He venido escribiendo sobre el problema de la inseguridad jurídica en España, pero ha llegado un momento en que el “arancel” que supone, es algo inasumible, porque, junto a la inercia institucional y a la fragmentación regulatoria estamos instalados en un desastre permanente, que impide hacer nada, pues estamos presos en arenas movedizas.
Todos sabemos que un contrato es solo papel si no hay un sistema que lo respalde y voluntad de los firmantes en su cumplimiento, sin embargo, en la España de 2026 nos enfrentamos a un hecho que puede percibirse a simple vista silencioso y devastador, pues la “Inseguridad Jurídica” se ha convertido en una patología sistémica. No es solo que haya muchas leyes o normas, que las hay, en todos los niveles del Estado, sino que es, que el <-sistema operativo-> de nuestro Estado Autonómico está consumiendo toda su memoria RAM (memoria principal y temporal) en procesos burocráticos inútiles.
1.- El Laberinto de las 17 velocidades.
Es un hecho patente que España no funciona como un mercado único, sino como 17 ecosistemas estancos, de forma, que esta fragmentación crea una barrera de entrada invisible, y, por ejemplo, muchas grandes empresas que querrían invertir nacionales y /o extrajeras y, así como, PYMES prefieren no invertir o crecer antes que enfrentarse al coste de cumplir 17 normativas distintas, lo que conlleva a que si una empresa se paraliza y no escala ni innova, los salarios se estancan entrando en un círculo vicioso del que les es imposible salir. Dicho de otra forma, es una espiral perversa que nace en el BOE y Boletines Autonómicos, terminando en el bolsillo de los ciudadanos desorientados y aterrados ante la incertidumbre que lo inunda todo.
2.- Bulimia legislativa y el abuso del Real Decreto-ley.
Se ha normalizado en todos los niveles del poder público (Estado, CC.AA., y, Corporaciones Locales) el uso de la “urgencia” para gobernar a golpe de titular, de manera, que se dictan decretos, normas, ordenanzas, etc. de toda clase y color, que está provocando una hiperproducción normativa de baja calidad, que genera un “derecho líquido”, dónde las reglas cambian antes de que la justicia con su doctrina y jurisprudencia pueda siquiera interpretarlas y, para la empresa y para cualquier un inversor esto es demasiado veneno, pues nadie expone su capital donde el árbitro puede cambiar las reglas a mitad del partido, y, además, no se priva de hacerlo.
Este fenómeno bulímico se da cuando los gobiernos (a cualquier nivel) aprueban un volumen excesivo de leyes y normativas en un corto período de tiempo, especialmente al final de una legislatura, lo que genera confusión, falta de calidad jurídica y dificultades para su implementación.
3.- Propuestas para una reingeniería del Estado.
El arreglo de esta situación desgraciada pasa por ir de la queja a la solución, y, proponemos con criterio abierto tres medidas disruptivas, que van más allá de la cosmética política y que se pueden ampliar en muchas más, así:
<-Cláusulas de caducidad, de manera, que toda ley o norma que afecte a la economía debería caducar automáticamente a los 5 años si no demuestra, con datos en la mano, que ha cumplido sus objetivos de eficiencia, lo que llevaría a legislar con calidad, no con cantidad.
<-Instalar una IA predictiva judicial, que de ninguna manera, trataría de sustituir al juez, sino de implementar sistemas que alerten sobre la unificación de doctrina, de manera, que si un algoritmo detecta un 90% de probabilidad en un fallo basándose en el Supremo, incentivamos el acuerdo extrajudicial y desbloqueamos el colapso de los juzgados.
<- Entornos de pruebas controlados para blindar proyectos de innovación con un marco jurídico estable por 10 años, protegiéndolos de la volatilidad legislativa a cambio de inversión y empleo real.
4.- El verdadero freno (El Coste Político).
La reforma no se hace porque la seguridad jurídica no da votos a corto plazo, porque quitarle, por ejemplo, el Real Decreto-ley al político de turno es quitarle su principal herramienta de marketing y, que, además, tiene efectos inmediatos, con la diferencia que el beneficio de unas reformas serias para lograr seguridad jurídica se vería en una década, y, en cambio, su coste político (la pérdida de poder discrecional) es inmediato.
5.- El Caso Julio Iglesias como paradigma.
Don Javier Gómez de Liaño ha publicado en el diario Libertad Digital con fecha 25/1/2026 – 21:04, un artículo sobre este tema con el título de “Una investigación inconsistente e incoherente”, donde se pregunta:
¿Hasta cuándo los temores de parcialidad del Ministerio Fiscal? ¿Hasta dónde llegará el desenfrenado galope del descrédito?
(Nota. Recomiendo su lectura como una obligación y se verá hasta dónde puede llegar la inseguridad jurídica en España).
<<Conclusión>>
La inseguridad jurídica ha dejado de ser una molestia procedimental para ser un freno al talento, porque es indudable, de que en un mercado global, el capital no huye solo de los impuestos altos, huye del ruido y la incertidumbre.
España necesita recuperar la -certeza- como valor de Estado, frente a la incertidumbre establecida, porque ya no es una opción ética, sino que es una necesidad de supervivencia social, personal y económica.
N. B. La Inseguridad Jurídica el Problema en el que estamos instalados y que exige luchar contra él, pues estar callados, silentes y cautivos es ser cómplice de la destrucción de nuestros derechos y libertades constitucionales.
Córdoba, 27 de enero de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.