Durante décadas, la Unión Europea ha construido su narrativa sobre dos pilares que consideraba inamovibles: el Espacio Schengen -como símbolo máximo de la libre circulación- y el Estado del bienestar -como la cúspide de la protección social y los derechos individuales-.
Sin embargo, los episodios de presión migratoria masiva en la frontera sur, con Ceuta y Melilla como epicentros de un choque de realidades, han dejado al descubierto una verdad incómoda:
“Schengen, en la práctica y sobre el terreno, se ha convertido en un cascarón vacío”.
1.- La quiebra de la premisa fundamenta – (De la norma a la realidad).
La arquitectura jurídica de Schengen se concibió bajo una condición matemática indispensable: “Una frontera exterior infranqueable a cambio de la abolición de las fronteras interiores”. Cuando el perímetro exterior se ve desbordado por hechos consumados, el principio de autoridad se desploma y la brecha entre el texto legal y la operativa real se vuelve insalvable.
Fronteras Exteriores Desbordadas ──> Fragmentación y Controles Internos
<-La dispersión incontrolada: Una vez que la linde exterior es franqueada sin identificación biométrica ni documental inmediata, el control dentro del territorio comunitario se convierte en una quimera logística. La consecuencia directa es la dispersión de los flujos hacia el norte de Europa.
<-La reacción unilateral: Ante la falta de contención en el sur, Estados como Alemania, Francia o Austria no han dudado en resucitar los controles en sus fronteras interiores mediante prórrogas sistemáticas del Código de Fronteras Schengen (Arts. 25 a 28). La libre circulación ya no es un derecho pleno, sino que es una concesión condicionada.
2.- La ecuación fiscal e infraestructura – (El colapso de los servicios públicos).
Más allá del debate jurídico, el núcleo del problema reside en la sostenibilidad económica.
Los recursos de un Estado de bienestar no son infinitos; se basan en un delicado equilibrio entre contribuyentes netos y beneficiarios dentro de un marco regulado.
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| EL DILEMA DE LA SOSTENIBILIDAD |
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| Demanda ilimitada de prestaciones (Sanidad, Educación, Vivienda) |
| VS |
| Capacidad fiscal finita de los contribuyentes netos |
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1.- Saturación del sistema: La llegada masiva no planificada genera una tensión inmediata sobre las infraestructuras básicas (asistencia sanitaria, cobertura social, escolarización y mercado de la vivienda).
2.- Riesgo de nivelación hacia abajo: Si la carga sobre el erario público crece de forma exponencial sin la correspondiente aportación fiscal vía empleo regular, la consecuencia no es solo el endeudamiento público, sino el deterioro acelerado de los servicios universales para toda la ciudadanía.
3.- Cohesión social y la fractura del modelo de convivencia.
El análisis no puede obviar el impacto sociológico en el tejido comunitario. El modelo de “dejar hacer” ha mostrado grietas profundas en diversos puntos del continente.
<-Fractura de la cohesión: La concentración urbana descontrolada y la falta de asimilación e integración efectiva derivan en la creación de estructuras comunitarias paralelas que chocan con los valores fundacionales del ordenamiento jurídico europeo:
“El imperio de la ley, la igualdad de género y la secularidad del Estado”.
<-Tensión sobre el orden público: La ausencia de controles efectivos a la entrada no solo genera fricción económica, sino que socava la seguridad ciudadana y la confianza de la población en la capacidad de sus instituciones para mantener el orden constitucional.
<<Conclusión – (El fin de la ingenuidad comunitaria).
Europa se encuentra en una encrucijada existencial. La idea de que es posible mantener un espacio de libertades, derechos y bienestar de puertas hacia dentro, sin ejercer una soberanía firme y contundente de puertas hacia fuera, ha fracasado.
Sin fronteras exteriores seguras no hay Estado, y sin Estado no hay derechos ni servicios públicos que garantizar.
La solución ya no pasa por parches diplomáticos o discursos bienintencionados. Pasa por una redefinición drástica de la política de fronteras que priorice la seguridad nacional, el estricto cumplimiento de la ley y la protección de los recursos que sostienen a nuestras sociedades. Si la Unión Europea no es capaz de garantizar la autoridad en sus límites geográficos, el proyecto europeo no desaparecerá por un tratado abrogado, sino por la simple evaporación de su eficacia real.
N. B. Imagen. La crisis migratoria desatada por las entradas masivas a través de Ceuta resalta la vulnerabilidad de la frontera exterior de la Unión Europea y el complejo encaje de Ceuta dentro del Espacio Schengen.
Imagen 1. Zona de entrada en el Espigón del Tarajal. Fuente: Europa Press.
Imagen 2. Schengen – U.E. – Europa – España – (Invasión de inmigrantes).
La ayuda a domicilio en Córdoba ya no puede analizarse como un servicio complementario ni como una política social de apoyo marginal. Se ha convertido en una infraestructura pública de cuidados, sostenida sobre miles de trabajadoras, una demanda creciente y un territorio especialmente tensionado por el envejecimiento, la dispersión rural y la insuficiencia financiera.
El dato institucional de los 100 millones de euros proyecta una imagen de fortaleza, pero esa cifra, por sí sola, no explica la realidad operativa del sistema: “Ofertas de empleo que no se cubren, tiempos de desplazamiento que encarecen la atención en los pueblos, presión constante sobre las plantillas y un horizonte normativo que amenaza con agravar todos esos desequilibrios”.
La cuestión de fondo no es si Córdoba tiene ayuda a domicilio. La cuestión real es si dispone de un modelo financieramente suficiente, laboralmente sostenible y jurídicamente defendible para sostenerla en 2027 y en los años siguientes. Ahí es donde aparece la fractura entre el relato oficial y la lectura técnica.
<<Un servicio esencial en una provincia que envejece>>
En Córdoba, el envejecimiento no es una hipótesis de futuro, sino una realidad demográfica ya instalada. El aumento de personas mayores, la extensión de situaciones de dependencia y la proliferación de hogares unipersonales, sobre todo en municipios rurales, han transformado la ayuda a domicilio en un servicio estructural, de forma, que ya no se trata únicamente de apoyar a personas vulnerables, sino que se trata de asegurar condiciones mínimas de permanencia, seguridad y dignidad en el propio hogar.
Ese cambio obliga también a revisar el lenguaje institucional. Cuando un servicio atiende a más de 12.000 personas en la provincia, sostiene miles de empleos directos y absorbe incrementos anuales de demanda superiores al 20%, deja de ser razonable tratarlo como un simple programa asistencial. Su naturaleza material se acerca mucho más a la de un servicio público esencial de proximidad, vinculado de forma directa al derecho a la autonomía personal y a la efectividad del sistema de dependencia.
<<La economía oculta del cuidado en la Córdoba rural>>
La ayuda a domicilio no solo cuida; también fija población, genera empleo y amortigua el vaciamiento territorial. En una provincia como Córdoba, donde muchos municipios pequeños dependen de servicios públicos capilares para sostener su tejido social, el sector funciona como una auténtica red de estabilidad. Más de 4.500 empleos directos no representan únicamente una cifra laboral, sino que expresan una política territorial de permanencia, especialmente relevante en comarcas donde otras oportunidades de empleo son más débiles.
Sin embargo, esa utilidad colectiva convive con una paradoja persistente. Cuanto más necesario es el servicio en el medio rural, más caro y más difícil resulta prestarlo. Los desplazamientos entre núcleos dispersos reducen el tiempo efectivo de atención, encarecen cada intervención y erosionan la rentabilidad de los contratos. En la práctica, una parte del presupuesto se consume fuera del domicilio del usuario: “En carretera, en tiempos muertos y en costes logísticos que rara vez aparecen en la narrativa pública con la importancia que merecen”.
<<El mito de los 100 millones>>
La referencia a un presupuesto en torno a 100 millones de euros tiene fuerza política y comunicativa, pero no basta para acreditar suficiencia real. Una cifra elevada puede coexistir con una estructura insuficiente cuando el volumen de demanda, el coste laboral, la dispersión territorial y las obligaciones de calidad crecen a mayor velocidad que la financiación disponible. Ese es, precisamente, el riesgo que se percibe en Córdoba.
La mejora de los tiempos de espera en dependencia, reducidos en los últimos años desde parámetros cercanos a 1.200 días hasta entornos de 400 días, constituye un avance relevante desde la perspectiva de gestión. Pero ese progreso no elimina el problema de fondo. Una reducción del atasco administrativo no equivale, por sí sola, a suficiencia material del sistema. Puede haber más rapidez en la tramitación, y, al mismo tiempo, persistir listas de espera encubiertas, intensidades de atención insuficientes o dificultades serias para cubrir servicios ya reconocidos.
Por eso resulta técnicamente razonable distinguir entre presupuesto nominal y presupuesto suficiente. *El primero permite presentar la magnitud del esfuerzo público. *El segundo mide si ese esfuerzo alcanza de verdad para prestar el servicio en condiciones estables, atraer personal, responder a la demanda creciente y absorber los cambios normativos sin deteriorar la calidad.
<<La encrucijada de 2027 – (salarios, jornada y revisión del precio/hora)>>
El año 2027 aparece como un punto de inflexión, ya que, la prevista subida del convenio del sector en torno al 8%, unida a la reducción de jornada, alterará de forma directa la ecuación económica del servicio. Si el precio/hora público no se actualiza de manera suficiente, el sistema trasladará la tensión a algún punto de la cadena: *O se resentirá la viabilidad de las adjudicatarias, *o se deteriorarán las condiciones reales de prestación, *o aumentará la dificultad para cubrir plantillas.
Desde una óptica jurídica, el problema no es menor. Cuando los costes estructurales cambian de forma intensa y previsible, la Administración no puede mantenerse anclada en módulos económicos desfasados sin exponer los contratos a desequilibrios severos. El debate no es meramente presupuestario, sino que es también un debate sobre buena administración, sostenibilidad contractual y adecuación del precio público al coste real del servicio.
En un sector intensivo en mano de obra, cualquier desviación entre coste real y financiación reconocida se traduce rápidamente en conflicto operativo. De ahí que la discusión sobre 2027 no deba leerse como una reclamación corporativa, sino como un aviso técnico: “Si sube el coste del trabajo y no sube la cobertura pública, el modelo entra en zona de riesgo”.
<<La brecha territorial de la financiación>>
Uno de los argumentos más potentes para una lectura crítica del sistema aparece en la desigualdad de la financiación estatal. La denuncia de que el Estado llega a aportar en el País Vasco alrededor del 50% del sistema mientras en Andalucía su participación ronda el 25% no es una mera comparación política, sino que es una impugnación del diseño material de la igualdad territorial. Si dos comunidades sostienen un mismo derecho social bajo reglas de cofinanciación tan distintas, la promesa de uniformidad del sistema queda gravemente cuestionada.
Para Andalucía, y dentro de ella para provincias como Córdoba, esta brecha tiene efectos concretos, ya que, significa menos margen para mejorar precios/hora, menos capacidad para absorber costes sobrevenidos y más dependencia de esfuerzos autonómicos o provinciales que no siempre pueden crecer al ritmo necesario. En términos jurídicos y políticos, la consecuencia es clara: “El debate sobre la ayuda a domicilio ya no puede limitarse a la gestión local, sino que exige una revisión del reparto estatal de cargas en la Ley de Dependencia”.
<<Duplicar la inversión – (Del modelo oficial al modelo de suficiencia real)>>
Frente al marco de 100 millones, el escenario de 200 millones permite abrir una hipótesis más realista sobre lo que costaría garantizar un servicio robusto. No se trata de inflar artificialmente el gasto, sino de corregir déficits acumulados: ampliar la bolsa horaria, asumir de forma ordenada la subida de costes laborales, crear instrumentos de compensación territorial y desplegar una digitalización útil, no cosmética.
En ese escenario, la bolsa de horas anuales podría pasar de 8 a 16 millones, y el empleo directo crecería de 4.500 a 9.000 profesionales. El objetivo no sería solo atender a más personas, sino atender mejor y con menos fricción operativa. También permitiría reforzar la atención de urgencias sociales hasta 150.000 horas anuales, reduciendo la burocracia en situaciones donde el tiempo de respuesta resulta decisivo.
La clave está en que el gasto adicional no debe repartirse de forma lineal. Parte del incremento debería dirigirse a un fondo específico de compensación por dispersión geográfica, capaz de cubrir kilometraje y tiempos improductivos en la Córdoba rural, y otra parte a un plan de digitalización universal con sensores y sistemas de monitorización preventiva en hogares de personas mayores que viven solas. Así entendido, el aumento presupuestario no sería expansivo en abstracto, sino corrector de desigualdades internas del propio servicio.
<<Empleo, cualificación y el papel de la Universidad de Córdoba>>
El crecimiento del sistema no depende solo del dinero. Depende también de la existencia de personal suficiente y cualificado. Hoy el sector arrastra dificultades para captar trabajadoras en determinados municipios y franjas horarias, en parte por la dureza del trabajo y en parte porque la retribución no siempre compensa las exigencias reales del puesto. La falta de profesionales no es un problema accesorio: es uno de los límites materiales del modelo actual.
Por eso cobra especial relevancia la reivindicación de formación especializada en geriatría y cuidados de larga duración, así como la llegada del Grado en Trabajo Social a la Universidad de Córdoba en el curso 2026-2027. Este hito académico puede convertirse en una pieza institucional estratégica. No solo por el valor simbólico de incorporar un título largamente demandado, sino porque permitirá generar perfiles técnicos de coordinación, supervisión y planificación imprescindibles para un sistema de cuidados cada vez más complejo.
Si Córdoba aspirara realmente a escalar hacia 9.000 empleos directos, necesitaría algo más que auxiliares. Necesitaría estructuras técnicas, mandos intermedios, coordinación sociosanitaria y capacidad de evaluación. En ese contexto, la UCO puede desempeñar una función de anclaje territorial del talento y de profesionalización del ecosistema de cuidados.
La introducción de inteligencia artificial en la ayuda a domicilio puede aportar mejoras reales si se orienta a problemas concretos. La optimización de rutas, la asignación más eficiente de trabajadoras según proximidad y perfil, o la detección temprana de incidencias domésticas mediante sensores constituyen aplicaciones plausibles y potencialmente valiosas. En territorios extensos y envejecidos, la tecnología puede reducir tiempos de respuesta y reforzar la seguridad de personas que viven solas.
Ahora bien, el entusiasmo tecnológico necesita un encuadre jurídico riguroso. La monitorización predictiva en domicilios plantea cuestiones sensibles de protección de datos, consentimiento, proporcionalidad y responsabilidad por decisiones automatizadas. La tecnología puede ayudar a combatir la soledad no deseada y a prevenir situaciones de riesgo, pero no debe abrir la puerta a fórmulas opacas de vigilancia o a automatizaciones sin control humano suficiente.
La discusión relevante no es si la IA debe entrar en el sector, sino bajo qué condiciones normativas, contractuales y éticas debe hacerlo. Un modelo serio exige gobernanza del dato, auditoría de algoritmos, protocolos de intervención y garantías reforzadas para personas especialmente vulnerables.
<<Una tesis de fondo – (el sistema necesita una revisión integral)>>
La ayuda a domicilio en Córdoba no está ante un problema puntual, sino ante una tensión estructural entre demanda social creciente, financiación incompleta, costes laborales al alza y exigencias de calidad cada vez mayores. Por eso el verdadero debate no debería girar en torno a si el sistema funciona razonablemente hoy, sino en torno a si puede seguir funcionando mañana sin una reforma de escala.
La respuesta más verosímil es que el modelo actual solo se mantendrá si se corrigen varias insuficiencias a la vez: una financiación estatal más equitativa, una actualización real del precio/hora, incentivos efectivos para cubrir el territorio rural, inversión tecnológica sometida a garantías jurídicas y una estrategia potente de formación y profesionalización. Sin esas piezas, los 100 millones seguirán siendo una cifra políticamente útil, pero técnicamente insuficiente.
<<Propuesta de cierre>>
Hay que sostener una tesis clara: Córdoba no necesita solo más presupuesto, sino un nuevo marco de suficiencia real para evitar que la ayuda a domicilio entre en una fase de desgaste crónico.
Dicho de otro modo, la pregunta ya no es cuánto cuesta mantener el servicio sobre el papel. La pregunta decisiva es cuánto cuesta sostenerlo de verdad, con empleo digno, cobertura territorial efectiva, seguridad jurídica y capacidad para responder a una sociedad que envejece. Y la respuesta, cada vez con más evidencia, parece alejarse del mito de los 100 millones.
N. B. Imagen. La ayuda a domicilio en Córdoba I – (Suficiencia y el riesgo real de colapso).
Córdoba es una ciudad de una belleza incuestionable, pero tras la fachada de sus patios floridos y su patrimonio milenario se esconde una paradoja económica dolorosa, ya que, padece lo que se llama “efecto escenografía”. Especialmente durante el “Mayo Cordobés”, la ciudad funciona como un decorado perfecto que genera ingresos inmediatos en el sector servicios, pero que oculta deficiencias estructurales crónicas.
La excesiva dependencia del turismo estacional crea una economía de “picos y valles”, estresando la infraestructura urbana durante 30 días para mantenerla en niveles de eficiencia y mediocres el resto del año. Es un hecho verdadero, que para que Córdoba sobreviva y prospere, no basta con que sea “visitable”, sino que debe ser operativa, de forma, que se necesita que deje de ser solo un escaparate y convertirse en un motor productivo.
<<La cirugía necesaria – (Ejes de reestructuración).
No podemos seguir poniendo parches, así que se propone una transformación integral basada en tres pilares fundamentales:
1.- Resiliencia climática y gestión hídrica: La infraestructura del agua no puede limitarse al suministro, sino que debe aspirar a la máxima circularidad. La implementación de sistemas de drenaje sostenible y la modernización de la red de alcantarillado son cruciales para evitar pérdidas.
*Objetivo: “Convertir a Córdoba en el referente europeo de gestión de agua en zonas de altas temperaturas”.
2.- Una infraestructura estratégica y multimodal (conectada a carreteras, ferrocarril, puertos o aeropuertos).
La ubicación de Córdoba es privilegiada, pero está infrautilizada, de forma, que no se trata solo de que los trenes de carga “pasen”, sino de que “paren”, se integren con un puerto seco (una terminal logística intermodal ubicada en el interior) y transformen mercancías.
Debemos fomentar una industria agroalimentaria de transformación tecnológica, no solo exportar materia prima.
3.- Red eléctrica inteligente y transformación digital: La eficiencia energética es nuestro talón de Aquiles, así que se propone crear comunidades energéticas locales aprovechando los tejados urbanos y polígonos industriales, además de aplicar IA a la gestión de tráfico y residuos para reducir los costes operativos municipales.
<<Un choque cultural – (Fiesta o Factoría)>>
Aquí reside el nudo gordiano, de forma, que el reto no es solo técnico, sino eminentemente pedagógico y presupuestario, ya que, existe una resistencia de quienes ven la “fiesta” como la única identidad posible, argumentando que “es cultura”, pero el coste social de no hacer nada es la transformación de la ciudad por el exceso de turismo masivo: “Una ciudad preciosa, pero vacía de jóvenes, con empleos precarios de camarero y sin futuro industrial”.
Se debe cambiar radicalmente las prioridades de la inversión pública: “Menos mantenimiento estético y más gasto en I+D+i Urbano y rehabilitación energética; menos turismo de masas y más industria Logística y biotecnología para crear empleos estables y de alta cualificación”. La tecnología no es enemiga de la tradición, sino que es su salvación, de manera, que si la reestructuración logística genera 5.000 empleos industriales, la defensa del “mayo festivo” perderá peso frente al relato de la Córdoba productiva.
<<Eliminar la dependencia del BOE – (Administración-Gestora a Administración-Plataforma)>>
Córdoba sufre de un grave “estatismo de confort”, lo que significa que es una provincia dominada por el empleo público, lo que crea una economía de mantenimiento, no de crecimiento. El sector público es tan dominante que succiona el oxígeno económico e inhibe la iniciativa privada.
¿Para qué arriesgar capital en innovación si es más seguro y rentable opositar o licitar para el Ayuntamiento?
***Para romper este ciclo de control administrativo, la actuación política debe cambiar de rol y convertirse en catalizador:
<-Apertura de datos real: “Publicar en tiempo real flujos de gasto y datos urbanos para que startups locales detecten ineficiencias y propongan soluciones tecnológicas”.
<-Modelo de la “triple hélice”: “Forzar la colaboración entre Universidad (UCO), Empresa Privada y Administración para retener el talento que actualmente emigra”.
<-Desburocratización radical: “Crear una autopista rápida para proyectos tecnológicos o de infraestructuras básicas”.
<<Conclusión – (Inacción)>>
Si no reaccionamos, el escenario a 20 años es la irrelevancia, concretamente, envejecimiento, fuga de rentas turísticas hacia plataformas externas y pérdida de la oportunidad logística frente a otras provincias. El éxito de Córdoba en la próxima década no se debe medir en pernoctaciones, sino en el incremento del PIB industrial y la reducción del desempleo estructural a través de infraestructuras inteligentes. O la sociedad civil cordobesa empieza a exigir infraestructura productiva, o seguiremos celebrando el mayo cordobés mientras los cimientos de la ciudad se vuelven cada vez más obsoletos. Es un escenario de “todo o nada”.
N.B. Imagen. Córdoba – El reto de la transformación real.
Según la RAE fingir o simular es dar existencia ideal a lo que realmente no la tiene.
En la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P. y por su Presidente Sr. Fuentes Lopera eso es lo que está ocurriendo, de manera, que dicen que hacen cosas, pero la realidad es que no hacen casi nada en beneficio de los ciudadanos cordobeses.
Veamos algunas cosas, que demuestran que el Partido Popular en la Diputación no hace nada real en beneficio de los cordobeses, de forma, que lo que hacen es “pura apariencia de movimiento inútil”, así:
** Tienen el mayor Presupuesto consolidado de la historia de la Diputación Provincial de Córdoba, pero a actividades reales que beneficien a los cordobeses no llegan ni al 5% del mismo, así:
1º.- A gastos reales de personal dedican más del 60% de su Presupuesto.
2º.- A sus Empresas Públicas ruinosas dedican una cantidad de dinero desconocida realmente, aunque, por ejemplo a Emproacsa (aguas) en el último año le han puesto a la “veréa” para sanearla más de 50.000 millones de euros, a la vez, que han realizado una subida desproporcionada de la tasa del agua, que pagarán todos los cordobeses, aunque lo verdaderamente atrabiliario es que el asunto del agua sigue sin resolverse, mientras el Presidente reparte abrazos por doquier y dice en boca falsa que lo tiene todo contralado, cuando los resultados no aparecen por parte alguna.
(Nota. Me explico, la frase “hablar con boca falsa” hace referencia a una forma de hablar en la que alguien no expresa sinceramente lo que piensa o siente, sino que dice lo que no es verdadero o lo que realmente no piensa, generalmente para complacer a los demás, manipular la situación o aparentar algo que no es.).
3º.- A los problemas reales de Córdoba, como puede ser el empleo dedican una cantidad ridícula del Presupuesto, que directamente tiene una partida ridícula en comparación con la importancia del asunto-problema.
4º.- Han aceptado el muro socialista abrazándolo sin pudor, siendo una prueba de que no quieren cambiar realmente nada y que todo siga igual, que por ejemplo, “siguen la política socialista de tener cautivos a los Ayuntamiento a través de hacerles anticipos”, que se pagan con préstamos bancarios y que conllevan a que esas corporaciones locales se gastan lo que no tienen y que tendrán que devolver con intereses, aumentando su deuda y su déficit.
4º.- A la obras de infraestructura provinciales necesarias dedican cantidades ridículas del Presupuesto, mientras que en publicidad y propaganda directa y/o indirectamente se están gastando más de lo que invierten.
5º.- Lo dicho es más que suficiente para explicar lo que digo, que solo hacen apariencia de movimiento con abandono del beneficio real de los cordobeses.
** En el plano político lo que está haciendo el P. P. en la Diputación de Córdoba es un erial vacío y yermo; dicho de otra forma, es una tierra o un campo sin cultivar ni labrar, donde las promesas electorales del Partido Popular no solo han sido olvidadas, sino que se sigue una línea continuista de aumento del gatos público, subida de tasas e impuestos y olvido completo de las ideas y principios del centro derecha, apartándose sin pudor a los cordobeses que les han votado.
Llegados aquí, exponer más casos es innecesario, ya que, los ejemplos se multiplican en toda la Corporación Provincial y toda la Provincia de Córdoba en una espiral perversa de traición a sus votantes, además, sin excusa ni explicación alguna, lo que dice muy poco de la fiabilidad del Gobierno Provincial y del respeto a la Constitución cuyo día celebramos en estas fechas.
Si alguien no cree lo que digo, que mire a su alrededor y, sin duda, quedará noqueado y apabullado de tanta falacia e incumplimientos de los principios e ideas de los que los hemos votado.
Visto lo visto, solo cabe ya una sublevación pacífica de los cordobeses para restaurar el valor justicia, y, en ese camino necesario asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” serán los instrumentos de defensa para conseguir justicia para todos nosotros.
N.B. La falsa producción en los poderes públicos, tal como se hace en la Diputación de Córdoba, es fingir, que se hace lo que no se hace.
En resumen, es engañar a la gran mayoría de los cordobeses.
