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ASOCIACIÓN CÓRDOBA ABIERTA – ACOA – (Defensa de las libertades y de la igualdad)

(Inscrita en el Registro Asociaciones Junta de Andalucía Nº. 11123. Sección Primera).

{Proporcionalidad – El más fuerte (la ley de la fuerza – rebelión pacífica frente a la esclavitud)

Está visto que la fuerza solo avanza en una dirección la del más fuerte, así, con ánimo abierto, aunque la lista sería interminable, se pone de relieve lo siguiente:

*En España un jurado ha condenado por homicidio a un octogenario, que mató con su escopeta a una persona que entró en su vivienda de noche provisto de una motosierra.

*En Europa el Presidente Putin lleva unos años machacando el pueblo de Ucrania y parece que cada vez se va imponiendo el silencio de la fuerza desproporcionada.

*Israel está pasado por la fuerza de ser masacrado por terroristas a ser un estado asesino contra el que cualquier fuerza es posible e incluso aconsejable.

*La mayoría de españoles por la fuerza de una minoría intolerante hemos pasado en un visto y no visto a ser ciudadanos de segunda.

*En el País Vasco están como siempre sometidos al silencio de la fuerza bruta, que ahora se llama silencio cómplice y donde parece que la mayoría de los ciudadanos van a escoger la esclavitud frente a su libertad.

*En Bruselas sede de las libertades de la U. E., la policía por la fuerza ha sometido a unos políticos conservadores, que pretendía reunirse con el único argumento de la fuerza, hasta que la justicia belga ha repuesto la ley y la libertad de reunión.

Es un hecho patente, que la realidad está medida por la fuerza de quien la ejerce sin medida y sin control, de manera que es proporcional todo lo que la fuerza desmedida impone sin justificación ni explicación alguna.}

La ASOCIACIÓN CÓRDOBA ABIERTA -ACOA- nace de la necesidad de defender desde la sociedad civil los derechos y libertades constitucionales y la igualdad de todos, a través, de la articulación de un movimiento ciudadano en Córdoba y en Andalucía, con la finalidad de que los andaluces y los cordobeses no seamos ciudadanos de segunda, sometidos voluntariamente al poder establecido preñado de privilegios, que, además, impone la desigualdad, mediante una sublevación pacífica abierta a todos y para todos por la libertad y la igualdad.

Córdoba, a 18 de abril de 2024

Fdo. Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-

Amnistía – Estado de Derecho (Sin recovecos en ningún sitio)

Hoy es día para denunciar una Ley de Amnistía, que se carga de una patada la Constitución de 1978, deshaciendo la división de poderes y permitiendo que Magistrados del Tribunal Supremo (y, otros Jueces y Magistrados más) vayan a ser investigados y acusados de prevaricación y de todo lo que caiga.

Soy uno de los muchos españoles, que se consideran violentados en todos sus derechos y libertades fundamentales, de forma, que sirva lo que digo como manifestación absoluta de lo que creo y defiendo hasta el final sea el que sea.

He vivido media vida bajo una dictadura y ahora cuando creía, que entre todos habíamos acabado con cualquier tipo de autocracia dictatorial, vienen “unos pocos muchos, quizás demasiados* y me quieren meter de nuevo en otra dictadura privándome de mis libertades y derechos fundamentales.

Pase lo que pase, no lo aceptaré sublevándome desde ya en favor de la libertad y de la igualdad de todos los españoles.

Dicho lo dicho, nadie puede tener duda de donde estoy y ¿por qué?

Aclaro lo que digo, porque creo que la libertad y la Ley no admiten recovecos, de forma, que no se puede estar contra *la ley de amnistía del Presidente Sánchez, sus socios y demás comparsas, si admitimos excepciones o eximentes a cualquier tipo de amnistía, aunque se disfrace di cualquier cosa de apariencia buenista, realizando un salto mortal al vacío de la nada, creando recovecos opacos a la negación de toda amnistía.

Con ánimo abierto, fijaré algunos puntos libres, de cosas que ocurren, incluso a diario, que podrían servir de justificación a la ley de amnistía, que nos intentan colar por la puerta de atrás del Congreso y encima ciscándose en todos los españoles, así:

1.- Se dice, con verdad, que la ley de amnistía autoriza el llamado lawfare contra los jueces, señalándolos y acusándolos de prevaricar, cosa que repito es un disparate aprobado en una Comisión de Justicia del Congreso.

Sin embargo, hay jueces y magistrados que de una y mil formas comenten “lawfare” contra sus justiciables, sirvan de ejemplo abierto, casos donde jueces y/o magistrados dictan resoluciones contra ley, aunque las disfracen de sentencias y/o autos llenos de justicia, cuando, precisamente, se algo les falta a esas resoluciones es ”el valor justicia constitucional” del art. 1.1. de la C. E.

Es un hecho patente, que, en algunos muchos casos, quizás demasiados, se dictan resoluciones judiciales que, sin ninguna duda, están fuera de la ley y, encima, en muchos casos, esas resoluciones son irrecurribles, de forma, que solo queda el T. C con su ya estratosférico Recurso de Amparo y/o acudir al TJUE o al T.E.DD.HH.

En estos casos irrecurribles por ley judicial aplicada a fortiori en perjuicio directo del justiciable, la razón de las mismas es una libertad absoluta sin reglas del órgano judicial que las dicta, y, además, como son resoluciones irrecurribles el contenido de las mismas es puro y duro lawfare contra el ciudadano sufridor de las mismas.

DICHO DE OTRA FORMA, LA NEGACIÓN DEL *LAWFARE* DEBE OPERAR EN TODAS DIRECCIONES, PORQUE LO QUE NO PUEDE SER, ES QUE LOS JUECES NO PUEDAN SUFRIR “GUERRA SUCIA JUDICIAL” Y LOS CIUDADANOS JUSTICIALES LO SUFRAN CASI A DIARIO.

2.- Ahora, que todos estamos contra la Ley de Amnistía, hay cosas que no son de recibo, cuando algunos, muchos o pocos, que realizan declaraciones y se manifiestan contra la amnistía y la corrupción, resulta que en sus centros de poder autonómico y local, vienen realizando “amnistías pequeñitas” a políticos y gestores políticos que malgastan dinero público en empresas públicas que llevan a la quiebra técnica o en proyectos faraónicos fallidos al 100 por 100, porque, por ejemplo, cuando las nuevas corporaciones locales salidas de las elecciones municipales pasadas, lejos de pedir responsabilidades a los dirigentes políticos de las anteriores corporaciones, exigiendo la devolución del dinero de todos derrochado sin mesura y sin producir ningún beneficio público, se limitan a decir, que quieren salvar a esas empresas públicas y a todos sus puestos de trabajo, poniendo dinero público a esos fines espurios, sin reclamar el dinero de todos tirado en gastos superfluos, y, corriendo un velo traslúcido de impunidad en favor de esos políticos manirrotos, olvidándose de exigir cualquier tipo de responsabilidad y de que ese dinero público dilapidado debería ser devuelto a los ciudadanos de a pie, es decir, al pueblo.

Solo por poner un ejemplo: En la Diputación Provincial de Córdoba, ahora gobernada por el P. P., los casos de las empresas públicas Emproacsa (agua) y Epremasa (basura) son un paradigma de lo que digo, de forma, que si o si, el gobierno pepero ha concedido una amnistía “pequeñita” a los políticos y a sus gestores de la anterior Corporación Provincial del PSOE. Se habla de 50.000.000 de euros entre ambas dos empresas citadas, aunque, como, además, no hay auditorias independientes la cifra es un arcano perverso.

En resumen, el respeto a la ley y el estado de derecho solo obran en una dirección, de forma, que no valen los cambios de sentido y las dobles direcciones según quien sea y por la razón que sea, porque un Presupuesto Borrón para 2024 no merece la pena.

El PP en su “Declaración de Córdoba” se ha pronunciado con rotundidad y con toda la razón contra la amnistía y la corrupción política del PSOE, de manera, que en ello estamos en todos los sentidos, ya que, lo contrario es una simulación contradictoria y rayana en la mentira.

Lo que he expuesto, sin ánimo cerrado, exime de más explicaciones sobre lo que digo, porque no se puede estar con Ley y contra la amnistía del Presidente Sánchez y todos sus comilitones y, a la vez, aplicar amnistías, aunque puedan parecer “pequeñitas”, porque no se puede estar con Dios y con el diablo, ya que. la C. E. y sus derechos y libertades para todos los españoles sin igual y la verdadera división de poderes base de toda democracia no admite caminos paralelos, donde el valor justicia se convierte en una entelequia según de donde sople el viento.

N.B. Por una España libre y abierta, donde las libertades y derechos de los españoles sean el pan de cada día para todos, y, donde el valor justicia de la igualdad se encuentre en una ley común de todos nosotros, de forma, que el respeto a la ley por cualquier poder público no tenga recovecos, donde algunos puedan cobijarse con absoluta impunidad.

La negación de la amnistía no puede tener dobles direcciones, que naveguen en favor de viento que sople.

Córdoba, a 10 de marzo de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Diputado del Parlamento de Andalucía – II Legislatura – Secretario del Parlamento de Andalucía por Alianza Popular.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1. Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

La ley II – Cosas que pasan (Poder Judicial – Poder Ejecutivo – Derechos Fundamentales)

El otro día decía algo evidente, “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Curiosamente, dicho lo anterior, en los últimos días sean producido varias noticias, que reflejan la realidad de España y que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, así, algunas como ejemplo:

1ª.- La Audiencia de Barcelona ratifica la decisión tomada por el Juzgado de Instrucción 7 de enviar a juicio a 46 agentes de Policía Nacional por las cargas del 1-O, mientras el Presidente Sr. Sánchez ofrece amnistía a los agresores de más de 700 agentes

2ª.- El TSJM sentencia que la calle Ferraz no es “área de especial protección” para prohibir manifestaciones, diciendo, además, que el Gobierno buscó un argumento injustificado para cercenar un derecho constitucional de los asistentes a las manifestaciones en Ferraz.

3ª.- El Tribunal Supremo inadmite la querella de VOX contra el ministro del Interior por la actuación policial frente a las concentraciones contra la sede del PSOE, porque el Auto de la Sala dice que “los querellantes no aportan indicio o principio de prueba alguno que pudiera servir de apoyo a la imputación que hacen a la persona aforada”.

Por otro lado, el T. S. dice, respeto a las querellas que se dirigían también contra el delegado del Gobierno en Madrid y, en el caso del sindicato, contra agentes de Policía, que no es competente por no ser aforados ante la Sala.

4ª.- Duras cargas policiales contra los agricultores de Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma contra los manifestantes.

*** Visto lo anterior, me ratifico, en que en España el pueblo soberano está sometido a una presión, que le está hundiendo en una confusión perversa, porque, ocurre, ahora, que una carcoma autoritaria (disfrazada de lawfare y en afirmaciones como que el Poder reside en Congreso) está anulando por la puerta de atrás nuestra Carta Magna, y, porque el estado de derecho y el respeto a la ley están en almoneda y en stand by (en espera), llevándose tras de sí la división de poderes.

** La A. de Barcelona, lo explique cómo lo explique, les ha dicho a los españoles, que nada es verdad o mentira y que todo depende del cristal con que se mire, lo que conlleva que la ley y la seguridad jurídica tienen varias puertas de entrada y salida, aunque, desde luego, la cosa esta clara, de forma, que, por ejemplo, -los agricultores de Antequera- y -los ciudadanos catalanes pacíficos del proces- habitan en mundos paralelos diferentes y contradictorios.

** El TSJM ha dicho lo que todos sabemos, que la calle Ferraz no es “área de especial protección”, aunque, los ciudadanos de a pie ya sabemos, también, que para eso está el T. C.

** Las cargas policiales contra los agricultores en Antequera, donde los antidisturbios emplearon gases lacrimógenos y pelotas de goma, se presentan como algo “desproporcionado”, se mire como se mire.

** El Tribunal Supremo, que, por cierto, es la misma Sala 2. del Proces, ha dicho lo que tenía que decir, aunque, ha señalado el camino: “No había pruebas” y “otros no son aforados”.

(Nota: VOX lo tiene claro, aunque debería cambiar las personas que dirigen su estrategia jurídica).

La conclusión es la ya expuesta, hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles.

N.B. Las cosas que están pasado en España demuestran que peligra la división de poderes, quedando por aplicar el respeto a la Ley y la defensa del “Estado de Derecho”.

Córdoba, a 9 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Amnistía VI – Impunidad política y sus gestores (La Diputación de Córdoba sirve de ejemplo)

Es un hecho patente, que “Quien permite la injusticia. Quien permite la impunidad. Participa en ella”.

Cuando un político malgasta el dinero público, que debe cuidar, ocurre que no pasa nada, sea cual sea el importe del despilfarro, ocurriendo lo mismo cuando comente cualquiera otra ilegalidad, pues bien, eso es impunidad e injusticia, y, cuando los políticos que mandan no hacen nada para recuperar el dinero malgastado ni exigen responsabilidad alguna a esos políticos y gestores, están concediendo una “amnistía”.

El ciudadano de a pie cuando le ponen una multa está obligado a pagarla y si no lo hace se le persigue por tierra, mar y aire, con embargo de cuentas, etc.. Si hablamos de Hacienda y sus métodos coercitivos la situación diaria es demoledora, conque olvides una simple declaración formal multa y recargo.

La Constitución dice que el poder procede el pueblo, pero se ha impuesto un ejercicio de ese poder espurio y perverso contra el ciudadano de a pie y un ejercicio, también, perverso, pero en sentido contrario, cuando son políticos los que realizan actos injustos gastando lo que no deben y/o incumpliendo la ley con plena impunidad.

Los casos de malgasto del dinero público de todos sin consecuencia alguna para el político despilfarrador son incontables, quizás porque, como se dice “perro no muerde a perro”, así que citaré algunos penosos e indignantes, así:

**El tranvía fantasma de Jaén.

**La recogida neumática de basuras en Córdoba.

**Aeropuertos construidos sin aviones.

**Etc. etc. (Sobra citar más casos, pues los ejemplos están a la vista de todos).

Ocurre, qué en la Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., su Presidente (digital) Sr. Fuentes se empodera cubriendo irregularidades económicas de todo tipo y color, concediendo amnistía e impunidad a políticos y gestores de la anterior Corporación provincial,, así:

*Convalida con una ordenanza una fiscalidad provincial contra ley, según ha dejado claro la Cámara de Cuentas de Andalucía sobre el ICHL – Diputación en su Informe de 2020 y sobre el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblo Nuevo de 2019, apoyándose en informes y dictámenes procedentes del muro socialista, sin exigir y decretar la necesidad de una auditoría independiente realizada por profesionales libres e independientes.

*Salva Empresas Públicas con el dinero de todos los cordobeses, eliminando, así mismo, cualquier responsabilidad de políticos y gestores socialistas concediéndoles amnistía del dinero público evaporado en una gestión de malgasto del dinero de todos, sin exigir, además, ninguna devolución.

Ni siquiera ha reclamado la existencia de pólizas de seguro para cubrir responsabilidades de gestión.

*Negación reiterada a una auditoría independiente de las cuentas de la Diputación, basándose en exclusiva en las personas que sostienen el muro socialista, negándose, incluso, a solicitar un Informe a la Cámara de Cuentas de Andalucía y a pedir a las Diputaciones de Málaga, Sevilla o Huelva in informe de cómo se han adaptado en su fiscalidad a la Ley 40/2015- LRSP en su art. 49.

*Aceptar sin un pero el gasto del dinero público de la Diputación en políticas socialistas incumplidas y en promesas contraídas de los anteriores políticos y gestores socialistas, de manera, que paga y paga en aras de su tranquilidad.

A destacar, que mientras El Presidente Sánchez va tomando una a una cualquier institución de la Nación (ahora, ha sido la Agencia EFE), el Presidente Sr. Fuentes concilia sin pudor con los adversarios, a la vez, que lanza Decretos contra los que hemos votado al P. P.

Por todo lo dicho, hay que impulsar un cambio, de forma, que el movimiento cívico contra la amnistía y la gracia del perdón (política, económica, administrativa y legal) hacia los perdedores de las elecciones municipales, debe dar un paso adelante, y más allá de siglas y de deseos personales abandonando todo confort, avanzando en la creación de una asociación o como se la quiera llamar con vocación de cambio en Córdoba y Provincia activa, en defensa de la Constitución y de una España unida de ciudadanos libres e iguales.

La acción cívica organizada y la oposición política responsable tienen el deber de corregir desviaciones de poder y cambios de rumbo de lo que se ha votado, de forma, qué si el que manda, como ocurre en la Diputación de Córdoba ha virado buscando solo su conveniencia personal, olvidando las promeses del P. P., sepa, y, sepan los que le han elegido digitalmente, que la oposición verdadera defensora de la libertad, de la igualdad y del estado de derechos está en la calle organizada y viva.

La dimisión del Presidente digital del P.P. de la Diputación llegara.

N.B. La amnistía y la impunidad política y sus gestores de la anterior Corporación realizada, día a día, por el Sr. Fuentes en la Diputación de Córdoba es un ejemplo de estulticia política.

La acción cívica no callará y reclamará en cualquier frente sus derechos fundamentales, de forma, que ni un paso atrás en defensa de la libertad.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2023

Fdo. Enrique García Montoya

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.).

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S. -en excedencia-.