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Elecciones – Desde la calle – (Preocupaciones de los cordobeses – Desconexión de la clase política)

A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.

<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>

Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:

1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.

Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:

“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.

Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.

2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.

Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.

3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.

La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.

4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.

En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.

<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>

Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.

Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.

Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:

**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.

**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.

**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.

<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>

Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:

1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.

2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).

3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.

En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.

N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos

Córdoba, 19 de octubre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

El discurso económico oficial sostiene con optimismo que la economía de España “va como un cohete”. Las cifras macroeconómicas a menudo avalan esta narrativa: “El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media europea, el turismo rompe récords históricos y las cifras de exportación muestran una indudable resiliencia”, sin embargo, al descender de las alturas macroeconómicas a la economía doméstica, se revela un abismo insondable frente a la percepción diaria de los ciudadanos.

<<La realidad crítica – (colapso del bienestar básico)>>

Más allá de la incomodidad, nos enfrentamos a una realidad crítica: “El trabajo ha dejado de ser un escudo garantizado contra la pobreza. Históricamente, un salario a jornada completa aseguraba la cobertura de las necesidades básicas y cierta capacidad de ahorro, pero hoy la inflación asimétrica –aquella que se ceba desproporcionadamente con la alimentación, la energía y la vivienda– está desmantelando las bases del bienestar material.

No estamos ante una simple fluctuación del mercado, sino ante una erosión estructural del nivel de vida. Cuando un ciudadano debe elegir entre encender la calefacción, asumir la subida del alquiler o comprar aceite de oliva, el marco normativo y las políticas públicas están fracasando en su deber primordial:

“Garantizar la dignidad de la persona”.

<<Córdoba – (Brecha abisal en crecimiemto)>>

Esta desconexión entre el triunfalismo estadístico y la vulnerabilidad financiera se siente con especial dureza en Córdoba, ya que, a pesar de su innegable atractivo turístico y su motor patrimonial, la provincia arrastra debilidades que amplifican la presión sobre el ciudadano:

*La paradoja agrícola: Mientras la provincia es una potencia en la producción de bienes esenciales como el aceite de oliva, el agricultor cordobés sufre por los altos costes de producción y la sequía, al tiempo que el consumidor local paga precios prohibitivos en el supermercado. La riqueza generada en el campo no se traduce en alivio para la ciudad.

*Estructura laboral y salarial: Córdoba lidia con una fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, áreas donde la temporalidad y los salarios ajustados dejan un margen de maniobra nulo frente a la subida del coste de la vida.

*La presión sobre la vivienda: La transformación del centro histórico para absorber el auge turístico desplaza a la población trabajadora hacia la periferia, donde el encarecimiento de la vida ahoga igualmente los presupuestos familiares.

<<Propuestas – (el parche a la protección estructural)>>

Para cerrar la brecha entre el “cohete” macroeconómico y la asfixia ciudadana, es imperativo abandonar las medidas paliativas temporales y adoptar políticas públicas que ofrezcan una verdadera seguridad jurídica frente a la especulación y la pérdida de poder adquisitivo:

1.- Auditoría y rigor en la Ley de la Cadena Alimentaria: Es urgente una intervención más estricta sobre la formación de precios. La legislación debe garantizar no solo que el productor primario (fundamental en Córdoba) no venda a pérdidas, sino aplicar mecanismos antimonopolio y de transparencia que impidan a los grandes distribuidores engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor final.

2.- Blindaje legal del poder adquisitivo: Más allá de las subidas puntuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario fortalecer la negociación colectiva y establecer mecanismos de indexación salarial que respondan al IPC de los productos básicos, impidiendo que la devaluación salarial sea la vía de escape de las crisis.

3.- Intervención estructural en el mercado de la vivienda: La vivienda no puede ser tratada exclusivamente como un bien de inversión. Se requiere un desarrollo urgente y masivo de un parque público de vivienda en alquiler social, acompañado de un marco regulatorio que frene la especulación y limite el impacto de los pisos turísticos en zonas tensionadas.

4.- Fiscalidad quirúrgica y adaptativa: Las bajadas del IVA en alimentos deben consolidarse, pero acompañadas de un sistema fiscal que alivie la carga sobre las rentas del trabajo más bajas y graves los beneficios extraordinarios de aquellos sectores (energético, bancario, grandes superficies) que han capitalizado la crisis inflacionaria.

<<El verdadero indicador del éxito>>

Una economía no puede considerarse un éxito rotundo si una gran parte de la población siente que está perdiendo calidad de vida. El verdadero progreso no se mide en la velocidad del despegue de las cifras macroeconómicas, sino en la solidez del suelo sobre el que pisan los ciudadanos. Si el marco normativo no protege la cesta de la compra, el cohete vuela vacío.

N.B. Imagen. Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

(Nota. Córdoba – Un cohete vs. Una cesta menguante. Desde el año 2021 la explosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos alcanza el 24%, según los datos oficiales, aunque los datos reales son una catástrofe al bolsillo de los ciudadanos.

Además existen facturas soterradas de la inflación: **Una es la actualización de las pensiones al IPC; y, otras **todas las partidas presupuestarias que contemplan la inflación para actualizarse (como el sueldo de los funcionarios, el IMV, etc. etc.).

Córdoba, 18de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana

En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho es papel mojado y, queda claro, que es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta.

<<Superando el ESDD (la teoría) y en defensa del valor justicia constitucional – (art. 1.1 C. E.)>>

Se viene planteando un debate recurrente en la teoría del Estado y la filosofía del derecho, que en España ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo y solo vamos hacia lo peor, de manera, que expondremos la teoría constitucional, aunque como ya se ha dicho ha sido superada ampliamente por los abusos del poder del Gobierno actual de España:

“La contraposición entre la *legitimidad iusnaturalista del Derecho de Resistencia a la Opresión” y *la validez formal del Estado Social y Democrático de Derecho*”.

La evaluación sobre la justificación de la desobediencia o sublevación requiere distinguir estrictamente entre el marco teórico-filosófico y el marco normativo constitucional actual.

1.- El marco del iusnaturalismo ilustrado y la Declaración de 1776.

La doctrina expuesta por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los EE. UU. (remanente de las tesis de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil) fundamenta la legitimidad política en la existencia de un contrato social explícito.

Derechos inherentes e inalienables: Los individuos delegan parte de su libertad al Estado con la única condición de que este proteja su vida, libertad y propiedad/búsqueda de la felicidad.

*Carácter condicional de la autoridad: El gobierno no posee poder originario; su legitimidad de ejercicio depende estrictamente del cumplimiento de sus fines contractuales.

*El umbral de ruptura: La desobediencia no se justifica ante controversias políticas ordinarias ni actos aislados de desgobierno. Exige la concurrencia probada de tres requisitos:

1.- Agotamiento absoluto de las vías pacíficas e institucionales.

2.- Una cadena sistemática y continuada de abusos que evidencie un diseño deliberado hacia la tiranía o el despotismo.

3.- Proporcionalidad y necesidad, ante la ausencia total de un tercero neutral (tribunales o elecciones) a quien apelar.

2.- El contraste con el marco constitucional e institucional español.

En el Derecho Político contemporáneo, los Estados democráticos constitucionalizados no tipifican ni reconocen el “derecho a la sublevación” o la desobediencia generalizada como cauce legal, dado que el propio ordenamiento está diseñado para autocorregir los excesos del poder público mediante controles internos.

**Dentro del marco de la Constitución Española de 1978:

*Soberanía y legalidad (Art. 1.2 y 9.1 CE): La soberanía reside en el conjunto del pueblo español y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Mecanismos ordinarios de control: Frente a actuaciones presuntamente arbitrarias o ilegales del Ejecutivo, el sistema articula recursos ante la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

*Control político y alternancia: La exigencia de responsabilidad política se encauza a través de las Cortes Generales (mociones de censura, comisiones de investigación) y del ejercicio periódico del sufragio universal en elecciones libres.

3.- La controversia sobre la erosión de los contrapesos.

La discusión de si el Gobierno actual ha “sobrepasado” los límites institucionales sitúa el análisis en el terreno de la ciencia política y la teoría constitucional contemporánea, donde conviven dos posturas analíticas:

A.- La tesis de la erosión institucional.

Sostiene que la invasión de esferas de control neutral (nombramientos politizados en órganos constitucionales, uso abusivo de la legislación de urgencia como el Real Decreto-ley y desatención a los órganos consultivos) degrada los contrapesos formales desde dentro, de forma, que bajo este prisma, la efectividad real de los controles se reduce a una apariencia formal, vaciando de contenido las garantías ciudadanas.

B.- La tesis de la vigencia del Estado de Derecho.

Argumenta que, mientras los tribunales sigan dictando sentencias (incluso contrarias al Ejecutivo), el Parlamento mantenga la facultad de aprobar o rechazar leyes y se preserven las garantías para la celebración de elecciones con pluralismo político, el sistema democrático continúa operativo. Adicionalmente, la supervisión de las instituciones comunitarias de la Unión Europea actúa como un contrapeso supraestatal efectivo sobre la calidad del Estado de Derecho.

<<Conclusión jurídica>>

En el pensamiento político y legal contemporáneo, la desobediencia civil puede configurarse en casos puntuales como un acto público, pacífico y no violento para denunciar leyes injustas, asumiendo el desobediente las consecuencias legales de sus actos como prueba de fidelidad al sistema constitucional general.

Sin embargo, para justificar la sublevación o el desconocimiento total de la autoridad de un Gobierno bajo la doctrina clásica del Derecho de Resistencia, no basta con la percepción de un deterioro político severo o una acusada polarización institucional. Formal y teóricamente, se requeriría la constatación fehaciente del colapso del orden constitucional: Es decir, la cancelación del acceso a tribunales independientes, la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la supresión de los mecanismos electorales de alternancia.

N. B. Imagen. Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana.

(Nota. En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho expuesta es papel mojado, y, queda claro, que ya es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta en toda España.

Solo queda aumentar la presión pacífica ciudadana en todas partes, sean públicas o privadas, empezando por todas las instituciones y administraciones públicas y terminando con todas las empresas privadas, formando una desobediencia civil total al poder de un Gobierno que ya es ilegítimo.).

Córdoba, 3 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya,

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

IBI en agosto – Córdoba – (cuando recaudar importa más que facilitar el cumplimiento)

A las puertas de las vacaciones -o cuando buena parte de la ciudadanía ya se encuentra fuera de su residencia habitual- muchos vecinos de Córdoba reciben la misma comunicación, en el buzón o en su bandeja de entrada:

“El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se pone al cobro a principios de agosto.”

La decisión puede ser formalmente conforme con la ordenanza fiscal, pero que algo sea legal no significa necesariamente que sea razonable, oportuno o compatible con los estándares de una buena Administración. Cuando el principal tributo municipal del año se exige de manera recurrente en el mes vacacional por excelencia, el calendario de cobro deja de ser una cuestión puramente técnica y adquiere una evidente dimensión política.

No se trata de cuestionar la obligación de pagar el IBI ni de negar la importancia de los ingresos tributarios para sostener los servicios públicos. Se trata de algo más elemental:

“De exigir que la Administración orgánica actúe con los parámetros de la buena fe y en favor de los ciudadanos”.

<<Una Administración que cobra en agosto>>

La relación entre el contribuyente y el Ayuntamiento no debería construirse sobre el descuido, la sorpresa o la dificultad de reacción. La buena fe, la confianza legítima y el principio de buena Administración reclaman que los poderes públicos actúen con lealtad, transparencia y consideración hacia las circunstancias reales de las personas a las que sirven.

**Sin embargo, poner el IBI al cobro en agosto coloca al vecino en una posición objetivamente más vulnerable:

*Menor capacidad de reacción. Durante las vacaciones, muchas familias se encuentran fuera de su domicilio, con un acceso más limitado a sus comunicaciones, a la banca electrónica o a la documentación necesaria para comprobar un cargo.

*Más dificultades para resolver incidencias. Un error en la domiciliación, una cuenta cancelada, un cambio de entidad bancaria o cualquier problema relacionado con el pago exige una respuesta rápida. Pero esa respuesta puede verse obstaculizada por los horarios reducidos, los turnos estivales y la menor disponibilidad de los servicios de atención al público.

*Riesgo de consecuencias económicas. Lo que durante el verano puede parecer un simple descuido se transforma, al regresar en septiembre, en un pago fuera de plazo, con los recargos correspondientes y, en su caso, otras consecuencias económicas.

*Desigualdad entre la Administración y el ciudadano. El Ayuntamiento mantiene activa su maquinaria recaudatoria mientras el vecino afronta el periodo del año en el que precisamente dispone de menos tiempo, información y capacidad de gestión.

La cuestión, por tanto, no es si el recibo puede cobrarse en agosto. La cuestión es si resulta aceptable que la Administración elija sistemáticamente un momento en el que aumenta la probabilidad de que el contribuyente no pueda reaccionar a tiempo.

<<La legalidad no basta>>

El artículo 103 de la Constitución obliga a la Administración Pública a servir con objetividad los intereses generales y a actuar de acuerdo con los principios de eficacia, sometimiento pleno a la ley y servicio al ciudadano. Ese mandato no puede interpretarse como una autorización para limitar la actuación administrativa al cumplimiento formal de los trámites.

La Administración también debe preguntarse *si sus decisiones son comprensibles, accesibles y proporcionadas; *si reducen o incrementan innecesariamente las cargas que soportan los ciudadanos; y, *si el modo de ejercer una potestad legal fortalece o deteriora la confianza pública.

La recaudación tributaria no es una operación automática desligada de sus efectos sociales. Detrás de cada recibo hay una familia, una persona mayor, un propietario que no reside habitualmente en Córdoba, una cuenta bancaria modificada o un contribuyente que puede encontrarse temporalmente sin acceso normal a sus comunicaciones.

Por eso, la buena Administración exige algo más que cobrar en plazo:

“Exige hacer posible que el ciudadano pueda pagar en plazo sin tener que superar obstáculos innecesarios”.

<<Existen alternativas>>

No hay ninguna razón que obligue a concentrar el pago del IBI en agosto. El periodo voluntario podría establecerse en otros meses -mayo, junio, septiembre u octubre- o distribuirse de forma que se evite la coincidencia con el periodo vacacional.

**También podrían adoptarse medidas complementarias:

*ampliar los canales de aviso y comunicación;

*reforzar la atención durante las fechas de vencimiento;

*establecer mecanismos ágiles para corregir errores de domiciliación;

*ofrecer sistemas de fraccionamiento más accesibles;

*informar de manera clara sobre las consecuencias de un impago;

Y, *revisar periódicamente el calendario fiscal desde la perspectiva del ciudadano, no solo desde la comodidad de la gestión interna.

La existencia de alternativas demuestra que mantener el cobro en agosto no es una fatalidad administrativa, sino que es una decisión de organización y, en última instancia, una elección política trufada de mala fe.

<<Recaudar con legitimidad>>

Una Administración moderna no debe medir su eficacia únicamente por la cantidad recaudada o por el porcentaje de recibos cobrados. También debe valorar el modo en que obtiene esos ingresos y la relación que establece con la ciudadanía.

La disciplina fiscal es necesaria, pero no puede confundirse con indiferencia hacia las circunstancias del contribuyente. El Ayuntamiento debe recaudar, sí; pero debe hacerlo con transparencia, previsibilidad y respeto. La eficiencia recaudatoria no puede convertirse en una política de desgaste ni en una estrategia basada en que el ciudadano no esté pendiente.

Córdoba merece una Administración tributaria que no vea al vecino como un mero sujeto pasivo, sino como una persona a la que debe facilitar el cumplimiento de sus obligaciones. Cobrar el IBI en agosto podrá ser legal, pero resulta difícilmente compatible con una concepción exigente de la buena Administración y con la sensibilidad que debería presidir la gestión de los asuntos públicos.

Por ello, corresponde a la Corporación Municipal revisar el calendario fiscal antes del próximo ejercicio y abrir un debate transparente sobre la oportunidad de mantener el periodo voluntario en pleno mes de agosto.

La recaudación sostiene los servicios públicos. Pero la confianza ciudadana también. Y una Administración que solo piensa en la caja corre el riesgo de olvidar para quién existe.

N.B. Imagen. El IBI de agosto. Recuadar es lo primero.

Córdoba, 14 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Nota: Imagen.

Financiación pública y sostenibilidad financiera de las Empresas de la Diputación de Córdoba – (Epremasa y Emproacsa) – Análisis.

Análisis sobre la inyección de fondos públicos a Epremasa y Emproacsa en el marco presupuestario de la Diputación de Córdoba y su impacto estructural.

1.- Resumen.

La reciente asignación de recursos públicos a fondo perdido a las empresas provinciales de la Diputación de Córdoba, Epremasa (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.) y Emproacsa (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.), para equilibrar sus balances contables, pone de manifiesto una problemática recurrente en la administración local:

“La sostenibilidad económica de las sociedades instrumentales”.

Esta dotación económica, enmarcada en los acuerdos presupuestarios y pactos de gobierno provinciales – (I.U. – presupuestos), evidencia las pérdidas continuas y los errores operativos y de gestión de estas entidades mercantiles participadas íntegramente por la corporación provincial.

La controversia no radica únicamente en la transferencia de fondos públicos, *sino en la conveniencia e idoneidad de mantener un modelo de gestión, que de forma sistemática traslada el déficit estructural a las cuentas públicas, sin acometer reformas profundas en sus costes de funcionamiento internos.

2.- Marco financiero y problemática de las Sociedades Provinciales.

Las empresas públicas locales como Epremasa y Emproacsa desempeñan servicios esenciales (gestión de residuos y ciclo integral del agua en alta y baja en la provincia).

***Sin embargo, su evolución financiera muestra patrones críticos y muy negativos:

<-Pérdidas operativas permanentes y dependencia continua de transferencias de la Diputación: Al igual que ocurre en otras entidades del sector público local, se observa una transición desde la estabilidad presupuestaria hacia un déficit operativo, que requiere *de aportaciones externas o *de subidas tarifarias para cuadrar las cuentas.

<-Rigidez estructural del gasto: El núcleo del problema financiero reside en la incapacidad o resistencia para optimizar los costes internos, tales como dimensionamiento de estructuras, gastos corrientes y costes de explotación. Las empresas públicas en lugar de aplicar planes de racionalización del gasto interno, *optan recurrentemente por la inyección de capital público o por el incremento de tasas y tarifas a los municipios y ciudadanos*.

<-Impacto político e instrumentalización presupuestaria: La inclusión de estas partidas de saneamiento dentro de las negociaciones de presupuestos (ej. Pactos con I. U.) consolida un modelo donde los acuerdos de gobernabilidad priorizan la supervivencia de estructuras deficitarias frente a la ortodoxia fiscal y la eficiencia en el gasto. Dicho de otra forma, la Diputación asume sus pérdidas estructurales en lugar de gestionarlas de forma eficiente.

3.- Valoración jurídico-económica del modelo de gestión.

<-*Desde una perspectiva de estricto rigor presupuestario y eficiencia en la gestión de fondos públicos, el mantenimiento de empresas mercantiles locales en pérdidas continuadas plantea inquietud, ineficiencia y mucha preguntas:

1.- Vulneración del equilibrio financiero: Las sociedades de capital público deben tender a la autofinanciación en la prestación de servicios equivalentes a contraprestaciones económicas (tasas o tarifas). Cuando el desequilibrio económico es estructural y se compensa sistemáticamente vía Presupuestos Provinciales, se desvirtúa el principio de equilibrio presupuestario, entrando de lleno en irregularidades legales y en prácticas de gasto ineficientes, siempre a costas de los ciudadanos.

2.- Traslado de ineficiencias al administrado: La alternativa a la inyección directa de fondos públicos suele ser el incremento de la presión fiscal indirecta (tarifas de agua y recogida de basura).

**Esto genera una paradoja económica en la provincia: “Se castiga fiscalmente al usuario final para compensar los desajustes organizativos internos”.

3.- Falta de transparencia en el coste real del servicio: El empaquetamiento de estas subvenciones o transferencias dentro de pactos políticos globales dificulta el control fiscal individualizado y el análisis de la rentabilidad social y económica de cada euro público gastado. Dicho de otra forma, por acuerdos políticos se cubren pérdidas permanentes a fondo perdido con dinero público (que debería tener un destino positivo en favor de los ciudadanos), realizando así practicas irregulares de gasto público.

4.- Conclusiones y propuestas. La Diputación de Córdoba afronta un escenario donde el modelo actual de Epremasa y Emproacsa resulta insostenible a largo plazo sin un soporte financiero externo constante.

***Para corregir esta desviación, se recomiendan las siguientes líneas de acción:

<-Auditoría operativa integral: Externalizar y fiscalizar rigurosamente los costes de estructura interna de ambas empresas para identificar ineficiencias operativas ajenas al coste estrictamente prestacional.

<-Planes de viabilidad plurianuales: Condicionar cualquier aportación extraordinaria de fondos públicos a la consecución de objetivos tasados de reducción de gasto corriente y mejora de la eficiencia técnica.

<-Desvinculación de los pactos de investidura/presupuestarios: *Aislar la gestión industrial y de servicios de estas empresas de la negociación política coyuntural, *garantizando que su financiación responda a criterios estrictamente técnicos y de sostenibilidad económica.

N.B. Imagen. Análisis.

(Nota. Al día de hoy seguimos en la misma senda de pérdidas por una gestión ruinosa y un aporte de dinero público a fondo perdido.)

Fecha: 26 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

(P. D. Nota.

**Aportaciones acumuladas entre 2023 y 2025.

Durante el periodo 2023–2025, la Diputación realizó inyecciones directas de capital y aportaciones para gastos de funcionamiento e inversiones:

Epremasa

Total aportado (2023–2025): 10,75 millones de euros.
- De esta cifra, 6 millones de euros se destinaron directamente a inversiones estratégicas (como la renovación de maquinaria del Complejo Medioambiental de Montalbán) y el resto a saneamiento financiero/gastos corrientes.

Emproacsa

Total aportado (2023–2025): 59,3 millones de euros.
- De este total:
  - 22,3 millones de euros se emplearon en gastos de funcionamiento y liquidez operativa.
  - 37 millones de euros se destinaron a inversiones de infraestructura hidráulica para paliar la sequía y reparar redes. )