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La desigualdad anida bajo (el respeto a la Ley está cayendo en desuso)

 Se dice por activa y por pasiva que Ley de Amnistía, se ha cargado de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Ya he dicho en varios foros públicos, que soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

Creo que la aplicación justa de la Ley no admite excepciones, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, y, a la vez, admitir excepciones o eximentes a cualquier tipo de violación de la ley, sea por acción, sea por omisión, aunque se disfrace de cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando espacios opacos donde se niega una aplicación de la ley igual para todos.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos abiertos, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la inaplicación de la ley cuando conviene el políticos de turno, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay políticos, jueces y autoridades públicas (corporaciones locales, entidades publica varias, y, así, un larguísimo etc.) que de una y mil formas comenten “lawfare” contra los ciudadanos de a pie, sirviendo como ejemplo abierto, casos **donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley por acción u omisión, **donde Alcaldes dictan decretos saltándose la ley, etc. etc., siendo evidente que a sus resoluciones les falta ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E., porque pasan por encima de la Ley aplicable, situándose, además, en un mundo paralelo de impunidad.

DICHO DE OTRA FORMA, HAY *LAWFARE* CASI A DIARIO CONTRA LOS CIUDADANOS DE A PIE, MIENTRAS QUE PARA POLÍTICOS Y JUECES SE DENUNCIA QUE SUFREN “GUERRA SUCIA JUDICIAL” EN ESCLUSIVA, CUANDO LA REALIDAD ES QUE LA IGUALDAD Y EL RESPETO A LA LEY HA DESAPARECIDO PARA  CASI TODOS LOS ESPAÑOLES.

Ahora, que casi todos estamos en defensa de igualdad y de la Ley para todos igual, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos políticos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder (autonómico, local, etc.) vienen realizando “amnistías pequeñitas” mediante el sistema de no respetar la ley aplicable por acción u omisión.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque eso va contra el bien común de los españoles.

2.- Es un hecho patente, que no se puede estar con Ley y contra la ley, aplicando amnistías varias cuando conviene, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BLa defensa de una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, es ineludible y prioritaria, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga excepciones, donde algunos puedan cobijarse con absoluta desigualdad e impunidad.

El respeto a la ley no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople, porque la igualdad es de todos los españoles.

Córdoba, a 8 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción,  resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa  (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.BPor una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Cuestión prejudicial – ante la duda hay que plantearla (La ley y la esperanza)

El presidente del Supremo Francisco Marín Castán ha dicho en defensa de los jueces, durante su participación en un coloquio sobre la independencia y responsabilidad del Poder Judicial, “que, si los jueces tienen dudas sobre la constitucionalidad o conformidad al derecho de la Unión Europea de una ley, deben plantear la cuestión prejudicial ante Europa”.

Así mismo, el presidente de la Sala de lo Contencioso del Supremo, Pablo Lucas, ha recalcado, que, “es obligación de los jueces a aplicar la ley, salvo que se dude de su constitucionalidad o conformidad al derecho de la Unión Europea, momento en el que podrían plantear una cuestión prejudicial o recurrir ante el Tribunal Constitucional”.

En definitiva, lo que han dicho es que todos -jueces incluidos- estamos sometidos al imperio de la ley, pero que hay mecanismos para combatir una ley como la de amnistía, si se entiende que puede ser inconstitucional o contraria a la aplicación e interpretación del derecho de la U. E., planteando una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Es difícil no estar de acuerdo con lo expuesto, aunque, sin la menor duda, lo dicho también es aplicable de lleno a los abogados, cuando la ley presenta visos de inconstitucionalidad o se opone a la aplicación de interpretación del derecho de la Unión Europea en su opinión fundada.

Ocurre en la práctica, quizás, con demasiada frecuencia indeseada, que los jueces nacionales tienden a inadmitir la cuestión prejudicial presentada por un abogado no elevándola en consecuencia ante el TJUE y, a mayor inri, cuando se plantea un recurso de inaplicación del derecho de la U. E. contra la resolución que inadmite la cuestión prejudicial, lo inadmiten y no lo elevan a la Comisión Europea, porque dicen que no es procedente legalmente.

Después de lo que ha dicho el Presidente del T. S. Sr. Marín Castán, parece que puede haber un cambio de criterio general al respecto y que las cuestiones prejudiciales de los abogados sobre la interpretación y aplicación del derecho de la U. E. empezarán a ser admitidas y elevadas al TJUE por los jueces, aunque puedan no estar de acuerdo en principio, pues la ley, si o si, les impone esa obligación.

En conclusión, de lo dicho, parece que la ley de amnistía -a pesar de ser inconstitucional- puede que va a tener algún efecto favorable para el ciudadano, aunque sea algo forzado nacido de la necesidad defender los jueces su independencia.

En definitiva, como dice el refrán “no hay mal que por bien no venga”, pues hay que mantener una reflexión optimista de la realidad.

Todo esto que digo, viene al pairo, de que este abogado ha planteado al menos diez cuestiones prejudiciales sin que ninguna haya sido admitida, formulando, además, recurso por incumplimiento del derecho de la U. E., que, así mismo, tampoco ha sido admitido, incluso he presentado incidente de nulidad de actuaciones por violación de derechos fundamentales del art. 241 de la LOPJ, que ha sido inadmitido a trámite o rechazado de plano.

La esperanza es lo último que se pierde.

N.BLa cuestión prejudicial parece que se va abriendo camino para los abogados, de forma, que el propio Presidente del T. S. dice que “ante la duda hay que plantearla, aunque se respete la ley, de manera, que “la esperanza de un cambio de criterio de los jueces y tribunales nacionales se está convirtiendo en realidad”.

Solo hay que esperar, que sea verdad, de forma, que, a lo dicho, “no hay mal que por bien no venga”.

Córdoba, a 20 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

I. Diputación – Presupuesto – Borrón (amnistía – agua y un shock eléctrico)

1.- Unas palabras del Presidente de la Diputación de CórdobaSalvador Fuentes, sobre el Presupuesto de 2024 de la Diputación del P. P.:

1.1.-  Dice, que ha presentado hoy “el presupuesto más alto de la historia” de la institución provincial para el ejercicio 2024, presupuesto consolidado, que incluyendo a las empresas provinciales se sitúa en 385 millones, añadiendo, que gran parte de este proyecto de presupuesto está enfocado, a salvar a dos empresas públicas provinciales, la de residuos Epremasa y la de aguas Emproacsa.

*La empresa provincial de agua, Emproacsa, recibirá con cargo a estas cuentas una inyección de 5 millones de euros para gasto corriente, procedente de la institución matriz para su saneamiento para evitar su quiebra, y, también se subirán las tasas para mantener la viabilidad de la empresa. Así mismo, para cubrir el déficit de servicio de Epremasa se aportarán dos millones.

Es decir, la solución los problemas financieros de Emproacsa y de Epremasa se realiza con una subida de impuestos-tasas que pagaran los cordobeses.

El presidente de la institución provincial ha defendido la subida de tarifas, porque la empresa municipal de aguas de la provincia de Córdoba se encuentra en quiebra técnica con 300 trabajadores; y, porque, el agua no puede ser tan barata.

2.- Lo dicho públicamente por el Presiente Fuentes, demuestra, que el borrador del presupuesto es un saco vacío de realidades lleno de palabras huecas (UN BORRÓN), de manera, que nada aporta sobre las cuestiones esenciales de Córdoba, así, que señalo, entre otros muchos dislates de su Presupuesto para 2024, los siguientes:

2.1.- Cuales son las cuentas claras de esas empresas, que dice va a salvar.

2.2.- La necesidad de una auditoría independiente de las finanzas de esas empresas.

2.3.- Cuanto van a subir las tarifas de agua y de basuras, explicando públicamente ¿por qué?

2.4.- Cuales han sido las pérdidas reales de esas empresas y sus causas.

2.5.- Que pólizas de seguro cubrían las pérdidas de esas empresas y, en caso, de no existir el ¿por qué? de esa omisión aseguradora.

2.6.- Si ha pedido responsabilidades económicas, administrativas y/o judiciales a los políticos y gestores de esas pérdidas empresariales, que las han llevado a la quiebra técnica.

2.7.- Si no han pedido esas responsabilidades, ¿por qué? no lo ha hecho y si reconoce su responsabilidad por no hacerlo.

2.8.- Que cantidades ha amnistiado a los políticos y gestores digitales de esas empresas y ¿por qué?

2.9.- Que aporta el Presupuesto-Borrador al problema eléctrico de la Provincia.

2.10.- Cual es la deuda real de la Diputación con todos sus organismos, instituciones y empresas y cuál es su déficit total.

3.- Está muy claro, que la Diputación del P. P. de Córdoba ha abrazado las políticas socialistas de la anterior Corporación Provincial, renunciando a todas sus promesas electorales, y, llevando a todos los que votamos al P.P. a buscarnos la vida por nuestra cuenta, debiendo quedar claro, que lo expuesto hasta hora es solo un primer comentario a un Presupuesto-Borrón presentado por el Presidente Fuentes.

(Nota. Inicio con este (I) artículo un examen de los Presupuesto para 2024 de la Diputación Provincial del P. P. de Córdoba).

N.B. La Diputación del P. P. con su Borrador de Presupuesto, hecho público y con sus palabras presidenciales sobre las empresas Epremasa y Emproacsa, inicia un camino de entrega total a las políticas socialistas, aunque debe tener cuidado de no electrocutarse y/o de no ahogarse en un vacío de la nada sin agua.

No es un borrador, lo que se ha presentado, es un borrón preñado de amnistías, omisiones y mentiras clamorosas, de forma, que las palabras huecas y la propaganda engañosa solo producen desesperanza a los cordobeses.

**Los datos del Presupuesto-Borrón son, según dicen:

Presupuesto inicial:  302,6 millones.

Presupuesto Consolidado: 385,9 millones. (Incluye a empresas y organismos autónomos. Diferencia 83,3 millones con él inicial).

Gastos de funcionamiento: 202.6 millones.

Para terminar, una mentira presidencial: *Se trata de unas cuentas con las que “nadie pierde, todo el mundo gana”, así:

//.Ganan los cordobeses, a los que se le sube la tasa de basuras el 41,8% y la tasa del agua en términos parecidos o superiores; //.ganan los cordobeses que contemplan la desaparición de más de 40 millones en dos empresas públicas; //.ganan los cordobeses que no recuperarán el dinero derrochado y malgastado; //.ganan los cordobeses que seguirán sin agua y sin electricidad necesaria; //.ganan los cordobeses, que nunca sabrán la deuda real de la Diputación y su déficit; y, así, podrán seguir ganado los cordobeses hasta su ruina final.

Córdoba, a 1 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Ayuntamientos cautivos III – Presupuesto Diputación de Córdoba (amnistía – impunidad – gasto público)

1.- La Diputación de Córdoba ha publicitado como un logro, que va a anticipar a los municipios la cifra récord de 123,6 millones *a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia del ejercicio 2024*, y, que, de esos millones, que se darán como anticipo, 35,6 corresponden a fondos propios de la Hacienda Local de Diputación, que saldrán de su tesorería, y 88 con cargo a un operación de crédito firmada recientemente con Caixabank.

2.- Dicen sus voceros de la propaganda, que 35,6 millones corresponden a fondos propios de la Diputación, que saldrán de su tesorería, sin decir, por supuesto, de qué lugar de tesorería extraordinariamente menguada salen, ya que, si, además, necesita 88 millones con cargo a una operación de crédito firmada con Caixabank, significa, se mire como se mire, que está sin liquidez, así, (I). *solo en Emproacsa – Empresa de Aguas- ha tenido que tapar agujeros para evitar una quiebra técnica inminente por importes superiores a 30 millones de euros, teniendo una pérdidas por encima de los 10 ,5 millones de euros, *sin que ni siquiera se hayan planteado recuperar esas cantidades malgastadas por los políticos de la anterior corporación  y sus gestores, *sin que se sepa, ni por asomo, si la empresa tenía cubierta y asegurada su posible responsabilidad con alguna póliza de seguro, *sin que, a mayor inri, por el equipo de gobierno del P. P. haya solicitado una auditoria inmediata por una empresa o institución independiente para conocer la realidad económica de la Empresa, que sin temor a equivocación o error será mucho peor que las cifras oficiales publicadas, y, así, un largo etc.; (II). *en la empresa de basuras Epremasa, dada su deteriorada situación económica, le han arrimado una subvención a fondo perdido de 2.000.000, subiendo la tasa de basura un 41,8% y sin que se sepa cuáles son sus pérdidas reales y su situación financiera verdadera; (III) se han tenido que poner a retortero cantidades ignotas para tratar de aplacar a la Zona Norte de Córdoba por su problema de agua de la que carecen; y, así, se podría seguir casi sin final conocido.

3.- La deuda real de la Diputación es un misterio insondable, porque no se ha hecho una auditoría externa integral y el Gobierno del P.P. se niega irresponsablemente a hacerla.

La deuda real consolidada, siendo prudente, debe estar rondando los 100 millones de euros y el déficit debe ser superior a 76 millones de euros, razón por lo que se entiende, que se haya tenido que suscribir una operación de préstamo financiero de 88 millones con CaixaBank solo para el tema de los anticipos a los municipios, y, que el Presidente, lo publicite, como un gran triunfo financiero, sin rubor alguno, es un dislate, cuando realmente lo que está haciendo es gastarse lo que no tiene,  haciendo suyas las políticas socialistas de más gasto público mayoritariamente improductivo.

4.- El presidente de la Diputación abrazado al muro socialista y a sus políticas de fomento del gasto público estéril, en vez de cumplir la promesa del P. P., *se endeuda sin más, envuelto en un bucle desconocido, y, sin tener al menos un hilo de salida de su propio laberinto; y, *en lugar de bajar los impuestos los sube sin control razonable (por lo menos un 3,46%, en tiempo récord), asumiendo deudas heredadas sin comprobación alguna, haciendo suyas unas pérdidas empresariales ignotas por activa y por pasiva.

Así, por ejemplo, la declaración del Presidente Fuentes (sobre los anticipos a los municipios de la Provincia), es francamente demoledora para las promesas electorales del P.P., así, ha dicho, entre otras cosas, que:

“En total han sido 57 municipios los que han reclamado el 80% del anticipo frente a los 14 que han optado por el 10 por ciento.

Por otro lado, han sido 7 municipios los que han dejado supeditada su solicitud de reembolso adelantado por la buena economía de sus arcas municipales”.

5.- Lo anterior significa, que el Sr. Fuentes ha dicho, que “solo 7 municipios tienen una buena economía en sus arcas municipales”, de forma, que el resto de ellos están casi en la ruina y, a pesar de ello, se dopa su deuda incentivando el gasto.

5.1.- 57 municipios han reclamado el máximo del anticipo del 80%, lo que supone, que se han gastado, lo que tenían y lo que no tenían, lo que implica, también, que ahora son más cautivos que antes de la Diputación (ahora del P. P.), de manera, que la política de gasto público socialista de derrochar el dinero público se fomenta y amplía, lo que supondrá una subida de impuestos, como mínimo del 3.46%, para los ciudadanos de esos pueblos.

5.2.- Solo 14 municipios han optado por el 10% del anticipo, lo que supone, que se han administrado un poco mejor, pero, que ahora siguen cautivos de la Diputación (ahora del P. P.), de manera, que la política de gasto público socialista continúa.

En otras palabras, la Diputación concede “anticipos a cuenta de la recaudación de los ayuntamientos de la provincia del ejercicio 2024”, dinero que, lógicamente, tendrán que devolver con todos los recargos e intereses correspondientes, lo que significa, si o si, que todos esos municipios perderán su independencia financiara y pasando a depender de la Corporación Provincial, más de lo que ya están, gastando lo que aún no han ingresado, y, que no saben cuándo lo van a devolver.

6.- Por si faltara poco, el Presidente del P. P. ha amnistiado a la anterior Corporación, y, a sus políticos y administradores manirrotos, renunciando, además, a recuperar el dinero público malgastado, consagrando públicamente su impunidad.

En conclusión, si lo dicho, no es lo más contrario a la política prometida del P. P. de bajar los impuestos y controlar el gasto público, solo cito el refrán: “Que venga Dios y lo vea”.

N.B. Ayuntamientos cautivos, gasto público malgastado, amnistía plena e impunidad, aunque eso sí, se suben los impuestos y se abrazan políticas socialistas.

Córdoba, a 27 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. –