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Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

LA FABULA DEL CUCO – Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -UCO- (Destruir la seguridad y avanzar en la autocracia)

El cuco es un pájaro que no construye su propio nido, sino que depende de otras aves para incubar sus huevos y criar a sus polluelos. Esta estrategia, es conocida como parasitismo de cría. A través de un complejo proceso evolutivo, el cuco ha desarrollado diversas adaptaciones que le permiten engañar a sus hospedadores y asegurar la supervivencia de su descendencia.

Está muy claro, que los descrito del cuco es lo que está pasando con la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil), ya que, una carcoma perversa parece haber puesto sus huevos en el nido de la UCO, dispuesta a parasitarlo y a destruir los poyuelos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, porque como no pueden controlarla, han pactado entre todos sus miembros de la cloaca chupasangres destruirla desde dentro lanzando infundios desde la fontanería leiredana y con frases que producen escalofríos: “Si Balas está muerto, mejor”.

A la vista del trabajo laborioso y esclarecedor de la UCO, que no se casa con nadie, la fontanería monclovita de las cloacas ha decidido disolverla por el camino del infundio, del fango y de muchas mentiras, de manera, que como el Gobernador del Banco de España está haciendo con la Institución que desgobierna, o, como el Fiscal General del del Estado está destruyendo la fiscalía, la UCO ha entrado en fase de demolición desde dentro por un poder autocrático para el que todo vale.

Por otro lado, toda la maquinaria y la artillería de la propaganda mafiosa dicen y repiten, que lo dicho es todo mentira, aunque la realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma nacida del poder está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como los descritos a lo largo y ancho de la piel de toro, se ha convertido en el pan de cada día para la carcoma que se va tragando nuestras libertades.

Conclusión. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos), de forma, que ya no es solo un partido, sino que son todos cuando tienen el poder asegurado, de manera, que si alguien lo duda que mire a su alrededor y podrá comprobar, que en cualquier ayuntamiento los nombramientos y contratos de personal se realizan sin concurso público alguno o en fraude de ley, y, siempre, curiosamente, en favor de parientes, amigos y/o militantes agradecidos.

Si alguien protesta, denuncia o demanda igualdad el procedimiento es el del “pájaro cuco”, es decir, se elimina a los poyuelos del nido que no es suyo.

N.B. Esta es la Fabula del Cuco en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil -UCO- desde donde se puede otear, que se está buscando destruir la seguridad y avanzar en la autocracia.

Está la vista de todos, como el aforamiento fraudulento del Sr. Gallado en Badajoz, de forma, que nadie está ya engañado y puede esconder la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está en el nido del cuco, y, nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 28 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

ABUSOS DE PODER – LA CARCOMA AVANZA EN TODO LOS NIVELES DE LO PÚBLICO (aforamientos, contratos jésicos, hermanos y parientes)

La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.

Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.

Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.

¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.

Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.

Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.

Córdoba, a 26 de mayo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estamos “condenados” – (EE. UU. – Rusia – China)

Es un hecho al descubierto, que en el mundo se ha impuesto el autoritarismo y la fuerza como la única razón verdadera.

No es nada nuevo, pero con Ucrania lo que siempre se sospechaba se ha convertido en altavoces de una realidad perversa, pues ahora resulta que Ucrania ha invadido Rusia y le ha declarado la guerra al Presidente Putin.

Europa y el resto del mundo silentes y de perfil hasta que ya no quede ni un pedazo de tierra libre y donde se pueda decir lo que se quiera con verdadera libertad de expresión.

Lo peor del autoritarismo reinante es que no solo está en la cima de los máximos poderes, sino que como una carcoma maligna se ha introducido en todos los niveles del poder, pues no hay más que mirar alrededor y se verá, que autoritarismo es un ayuntamiento con mayoría absoluta, una comunidad autónoma si contrapoder verdadero, un Congreso que se dice foro de las leyes donde la ley ha desaparecido, un Senado con mayoría absoluta inerme y rendido al poder despótico, un Tribunal Constitucional preso de un poder autoritario, un Fiscal General pasado a la fuerza oscura, y, una parte del poder judicial que se ha pasado con armas y bagajes al mundo de las sombras, donde algunos juzgados y tribunales pasan por encima de la ley imponiendo su fuerza sin razón ni derecho.

Se podrá discutir si lo que digo es cierto y creo que esas fuerzas contrarias están en su derecho de hacerlo, pero, lo que hay, lo que se ve y lo que se siente es la fuerza oscura del autoritarismo, de forma, que ya solo caben dos posturas, *o se está con la libertad, *o se está con las fuerzas autoritarias que exigen sin rubor la rendición de todos sometiéndonos cautivos a la esclavitud.

Como se dice ahora y que todos entendemos, pues ESO.

La única verdad es que los ciudadanos estamos perdidos en un laberinto de políticas donde la libertad ha sido sometida, que, además, se traduce en políticas públicas woke dominadas por lo superfluo y lo innecesario, y, ahora, por políticas autoritarias que quieren doblegar nuestra libertad, así que hemos caído de la “sartén al fuego”, que llevan a que los indicadores clave de las libertades se sitúan fuera del bien común, pues, ya no importa la libertad en cualquiera de sus versiones, sino el poder de la fuerza que se muestra impúdico, soberbio y prepotente.

La C. E. de 1978 dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Visto lo visto, está clarísimo que estamos al otro lado de la carretera, y, que lo que dice la Constitución a salimos a defenderlo o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad de los ciudadanos y la justicia, lo que significa, que basta ya de distracciones vacías de contenido, ya que nos defendemos o nos someten cautivos y silentes.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que para empezar decir la verdad es lo único que puede salvarnos de los políticos populistas y arrieros de la mentira.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Estamos “jodidos”, pues la trilateral de una fuerza perversa EE. UU. – Rusia – China nos han declarado la guerra a todos los que creemos en la libertad y en Estado de Derecho donde impera la ley y la justicia.

Un poder autoritario dirigido por pretendidos líderes del Pueblo ha tomado por la fuerza de las armas todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe defenderse, pues ya no se trata de escoger entre la paz y la guerra, al tener la guerra ya, razón por lo que solo cabe la autodefensa compartida antes de que al mirar atrás solo quedemos nosotros sin nadie nos defienda.

La igualdad ante la ley de los ciudadanos, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades apoyan lo que digo, aunque, quizás, la propaganda, el relato y la demagogia parece que se imponen a la verdad y a la justicia social real.

Córdoba, a 23 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley – La carcoma – El ejemplo (lawfare y fachosfera)

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

La Constitución Española de 1978 dice en su art. 1.1., que “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Así mismo, en su art. 9. 1. garantiza el respeto a la ley, cuando dice, que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”; diciendo en su número 3., que “la Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía jurídicas normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos”.

También dispone en su art. 14., que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Ocurre ahora, que una carcoma perversa disfrazada de lawfare y fachosfera está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, porque el estado de derecho está hundido en su línea de flotación, de manera, que el respeto a la ley ha desaparecido arrastrando tras de si la división de poderes.

Un ejemplo de ahora y de ya: “Los Fiscales T. S. -mayoría abrumadora de 12 a 3- se sublevan contra las imposiciones “extrañas” del Fiscal General del Estado, y, aún, así, la imposición tiene todos los indicios de prosperar.

Lo dicho es el ejemplo palpable, que las fuerzas perversas del lawfare y de la fachosfera están dinamitando la C. E., máxime, cuando una Ministra dice públicamente, que el poder “reside en el Congreso” y, curiosamente, permanece en cargo sin dimitir, a la vez, que los Magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo quedan señalados con nombres y apellidos como presuntos prevaricadores.

Así mismo, el ejemplo para todo el mundo de la justicia es demoledor, pues, a partir de ahora,

¿quién puede pedir que se aplique la ley?, y

¿qué Órgano del Poder Judicial se atreverá a aplicarla?

Solo un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas, puede hacer frente a la carcoma, que está royendo nuestro estado de Derecho y destruyendo el valor justicia de todos los españoles.

Por una Acción X Córdoba Abierta, no queda otra, que la autodefensa y la rebelión pacífica en defensa de nuestra Constitución de 1978.

N.B. Frente a la carcoma del lawfare y de la fachosfera solo queda el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho.

El valor justicia es irrenunciable.

Córdoba, a 7 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.