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II. Una sociedad justa y democrática (seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad)

Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.

Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.

Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.

<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.

<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.

<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>

Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:

1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.

2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.

3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.

<<El camino>>

Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.

En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.

(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)

<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>

La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.

En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.

<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>

1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).

Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.

La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.

2.- El colapso institucional y judicial.

La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.

3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).

**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:

*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.

*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.

<<Consecuencias directas en la España de 2026>>

Factor	Impacto Real
Inversión Extranjera	Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda	La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica	Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.

(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero esta máxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)

Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.

N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.

La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.

Córdoba, 10 de febrero de 2026

Por: Enrique García Montoya,

Abogado del ICA-Córdoba.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Anticipos de la Diputación de Córdoba (Ayuda financiera o grilletes para los municipios)

Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda, en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.

1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).

Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:

Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
Deuda Bancaria (Kutxabank, Caja Rural, Unicaja, Bankinter): 95 M. eur. (73,6%)

La conclusión es alarmante: 7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: “El municipio”.

2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).

Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:

1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.

2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.

3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.

3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero “pagano”).

Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:

–Mantenimiento de infraestructuras básicas.

–Servicios sociales municipales.

–Políticas de empleo local.

-Otros servicios públicos como limpieza, etc.

**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:

*Coste Efectivo = Ibancario + Gastos Gestión ICHL + Coste Oportunidad.

4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).

La justificación oficial es la “economía de escala”, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?

**Cuadro explicativo:

Factor	Modelo Diputación (ICHL)	Acceso Directo al Mercado
Transparencia	Opaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.	Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
Dependencia	Máxima. Crea un “cordón umbilical” político.	Independencia. Soberanía financiera real.
Coste	Dual. Interés bancario + estructura del ICHL.	Directo. Solo el coste financiero de la operación.

<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>

El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.

En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.

N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.

Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.

Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.

Córdoba, 5 de febrero de 2026.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Infraestructuras en ruinas (Déficit oculto – Inaugurar contra conservar)

El pasado 18 de enero, la tranquilidad de Adamuz se rompió por el peor accidente ferroviario de nuestra historia reciente, más de 41 vidas perdidas, otros tantos desaparecidos y cientos de heridos no son solo una cifra, sino que son el síntoma trágico de una enfermedad, que España lleva años ignorando, concretamente, el “déficit oculto” de nuestras infraestructuras.

Como ciudadanos y profesionales, solemos mirar las leyes, pero rara vez miramos lo que hay bajo el asfalto o tras las catenarias, aunque, la realidad es dura, porque hemos preferido inaugurar lo nuevo, que “mantener lo necesario”.

1.- El “Déficit Oculto”.

Es la deuda técnica que acumulamos cada vez que un político prefiere cortar una cinta de una obra nueva (CAPEX – gastos de capital) antes que arreglar una viga vieja (OPEX – gastos operativos).

Actualmente, España necesita entre 150.000 y 180.000 millones de euros solo para poner al día lo que ya tenemos, porque estamos viviendo en una casa con domótica de última generación, pero con las tuberías a punto de reventar.

2.- Radiografía de un abandono sistémico.

Sector	El Problema Real	El Riesgo para nosotros
Trenes	Dos velocidades: AVE de lujo vs. Cercanías y red convencional olvidadas.	Descarrilamientos por fatiga de materiales.
Carreteras	El peor estado en 40 años. 1 de cada 3 km necesita reconstrucción.	“Piel de cocodrilo” en el asfalto que reduce el agarre y causa accidentes.
Agua	Perder el 25% del agua potable por fugas en tuberías obsoletas.	Socavones urbanos y falta de suministro en sequías.
Luz	Redes viejas que no aguantan el autoconsumo ni el clima extremo.	Grandes apagones como el de abril de 2025.

3.- Del “caso fortuito” a la negligencia de la Administración.

Desde una perspectiva jurídica, el accidente de Adamuz cambia las reglas del juego, pues ya no vale la excusa de la “mala suerte” o el “caso fortuito”.

Si existen avisos previos (como, al parecer, los hubo en junio de 2025) y la Administración no actuó, estamos ante una falta de diligencia clara (art. 106 CE), de forma, que el ciudadano perjudicado tiene derecho a ser indemnizado, aunque no deberíamos esperar a la tragedia para exigir responsabilidades. Por otro lado, la justicia lenta (con retrasos de 5 años) actúa como un muro que protege la inacción política.

4.- Soluciones. (No más parches, sino tecnología y ley).

Para salir de este bache, propongo una gestión radical basada en tres pilares:

<-Gemelos Digitales e IA: Sensores que avisen de que una vía va a romperse antes de que pase el tren. Dicho de otra manera, un “mapa vivo” de nuestra seguridad.

<-Libros de contabilidad inmutables -blockchain- contra la corrupción: Que cada euro destinado a mantenimiento sea rastreable, de forma, que basta de obras menores, de contratos fraccionados y de cosas parecidas.

<-Ley de Garantía de Mantenimiento (LGMIC): Blindar por ley que el 2% del valor de las infraestructuras se use sí o sí para conservarlas, sin que el político de turno pueda tocar ese dinero para otros fines.

<< Un ciudadano activo – (“Fiscalización Social”>>

No podemos ser sujetos pasivos, ya que, como profesionales debemos ser estrategas de la responsabilidad, pero como ciudadanos, debemos denunciar y, sin duda, somos muchos.

1.- Mapea el riesgo: Usa apps para reportar baches o fallos.

2.- Rompe la “buena fe”: Notifica formalmente los riesgos a la Administración, ya que, si pasa algo y los responsables lo sabían, su responsabilidad penal y patrimonial es total.

<<Conclusión>>

Adamuz nos ha enseñado que el mantenimiento no es un gasto, es un seguro de vida, de manera, que es hora de dejar de mirar la foto de la inauguración y empezar a exigir la seguridad de lo cotidiano -del día a día-.

N.B. Las infraestructuras en España están como están, sin mantenimiento y conservación adecuadas, de forma, que existe un “déficit oculto”, que tiene graves implicaciones.

<-Hay una factura que pagar->

Córdoba, 21 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente. Córdoba Abierta – ACOA.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas, que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

“Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: “El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-”.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: “De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima”. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: “La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas”.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

Concepto	Versión Oficial	Realidad Material
Recibo del agua	“Ajuste necesario”	Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras	“Cirugía profunda”	Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad	“Culpa del Estado”	Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: “Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados”.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad, de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: “Si no hay servicio, no hay cobro”.

5.- Elaborar un Plan de “Cero Despilfarro” para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

La mala administración pública (El otro gran agujero negro de la gestión en España)

En España, el debate sobre corrupción suele centrarse en casos de soborno y enriquecimiento ilícito, pero existe una lacra más silenciosa y destructiva: “La mala gestión del dinero público, a todos los niveles de la organización política, especialmente, en empresas e instituciones públicas estatales, autonómicas y locales”.

Este fenómeno, que genera pérdidas millonarias recurrentes y socava la confianza ciudadana, además, raramente acarrea consecuencias para quienes diseñan y ejecutan las políticas responsables del despilfarro.

La realidad es que son millonarias pérdidas sin castigo: “Un patrón sistemático de impunidad”.

Las entidades públicas acumulan déficits operativos colosales desde hace años. Ejemplos como Correos, que prevé perder 1.500 M. eur. en 2025 pese a sucesivos rescates públicos y 19 cambios de dirección en tres años, o empresas de la SEPI que suman más de 1.698 M. eur. de pérdidas desde 2019, reflejan una tendencia nacional, que alcanza también a lo local: “En Córdoba, por ej., las empresas de la Diputación Emproacsa (agua) y Epremasa (basuras) dependen de subsidios para ser viables y no entrar en quiebra (59 M. eur. puestos por la Diputación para cubrir pérdidas injustificadas a la empresa de aguas en tres años, y, a mayor inri, se planean subidas de tasas abusivas e injustas).

La causa principal de este asunto turbio e irresponsable es <-la politización en los nombramientos y la falta de controles independientes->, ya que, los altos cargos designados por afinidad, no por mérito, perpetúan ineficiencia y políticas cortoplacistas que ignoran la viabilidad económica y el interés común, porque saben que nadie les pedirá responsabilidades y que son impunes de hecho.

*La Pregunta: ¿Dónde están los mecanismos de responsabilidad?

El Código Penal español castiga la malversación y la prevaricación, pero solo cuando hay “ánimo de lucro” evidente, lo que excluye la negligencia grave y permite que los responsables escapen sin sanción. El Tribunal de Cuentas, mediatizado por la mayoría parlamentaria, ve limitado su alcance real, y la lentitud judicial propicia la prescripción de las causas. El resultado es negativo, pues menos del 20% de denuncias por mala gestión pública acaban en condena.

**Consecuencias sociales y económicas – El coste del inmovilismo.

Este ciclo condona el despilfarro y alimenta el endeudamiento público (120% del PIB en 2025), deteriora servicios esenciales y provoca la quiebra de miles de pymes ligadas al entramado estatal (más de 19.000 desde 2019). La percepción de impunidad refuerza la desconfianza ciudadana y agrava el desinterés político, como ponen de manifiesto las últimas encuestas (70% de los ciudadanos ve “corrupción estructural” en el sector público).

**Reformas urgentes para romper el bucle de una mala administración.

*Para revertir el deterioro, es imprescindible:

<-Despolitización real de los nombramientos, exigiendo méritos y seleccionar cargos públicos por sorteo entre expertos independientes.

<-Ampliar el concepto de malversación, sancionando también la negligencia grave, no solo el lucro directo.

<-Controles fiscales y auditorías externas anuales, con incentivos y sanciones a las autonomías según su gestión.

<-Transparencia ciudadana, a través de plataformas de datos abiertos con alertas automáticas sobre irregularidades.

<-Integrar herramientas tecnológicas (IA) para controlar el gasto en tiempo real.

*Estas reformas, viables en próximas leyes y en los Presupuestos Generales, requieren consenso y presión social, ya que, sin ambos, el “agujero negro” de la mala administración seguirá devorando recursos y frenando el progreso necesario.

**Conclusión.

La mala gestión pública en España no es solo un problema financiero, sino que es una cuestión ética y política que hipoteca el futuro de todos.

La solución pasa por exigir responsabilidad individual y colectiva, eliminando el clientelismo y apostando por la eficiencia y la transparencia en todas las instituciones.

El tiempo para actuar es ahora, ya que, si no hay reformas de fondo urgentes, el ciclo de impunidad será irreversible

N.B. La mala administración y la falta de responsabilidad en la gestión de Empresas e Instituciones Públicas es una realidad en España a todos los niveles con pérdidas cuantiosas y ninguna responsabilidad individual o colectiva de los políticos despilfarradores y su gestores de confianza nombrados digitalmente.

Córdoba, 17 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.