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Reparto forzoso de menores – Ceuta – Pulso – Análisis.

1.- Resumen y diagnóstico operativo.

La reciente escalada de presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desatado una de las crisis institucionales y normativas más complejas en el mapa territorial español. Ceuta se halla en una situación declarada de “límite operativo y situacional”, al acoger provisionalmente a más de 1.100 menores no acompañados (según el Ejecutivo ceutí), sobrepasando de forma crítica sus capacidades asistenciales.

Frente a la exigencia de auxilio del gobierno local y la respuesta central basada en la obligatoriedad del reparto territorial derivado de la reforma de la Ley de Extranjería, se ha generado un choque frontal de legitimidades. El Ejecutivo central recurre a la advertencia del cumplimiento normativo y la intervención de la Fiscalía de Menores de oficio, mientras, *que un amplio bloque de Comunidades Autónomas denuncian saturación del 160% en sus propios sistemas de protección, opacidad en la filiación/conteo real de los menores y vulneración del principio de autonomía funcional*.

2.- Un baile de cifras – (Asimetría de información y desconfianza).

Uno de los vectores de mayor fricción institucional radica en la divergencia métrica entre las administraciones implicadas, lo que mina la base para un reparto racional sustentado en datos fehacientes.

Fuente Informativa	Cifra Reportada	Lectura Política e Institucional
Delegación del Gobierno / CNP	528 Menores	Sujetos formalmente identificados mediante expediente de Extranjería. Muestra el sesgo burocrático inicial.
Gobierno de Ceuta (Juan Vivas)	1.100 Menores	Población asistida en recursos asistenciales y provisionales tras la avalancha migratoria. Refleja el colapso operativo de la ciudad.
Comunidades Autónomas (PP / Vox)	Auditoría Exigida	Desconfianza activa: se exige verificar la minoría de edad exacta y la determinación de vulnerabilidad antes de aceptar cuotas.

***Riesgo sistémico de gestión:

La brecha entre los 528 expedientes policiales y los 2.000 acogidos evidencia que el 50% de la población infantil no tiene cerrada la fase probatoria de edad e filiación.

Derivar expedientes de oficio sin resolver la edad legal puede desencadenar una cascada de impugnaciones contencioso-administrativas en las CC.AA. receptoras.

3.- Cartografía política – (Posicionamientos y alianzas estratégicas).

El reparto de menores trasciende la solidaridad interterritorial para convertirse en un tablero de confrontación partidista y legislativa a nivel nacional.

Actor Político / Región	Posición Oficial	Argumentario Clave	Nivel de Resistencia
Gobierno Central (PSOE / Sumar)	Cumplimiento normativo forzoso y reparto vinculante.	Invocación a la Ley de Extranjería. Inyección extraordinaria de 30,5 M€ (25 M€ + 5,5 M€). Intervención de la Fiscalía si hay negativa.	Ejecutor
Oposición Central / CC.AA. PP (Díaz Ayuso, Tellado)	Repatriación y rigor procedimental.	La responsabilidad matriz es del Estado (“quien entra por la frontera debe ser gestionado en origen”). Exigen agotar la reagrupación familiar.	Moderada / Legalista
Socios del Gobierno (Junts per Catalunya)	Oposición frontal al traslado a Cataluña.	Exención explícita de la región en la distribución. Amenaza con retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo si se impone la cuota.	Crítica / Votante
Ejecutivos Autonómicos con Vox (Extremadura, Aragón, CyL, etc.)	Rechazo absoluto y ruptura de pactos.	“Oposición por tierra, mar y aire”. Priorización del gasto interno (“recursos de los españoles para los españoles”) y repatriación inmediata.	Máxima / Absoluta
Gobierno Vasco / C. Valenciana (PNV / PP-Vox)	Agotamiento de vías / Saturación (160%).	Prioridad a la reagrupación familiar en origen. Los centros locales no pueden asumir mayor carga sin colapsar el sistema de bienestar.	Alta

4.- Análisis jurídico-constitucional y vectores de conflicto.

Desde la perspectiva del Derecho Público, la pretensión del Gobierno de transferir menores “de oficio” a través de la Fiscalía sitúa al sistema en una paradoja competencial:

Tensión Jurisdiccional: Supremacía Estatal vs. Competencia Autonómica Exclusiva
El Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de Inmigración, Extranjería y Fronteras (Art. 149.1.2ª CE), pero las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en Asistencia Social y Protección de Menores (Art. 148.1.20ª CE).

Obligar al acogimiento material sin previo acuerdo bilateral desborda la frontera de la cooperación leal entre administraciones.

<-Vías de choque jurisdiccional previstas:

*Conflicto positivo de competencias (Tribunal Constitucional): Las CC.AA. pueden plantear la inconstitucionalidad de los mecanismos de imposición unilateral si entienden que vacían de contenido sus competencias de tutela efectiva.

*Procedimientos contencioso-administrativos: Impugnación individualizada de las resoluciones de la Fiscalía o del Ministerio del Interior que ordenen los traslados sin la debida determinación formal de la minoría de edad de cada expediente.

*Población transfronteriza y principio de interés superior del menor: Cuestionamiento de si la redistribución forzosa garantiza el interés superior del menor o si constituye una medida meramente administrativa para desgestionar un punto fronterizo.

5.- Conclusiones y escenarios operativos futuros.

El reparto de menores desde Ceuta no es un simple problema de cupos ni de suficiencia presupuestaria. Se ha consolidado como un catalizador de la reconfiguración del mapa político español.-

Escenario 1: Bloqueo Institucional y Judicialización Extrema. Las Comunidades recurren sistemáticamente los traslados ante los juzgados, paralizando cautelarmente los repartos mientras Ceuta permanece atascada operativamente.

<-Escenario 2: Quiebra de alianzas parlamentarias. La postura de veto de Junts y la oposición inflexible de Vox colocan al Gobierno central en un dilema de gobernabilidad: forzar el reparto implica riesgo de fractura en sus apoyos en Madrid y escalada de ruptura de coaliciones autonómicas.

<-Escenario 3: Reagrupación e involucración Internacional. Giro hacia la diplomacia bilateral para la reactivación real de las cláusulas de repatriación y reagrupación familiar en el país de origen, como solicitan tanto Madrid como el País Vasco y los sectores conservadores.

N.B. Imagen. ANÁLISIS JURÍDICO Y POLÍTICO – (REPARTO FORZOSO DE MENORES).

Córdoba, 7 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Fijos discontinuos – (La trampa de los parados invisibles y la confianza quebrada)

En el confuso mercado laboral español, las cifras estadísticas oficiales se han convertido en un arma de la lucha política dónde la verdad no importa solo la apariencia, de forma, que desde la reforma laboral de 2022 estamos inmersos en medio de un fenómeno de ficción jurídica: “La proliferación de los -parados invisibles-”. Ante la realidad aproximada de unos 9 a 10 millones de contratos fijos discontinuos firmados y un ritmo mensual de ese tipo de contratos de entre 100.000 y 200.000 firmados, la pregunta es obligada:

¿Estamos ante una mejora real del empleo o ante un masivo maquillaje estadístico?

1.- El cambio de nombre – (Derechos vs. disfraz)

La reforma de 2022 cortó la contratación temporal, empujando a las empresas hacia la figura del contrato fijo discontinuo, que si bien sobre el papel otorga antigüedad y un vínculo permanente, la realidad material es distinta, ya que, muchos de estos contratos cubren periodos de apenas unos días o semanas, por lo que tenemos, en la práctica, un contrato temporal con nombre de indefinido y una precariedad disfrazada, que infla las cifras de <-estabilidad-> en el empleo.

2.- Un -limbo- para los demandantes de empleo.

La verdadera <trampa> reside en el laberinto del SEPE, pues cuando un trabajador fijo discontinuo deja de trabajar porque la campaña termina:

<-Antes: Se contaba como parado.

<-Ahora: Pasa a ser un *demandante de empleo con relación laboral*.

Técnicamente, no consta en las listas del paro aunque esté en su casa, sin ingresos y, en muchos casos, cobrando el subsidio. Se estima que, al día de hoy, hay más de 870.000 personas en este limbo, que es lo que expertos e instituciones como el Banco de España denominan el Paro Efectivo, que, es una cifra mucho más dura y realista que la que ofrece el Ministerio de Trabajo cada mes.

3.- La quiebra de la seguridad jurídica.

Para un jurista, lo más preocupante no es solo el dato, sino la erosión de la seguridad jurídica e informativa, y, en un Estado de derecho saludable se requiere que el ciudadano confíe en las instituciones.

**Cuando la estadística oficial se aleja tanto de la percepción de la calle, se produce un divorcio peligroso:

*Inseguridad en el análisis: Sin datos reales, no se pueden tomar decisiones económicas acertadas.

*Fraude de ley estadístico: Se prioriza la forma (nomen iuris) sobre el fondo (la estabilidad real).

*Opacidad consciente: El Ministerio posee los microdatos (quién trabaja y quién no), pero el acceso a ellos llega con cuentagotas, priorizando el beneficio político al rigor administrativo.

<<Conclusión – (El valor de la verdad)>>

La confianza no se recupera con tecnicismos, sino con la verdad sin tapujos, porque no es una cuestión de cortesía, es una obligación para con el administrado. El derecho a recibir información veraz es fundamental para que el debate público sobre soluciones laborales no sea un espejismo (art. 20 CE).

N. B. Imagen. La verdad y la mentira. Invisibilidad.

Mientras no se desglosen los datos con transparencia total, la estadística oficial seguirá siendo un “asterisco invisible” en la realidad de los españoles, de forma, que sin un diagnóstico veraz y justo, cualquier medida que se aplique será solo un efecto placebo, mejorando los síntomas con un tratamiento inactivo o falso.

Córdoba, 15 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Deterioro del Estado de Derecho II (la contaminación que se lo come todo)

En estos días los ciudadanos/as asistimos a un aquelarre continuo de corrupciones de todo tipo y color (económicas, éticas, sexuales y sociales), que no solo sorprenden por su descaro y presunción de impunidad de sus autores y cómplices, sino que, además, se ve día a día como la corrosión sistémica ha alcanzado a todos los niveles políticos (Estado, CC.AA., Corporaciones Locales, Empresas y Entes Públicos).

Es detestable que a nivel de Estado esté pasado lo que pasa a la vista de todos los españoles escandalizados, pero, parece que se olvida que cosas parecidas están ocurriendo en muchos ayuntamiento, especialmente, los sostenidos por mayorías absolutas o coaliciones basadas en intereses espurios, porque quien no conoce corrupciones multicolores, que ocurren en ayuntamientos y diputaciones, así como, en sus empresas públicas y en el variopinto mundo de sus entes dependientes pagados por el dinero de todos.

Siempre habrá el que lo justifique, diciendo que son cosas de menor entidad, como *enchufes de parientes políticos y familiares, *subvenciones a empresas y asociaciones afines, *favores urbanísticos disfrazados de legalidad y, así, *un largo etc. de irregularidades discriminatorias para los que se sitúan fuera de las aguas turbias de las influencias políticas.

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), denunciamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho, haciéndolo a través de algunos ejemplos genéricos, pero que todos podrán identificar como propios.

1.- ¿Quién no conoce algún caso de enchufismo en algún ayuntamiento?; que se materializa en ocupar una plaza de empleo público por la puerta de atrás, y, además, bendecido por un/a secretario/a nombrados con carácter accidental, pero que ya llevan años y años ocupado ese cargo municipal, de forma, que en esos ayuntamiento todo vale, y, los ciudadanos asisten temerosos al espectáculo de corrupción sistémica, callados y silentes, porque saben que si denuncian, casi nunca le pasa nada al político corrupto, pero a ellos los funden con obligaciones y trabas de todo tipo, que le harán la vida imposible, mientras los saduceos políticos justos en el uso de sus abusos presumen de rectitud legal.

2.- ¿Quién no conoce, casos innumerables de abuso en la llamada “Libre Designación”?; que habiendo nacido para casos excepcionales se ha convertido en norma de la que políticos variopintos usan y abusan sin pudor.

Se utiliza día a día para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

3.- ¿Quién no conoce en su ayuntamiento casos varios de contrataciones laborales irregulares?; pues muchos Ayuntamientos recurren a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

4.- ¿Quién no conoce los monopolios de decisiones existentes en algunos ayuntamientos?; donde el exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

5.- Seguir con los ejemplos, se me antoja ya innecesario, pero si poner de relieve que “fallan los controles”, ya que, sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

6.- Finalmente, reiterar y destacar que la reciente Ley 2/2023 obliga a los ayuntamientos a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese “caciquismo moderno” que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B. Las irregularidades y casos de corrupción, que se dan en los ayuntamientos son casi diarias y calcular su número es prácticamente imposible al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, por lo que es una “verdad patente”, que la corrupción en sus distintas variantes ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control que existen legalmente, siendo desgraciadamente más formal que real.

El deterioro continuo del Estado de Derecho es una realidad en los ayuntamientos y demuestra que la corrupción sistémica y grosera ha asaltado los derechos y libertades de la sociedad civil.

Córdoba, 12 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Deterioro del Estado de Derecho (La Realidad en las Corporaciones Locales)

El deterioro de la calidad institucional en España es una realidad palpable que afecta a todos los niveles de la administración, pero resulta especialmente preocupante en el ámbito más cercano al ciudadano: las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), analizamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho.

1.- Un contexto de alerta institucional.

La percepción ciudadana y los datos de organismos internacionales (como la OCDE y la Comisión Europea) coinciden: la calidad institucional en España está por debajo de la media europea. Los puntos críticos son claros:

<-Alto riesgo en la contratación pública: Es el terreno más fértil para la corrupción.

<-Politización de las instituciones: La falta de independencia en los órganos reguladores debilita los contrapesos democráticos.

<-Sensación de impunidad: La lentitud de la justicia y estrategias procesales —como el cargo público que se acoge a su derecho a no declarar en lugar de colaborar— alimentan la desconfianza social.

2.- El foco del problema: Ayuntamientos y Diputaciones.

Es en la administración local donde el deterioro se manifiesta de forma más cruda a través de dos vicios heredados que han mutado para sobrevivir en democracia:

<-El abuso de la “Libre Designación”: Lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma. Se utiliza para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

<-Contratación laboral irregular: Muchos Ayuntamientos han recurrido a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

<-Monopolio de decisiones: El exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

3.- Fallan los controles.

Sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

4.- Una esperanza legal vs. La realidad.

La reciente Ley 2/2023 obliga a las entidades locales a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

N.B. En España es una realidad preocupante el aumento del deterioro del Estado de Derecho, especialmente, son muy inquietantes las irregularidades y casos de corrupción, que se dan en las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos), porque su número es difícil de calcular al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, siendo un hecho patente que la corrupción en sus distintas clases ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control y del establecimiento por ley de un Sistema Interno de Información, que desgraciadamente es más formal que real.

Córdoba, 4 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

II. Mochila de supervivencia (Nos vamos de excursión)

Muchos lectores me piden que me explique, aunque la mayoría está de acuerdo en que “vamos ciegos los ciudadanos de a pie en el asunto del rearme”. Así que trataré de explicarme:

Es un hecho patente, que “sin verdad, no hay seguridad”, de manera, que frente a una Europa desarmada, exigimos la verdad, basta ya de mochilas vacías, pues no vamos de excursión.

Así mismo, la realidad es que la seguridad no se construye con miedo, silencios ni excusas, de manera, que desde Córdoba Abierta (ACOA) y de muchos ciudadanos, decimos, que sin verdad y sin las armas necesarias, no hay seguridad. (Asociación Córdoba Abierta – cordobaabierta@gmail.com).

Como decía ayer, a los europeos nos vende la U. E. kits de supervivencia para 72 horas, mientras nos oculta la realidad, de que sin la OTAN y sin EE. UU. la Unión Europea no tiene armas suficientes para defendernos, por lo que “es hora de saber la verdad y de hacer algo para arreglar nuestras debilidades”.

La UE nos pide que preparemos mochilas con agua y linternas, pero no nos dice:

¿Quién nos protegerá de un ataque nuclear?

(Solo Francia tiene bombas y no alcanzan para todos, pero Rusia tiene muchísimas más, según detalla SIPRI -Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo-.

¿Dónde está nuestro escudo antimisiles?

(Sin EE. UU., Rusia puede golpearnos sin que podamos responder.).

Nota. La dependencia de la OTAN y EE. UU. es un hecho reconocido en discursos de líderes europeos y en *declaraciones oficiales de la UE*.

¿Cuánto durará nuestra defensa?

(Según estimaciones ampliamente aceptadas, los proyectiles que fabricamos en un añoRusia los cuadruplica como mínimo, de manera, que, en principio, no aguantamos ni un año. A mayor inri, “no sabemos cuántos proyectiles producimos ni cuánto tardaríamos en triplicarlos, porque la UE no lo dice, de forma, que esa falta de transparencia es, en sí misma, una debilidad”.

¿Por qué no triplicamos la producción?

(Podríamos hacer tres veces más proyectiles al año, pero hay que poner a la verea de 10.000 a 20.000 millones de euros, “por lo que no hay acuerdo posible”. Francia quiere mandar, pero ha llamado a Inglaterra, Alemania que sí pero no, España en otro mundo (un ejército único europeo – misterios) y otros miran a EE. UU.).

Esto no es preparación, es un escudo a la falta de transparencia. Nos dicen que confiemos en un kit mientras nuestras reservas se agotan y nuestras fábricas no dan abasto. Los millones que gastamos en Ucrania son por lo menos diez veces más de lo que dedicamos a fabricar nuestros proyectiles.

(“El kit, sin un plan de rearme, resulta insuficiente para garantizar nuestra seguridad”, porque sin armas suficientes, no hay defensa).

El Parlamento Europeo debe moverse ya e informar a los europeos, así pedimos:

Un informe público sobre las capacidades militares reales de Europa sin OTAN ni EE. UU.
1. Un plan de emergencia para triplicar la producción militar en un plazo prudente de 3 años, con un fondo común mínimo, aproximadamente, de 20.000 a 30.000 millones.
1. Transparencia total sobre ¿qué necesitamos en dinero, fábricas y tiempo?

Las “mochilas solas” no sirven para nada, así que, exigimos respuestas.

En consecuencia, el llamado KIT de la U.E. demuestra que la Unión Europea va a ser lo de siempre, “actuar sin rumbo y dejarlo todo al azar”.

Reitero, que por esa razón es por lo un grupo de cordobeses libres, en su día, constituimos la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-, nacida para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura pública de los KITs y otros remedios basados en la desinformación consensuada, solo cabe ya la autodefensa pacífica de la sociedad civil, pues está más que visto, que nos merecemos otros representantes públicos, que se dirijan al bien común real y a la defensa verdadera de los europeos.

(Nota: “Esto no solo afecta a Europa, sino a cualquier sociedad que valore su libertad”.).

N.B. La mochila de supervivencia sin rearme verdadero es un elemento sin contenido, pues, además, “vamos ciegos los ciudadanos de a pie en el asunto de la defensa”, de manera, que ya solo nos queda la autodefensa compartida e imponer una información veraz sobre nuestra situación de defensa.

Es un hecho patente la ausencia de datos y la falta de transparencia, de manera, que ningún ciudadano puede consultar un informe claro sobre nuestras capacidades militares reales.

Si ni siquiera sabemos lo que tenemos, ¿cómo vamos a defendernos?

Para finalizar: ¿Estamos dispuestos a seguir ciegos, o exigiremos juntos la verdad y las herramientas para defendernos?

Córdoba, a 28 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.