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Impuesto a los Ricos y a los Bancos – Silencio ante el Catastrazo (IBI – Plusvalía municipal – no va más)

Los impuestos a los ricos y los bancos están levantando una gran polvareda, resultando algo normal porque los supuestos paganos tienen medios de todas clases para protestar, pero llama  mucho la atención, que las subidas de impuestos municipales (IBI, Plusvalía, etc.) que afectan y graban a la mayoría de españoles están sumidos en un silencio oprobioso, de manera, que la gran mayoría de políticos de todos los partidos, empezando por los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, callan y otorgan, así que, nadie se llame a engaño, ya que, en el expolio al ciudadano medio de a pie todos están de acuerdo.

No hay más que recordar la Sentencia del T. C. que declaró nulos de pleno derecho los artículos de la Ley de Haciendas Locales referidos al cálculo del impuesto de incremento del valor de los terrenos municipal. Es público y notorio que todos los Ayuntamientos y sus políticos se echaron a llorar porque era la ruina de todos ellos, así que, en vez de celebrar una sentencia histórica han conseguido que cualquier ciudadano pague la plusvalía, sí o sí.

Ahora, con el Catastrazo silente y perverso del Gobierno Central todos los impuestos municipales se dispararán, aunque eso sí, hay que guardar silencio por narices y a pagar, pues está en juego el bienestar de una clase política, que está convencida, que ordeñar al ciudadano es un derecho divino indiscutible y destinado al bien común, que esos políticos administran sin responder nunca de sus gastos, aunque sean innecesarios, superfluos y se dilapiden sin ton ni son.

Aquí, de cara a las elecciones municipales, solo para empezar, una propuesta:

“que los impuestos municipales bajen en la misma cuantía que sube el catastrazo del Gobierno”.

N.B. El silencio de los políticos sobre el CATASTRAZO DEL GOBIERNO es algo inaceptable y solo demuestra, que en las próximas elecciones municipales hay que votar con el bolsillo y a las personas.

Seguro que la gran mayoría de los cordobeses ya saben lo que tienen que hacer en las elecciones municipales, ya que, votar el Catastrazo es pegarse un tiro en cada pie.

Córdoba, a 13 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – Ayuntamientos – Elecciones (lucha contra el paro desde el poder local)

El desempleo en Andalucía no es un problema es “EL PROBLEMA”, de manera, que no queda otra que tratar de reducir ese paro que lo ahoga todo, quedando claro que la solución es de todos, no sirviendo hablar de lo público y de lo privado si no se aportan soluciones reales y eficaces.

En Andalucía el paro de jóvenes, mujeres y mayores de 50 años es algo inasumible e inaceptable.

Digo esto, porque se dice que el desempleo no es un asunto competencia de los Ayuntamientos y de las Diputaciones, lo que, sin duda, es una verdad relativa, al ser cierto que desde las Entidades Locales se pueden adoptar muchas medidas para combatir el paro y crear empleo.

Pronto habrá elecciones municipales, de forma, que hay que estar atento a las propuestas de los partidos políticos en materia de empleo en el ámbito de las competencias de las entidades locales, no sirviendo el postulado negacionista de que el paro y el empleo quedan fuera del campo de actuación de Ayuntamientos y Diputaciones.

Las Entidades Locales pueden y deben hacer mucho para que en sus territorios competenciales se cree empleo y se reduzca el paro.

En el sector público estricto las posibilidades directas de empleo de estas entidades locales son muy limitadas, pero en colaboración con el sector privado se pueden llevar a cabo muchas iniciativas, empezando por realizar un gasto público productivo y eficaz, de manera, que no se distraiga ningún recurso ni se gaste dinero público en asuntos que signifiquen dilapidación de lo que es de todos. La buena administración de los recursos públicos no solo es una necesidad, sino que es algo exigible a los representantes locales elegidos sin excusa ni pretexto alguno.

Los casos conocidos como el llamativo tranvía de Jaén donde se han dilapidado impunemente miles de euros en el vacío de la nada es algo inaceptable, pero es solo un ejemplo límite, pues hay otros casos de gastos públicos tirados al descampado de la inanición, como pude ser en el Ayuntamiento de  Córdoba, determinadas inversiones vinculadas a la limpieza y basura, que están inmóviles y sin desarrollar, sin que nadie les ponga fin para ponerlas en funcionamiento real o para abandonarlas dada su imposible puesta en práctica si eso es así.

La eficiencia del gasto público es algo irrenunciable.

Aclarado lo dicho sobre el gasto productivo, eficaz y dirigido a cubrir de verdad necesidades locales realizables, hay que seguir creando opciones reales de empleo desde las entidades locales, porque la realidad es, que muchas cosas, se pueden alcanzar desde las competencias de los ayuntamientos y diputaciones en la lucha ineludible contra el paro en Andalucía.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Es una necesidad admitir una realidad, que desde las Entidades Locales se puede crear empleo y reducir el paro, aunque para ello hay que aceptar una serie de principios denostados y cambiar muchas cosas que se dan por sentadas equivocadamente, así:

*Lo Público y lo privado no son excluyentes entre sí, sino que son sectores complementarios, de forma, que no pueden existir el uno sin el otro, de manera, que enfrentar el uno con el otro es un suicidio colectivo, que solo perjudica al ciudadano de a pie.

*Los Ayuntamientos y las Diputaciones tienen competencias de sobra, que les permiten crear las condiciones precisas para establecer las bases para una colaboración entre lo público y lo privado para luchar contra el paro en sus territorios municipales y provinciales.

*Las administraciones locales deben mejorar su eficiencia, temiendo como norte de su actuación el servicio a sus ciudadanos, nunca al contrario como desgraciadamente ocurre ahora en muchos casos, pues es una verdad patente que no pueden existir sino volcadas al bien común, de conformidad con lo que dice el artículo 103.1 de la Constitución de 1978, cuando establece, que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”.

Todas las corruptelas existentes en algunas muchas corporaciones locales de preeminencia de ellas mismas sobre sus ciudadanos se deben erradicar, pues los políticos locales solo existen en cuanto representan a sus votantes.

Es una realidad legal que las administraciones públicas deben estar al servicio de sus ciudadanos y no estos subordinados a ellas, de forma, que hay que arrancar y desterrar de raíz la idea perversa de que solo existen como sujetos pasivos del pago de impuestos.

Un ejemplo de la realidad diaria: pruebe a llamar a un teléfono del Ayuntamiento de Córdoba para informarse sobre algo, verá que es difícil conectar, situándose en modo de espera, y, si pide cita previa obligatoria a esperar. Si lo que intenta aclarar el ciudadano es una reclamación sobre el pago de un impuesto (IBI, plusvalía, etc.), que se vaya preparando, primero a pagar, después si está en desacuerdo una legión de funcionarios y abogados le podrán en su sitio, y, si se pretende hablar con el concejal de turno los trabajos de Hércules son una minucia comparados con  conseguir esa finalidad. Que conste que es solo un ejemplo, pues se pueden citar muchas Administraciones en igual situación y mucho peor.

Otro ejemplo de lo que nunca debe ser, es la actuación normalizada de la Hacienda Local de Córdoba (Diputación de Córdoba), que simple y llanamente ignora la legalidad y cualquier respeto a la ley, moviéndose, además, por criterios ideológicos en su actividad coercitiva, de manera que en vez de estar al servicio de los contribuyentes dicta resoluciones injustas a sabiendas contra ellos en perjuicio buscado de los mismos.

Lo dicho se puede discutir y disentir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales reales son los cimientos de cualquier democracia que sea digna de tal, de manera, que si los Ayuntamientos y Diputaciones ignoran la legalidad y el respeto a la ley aplicable, es un hecho patente que no sirven a los ciudadanos, sino que intentan convertirlos en súbditos, tratándolos como sirvientes, ignorando la Constitución Española que consagra que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano.

“Solo cumpliendo la Ley pueden crear empleo y combatir el paro”, aunque eso solo es posible hacerlo estableciendo unas condiciones flexibles y abiertas, que permitan en los municipios y en las provincias que la creación de riqueza aflore en aras del interés general, estando esas administraciones al servicio del bien común siempre y sin excusas ni pretextos.

Por otro lado, se considera por muchos políticos, como se está viendo a diario, a las personas como siervos de la clase política dominante y/o como algo a exprimir,  no como lo que realmente son, ciudadanos libres que poseen unos derechos fundamentales personales, innatos e irrenunciables. Debiendo quedar claro, que los responsables de esas disfunciones son los políticos que mandan, por acción u omisión, que, además, se consideran impunes sin serlo, ya que, solo llevan razón, cuando el ciudadano se achanta o calla refugiándose en un silencio oprobioso.

Hay que dejar claro, que afortunadamente no son todos, aunque lo peor es que estos muchas veces callan, quizás, impelidos por un sistema de listas cerradas perverso y contra la libertad, que habría que erradicar de raíz.

N.B. Es una realidad indiscutible que el desempleo se puede combatir desde los ayuntamientos y ahora que vienen elecciones, hay que incentivar la lucha contra el paro desde el poder local.

Las administraciones locales no tienen razón de ser si no están al servicio de sus ciudadanos, de forma, que sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin un Estado de Derecho que funcione, es imposible que exista una corporación local  que cumpla sus fines constitucionales.

EL PROBLEMA de Andalucía es el problema de todos, pero en primer lugar  de todas y cada una de sus administraciones públicas, por supuesto, entre ellas, los ayuntamientos y diputaciones, aunque solo sea por su cercanía al ciudadano.

Lo contrario, simplemente, es faltar a la verdad y soslayar el cumplimento de la C. E. de 1978.

Córdoba, a 7 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lucha fiscal y abandono de la política (Estado de Derecho y libertad)

Los partidos políticos reinantes se han lanzado a la lucha fiscal para ver quien da más por menos, pero todos paganos. Olvidan en sus propuestas fiscales algo fundamental, que es el gasto público, ya que, ninguno dice cual es su gasto público real ni de donde y como se cubrirá ese gasto, por no hablar ya de que gastos superfluos e innecesarios van a eliminar.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Solo hay una verdad, que es la “verdad fiscal”, que dicho sea de paso, no es algo irreal, porque hay que cubrir servicios públicos completamente necesarios y imprescindibles en cualquier sociedad democrática, que aspire a la justicia social y económica.

Lo extraordinario es que se abandona para ello el Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional, ya que, los principios políticos en los que se basa -“justicia, libertad, igualdad, división real de poderes, estado pleno de las autonomías, respeto a la Ley y un largo etc.”- quedan vacíos de contenido y olvidados.

Al ataque fiscal al que se apuntan todos sin más le falta sin la menor duda “una base y una explicación política”, pues sin derechos y libertades fundamentales, junto con los principios básicos constitucionales (legalidad, seguridad jurídica, etc.), toda reforma fiscal flotará en el vacío de la  nada, de forma, que los ciudadanos de a pie solo serán súbditos paganos y estarán privados de todas sus libertades.

Lo dicho se puede discutir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales son los cimientos de cualquier democracia real, de manera, que si se empieza a construir desde arriba nada pude funcionar, pues es un hecho patente que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano, así, que, cualquier otra cosa, es un disparate y un error incuestionable, máxime, cuando en España (en Andalucía también)  está en peligro el valor justicia, porque el Gobierno de la Nación está demoliendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

N.B. Una reforma fiscal justa y equitativa es una necesidad indiscutible, pero nunca puede ser a costa del sacrificio de los derechos y libertades del pueblo soberano constitucional.

Sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin Estado de Derecho es imposible que exista un sistema fiscal justo en cualquier Nación, que aspire a una democracia plena.

En conclusión, lo primero siempre son los cimientos y esta verdad es algo indiscutible y patente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Representatividad real y oficial – verdad y mentira (Pueblo Soberano – Gobierno – Sindicatos – CEOE – Partidos políticos)

Las preguntas de estos días son ¿quién tiene representatividad real? y ¿quién oficialmente no representa a nadie?

La dicotomía es abrumadora, así que conviene examinar y comprobar la realidad:

1.- La Ministra de Transportes Raquel Sánchez llama radicales de ultraderecha, violentos e ilegales (sus compañeros de Gobierno también) a los transportistas que han paralizado España, mientras negocia con otros transportistas que se dicen representativos, aunque da la impresión de que solo se representan a sí mismos.

2.- Los llamados sindicato de clase se manifiestan y reúnen una multitud de quinientas personas, mientras los trabajadores españoles parece que va por otro lado, razón por la que parce que esos sindicatos solo se representan a ellos y solo defienden sus propios intereses subvencionados.

3.- La CEOE con el Sr. Garamendi al frente pacta con  el Gobierno asuntos varios, como la reforma laboral, etc., pero parece que la mayoría de las empresas españolas van por otro lado, de manera, que su representatividad de la mayoría de los empresarios es claramente incierta y constituye un bluff (un farol) manifiestamente irreal, ya que, la realidad es que solo se representan a sí mismos y a sus intereses. El caso de la exministra Sñrª. Báñez, asesora bien pagada de la CEOE, es un claro ejemplo de esa representatividad vacía interesada.

4.- En el Congreso los dos partidos hegemónicos pactan el T. C., el T. de Cuentas,  y otros apaños, aunque a veces, alguien alza la voz y se produce el milagro, como la oferta rechazada por el T. Supremo de renovar la cúpula de la A. E. P. D., aunque volvemos a lo mismo, ¿esos diputados realmente representan al Pueblo que los eligió?, por no hablar del Diputado Sr. Casero votando -equivocadamente- la reforma laboral (¿un paripé?).

La respuesta de los españoles de a pie solo hay que verla en la calle, es decir, que esos diputados votados en listas cerradas no están representando al Pueblo, sino a unos intereses desconocidos alejados del interés general nacional.

Se podría seguir enumerando casos de representatividad real y de representatividad oficial vacía de contenido, aunque, lo expuesto, es más que suficiente para entender la dicotomía entre lo real y lo irreal, cuando se habla de solucionar asuntos y problemas que afectan a la mayoría de los españoles.

Si los poderes públicos, aunque hayan sido válidamente elegidos por el Pueblo, se apartan del sentir y padecer de la gran mayoría y no pasa nada, ni nadie asume responsabilidades, es evidente, que nuestra de democracia ha entrado en un bucle auto destructivo, que necesariamente derivará en algo malo para los españoles, pues no pude ser, que unos pocos muchos se impongan por la fuerza a unos muchos -muchos-, es decir, a la gran mayoría de los españoles y sus intereses.

Las manifestaciones multitudinarias de estos días, de toda clase de colectivos, que oficialmente se dice, que no representan a nadie, son un ejemplo de separación y ruptura entre la España Oficial y la España Real de los ciudadanos.

El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución consagra con todos sus derechos y libertades fundamentales garantizados a los españoles, queda en el vacío de la nada, de forma, que se toman medidas consensuadas de verdad o la destrucción de nuestra democracia será inevitable.

N.B.  La representatividad real (El Pueblo) y la representatividad oficial  de Gobierno, partidos políticos, sindicatos, CEOE, etc., no tienen otra opción que combinarse para encontrar soluciones a los problemas verdaderos del Pueblo (desempleo, inflación, impuestos, gasto público, división de poderes, mercado laboral, derechos y libertades, etc.), ya que, de otra forma, el proclamado Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978 dejará de existir y entraremos en un proceso de auto destrucción colectiva.

Es lo que hay. Como dijo el Presidente Sánchez: ¿La Fiscalía de quien depende? – Del Gobierno, pues, ESO.

Es una realidad de desesperanza, pero si la actividad pública del Gobierno y demás colectivos oficialistas se dirigen cumplir sus propios intereses, limitando, además, derechos y libertades, en lugar de buscar razonablemente soluciones eficaces para la España real. seguiremos como estamos en la ruina y sin libertad.

Córdoba, a 27 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma Laboral II – el mismo modelo productivo (R. D. L. acongojado – empresarios despreciados – empleo difícil)

Para empezar unas aclaraciones:

** Otra alternativa al modelo productivo trancredista de la Exministra Bañez, que subsiste con la Reforma de la Ministra Díaz, es posible y necesaria.

** La Reforma Laboral por R. D. L. de la Ministra Díaz hará la creación de empleo difícil por su coste, incompensado o descompensado para la empresa.

** Sin cambio del modelo productivo, que posibilite aumentos de la productividad y competitividad en beneficio de la empresa y del trabajador, la Reforma light impuesta es un bluff (un farol).

** La Reforma Díaz va contra las empresas, ya que, endurece y restringe las condiciones de contratación y de despido, cuando estamos en el mundo de la flexibilidad laboral y de la competitividad.

** El paro será el único sacrificio real ofrecido en el altar de la Reforma Laboral, porque habrá que ver cuántos puestos de trabajo se destruyen y cuantos se crean, que no sean en el sector público.

** La Reforma camufla la dualidad laboral al convertir los empleos temporales de toda la vida en indefinidos, con la fórmula de una figura jurídica desagregada de su realidad, que son los trabajadores fijos continuos y cuya única verdad son los Fondos Europeos.

** Las indemnizaciones por despidos subirán, porque en las mismas se computará toda la antigüedad y no sólo el período real trabajado.

** Una de las cosas positivas de la reforma reside en los contratos de formación, un medio para que las empresas y los trabajadores mejoren a sus exigencias la cualificación profesional.

** La inflación olvidada será una losa para la calidad y la precariedad laborales.

** La regresión normativa impuesta en materia de los convenios es uno de los puntos más negativos de la Reforma, pues respetar ciertos acuerdos sectoriales, como pueden ser la ultraactividad y los salarios, en muchos casos será una merma de la productividad y de la   competitividad, dañándose, sin duda, la recuperación.

** En el mayestático Preámbulo del R. D. L. se evidencian faltas de referencias a las reformas para generar empleo y hacer más competitivas a las empresas.

Es un hecho indiscutible, que, si las empresas no mejoran su productividad y ganan más dinero, no van a poder pagar mejor a sus empleados.

Por otro lado, es evidente, que la recuperación va muy lenta, y si los incentivos que tienen las empresas son: *una subida de las cotizaciones (para sufragar las pensiones), *la llegada de impuestos verdes o medioambientales y *una inflación descontrolada; la cosa pinta mal.

**Ha sido una negociación empresarial poco equitativa y desigual, con los de la CEOE a la defensiva y rendidos al empezar, posición que aún podrá empeorar en el Congreso con la negociación con unos socios imposibles, pero, advertidos todos, que el consenso empresarial ya está dado y sin vuelta atrás.

Hechas estas aclaraciones, la Reforma Díaz, heredera de la anterior Ministra Bañez del Sr. Presidente Rajoy, es una ocasión perdida, ya que, los males de raíz del sistema permanecen e incluso en ciertos casos se acrecientan, de manera, que cuando existía una posibilidad de modernizar nuestro modelo productivo, llenándolo de flexibilidad, de mejoras de la productividad y de la competitividad, se ha optado por dar un salto al vacío de la nada, para que todo quede igual, aunque, dañando aún más el sistema, lo que impedirá reducir el paro y mejorar de verdad las condiciones de trabajo de los productores españoles, en aras, además, de una política excluyente y autoritaria, a base de sanciones e imposiciones normativas contrarias a la lógica y la razón.

Es algo patente, que las consecuencias de la Reforma light “consensuada” serán muy negativas para nuestro mercado laboral en todos los sentidos, así:

* El paro aumentará, pero lo peor será, que el daño estructural de ese desempleo se consolidará, volviéndose difícilmente reversible.

* El modelo productivo quedará inmóvil, haciéndose una crisálida impenetrable, que impedirá su modernización y su adaptación a los nuevos modelos digitales, permaneciendo en el pozo de un sector servicios empobrecido, que nuca manejaremos ni dependerá de nosotros mismos, mientras quedamos obligados a comprar la mayoría de los bienes industriales y toda la tecnología necesaria para su mantenimiento, que tampoco nunca dependerá de nosotros.

* Las empresas mantendrán una productividad baja, que les impedirá ser competitivas y mejorar las condiciones de todo tipo de sus trabajadores, no solo los salarios.

* La mejora permanente de la cualificación de los trabajadores será una fantasía, quedado inmersos en su bucle perverso de baja rentabilidad, bajos salarios y bajas condiciones de trabajo aceptables.

* Los poderes públicos seguirán utilizando las debilidades del sistema sin rubor, mientras sancionan a empresas y trabajadores que pisan la raya del sistema establecido.

Por ejemplo y para todos: ¿quién no conoce trabajos de médicos en la sanidad pública contratados por dos horas los sábados y festivos, así como, guardias contratadas por las noches y cosas parecidas de abusos públicos?

En resumen, la reforma de la Ministra Bañez y la Reforma de la Ministra Díaz son la cara y la cruz de una misma moneda, porque, simplemente, son más de lo mismo, cuándo, además, el cambio del modelo del mercado laboral es posible y realizable, permitiendo a la vez, que las condiciones de trabajo de los españoles sean mejores y sin que sea necesario limitar los derechos y libertades consagrado/as en la Constitución.

N.B. La Reforma Laboral aprobada por R. D. L. no es la que España estaba necesitando, de manera, que, ahora mismo, domina la inseguridad jurídica y la desconfianza en las relaciones de trabajo, ya que, la nueva Reforma consensuada, con imposiciones, es una continuación del despropósito de la Reforma Bañez, tan injustamente agasajada, pues seguimos con el mismo modelo productivo, que consagra el paro estructural y unas condiciones de trabajo injustas, cuando otro modelo más equitativo y justo es posible y realizable, además, sin limitar derechos y libertades constitucionales.

Se ha perdido una ocasión de oro, que será difícil de recuperar.

Córdoba, a 1 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.