Vivir en la Subbética o en Los Pedroches tiene una calidad de vida envidiable, pero en este 2026 nos enfrentamos a una paradoja, porque producir lo que comemos es cada vez más difícil para quienes cuidan la tierra. La inflación no afecta igual a un vecino de la capital que a uno de Alcaracejos o Iznájar.
Es una realidad triste y perversa que el mundo rural cordobés sufre una presión extra y cómo nuevas medidas fiscales pueden ser el “respiro” que muchas familias necesitan.
1.- Un reto – (Cuando las cuentas no salen).
El sector primario en Córdoba está atrapado en lo que llamamos el <-efecto tijera->. Imaginen unas tijeras abriéndose: “La hoja de arriba son los costes (piensos, fertilizantes, gasoil agrícola) que no paran de subir; y, la hoja de abajo es el precio al que el ganadero vende su producto, que sube mucho más despacio o se estanca”.
A esto se suma el “impuesto a la distancia”, ya que, en nuestros pueblos, el coche no es un capricho, sino que es la única forma de ir al médico o al banco, de manera, que cada subida del combustible castiga más al habitante rural que al urbano.
2.- El “Escudo fiscal”- (Oxígeno para los pueblos).
Ante esta situación, la fiscalidad se ha convertido en la herramienta más rápida para equilibrar la balanza. Este año, la Junta de Andalucía ha reforzado deducciones clave para quienes residen en municipios con riesgo de despoblación (actualmente 37 en nuestra provincia).
**Natalidad – Bonus y duplicidad.
Para frenar el invierno demográfico, la deducción por nacimiento o adopción en zonas rurales sube de los 200 € habituales a los 400 €.
<-La novedad: En 2026 se ha eliminado el límite de renta en estos municipios. Es una ayuda universal porque el coste de criar a un hijo en el pueblo es un reto para todos.
**Vivienda – (Facilitar el arraigo).
La inflación ha disparado el precio de los materiales, frenando la reforma de cortijos y casas antiguas, de manera, que para compensarlo:
<-ITP reducido al 3,5%: Para jóvenes menores de 35 años que compren su vivienda habitual en el pueblo. Es un ahorro de miles de euros frente al tipo general.
<-Alquiler rural: Se amplían los límites de deducción hasta los 600 € (900 € en caso de discapacidad).
**Deducciones contra los gastos cotidianos.
Hay ayudas directas en el IRPF para gastos que la inflación ha vuelto críticos:
<-Gastos Veterinarios: Un apoyo vital en el entorno rural, donde los animales son parte esencial del hogar.-
<-Celiaquía y deporte: Se reconoce el sobrecoste de acceder a productos especiales y se fomenta el uso de instalaciones deportivas locales.
3.- Más que un ahorro – (Una economía fuerte).
Estas medidas tienen una “letra pequeña” muy positiva, pues para aplicarlas es necesario pedir factura, lo que incentiva que los profesionales de nuestros pueblos (veterinarios, albañiles, monitores) operen dentro del sistema, fortaleciendo el tejido económico de Córdoba.
** Municipios beneficiados (37). Localidades como Añora, Belmez, Fuente-Tójar o Zuheros ya pueden aplicar estas ventajas. No es solo una cuestión de ahorro, es una apuesta por que vivir en el pueblo siga siendo una opción viable y atractiva para los jóvenes.
N.B. Imagen. Córdoba rural. Inflación.
La situación de la Córdoba rural es el reflejo de un problema global que requiere inversión, pero sobre todo, una reestructuración de la vida rural.
Córdoba, 23 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.
Se dice en el lenguaje popular, que el diablo suele esconderse en los detalles y, sin duda, en este caso en las cláusulas financieras de los préstamos con las entidades financieras, porque, bajo la amable apariencia de una <-ayuda a la liquidez->, la Diputación de Córdoba, a través del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha articulado un sistema que, más que un apoyo, es una trampa de dependencia a largo plazo para nuestros ayuntamientos.
1. La realidad de los números – (El espejismo de la solvencia).
Para el ejercicio 2026, la suma total anticipada a los municipios asciende a 129,07 millones de euros. A primera vista, parece un despliegue de músculo financiero institucional, sin embargo, al analizar el origen de los fondos, la realidad es otra:
Recursos Propios (ICHL): 34,07 M. eur. (Solo el 26,4%)
La conclusión es alarmante:7 de cada 10 euros que la Diputación entrega a los ayuntamientos no son suyos. La institución actúa meramente como un intermediario que pide prestado al mercado privado para luego trasladar el coste y el riesgo al eslabón más débil: “El municipio”.
2.- La <-trampa de liquidez-> – (Un bucle de deuda).
Este modelo no es una transferencia gratuita, sino un préstamo puente con efectos secundarios devastadores para las arcas locales:
1.- Intereses Pasivos: Los intereses de esos 95 millones de euros en créditos bancarios no los absorbe la Diputación, sino que se detraen directamente de la liquidación final de los impuestos que pagan los ciudadanos.
2.- Opacidad en la Gestión: Al no publicarse los pliegos de condiciones con las entidades financieras, los interventores municipales y los ciudadanos desconocen el coste efectivo real. Es decir, se paga una “prima de opacidad” por una gestión que el ayuntamiento no controla.
3.- El Déficit Estructural: El ayuntamiento recibe el dinero hoy, pero lo devuelve mañana con intereses y gastos de gestión, lo que genera que, al final del ejercicio, el municipio tenga menos liquidez de la prevista, obligándolo a solicitar un nuevo anticipo el año siguiente. Es el “pecado original” (el efecto contrario) de una deuda perpetua.
3.- El impacto en el ciudadano – (El verdadero “pagano”).
Como jurista, observo con preocupación cómo este modelo erosiona la autonomía local (Art. 140 CE), porque el coste financiero de esta intermediación no es un concepto abstracto, sino que se traduce en menos dinero para:
–Mantenimiento de infraestructuras básicas.
–Servicios sociales municipales.
–Políticas de empleo local.
-Otros servicios públicos como limpieza, etc.
**Matemáticamente, el impacto se resume en la siguiente fórmula:
4.- Una alternativa. – (Intermediación vs. Mercado Directo).
La justificación oficial es la “economía de escala”, y, se dice que la Diputación negocia mejor por ser grande, aunque la pregunta es ¿a qué precio?
**Cuadro explicativo:
Factor
Modelo Diputación (ICHL)
Acceso Directo al Mercado
Transparencia
Opaca. El ayuntamiento desconoce la “letra pequeña”.
Total. El municipio licita y controla cada céntimo.
Dependencia
Máxima. Crea un “cordón umbilical” político.
Independencia. Soberanía financiera real.
Coste
Dual. Interés bancario + estructura del ICHL.
Directo. Solo el coste financiero de la operación.
<<Conclusión. (Un modelo que hace prisioneros)>>
El sistema de anticipos del ICHL en Córdoba se ha convertido en un mecanismo de control político bajo el disfraz de gestión técnica, ya que, si un ayuntamiento con solvencia acudiera directamente al mercado, no solo fomentaría su propia eficiencia recaudatoria, sino que dejaría de alimentar una estructura burocrática intermedia que encarece el dinero público y, además, no perdería su independencia y autonomía.
En definitiva, la “ayuda” de la Diputación es, en realidad, una carga financiera diferida, pues mientras la institución provincial obtiene el rédito político inmediato por entregar el cheque, son los ayuntamientos y sus vecinos quienes soportan, en silencio, el peso de los grilletes financieros.
N. B. Los anticipos de la Diputación a través del ICHL a los Ayuntamientos de Córdoba es una trampa financiera, que, además, hace prisioneros a los municipios que los reciben y, además, los empobrece, reduciendo su inversión real en servicios esenciales.
Es un hecho patente, que el Gobierno de la Diputación Provincial de Córdoba del P. P., con su presidente Salvador Fuentes Lopera, está siguiendo la misma política de la anterior Corporación Provincial socialista, que básicamente consiste en expoliar al ciudadano de a pie, mientras gasta sin control en el mantenimiento de sus estructuras, de forma, que para ese fin todo sirve, como lo demuestra el perverso sistema de anticipos a los ayuntamientos, que simplemente consiste en crear gastos innecesarios y superfluos y, a la vez, reducir las inversiones sociales haciendo prisioneros a los ayuntamientos a través de una deuda inducida y fraudulenta.
Los ayuntamientos que han recibido en anticipo envenenado no se sabe si sienten el engaño de la “ayuda”, pero los ciudadanos de esos municipios, que son los verdaderos paganos, si deben ser informados cumplidamente de lo que están pagando y de lo que están recibiendo a cambio, que cada día que pasa es menor proporcionalmente a la imposición fiscal que soportan.
Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.
1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).
La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:
<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.
<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.
<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.
2.- El peso de la maquinaria burocrática.
Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:
Concepto
Cuantía (euros)
Destino real
Funcionamiento interno
25.211.000
Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios
6.621.000
Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública
3.021.340
Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas
2.000.000
Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)
3.068.000
Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).
Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.
3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.
Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.
La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.
4.- Una propuesta de inversión real.
Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.
**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:
1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.
2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.
3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.
Concepto
Inversión/Gasto (euros)
Porcentaje del total consolidado
Comparativa visual
Presupuesto total consolidado
522.900.443
100%
La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)
45.000.000
8,6%
Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)
26.677.948
5,1%
Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)
3.021.340
0,58%
Una migaja insignificante.
<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).
Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.
Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.
Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.
<<Conclusión>>
Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.
Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.
N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.
Este artículo nace ante la competición lumínica que se desarrolla entre ciudades y donde los ciudadanos asistimos atónitos a una desmesura realizada con nuestro dinero, ese que no es de nadie, pero que pagamos todos para que se gaste en fomentar un populismo de luces y fiestas, olvidando los jefes de la fiesta que la Navidad es otra cosa, aunque desgraciadamente eso es lo que hay.
La crítica al derroche navideño de los ayuntamientos es válida, ya que, se priorizan el exhibicionismo lumínico sobre necesidades sociales básicas, lo que plantea cuestiones éticas, presupuestarias y democráticas.
No se trata solo de estética, sino de un desequilibrio entre gastos superfluos para “lucimiento” e inversiones esenciales en bienestar ciudadano.
<<Tamaño del Fenómeno lumínico>>
<-Vigo: Contrato de 9,4-9,5 millones de euros para cuatro años (unos 2,3 millones anuales, 8 euros por habitante en luces). <-Málaga: La cifra del costo es de 1,4-1,5 millones anuales en iluminación, con contratos plurianuales superiores a 5 millones. <-Otras ciudades (Madrid, Sevilla, Badalona): Las partidas económicas superan el millón, en una “carrera inútil” por el espectáculo más vistoso.
<<Argumentos de los Ayuntamientos>>
***Justifican el gasto como: <-Inversión económica, porque retorna en turismo, comercio y hostelería (multiplicando la inversión inicial). <-Marketing urbano:¡, porque aumenta la competencia para atraer visitantes (ej. Vigo vs. Málaga). <-Efecto emocional, porque genera “ilusión” y cohesión tras crisis.
Sin embargo, estos retornos rara vez se evalúan independientemente ni se comparan con alternativas como vivienda o servicios sociales.
<<Crítica Política y Ética sobre el “Pan y Circo” luminoso>>
Este patrón de conducta pública competitiva sin control desvía la atención de problemas estructurales (precariedad, vivienda, servicios básicos), crea liderazgos personalistas y normaliza un uso clientelar del presupuesto.
“Se mide el éxito en virales y bombillas, no en bienestar real”.
<<Papel y función de los medios de comunicación>>
Es un hecho patente, que los medios y televisiones amplifican la “competición de luces públicas” como contenido ligero, banalizando el debate sobre gasto público y ocultando recortes en áreas esenciales.
En una realidad de inflación, pobreza energética y colas en servicios sociales, los excesos lumínicos agravan la percepción ciudadana de <-gobernar como organizar espectáculos->.
<<Comparación con Inversiones Sociales>>
Aunque el gasto en luces es relativo (<1% del presupuesto total en ciudades como Vigo o Málaga), la realidad es que se transmiten prioridades erróneas. La inversión media en servicios sociales es de 102 euros/habitante/año, con muchos ayuntamientos -pobres- (<61 euros). Cada millón en luces equivale a oportunidades perdidas en ayudas de emergencia, vivienda o atención domiciliaria.
En Córdoba se destinan oficialmente 0,7 millones anuales en alumbrado vs. 1,7 millones en ayudas sociales, existiendo “un contraste simbólico entre lo visible y lo urgente”.
<<Opiniones Ciudadanas>>
–Críticas: Ven despilfarro, priorización equivocada, impacto ambiental (consumo energético, contaminación lumínica) y falta de coherencia en crisis climática/económica. Demandan redirigir fondos a servicios básicos.
–Favorables: Aprecian el impulso económico, turístico y emocional, especialmente comerciantes y hosteleros. La polarización depende de renta, experiencia personal y afinidades políticas.
En Córdoba, se valora el show en Cruz Conde, pero se critica la desigualdad en cobertura y la infradotación en barrios vulnerables.
<<Argumentos contra el Exceso>>
<-Despilfarro ante necesidades reales (alumbrado ordinario, mantenimiento). <-Derroche energético pese a LED (más luces anulan ahorros). <-Inequidad moral, porque es más importante “brillar en fotos” que mejorar la calidad de vida. <-Efecto rebote, ya que, aumenta emisiones sin eficiencia real.
<<Acciones y Propuestas>>
*Exigir transparencia, porque hay que explicar con claridad y datos los contratos y realizar evaluaciones independientes y comparativas con partidas sociales. *Debate en coste de oportunidad, porque hay que saber que se sacrifica por cada millón en luces. *Impulsar límites presupuestarios u ordenanzas que prioricen lo social sobre lo festivo.
N.B. La realidad es que hay demasiadas luces y muchas sombras sobre los excesos, los costes reales y las necesidades sociales sacrificadas.
En resumen, este “populismo festivo” es una interpelación a la responsabilidad pública, de manera, que una ciudadanía madura debe demandar equilibrio, priorizando necesidades esenciales sobre espectáculos efímeros.
A la vista del posible tarifazo, su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EMPROACSA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Aguas y sus soluciones.
Emproacsa, empresa pública de la Diputación de Córdoba (gobierno PP desde 2023) encargada del ciclo integral del agua en la provincia, acumula pérdidas desde 2021: 1,9 M. eur. (2021), 6,4 M. eur. (2022) y 10,5 M. eur. (2023), alcanzando quiebra técnica en 2023. Los gastos crecieron un 68% en tres años frente a un incremento del 34% en ingresos, requiriendo ayudas públicas de la Diputación de Córdoba que ya suman 59,3 M. euros (incluyendo 7,8 M. extraordinarios en 2023). El presupuesto presenta como partida clave los gastos de personal.
<<Análisis de causas del déficit>>
*Factores externos (energía, sequía, inflación) influyen pero no justifican el gran desajuste entre gastos e ingresos. Faltan planes claros de mitigación.
*Factores internos (personal, gasto corriente, infraestructuras obsoletas) son determinantes: aumentos salariales, nombramientos sin mérito, contratos irregulares sin concurso, y una red con pérdidas frecuentes.
*La Intervención ha alertado de gastos descontrolados y déficit de control entre Diputación y Emproacsa, de forma, que esto genera desconfianza por su enorme opacidad y posible despilfarro.
<<Medidas planteadas por la Diputación>>
La Diputación financia con más de 59 M. euros incluyendo inversiones para digitalización y sensorización (#REDES_EMPROACSA 5.0), pero la subida tarifaria propuesta del 5,37% para 2025-26, calificándola de “inevitable”, fue retirada ante el rechazo general en el Pleno.
**Crítica: Es un hecho patente y negativo, que se priorizan inyecciones financieras y aumento de tarifas sobre reformas internas profundas y administrativas, que permitan eficiencia y transparencia.
Por otro lado, la modernización tecnológica es lenta y no impacta de inmediato en el déficit.
<<Impacto de la subida tarifaria en usuarios>>
Un aumento cercano a 3 euros mensuales por familia media, acumulando subidas superiores al 20% en algunos municipios, afecta especialmente a hogares vulnerables pese a exenciones parciales (bonos sociales, zonas afectadas por sequía).
La subida de tasas lineal traslada el peso del déficit estructural a los usuarios sin ofrecer mejoras tangibles ni progresividad real.
La doble carga con la tasa de basura agrava la percepción social negativa.
<<Debate político y críticas>>
<-Gobierno (PP): “Defiende la subida de tasas como única solución para evitar recortes sociales y laborales, para asegurar la viabilidad de Emproacsa”.
<-Oposición y críticos exigen auditoría externa, recortes internos y mayor eficiencia antes de cargar al usuario.
**Crítica general: La subida refleja años de gestión descontrolada, falta de transparencia y ausencia de ajustes internos en plantilla y contratos.
La Diputación evade su responsabilidad estructural pese a contar con recursos para reformas.
<<Propuestas estructuradas para evitar la quiebra sin sobrecargar a usuarios>>
Área
Medida Específica
Beneficio Esperado
Prioridad
Auditoría
Auditoría externa integral con publicación de resultados en 3 meses
Detectar irregularidades y ahorrar >1 M €
Alta
Personal
Congelar contrataciones no esenciales, concursos públicos y revisión complementos
Reducir masa salarial 10% y eliminar enchufismo
Alta
Operativa
Plan urgente contra fugas (invertir 5 M €), renegociar energía
Reducir costes variables 15-20%
Alta
Tarifas
Tarifas progresivas por consumo e ingresos; congelar subidas hasta auditoría
Justicia social y mayores ingresos sin linealidad
Alta
Inversiones
Acelerar digitalización y sensorización, reasignar inversiones no urgentes
Mayor eficiencia y retorno económico
Media
Gobernanza
Consejo supervisión independiente y presupuesto base cero anual
Transparencia y rendición de cuentas
Media
**Financiamiento con remanentes evitando deuda.
**Meta: equilibrio financiero en 2026 sin nuevas subidas.
<<Conclusión crítica>>
Emproacsa enfrenta un déficit mixto, mayormente por gestión interna deficiente y falta de control que supera los factores externos. La Diputación tiene capacidad financiera, pero opta por subir tarifas como solución rápida, afectando usuarios y evitando reformas urgentes, aunque es un hecho patente, que sin una auditoría rigurosa, ajustes en plantilla y contratos, el déficit persistirá.
Las últimas noticias son positivas al retirar el tarifazo ante la oposición unida en el Pleno, abriendo paso a la negociación con mayor transparencia y responsabilidad.
N. B. La situación financiera de Emproacsa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.
Desde ACOA recomendamos:
“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.
