El artículo 103 de nuestra Constitución no es una sugerencia, sino que es un mandato imperativo constitucional, que dice, que la Administración debe servir con objetividad y que el acceso a ella se rige por el mérito y la capacidad. Sin embargo, hoy vemos diariamente una realidad paralela, que se materializa en una “colonización” silenciosa donde la lealtad al partido ha sustituido a la competencia técnica.
1.- El triunfo de la “confianza” sobre la “capacidad”.
En España hemos pasado de una Administración profesional a una de “cargos de confianza política”, de manera, que el abuso de la libre designación y la hipertrofia de asesores (personal eventual) están arrinconando a los funcionarios de carrera.
*El dato: Según la OCDE, España es uno de los países con mayor politización en su alta dirección pública.
*La consecuencia: Las decisiones estratégicas ya no las toman los mejores preparados, sino los más fieles a la sigla de turno.
2. El “fraude de la accidentalidad” en los Ayuntamientos.
Si hay un lugar donde esta invasión política es crítica, es en la Administración Local, porque los secretarias/os e interventoras/es (FHN) son los garantes de la legalidad y el control del dinero público.
Ocurre a la vista de todos, sin embargo, que se está utilizando una “patología sistémica” para sortear su independencia, que es su nombramiento accidental.
<-Plazas vacantes: Se dejan plazas sin convocar a propósito para colocar a personas sin la titulación o la oposición requerida.
<-Interventores “prisioneros”: Un interventor accidental no tiene la inamovilidad del funcionario de carrera, ya que, si se le ocurre poner un reparo incómodo para el Alcalde, será ser cesado a la mañana siguiente, lo que implica que este sistema arbitrario aniquila el control de legalidad y abre la puerta a la corrupción.
3.- La erosión del Estado de Derecho.
Esta sustitución de la tecnocracia por el partidismo no es solo mala gestión, sino que supone un cambio de modelo muy caro para el ciudadano y para nuestro estado de derecho, porque conlleva:
*Inseguridad Jurídica: Directivos sin formación generan actos administrativos deficientes que terminan en los juzgados, colapsando el sistema.
*Desviación de Poder: Se utiliza la facultad de organizar la administración no para mejorar el servicio, sino para “colocar” a afines.
*Controles tardíos: Al eliminar al “perro de guardia” interno (el funcionario independiente), el control solo llega a través de los jueces, años después de que el daño (o el desfalco) se haya producido.
<<Resumen del impacto por niveles>>
Nivel de Poder
Herramienta de Control
Efecto Real
Estado / CC.AA.
Abuso de libre designación.
Políticas basadas en intereses electorales, no generales.
Ayuntamientos
Secretarios/Interventores a “dedo”.
Debilitamiento del control del gasto y riesgo de corrupción.
Diputaciones
Macro-estructuras de asesores.
Fuga de dinero público hacia redes clientelares.
Conclusión. (Un aviso a navegantes).
La defensa del mérito y la capacidad no es una cuestión corporativa de los funcionarios, sino que la única garantía que tiene el ciudadano contra la arbitrariedad del poder.
Como bien advierten organismos internacionales, la “invasión” de los partidos en la esfera pública supone la extinción soterrada del Estado de Derecho. Si la administración deja de ser neutral, deja de ser de todos para ser solo de “ellos”.
N.B. La invasión de los partidos se está produciendo en España, cuando el carné político expulsa al mérito profesional, de forma, que los controles y equilibrios legales desaparecen y surge la arbitrariedad contraria a nuestro Estado de Derecho.
Córdoba, 22 de febrero de 2026.
Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Es un hecho esencial comprender que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión organizacional eficaz de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, de forma, que el proceso de organizar, planificar y controlar los recursos a todos los niveles del Estado persigue alcanzar sus objetivos de manera óptima y eficiente.
Aquí exponemos una reflexión analítica sobre esa “entelequia” del centrismo y la realidad del tablero político en España, porque parece que esa idea de que el centro político existe se sitúa entre un espacio irreal y un espejismo electoral, formando un bucle en movimiento constante y sin salida.
Históricamente, el centro en España ha sido más un refugio de votos indecisos, que un proyecto ideológico sólido de continuidad con proyectos, realidades e ideas concretas de libertades y derechos, porque hasta la fecha desde la UCD hasta Ciudadanos, los proyectos que han intentado ocupar ese espacio imaginario han terminado absorbidos por la polarización o si se quiere ver de otra forma, por proyectos políticos con claridad de ideas realidades de gobierno.
<-La absorción de los bloques es una realidad, porque en el sistema español actual, el “centro” parece haber quedado reducido a un mero terreno de disputa, de forma, que cuando la política se vuelve identitaria o de “bloques”, la tonalidad cambiante e imprecisa se pierde, así que, lo que muchos ciudadanos buscan de verdad, desesperadamente en España es un “proyecto políticamente armado de ideología clara y transparente”, o lo que es lo mismo, “seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad”, frente a la improvisación que a veces se percibe en las propuestas de la izquierda radical”, o ni siquiera se ve realizada, cuando gobierna una derecha vacilante y acomodaticia.
<-La eficacia vs. la utopía: La izquierda radical está produciendo con truenos un sentimiento de fatiga institucional, porque, la diferencia entre garantizar derechos (que requieren una base económica sólida) y prometer deseos (que pueden generar deuda y desigualdad) es la clave del debate sobre la libertad real.
<<El ciudadano – (Resultados vr. promesas)>>
Es España los partidos de listas cerradas y controlados por sus cúpulas de poder están ensimismados en sus propias inquietudes internas, y, para el ciudadano -y especialmente para quienes trabajan día a día respetando la ley-, lo importante no es la retórica política altisonante, sino los resultados tangibles:
1.- Que exista libertad económica, ya que, sin una gestión que genere riqueza, los derechos sociales se convierten en papel mojado. La “pobreza real” que aparece a simple vista en España surge porque el Estado crece a costa de asfixiar la iniciativa privada.
2.- Que exista calidad institucional, ya que, el ciudadano sufre cuando las instituciones se politizan y entran en parálisis. Un proyecto claro de país debería centrarse en despolitizar la justicia y agilizar la administración, algo que a menudo se sacrifica en favor de la agenda ideológica del momento.
3.- Que exista seguridad y respeto a la propiedad, porque son los pilares del bien común, de manera, que si se debilitan por proyectos <-irrealizables->, afectan directamente a la convivencia y al progreso.
<<El camino>>
Si el centrismo es una entelequia, lo que queda es una pugna de modelos políticos de gestión, de forma, que el reto para cualquier opción garante de los derechos y libertades de los ciudadanos que aspire a gobernar no es solo “no ser la izquierda”, sino demostrar que su defensa de las libertades individuales y la propiedad privada se traduce en una mejora directa de la calidad de vida del “pueblo soberano constitucional”.
En España, la sensación de que el político vive en una realidad paralela a la del profesional (como tú, que lidias con la realidad jurídica cada día) es muy real. La verdadera “libertad” no es solo votar cada cuatro años, sino tener un marco legal y económico que te permita desarrollar tu vida sin que el Estado sea un obstáculo constante.
(Nota: La polarización actual ha convertido el “centro” en un campo de batalla vacío, obligando a los ciudadanos a elegir entre modelos de gestión radicalmente opuestos en su concepción de la libertad.)
<<Seguridad jurídica – (La base de las libertades>>
La inseguridad jurídica es, posiblemente, el “impuesto invisible” más caro que paga una sociedad, pero, qué nadie de llame a engaño, ya que, no es solo un concepto teórico, sino que es el barro con el que los profesionales del derecho lidiamos cada día cuando alguien nos pregunta “¿qué va a pasar?”, siendo nuestra respuesta técnica, al día de hoy, más honesta un <-quizás>>, porque dependerá de la interpretación del juez o del decreto-ley que saquen el próximo día.
En estos momentos España se encuentra en una encrucijada, donde la calidad y el ámbito de la norma parece haber sido sacrificadas en el altar de la cantidad y la urgencia política real o impostada.
<<Análisis. – (Las grietas del sistema>>
1.- La hiperregulación, inflación y exigencia legislativa- (Asfixia normativa).
Estamos viviendo lo que muchos juristas definen ya como un escenario de estrés normativo, porque la producción constante de Reales Decretos-Leyes (herramienta que debería ser excepcional) para regular desde el mercado del alquiler hasta la inteligencia artificial, está generando un ecosistema, donde la norma nace ya con fecha de caducidad o con una redacción ambigua.
La consecuencia nefasta de esa regulación desmedida es que las empresas y ciudadanos no pueden planificar, pues si las reglas del juego cambian a mitad del partido (retroactividad encubierta o cambios fiscales súbitos), el capital huye a otros mercados más seguros y fiables y la iniciativa privada se paraliza.
2.- El colapso institucional y judicial.
La parálisis en la renovación de órganos fundamentales del estado de derecho, como el CGPJ y el colapso de los juzgados (que en 2026 siguen operando bajo una “lógica de resistencia”) dilata la resolución de conflictos, porque, como todo el mundo sabe, una justicia tardía no es justicia, ya que, un sistema donde una sentencia firme tarda años en llegar es, de facto, un sistema que desprotege al ciudadano frente a los abusos, ya sean del Estado, de grandes corporaciones, etc. etc.
3.- Coste social. – (Desigualdad y pérdida de libertad).
**Aquí es donde se conecta con nuestra preocupación por el “pueblo”, ya que, la inseguridad jurídica no afecta a todos por igual, así:
*Existe una brecha de defensa, pues el ciudadano medio o la pequeña empresa no tienen los recursos para sostener litigios eternos o para contratar ejércitos de consultores que les expliquen la última reforma laboral.
*Se acrecienta la vulnerabilidad, ya que, sin reglas claras, la arbitrariedad de la administración crece día a día y en todos sus niveles de poder público, lo que genera una sociedad menos libre, donde los derechos dependen más de la voluntad del gobernante de turno que de un marco legal estable e igualitario.
<<Consecuencias directas en la España de 2026>>
Factor
Impacto Real
Inversión Extranjera
Desvío de capitales hacia países con marcos más estables (Portugal, Grecia o el norte de Europa).
Vivienda
La intervención de precios y la inseguridad en los desahucios reducen la oferta, perjudicando a quien se quería ayudar.
Seguridad Jurídica
Percepción de <-riesgo país-> que encarece la financiación y frena la creación de empleo de calidad.
(Nota. “La ley debe ser como la muerte, que no exceptúa a nadie”, pero estamáxima de Montesquieu se desvanece cuando la norma se vuelve confusa, pues entonces solo protege a quien puede permitirse navegar en su ambigüedad.)
Es un hecho patente, que la verdadera solidaridad no nace de la promesa de derechos sin respaldo, sino de un sistema que garantiza, que nadie -ni siquiera el Estado- está por encima de una ley clara, previsible y justa.
N.B. La defensa de una sociedad justa y democrática se basa en el hecho esencial de que el papel las leyes es buscar el bien común, pero en la práctica, la gestión de la libertad y la prosperidad es lo que marca la diferencia para el ciudadano de a pie, y, en España al día de hoy las opciones políticas están varadas en mirarse a sí mismas y en colocarse todos sus componentes y comparsas al abrigo del Estado, sea como sea.
La elecciones en Aragón han puesto de manifiesto para el partido, que lo quiera ver, que hacer “políticas socialistas” desde el poder de unos votos que no se confiaron por el pueblo votante para eso, llevan a la desesperanza de los partidos que incumplen sus promesas electorales en aras de la tranquilidad de sus políticos, de forma, que ya está muy claro, los ciudadanos, como hemos dicho, quieren <-seguridad jurídica, proyectos ejecutables y previsibilidad->, que es lo que ahora no existe en España y que es algo que hay que cambiar de principio a fin, empezando por cumplir promesas electorales a los ciudadanos, que para eso votaron a esos partidos, pues lo contrario genera desconfianza del pueblo en esos partidos políticos con las consecuencias que se han visto en estas elecciones regionales.
Curriculums falsificados – Manifiesto por la Verdad, la Ética y la Coherencia en la Política.
Desde la Asociación Córdoba Abierta –ACOA- hacemos este llamamiento Público en defensa de una política honesta, ética y coherente con el bien común, así:
A la ciudadanía, a los medios de comunicación y a los representantes públicos:
Vivimos tiempos en los que la política necesita, más que nunca, recuperar la confianza de la gente corriente (de la Sociedad Civil), de quienes cumplen con sus obligaciones, estudian, trabajan, pagan impuestos y exigen, con razón, honestidad, ética y coherencia a quienes les representan.
En los últimos días, hemos visto cómo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz, exigía públicamente que el portavoz del PSOE, Patxi López, acredite los “estudios de ingeniería industrial”, que figuran en su perfil oficial. Una petición legítima si se considera que la verdad en la vida pública no es negociable, porque es algo evidente, queesa exigencia debe aplicarse a todos, sin excepciones.
Por ello, y con el mismo criterio, pedimos que el PP actúe con idéntica firmeza y rigor respecto a sus propios cargos. El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes Lopera, figura con “estudios de Derecho” en su currículum oficial, sin acreditar si tiene o no el título. Es decir, exactamente la misma situación por la que el PP pide la dimisión de su adversario político Portavoz del PSOE.
*No pedimos dimisiones selectivas, sino igualdad.
Pedimos coherencia.
*No pedimos linchamientos políticos, sino ética y devolver la confianza de los ciudadanos en la instituciones.
Pedimos responsabilidad a todos por igual.
*No queremos más “y tú más”.
Queremos “y yo también”.
**Por todo ello, exigimos:
1.- Transparencia real y sin ambigüedades en los currículums de todos los cargos públicos, de cualquier partido.
2.- Una revisión voluntaria y pública de los perfiles académicos de los responsables políticos.
3.- La creación de un código ético común que obligue a acreditar la formación que se publica en webs oficiales o perfiles del Congreso, del Senada y de cualquier Institución Pública pagada por los ciudadanos.
4.- Que los partidos políticos actúen primero en casa antes de señalar a los de enfrente.
5.- Que el Congreso de los Diputados impulse una normativa clara y verificable sobre la presentación de méritos académicos.
**Porque la verdad no es patrimonio de ningún partido.
Es la base de la democracia.
**Porque la ética y la coherencia no debería algo extraordinario y raro, sino un deber mínimo de quien nos representa.
**Porque la ciudadanía no es tonta, y, ya no acepta excusas ni cinismo.
Nota Final. Hacemos este llamamiento público no desde una muralla política, sino desde la sociedad civil y desde la responsabilidad ciudadana. Para que la política deje de ser un espectáculo de hipocresías y vuelva a ser lo que debe ser:
“Una herramienta al servicio del bien común”.
Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir
“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.
Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.
El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:
*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.
(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.
La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.
Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.
La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.
*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.
Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.
Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.
**El problema.
El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.
Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.
Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc. quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.
Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.
**El problema radica en varios puntos:
-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.
-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.
-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.
-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.
**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:
“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.
La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.
**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.
La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.
Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.
N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.
“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.
La realidad al día de hoy es, que en España una gran parte de los poderes públicos en cualquiera de sus niveles han perdido el respeto a la ley, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, los abusos de poder como el aforamiento exprés en Badajoz, las colocaciones y contratos arbitrarios porque “me da la gana y puedo”, a lo largo y ancho de la piel de toro se ha convertido en el pan de cada día para los partidos políticos.
Ya no cuenta la capacidad, el mérito o la preparación, las colocaciones públicas se hacen a dedo entre amigos políticos, parientes, amigos y señoritas, da igual que sea el Estado Central y todas sus empresas, entes y demás, chiringuitos, pues a todos los niveles de los poderes públicos (CC. AA., Ayuntamientos, Provincias y con todas sus empresa y entes) está pasando, de forma, que no hay más que mirar alrededor para verlo. Solo la Justicia, a duras penas, resiste y trata de poner las cosas a nivel de la ley, pero siempre los juzgados de se atreven a imponer la ley son maltratados, denunciados y vilipendiados.
Por si faltara algo para que la injustica sea impuesta sin responsabilidad, están los aforamientos, las amenazas veladas de los palmeros, los letrados y abogados pagados por el poder abusón, y, los ataques a cualquiera que denuncie una situación de abuso del poder público.
¿ Quién no conoce algún caso de nombramiento, colocaciones y contratos a nivel público comilitones, parientes amigos, señoritas, etc. donde el abuso de poder y la discriminación han asentado sus reales a vista de todo el mundo, en la creencia real de son inimputables y que están por encima de la ley ?
(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que el abuso de poder saltándose la ley a la torera se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos).
La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, es un hecho, que parece que nadie hace lo que ella consagra, como la igualdad ante la ley, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles.
Conclusión.
*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.
*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.
N.B. Si no controlamos todos los abusos de poder, la carcoma que se come nuestras libertades y la igualdad de los españoles con aforamientos exprés, contratos jésicos, hermanos y parientes al lema de todos colocados, acabarán con la democracia, la libertad y la igualdad.
Que nadie se engañe y esconda la cabeza, lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.
El silencio y la sumisión ante la injusticia es complicidad con los que abusan del poder público en su beneficio desviándolo del interés general.
