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Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones)

**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos  de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc.  quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Cosas importantes II – Imparcialidad judicial – Respeto a la Ley (Abstención y recusación)

En España está cayendo en el olvido la imparcialidad judicial, porque algunos – muchos, quizás demasiados, jueces y tribunales aplican la ley adobada con criterios ideológicos, lo que lleva a que el respeto a la ley haya pasado al mundo de la subjetividad, donde la ley se aplica sin reglas, solo en base a criterios personales del juzgador que la aplica en sus resoluciones.

El asunto se agrava, cuando la resolución de turno por aplicación de la ley, que ahora si se aplica con rigor espartano, da lugar a una resolución irrecurrible, lo que en la mayoría de los casos produce indefensión a la persona afectada y una falta de tutela judicial efectiva, violándose el art. 24 de la Constitución.

Se dice, entonces, que el Juez o Tribunal aplica la ley y que la persona, que defiende sus derechos, no está de acuerdo porque tiene un interés particular en el asunto, de manera, que asunto terminado y punto.

Puede ser, que algunos casos sea verdad, pero existen aplicaciones de la ley judiciales, que teóricamente puedan parecer justas y fundadas en la ley, aunque, también, pueden ser éticamente reprobables y muy discutibles, apurándose el bucle del “valor justicia”, cuando la resolución judicial es irrecurrible por ley.

Aquí, me gustaría poner en defensa de lo expuesto los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), que en su CAPÍTULO II, sobre el Principio de Imparcialidad, dice:   [

10.    La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno. 

11.    La imparcialidad opera también internamente respecto del mismo juzgador o juzgadora a quien exige que, antes de decidir un caso, identifique y trate de superar cualquier prejuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión. 

12.    El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión. 

13.    En la toma de decisiones, el juez y la jueza han de evitar llegar a conclusiones antes del momento procesalmente adecuado a tal fin, que es el inmediatamente anterior a la resolución judicial. 

14.    La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso. 

15.    El juez y la jueza, en su tarea de dirección de los actos orales, habrán de velar por que se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones sobre la aplicación del Derecho. Asimismo, ejercerán la escucha activa como garantía de un mayor acierto en la decisión. 

16.    La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia.  

17.    El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción.  

18.    Todo miembro de la Carrera Judicial ha de evitar situaciones de conflicto de intereses y, en el caso de que estas se produzcan, ha de ponerlas de manifiesto con la mayor transparencia y a la mayor brevedad, a través de cualquiera de los mecanismos legalmente previstos.  

19.    En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas, y deberán mostrar, en todo caso, reserva respecto de los datos que puedan perjudicar a las partes o al desarrollo del proceso.  

20.    En sus relaciones con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden desempeñar una valiosa función pedagógica de explicación de la ley y del modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso. 

21.    Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia.  ]

A destacar, que es algo manifiesto, que algunas-muchas veces los juzgadores no cumplen con el principio de imparcialidad descrito en los Principios de Ética Judicial precitados, ya que, aplican la ley desde presupuestos llenos de ideología que la desnaturalizan, además, en algunos casos lejos de abstenerse de conocer el asunto persisten en mantener su competencia, incluso en los casos en que son recusados.

Es esto casos señalados se ignora la denominada ‘teoría de la apariencia’, postulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recogida por nuestro Tribunal Constitucional (STC 512-2013-PHC/TC, f.j.3.3.7 y 3.3.8), que, en puridad, se concretiza en el aforismo que «no basta que el juez sea imparcial, sino que debe parecerlo». Por tanto, se afirma que el juez debe exteriorizar una postura de relación lo razonablemente equidistante de las partes, de manera que el proceso judicial cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho al juez imparcial. Así pues, el T. C. sostiene que, además del comportamiento personal de los jueces, cobran relevancia aquellos hechos que puedan suscitar dudas respecto de su imparcialidad; por ello, sostiene, que hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.

Esta teoría ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional Español, en el sentido de que «el legislador opta por un modelo de Juez rodeado de la apariencia de imparcialidad, no sólo en la realidad de su desconexión con las partes y con el objeto del proceso, sino también en su imagen, eliminando cualquier sombra al respecto cuando existan elementos objetivos que puedan justificar una apariencia de parcialidad».

En esta línea de argumentos, diremos que la apariencia de imparcialidad, constituye un presupuesto de un juicio justo, toda vez, que el juez no será imparcial cuando sus actos no expliciten justamente esta posición dentro de un proceso, de manera que este no pueda ser considerado como justo y equitativo. 

En conclusión, cuando la aplicación de la ley por los jueces y tribunales se ideologiza y se subjetiviza, la imparcialidad desaparece, se diga lo que se diga, porque entonces en realidad no se aplica la ley, sino que se “ejecuta” en perjuicio claro del -valor justicia- constitucional.

Un vez más, lo que hay es lo que hay, así que, tenemos otra vez la convicción de que en estos casos expuesto de aplicación injusta de la ley, no queda otra que la sublevación pacífica de los españoles ante la injusticia, porque creemos que hay que luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, y,  ese camino de búsqueda de una aplicación justa de la ley asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” son unos de los instrumentos de autodefensa de la sociedad civil.

N.B.  Las cosas importantes como la imparcialidad judicial y el respeto a la Ley son algo irrenunciable por los ciudadanos de a pie, de manera, que ha llegado la hora de defender a ultranza las cosas importantes y de dejar a un lado  la palabrería innecesaria, porque el camino no puede ser aguantarse y someterse cautivo en aras de un consenso inexistente y vacío de contenido.

Es la hora de luchar por la justicia y por nuestros derechos y libertades.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.

Falsa producción – Diputación de Córdoba (Fingir que se hace lo que no se hace)

Según la RAE fingir o simular es dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene.

En la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P. y por su Presidente Sr. Fuentes Lopera eso es lo que está ocurriendo, de manera, que dicen que hacen cosas, pero la realidad es que no hacen casi nada en beneficio de los ciudadanos cordobeses.

Veamos algunas cosas, que demuestran que el Partido Popular en la Diputación no hace nada real en beneficio de los cordobeses, de forma, que lo que hacen es “pura apariencia de movimiento inútil”, así:

** Tienen el mayor Presupuesto consolidado de la historia de la Diputación Provincial de Córdoba, pero a actividades reales que beneficien a los cordobeses no llegan ni al 5% del mismo, así:

1º.- A gastos reales de personal dedican más del 60% de su Presupuesto.

2º.- A sus Empresas Públicas ruinosas dedican una cantidad de dinero desconocida realmente, aunque, por ejemplo a Emproacsa (aguas) en el último año le han puesto a la “veréa” para sanearla más de 50.000 millones de euros, a la vez, que han realizado una subida desproporcionada de la tasa del agua, que pagarán todos los cordobeses, aunque lo verdaderamente atrabiliario es que el asunto del agua sigue sin resolverse, mientras el Presidente reparte abrazos por doquier y dice en boca falsa que lo tiene todo contralado, cuando los resultados no aparecen por parte alguna.

(Nota. Me explico, la frase “hablar con boca falsa” hace referencia a una forma de hablar en la que alguien no expresa sinceramente lo que piensa o siente, sino que dice lo que no es verdadero o lo que realmente no piensa, generalmente para complacer a los demás, manipular la situación o aparentar algo que no es.).

3º.- A los problemas reales de Córdoba, como puede ser el empleo dedican una cantidad ridícula del Presupuesto, que directamente tiene una partida ridícula en comparación con la importancia del asunto-problema.

4º.- Han aceptado el muro socialista abrazándolo sin pudor, siendo una prueba de que no quieren cambiar realmente nada y que todo siga igual, que por ejemplo, “siguen la política socialista de tener cautivos a los Ayuntamiento a través de hacerles anticipos”, que se pagan con préstamos bancarios y que conllevan a que esas corporaciones locales se gastan lo que no tienen y que tendrán que devolver con intereses, aumentando su deuda y su déficit.

4º.- A la obras de infraestructura provinciales necesarias dedican cantidades ridículas del Presupuesto, mientras que en publicidad y propaganda directa y/o indirectamente se están gastando más de lo que invierten.

5º.- Lo dicho es más que suficiente para explicar lo que digo, que solo hacen apariencia de movimiento con abandono del beneficio real de los cordobeses.

** En el plano político lo que está haciendo el P. P. en la Diputación de Córdoba es un erial vacío y yermo; dicho de otra forma, es una tierra o un campo sin cultivar ni labrar, donde las promesas electorales del Partido Popular no solo han sido olvidadas, sino que se sigue una línea continuista de aumento del gatos público, subida de tasas e impuestos y olvido completo de las ideas y principios del centro derecha, apartándose sin pudor a los cordobeses que les han votado.

Llegados aquí, exponer más casos es innecesario, ya que, los ejemplos se multiplican en toda la Corporación Provincial y toda la Provincia de Córdoba en una espiral perversa de traición a sus votantes, además, sin excusa ni explicación alguna, lo que dice muy poco de la fiabilidad del Gobierno Provincial y del respeto a la Constitución cuyo día celebramos en estas fechas.

Si alguien no cree lo que digo, que mire a su alrededor y, sin duda, quedará noqueado y apabullado de tanta falacia e incumplimientos de los principios e ideas de los que los hemos votado.

Visto lo visto, solo cabe ya una sublevación pacífica de los cordobeses para restaurar el valor justicia, y, en ese camino necesario asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” serán los instrumentos de defensa para conseguir justicia para todos nosotros.

N.B.  La falsa producción en los poderes públicos, tal como se hace en la Diputación de Córdoba, es fingir, que se hace lo que no se hace.

En resumen, es engañar a la gran mayoría de los cordobeses.

Córdoba, a 5 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.