única verdad es, que, si hay jueces embridados, hay   ciudadanos desconfiados de la justicia, de manera, que sin división de poderes no existe estado de derecho.

El autoritarismo a la menor oportunidad limita las libertades, de forma, que si seguimos avanzando en esta carrera de despropósitos inconstitucionales acabaremos mal, ya que, en España, ahora mismo, nuestros derechos y libertades están en peligro, al no existir respeto a la Ley por los poderes públicos, ni libertad, ni justicia, ni igualdad, y, por si faltara algo, se quiere terminar con la división de poderes y con la independencia del Poder Judicial.

La confianza de los españoles en la justicia está en bajada permanente, de manera, que es casi imposible, encontrar a alguien que crea que existe la independencia judicial, máxime, cuando se contemplan las actuaciones de los partidos políticos para apoderarse y controlar el poder judicial, que resulta a los ciudadanos algo perverso y peligroso para ellos.

Córdoba, a 10 de abril de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Poder Judicial = Poder Político (opacidad como norma)

En estos días los partidos políticos dominantes (o no) han anunciado, que ya tienen listo el acuerdo para renovar el C. G. P. J. y seguir igual que antes.

No se trata ahora de analizar si el sistema previsto y aplicable para la elección del Órgano de Gobierno del Poder Judicial es bueno, malo o regular, sino poner de manifiesto “la forma de hacerlo”, donde domina la opacidad y la falta de transparencia y de información veraz a los españoles.

Lo importante por lo que se ve, es si U. P. está en el acuerdo o, simplemente, como dice el Secretario G. del P.P. no están los de Podemos; cosa que por supuesto, el Sr. Ábalos ha salido rápido a desmentir con una intervención oscura, de que están, pero no figuran (o algo parecido en su claridad, que todos entendemos). El resultado finalmente será el mismo: “la politización del poder judicial”.

Como decía, no se trata ahora de examinar la politización del poder judicial en España, pues la cosa está clara para todos los españoles, sino de examinar el proceso de elección a la vista de los derechos ciudadanos de transparencia y de información veraz, derechos citados de los españoles, que sin más han desaparecido en un proceso oscuro y opaco.

Los criterios de la elección por supuesto son desconocidos por los ciudadanos, los méritos de los candidatos permanecen en el anonimato y, además, no se conocerán nunca jamás, pues todo estará protegido por el secreto de estado y la ley de protección de datos aplicada a -fortiori-. Se habla de progresistas, de conservadores e incluso de independientes, rizando el rizo de la falta de transparencia, pues todos creíamos, que el Órgano Supremo del Poder Judicial era un poder independiente de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E.

Sin embargo, que nadie se extrañe, pues lo que está pasando en España solo convence a los creyentes interesados, ocupando el resto de los españoles un lugar al sol donde esa mayoría se cuece a fuego lento. Por poner solo un ejemplo de los vientos que corren por nuestro País: <<Juan José Omella (cardenal y arzobispo de Barcelona) ha mensajeado en twitter, por las violencias derivadas de la prisión de Pau Rivadulla (Pablo Hasél), afirmando que -la injusticia social provoca violencia->>.

Es evidente, que las circunstancias políticas dominantes en la España plurinacional no son las más apropiadas para hablar del respeto a la ley, de los derechos de igualdad y libertad y de todos los demás derechos de los españoles consagrados en la Constitución, como puede ser el derecho a una información veraz (art. 20 C. E.), razón por la que, lo que está pasando con la supuesta renovación del C. G. P. J., no es, sino una manifestación más de la eliminación de nuestro estado de derecho y de la desaparición de la división de poderes, base esencial de cualquier democracia que se precie. (Por si faltara poco, el T. C. silente y dormido para los ciudadanos de a pie).

N.B. Las declaraciones de representantes de los partidos políticos dominantes (PSOE y PP), sobre la renovación y elección de los miembros de Poder Judicial, producen vergüenza ajena, y, que, siendo prudente, se pueden calificar de manifestaciones impropias y llenas de los trazos negros de la opacidad más perversa.  

Sus efectos, además, solo pueden ser negativos para España y para la confianza exterior que proyectamos en la U. E. y en el resto de Europa; de forma, si Hungría y Polonia, en relación con la independencia del poder judicial, han sido expedientados, habrá que ver, que dirán de nosotros, máxime, cuando eurodiputados independentistas y otros muchos más, que se les unirán, proclaman a los cuatro vientos, que el poder judicial en España no es independiente ni existe división de poderes.

Córdoba, a 23 de febrero de 2021

Fo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

 

La sombra de D. Tancredo – el silencio de los corderos (tiempos de moderados)

La gran mayoría de los españoles no queremos más Formación del Espíritu Nacional ni nueva memoria democrática y por eso aprobamos la Constitución de 1978, de forma, que ahora solo sentimos tristeza y desesperanza, al ver que volvemos a lo de siempre. Los españoles volvemos a estar sin libertades, arruinados, parados, subsidiados, divididos y con un gasto público desnortado.

Una solución, quizás estrambótica, es llamar al ínclito gobernante D. Tancredo, montar otra “amnistía fiscal” y cobijarnos a la sombra de su ambición desmedida, aunque antes hay que encontrarlo, buscando si es necesario en el Camino de Santiago, al ser un hecho evidente, que ha desaparecido postrado ante un poder unilateral con todas sus consecuencias, pues como decía Martin Niemöller, “cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que alzara la voz para defenderme”.

Se puede mentir al Congreso y se puede barzanizar a un partido hundiéndolo en la moderación desmedida del silencio cómplice, sin embargo, lo que no se puede, es dar la cara exponiéndose a la verdad y asumiendo cualquier responsabilidad necesaria derivada del ejercicio de un poder casi absoluto, porque el resistiré es para los demás, siendo lo suyo la impunidad aforada, camuflándose en el silencio marchito del “yo no sabía nada”.

Lo que tenemos ahora, que nadie lo dude, es la herencia envenenada de D. Tancredo, que, además, anda oculto en el bosque espeso del engaño, mientras sigue sacrificando peones sin pudor ni sentido de remordimiento alguno.

A pesar de todo, sigue predicando la moderación y el silencio de los corderos, siempre para que no le llegue a él la responsabilidad, de forma, que cuando alguien defiende el Estado de Derecho y la división de poderes, frente a una afrenta contra la independencia del poder judicial en forma de proposición de ley (CE art. 122.3 – mayoría 3/5), ni siquiera sale a dar la cara por los españoles, no sea que alguien exija su responsabilidad, aunque sea un poder autoritario, pues su seguridad está por encima de todo y de todos, aunque, sin duda, llegará un  día que recordará ese poema, y, tendrá qué reconocer, que “cuando vinieron por mí, ya no quedaba nadie que alzara la voz para defenderme”.

Está muy claro, que eso es lo que hay, aunque, otra solución pasa necesariamente (usando cualquier medio constitucional, no queda otra), por enfrentarse a la pérdida de libertades y derechos si se quiere sobrevivir en libertad, usando cualquier palanca disponible, como puede ser, por ejemplo, en Europa, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, ya que, si la U. E. no es consciente de que en España peligra el Estado de Derecho y su división de poderes, aplicando por ello su condicionalidad como en Hungría y Polonia, estamos listos.

Finalmente, por si faltara algo, tenemos que soportar, también, entre otras muchas cosas inasumibles, la implantación de la Tasa Google impuesta en España sin coordinación internacional y de forma unilateral, lo que demuestra la forma nociva de actuar del Gobierno de España, que causará daños tremendos para nuestros productos, llevándonos a una guerra comercial frente a EE. UU. sean republicanos o demócratas los que gobiernen, que nunca podremos ganar solos, tal como la OCDE ha dejado claro.

N.B.  Bajo la sombra de D. Tancredo y su silencio de los corderos, estamos en tiempos de moderados, pero hay que salir de ese bucle perverso, de forma, qué frente a propuestas políticas vanas llenas de propaganda y mentiras liberticidas, debemos salir en defensa de la libertad, reclamando participar y decidir sobre cualquier cosa por mínima que sea, ya que el poder público está sometido a la Constitución, que prohíbe la arbitrariedad y garantiza la seguridad jurídica (CE art. 9 y cc.), y al resto del ordenamiento jurídico.

Los españoles estamos inmersos en la incertidumbre derivada de la arbitrariedad y en la desinformación como siempre, y, vamos ciegos abocados al desastre, ya que, sin legalidad, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos, solo aparecerán inevitablemente conflictos sociales, cuando la realidad muestre en toda su crudeza, lo que está pasando.

Córdoba, a 14 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Prohibir, prohibir y prohibir (extremismo liberticida y unidiréccional)

Dice Zoé Valdés, entre otras cosas, (10-06-20 – El siglo de la religión y del racismo): “que la ignorancia no conoce el ridículo, y, que la ignorancia es eso: pura suficiencia encima de una vastedad soberbia, o de la soberbia como vastedad desértica”. “Sólo unos pocos nos enfrentamos a todo tipo de extremismos, el resto tiene miedo, o sencillamente no nos cree porque no lo han vivido”.

Tras el asesinato de George Floyd en EE. UU., todos los extremistas liberticidas se han lanzado con el fervor de los creyentes a destruir nuestra libertad en cualquiera de sus formas, pues no existe más verdad que la suya, incluso, Greta Thunberg se apunta al Black Lives Matter y como justiciera racial, pide a la UE que condene “la brutalidad policial”.

Nada importa ya, salvo imponernos sus criterios unidireccionales y prohibir todo lo que no consideran, como verdad suprema, su extremismo reaccionario. Solo lo que consideran como “su políticamente correcto” tiene derecho a sobrevivir, todo lo demás, sin exclusiones debe ser eliminado de raíz.

El llamado estado islámico, como los talibanes en su día, destruyeron tesoros arqueológicos irremplazables, pero los movimientos extremistas, pretendidamente liberales, luchadores por la justicia (la suya exclusivamente) no movieron un solo músculo, como tampoco lo movieron ni los mueven los movimientos feministas ante la situación de las mujeres en los territorios regidos por la ley islámica.

Su política sectaria y liberticida hacía nuestras libertades con exclusividad malsana, no permite otra posición que no sea la suya, que es la única verdad que debe sobrevivir. Es lo políticamente correcto de unos extremistas iluminados solo por su propia luz verdadera indiscutible y absoluta.

Lo peor, es que esta triste realidad aumenta sin descanso con su lema extremo de “vamos por ellos”.

En España vemos como el extremismo excluyente avanza sin descanso, quizás, ahora, con el estado alarmante va a velocidad de crucero, de forma que el que disiente es un “broncas”, ya que el Gobierno está ocupando todas las instituciones del estado, y, hoy, nadie duda, que además, de la creación de un lenguaje inclusivo; un ejecutivo autoritario y extremista preso de lo correcto exclusivo, esta ya creando los medios para forzar una sociedad sumisa, dependiente y cautiva, desarrollando, en sus propias palabras una policía patriótica, una fiscalía patriótica, una abogacía del estado patriótica, etc. etc., mientras, como dijo el General Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, se monitoriza y controla a los desafectos del Gobierno por todos los medios posibles (véase el CIS de Tezanos).

Puede ser, que nadie nos crea, a los que pensamos y vemos, que el deterioro de nuestra libertad está en ascenso, avanzando sin pausa y con el objetivo final de crear una sociedad dependiente, sometida y cautiva, mientras el Gobierno y sus afectos controlan toda la información, creando, además, una verdad distorsionada, que es la oficial, a la vez que se oculta cualquier información veraz, como por ejemplo, el número de fallecidos, destruyendo la división de poderes y estableciendo una apariencia de legalidad dependiente y controlada por Decreto Ley inconstitucional.

N.B. Es la hora de prohibir, prohibir y prohibir por un extremismo liberticida, excluyente y unidiréccional, convencido por la vía de los hechos, de que nada tiene derecho a existir, salvo él. Es lo que hay, todos a aplaudir y arrodillados, que os salvamos a todos queráis o no.

Desgraciadamente, hay muchos que se lo creen y, a la vez, aumenta el número de conversos (por muchos motivos, aunque algunos sean espurios), de manera que todos arrodillados, sumisos y cautivos con prohibición de alzar la voz. Por si faltara algo, el poder judicial anda adormecido y preso de su propia endogamia, pero siempre en silencio, cerrado y respetuoso con el Gobierno, de forma, que lo debían ser lugares de amparo y cobijo ante la arbitrariedad de los poderes públicos y de la ilegalidad de los mismos en sus actuaciones, que serían el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, se quiera ver o no, rodeados de una barrera venenosa de corales cortantes preñados de formalismos excluyentes para el pueblo, se han convertido en socios del sistema político abandonando a los españoles, que cuando piden justicia y amparo solo reciben una contestación: falta de jurisdicción, falta de competencia, rigores formales impeditivos y, por si faltara poco, falta de interés casacional o constitucional. En resumen, indefensión absoluta, ¿alguien lo pone en duda?

Córdoba, a 14 de junio de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.