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Emproacsa – Una ruina de Empresa – (Pacto presupuestario P.P. – I.U.)

Estamos en Elecciones Generales, así que espero, que el partido que las gane obtenga una mayoría más que suficiente para realizar sin demora todos los cambios que España necesita de inmediato, bien solo o en coalición. Para empezar creo que es imprescindible empezar por limpiar la propia casa, ya que, seguir permitiendo las mismas políticas nos llevará a las mayores ruinas.

(Nota. Ejemplo de políticas a erradicar dentro de la propia casa. La Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., presidida por Salvador Fuentes Lopera, ha llegado en 2026 a un pacto presupuestario con I. U. dónde para aprobar el presupuesto aceptan y adoptan políticas de izquierda radical y a sus votantes que traguen y traguen.

***En nuestro artículo de 26 de septiembre de 2026, con el título de “Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)” publicado en mi blog dónde se dice, entre otras cosas más, lo siguiente:

[<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa)>>

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.)

Es un hecho patente que se ganan unas elecciones y seguimos con las mismas políticas socialistas y de izquierda radical, <<apaga y vámonos>>.]

***La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha dejado de ser una entidad pública de gestión de servicios esenciales para convertirse en un ejemplo paradigmático de bancarrota estructural. Los números del ejercicio fiscal 2026 no dejan lugar a dudas:

“Se estiman unos números rojos de 6,4 millones de euros, un agujero financiero que no es un hecho aislado, sino la continuación de una hemorragia patrimonial sostenida que ya acumuló 7,5 millones de euros en pérdidas al cierre de 2023”.

La viabilidad técnica y financiera de la sociedad pública está seriamente comprometida, y la única respuesta institucional hasta la fecha oscila entre *inyecciones de parcheo institucionales y *la amenaza velada de asestar nuevos tarifazos a los ciudadanos.

<<Un pozo sin fondo y la insuficiencia de los parches públicos>>

-Dentro de los Presupuestos Generales de la Diputación de Córdoba para 2026 -dotados con 522,9 millones de euros-, se ha consignado una transferencia de financiación de 2,7 millones de euros con el único fin de rescatar operativamente a Emproacsa.

<-La aritmética es demoledora:

**Déficit previsto para 2026: 6,4 millones de euros. **Transferencia de la Diputación: 2,7 millones de euros. **Descubierto operativo real: 3,7 millones de euros sin cobertura.

Esta brecha obliga a la empresa a malvivir bajo severas medidas de contención del gasto. La captación de 3,5 millones de euros en fondos europeos (PERTE) se presenta habitualmente como un logro de gestión, pero oculta una trampa contable:

“Son fondos estrictamente finalistas dedicados a la digitalización e infraestructuras de datos”.

No se puede destinar ni un solo euro de ese dinero a pagar la factura de la luz, comprar reactivos químicos o tapar el déficit de explotación ordinario.

<<Anatomía del desequilibrio – (Congelación, sequía e inflación)>>

El endeudamiento de Emproacsa no responde a inversiones estratégicas ni a apalancamiento para el crecimiento, ya que,  su déficit es puramente operativo y responde a un desequilibrio crónico entre ingresos y costes reales:

1.- Gestión tarifaria populista e ineficaz: La congelación del precio público del agua durante años generó un desfase recaudatorio devastador. La reciente subida de tarifas del 22% ha resultado ser un remiendo insuficiente, que no neutraliza el agujero acumulado.

2.- Costes de la crisis hídrica: La sequía prolongada forzó la asunción de gastos de emergencia extraordinarios: “Bombeos continuos a máximo rendimiento y una logística costosa de camiones cisterna para abastecer a municipios castigados, sobre todo en el Norte de la provincia”.

3.- Inflación de insumos clave: *El encarecimiento de la energía eléctrica -imprescindible para el bombeo e impulsión del agua- y *la subida de precio de los reactivos químicos de potabilización han pulverizado el margen de explotación.

<<Estructura de costes – (Plantilla propia frente a una abrumadora externalización)>>

Con un presupuesto anual global que orbita habitualmente entre los 29 y los 30 millones de euros, casi la totalidad de los ingresos se esfuman en dos grandes partidas: “*el gasto de personal y *los gastos corrientes en bienes y servicios”.

<-La plantilla directa (Capítulo I).

Emproacsa cuenta en 2026 con 295 trabajadores directos. Esta cifra engloba al personal operativo de campo, técnicos de las plantas potabilizadoras (ETAP) y depuradoras (EDAR), administrativos y la cúpula ejecutiva (Gerencia y direcciones de área). Los cargos políticos del Consejo de Administración no están en la nómina directa, recayendo la asistencia jurídica y técnica en los propios servicios de la Diputación.

<-El entramado subcontratado – (Capítulo II y VI).

Aunque la plantilla propia es amplia, Emproacsa padece una dependencia crítica de personal contratado externo a través de licitaciones privadas bajo la Ley de Contratos del Sector Público.

Dentro del volumen total de 14 a 16 millones de euros que la empresa gasta en bienes corrientes y servicios (Capítulo II), entre 5 y 8 millones de euros anuales se van directamente a subcontratas para tareas operativas:

**Apoyo en mantenimiento de redes y reparación de averías en municipios como Villa del Río.

**Lectura de contadores y cobro presencial.

**Servicios de laboratorio externos y analíticas de agua.

**Limpieza industrial, seguridad de plantas y atención al cliente externaliza.

<<Las grandes licitaciones – (¿Dónde se va el dinero?)>>

***El análisis de la Plataforma de Contratación del Sector Público permite radiografiar el mapa del gasto externo de la compañía:

Bloque OperativoConcepto / ExpedienteImporte / Estimación
Suministro EléctricoEnergía para bombeos, ETAPs y EDARs (Capítulo II)3,5 – 5,0 M€ / año
PERTE DigitalizaciónTelelectura y contadores inteligentes (Exp. CC 21/2025 y CC 28/2025)5,98 M€ (con IVA)
PERTE DigitalizaciónGeorreferenciación GIS y modelo hidráulico (Exp. CC 9/2025)1,35 M€ (con IVA)
PERTE IT / DatosInfraestructura Data Lake – Nutanix (Exp. CC 36/2025)268.620 € (con IVA)
Insumos QuímicosReactivos de potabilización (cloro, coagulantes, carbón activo)2,42 M€ (base)
Materiales de RedTuberías, valvulería y repuestos urgentes (Exp. CC 52/2026)200.000 € – 930.000 €
Servicios AuxiliaresControl analítico del agua, gestión de lodos y camiones cisterna0,8 – 1,5 M€ / año

Emproacsa presenta la radiografía de un modelo público agotado. Pretender arreglar con tecnología PERTE de contadores inteligentes y servidores de última generación una red que se cae a pedazos y que pierde agua por fugas constantes es empezar la casa por el tejado.

Una empresa pública que necesita que la Diputación le inyecte millones para tapar parches y que traslada a los vecinos un incremento del 22% en la factura para seguir en pérdidas no requiere un retoque presupuestario:

“Exige una auditoría severa y una reestructuración urgente de su modelo de gestión”.

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

ConceptoCuantía (euros)Destino real
Funcionamiento interno25.211.000Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios6.621.000Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública3.021.340Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas2.000.000Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)3.068.000Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

ConceptoInversión/Gasto (euros)Porcentaje del total consolidadoComparativa visual
Presupuesto total consolidado522.900.443100%La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)45.000.0008,6%Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)26.677.9485,1%Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)3.021.3400,58%Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.