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El sistema de anticipos de la Diputación&Ayuntamientos – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

Existe una narrativa institucional fuertemente arraigada, que presenta a las Diputaciones Provinciales como el «hermano mayor» benefactor, que acude al rescate de los municipios para garantizar su liquidez diaria. Sin embargo, si analizamos los datos contables y la arquitectura financiera del modelo, la realidad muestra exactamente lo opuesto:

“Son los ayuntamientos, a través de los tributos devengados por sus vecinos, los que alimentan y justifican la mega-estructura de la Diputación provincial”.

(Nota. La Diputación no anticipa nada, simplemente, se enriquece cobrando a los ayuntamientos para mantener su negaestructura y siempre a costa de los ciudadanos. En otras palabras, un despropósito y una injustica.)

El mecanismo de anticipos a cuenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) se vende como una herramienta indispensable de apoyo local, pero en la práctica constituye una trampa-engaño, que *dilata la disciplina presupuestaria, *duplica el gasto estructural y *traslada una factura indirecta de intereses e intermediación a los bolsillos del ciudadano pagano.

1.- Las cifras – (endeudamiento privado y fondos propios insuficientes).

Para el ejercicio 2026, la Diputación de Córdoba ha anunciado la transferencia de 129,07 millones de euros a los 77 municipios de la provincia como adelanto de su recaudación tributaria. Esta cifra consolida un incremento continuo en los últimos años (119,55 M€ en 2023; 123,69 M€ en 2024; y 125,86 M€ en 2025).

***Sin embargo, al examinar el origen de estos fondos, la primera paradoja contable sale a la luz:

Origen del Capital	Importe (M€)	Porcentaje / Entidad
Fondos Propios	34,07 M€	Tesorería propia de la Diputación e ICHL
Kutxabank	50,00 M€	Operación de crédito
Caja Rural del Sur	20,00 M€	Operación de crédito
Unicaja Banco	16,00 M€	Operación de crédito
Bankinter	9,00 M€	Operación de crédito
TOTAL ADELANTADO	129,07 M€	100%

ciudadano,

De los casi 130 millones transferidos, la Diputación solo aporta 34,07 millones de sus fondos propios. Los 95 millones restantes se financian acudiendo a la banca privada mediante la suscripción de pólizas de crédito.

2.- El ciudadano paga la factura por duplicado – (intereses y duplicidades).

El dinero obtenido del sector financiero no es gratuito. Estas operaciones de crédito devengan cuantiosos intereses y comisiones que la administración provincial no absorbe a fondo perdido.

<<El mito de la ayuda provincial>>

A través del denominado premio de cobro –un porcentaje (generalmente entre el 4% y el 7%) que el ICHL descuenta sobre la suma efectivamente recaudada en cada municipio– se financia la operativa del organismo recaudador, sus cargas financieras y su personal.

┌───────────────────────────┐

│ CIUDADANO / CONTRIBUYENTE │

└─────────────┬─────────────┘

│ Paga impuestos locales (IBI, IVTM, IAE, etc.)

▼

┌───────────────────────────┐ Delegación + Premio de cobro ┌───────────────────────────┐

│ AYUNTAMIENTO ├───────────────────────────────────────►│ DIPUTACIÓN (ICHL) │

│ – Mantiene Tesorería/ │ │ – Plantilla propia. │

│ Intervención propia. │◄──────────────────────────────────────┤ – Cargos y sedes. │

│ – Soporta el coste final.│ Transferencia de anticipos │ – Pólizas financieras. │

└───────────────────────────┘ (financiadas con deuda bancaria) └───────────────────────────┘

***El ciudadano termina pagando dos veces para sostener la misma gestión:

1.- En el Ayuntamiento: Mantiene sus propios departamentos de Tesorería, Intervención y Padrones para fiscalizar el trabajo provincial.

2.- En la Diputación: Sostiene una infraestructura paralela de funcionarios, ejecutivos de cobro, desarrollos informáticos y altos cargos políticos.

3.- «Riesgo Moral» y el «Efecto Invernadero» sobre el gasto público.

El sistema de anticipos mensuales desconecta artificialmente la acción de gasto municipal de la entrada real de los ingresos tributarios. Al recibir inyecciones de caja constantes de enero a diciembre, los consistorios caen en dinámicas perjudiciales para la salud financiera pública:

<-Incentivo a presupuestar al límite o de forma optimista: Como las entregas a cuenta del 80% se calculan sobre la estimación de los padrones teóricos, los ayuntamientos tienen un estímulo directo para inflar o no ajustar sus previsiones de ingresos.

<-Adicción a la liquidez ajena: En lugar de exigir rigor y planificación de caja -adecuando la cadencia de pagos a los periodos reales de recaudación o acumulando remanentes de tesorería del año anterior-, se fomenta una inercia de gasto corriente apoyada en endeudamiento bancario intermediado.

<-Ocultación del deterioro presupuestario: La inyección periódica actúa como un anestésico que enmascara problemas reales de solvencia, posponiendo ajustes estructurales que terminarán encareciéndose con el tiempo.

4.- La inversión de la dependencia económica.

La realidad jurídica y presupuestaria destruye la narrativa del “patronazgo” provincial.

Sin la delegación masiva de tributos por parte de las entidades locales, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local carecería de ingresos y de razón de ser.

La Diputación actúa en la práctica como un intermediario o bróker financiero caro:

“Utiliza como aval o garantía los impuestos devengados por los vecinos de la provincia, pide créditos bancarios a su nombre e imparte el dinero de vuelta cobrando una tasa de gestión y repercutiendo el coste financiero”.

Conclusión – (Hacia una verdadera corresponsabilidad fiscal).

El actual modelo de anticipos prioriza la paz de tesorería y la comodidad política a costa de inflar el gasto público estructural y cargar de intereses las arcas locales.

<-Una gestión pública prudente y en defensa directa del contribuyente exigiría romper este bucle de dependencia:

1.- Exigir gestión y planificación de caja propia a los ayuntamientos, adecuando la ejecución de los grandes pagos a los periodos efectivos de cobro fiscal.

2.- Eliminar la intermediación bancaria redundante que encarece la recaudación con intereses y comisiones.

3.- Aportar máxima transparencia sobre el coste real que supone para cada vecino el mantenimiento de estructuras superpuestas.

No son los ayuntamientos los que viven de la generosidad de la Diputación, sino que es la megaestructura provincial la que sostiene su peso sobre la capacidad impositiva de los municipios y sus ciudadanos.

Es hora de exigir un sistema transparente, eficiente y verdaderamente justo para quienes pagamos la factura.

(Nota. El P.P. en la Diputación de Córdoba está haciendo políticas socialistas de gasto público y su expansión descontrolada con los los tributos de los ciudadanos, realizando un engaño masivo e injusto, de forma, que la Junta de Andalucía debe acabar con esta práctica fraudulenta.).

N. B. Imagen.El sistema de anticipos de la Diputación – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

(Nota. Hay que acabar con las duplicidades administrativas y adoptar un sistema de tributación justo, porque no puede ser que los ayuntamientos mantenga la misma estructura de la Diputación con todas sus cargas y costes, mientras los ciudadanos pagan por estructuras ineficientes y duplicadas.

En una frase, lo que hacen la Diputación&Ayuntamientos con el cobro de los tributos, es una injustica y un engaño masivo, siendo los anticipos un mecanismo más de engaño y un fraude de ley.)

Córdoba, 23 de julio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Paradoja del Agua en Córdoba – (Coste de la ineficiencia interna vs. castigo fiscal del ciudadano).

Análisis crítico sobre la gestión de la Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) y el blindaje de su estructura interna a costa de la presión tarifaria.

<<Una realidad incómoda tras el escaparate de las cifras>>

El Ayuntamiento de Córdoba y la Empresa Municipal de Aguas (Emacsa) suelen presumir de cifras: *La capital cuenta con alrededor de 650 fuentes de agua potable en sus calles (616 bebederos públicos y 30 ornamentales), pero detrás de esta gran infraestructura de cercanía y de un servicio de excelente calidad, se esconde una realidad incómoda que afecta directamente al bolsillo del ciudadano, concretamente, “que el recibo del agua encadena cuatro años de subidas consecutivas en un escenario donde ahorrar cuesta más caro y se camufla sistemáticamente el impacto real de las facturas”.

1.- El sistema actual, sus grietas y el desvío de la atención técnica.

La Empresa Pública Municipal Emacsa gestiona el ciclo integral del agua apoyándose principalmente en los embalses de Guadalmellato y San Rafael de Navallana, con la ETAP de Villa Azul y la EDAR de La Golondrina como motores técnicos. Para modernizar la red, la empresa cuenta con un ambicioso Plan Director (2023-2033) valorado en más de 540 millones de euros.

<-A pesar de esta aparente solvencia proyectada, el sistema arrastra deficiencias críticas que evidencian la falta de optimización de los recursos:

*Redes obsoletas: Tramos antiguos de fibrocemento provocan fugas microscópicas y roturas en zonas históricas y periféricas.

*El olvido de las periferias: Numerosas parcelaciones y núcleos de autoconstrucción carecen de conexión legal a la red, cronificando problemas sanitarios esenciales.

<-Exigencias europeas y clima: La EDAR de La Golondrina urge inversión para adaptarse a las normativas de la UE en eliminación de nutrientes, mientras el estrés hídrico obliga a desarrollar un circuito terciario de aguas regeneradas que aún está a medio gas.

2.- La escalada de tarifas (2024 – 2027) y la paradoja del ahorro.

<-Tras incrementos muy intensos en años previos (del 10% y el 5%), el calendario fiscal se ha estabilizado con subidas continuas:

*Año 2026: Se ha aprobado un incremento general del 2,1% (unos 0,32 € más al mes para un usuario medio).

*Año 2027: Ya hay proyectado un nuevo incremento del 1,9% (unos 0,30 € mensuales más).

<-La paradoja del ahorro: “La justificación oficial de Emacsa es que, gracias a la concienciación ciudadana, el consumo anual bajó de 21 millones de m3 en 2021 a 19,4 millones de m3, de forma, que al facturarse menos volumen de agua, los costes fijos de mantenimiento por metro cúbico se elevan. Es decir, el ciudadano ahorra, pero el sistema le penaliza subiendo el precio unitario.

<-Para mitigar las críticas frente a lo que la oposición tacha de “atraco”, se destina un millón de euros al Bono Social, penalizando a su vez con recargos de entre el 25% y el 50% los bloques de consumo más altos.

3.- El núcleo de la crisis – (Coste interno de Emacsa intocable vs. el rescate tarifario.)

El verdadero nudo gordiano de la gestión actual reside en una transición financiera sumamente alarmante, concretamente, el paso de Emacsa de ser una empresa tradicionalmente saneada y con superávit a convertirse en una sociedad que coquetea con las pérdidas y el déficit.

Ante este desequilibrio, la dirección política de la empresa ha optado por la vía más cómoda para la estructura burocrática, pero más lesiva para el contribuyente:

“Un rescate encubierto a base de continuas subidas de tarifas”.

<-En lugar de acometer un plan riguroso de saneamiento interno que analice, racionalice y reduzca el coste de la propia estructura y del mantenimiento de infraestructuras, la entidad mantiene intactos sus gastos de funcionamiento interno, descargando de manera sistemática toda la responsabilidad y el coste del desajuste sobre los cordobeses, utilizando como pretexto que estos consumen menos agua.

<-Este modelo resulta económicamente insostenible y éticamente cuestionable, ya que, se penaliza la eficiencia ambiental de los ciudadanos para evitar abordar la ineficiencia organizativa y los costes estructurales de la propia empresa municipal.

<-Indicador de Gestión: “Efecto sobre el Ciudadano Situación en la Estructura de Emacsa”.

-Consumo de Agua – (Tendencia a la baja).

-Ahorro ecológico y menor consumo real (de 21 a 19,4 millones m3).

-Se utiliza como excusa para encarecer el metro cúbico debido a los “costes fijos”.

<-Estructura y Coste Interno Soporta tarifas un 2,1% (2026) y un 1,9% (2027) más caras.

*Intocable. No se acometen reformas estructurales ni optimización de gasto interno.

<-Resultado Financiero. Se financia el déficit mediante el encarecimiento del recibo básico.

*Paso del superávit histórico a pérdidas operativas compensadas con presión fiscal*.

4.- El «empaquetamiento político» o cómo ocultar la subida de tarifas.

<- La falta de transparencia real no radica en la ausencia de informes financieros, sino en el diseño del mensaje para minimizar el desgaste político utilizando cinco tácticas muy claras:

1.- La técnica de la «micro-cifra»: Presentar el sablazo millonario diluido en frases como “solo costará un café o 32 céntimos más al mes”, haciendo que la queja parezca una exageración.

2.- El «maquillaje plurianual»: “Aprobar las subidas de varios años de golpe”, de forma, que el Gobierno local concentra las protestas en un solo pleno y los años siguientes las tarifas suben de forma automática y silenciosa.

3.- Lenguaje tecnocrático: Usar conceptos como “actualización por equilibrio concesional” para hacer ver la subida como algo inevitable y ajeno a la voluntad del alcalde.

4.- Culpabilización positiva: El argumento de “como habéis ahorrado, hay que subir los precios” traslada la responsabilidad del encarecimiento al propio consumidor.

5.- El «escudo social»: Abrir los titulares anunciando la ampliación de bonificaciones a colectivos vulnerables, relegando el aumento general al final del comunicado para neutralizar la crítica.

5.- Una crítica fundada – (Los pilares de la opacidad y la anomalía legal).

<-Para armar una fiscalización rigurosa de esta gestión, no basta el descontento social, sino que hay que apelar a sólidos argumentos institucionales y legales:

*Vulneración de la transparencia: La Ley 19/2013 exige que los actos con impacto económico sean claros. Camuflar los recargos de hasta el 50% de los bloques altos tras un simplista “usuario medio” impide al ciudadano ejercer su derecho fundamental a saber.

*La anomalía de la “plurianualidad”: El ordenamiento presupuestario se rige por el principio de anualidad. Fijar subidas para 2027 desde ya desvirtúa la naturaleza de las tasas (que deben cubrir costes reales año a año, imposibles de predecir hoy con exactitud) y solo busca hurtar el debate plenario y vecinal de cada ejercicio, tal y como advirtió la propia Intervención Municipal.

*Quiebra de la equidad (Castigo al ahorro): Responder al éxito de una campaña de concienciación ambiental con una penalización económica rompe la lógica del servicio público y genera desconfianza institucional.

*Incoherencia fiscal: El equipo de gobierno vende un relato masivo de “bajada de impuestos” (como el IBI), mientras de forma soterrada incrementa las tasas de las empresas públicas esenciales (Emacsa y Sadeco).

No hay menos presión fiscal, sino que hay un desplazamiento de la carga hacia los recibos domésticos más básicos, perjudicando de igual manera a las rentas medias y bajas.

<<Conclusión>>

Nadie cuestiona que la infraestructura del agua en Córdoba necesite inversión de cara al futuro.

*Lo que es profundamente criticable es el método:

“Recurrir a la ingeniería de la comunicación y a subidas automáticas para eludir el control anual, maquillar el impacto real, proteger un coste de estructura interna intocable y, para colmo, penalizar el esfuerzo ecológico de los cordobeses”.

Una práctica que prioriza el control del daño político y el corporativismo interno por encima de la buena fe y el rigor que se le debe a la ciudadanía.

N. B. Imagen. Córdoba – Agua – Emacsa – Ciudadanos paganos y desinformados.

(Nota. Emacsa y como pasar de una empresa con superávit a una sociedad con pérdidas y déficit, rescatada a base se subidas de tarifas sin tocar para nada el coste interno de infraestructuras y, además, descargando las culpas en los cordobeses por consumir menos agua.).

Córdoba, 14 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S. S.

TRANSPARENCIA Y REALIDAD LABORAL – (Horas reales de trabajo)

Un grupo de lectores vuelve a plantearme una duda tan recurrente como extraordinaria:

¿Por qué nunca coinciden las altas en la Seguridad Social y las afiliaciones a la misma?

Es una excelente pregunta y un motivo de confusión generalizado en el debate público y económico, donde con demasiada frecuencia ambos términos se emplean de forma errónea como sinónimos, cuando realmente no lo son, ya que, para entender el mercado laboral real, es imperativo separar la burocracia administrativa de la actividad productiva.

1.- La brecha conceptual – (Afiliación vs. Alta).

La diferencia básica radica en la naturaleza de cada indicador, ya que, mientras que uno responde a un registro biográfico y único, el otro refleja un estado situacional y contractual:

<-La afiliación: Es el acto administrativo por el que una persona física se integra por primera vez en el sistema de la Seguridad Social. Es un número exclusivo, invariable y de por vida (el número de la Seguridad Social). Solo ocurre una vez, independientemente de la trayectoria laboral del individuo.

<-El alta: Es una condición temporal que indica que una persona está trabajando en un momento concreto y, por consiguiente, cotizando. Se activa al inicio de una relación laboral y se extingue (baja) al finalizar la misma.

2.- Descuadre de las cifras – (factores de desajuste).

Si se analiza la foto fija de las estadísticas mensuales oficiales, la cifra de personas físicas ocupadas jamás se equiparará con el total de relaciones contractuales vigentes debido, principalmente, a las siguientes causas:

**El factor pluriempleo y pluriactividad.

Este es, sin duda, el principal motivo del descuadre estadístico en las métricas de empleo:

*Pluriempleo: Un trabajador contratado simultáneamente por dos empresas distintas dentro del Régimen General mantendrá un único número de afiliación, pero computará como dos altas diferentes.

*Pluriactividad: Un profesional que cotiza como autónomo (RETA) y simultáneamente trabaja por cuenta ajena genera dos altas en regímenes distintos, permaneciendo como un solo afiliado.

En definitiva, una sola persona (un afiliado) puede acumular múltiples altas activas de forma simultánea.

<-Situaciones de “alta asimilada” y afiliados <inactivos>.

Existen colectivos en situación <asimilada al alta> (personas en desempleo percibiendo prestación, excedencias forzosas o bajas específicas), que mantienen vinculación y cotización jurídica, pero que distorsionan el concepto de “alta ocupada” efectiva. Asimismo, el registro histórico total de afiliados en España es ingente al incluir a jubilados y personas apartadas de la vida laboral, razón por la que los medios de comunicación suelen ceñirse únicamente a la <-afiliación en alta cotizante->.

3.- Resumen para el análisis jurídico y económico.

Para evitar confusiones interesadas o análisis sesgados en informes laborales, resulta de gran utilidad recurrir a la siguiente clasificación de conceptos:

***Qué se mide realmente.

*Afiliados (Personas). El número total de personas (individuos físicos) que se encuentran trabajando, de manera, que una persona física no equivale estrictamente a un afiliado.

*Altas (Contratos/Puestos). El número de relaciones laborales o vínculos de cotización activos.

<Un trabajador pluriempleado o en pluriactividad computa varias altas>

(Nota. Por pura fuerza matemática, el volumen de altas vigentes siempre será superior al número de personas físicas afiliadas.).

La equiparación sistemática de ambos términos a nivel oficial persigue un claro objetivo: “Proyectar la falsa sensación de que hay más ciudadanos trabajando cuando la única realidad incontestable reside en el total de horas efectivamente trabajadas y la productividad por cada una de ellas”.

4.- El problema de las <altas> frente a la realidad del empleo.

(Nota. La salud estructural de una economía no se puede diagnosticar mediante el volumen administrativo de contratos.).

***Los analistas y técnicos coinciden en que la cifra de altas oculta distorsiones graves derivadas de la actual fragmentación del mercado de trabajo:

**Intermitencia y contratos fijos-discontinuos: Un trabajador puede ser dado de alta hoy, de baja la próxima semana y de alta nuevamente un mes después. En las estadísticas de flujos mensuales esto genera un carrusel de múltiples “altas” y “bajas”, inflando la actividad administrativa sin consolidar empleos estables.

**La parcialidad: Dos contratos de 10 horas semanales computan formalmente como dos altas autónomas, pero en términos de volumen de trabajo equivalen a tan solo media jornada completa estándar (40 horas).

**División del empleo: La multiplicación de puestos a tiempo parcial propicia que el encadenamiento de subempleos compute doble o triple en las altas, desdibujando la cifra de ocupados reales.

5.- El termómetro macroeconómico – (Horas y Productividad).

Desde una óptica macroeconómica estricta, la riqueza de una nación y la viabilidad del propio sistema de bienestar no dependen del volumen absoluto de contratos firmados, sino de cuánto y cómo se produce.

A.- Los puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo (PETC).

Para corregir la ilusión óptica que producen las altas administrativas, el Instituto Nacional de Estadística (INE) y la Contabilidad Nacional emplean los “puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo” (PETC).

Esta métrica agrega el total de horas trabajadas en el país y las divide entre la jornada laboral estándar, de forma, que es la única vía analítica para discernir si el empleo está expandiéndose o si, por el contrario, simplemente se está troceando y repartiendo el mismo volumen de trabajo entre más manos.

B.- La productividad por hora trabajada.

Esta cifra constituye el verdadero talón de Aquiles de la economía española frente a la eurozona.

<-La ecuación económica es implacable: Productividad = Producto Interior Bruto (PIB) / Total de Horas Trabajadas.

**Si la cifra de altas se eleva debido a la precarización y la parcialidad, pero el volumen de horas agregadas se estanca y el PIB no se expande correlativamente, la productividad por hora se resiente. Un tejido productivo castigado por una baja productividad se ve irremediablemente abocado a competir en costes mediante salarios bajos en lugar de basarse en el valor añadido.

6.- Radiografía empírica – (El cierre del ejercicio 2025).

Los datos consolidados del año 2025 aportados por la Encuesta de Población Activa (EPA) y la Contabilidad Nacional del INE refrendan con total nitidez esta fractura entre las altas de la Seguridad Social y la sustancia real del empleo:

<- 31,7 – Horas semanales de jornada media por ocupado en 2025 (Mínimo histórico fuera de pandemia).

<-676.000 – Trabajadores fijos-discontinuos de media en 2025 (Casi el doble que años previos).

<-Mínimo histórico de tiempo efectivo: Descontando el anómalo año 2020 (marcado por confinamientos y ERTE, con 30,4 horas), las 31,7 horas semanales de media en 2025 marcan el suelo histórico de la serie de la EPA, cayendo drásticamente frente a las 34,1 horas registradas en 2015. El sistema logra un récord nominal de 22,2 millones de ocupados medios, pero cada uno trabaja menos tiempo de manera individual.

<-Crecimiento agregado vs. fragmentación: Aunque el volumen total de horas efectivas en la economía se incrementó un 2,2% interanual al cierre de 2025, la proliferación de la parcialidad y el auge del modelo fijo-discontinuo revelan que el pastel laboral se está fragmentando para maquillar la estadística de afiliación.

<-El impacto directo en la eficiencia: Los datos del INE constatan, que la productividad por puesto de trabajo equivalente a tiempo completo se hundió en tasas negativas (un -0,2% interanual en el último trimestre de 2025). Por su parte, la productividad por hora efectivamente trabajada anotó un avance marginal de apenas el 0,4% o 0,5% según el tramo.

***Conclusión técnica: La expansión económica de España (cuyo PIB avanzó un meritorio 2,8% en el conjunto de 2025) se sustenta fundamentalmente en el incremento bruto de la cantidad de personas introducidas en el sistema (el volumen nominal de empleo) y no en la eficiencia o el valor de cada hora de trabajo. Se valida el axioma: “Para calibrar la robustez económica real hay que apartar el optimismo de la afiliación mensual y monitorizar el retroceso de la jornada media y la productividad por hora”.

N. B. Imagen. Transparencia frente a la mentira oficial.

(Nota, La regularización masiva empieza a inflar los datos de afiliación a la Seguridad Social, pero con contratos de salarios precarios y bajas cotizaciones,).

Córdoba, 7 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Fijos discontinuos – (La trampa de los parados invisibles y la confianza quebrada)

En el confuso mercado laboral español, las cifras estadísticas oficiales se han convertido en un arma de la lucha política dónde la verdad no importa solo la apariencia, de forma, que desde la reforma laboral de 2022 estamos inmersos en medio de un fenómeno de ficción jurídica: “La proliferación de los -parados invisibles-”. Ante la realidad aproximada de unos 9 a 10 millones de contratos fijos discontinuos firmados y un ritmo mensual de ese tipo de contratos de entre 100.000 y 200.000 firmados, la pregunta es obligada:

¿Estamos ante una mejora real del empleo o ante un masivo maquillaje estadístico?

1.- El cambio de nombre – (Derechos vs. disfraz)

La reforma de 2022 cortó la contratación temporal, empujando a las empresas hacia la figura del contrato fijo discontinuo, que si bien sobre el papel otorga antigüedad y un vínculo permanente, la realidad material es distinta, ya que, muchos de estos contratos cubren periodos de apenas unos días o semanas, por lo que tenemos, en la práctica, un contrato temporal con nombre de indefinido y una precariedad disfrazada, que infla las cifras de <-estabilidad-> en el empleo.

2.- Un -limbo- para los demandantes de empleo.

La verdadera <trampa> reside en el laberinto del SEPE, pues cuando un trabajador fijo discontinuo deja de trabajar porque la campaña termina:

<-Antes: Se contaba como parado.

<-Ahora: Pasa a ser un *demandante de empleo con relación laboral*.

Técnicamente, no consta en las listas del paro aunque esté en su casa, sin ingresos y, en muchos casos, cobrando el subsidio. Se estima que, al día de hoy, hay más de 870.000 personas en este limbo, que es lo que expertos e instituciones como el Banco de España denominan el Paro Efectivo, que, es una cifra mucho más dura y realista que la que ofrece el Ministerio de Trabajo cada mes.

3.- La quiebra de la seguridad jurídica.

Para un jurista, lo más preocupante no es solo el dato, sino la erosión de la seguridad jurídica e informativa, y, en un Estado de derecho saludable se requiere que el ciudadano confíe en las instituciones.

**Cuando la estadística oficial se aleja tanto de la percepción de la calle, se produce un divorcio peligroso:

*Inseguridad en el análisis: Sin datos reales, no se pueden tomar decisiones económicas acertadas.

*Fraude de ley estadístico: Se prioriza la forma (nomen iuris) sobre el fondo (la estabilidad real).

*Opacidad consciente: El Ministerio posee los microdatos (quién trabaja y quién no), pero el acceso a ellos llega con cuentagotas, priorizando el beneficio político al rigor administrativo.

<<Conclusión – (El valor de la verdad)>>

La confianza no se recupera con tecnicismos, sino con la verdad sin tapujos, porque no es una cuestión de cortesía, es una obligación para con el administrado. El derecho a recibir información veraz es fundamental para que el debate público sobre soluciones laborales no sea un espejismo (art. 20 CE).

N. B. Imagen. La verdad y la mentira. Invisibilidad.

Mientras no se desglosen los datos con transparencia total, la estadística oficial seguirá siendo un “asterisco invisible” en la realidad de los españoles, de forma, que sin un diagnóstico veraz y justo, cualquier medida que se aplique será solo un efecto placebo, mejorando los síntomas con un tratamiento inactivo o falso.

Córdoba, 15 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Traición en la Diputación de Córdoba – (Cuando el PP gestiona con las políticas de la izquierda)

La política, en su versión más noble, es un compromiso de principios con el electorado, sin embargo, lo que estamos viviendo en la Diputación de Córdoba bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) no es política, es una asunción voluntaria e interesada de las políticas de la izquierda radical. El reciente pacto con Izquierda Unida (IU) para sacar adelante los presupuestos de 2026 no es solo un movimiento táctico de *supervivencia atrabiliaria*, sino que es una ruptura traumática del contrato ideológico con quienes confiaron en el Partido Popular para traer eficiencia, rigor y bajadas de impuestos.

(Nota. El P. P. de la Provincia, sus órganos dirigentes y el Consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en la inopia, aunque luego se quejarán de que los votantes lo hagan en favor de VOX.)

1.- El Secuestro de la Gestión – (IU dicta las normas).

Para evitar el bloqueo, el equipo de gobierno ha entregado las llaves de la gestión provincial a las tesis más inmovilistas de la izquierda radical, de manera, que IU ha logrado lo que no consiguió en las urnas, concretamente, <-blindar un modelo de gestión pública hipertrofiada->.

Al aceptar las condiciones de IU sobre las empresas provinciales, el PP renuncia a cualquier auditoría de eficiencia, de manera, que en lugar de reformar, se opta por proteger estructuras que su propia administración calificó de “pre-quiebra”. Se han sacrificado las soluciones liberal-conservadoras de externalización y colaboración público-privada en el altar de un consenso que solo beneficia a la burocracia ineficiente.

2.- Sumidero financiero – (Epremasa y Emproacsa).

Las cifras son indignantes, ya que, estamos ante empresas públicas que actúan como auténticos agujeros negros del dinero de todos:

<-Epremasa: Con pérdidas estimadas en 12 millones de euros, la solución no ha sido la optimización de procesos, sino un hachazo fiscal al ciudadano: “Una subida del 17,5% en el recibo de la basura”.

<-Emproacsa: En riesgo de insolvencia, se parchea con una subida del 5,7% en el agua y con cantidades enormes de dinero público para cubrir pérdidas derivadas de una gestión manirrota y políticamente de izquierda radical.

Es una gestión “manirrota” se mire como se mire y, además, se pide un sacrificio heroico a las familias y autónomos cordobeses para sostener un sistema que no se reforma.

Resulta indignante que un partido que abandera la bajada de impuestos en Madrid o Sevilla, en Córdoba se convierta en el brazo ejecutor de una política fiscal extractiva.

3.- La Paradoja de Salvador Fuentes – (Gestor, rehén y traidor a los votantes del P. P.)

Salvador Fuentes argumenta que “sin presupuestos la maquinaria se bloquea”, pero,

¿de qué sirve una maquinaria que camina en la dirección opuesta a sus promesas?

Gestionar el modelo de la izquierda no es gobernar, es claudicar.

*Promesa Electoral del PP	*Realidad del Pacto con IU en Córdoba
Bajada masiva de impuestos y tasas.	Subida del 17,5% en basura y 5,7% en agua.
Eficiencia y adelgazamiento público.	Blindaje de empresas públicas deficitarias.
Alternativa a las políticas de izquierda.	Cogestión bajo el dictado ideológico de IU.

<<Consecuencias – (El desaliento de una base electoral).

Este giro hacia el “realismo político” es, en realidad, una entrega sin condiciones a las políticas de izquierda. El votante del PP no es un cheque en blanco, sino que es un ciudadano que valora la coherencia.

Ver cómo se parchean balances mediante decretazos de subida de tasas, en lugar de mediante la optimización de recursos, genera una profunda sensación de impunidad burocrática.

Este pacto alimenta directamente el desencanto y abre de par en par las puertas a otras opciones políticas que sí prometen dar la batalla ideológica.

N. B. De traición en traición, el crédito se agota y los votantes del Partido Popular son buenos, pero tontos no.

No se puede pedir el voto para Juanma Moreno o para el proyecto nacional del PP mientras en Córdoba se abraza al modelo que se dice combatir.

Córdoba, a 11 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).