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El coste de la incoherencia y el riesgo para el centroderecha – (Córdoba ajo y agua)

Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda

La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.

Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.

I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).

**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.

**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.

**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.

II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».

El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.

<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.

El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?

<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.

<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.

¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.

Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.

III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.

**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.

**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.

**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.

IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).

Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.

El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.

Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.

La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.

N. B.  Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.

(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y  que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)

Córdoba, 31 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba)

(Nota. Leo con frustración y desaliento el Diario Córdoba de hoy domingo 25/10/26, Pág. 8. Local, a toda plana, que Salvador Fuentes será el cabeza de lista del P. P. al Senado.)

Alberto Núñez Feijóo presentó en su día el «Contrato con España» bajo un compromiso solemne cimentado en cuatro pilares: *decir la verdad, *respetar la ley, *garantizar que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

“Prometió una política examinada por los hechos y no por la pirotecnia verbal”.

Sin embargo, en política, el valor de la palabra dada no se mide en los atriles de la capital, sino en los presupuestos, las empresas públicas y los boletines oficiales de las instituciones territoriales; y ocurre que en la Diputación Provincial de Córdoba ese compromiso contractual no solo se ha transgredido y quebrantado, sino que *se ha roto formalmente por la vía de los hechos*.

Lo vertiginoso de la política actual ha convertido una seria advertencia de coherencia en una sangrante provocación electoral:

“Salvador Fuentes Lopera, presidente de la Diputación de Córdoba y principal ejecutor de la quiebra de esos principios en la provincia, ha sido designado cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba”.

Lo que hasta ayer era un distanciamiento ideológico silencioso, hoy se convierte en un premio político en toda regla.

<<Un premio electoral a la doble contabilidad política>>

– Resulta inadmisible pedir rigor, neutralidad institucional, austeridad y batalla de ideas frente al modelo de la izquierda en Madrid, mientras en la administración provincial se financian, con dinero público y bajo la sigla popular, las prioridades, estructuras y relatos del adversario ideológico -acuerdo presupuestario I.U.- (apertura de fosas, memoria democrática, aumento del gasto público, subvenciones a empresas públicas ruinosas, subida de tasas de agua y basura,  etc. etc.)

***Los cordobeses asistimos perplejos a una doble vara de medir:

**Una contabilidad para Génova: Rigor, discurso de contención, fiscalización y combate ideológico.

**Otra contabilidad para Córdoba: Concesión política, rescate sistemático de la ineficiencia y financiación encubierta de la agenda de la izquierda radical (I.U.) bajo la falsa coartada del «pragmatismo».

***La designación de Fuentes Lopera como número uno a la Cámara Alta abre una fisura de credibilidad y rompe el Contrato público del Sr. Feijoó ante un electorado de centro-derecha sumido en la desesperanza:

¿Con qué avales se premia institucionalmente a quien ha ejercido de rompedor directo del modelo de buen gobierno que se promete a nivel nacional?

<<Las tres quiebras del modelo en la provincia>>

– Para entender el alcance de este contra discurso no hay que acudir a la demagogia, sino a los datos de la gestión provincial:

1.- Financiación de la agenda ideológica ajena: La coherencia política exige no sufragar con los impuestos de los contribuyentes lo que en el programa electoral se promete derogar o combatir. No se puede clamar contra la instrumentalización ideológica de las instituciones y, simultáneamente, sostener la cobertura institucional y económica de esos mismos relatos en el ámbito provincial.

2.- Rescatar lo ruinoso sin transparencia (EMPROACSA y EPREMASA): Las empresas provinciales no pueden funcionar como cajas negras donde el déficit derivado de gestiones cuestionables se cubra con transferencias opacas sin rendición pública de cuentas. Quien gestiona los servicios esenciales de agua o residuos tiene la obligación de someterse a auditorías independientes y publicar indicadores reales de eficiencia. La fiscalización no es deslealtad: es una obligación legal y ética con el contribuyente.

3.- Pactismo ideológico disfrazado de gestión: El pacto técnico para una obra de infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano. El pacto que subvenciona el relato, premia la ineficiencia y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato del votante es, sencillamente, capitulación.

<<El silencio cómplice de la dirección nacional>>

– Frente a esta deriva, la dirección nacional del PP ha optado por el silencio. Un silencio que ha dejado de ser prudencia para convertirse en complicidad orgánica. En lugar de imponer comités de garantía, fiscalizar los convenios y exigir disciplina programática en las corporaciones provinciales, Génova ha preferido validar la maniobra elevando al máximo responsable de la gestión provincial a la cabeza de la candidatura al Senado.

El votante no es un cheque en blanco ni tolera ya el cinismo de la política territorial. La incoherencia prolongada solo genera desencanto, abstención y la fuga de voto hacia opciones que demuestren mayor firmeza moral y programática.

<<Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato:

“Es un eslogan de campaña”>>

– Si el «Contrato con España» de Feijóo no se aplica con rigor en la Diputación de Córdoba ni condiciona las listas electorales, las promesas de regeneración quedarán reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

La verdad, la ley y el esfuerzo se practican en cada empresa pública, en cada subvención y en cada presupuesto provincial; si no, el electorado tendrá toda la razón al deducir que las siglas han vuelto a situarse por encima de los principios.

N. B.  Imágenes. De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral – (La paradoja del PP en Córdoba.)

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Está claro que no son de fiar ni de votar.

Córdoba, 25 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado (ICA-Córdoba). Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba y exdiputado provincial.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El «Contrato con España» se rompe en Córdoba – (La factura inadmisible de la Diputación provincial)

Alberto Núñez Feijóo ha presentado su «Contrato con España» sobre cuatro principios:

*Decir la verdad, *respetar la ley, *que el esfuerzo valga la pena y *preservar la unidad.

Ha prometido gobernar “desde la verdad”, rendir cuentas y ser juzgado “por los hechos, no solo por las palabras”.

Pues bien: Si ese contrato tiene algún valor, debe empezar a exigirse también en las Diputaciones gobernadas por el PP., y, concretamente, en la Diputación de Córdoba, presidida por Salvador Fuentes Lopera, hay motivos fundados para sostener que no se está cumpliendo:

“Se está ejecutando, con dinero público y bajo siglas populares, buena parte de la agenda que el PP dice combatir en Madrid”.

<<Coherencia o traición>>

No se trata de un matiz de gestión ni de una inevitable “flexibilidad territorial”, sino que se trata de una cuestión de coherencia política:

“Un partido no puede predicar austeridad, neutralidad institucional y control del gasto en la capital, mientras su presidente provincial financia prioridades, estructuras y relatos que pertenecen claramente al adversario ideológico”.

El votante de centro-derecha no es ingenuo, de forma, que no acepta que se le pida exigir rigor al Gobierno central y, a la vez, tolerar en su propia casa presupuestos que premian la ineficiencia, la opacidad y el sectarismo.

La palabra dada no admite doble contabilidad: *Una para Génova y *otra para Córdoba.

<<Tres rupturas evidentes>>

1.- Financiar la agenda del rival. Si el PP sostiene que determinadas políticas de memoria deben superarse por ideologizadas, *no puede luego destinar recursos provinciales a consolidarlas, ampliarlas o darles cobertura institucional*. La coherencia no consiste en cambiar de discurso según el micrófono, sino que consiste en no financiar con el dinero de los contribuyentes aquello que se dice querer derogar.

2.- Rescatar sin control lo ruinoso. Las empresas públicas provinciales, como EMPROACSA y EPREMASA, no pueden convertirse en cajas negras donde el dinero público cubre déficits, ineficiencias y decisiones opacas. El presidente de la Diputación es también responsable de EMPROACSA, según la propia estructura institucional provincial. Exigir auditorías independientes, cuentas claras, indicadores de eficiencia y rendición pública no es <deslealtad interna>: “Es el mínimo deber de quien administra fondos de todos los cordobeses”.

3.- Confundir pacto con rendición. Pactar una carretera, un abastecimiento de agua o una obra necesaria es gestión pública, pero pactar la financiación de relatos, estructuras o prioridades ajenas es concesión política.

La diferencia no es técnica: “Es sustancial”.

*La primera sirve al ciudadano; *la segunda compra silencios, legitimidades ajenas y paz de despacho.

<<El “pragmatismo” como coartada>>

Siempre aparecerá la misma excusa: “hay que gobernar”, “son compromisos legales”, “así funciona la política territorial”, pero la asignación presupuestaria nunca es un acto neutro: “Revela qué se considera prioritario, qué se protege y qué se sacrifica”.

Cuando la prioridad es contentar a la oposición ideológica antes que defender el programa con el que se pidió el voto, no hay pragmatismo: “Hay abandono del mandato recibido”.

Y cuando la dirección del PP guarda silencio ante esa deriva, el silencio deja de ser prudencia y se convierte en complicidad institucional.

<<La factura electoral>>

El electorado ya no es un cheque en blanco. No vota siglas para que, una vez alcanzado el poder territorial, se reproduzca -con otros colores y otros beneficiarios- el mismo gasto descontrolado, la misma discrecionalidad y la misma instrumentalización de lo público que se denuncia en el adversario.

Las consecuencias son previsibles: “Pérdida de credibilidad, abstención y fuga de voto hacia alternativas más coherentes con el electorado. No porque el votante sea extremista, sino porque entiende que la incoherencia es una forma elegante de engaño”.

<<Lo que debe exigirse ya>>

La Diputación existe para garantizar servicios esenciales -agua, residuos, carreteras, asistencia a los municipios-, no para financiar agendas ideológicas ni sostener estructuras ineficaces. La propia Diputación presenta actuaciones de EMPROACSA como servicios de abastecimiento y obras provinciales, y, precisamente por ello, su gestión debe someterse a un escrutinio máximo.

***El PP nacional no puede seguir mirando hacia otro lado. Debe imponer de inmediato:

**Auditorías externas e independientes de EMPROACSA, EPREMASA y resto de empresas e instrumentos provinciales.

**Publicidad íntegra de convenios, subvenciones, encomiendas y transferencias con implicación ideológica.

**Comités de garantías internos con capacidad real de vigilancia y sanción.

**Disciplina programática exigible a presidentes provinciales, alcaldes y cargos públicos del partido.

**Un principio innegociable: “Ningún euro público para financiar el relato, las estructuras o las prioridades de la oposición ideológica”.

<<Conclusión>>

Un contrato que no obliga a quienes gobiernan con las siglas de quien lo firma no es un contrato: “Es un eslogan”. *Si Feijóo quiere que su «Contrato con España» tenga credibilidad, debe demostrar que también obliga en Córdoba*.

Porque no basta con prometer verdad, ley, esfuerzo y unidad en Madrid, porque hay que practicarlos en cada Diputación, en cada empresa pública y en cada presupuesto provincial. Si no, el votante tendrá razón al concluir que el contrato se firmó para ganar elecciones, no para cambiar la forma de gobernar.

N.B. Imagen.  Conceptual – (El «Contrato con España» se rompe en Córdoba).

Córdoba, 20 de octubre de 2026.

Fdo.: Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba y el lujo de la extinción – (Viaje cómodo hacia la cultura de la nada)

Hay un silencio nuevo que se está instalando en nuestras calles y no es el silencio de la calma dominical, sino el de un invierno demográfico, que ha dejado de ser una advertencia de los sociólogos para convertirse en una realidad palpable. Por primera vez en la historia de la humanidad, la tasa global de natalidad ha perforado el suelo del reemplazo poblacional (ese necesario 2,1 hijos por mujer). Pero no miraremos a las estadísticas mundiales, sino que miraremos a Córdoba.

Nuestra ciudad y nuestra provincia se están convirtiendo en el laboratorio perfecto de una transición sin precedentes: “El paso de una sociedad orientada a la vida comunitaria y al futuro, a una especie de «boutique» del presente, diseñada para individuos hiperconectados, pero vitalmente aislados”. Dos ejemplos recientes ilustran de forma cruda y casi poética, este desplome hacia lo que ya podemos bautizar como la cultura de la natalidad cero.

1.- Prohibido el paso al futuro – (El triunfo del ‘Adults Only’).

Hasta hace poco, la exclusión por motivos de edad nos habría parecido una anomalía discriminatoria, pero hoy, es un producto de lujo. La proliferación en Córdoba de hoteles y alojamientos turísticos Adults Only -(Solo Adultos)- es el síntoma de un mercado que ha olido el cambio de paradigma.

Se nos vende bajo la etiqueta de la “tranquilidad y el relax”. El relato comercial es impecable: “Parejas sin hijos que buscan huir del dinamismo infantil. Sin embargo, detrás de esta oferta se esconde un impacto cultural profundo y aterrador. Estamos mercantilizando la exclusión de la infancia.

Al adaptar el sector turístico y de servicios a este nicho, normalizamos espacios segregados. La infancia desaparece del espacio público y del entorno de ocio, convirtiéndose en una especie de “molestia” que el consumidor premium paga por no tener que soportar.

El problema no es el hotel, ya que, el problema es el mensaje. La cultura del Adults Only retroalimenta un modelo de consumo donde la máxima aspiración es la flexibilidad individual ininterrumpida. Si un niño es un estorbo para unas vacaciones, es fácil deducir por qué se convierte en un inasumible “gasto y pérdida de libertad” para el proyecto vital.

2.- Amor en diferido y facturas separadas – (La dictadura del modelo ‘Single’).

Si el turismo expulsa a los niños del ocio, el nuevo urbanismo afectivo los expulsa del hogar. El segundo gran ejemplo de esta deriva es la consolidación de la “pareja single” o el modelo Living Apart Together (LAT).

Hablamos de relaciones afectivas estables donde la premisa innegociable es “contigo, pero no en mi casa”.

Hemos aplicado la lógica de la prevención de riesgos laborales y financieros al amor. Ante el terror al divorcio, al litigio patrimonial y a la pérdida de autonomía, la sociedad ha inventado una cohabitación fantasma. Se mantienen dos viviendas, dos facturas de luz, dos hipotecas. Se blindan los patrimonios y se maximiza el ocio individual.

***Pero las matemáticas y la biología no perdonan. Este modelo es una máquina de triturar la fecundidad.

*Logística imposible: La ausencia de un techo común volatiliza la economía de escala necesaria para criar a un hijo, ya que, al duplicar los gastos estructurales, la capacidad financiera para afrontar la paternidad se esfuma.

*El secuestro de la fertilidad: La ventana biológica más óptima (de los 25 a los 38 años) se consume en un bucle de consolidación laboral y mantenimiento de esta “independencia de seguridad”. Cuando se quiere dar el paso, a menudo el reloj biológico ya ha dictado sentencia.

<<La factura que nadie quiere pagar>>

Como Inspector de Trabajo y Seguridad Social, y desde la perspectiva que me dio el servicio público en la provincia y en el Parlamento, veo las costuras de este modelo a punto de reventar.

El espejismo del hiper-individualismo tiene un coste demoledor a nivel local.

**La presión inmobiliaria en Córdoba muta: “Sube el precio de los pisos de 1 o 2 dormitorios, expulsando a las pocas familias numerosas que quedan”.

Las aulas escolares se enfrentan a un inevitable cierre o reagrupación, mientras los equipamientos urbanos corren para reconvertirse en centros de atención a la tercera edad.

<<El estado del bienestar – (Un mantenimiento imposible)>>

Nuestro sistema fiscal y de pensiones se diseñó bajo el dogma de la solidaridad intergeneracional y la familia como colchón de contingencias. Una sociedad compuesta por “nodos individuales”, aislados en sus pisos de diseño y sus hoteles sin niños, es una sociedad económicamente suicida a medio plazo.

Estamos caminando hacia el precipicio demográfico convencidos de que estamos entrando en una zona VIP. Córdoba no puede conformarse con ser un hermoso museo habitado por turistas sin cargas y locales solitarios. Es hora de dejar de aplaudir la autonomía estéril y preguntarnos si el precio de nuestra comodidad actual es, sencillamente, nuestra propia desaparición.

N. B. Imagen. Córdoba y el lujo de la extinción – La imagen actúa como una dura metáfora visual.

Córdoba, 7 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

CARTA ABIERTA

A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA

Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.

Estimado Sr. Delegado Provincial:

Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.

Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.

A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:

1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.

2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.

3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.

El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.

Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.

En Córdoba, a 23 de julio de 2026.

Atentamente,

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado Provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.