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Estado de alarma – – C. E. E. (doble vara de medir – respeto a la Ley)

El T. C. ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma, como siempre tarde, aunque sin la menor duda es una buena noticia para “el respeto a la ley”, pues la Constitución (art. 10.1. C. E. – Derechos de la persona-) dice, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Sin embargo, han sido muchas las voces que han defendido que el respeto a la Ley no es lo esencial, sino el contenido político de su ideología optando por la seguridad sin libertad, razonando que la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, debería haberse adoptado con base a un fin político, admitiendo como deseable y aceptable el principio: –De que el fin justifica los medios-.

Si admitimos ese proceder político ideológico, simplemente, nos hemos cargado la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho que consagra.

Que conste, que ese desafuero legal lo sostienen enjundiosos juristas, ministras, y, voceros varios del poder, así:

* La Ministra de Defensa Sñrª. Robles ha dicho, que la sentencia contiene –elucubraciones doctrinales sin sentido de estado-.

*   El Sr. Cándido Conde-Pumpido, miembro del T. C., en su voto particular publicitado a los cuatro vientos, ha hecho uso de su ideología política, diciendo “que no se ha producido ninguna suspensión de derechos”, “que la sentencia no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político”, y, -otras muchas cosas más-, denigrando la sentencia y a sus propios compañeros que la han apoyado y aprobado por mayoría.

La formulación es demoledora: “Hay que hacer legal lo que nos conviene”.

La elección del estado de alarma consciente y premeditada es la prueba del nueve.

Esta muy claro, que eso es lo que hay, aunque la sentencia dictada por mayoría, dice lo que dice, de forma, que es una resolución válida según la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí solo decir, que, si no lo quieres para ti, tampoco lo quieras para los demás, ya que, la doble vara de medir implica hipocresía y falsa moral en función de intereses políticos espurios llenos de ideología excluyente, siendo, además, más reprobable cuando esa doble vara se aplica insidiosamente en un entorno institucional.

Queda trasparente lo que hay, pero, también, es evidente, que no engañan a nadie, de manera, que van a lo que van sin disimulos ni caretas, concretamente, van a imponer si o si su ideología autoritaria y excluyente, razón por la que no queda otra que defender el estado de derecho y nuestras libertades, pues ni uno ni otras se defienden solas.

Siguiendo el hilo, hay que poner sobre la mesa, también, que la Conferencia Episcopal Española (C. E. E.) apoyó los indultos del Gobierno a los condenados del -Proces- contra el criterio del T. S., y, curiosamente, ahora el Obispado de Córdoba presenta  alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio del Gobierno, que considera -propia de países dictatoriales-, diciendo el Sr. Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que considera, que la norma que prepara el Gobierno -no tiene en cuenta la libertad religiosa-, y, que -se trata de una ley invasiva-, con la mentalidad del Estado soy yo, y, legislo sobre todo lo humano y lo divino.

Es lo malo de estar en misa y repicando, de la doble vara de medir, que impide, se quiera reconocer o no, que no se puede estar en dos sitios a la vez,  de manera, que los Obispos con su Presidente Mons. Omella y Omella deben aclarar a los españoles, si están con la Ley o escorados hacia una aplicación excluyente y unilateral de la misma, según convenga en cada momento a sus intereses.

La verdad es, que en los dos sitios a vez no se puede estar, la diga Agamenón o su porquero.

La C. E. de 1978 dice (art. 9), que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Ocurre, que, en España están en desuso el respeto a la ley y el principio de legalidad, además, unos pocos demasiados políticos y sus corifeos quieren demoler la Constitución.

El cumplimiento por todos (poderes públicos y ciudadanos) del “respeto a la ley” es una necesidad y/o finalidad permanente e inderogable.

N.B.  La inconstitucionalidad del estado de alarma y la postura de la C. E. E. son ejemplos de falta de respeto a la Ley, porque, se quiera admitir o no, la legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar una doble vara de medir, porque -el fin nunca justifica los medios-, y, siempre es preferible la libertad que la seguridad que la sacrifica.

Si el poder político y los representantes de la sociedad civil se separan de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad con el pretexto de una pretendida seguridad sin libertad, la democracia deriva hacia un régimen autoritario, despareciendo los principios que sostienen el Estado de Derecho, y, con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 18 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una cuestión de libertad (economía – recuperación – prohibir)

Se habla en todos sitios sobre las mascarillas obligatorias al aire libre, de manera, que los expertos gubernamentales como el Sr. Simón nos informan, como siempre, llevándonos a la incertidumbre más absoluta, diciendo –sí pero no, aunque acaso si para después-.

Es un hecho constatado, que nada satisface más a los políticos liberticidas que prohibir, de forma, que les da igual, siempre encuentran una posibilidad de secuestrar la libertad.

Parece, que “el prohibir” tiene algo que ver con el respeto de las naciones a los derechos y libertades fundamentales, ya que,  en Europa la mascarilla en países como Alemania, Noruega, Finlandia o Suecia nunca ha sido obligatoria en el exterior (Bélgica también ha eliminado el uso obligatorio), en cambio, Portugal, Italia, Grecia y España son de las únicas naciones europeas que exigen mascarilla al aire libre, que debe ser por -nuestra seguridad- y, porque una parte decisiva de nuestro PIB depende del sector servicios, de manera, que hay que aprovecharse para prohibir.

En España se publicó en el BOE la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya en vigor, que dispone en su artículo 6. el uso obligatorio de mascarillas, así dice:

 << Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a). En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.>>

El desafuero legal se implementó por una enmienda del PSOE en el Senado, que fue aceptada por todos los senadores, pues, es lo cierto, que ninguno puso objeción a la exorbitante prohibición. El Senado está compuesto por 265 miembros, de los que 208 son electos y 57 designados por los Parlamentos autonómicos, pues bien, ninguno se opuso ni manifestó nada en contra, razón por la que debemos admitir, que todos estaban de acuerdo con el desafuero contenido en la Ley, así que, todos con mascarillas, y, sin que nadie haya explicado nada, tal y como viene siendo la forma autoritaria de gobernarnos a los españoles silentes y cautivos.

Lo único cierto, es que la Ley está en vigor y obliga a todos a su cumplimiento, aunque resulte un disparate prohibitivo.

Hay un dicho popular, que, a la Ley impagable precitada le -viene que ni pintado-, que dice: lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

La frase es una manifestación del llamado principio de contradicción, que se podría formular, más o menos, así: es claro, que la misma cosa no dispondrá a la vez para hacer cosas contrarias en lo mismo y en relación al mismo objetivo. ​

Por otro lado, una ley que no es aceptada por el pueblo es de imposible cumplimiento, de forma, que se pide una información veraz en el asunto de las mascarillas, porque reina la incertidumbre más opaca, quizás, porque lo que se quiere,  es que no se cumpla su propia ley, pero con la estaca preparada para golpear en la protesta. A esto se le llama -seguridad jurídica-.

Es evidente, que ha quedado olvidado el eslogan pacifista de <<prohibido prohibir>>, que en estos tiempos de inseguridad jurídica y de falta de respeto a la ley por los poderes públicos, se formula a la inversa: <<prohibido no prohibir>>, aunque ahora, todo queda, además, en un silencio humillante para el pueblo soberano.

El secreto de las mascarillas obligatorias o -no- es una cuestión de libertad, que afecta a la economía, a la recuperación resiliente y a nuestros derechos y libertades constitucionales.

N. B.   El asunto de las mascarillas por ley siempre o -no-, con olvido del principio de contradicción expuesto y del prohibido prohibir, demuestra, que el dicho popular de que, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, es una realidad incuestionable, del que los poderes públicos podrían tomar nota, mientras tanto, la recuperación económica y social -en espera- para salir de la ruina, porque la obligación legal de los españoles mayores de seis años de llevar mascarillas no es importante, al ser solo -una cuestión de libertad-.

Lo más alarmante de todo es la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la falta de respeto a la ley por los poderes públicos y la pérdida de libertades, que se han enquistado en España.

Córdoba, a 17 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Constitución – derechos y libertades fundamentales (de expresión – de información veraz)

En España y ahora convine recordar, que hace más de 40 años una gran mayoría de españoles votamos y aprobamos la Carta Magna de 1978, renunciando todos a algunas de nuestras ideas, olvidando los agravios y llegando a un acuerdo histórico, que trascendió nuestras fronteras y se convirtió en un ejemplo mundial de concordia y libertad.

Ocurre en estos tiempos de incertidumbre, que unos pocos demasiados han decido demoler esa Constitución, quizás, porque los derechos y libertades que consagra son una ofensa para sus ideas excluyentes, que no admiten otra cosa que su despotismo distintivo y único como la verdad original.

Así mismo, es un hecho aceptado por todos, que la Constitución de 1978 ha conseguido para todos los españoles el período más largo de paz y prosperidad, que ha conocido España, gracias a un grupo llamado los padres de la misma y un pueblo soberano que la hizo suya, aprobándola en masa.

Esos derechos y libertades recogidos en la Constitución, que son el mallazo de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, están en serio peligro, ya que, -por el Gobierno se ataca la división de poderes-, -se controlan o eliminan nuestras libertades ilegítimamente con estados de alarma sobrepasados en su duración y contenido-, -se vulneran a las bravas derechos fundamentales, como la inviolabilidad del domicilio con patadas policiales a las puertas-, -crece la desigualdad y se reduce la libertad de los españoles-, -se destruye la unidad constitucional de la Nación-, -el sector público crece sin cansancio comiéndose al sector privado cercado por la ruina-, y, en definitiva, la situación en España es muy complicada y nociva, de forma, que si no defendemos nuestras libertades las perderemos, al ser algo indiscutible, que la libertad no se defiende sola.

Aquí, solo citar, como ejemplo de lo que está en juego en este tablero perverso,  la C. E. que en su artículo 20 dice lo siguiente:

<< 1.  Se reconocen y protegen los derechos:

a). A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b). A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c). A la libertad de cátedra.

d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.

3. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución judicial. >>

Se cita la Constitución, porque la Guardia Civil controló actos de desafección al Gobierno de todos los españoles -durante varios meses en el primer estado de alarma-, llevando a cabo vigilancia y monitorización de las redes y páginas web a esos efectos con carácter general, realizando más de 50 informes al efecto, asunto que ha sido inspeccionado por la Agencia Española de Protección de Datos, así:

1.- Lo reconoció en rueda de prensa públicamente el general José Manuel Santiago, jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, durante el primer estado de alarma.

2.- El Estado Mayor de la Guardia Civil envió una orden a todas las zonas y comandancias, para identificar bulos y mensajes que pudieran generar estrés social y desafección a instituciones del Gobierno.

3-   El Ministerio del Interior así lo ha reconocido, justificando las actuaciones de vigilancia en la Estrategia de Seguridad Nacional.

4.- La Agencia Española de Protección de Datos inició un procedimiento por ese motivo, acordando finalmente por una resolución el archivo de esas actuaciones.

Siendo ingenuo, pienso por el bien de nuestras libertades, que cuando la AEPD ha procedido al archivo de la causa, debe ser, porque esas actuaciones de la guardia civil y de otros cuerpos de seguridad implicados en el asunto, nunca han afectado a datos personales protegidos, pero, incluso agradeciendo la actuación inspectora de la AEPD, el tema produce gran inquietud a cualquier persona preocupada por sus derechos y libertades constitucionales.

El simple hecho de que esas investigaciones se hayan producido, con estado de alarma o sin él, puede constituir, se quiera reconocer o no, una vulneración ilegítima de los derechos fundamentales de los españoles, que, además, resulta agravada, por la absoluta falta de información veraz completa e inmediata sobre un asunto tan importante para los ciudadanos.

La resolución de archivo de la AEPD debería hacerse pública por la propia Agencia y por el Gobierno para tranquilidad de todos los españoles, dejando claro, además, que esos controles masivos a los ciudadanos, salvo casos de autorización del poder judicial, se han terminado y no volverán a repetirse.

Una democracia plena, regida por un Estado Social y Democrático de Derecho constitucional, como la española, -bajo ninguna circunstancia que no esté prevista en la Constitución-, puede admitir vulneraciones de derechos constitucionales por nadie, incluido, con mayor motivo, el Gobierno principal garante de los mismos.

La libertad de expresión y todas sus consecuencias constitucionales son algo irrenunciable para todos los españoles, de forma, que sobra cualquier comentario más.

N.B.  La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Contra los abusos y las actuaciones contra ley de los poderes públicos, solo cabe exigir por todos los medios posibles e imaginables el máximo respeto a la Constitución, dejando claro, que ninguna actuación de los mismos, que afecte a derechos fundamentales, debe existir sin autorización judicial.

Cualquier actuación de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad, vulnerando la Constitución y nuestras libertades, es ilegal con efectos de nulidad de pleno derecho, pues el respeto a la ley por todos es el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 15 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Legítima defensa II – democracia y respeto a la Constitución (resoluciones injustas – derechos y libertades)

Con carácter previo, recomiendo leer un artículo titulado “La dictadura de la Agencia Tributaria” de Jesús Cacho (publicado 06/06/2021 04:45 en el diario digital Vozpópuli), del que reproduzco entrecomillados varios párrafos, por su enorme trascendencia en defensa de la democracia constitucional:

<<Aunque es notable la nómina de funcionarios de la AEAT que deben ser calificados como perfectos demócratas, hay una parte que solo concibe su existencia actuando en funciones de inspección, que pasan 20 o 30 años de su vida haciendo lo mismo y que terminan con la mente deformada, de modo y manera que el contribuyente que tiene la desgracia de caer en sus manos puede tener la seguridad de ser considerado como un defraudador y tratado como tal. No hay derechos y libertades que valgan”.

“Nadie se atreve a denunciar la indefensión en que se encuentran los inspeccionados por miedo a represalias”. “Nadie, a revelar la sistemática conculcación de derechos fundamentales reconocidos por la Constitución”. “El resultado es que la Agencia Tributaria causa miedo, terror, acojono”.

“Las cosas no han hecho sino empeorar, porque nada puede mejorar en una democracia cuya proverbial pobre calidad viene siendo conculcada en los últimos tiempos por todo tipo de atropellos, muchos de ellos tolerados, si no inducidos, desde la propia esfera del poder político”.

“Urge democratizar la Agencia Tributaria, acabar con la tiranía” …   …   

“Urge emprender una reforma como la que en su día llevó a cabo el presidente Reagan en Estados Unidos con un Internal Revenue Service (IRS) en profunda crisis, víctima de los mismos abusos que hoy se denuncian en la AEAT, para convertirlo en una institución encargada del cumplimiento de las leyes tributarias y de la recaudación fiscal perfectamente democrática, es decir, respetuosa con los derechos y libertades del ciudadano contribuyente”. >>  

*** Lo dicho por Jesús Cacho en su artículo precitado, nos introduce de lleno en la legítima defensa, que –se basa en el derecho natural que tiene un pueblo o una persona de protegerse para rechazar una agresión ilegítima grave e inminente-.  

La legítima defensa es un derecho y un deber frente a todo autoritarismo e injusticia, y, contra cualquier resolución injusta de los poderes públicos, sean quienes sean sin exclusión alguna.

En las democracias cuando un poder público y sus empleados sobrepasa sus poderes y se adentra en la senda del autoritarismo y de la arbitrariedad, actuando ilegítimamente contra los derechos de los ciudadanos anulando sus libertades fundamentales, la legítima se debe ejercitar por los ciudadanos (el pueblo soberano)de conformidad con la Ley constitucional contra cualquier abuso contra ley, pues esos poderes y/o administraciones nunca actúan de oficio defendiendo al ciudadano agraviado.

Reitero, que la C. E. de 1978 dice en sus arts. 9 y 10, que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico y que el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

En España por la actuación de algunos poderes públicos y algunos pocos de sus empleados, los ciudadanos sienten la falta de libertad, y, que se conculcan sus derechos constitucionales, de manera, que no queda otra que la legítima defensa por el pueblo y sus ciudadanos, como forma de protección frente a las agresiones contra las libertades, precisamente por la inacción de esos poderes públicos y sus autoridades responsables, que frente a la vulneración de derechos constitucionales, adoptan una posición silente e inane, incumpliendo su deber de proteger al particular agraviado.

La reforma democrática de esos poderes públicos y sus empleados, que actúan sin reparo contra ley y contra los ciudadanos, es, sin duda, una urgencia democrática, pues, el particular sometido a decisiones injustas, aunque se defienda “-acongojado y cautivo en su temor-”, solo consigue, si es que llega a ello, una pequeña reparación, mientras esos pocos empleados (que enmierdan con su rencor injusto al resto mayoritario de compañeros) que sacrifican contra ley injustamente al pueblo, que dicen servir, quedan impunes ante una administración -en espera- y -paralizada-, que casi nunca acude en defensa de los derechos de sus ciudadanos, que la mantienen política y económicamente

Por todo lo dicho, es necesaria y urgente una reforma democrática de las actuaciones de los poderes públicos, que evite comportamientos injustos para los ciudadanos de esos pocos empleados y administraciones, que imponen sus resoluciones injustas, además, utilizando amenazas e imponiendo el terror a un pueblo del que nace su poder, ejercitado irresponsablemente y, hasta hoy, con arbitrariedad desde una impunidad casi absoluta.

N.B.  Legítima defensa es justicia en una democracia desviada frente a resoluciones injustas del poder público, que socavan nuestros derechos y libertades fundamentales.

Reitero,que la legítima defensa es necesaria frente a los abusos de poderes públicos que actúan contra la Ley, que es la base de nuestro Estado social y democrático de Derecho, al consagrar la C. E. que es el fundamento del orden político y de la paz social

Es de justicia, que, si un poder público y sus representantes se separan de la ley, admitiendo actuaciones fraudulentas con una apariencia de legalidad, y, contra los principios que sostienen el Estado de Derecho, la legítima defensa es un derecho y un deber de los ciudadanos.

La Instituciones del Estado en una democracia plena deben estar al servicio de los ciudadanos y no al contrario, sin excusa ni pretexto alguno.

Córdoba, a 9 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.