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Anticipos de la Diputación a los Ayuntamientos – Gastar lo que no se tiene (Un plus de intereses y otros costes a pagar)

“La Diputación publicita que adelanta a los municipios 125,8 millones  de euros de la recaudación de impuestos de 2025.

La Diputación de Córdoba, por medio del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido este jueves un 85% de la recaudación de los impuestos municipales previstos para el año 2025y que gestiona la empresa provincial a los ayuntamientos de la provincia.

El importe total, según ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, es de 125.860.000 euros, cifra que supera a la del año pasado en un 1,75%. En 2024 la cantidad fue de 123,69 millones”.

El Presidente de la Diputación Fuentes Lopera del P.P. ha declarado “que este adelanto viene a dar suficiencia, autonomía, liquidez y capacidad de gestión a los ayuntamientos de la provincia desde el principio del año, de modo que pueden hacer efectivos muchos de sus proyectos”. (Diario Córdoba 31/01/25 – Artículo de 30/01/25 – Rafael Valenzuela).

(Nota: Para cubrir el importe de los anticipos el Presidente Salvador Fuentes ha dicho, *que estos recursos proceden de la propia Diputación, 34,9 millones, y *dos operaciones financieras suscritas con Cajasur (51 millones) y Unicaja Banco (40 millones).

**La declaración del Presidente de la Diputación es confusa, incompleta y oculta los costes reales de este adelanto para los municipios, así:

1º.- La Diputación de sus fondos propios aporta 34,9 millones de euros, de manera, que el Presidente debería explicar, en aras de una información veraz, de que partida de los Presupuesto salen esos millones y por qué la Diputación no aporta de sus fondos propios ni siguiera una tercera parte de esos anticipos.

2º.- Por otro lado, se conciertan, dos operaciones financieras, es decir préstamos, por valor de 91 millones de euros, aunque, el Presidente Fuentes Lopera no dice, cual ha sido el coste de esas dos operaciones financieras ni los intereses que habrá que pagar y, sobre todo, quien asumirá esos gastos, de manera, que lo normal será que recaigan sobre los Ayuntamientos anticipados.

3º.- Además, de lo dicho es un hecho patente que los Ayuntamientos, presuntamente beneficiados está ya gastando algo que no tienen y, además, se les cargará unos costes añadidos procedentes de las dos operaciones financieras de contenido desconocido, incluyendo por supuesto todos los intereses nacidos de esas operaciones de préstamo.

Dicho de otra forma, se incrementa el gasto público de forma artificial y los Ayuntamientos impelidos por la Diputación se gastarán lo que no tienen, con la consecuencia final de que esas Corporaciones Locales quedan atrapadas y cautivas de la Diputación, que les hace creer que les está haciendo un favor, cuando lo que les esta haciendo es reducirles sus ingresos por sus impuestos y tasas y, además, gravándolos con costes añadidos desconocidos e ignotos, lo que significa, se mire como se mire, que la Diputación les está vendiendo humo de pajas y engañándolos,  pues al final serán los ciudadanos de esos municipios los que tendrán que pagar los costes indebidos, lo que por si explica, que tendrán que subir sus impuestos y tasas para hacer frente a esos costes innecesarios.

El Presidente de la Diputación del P. P. que ya ha subido todos sus impuestos y sus tasas, como basura, agua, etc., lo primero que debería hacer es publicar y explicar claramente, con exhibición pública de todos los documentos firmados, cuanto va a costar a los Ayuntamientos realmente los anticipos que publicita en forma de autopropaganda, cuando él sabe, que lo que dice es una mentira, ya que, una verdad a medias, ocultando los puntos oscuros y negativos, es una gran mentira.

Nadie sabe cuál es el costo real de esas dos llamadas operaciones financieras, es decir préstamos en lenguaje comprensible para todos, y lo peor, es que nadie lo sabrá nunca, pues es un hecho patente, que el Presidente de la Diputación nunca publicará los documentos del préstamo.  

Por lo dicho, en la Diputación ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa, pero una cosa es cierta, que la administración y la política que el Presidente del P. P. esta haciendo es una política alejada de lo que el Partido Popular prometió que haría si gobernaba, pues si hay algo contrario a los intereses de sus votantes es lo que se está haciendo día a día, que no es otra cosa que la política sandía “verde por fuera y roja por dentro” .

Los votantes del P. P. somos la rana a la que pican todos con sus promesas incumplidas, de forma, que ya  solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay: 

“Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones cumpliendo lo prometido, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “si seguimos votando a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Los anticipos a los Ayuntamientos son gastar lo que no se tiene y, además, intereses y otros costes ocultados y desconocidos.

 “Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 1 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley III – Gasto público – Derecho a información veraz (No solo gastar, también, explicar)

¿Cuánto cuesta?, aunque, se pueda decir, “que el dinero público no es de nadie”. PUES, ESO.

Estamos en tiempo de elecciones, de manera que hay que inaugurar lo que sea, publicitarlo a voz en grito y abrazarse todos por una obra pública, curiosamente, siempre bien hecha, de forma, que *el costo total, *el presupuesto, *los gastos de mantenimiento y personal y *quien paga quedan en el profundo pozo del olvido, aunque siempre una cosa está clara, lo paga el pueblo soberano, es decir, todos nosotros.

Lo dicho viene a colación, porque se ha inaugurado con trompetas y muchos abrazos la Biblioteca Cántico en Córdoba (Jardines de Agricultura), que comenzó a construirse hace 20 años, que ha tenido un costo final desconocido, que se ignora cuál será su costo de mantenimiento y personal, y, quién pagará todos los gastos de funcionamiento.

Lo que digo, ni mucho menos va contra la Biblioteca, que considero un bien social de gran prioridad, ni contra cualquier otro gasto público necesario y/o conveniente, sino que, pido una información veraz y completa sobre el costo total de la misma y de sus gastos de funcionamiento, ejerciendo mi derecho constitucional consagrado en el art. 20 .1, c. de la C. E. de 1978, que dice:

1.  Se reconocen y protegen los derechos: d). A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

En apoyo de lo que digo, es un hecho “que en cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor” el respeto a la ley y su cumplimiento por todos sus ciudadanos y todos sus poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), es lo único que garantiza el “valor justicia” en la misma.

Lo expuesto, significa, que, en el gasto público, cualquiera que sea su naturaleza y/o finalidad, existe un orden de prioridades y de adecuación de su coste a la realidad económica y social de la sociedad a la que se dirige.

Quizás, un ejemplo me sirva para explicar lo que digo, así:

Si una familia necesita una freidora, estando compuesta la unidad familiar de cinco personas, y, realiza una compra de freidora de para doce personas, por la causa que sea, como puede ser, que esté rebajada de precio, es un hecho patente que esa familia ha hecho una compra excesiva, se mire como se mire, pues es evidente que no necesita esa freidora si no una para cinco personas.

Dicho de otra forma, la unidad familiar ha malgastado su dinero en una compra innecesaria y alejada del resto de sus prioridades de gasto.

Curiosamente, dicho lo anterior, es una realidad, que en España se malgasta por los gestores políticos, con demasiada frecuencia, el dinero público  realizándose obras innecesarias, excesivas y/o de un coste desmedido sin control alguno, que producen al ciudadano de a pie profunda desazón, máxime, además, cuando el gasto se lleva a cabo sin que exista la mínima -información veraz-, de manera, que el dinero de todos no se gasta, sino que se derrocha, y, sin que exista obligación de devolución del importe malgastado  a la bolsa común de todos de donde salió.

Visto lo anterior, me ratifico en “exigir una información veraz” de cualquier gasto público en todos sus aspectos (necesidad, costo real, prioridad, utilidad social, etc. etc.), pues en España el pueblo soberano de a pie está inmerso en un bucle perverso de desinformación por activa y por pasiva, que, se salta sin pudor el estado de derecho y el respeto a la ley.

Es un hecho, que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, porque, sin excusa ni pretexto alguno, todo gasto público debe ser sensato, pertinente, necesario, útil y prioritario, lo que implica, además, UNA INFORMACIÓN VERAZ SOBRE EL MISMO AL PUEBLO SOBERANO.

N.B. Todo gasto público conlleva el derecho de los ciudadanos a una información veraz, pues no vale solo gastar, también, hay que explicar, salvo, que se acepte, el ya dicho popular “de que el dinero público no es de nadie”.

Las cosas que están pasado en España demuestran, que peligra el respeto a la Ley y nuestro Estado de Derecho, lo que conlleva que hay que defender todos nuestros derechos y uno de ellos es “UNA INFORMACIÓN VERAZ”.

Córdoba, a 10 de febrero de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.