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Representatividad real y oficial – verdad y mentira (Pueblo Soberano – Gobierno – Sindicatos – CEOE – Partidos políticos)

Las preguntas de estos días son ¿quién tiene representatividad real? y ¿quién oficialmente no representa a nadie?

La dicotomía es abrumadora, así que conviene examinar y comprobar la realidad:

1.- La Ministra de Transportes Raquel Sánchez llama radicales de ultraderecha, violentos e ilegales (sus compañeros de Gobierno también) a los transportistas que han paralizado España, mientras negocia con otros transportistas que se dicen representativos, aunque da la impresión de que solo se representan a sí mismos.

2.- Los llamados sindicato de clase se manifiestan y reúnen una multitud de quinientas personas, mientras los trabajadores españoles parece que va por otro lado, razón por la que parce que esos sindicatos solo se representan a ellos y solo defienden sus propios intereses subvencionados.

3.- La CEOE con el Sr. Garamendi al frente pacta con  el Gobierno asuntos varios, como la reforma laboral, etc., pero parece que la mayoría de las empresas españolas van por otro lado, de manera, que su representatividad de la mayoría de los empresarios es claramente incierta y constituye un bluff (un farol) manifiestamente irreal, ya que, la realidad es que solo se representan a sí mismos y a sus intereses. El caso de la exministra Sñrª. Báñez, asesora bien pagada de la CEOE, es un claro ejemplo de esa representatividad vacía interesada.

4.- En el Congreso los dos partidos hegemónicos pactan el T. C., el T. de Cuentas,  y otros apaños, aunque a veces, alguien alza la voz y se produce el milagro, como la oferta rechazada por el T. Supremo de renovar la cúpula de la A. E. P. D., aunque volvemos a lo mismo, ¿esos diputados realmente representan al Pueblo que los eligió?, por no hablar del Diputado Sr. Casero votando -equivocadamente- la reforma laboral (¿un paripé?).

La respuesta de los españoles de a pie solo hay que verla en la calle, es decir, que esos diputados votados en listas cerradas no están representando al Pueblo, sino a unos intereses desconocidos alejados del interés general nacional.

Se podría seguir enumerando casos de representatividad real y de representatividad oficial vacía de contenido, aunque, lo expuesto, es más que suficiente para entender la dicotomía entre lo real y lo irreal, cuando se habla de solucionar asuntos y problemas que afectan a la mayoría de los españoles.

Si los poderes públicos, aunque hayan sido válidamente elegidos por el Pueblo, se apartan del sentir y padecer de la gran mayoría y no pasa nada, ni nadie asume responsabilidades, es evidente, que nuestra de democracia ha entrado en un bucle auto destructivo, que necesariamente derivará en algo malo para los españoles, pues no pude ser, que unos pocos muchos se impongan por la fuerza a unos muchos -muchos-, es decir, a la gran mayoría de los españoles y sus intereses.

Las manifestaciones multitudinarias de estos días, de toda clase de colectivos, que oficialmente se dice, que no representan a nadie, son un ejemplo de separación y ruptura entre la España Oficial y la España Real de los ciudadanos.

El Estado Social y Democrático de Derecho que la Constitución consagra con todos sus derechos y libertades fundamentales garantizados a los españoles, queda en el vacío de la nada, de forma, que se toman medidas consensuadas de verdad o la destrucción de nuestra democracia será inevitable.

N.B.  La representatividad real (El Pueblo) y la representatividad oficial  de Gobierno, partidos políticos, sindicatos, CEOE, etc., no tienen otra opción que combinarse para encontrar soluciones a los problemas verdaderos del Pueblo (desempleo, inflación, impuestos, gasto público, división de poderes, mercado laboral, derechos y libertades, etc.), ya que, de otra forma, el proclamado Estado Social y Democrático de Derecho proclamado en la Constitución de 1978 dejará de existir y entraremos en un proceso de auto destrucción colectiva.

Es lo que hay. Como dijo el Presidente Sánchez: ¿La Fiscalía de quien depende? – Del Gobierno, pues, ESO.

Es una realidad de desesperanza, pero si la actividad pública del Gobierno y demás colectivos oficialistas se dirigen cumplir sus propios intereses, limitando, además, derechos y libertades, en lugar de buscar razonablemente soluciones eficaces para la España real. seguiremos como estamos en la ruina y sin libertad.

Córdoba, a 27 de marzo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma Laboral II – el mismo modelo productivo (R. D. L. acongojado – empresarios despreciados – empleo difícil)

Para empezar unas aclaraciones:

** Otra alternativa al modelo productivo trancredista de la Exministra Bañez, que subsiste con la Reforma de la Ministra Díaz, es posible y necesaria.

** La Reforma Laboral por R. D. L. de la Ministra Díaz hará la creación de empleo difícil por su coste, incompensado o descompensado para la empresa.

** Sin cambio del modelo productivo, que posibilite aumentos de la productividad y competitividad en beneficio de la empresa y del trabajador, la Reforma light impuesta es un bluff (un farol).

** La Reforma Díaz va contra las empresas, ya que, endurece y restringe las condiciones de contratación y de despido, cuando estamos en el mundo de la flexibilidad laboral y de la competitividad.

** El paro será el único sacrificio real ofrecido en el altar de la Reforma Laboral, porque habrá que ver cuántos puestos de trabajo se destruyen y cuantos se crean, que no sean en el sector público.

** La Reforma camufla la dualidad laboral al convertir los empleos temporales de toda la vida en indefinidos, con la fórmula de una figura jurídica desagregada de su realidad, que son los trabajadores fijos continuos y cuya única verdad son los Fondos Europeos.

** Las indemnizaciones por despidos subirán, porque en las mismas se computará toda la antigüedad y no sólo el período real trabajado.

** Una de las cosas positivas de la reforma reside en los contratos de formación, un medio para que las empresas y los trabajadores mejoren a sus exigencias la cualificación profesional.

** La inflación olvidada será una losa para la calidad y la precariedad laborales.

** La regresión normativa impuesta en materia de los convenios es uno de los puntos más negativos de la Reforma, pues respetar ciertos acuerdos sectoriales, como pueden ser la ultraactividad y los salarios, en muchos casos será una merma de la productividad y de la   competitividad, dañándose, sin duda, la recuperación.

** En el mayestático Preámbulo del R. D. L. se evidencian faltas de referencias a las reformas para generar empleo y hacer más competitivas a las empresas.

Es un hecho indiscutible, que, si las empresas no mejoran su productividad y ganan más dinero, no van a poder pagar mejor a sus empleados.

Por otro lado, es evidente, que la recuperación va muy lenta, y si los incentivos que tienen las empresas son: *una subida de las cotizaciones (para sufragar las pensiones), *la llegada de impuestos verdes o medioambientales y *una inflación descontrolada; la cosa pinta mal.

**Ha sido una negociación empresarial poco equitativa y desigual, con los de la CEOE a la defensiva y rendidos al empezar, posición que aún podrá empeorar en el Congreso con la negociación con unos socios imposibles, pero, advertidos todos, que el consenso empresarial ya está dado y sin vuelta atrás.

Hechas estas aclaraciones, la Reforma Díaz, heredera de la anterior Ministra Bañez del Sr. Presidente Rajoy, es una ocasión perdida, ya que, los males de raíz del sistema permanecen e incluso en ciertos casos se acrecientan, de manera, que cuando existía una posibilidad de modernizar nuestro modelo productivo, llenándolo de flexibilidad, de mejoras de la productividad y de la competitividad, se ha optado por dar un salto al vacío de la nada, para que todo quede igual, aunque, dañando aún más el sistema, lo que impedirá reducir el paro y mejorar de verdad las condiciones de trabajo de los productores españoles, en aras, además, de una política excluyente y autoritaria, a base de sanciones e imposiciones normativas contrarias a la lógica y la razón.

Es algo patente, que las consecuencias de la Reforma light “consensuada” serán muy negativas para nuestro mercado laboral en todos los sentidos, así:

* El paro aumentará, pero lo peor será, que el daño estructural de ese desempleo se consolidará, volviéndose difícilmente reversible.

* El modelo productivo quedará inmóvil, haciéndose una crisálida impenetrable, que impedirá su modernización y su adaptación a los nuevos modelos digitales, permaneciendo en el pozo de un sector servicios empobrecido, que nuca manejaremos ni dependerá de nosotros mismos, mientras quedamos obligados a comprar la mayoría de los bienes industriales y toda la tecnología necesaria para su mantenimiento, que tampoco nunca dependerá de nosotros.

* Las empresas mantendrán una productividad baja, que les impedirá ser competitivas y mejorar las condiciones de todo tipo de sus trabajadores, no solo los salarios.

* La mejora permanente de la cualificación de los trabajadores será una fantasía, quedado inmersos en su bucle perverso de baja rentabilidad, bajos salarios y bajas condiciones de trabajo aceptables.

* Los poderes públicos seguirán utilizando las debilidades del sistema sin rubor, mientras sancionan a empresas y trabajadores que pisan la raya del sistema establecido.

Por ejemplo y para todos: ¿quién no conoce trabajos de médicos en la sanidad pública contratados por dos horas los sábados y festivos, así como, guardias contratadas por las noches y cosas parecidas de abusos públicos?

En resumen, la reforma de la Ministra Bañez y la Reforma de la Ministra Díaz son la cara y la cruz de una misma moneda, porque, simplemente, son más de lo mismo, cuándo, además, el cambio del modelo del mercado laboral es posible y realizable, permitiendo a la vez, que las condiciones de trabajo de los españoles sean mejores y sin que sea necesario limitar los derechos y libertades consagrado/as en la Constitución.

N.B. La Reforma Laboral aprobada por R. D. L. no es la que España estaba necesitando, de manera, que, ahora mismo, domina la inseguridad jurídica y la desconfianza en las relaciones de trabajo, ya que, la nueva Reforma consensuada, con imposiciones, es una continuación del despropósito de la Reforma Bañez, tan injustamente agasajada, pues seguimos con el mismo modelo productivo, que consagra el paro estructural y unas condiciones de trabajo injustas, cuando otro modelo más equitativo y justo es posible y realizable, además, sin limitar derechos y libertades constitucionales.

Se ha perdido una ocasión de oro, que será difícil de recuperar.

Córdoba, a 1 de enero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Valor de referencia de los bienes inmuebles (se determinará con el límite del valor de mercado)

El jueves 14 de octubre de 2021 en el BOE (Nº. 246. Sec. I. Pág. 124987) se ha publicado la Orden –HFP/1104/2021, de 7 de octubre-, por la que se aprueba el factor de minoración aplicable para la determinación de los valores de referencia de los inmuebles:

<<Artículo 1. Factor de minoración para inmuebles urbanos.

Con el fin de que el valor de referencia de los bienes inmuebles urbanos no supere el valor de mercado, en su determinación será de aplicación el factor de minoración (FM) 0,9.>>

** La Norma citada significa, que el Catastro comenzará a valorar los inmuebles respecto al -valor de mercado-, que se hará con el valor de referencia de los bienes inmuebles.

Según dice la Orden (HFP/1104/2021, de 7 de octubre) en su inicio de presentación, el valor de referencia de los inmuebles se determinará, anualmente, por aplicación de módulos de valor medio, basados en los precios de todas las compraventas de inmuebles efectivamente realizadas ante fedatario y obtenidos en el marco de informes anuales del mercado inmobiliario, en función de las características catastrales de cada inmueble.

** El -valor real- que refleja la escritura pública queda como un engaño público, ya que, el -valor de mercado- pasará a ser el precio más probable por el cual podría trasmitirse el inmueble a efectos impositivos, según las operaciones que recoge el Gobierno: A ese valor se le aplicará el nuevo coeficiente de minoración del 0,9%, que no podrá superar el valor de mercado.

** Lo anterior implica que Hacienda prende la mecha de la subida de los impuestos a los bienes inmuebles, usando, a mayor inri, un sortilegio trastero y trasero, que significa, que la mayoría de inmuebles valdrán más y que su fiscalidad aumentará; es decir, suben todas las imposiciones sobre los inmuebles, sean estatales, autonómicas, provinciales o municipales.

Se dice oficialmente, que los valores catastrales vigentes no se verán afectados, por lo que esta nueva norma no tendrá ningún efecto en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cosa que podría ser, pero la única verdad palpable es que los inmuebles valdrán más, razón por la que la subida fiscal de todos los impuestos, tasas y derivados será importante.

Por otro lado, en España gran parte del ahorro de las clases medias se ha refugiado en la compra de viviendas de primer o segundo uso, razón por la que ya sabemos, quienes serán los verdaderos paganos de esta subida encubierta de impuestos varios (IRPF, sucesiones, patrimonio, plusvalías y todos sus derivados, que son muchos y variados).

La Constitución en el artículo 31 dice: Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio; y, que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

Da la impresión, que el camino constitucional está siendo orillado con sacrificio de una clase media y exprimida por un gasto público, que nunca le llega a ella.

Los pleitos derivados de esta norma fijando el valor de los inmuebles serán muchos, aunque, lo que sí está claro, es que todas las administraciones sin exclusión aportaran para sostener un sistema injusto de valoración una legión de abogados y funcionarios, que lucharan con todas sus fuerzas públicas contra los ciudadanos insolidarios, que intenten defenderse del abuso de un valor inventado, y, además, que nadie lo dude los jueces y tribunales les impondrán las costas de los procedimientos si de desestima su reclamación; aunque sea un hecho cierto, que esos funcionarios se mantienen con los impuestos de los españoles, que solo pretenden defender sus derechos y libertades, de manera, que, además, de los gastos derivados de abogados peritos, etc., deberán afrontar el coste de los juicios.

Aquí, sin duda, algo no funciona con justicia ni equidad, que son las bases de un Estado Social y Democrático de Derecho.

N.B.  El llamado valor de referencia de los bienes inmuebles se determinará con el límite del valor de mercado, que será una ficción matemática al alza, de forma, que el valor real de la trasmisión será un acuerdo entre partes devastado y denostado por la valoración de Hacienda, es decir, más impuestos de todas clases para los inmuebles.

Los contribuyentes exprimidos por una valoración impositiva excesiva e irreal serán muchos, que, seguramente, creían que ahorraban con su esfuerzo de casi una vida, pero está claro, que la verdad es otra.

Córdoba, a 17 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

S. S. – Pensiones – Sector Público y Sector Privado – Sociedad Civil – Fondos Europeos (impuestos -desigualdad – rotura – reparto)

Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles, pues todo se reduce a más: -presión impositiva-, -desigualdad-, -rotura- y -reparto desigual-, además, se llevan a cabo las distorsiones sobre los derechos y libertades de los españoles, a base de falta de -transparencia-, de -información veraz- y de -vulneración de la Ley-.

Simplemente, se trata de correr un tupido y vidrioso velo sobre la verdad, aplicando políticas de ideologías excluyentes de forma unilateral, de manera, que se *disfrazan los problemas dilatándolos en el tiempo, *desequilibrando la igualdad entre lo publico y lo privado, *colando más imposición fiscal, *rompiendo la sociedad civil y *creando un sistema de reparto de los fondos de recuperación de la U. E. opaco y discriminatorio, dominado por meros criterios políticos arbitrarios y unidireccionales, regido por el mantra progresista:  todo para unos pocos y el resto para la mayoría sumisa y cautiva.

Señalaré esos cuatro asuntos, lo que no implica que haya otros de parecida importancia:

1.- La Seguridad Social y sus pensiones cuya reforma fallida se anuncia, a base de asociar las subidas al IPC, más impuestos y eliminando el factor de sostenibilidad del sistema, trasladando el problema a 20 años.

2.- La desigualdad creciente entre Sector Público y Sector Privado, que alcanza ya niveles preocupantes en todas las ratios, que se pueden analizar.

3.- Despedazamiento continuo de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

4.- Reparto de los Fondos europeos, donde rige la opacidad y la falta de información veraz, ya que, la propia Airef acusa al Gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos, de manera, que ve -muy difícil- poder estimar el impacto que van a tener los fondos en el PIB, porque no se conocen los detalles de lo que planea el Gobierno.

* En relación con el primer punto, según se está filtrando por los canales oficiosos, la reforma se concretaría –en un blindaje de la revalorización de las pensiones-, que quedan ligadas al IPC, –en una supresión del factor de sostenibilidad- que iba ligado a la esperanza de vida, y, –en una subida de impuestos- para lograr un pretendido equilibrio financiero de las cuentas de la S. S.

Si esa es la reforma, sin duda, existe una amenaza cierta sobre la viabilidad futura del sistema de protección pública, que es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.

* En relación con el segundo punto, el muro, que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado, se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos; de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contraria, está en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

Como ejemplo de lo dicho:

@España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente, sin que exista paro en este sector, que se traslada en su integridad al sector privado.

@Así mismo, las retribuciones de los empleados públicos, ya superan en un 20% los salarios de los empleados del sector privado.

* En relación con el tercer punto, es una realidad inquietante la ruptura de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

En España la sociedad civil y sus asociaciones y articulaciones se están deshaciendo, merced a una política extremista de tintes colectivos, que no admite otras realidades que las suyas, dirigiéndose sin pausa, día a día, a asfixiar todo aquello que no controlan o se representa como algo diferente a sus ideas autoritarias.

Desaparecida la sociedad civil, solo quedarán las asociaciones tuteladas desde lo público, con un aumento del gasto innecesario e improductivo, que se cubrirá, en una huida hasta donde se llegue, a base de más impuestos a los españoles, con emisiones de deuda hasta el límite, y, empobrecimiento paulatino del sector privado.

* En relación con el cuarto punto, es otra realidad preocupante, la absoluta falta de transparencia y de información veraz sobre el reparto de los fondos europeos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha acusado al Gobierno (Comisión de Hacienda del Congreso), de falta de transparencia con el Plan de Recuperación en el que se determina (eso dicen), cómo se van a gastar los 72.000 millones de euros en transferencias de los fondos europeos; de ahí, que la Airef vea –muy difícil– poder estimar el impacto que los fondos van a tener en la recuperación económica, ya que, aprecia –incertidumbre– respecto al Plan de Recuperación, al faltar en el mismo los objetivos fiscales, cuyo conocimiento sería necesario e imprescindible.

N.B.  Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles: *S. S. – Pensiones – *Sector Público y Sector Privado – *Sociedad Civil -, y, *Fondos Europeos, pues, solo se ven realmente dificultades futuras para el sistema de S. S., más impuestos, más desigualdad, rotura progresiva de la sociedad civil y un reparto opaco y arbitrario de los fondos de recuperación.

Sin igualdad y sin seguridad jurídica la confianza de los ciudadanos desparece, y, sin duda, son los pilares de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos. La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Cualquier actuación arbitraria de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad y nuestras libertades, socaba el estado de derecho constitucional, destruyendo el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 1 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Apretarse el cinturón – gasto público y más (subidas de impuestos – cambio de criterio y desinformación veraz)

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho ante la prensa, “que nunca más diremos que hay que ajustarse el cinturón“, prometiendo más gasto en prestaciones por desempleo y una reforma laboral, que va a -provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo español-.

“Apretarse el cinturón” es una expresión, usada en tiempos de crisis, pero devaluada, a veces, por los que la usan en la banalidad, que significa, hacer el esfuerzo de reducir gastos superfluos con el fin de ahorrar por necesidades económicas.

La verdad es que cualquiera estará de acuerdo con la Sñrª. Yolanda Díaz, por supuesto el que escribe también, ya que, la clase media y baja en España está en la ruina, de forma, que pedirle más sacrificios y ajustes suena a despropósito, aunque todos sabemos que el cinturón se aprieta por muchos agujeros.

Digo esto, porque ya es público, que el Gobierno de España ha enviado a Europa su Plan de Reformas (oficialmente llamado Plan de Reconstrucción, Resiliencia y Transformación, del que la Airef dice: -que España es la única potencia de la UE que no concreta medida alguna-) prometiendo a la U. E. una subida impositiva global de casi 79.000 millones, que casi todos los expertos llaman “sablazo fiscal”, “impuestazo” o términos parecidos, y, que todos admiten, que recaerá sobre las clases medias y bajas sin remedio, de manera, que se quiera ver cómo se vea o se llame como se llame, es una forma de “apretarse el cinturón”, sumando muchos agujeros del mismo hasta la estrangulación fiscal de los españoles; salvo que, cobrar por usar las autovías, subir el Iva y el Irpf, aprobar las tasas Google y Tobin, subir los impuestos de sucesiones y patrimonio, etc., etc. solo sean en realidad un regalo a los ciudadanos.

Está muy claro, que hay muchas maneras de ver las cosas, pero, que se mire como se mire, es lo cierto, que el cinturón a los españoles cada día que pasa les aprieta más, ya que, “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, como dijo Antonio Machado, que significa, -que la verdad no depende de quien la diga-.

La Ministra de Hacienda, Dñª. María Jesús Montero dijo el pasado año: Se lo voy a decir con mucha claridad: Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora.

El Plan de Reformas enviado a Bruselas (que el Gobierno ha presentado varias veces sin cuantificar), conlleva una subida histórica de los impuestos a las clases medias y trabajadoras para contrarrestar el desastre de sus cuentas, prometiendo mayor recaudación.

El Gobierno Central del Presidente Sánchez podría haber optado por otra solución para cuadrar las cuentas del Estado, que sería eliminar y reducir un gasto público disparatado, que tenemos y soportamos. Se trataría, como han hecho otros países, de eliminar el gasto innecesario e improductivo y administrarse con arreglo a las normas de ortodoxia más elementales; dicho de otra forma, se trataría simplemente de administrarse bien, como se dice tradicionalmente, como un buen padre de familia.

Sin embargo, se ha optado por todo lo contrario, más gasto público sin control alguno, y, alza fiscal indiscriminada para paliar unas cuentas públicas insostenibles.

El Gobierno ha aprobado unos PGE para 2021 con una cifra de gasto desmesurada (excesiva), alcanzando 456.073 millones; de forma, que si el gasto público se redujera solo un 15% tendríamos 68.410,9 millones de euros más, lo que supone una cantidad parecida, a lo que el Gobierno de España ha prometido a Bruselas recaudar de más por impuestos.

Ahora, además, hay un cambio de criterio del Gobierno de España, que justifica su incremento impositivo, afirmando que Europa nos impone una subida de impuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se desdice y afirma con desparpajo:

<< Que los países europeos no querían endeudarse para dar a España 140.000 millones, si aquí no se subían los ingresos fiscales.

No podemos ir a Europa a exigir que pongan 140.000 millones de euros para España sin acometer las reformas que nos piden para ir aproximándonos a la UE en términos de presión fiscal y recaudación.

La ministra justifica su cambio de postura fiscal afirmando, que España <está muy por debajo de la media en la recaudación fiscal en Europa>, suponiendo una brecha de 7,2 del PIB, lo que implica unos 80.000 millones de euros >>.

Es decir, se promete a Europa aumentar la recaudación a base de impuestos; aunque hay que señalar un -pero- a tener muy en cuenta, ya que, el Gobierno pretende alcanzar la cifra de ingresos de 275.2 millones de euros en este año 2021, pero, por las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, parece complicado llegar a esos ingresos que quiere Hacienda.

El trallazo fiscal a los españoles va a ser tremendo, y, el argumento del Gobierno acerca de que sus subidas de impuestos sólo afectan a una minoría, no se lo cree nadie, ya que, serán las clases medias y bajas las que soportarán el impuestazo.

En román paladino, –apretando el cinturón hasta sus últimos agujeros-. La Sñrª. Montero lo ha dicho de forma clara y concisa, sin adornos ni complicaciones.

Cuando se quiere iniciar la senda de la recuperación, subir impuestos indiscriminadamente es casi suicida, de forma, que se imponen por el Gobierno de España aumentos impositivos desacertados en el momento más contraindicado, máxime, cuando todos los países del entorno van en otra dirección, basándose en una falacia europea, ya que, lo que la U. E. pide, es reducir el déficit y la deuda, cuadrando unas cuentas por ahora inverosímiles.

La promesa a Europa debería ir en la dirección contraria a la marcada por la Ministra de Hacienda y el Gobierno de España, cuadrando las cuentas por medio de la reducción del gasto público, eliminando los gastos innecesarios e improductivos, y, realizando una administración rigurosa, que es la única opción aceptable en estos momentos de ruina, sin olvidar las reformas estructurales profundas, que permitan regenerar nuestro tejido productivo y llevar nuestro mercado laboral a la senda de su reconversión creando empleo.

Si no se hace así, con seguridad el apretón del cinturón nos ahogará a todos, ya que, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Para terminar, lo peor de todos estos cambios de criterio y de la exprimidora fiscal enarbolada por el Gobierno, son las homilías, las peroratas, las soflamas o como quieran Uds. llamarlas de las ministras y ministros, que nos atizan sin mesura ni piedad sobre más aumentos de impuestos, de reajustes en los tipos de IVA, de eliminación de exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales, que, sin duda, acabará con un castañazo fiscal injustificable e inasumible por los españoles, cuando la situación de ruina nos tiene a todos sumidos en la desesperanza, agravado todo, si es posible empeorar, con una falta absoluta de inseguridad jurídica que destruye la poca confianza que les queda a los ciudadanos de la calle.

N.B.  Apretarse el cinturón unos cuantos agujeros hasta el límite, con más gasto público y más subidas de impuestos en estos momentos de crisis, es un disparate propio de un Gobierno, que vive en un mundo paralelo alejado de la realidad.

A destacar:

* La Ministra de Hacienda, Sñrª. Montero, da marcha atrás y abre la puerta a retrasar las alzas fiscales, si el PIB no recupera su nivel precrisis

* La Vicepresidenta 3ª. y Ministra de Trabajo, Sñrª.  Díaz, promete que -nunca más oiremos decir a un gobierno que toca ajustarse el cinturón-.

Como siempre, queda todo muy claro: “No, pero si, que sí que no, que será sí”.

Esto es, lo que se llama derecho a una información veraz, que consagra el art. 20 de la C. E.

Córdoba, a 12 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.