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CÓRDOBA – MUTACIÓN DE SU CASCO HISTÓRICO – (ÉXODO RESIDENCIAL)

<<La paradoja del centro histórico>>

El casco histórico de Córdoba no está agonizando por abandono, sino que está sufriendo un desajuste tectónico. Enfrentar la despoblación de barrios icónicos como La Medina, Jerónimo Páez o la Axerquía bajo el dogma simplista de “turismo sí o turismo no“es un error de diagnóstico. Es un hecho patente que el problema tratado con herramientas urbanísticas convencionales del siglo XX, no tiene solución.

<-Necesitamos una visión rompedora y técnicamente sólida.->

1.- Las presiones del éxodo residencial.

El retroceso del habitante permanente frente a la expansión comercial y turística responde a cinco fuerzas concurrentes:

1.- Turistificación e hipertrofia de las viviendas de uso turístico -VUT-: La proliferación ininterrumpida de Viviendas de Uso Turístico tensiona los precios de compraventa y destruye la oferta de alquiler de larga estancia.

2.- Erosión del comercio de proximidad: Las fruterías, ferreterías y ultramarinos ceden paso al monocultivo de la hostelería, souvenirs y franquicias.

3.- Barreras de habitabilidad y logística: Trazados medievales con restricciones ACIRE, déficit crónico de aparcamiento y edificios históricos sin ascensor.

4.- Fricción por el Plan Especial de Protección del Casco Histórico – (PEPCH): Exigencias arquitectónicas casi sacras que disparan costes y plazos de obra para los propietarios particulares.

5.- Saturación ambiental y exilio generacional: El ruido nocturno y la ocupación de la vía pública empujan a las familias jóvenes hacia las áreas de expansión urbana (Distrito Poniente, Tablero, Noreste).

2.- El balance urbano – (Beneficio económico o decorado temático).

Luces: El Motor Económico	Sombras: La Pérdida de Identidad
Generación de riqueza y empleo: Sostén de miles de familias a través de la hostelería, cultura y servicios.	Pérdida del patrimonio inmaterial: Sin comunidad local, tradiciones como la Fiesta de los Patios corren el riesgo de volverse escenografías artificiales.
Rehabilitación del patrimonio edificado: Inversión pública y privada en la restauración de monumentos y casas-patio que de otro modo se habrían degradado.	Monocultivo y vulnerabilidad: Dependencia extrema del sector turístico ante crisis exógenas.
Proyección internacional: Posicionamiento global de Córdoba como referente de patrimonio de la humanidad.	Ciudad a dos velocidades: Un centro tematizado para el visitante frente a una periferia residencial infra-invertida en conservación.

3.- Provocación analítica – (Desmontando mitos obsoletos).

***Para abrir un debate real, debemos derribar las premisas tradicionales que bloquean el planeamiento urbano:

<-Mito A: “El único habitante garante de la identidad es la familia tradicional“.

**La realidad: La familia nuclear con varios hijos y vehículo privado no volverá de forma masiva a la Medina o la Axerquía por mera física urbana. La identidad del casco no la preserva el perfil familiar del siglo XX, sino los usuarios de alta permanencia: “Profesionales remotos, investigadores universitarios, creadores y seniors independientes”, porque no hay que frenar el éxodo, sino que hay que cambiar la tipología de reclutamiento demográfico.

<-Mito B: “El uso residencial y el uso turístico son excluyentes“.

**La realidad: Analizar el suelo de forma binaria (Vivienda habitual vs. Apartamento turístico) ignora que las fronteras entre vivir, trabajar y viajar se han disuelto, y, la rígida zonificación actual es incapaz de acoger modelos híbridos.

<-Mito C: “La protección patrimonial estricta equivale a conservación“.

**La realidad: La burocracia del PEPCH actúa como un agente de gentrificación indirecta, porque si rehabilitar una casa-patio requiere tres años de trámites y costes inalcanzables, solo los grandes fondos o inversores turísticos pueden asumir la inversión.

4.- Tres propuestas vanguardistas para reconfigurar Córdoba – (El vanguardismo se refiere al conjunto de personas y obras experimentales e innovadoras, en particular en lo que respecta al arte, la cultura, la política, la filosofía y la literatura.)

Propuesta I: La Casa-Patio como infraestructura descentralizada de Co-living = (El coliving es una forma de alojamiento amueblado y flexible pensada para vivir en comunidad sin renunciar a la privacidad. Suele incluir servicios como WiFi, limpieza, suministros y mantenimiento, además de espacios preparados para teletrabajo y zonas comunes que facilitan la convivencia).

La gran escala de las casas-patio resulta inalcanzable para una familia actual. La solución no es trocearlas en seis pisos turísticos ni dejarlas morir en litigios hereditarios.

<-El mecanismo: Crear la figura del derecho de superficie con cargas sociales – (Mediante un fideicomiso público-privado, se financia la rehabilitación de la casa-patio.).

<-El modelo híbrido:

*Planta baja / Patio: Taller artesanal, área de cotrabajo o espacio común.

*Plantas superiores: Unidades residenciales en alquiler tasado para investigadores, jóvenes y creadores, con el compromiso de participar en la apertura y mantenimiento del patio durante las festividades locales.

Propuesta II: Cero emisiones logísticas y créditos de movilidad.

La pesadilla logística de carga y descarga y el aparcamiento son los principales ahuyentadores de residentes.

<-Micro-Hubs Perimétricos (Dispositivos que centralizan las conexiones entre una serie de equipos): Prohibición total de reparto comercial individualizado dentro del casco, de manera, que todo entra por dos micro-hubs perimetrales y se distribuye en vehículos eléctricos de bajo tonelaje o bicicletas de carga en franjas silenciosas.

<-Créditos de movilidad urbana: Cada residente que renuncie a introducir su coche privado en el centro recibe una plaza de aparcamiento asignada e intocable en el perímetro exterior, combinada con un bono universal de transporte y micromovilidad eléctrica.

Propuesta III: Fiscalidad inteligente por “índice de presencia residente” (IPR).

En lugar de moratorias o prohibiciones de licencias a ciegas -que terminan en los tribunales o alimentan el mercado negro-, se propone una fiscalidad adaptativa apoyada en tecnología PropTech (ámbito de actuación o conjunto de empresas que se basan en el uso de la tecnología para desarrollar su actividad en el sector inmobiliario):

<-Zonificación por manzana: Mediante sensores de uso y padrón, se calcula el IPR por manzana , de forma, que si el índice de vecinos permanentes cae por debajo del 60%, las tasas municipales (IBI, basuras, licencias) para actividades exclusivamente turísticas escalan de forma exponencial.

<-Circuito cerrado de inversión: La recaudación extra no va a la caja común del Ayuntamiento, sino que se destina directamente a subsidiar las licencias y tasas de rehabilitación de quienes compren o alquilen para vivir en esa misma manzana.

Conclusión – (Un contrato urbano para el centro histórico).

El futuro del centro de Córdoba no pasa por la nostalgia de lo que fue, sino por liderar la innovación urbana en el sur de Europa, de manera, que si logramos articular tipologías habitacionales flexibles, logística limpia y fiscalidad algorítmica, dejaremos de debatir si el éxodo es “bueno o malo” para empezar a construir una ciudad histórica, viva y habitable.

N.B. Imagen. Córdoba – Casco Histórico. Éxodo. Mutación urbana.

Córdoba, 30 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

CARTA ABIERTA

A LA ATENCIÓN DEL DELEGADO PROVINCIAL DEL GOBIERNO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA EN CÓRDOBA

Asunto: Denuncia sobre la brecha entre el discurso de contención del gasto y la praxis institucional en la Diputación de Córdoba y la necesaria coherencia de la administración autonómica.

Estimado Sr. Delegado Provincial:

Me dirijo a usted de manera pública y formal para trasladarle una honda preocupación compartida por un amplio sector de la ciudadanía cordobesa respecto a la deriva de la gestión pública en nuestra provincia, caracterizada por una inaceptable brecha entre el discurso programático de contención del gasto público y el pragmatismo institucional que se adopta tras alcanzar el poder.

Como es de su conocimiento, el compromiso electoral asumido con la ciudadanía se fundamenta en principios claros: “Eficiencia en la gestión pública, rigor en el gasto, reducción de la hipertrofia administrativa, contención de la presión fiscal y una firme defensa de los valores de un proyecto político diferenciado. Sin embargo, la actuación del gobierno conservador al frente de la Diputación de Córdoba representa una contradicción flagrante con dicho mandato.

A través de esta carta, me veo en la obligación de denunciar los siguientes aspectos fundamentales:

1.- La paradoja ideológica y la consolidación del modelo de gasto: Tras asumir la presidencia de la Diputación de Córdoba, el actual gobierno provincial no solo ha mantenido, sino que ha ampliado el modelo intervencionista y el esquema de subvenciones directas a fondo perdido. A través de acuerdos presupuestarios que destinan fondos a políticas ideológicas pactadas con la izquierda radical (como la financiación de apertura de fosas), se ha priorizado la paz política y la gobernabilidad inmediata en detrimento de la coherencia ideológica y del contrato ético con sus electores.

2.- Perpetuación del clientelismo y endeudamiento bancario: En lugar de reestructurar organismos como el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) para abaratar costes a los consistorios, se ha optado por inflar las cifras de anticipos (alcanzando los 129,07 millones de euros proyectados para 2026) mediante recurrencia masiva a operaciones de crédito con la banca privada (95 millones de euros en pólizas). Esta praxis convierte a la corporación en un «broker» financiero que encarece la administración y perpetúa un asistencialismo que frena la eficiencia municipal y penaliza al contribuyente.

3.- El silencio y la inacción de la Junta de Andalucía: Resulta especialmente grave la pasividad de la administración autonómica. Pretender ampararse exclusivamente en la autonomía local (arts. 137 y 141 CE) para justificar este “silencio clamoroso” constituye un argumento formalista que elude la realidad: “La Diputación de Córdoba recibe nutridos fondos autonómicos para materias clave de la provincia (como la resolución de la crisis hídrica de La Colada), sobre los cuales existe una innegable corresponsabilidad de seguimiento y tutela financiera marco. El silencio de la Junta denota una preocupante primacía de la estabilidad orgánica y la paz del partido por encima del cumplimiento estricto de la disciplina presupuestaria.

El distanciamiento entre las promesas electorales y la ejecución en las instituciones quiebra la confianza legítima de los ciudadanos. Un partido político no es una mera franquicia administrativa, sino un proyecto de valores. Gobernar la Diputación con las herramientas, las concesiones ideológicas y la hipertrofia de gasto propias de otros modelos supone la deserción de los propios principios y genera un inevitable escenario de abstención y desafección electoral.

Por todo ello, le insto, en su calidad de máximo representante del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Córdoba, a abandonar la pasividad institucional, ejercer la autoridad moral y de fiscalización que le corresponde y velar por que la gestión de los recursos públicos de todos los cordobeses responda con rigor a los principios de eficiencia, transparencia y coherencia que la ciudadanía demandó en las urnas.

En Córdoba, a 23 de julio de 2026.

Atentamente,

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado Provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía y Exsecretario del Parlamento.

España – Unidad o diáspora.

Existe una aparente y preocupante paradoja en la España contemporánea:

“Mientras los éxitos deportivos de la Selección Española unen masivamente a la inmensa mayoría del país bajo una misma bandera, el devenir político parece estar condicionado por minorías separatistas que exigen privilegios exclusivos”.

Es ineludible plantear una pregunta:

¿Cómo es posible que una minoría imponga su agenda a toda una nación?

***Para comprender esta quiebra entre la realidad sociocultural y la política institucional, es necesario analizar los engranajes electorales, sociológicos y de poder que han conducido a la situación en la estamos hoy.

1.- La paradoja – (Sentimiento común frente a la realidad política).

El deporte actúa como un espacio neutro donde los símbolos compartidos suscitan una cohesión social espontánea, aunque la representación política en las Cortes Generales opera bajo reglas de ingeniería parlamentaria muy distintas:

<-El sistema de circunscripción provincial: La Ley D’Hondt y la división electoral por provincias priman extraordinariamente a las fuerzas regionalistas y nacionalistas. Al concentrar todo su voto en unas pocas circunscripciones, obtienen una representación en escaños desproporcionadamente alta en comparación con partidos nacionales cuyos votos se dispersan, de forma, que tienen menos votos pero duplican su número de diputados y senadores.

<-La trampa del parlamentarismo fragmentado: Tras la quiebra del bipartidismo, la gobernabilidad exige 176 diputados, de manera, que sin mayorías absolutas, *las minorías territoriales se han convertido en la «llave de gobierno», vendiendo su apoyo a cambio de competencias, financiación singular o concesiones ideológicas.

2.- Hegemonía en el territorio – (La dictadura del silencio).

En regiones como el País Vasco o Cataluña, el predominio político del independentismo no responde únicamente al recuento de urnas, sino a una estrategia sociológica y mediática de dominación del espacio público, así:

<-La espiral del silencio: Teorizada por Elisabeth Noelle-Neumann, explica cómo el ciudadano común, no nacionalista o con identidad dual, opta por recluir su sentimiento en la esfera privada para evitar la estigmatización social, laboral o la confrontación.

<-Inercia de la coacción y control institucional: Décadas de presión política, control de la educación, medios autonómicos subvencionados y, en el caso vasco, la pesada sombra del terrorismo de ETA, han consolidado una asimetría estructural.

El nacionalista está hiper-movilizado y la mayoría no nacionalista suele estar inhibida.

3.- El Gobierno Central y la cesión sistemática.

La percepción de que el Ejecutivo nacional concede todo cuanto piden los partidos separatistas para retener el poder a cualquier precio fractura la igualdad entre españoles. Concesiones como amnistías, amparos fiscales o traspasos exclusivos dinamitan la solidaridad interterritorial consagrada en la Constitución y *crean ciudadanos de primera y de segunda clase.

<-Reflexión crítica: La línea entre la negociación parlamentaria legítima y la desarticulación del Estado de derecho se ha vuelto peligrosamente difusa, ya que, mantener la gobernabilidad sacrificando la cohesión nacional expone al sistema a un desgaste sin precedentes.

4.- Los límites infranqueables.

Esta dinámica no es infinitamente elástica ni puede durar para siempre, pues existen barreras claras que marcarán el punto de inflexión de este modelo:

1.- El límite constitucional y europeo: El artículo 1.2 (la soberanía nacional reside en todo el pueblo español) y el artículo 2. de la Carta Magna, custodiados por el Tribunal Constitucional y el marco del Derecho Comunitario de la Unión Europea, imponen un muro legal contra pactos que pretendan fragmentar la soberanía.

2.- El límite electoral (El efecto péndulo): Las concesiones continuas provocan un profundo resentimiento en el resto de España. El desgaste acumulativo del partido gobernante terminará por activar un voto masivo de castigo que configure mayorías alternativas no dependientes del separatismo.

3.- La fatiga sociológica: La polarización identitaria agota a la propia ciudadanía local, cuyas prioridades terminan desplazándose hacia problemas reales como la economía, la vivienda o los servicios públicos.

<<Conclusión>>. España se encuentra en una encrucijada entre su cohesión sociocultural y el chantaje institucional, aunque los sistemas políticos son cíclicos: “El tope legal de la Constitución, el desgaste electoral y la fatiga social impondrán, más pronto que tarde, el fin de esta asimetría”.

N. B. Imagen.Unidad o diáspora.

Córdoba, 22 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Paradoja del Agua en Córdoba – (Coste de la ineficiencia interna vs. castigo fiscal del ciudadano).

Análisis crítico sobre la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el blindaje de su estructura interna a costa de la presión tarifaria.

<<Una realidad incómoda tras el escaparate de las cifras>>

El Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) suelen presumir de cifras: *La capital cuenta con alrededor de 650 fuentes de agua potable en sus calles (616 bebederos públicos y 30 ornamentales), pero detrás de esta gran infraestructura de cercanía y de un servicio de excelente calidad, se esconde una realidad incómoda que afecta directamente al bolsillo del ciudadano, concretamente, “que el recibo del agua encadena cuatro años de subidas consecutivas en un escenario donde ahorrar cuesta más caro y se camufla sistemáticamente el impacto real de las facturas”.

1.- El sistema actual, sus grietas y el desvío de la atención técnica.

La Empresa Pública Municipal Emacsa gestiona el ciclo integral del agua apoyándose principalmente en los embalses de Guadalmellato y San Rafael de Navallana, con la ETAP de Villa Azul y la EDAR de La Golondrina como motores técnicos. Para modernizar la red, la empresa cuenta con un ambicioso Plan Director (2023-2033) valorado en más de 540 millones de euros.

<-A pesar de esta aparente solvencia proyectada, el sistema arrastra deficiencias críticas que evidencian la falta de optimización de los recursos:

*Redes obsoletas: Tramos antiguos de fibrocemento provocan fugas microscópicas y roturas en zonas históricas y periféricas.

*El olvido de las periferias: Numerosas parcelaciones y núcleos de autoconstrucción carecen de conexión legal a la red, cronificando problemas sanitarios esenciales.

<-Exigencias europeas y clima: La EDAR de La Golondrina urge inversión para adaptarse a las normativas de la UE en eliminación de nutrientes, mientras el estrés hídrico obliga a desarrollar un circuito terciario de aguas regeneradas que aún está a medio gas.

2.- La escalada de tarifas (2024 – 2027) y la paradoja del ahorro.

<-Tras incrementos muy intensos en años previos (del 10% y el 5%), el calendario fiscal se ha estabilizado con subidas continuas:

*Año 2026: Se ha aprobado un incremento general del 2,1% (unos 0,32 € más al mes para un usuario medio).

*Año 2027: Ya hay proyectado un nuevo incremento del 1,9% (unos 0,30 € mensuales más).

<-La paradoja del ahorro: “La justificación oficial de Emacsa es que, gracias a la concienciación ciudadana, el consumo anual bajó de 21 millones de m3 en 2021 a 19,4 millones de m3, de forma, que al facturarse menos volumen de agua, los costes fijos de mantenimiento por metro cúbico se elevan. Es decir, el ciudadano ahorra, pero el sistema le penaliza subiendo el precio unitario.

<-Para mitigar las críticas frente a lo que la oposición tacha de “atraco”, se destina un millón de euros al Bono Social, penalizando a su vez con recargos de entre el 25% y el 50% los bloques de consumo más altos.

3.- El núcleo de la crisis – (Coste interno de Emacsa intocable vs. el rescate tarifario.)

El verdadero nudo gordiano de la gestión actual reside en una transición financiera sumamente alarmante, concretamente, el paso de Emacsa de ser una empresa tradicionalmente saneada y con superávit a convertirse en una sociedad que coquetea con las pérdidas y el déficit.

Ante este desequilibrio, la dirección política de la empresa ha optado por la vía más cómoda para la estructura burocrática, pero más lesiva para el contribuyente:

“Un rescate encubierto a base de continuas subidas de tarifas”.

<-En lugar de acometer un plan riguroso de saneamiento interno que analice, racionalice y reduzca el coste de la propia estructura y del mantenimiento de infraestructuras, la entidad mantiene intactos sus gastos de funcionamiento interno, descargando de manera sistemática toda la responsabilidad y el coste del desajuste sobre los cordobeses, utilizando como pretexto que estos consumen menos agua.

<-Este modelo resulta económicamente insostenible y éticamente cuestionable, ya que, se penaliza la eficiencia ambiental de los ciudadanos para evitar abordar la ineficiencia organizativa y los costes estructurales de la propia empresa municipal.

<-Indicador de Gestión: “Efecto sobre el Ciudadano Situación en la Estructura de Emacsa”.

-Consumo de Agua – (Tendencia a la baja).

-Ahorro ecológico y menor consumo real (de 21 a 19,4 millones m3).

-Se utiliza como excusa para encarecer el metro cúbico debido a los “costes fijos”.

<-Estructura y Coste Interno Soporta tarifas un 2,1% (2026) y un 1,9% (2027) más caras.

*Intocable. No se acometen reformas estructurales ni optimización de gasto interno.

<-Resultado Financiero. Se financia el déficit mediante el encarecimiento del recibo básico.

*Paso del superávit histórico a pérdidas operativas compensadas con presión fiscal*.

4.- El «empaquetamiento político» o cómo ocultar la subida de tarifas.

<- La falta de transparencia real no radica en la ausencia de informes financieros, sino en el diseño del mensaje para minimizar el desgaste político utilizando cinco tácticas muy claras:

1.- La técnica de la «micro-cifra»: Presentar el sablazo millonario diluido en frases como “solo costará un café o 32 céntimos más al mes”, haciendo que la queja parezca una exageración.

2.- El «maquillaje plurianual»: “Aprobar las subidas de varios años de golpe”, de forma, que el Gobierno local concentra las protestas en un solo pleno y los años siguientes las tarifas suben de forma automática y silenciosa.

3.- Lenguaje tecnocrático: Usar conceptos como “actualización por equilibrio concesional” para hacer ver la subida como algo inevitable y ajeno a la voluntad del alcalde.

4.- Culpabilización positiva: El argumento de “como habéis ahorrado, hay que subir los precios” traslada la responsabilidad del encarecimiento al propio consumidor.

5.- El «escudo social»: Abrir los titulares anunciando la ampliación de bonificaciones a colectivos vulnerables, relegando el aumento general al final del comunicado para neutralizar la crítica.

5.- Una crítica fundada – (Los pilares de la opacidad y la anomalía legal).

<-Para armar una fiscalización rigurosa de esta gestión, no basta el descontento social, sino que hay que apelar a sólidos argumentos institucionales y legales:

*Vulneración de la transparencia: La Ley 19/2013 exige que los actos con impacto económico sean claros. Camuflar los recargos de hasta el 50% de los bloques altos tras un simplista “usuario medio” impide al ciudadano ejercer su derecho fundamental a saber.

*La anomalía de la “plurianualidad”: El ordenamiento presupuestario se rige por el principio de anualidad. Fijar subidas para 2027 desde ya desvirtúa la naturaleza de las tasas (que deben cubrir costes reales año a año, imposibles de predecir hoy con exactitud) y solo busca hurtar el debate plenario y vecinal de cada ejercicio, tal y como advirtió la propia Intervención Municipal.

*Quiebra de la equidad (Castigo al ahorro): Responder al éxito de una campaña de concienciación ambiental con una penalización económica rompe la lógica del servicio público y genera desconfianza institucional.

*Incoherencia fiscal: El equipo de gobierno vende un relato masivo de “bajada de impuestos” (como el IBI), mientras de forma soterrada incrementa las tasas de las empresas públicas esenciales (Emacsa y Sadeco).

No hay menos presión fiscal, sino que hay un desplazamiento de la carga hacia los recibos domésticos más básicos, perjudicando de igual manera a las rentas medias y bajas.

<<Conclusión>>

Nadie cuestiona que la infraestructura del agua en Córdoba necesite inversión de cara al futuro.

*Lo que es profundamente criticable es el método:

“Recurrir a la ingeniería de la comunicación y a subidas automáticas para eludir el control anual, maquillar el impacto real, proteger un coste de estructura interna intocable y, para colmo, penalizar el esfuerzo ecológico de los cordobeses”.

Una práctica que prioriza el control del daño político y el corporativismo interno por encima de la buena fe y el rigor que se le debe a la ciudadanía.

N. B. Imagen. Córdoba – Agua – Emacsa – Ciudadanos paganos y desinformados.

(Nota. Emacsa y como pasar de una empresa con superávit a una sociedad con pérdidas y déficit, rescatada a base se subidas de tarifas sin tocar para nada el coste interno de infraestructuras y, además, descargando las culpas en los cordobeses por consumir menos agua.).

Córdoba, 14 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

Inflación y sobrecostes en las carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria)

1.- Análisis – (Más presupuesto, menos kilómetros).

El mantenimiento y la reforma de la red viaria en España no se enfrentan a un bloqueo institucional en términos absolutos, sino a una severa pérdida de poder adquisitivo en el sector de la construcción de infraestructuras. La realidad sobre el terreno es que el dinero rinde muchísimo menos que antes, lo que en la práctica ralentiza, encarece o deja desiertos muchos proyectos esenciales de reforma y conservación.

<-Déficit estructural: Se dice que España arrastra un bache de inversión acumulado en la red estatal de unos 5.600 millones de euros desde la crisis de 2008, aunque asociaciones como la Asociación Española de la Carretera (AEC) o la patronal de fabricantes de asfalto (Asefma) elevan la cifra necesaria para poner el contador a cero en todo el país a más de 13.400 millones de euros.

<-La paradoja de la inflación: A pesar de destinarse una cifra récord de casi 1.910 millones de euros a la conservación viaria, los sobrecostes diluyen el esfuerzo. Es un hecho fijado con prudencia, que el precio del asfalto se ha disparado más de un 25% desde la pandemia (el coste por kilómetro ha pasado de 42.000 a cerca de 50.000 euros) y la producción actual de mezcla asfáltica ha caído un 9%, situándose a la mitad de lo que el país requeriría para ponerse al día.

En resumen, los sobrecostes de las materias primas y la energía provocan que las licitaciones públicas se queden cortas, obligando a las administraciones a dilatar los plazos y empeorando visiblemente el firme de las carreteras.

2.- Radiografía del problema en Córdoba y Provincia.

Al descender al terreno local, la escalada de costes de las materias primas —donde el betún ha subido un 50% y la energía para la maquinaria un 47% debido a las últimas tensiones internacionales— provoca que los concursos públicos queden desiertos. Según datos de la patronal andaluza de la construcción (Ceacop), esta situación ha dejado 43 obras públicas desiertas en la provincia de Córdoba, bloqueando inversiones por valor de casi 11 millones de euros.

***El impacto directo en la red viaria cordobesa se sufre principalmente en tres frentes institucionales:

A.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

<-El Plan Extraordinario de Asfaltado: Diseñado con un presupuesto de 140 millones de euros para vías autonómicas, sus contratos se calcularon antes de las últimas alzas de precios. Al no existir cláusulas dinámicas y automáticas de revisión, las constructoras asumen sobrecostes que superan el 30%, provocando que las licitaciones de mezclas en caliente (como las capas tipo AC-16 SURF en varias calzadas de la provincia) se queden directamente vacías porque las empresas prefieren no ofertar antes que perder dinero.

<-El Eje Córdoba-Jaén (A-306 por El Carpio hasta Torredonjimeno): La histórica conversión en autovía de esta calzada clave fue descartada a corto plazo por la Junta debido al prohibitivo contexto inflacionista actual, lo que ha encendido la polémica social (materializada en una campaña de 18.000 firmas vecinales que exigen la autovía). La alternativa actual es un proyecto de mejora de capacidad y seguridad para los 42 kilómetros restantes que faltan hasta El Carpio. Aunque hay 9 empresas compitiendo en la fase de diseño y redacción, el verdadero cuello de botella legal y técnico surgirá en la licitación del asfaltado real: “Si la Administración no actualiza los precios base por kilómetro, se corre el riesgo inminente de que quede desierta”.

B.- Red del Estado – (Ministerio de Transportes).

El Gobierno central licitó un paquete de 24,9 millones de euros para la conservación y explotación de carreteras estatales en Córdoba (Sector 01). No obstante, la falta de margen económico para reasfaltados profundos mantiene bajo una fuerte tensión a vías críticas que acumulan numerosas quejas:

<-N-432 (Badajoz – Córdoba – Granada): Afecta de lleno al tramo desde el límite provincial de Badajoz (Fuente Obejuna) hasta el límite con Jaén (Baena), ralentizando sus proyectos de conversión en autovía.

<-N-502: Especialmente tensionada en el tramo que va desde Espiel hasta el límite con Ciudad Real.

<-Autovía CO-31: Afecta a los accesos situados al noroeste de Córdoba capital. La Autovía CO-31 es una vía de acceso de la red estatal que conecta la autovía del Sur (A-4) con la carretera N-432 en la zona norte de Córdoba.

C.- Red Provincial y Caminos Rurales – (Diputación de Córdoba).

La red de carreteras secundarias y caminos de titularidad provincial sufre una acusada falta de mantenimiento operativo que los usuarios califican de abandono. En los desgloses presupuestarios de la institución provincial, las partidas destinadas el mantenimiento de carreteras se cifran en unos 10 millones, que se diluyen rápidamente al intentar cubrir la extensa red capilar de la provincia.

Nota. El Presupuesto de la Diputación asciende a 522,9 millones de euros en términos consolidados; incremento del 21,3% respecto a 2025; en cifras globales se traduce en 91,8 millones de euros más; y solo por señalar unos datos, *ej. Epremasa el año que viene tendrá unas pérdidas se eleven a los 6,74 millones de euros; y, Emproacsa irá a unas pérdidas el año que viene de 6,4 millones de euros, que se cubrirán sin más problemas por el Gobierno del P. P. de Salvador Fuentes.

<-La asfixia de las vías secundarias: Al igual que ocurre con las demás administraciones, los sobrecostes del betún y los áridos impiden que los fondos ordinarios alcancen para cubrir las actuaciones necesarias. Al tratarse de carreteras que comunican núcleos menores y explotaciones agrícolas, el encarecimiento de la maquinaria pesada y del gasoil hace inviables económicamente los parches licitados.

<-El descuido de los caminos vecinales: Las pequeñas constructoras rurales y los ayuntamientos medianos no disponen de fórmulas para reequilibrar contratos menores frente a pérdidas del 30%. Esto frena en seco el desbroce, la consolidación y el afirmado de caminos rurales esenciales para el sector agropecuario de las comarcas cordobesas, agravando la sensación de aislamiento de los municipios de la periferia.

3.- Impacto asimétrico – (Obras mayores vs. Obras menores).

La inflación no golpea a todos los proyectos por igual; de hecho, actúa con una asimetría jurídica y económica radical que perjudica al eslabón más débil de la contratación pública. En toda Andalucía, el problema ha escalado hasta dejar cerca de 300 obras públicas desiertas, sumando 116 millones de euros paralizados.

<-Obras Menores – (La “tormenta perfecta” del abandono): Son los contratos de menor cuantía (mejoras de accesibilidad, reurbanización de calles de barrio, parches locales o arreglos en colegios y caminos) que oscilan entre los 50.000 y los 300.000 euros. Al tener presupuestos tan ajustados, carecen por completo de margen de maniobra ante las subidas del betún o el gasoil. Además, los mecanismos excepcionales de revisión de precios de la Administración suelen exigir condiciones complejas -como que la obra dure más de un año-, que excluyen por ley a las obras menores, dejándolas desprotegidas.

El ejemplo real en Córdoba: El Ayuntamiento de Córdoba tuvo que declarar desierta la mejora de accesibilidad de la Avenida República Argentina (177.135 euros) porque la única empresa que se presentó no pudo aportar la documentación de forma viable. Lo mismo ocurrió con el proyecto de 4 viviendas de VPO en la calle Puente de Montoro (unos 580.000 euros). Las pequeñas constructoras locales no pueden arriesgar su supervivencia en contratos que las abocan a pérdidas inevitables.

<-Obras Mayores – (Ralentización sistemática o “parálisis por inanición”): En las grandes infraestructuras (autovías, variantes o macroplanes), las grandes constructoras cuentan con mayor músculo financiero, economías de escala y contratos de suministro a largo plazo. No suelen dejar los concursos vacíos con tanta facilidad porque abandonar la obra implicaría la pérdida de fianzas millonarias y duras penalizaciones legales. En su lugar, optan por ralentizar el ritmo de ejecución al mínimo legal, estirando los plazos a la espera de que el mercado se estabilice. Esto explica por qué grandes proyectos, como el Plan Extraordinario de Asfaltado de la Junta, continúan vivos pero avanzan de manera desesperadamente lenta mientras absorben sobrecostes del 30%.

4.- Contraste con el entorno urbano – (Córdoba Capital).

A diferencia de las carreteras interurbanas, el entorno urbano de Córdoba capital ha logrado sortear parcialmente el bloqueo en sus principales arterias mediante una estrategia de adaptación:

<-Plan de Asfalto (Fases 2 y 3): Se ha adjudicado formalmente este macroproyecto con una inversión de más de 7,1 millones de euros para renovar el firme de 133 calles y grandes avenidas repartidas en los 10 distritos de la ciudad entre este año y el siguiente.-

¿Por qué ha tenido éxito?: El Consistorio fragmentó el contrato en lotes atractivos y accesibles para las constructoras locales y, fundamentalmente, utilizó partidas presupuestarias actualizadas a los precios reales del mercado actual. Sin embargo, el blindaje no ha sido total: “Los sobrecostes de la construcción sí han dejado desiertas obras municipales menores en la periferia y promociones de vivienda protegida de alquiler donde los márgenes fijados por la administración eran excesivamente bajos”.

5.- Consecuencias a medio plazo para la Provincia.

La inflación industrial actúa como un impuesto invisible que fractura la modernización y la cohesión territorial de Córdoba de tres formas directas:

1.- El laberinto legal de las obras vivas: Al no contar con fórmulas ágiles de reequilibrio contractual, los plazos de ejecución se extienden indefinidamente, traduciéndose en carreteras cortadas y obras que se eternizan.

2.- Pérdida de kilómetros reales: Ante presupuestos similares o con ligeros incrementos nominales, el encarecimiento de los materiales obliga a la Diputación y a los ayuntamientos a realizar un “bacheo quirúrgico” de emergencia, posponiendo las reformas integrales necesarias en las travesías de zonas como el norte de la provincia (Los Pedroches y el Guadiato) y la Subbética.

3.- Freno a la cohesión territorial: Córdoba, situada históricamente a la cola de la inversión por habitante en Andalucía, ve cómo sus grandes ejes vertebradores (variantes de población, las mejoras de la N-432 o los terceros carriles de la A-306) se dilatan en el tiempo debido a la lenta burocracia que exige la actualización de los precios base de los proyectos.

N. B. Imagen. Inflación y sobrecostes en las Carreteras de Córdoba – (Freno a la conservación viaria).

Córdoba, a 18 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.