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Empleo Público en Córdoba – Sector público sombra (SPS).

(Nota preliminar. En Cordoba existe junto al empleo público declarado una sombra de empleo, que constituye una administración paralela indirecta, razón por la que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.)

1.- Resumen y diagnóstico.

El análisis tradicional del empleo público basado exclusivamente en el Boletín del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas ofrece una imagen sesgada e incompleta de la verdadera dimensión del aparato público en la provincia de Córdoba.

Aunque las cifras oficiales señalan un récord de 50.661 empleados públicos directos a enero de 2026 (+1,9% interanual y +15,9% en la última década), este indicador omite sistemáticamente el volumen de empleo generado mediante contratas externas de servicios, asistencias técnicas, personal encubierto y encomiendas a empresas públicas.

Consolidamos los datos oficiales conceptualizando la existencia del denominado “Sector Público Sombra” (SPS) o “Administración Paralela Indirecta”, estimando que la masa laboral dependiente del presupuesto público en Córdoba es sustancialmente mayor de lo que reflejan las estadísticas oficiales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

**Por otro lado,el crecimiento oficial del empleo directo (+15,9% en 10 años) se ha complementado de forma intensiva con una externalización estructural, de manera, que esta dualidad genera *una “falsa externalidad” presupuestaria, *precariedad del empleo en la cadena de subcontratación y *un notable desplazamiento de recursos humanos frente al tejido empresarial privado cordobés.

2.- Consolidación de datos oficiales – (Enero 2026 vs. Histórico).

**Para entender el asunto descrito, se detallan los datos estadísticos oficiales consolidados según la distribución por administración rectora:

*Junta de Andalucía: 25.183 – 30.960 – 31.490 +1,7% +25,0% 62,1%

*Administración Local (Ayuntamientos + Diputación): 10.330 – 10.374 -10.406 – +0,3% +0,7% 20,5%

*Gobierno Central (AGE): 8.196 – 8.385 – 8.765 – +4,5% +6,9% 17,3%.

TOTAL MUNICIPAL / PROVINCIAL:  43.709 – 49.719 – 50.661 – +1,9% +15,9% 100,0%.

<-Aclaración metodológica crítica: Parte del salto registrado en los últimos años (especialmente en 2023, con un repunte del +8,1%) responde a un cambio metodológico del Ministerio, que comenzó a computar contratos temporales inferiores a seis meses y personal en formación/prácticas, por lo que  la subida real en horas-trabajo / equivalentes a tiempo completo es sensiblemente inferior al incremento nominal reflejado en la estadística.

3.- El “Sector Público Sombra” – (Externalizaciones y personal oculto).

El punto ciego más profundo y llamativo del informe oficial radica en la invisibilización del personal que presta servicios esenciales para las Administraciones Públicas, pero cuya relación jurídica formal es contractual con empresas privadas o entidades instrumentales.

***En Córdoba, este fenómeno se estructura en tres capas principales:

A.- Licitación de servicios esenciales y mantenimiento urbana.

<-En el ámbito municipal y provincial (Ayuntamientos y Diputación de Córdoba), áreas enteras operan mediante concesiones administrativas y contratos de servicios:

*Servicios sociosanitarios y ayuda a domicilio (SAD):Representa el mayor volumen de ocupación externalizada. Miles de trabajadoras prestan servicio público financiado por la Ley de Dependencia bajo la gestión de empresas privadas contratistas. Este colectivo no computa como empleado público a pesar de que el 100% de su salario proviene de transferencias presupuestarias públicas.

*Limpieza de edificios públicos, jardinería y recogida de residuos:A excepción de empresas públicas concretas (como Sadeco en la capital), múltiples municipios canalizan estos servicios mediante contratas privadas donde el personal figura como sector privado servicios.

*Seguridad privada y mantenimiento de infraestructuras:Vigilancia de sedes judiciales, centros de salud, dependencias administrativas y conservación de carreteras provinciales y autonómicas.

B.- Asistencias técnicas e ingeniería de software – (Personal encubierto).

Tanto en la Junta de Andalucía como en la Administración General del Estado, la digitalización y la gestión de fondos europeos (Next Generation EU) se ha articulado mediante contratos de “Asistencia Técnica”.

<-Cesión ilegal de trabajadores de facto:Decenas de consultores, informáticos, ingenieros y administrativamente cualificados trabajan de facto integrados en los equipos directivos de las consejerías y ministerios en Córdoba, con horarios y directrices públicas, pero formalmente contratados por consultoras privadas (las llamadas “EITTs” o consultoras tecnológicas).

C.- Encargos a medios propios y empresas públicas – (TRAGSA, FAISEM, etc.).

El recurso continuado a encomiendas de gestión a entidades como TRAGSA o agencias públicas empresariales permite contratar personal laboral temporal por obra y servicio público sin incrementar las plantillas funcionariales en el registro oficial del Ministerio.

4.- Análisis crítico socio-jurídico y económico.

4.1. Precarización laboral y dualidad de salarios.La externalización crea una Administración a dos velocidades. Mientras que el empleado público directo (funcionario o laboral fijo) goza de rigidez contractual, salarios regulados por convenio público y complementos de antigüedad, el trabajador del “Sector Público Sombra” (ej. personal de Ayuda a Domicilio o Limpieza subcontratada) sufre salarios ajustados al SMI o convenios sectoriales sensiblemente inferiores, mayor temporalidad y elevadas tasas de sobrecarga laboral.

4.2. Ineficiencia presupuestaria y “falsa externalidad”.El argumento tradicional para externalizar ha sido la eficiencia y el ahorro de costes. Sin embargo, en la práctica, la Administración cordobesa asume el coste directo del salario del trabajador, sumado al margen de beneficio empresarial de la contratista (6% – 15%) y el IVA correspondiente.

**Se genera así una paradoja**: “La Administración paga más por un servicio que precariza a sus prestadores directos”.

4.3. Riesgo jurídico – (Cesión ilegal y cesión de plantillas).La proliferación de asistencias técnicas continuadas genera un riesgo persistente de litigiosidad por cesión ilegal de trabajadores (Art. 43 del Estatuto de los Trabajadores).

Centenares de sentencias judiciales en Andalucía han obligado a la reconversión de personal subcontratado en “personal laboral indefinido no fijo”, engordando la plantilla pública por la vía judicial debido a malas prácticas de gestión de personal.

5.- Comparativa Sector Público vs. Sector Privado Cordobés.

La estructura económica de Córdoba presenta un desequilibrio estructural preocupante cuando se contrapone el dinamismo del empleo público con la realidad del tejido productivo privado. (Sector Privado).

–Volumen de empleo: 50.661 directos (~65.000 si se suma el SPS estimativo). ~245.000 afiliados a la Seguridad Social (Régimen General + RETA).

–Peso sobre el empleo total:Representa entre el 17% y el 21% de la población ocupada.

Representa 79% – 83% de la fuerza laboral.

–Estructura del tejido:Gran concentración en la Junta de Andalucía (62,1%). Servicios de Salud y Educación. Atomización extrema: Micropymes (<5 empleados) y autónomos (RETA 54.000).

–Nivel salarial medio:  *Estimado en 2.200 – 2.500 €/mes brutos (mayor peso de titulados superiores). SECTOR PRIVADO (CÓRDOBA)

*Estimado en 1.550 – 1.750 €/mes brutos (lastrado por agricultura y servicios no cualificados).

–Estabilidad y fricción:Inamovilidad laboral (funcionarios) y muy baja rotación voluntaria. Alta estacionalidad (campañas agrícolas, hostelería, comercio).

–Efecto “estructura”:Atracción del talento cualificado (oposiciones como principal vía de ascenso social). Fuga de talento profesional/tecnológico hacia otras provincias/regiones.

<-Efectos distorsionadores o falseadores sobre la economía local:

*Efecto expulsión del talento:La brecha salarial y de condiciones de trabajo entre el empleo público y el privado cordobés (caracterizado por servicios de bajo valor añadido, comercio y agricultura) incentiva a los jóvenes universitarios y cualificados a opositar masivamente en lugar de emprender o incorporarse a pymes locales.

*Dependencia del presupuesto público:La economía cordobesa depende en exceso de las nóminas públicas y las pensiones para sostener el consumo interno y el comercio minorista, reduciendo la capacidad de innovación y exportación de la provincia.

*Sostenibilidad fiscal local:Con más de 50.000 empleados directos y una población envejecida, la ratio entre cotizantes puros del sector privado y perceptores/empleados públicos se sitúa en niveles de alta vulnerabilidad financiera. (Nota. Existe una situación de extrema fragilidad económica en el sector privado, que carece de recursos, ahorros o capacidad de ingresos suficientes para afrontar imprevistos económicos, deudas o cubrir sus necesidades básicas.)

6.- Propuestas e innovaciones en la gestión del empleo público.

***Para superar la miopía estadística y la ineficiencia del modelo actual en Córdoba, se proponen las siguientes líneas de actuación innovadoras:

1.- Implantación de la “RPT consolidada” – (Registro Único de Personal Externo).Crear una plataforma de auditoría obligatoria en la que las Administraciones públicas cordobesas deban registrar no solo sus plazas funcionales, sino cada contrato de servicio externalizado expresado en Horas/Hombre e Indicadores de Ocupación Efectiva. Solo así se conocerá la huella laboral real del Estado en la provincia.

2.- Auditoría de valor por dinero en concesiones y subcontratas.Someter los contratos de externalización a evaluaciones transparentes. Si la contratación externa resulta más costosa que la provisión directa (al sumar el IVA y el margen comercial) y además degrada las condiciones laborales de los prestadores del servicio, se debe proceder a la internalización o gestión directa eficiente.

3. Modernización opositores-pyme – (Bolsas de empleo híbridas).Articular mecanismos para que el enorme contingente de profesionales cualificados que preparan oposiciones en Córdoba y no obtienen plaza puedan conectar dinámicamente con el sector privado local, incentivando su contratación mediante bonificaciones en sectores estratégicos (logística, agroindustria avanzada, tecnología).

N.B. Imagen. El empleo público y su sector público sombra en Córdoba – (SPS).

(Nota. Análisis consolidado, evaluación crítica del empleo directo vs. externalizado y comparativa con el mercado privado cordobés.)

Córdoba, 27 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

II. CÓRDOBA – (LA PROVINCIA QUE SUSTITUYÓ LA EMANCIPACIÓN POR LA NÓMINA ESTATAL)

<-El espejismo demográfico de un territorio en cuidados paliativos->

Tesis central – (La despoblación no es un accidente, es el precio de la adicción presupuestaria).

Existe una mentira piadosa en el relato oficial cordobés:

<-La idea de que la sangría demográfica es una plaga fortuita, una especie de maldición geográfica o inevitable “España vaciada”.->

Es falso.

La despoblación vertiginosa de Córdoba y su provincia es la respuesta perfectamente racional de una juventud que detecta un ecosistema socioeconómico sin oxígeno productivo. Córdoba no se está vaciando por casualidad, sino que se está vaciando porque ha sustituido la producción por la transferencia, el riesgo por la comodidad y la innovación por la burocracia.

<-Detrás del discurso anestésico sobre “recuperación, emprendimiento y vertebración”, la realidad es inclemente:

Córdoba no es una provincia en desarrollo, es una provincia en cuidados paliativos. Se ha construido un modelo donde el Estado ya no actúa como la red de seguridad que evita la caída, sino como el respirador artificial que mantiene con vida a un paciente que ha renunciado a caminar por sí solo.

1.- Una economía anestesiada – (El éxodo juvenil financiado con gasto público).

En Córdoba, entre 340.000 y 360.000 personas perciben mensualmente una nómina, pensión, subsidio o ayuda directa financiada por las administraciones públicas:

*183.500 pensionistas (un anclaje demográfico cada vez más envejecido que actúa como soporte familiar involuntario).

*82.870 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (repartidos en 26.600 hogares).

*53.000 empleados públicos (sanidad, educación, justicia, defensa y administración).

*36.000 perceptores de prestaciones por desempleo.

(Nota. 1.- Aclarar que las pensiones contributivas son un salario diferido financiado a través de cotizaciones previas, aunque en muchos casos superan lo cotizado. 2.- Aclarar que médicos, docentes, ingenieros de obras públicas, etc. son capital humano indispensable para que el sector privado pueda operar y ser productivo. 3.- Aclarar que el elevado número de pensionistas  e IMV pueden ser la consecuencia y no la causa del envejecimiento demográfico. 4.- Aclarar que sí el Estado retirara su respirador artificial sin un tejido industrial previo el resultado podría ser  el colapso del consumo interno y una aceleración de la emigración por pobreza extrema.).

***Frente a esta colosal arquitectura del sustento estatal, el sector privado cordobés apenas suma entre 245.000 y 255.000 ocupados (de los cuales 54.000 son autónomos atrapados en la micro-supervivencia).

<-La métrica del colapso: Por cada 100 trabajadores del sector privado, el sistema debe sostener a más de 140 perceptores de rentas públicas.

(Nota. Aclarar, que aquí se corren riesgos de doble contabilización si no se depuran con cuidado las bases de datos.).

Cuando el generador de riqueza privada es minoritario y está asfixiado a impuestos y trabas, la consecuencia demográfica es matemática: “El talento joven cualificado emigra”.

Los jóvenes cordobeses entienden rápidamente el mensaje del entorno: “O consigues una plaza fija en el Estado, o dependes de un subsidio, o te subes a un tren a Madrid, Málaga o al extranjero.

La despoblación es la válvula de escape de un modelo que ha fijado al Estado como techo del crecimiento en lugar de como suelo de protección.

(Nota. Aclarar que la despoblación tiene otras causas como la aglomeración humana, la falta de infraestructuras de transporte secundario, la dinámica de precios agrícolas globales, etc.)-

2.- El chivo expiatorio – (La coartada moral contra el extranjero).

Cada cierto tiempo, la mediocridad del debate político local necesita una coartada cómoda para no mirar al espejo: “la población inmigrante”. Se la acusa demagógicamente de colapsar las ayudas sociales y agotar las arcas públicas.

<-Las cifras destruyen esa trampa ideológica:

*El 92,5% de los perceptores de fondos públicos en Córdoba son españoles (328.500 personas).

*En las pensiones contributivas y el empleo público, los extranjeros representan apenas un 2% a 3%.

*En las prestaciones de último recurso (IMV, subsidios), su presencia oscila entre el 12% y el 20%.

<-La adicción a la nómina estatal no es un virus importado: “Es un rasgo estructural, cultural y endógeno del modelo cordobés”. Usar al extranjero como chivo expiatorio solo sirve para evitar la pregunta incómoda y verdaderamente provocadora:

¿Por qué la sociedad cordobesa es incapaz de crear empresas privadas capaces de pagar salarios altos, retener talento y generar empleo de valor añadido?

3.- El rostro femenino de la trampa y la deuda no pagada.

La dependencia pública cordobesa tiene un marcado sesgo de género: “Las mujeres representan el 55% de los perceptores globales de nóminas y ayudas públicas. En la sanidad y educación representan el 57% de las plantillas.

**Pero la estadística desgarradora está en la exclusión: “2 de cada 3 titulares del IMV son mujeres, muchas al frente de hogares monomarentales”.

**Más aún: en Córdoba existen unas 1.500 personas mayores de 44 años sin un solo día de contrato registrado en los servicios de empleo, de las cuales más del 75% son mujeres que dedicaron su vida entera al trabajo de cuidados y hogar no remunerado. Aquí el Estado no es un benefactor generoso, porque  llega tarde y en forma de limosna para pagar la factura aplazada de una economía provincial que sobrevivió gracias al trabajo invisible e impagado de miles de mujeres.

4.- La jaula de cristal – (El Estado como único horizonte).

Cuando la Administración pública asume simultáneamente el papel de principal empleador, pagador de pensiones, financiado de subsidios, proveedor de servicios y refugio de emergencia, se produce la atrofia del espíritu emprendedor:

<La meta social hegemónica pasa de ser crear, arriesgar e innovar a opositar, esperar y resistir.

<La provincia confunde la estabilidad con la anestesia. Una nómina pública garantiza la hipoteca, pero no produce tecnología, ni patentes, ni exportaciones.

<Un subsidio alivia la pobreza inmediata, pero prolonga la parálisis generacional.

El riesgo real de Córdoba es que se ha acostumbrado a sobrevivir sin crecer, aceptando la despoblación como un mal menor siempre que las transferencias del Estado central y autonómico sigan llegando puntuales a principios de mes.

5.- Provocación para el futuro – (De la provincia administrada a la provincia emancipada).

Una sociedad donde casi la mitad de la población vive conectada directamente al cordón umbilical de las cuentas públicas posee un margen de soberanía ridículo, de forma, que mientras el debate continúe atrapado en batallas estériles (pensionistas contra jóvenes, funcionarios contra autónomos, autóctonos contra inmigrantes), las casas del centro histórico y de los pueblos de la provincia seguirán cerrando sus persianas definitivamente.

**Córdoba no necesita más comisiones institucionales contra la despoblación ni más propaganda sobre el emprendimiento redactada por burocráticos que jamás han contratado a nadie, ya que lo que necesita es un choque de emancipación:

1.- Reorientar el gasto pasivo a inversión en capital riesgo: Menos subsidio a la inercia y más coinversión en agroindustria tecnológica, logística avanzada y transición energética.

2.- Choque de desregulación y exención fiscal inicial: Liberar de cargas administrativas y fiscales a los autónomos y microempresas durante sus primeros tres años de vida.

3.- Alineación educativa implacable: Formación profesional y universitaria conectada de forma vinculante con las demandas del mercado global, terminando con la exportación sistemática de titulados.

4.- Cultura de la responsabilidad: Romper el estigma del fracaso empresarial y prestigiar al creador de empleo privado frente a la sacralización de la plaza pública.

<<Conclusión>>

La verdadera justicia social no consiste en ensanchar permanentemente la cola de los perceptores de subsidios, sino en destruir la necesidad de hacer cola. Una provincia protegida es deseable, pero una provincia que solo puede sobrevivir bajo protección continua es un territorio que ha renunciado a su futuro y ha aceptado su propia despoblación con resignación presupuestaria.

(Nota. Aclarar que sin una demanda solvente previa, infraestructuras adecuadas y redes de transferencia tecnológica consolidadas, la exención fiscal a microempresas de baja productividad, sin dar solución al problema estructural de empleo de alto valor añadido.).

N.B. Imagen. Córdoba administrada a Córdoba emancipada.

Córdoba, 11 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Córdoba se vacía y no por accidente – (Un territorio que no retiene a los suyos)

Un grupo amplio de los lectores del blog, se muestra preocupado y me pregunta sobre la pérdida de habitantes de Córdoba y Provincia, pues les ha impactado la noticia pública de que Córdoba sea la única provincia española que pierde población, así que trataré de encontrar una explicación razonable, pues creo que el éxodo se puede controlar e invertir.

<<Un dato incómodo y a la vista de todos>>

Córdoba no está simplemente creciendo menos que Andalucía, pues a mayor inri Córdoba está perdiendo población mientras el resto del país alcanza máximos históricos y las demás provincias andaluzas aumentan sus habitantes. La provincia cuenta con 772.913 residentes, pero ha perdido 381 personas en un solo año. La capital, con 323.017 habitantes, encadena por segundo año una caída aún más severa: 1.142 vecinos menos.

El dato, aislado, puede parecer no preocupante, pero “no” lo es, ya que, en demografía, una pérdida anual relativamente limitada puede ser la manifestación visible de un problema mucho más profundo:

“El territorio deja de resultar suficientemente atractivo para quienes podrían instalarse en él y, al mismo tiempo, deja de ofrecer razones suficientes para que permanezcan quienes nacieron allí”.

Córdoba no se enfrenta únicamente a un problema de natalidad, ya que, a la vez, se enfrenta a una crisis de oportunidades, de expectativas y de arraigo.

<<El espejismo de la inmigración>>

Las cifras contienen una paradoja decisiva, ya que, la población extranjera aumentó en 2.029 personas, hasta alcanzar los 33.840 residentes; sin embargo, la población española descendió en 2.410 personas, hasta situarse en 739.073.

El resultado final ha sido negativo: “La llegada de población extranjera no compensó la pérdida de población española”.

Este balance no debería utilizarse para convertir la inmigración en una variable de ajuste demográfico, ya que, la cuestión no es que Córdoba reciba inmigrantes y estos sean insuficientes, porque la cuestión verdaderamente incómoda es, <-que el territorio no está generando las condiciones económicas, laborales, residenciales y sociales necesarias para retener a su población y atraer nuevos habitantes de forma estable->.

La inmigración puede aliviar temporalmente el envejecimiento y la pérdida demográfica, pero no puede sustituir indefinidamente a un problema territorial permanente. Cuando una provincia pierde población autóctona y solo consigue amortiguar parcialmente esa pérdida mediante nuevos residentes extranjeros, el problema no está en quienes llegan, sino en el modelo que expulsa a quienes se marchan y no logra consolidar a quienes llegan.

<<La provincia que expulsa futuro>>

El descenso de la población española -2.410 personas menos- constituye el núcleo del problema, porque no se trata solo de una disminución estadística, sino que detrás de esa cifra hay *jóvenes que abandonan la provincia para estudiar o trabajar, *familias que buscan mejores oportunidades y *profesionales que no encuentran un mercado laboral capaz de aprovechar su formación.

Córdoba parece haber quedado atrapada en una contradicción, ya que, dispone de patrimonio, universidad, posición geográfica, actividad agroalimentaria, potencial logístico, recursos culturales y una notable calidad de vida, pero no consigue convertir esas ventajas en un proyecto vital convincente para una parte creciente de su población.

Una ciudad *puede ser agradable para visitar y, sin embargo, insuficiente para vivir, *puede contar con una historia extraordinaria y carecer de un futuro profesional creíble, incluso, *puede ofrecer vivienda más asequible que otros territorios y, aun así, no proporcionar empleo estable, servicios suficientes o expectativas de progreso.

La pérdida demográfica es, en este sentido, un plebiscito silencioso sobre el territorio. Cada persona que se marcha emite una opinión: “Aquí no encuentra lo que necesita para construir su vida”.

<<Córdoba capital – (Un motor sumidero)>>

La capital debería actuar como el gran mecanismo de compensación de la provincia, ya que, los territorios que crecen, sus ciudades concentran empleo, servicios, universidad, innovación, cultura y oportunidades. Córdoba, sin embargo, pierde 1.142 habitantes y encadena su segundo descenso anual.

Este dato revela una anomalía especialmente grave, porque, la capital no solo no absorbe la pérdida de los municipios de la provincia, sino que también pierde residentes por sí misma. La ciudad corre el riesgo de dejar de funcionar como polo de atracción y convertirse en un espacio de tránsito: “Un lugar para visitar, estudiar durante unos años o residir temporalmente, pero no necesariamente para quedarse”.

La caída de los residentes nacidos en España -1.825 personas menos en la capital- apunta a un problema de retención, ya que, además, el ligero aumento de quienes nacieron en el extranjero -683 personas- no basta para compensarlo. La realidad negativa es que Córdoba recibe nuevos vecinos, pero pierde demasiados de los que ya tenía.

<-No es una crisis de identidad demográfica. Es una crisis de capacidad urbana->

<<El contraste que desmonta las excusas>>

El argumento de que “toda España está envejecida” resulta insuficiente, ya que, España superó los 49,8 millones de habitantes y creció en 444.205 personas. Andalucía también aumentó su población, con incrementos notables en Málaga, Sevilla y Almería, pero también en provincias que tradicionalmente afrontan dificultades demográficas, como Jaén y Huelva.

La comparación es reveladora y preocupante, ya que, Córdoba no se encuentra ante una fatalidad inevitable que afecte por igual a todos los territorios, sino que está perdiendo la carrera por atraer población en un contexto en el que otros espacios sí están consiguiendo crecer.

Málaga atrae inversión, empleo y población internacional. Sevilla concentra actividad institucional, empresarial y universitaria. Almería ha construido un potente ecosistema agroindustrial y exportador. Incluso Jaén y Huelva han logrado balances positivos.

Córdoba, mientras tanto, parece vivir de sus activos históricos sin haber definido con claridad cuáles serán sus activos estratégicos del futuro.

La demografía no castiga a los territorios de manera arbitraria, sino que, premia -aunque no siempre de forma justa- a aquellos que ofrecen empleo, conectividad, vivienda, servicios y expectativas.

<<No es solo natalidad – (es una elección territorial)>>

Presentar el problema como un simple “invierno demográfico” puede ser descriptivamente correcto, pero políticamente insuficiente, pues la realidad inquietante es, que el invierno demográfico sugiere una estación inevitable, como si Córdoba estuviera esperando a que el ciclo cambiara, aunque, es un hecho evidente que la pérdida de población no es una meteorología contra la que nada pueda hacerse.

***Hay decisiones públicas detrás de la demografía:

*Decisiones sobre transporte y conexiones ferroviarias; sobre suelo industrial y atracción empresarial; sobre universidad, investigación e innovación; sobre vivienda y emancipación juvenil; sobre servicios públicos en los municipios rurales; sobre conciliación, cuidados y apoyo a las familias; sobre el papel económico de la capital; y, sobre la integración real de la población extranjera.

“Cuando esas decisiones se aplazan, la emigración se convierte en política demográfica involuntaria”.

La verdad es que Córdoba no pierde habitantes únicamente porque nazcan menos niños, sino que los pierde porque demasiadas personas consideran que su futuro está en otra parte.

<<Una provincia envejecida y una capital debilitada>>

La evolución por sexos incorpora otro elemento significativo, ya que, la provincia ganó 250 hombres, pero perdió 631 mujeres. El incremento masculino se explica por la llegada de 1.551 hombres extranjeros, que compensó la pérdida de 1.301 hombres españoles. En el caso de las mujeres, el aumento de 478 extranjeras no logró neutralizar la caída de 1.109 españolas.

No estamos, por tanto, ante una mera oscilación numérica, porque la pérdida de mujeres tiene consecuencias especialmente relevantes para la estructura demográfica, el equilibrio territorial, la natalidad, los cuidados y la sostenibilidad de los municipios.

<-Cuando las mujeres jóvenes y cualificadas se marchan, desaparecen también buena parte de las posibilidades de renovación social y económica->

Una provincia que expulsa a sus jóvenes y, particularmente, a sus mujeres, no solo pierde población, sino que  pierde capacidad de reproducirse, innovar y sostener sus comunidades.

<<La pregunta que ya no puede aplazarse>>

La cuestión no es cuántos habitantes ha perdido Córdoba este año, sino que, la cuestión es *cuántas personas está dejando de atraer, *cuántos jóvenes se marchan cada año y *cuántas familias descartan instalarse en la provincia porque no encuentran una combinación razonable de empleo, vivienda, servicios y futuro.

***El descenso de 381 habitantes es la cifra final de una ecuación más amplia:

menos oportunidades + menor capacidad de retención + envejecimiento + débil atracción exterior = pérdida demográfica.

Si la respuesta institucional consiste únicamente en celebrar campañas de promoción turística, reclamar más inversiones de forma genérica o confiar en que la inmigración compense el saldo negativo, Córdoba seguirá perdiendo tiempo y habitantes.

La solución exige abandonar la política de la resignación y construir una estrategia demográfica con objetivos verificables, que permita y estimule *retener talento, *facilitar la emancipación, *atraer empresas, *reforzar los servicios rurales, *integrar a la población extranjera y *devolver a la capital su condición de motor provincial.

“Córdoba no necesita solo más nacimientos. Necesita más razones para quedarse”.

<<Conclusión – (el verdadero riesgo es normalizar la pérdida)>>

Una provincia puede perder habitantes un año por circunstancias coyunturales, aunque lo preocupante aparece cuando la pérdida se convierte en tendencia, la capital la amplifica y las instituciones empiezan a tratarla como un fenómeno inevitable.

No se puede aceptar que Córdoba no esté condenada a vaciarse, porque está obligada a reconocer que sus recursos históricos no bastan para garantizar su futuro. La demografía está enviando una advertencia clara: “Si el territorio no ofrece un proyecto de vida, sus habitantes buscarán ese proyecto en otro lugar”.

El problema no es que Córdoba tenga menos población que ayer. El problema es que cada vez más personas parecen tener menos motivos para imaginar su mañana en Córdoba.

N. B. Despoblación en Córdoba – La primera en abandono y huida.

(Nota. La BLET por ahora, no está produciendo los efectos positivos esperados, pero creo que será la palanca para salir del agujero negativo de ser la primera en despoblación y la última en encontrar una solución a un problema inquietante.).

Los últimos datos de la Estadística Continua de Población (ECP), publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ponen cifras a lo dicho. A 1 de julio de 2026, la provincia de Córdoba contaba con 772.913 habitantes, 983 menos que apenas tres meses antes y 1.396 menos que al comienzo del año. Se trata de la mayor pérdida de población registrada en Andalucía durante el segundo trimestre.

Córdoba, 9 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Reparto forzoso de menores – Ceuta – Pulso – Análisis.

1.- Resumen y diagnóstico operativo.

La reciente escalada de presión migratoria sobre la Ciudad Autónoma de Ceuta ha desatado una de las crisis institucionales y normativas más complejas en el mapa territorial español. Ceuta se halla en una situación declarada de “límite operativo y situacional”, al acoger provisionalmente a más de 1.100 menores no acompañados (según el Ejecutivo ceutí), sobrepasando de forma crítica sus capacidades asistenciales.

Frente a la exigencia de auxilio del gobierno local y la respuesta central basada en la obligatoriedad del reparto territorial derivado de la reforma de la Ley de Extranjería, se ha generado un choque frontal de legitimidades. El Ejecutivo central recurre a la advertencia del cumplimiento normativo y la intervención de la Fiscalía de Menores de oficio, mientras, *que un amplio bloque de Comunidades Autónomas denuncian saturación del 160% en sus propios sistemas de protección, opacidad en la filiación/conteo real de los menores y vulneración del principio de autonomía funcional*.

2.- Un baile de cifras – (Asimetría de información y desconfianza).

Uno de los vectores de mayor fricción institucional radica en la divergencia métrica entre las administraciones implicadas, lo que mina la base para un reparto racional sustentado en datos fehacientes.

Fuente InformativaCifra ReportadaLectura Política e Institucional  
Delegación del Gobierno / CNP528 MenoresSujetos formalmente identificados mediante expediente de Extranjería. Muestra el sesgo burocrático inicial.
Gobierno de Ceuta (Juan Vivas)1.100 MenoresPoblación asistida en recursos asistenciales y provisionales tras la avalancha migratoria. Refleja el colapso operativo de la ciudad.
Comunidades Autónomas (PP / Vox)Auditoría ExigidaDesconfianza activa: se exige verificar la minoría de edad exacta y la determinación de vulnerabilidad antes de aceptar cuotas.

***Riesgo sistémico de gestión:

La brecha entre los 528 expedientes policiales y los 2.000 acogidos evidencia que el 50% de la población infantil no tiene cerrada la fase probatoria de edad e filiación.

Derivar expedientes de oficio sin resolver la edad legal puede desencadenar una cascada de impugnaciones contencioso-administrativas en las CC.AA. receptoras.

3.- Cartografía política – (Posicionamientos y alianzas estratégicas).

El reparto de menores trasciende la solidaridad interterritorial para convertirse en un tablero de confrontación partidista y legislativa a nivel nacional.

Actor Político / RegiónPosición OficialArgumentario ClaveNivel de Resistencia  
Gobierno Central (PSOE / Sumar)Cumplimiento normativo forzoso y reparto vinculante.Invocación a la Ley de Extranjería. Inyección extraordinaria de 30,5 M€ (25 M€ + 5,5 M€). Intervención de la Fiscalía si hay negativa.Ejecutor
Oposición Central / CC.AA. PP (Díaz Ayuso, Tellado)Repatriación y rigor procedimental.La responsabilidad matriz es del Estado (“quien entra por la frontera debe ser gestionado en origen”). Exigen agotar la reagrupación familiar.Moderada / Legalista
Socios del Gobierno (Junts per Catalunya)Oposición frontal al traslado a Cataluña.Exención explícita de la región en la distribución. Amenaza con retirar el apoyo parlamentario al Ejecutivo si se impone la cuota.Crítica / Votante
Ejecutivos Autonómicos con Vox (Extremadura, Aragón, CyL, etc.)Rechazo absoluto y ruptura de pactos.“Oposición por tierra, mar y aire”. Priorización del gasto interno (“recursos de los españoles para los españoles”) y repatriación inmediata.Máxima / Absoluta
Gobierno Vasco / C. Valenciana (PNV / PP-Vox)Agotamiento de vías / Saturación (160%).Prioridad a la reagrupación familiar en origen. Los centros locales no pueden asumir mayor carga sin colapsar el sistema de bienestar.Alta

4.- Análisis jurídico-constitucional y vectores de conflicto.

Desde la perspectiva del Derecho Público, la pretensión del Gobierno de transferir menores “de oficio” a través de la Fiscalía sitúa al sistema en una paradoja competencial:

Tensión Jurisdiccional: Supremacía Estatal vs. Competencia Autonómica Exclusiva
El Estado ostenta la competencia exclusiva en materia de Inmigración, Extranjería y Fronteras (Art. 149.1.2ª CE), pero las Comunidades Autónomas tienen la competencia exclusiva en Asistencia Social y Protección de Menores (Art. 148.1.20ª CE).

Obligar al acogimiento material sin previo acuerdo bilateral desborda la frontera de la cooperación leal entre administraciones.

<-Vías de choque jurisdiccional previstas:

*Conflicto positivo de competencias (Tribunal Constitucional): Las CC.AA. pueden plantear la inconstitucionalidad de los mecanismos de imposición unilateral si entienden que vacían de contenido sus competencias de tutela efectiva.

*Procedimientos contencioso-administrativos: Impugnación individualizada de las resoluciones de la Fiscalía o del Ministerio del Interior que ordenen los traslados sin la debida determinación formal de la minoría de edad de cada expediente.

*Población transfronteriza y principio de interés superior del menor: Cuestionamiento de si la redistribución forzosa garantiza el interés superior del menor o si constituye una medida meramente administrativa para desgestionar un punto fronterizo.

5.- Conclusiones y escenarios operativos futuros.

El reparto de menores desde Ceuta no es un simple problema de cupos ni de suficiencia presupuestaria. Se ha consolidado como un catalizador de la reconfiguración del mapa político español.-

Escenario 1: Bloqueo Institucional y Judicialización Extrema. Las Comunidades recurren sistemáticamente los traslados ante los juzgados, paralizando cautelarmente los repartos mientras Ceuta permanece atascada operativamente.

<-Escenario 2: Quiebra de alianzas parlamentarias. La postura de veto de Junts y la oposición inflexible de Vox colocan al Gobierno central en un dilema de gobernabilidad: forzar el reparto implica riesgo de fractura en sus apoyos en Madrid y escalada de ruptura de coaliciones autonómicas.

<-Escenario 3: Reagrupación e involucración Internacional. Giro hacia la diplomacia bilateral para la reactivación real de las cláusulas de repatriación y reagrupación familiar en el país de origen, como solicitan tanto Madrid como el País Vasco y los sectores conservadores.

N.B. Imagen. ANÁLISIS JURÍDICO Y POLÍTICO – (REPARTO FORZOSO DE MENORES).

Córdoba, 7 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El sistema de anticipos de la Diputación&Ayuntamientos – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

Existe una narrativa institucional fuertemente arraigada, que presenta a las Diputaciones Provinciales como el «hermano mayor» benefactor, que acude al rescate de los municipios para garantizar su liquidez diaria. Sin embargo, si analizamos los datos contables y la arquitectura financiera del modelo, la realidad muestra exactamente lo opuesto:

“Son los ayuntamientos, a través de los tributos devengados por sus vecinos, los que alimentan y justifican la mega-estructura de la Diputación provincial”.

(Nota. La Diputación no anticipa nada, simplemente, se enriquece cobrando a los ayuntamientos para mantener su negaestructura y siempre a costa de los ciudadanos. En otras palabras, un despropósito y una injustica.)

El mecanismo de anticipos a cuenta del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL) se vende como una herramienta indispensable de apoyo local, pero en la práctica constituye una trampa-engaño, que *dilata la disciplina presupuestaria, *duplica el gasto estructural y *traslada una factura indirecta de intereses e intermediación a los bolsillos del ciudadano pagano.

1.- Las cifras – (endeudamiento privado y fondos propios insuficientes).

Para el ejercicio 2026, la Diputación de Córdoba ha anunciado la transferencia de 129,07 millones de euros a los 77 municipios de la provincia como adelanto de su recaudación tributaria. Esta cifra consolida un incremento continuo en los últimos años (119,55 M€ en 2023; 123,69 M€ en 2024; y 125,86 M€ en 2025).

***Sin embargo, al examinar el origen de estos fondos, la primera paradoja contable sale a la luz:

Origen del CapitalImporte (M€)Porcentaje / Entidad
Fondos Propios34,07 M€Tesorería propia de la Diputación e ICHL
Kutxabank50,00 M€Operación de crédito
Caja Rural del Sur20,00 M€Operación de crédito
Unicaja Banco16,00 M€Operación de crédito
Bankinter9,00 M€Operación de crédito
TOTAL ADELANTADO129,07 M€100%
ciudadano,

De los casi 130 millones transferidos, la Diputación solo aporta 34,07 millones de sus fondos propios. Los 95 millones restantes se financian acudiendo a la banca privada mediante la suscripción de pólizas de crédito.

2.- El ciudadano paga la factura por duplicado – (intereses y duplicidades).

El dinero obtenido del sector financiero no es gratuito. Estas operaciones de crédito devengan cuantiosos intereses y comisiones que la administración provincial no absorbe a fondo perdido.

<<El mito de la ayuda provincial>>

A través del denominado premio de cobro –un porcentaje (generalmente entre el 4% y el 7%) que el ICHL descuenta sobre la suma efectivamente recaudada en cada municipio– se financia la operativa del organismo recaudador, sus cargas financieras y su personal.

┌───────────────────────────┐

│  CIUDADANO / CONTRIBUYENTE │

└─────────────┬─────────────┘

              │ Paga impuestos locales (IBI, IVTM, IAE, etc.)

              ▼

┌───────────────────────────┐      Delegación + Premio de cobro      ┌───────────────────────────┐

│       AYUNTAMIENTO        ├───────────────────────────────────────►│     DIPUTACIÓN (ICHL)     │

│  – Mantiene Tesorería/    │                                       │  – Plantilla propia.      │

│    Intervención propia.   │◄──────────────────────────────────────┤  – Cargos y sedes.        │

│  – Soporta el coste final.│      Transferencia de anticipos       │  – Pólizas financieras.   │

└───────────────────────────┘    (financiadas con deuda bancaria)   └───────────────────────────┘

***El ciudadano termina pagando dos veces para sostener la misma gestión:

1.- En el Ayuntamiento: Mantiene sus propios departamentos de Tesorería, Intervención y Padrones para fiscalizar el trabajo provincial.

2.- En la Diputación: Sostiene una infraestructura paralela de funcionarios, ejecutivos de cobro, desarrollos informáticos y altos cargos políticos.

3.- «Riesgo Moral» y el «Efecto Invernadero» sobre el gasto público.

El sistema de anticipos mensuales desconecta artificialmente la acción de gasto municipal de la entrada real de los ingresos tributarios. Al recibir inyecciones de caja constantes de enero a diciembre, los consistorios caen en dinámicas perjudiciales para la salud financiera pública:

<-Incentivo a presupuestar al límite o de forma optimista: Como las entregas a cuenta del 80% se calculan sobre la estimación de los padrones teóricos, los ayuntamientos tienen un estímulo directo para inflar o no ajustar sus previsiones de ingresos.

<-Adicción a la liquidez ajena: En lugar de exigir rigor y planificación de caja -adecuando la cadencia de pagos a los periodos reales de recaudación o acumulando remanentes de tesorería del año anterior-, se fomenta una inercia de gasto corriente apoyada en endeudamiento bancario intermediado.

<-Ocultación del deterioro presupuestario: La inyección periódica actúa como un anestésico que enmascara problemas reales de solvencia, posponiendo ajustes estructurales que terminarán encareciéndose con el tiempo.

4.- La inversión de la dependencia económica.

La realidad jurídica y presupuestaria destruye la narrativa del “patronazgo” provincial.

Sin la delegación masiva de tributos por parte de las entidades locales, el Instituto de Cooperación con la Hacienda Local carecería de ingresos y de razón de ser.

La Diputación actúa en la práctica como un intermediario o bróker financiero caro:

“Utiliza como aval o garantía los impuestos devengados por los vecinos de la provincia, pide créditos bancarios a su nombre e imparte el dinero de vuelta cobrando una tasa de gestión y repercutiendo el coste financiero”.

Conclusión – (Hacia una verdadera corresponsabilidad fiscal).

El actual modelo de anticipos prioriza la paz de tesorería y la comodidad política a costa de inflar el gasto público estructural y cargar de intereses las arcas locales.

<-Una gestión pública prudente y en defensa directa del contribuyente exigiría romper este bucle de dependencia:

1.- Exigir gestión y planificación de caja propia a los ayuntamientos, adecuando la ejecución de los grandes pagos a los periodos efectivos de cobro fiscal.

2.- Eliminar la intermediación bancaria redundante que encarece la recaudación con intereses y comisiones.

3.- Aportar máxima transparencia sobre el coste real que supone para cada vecino el mantenimiento de estructuras superpuestas.

No son los ayuntamientos los que viven de la generosidad de la Diputación, sino que es la megaestructura provincial la que sostiene su peso sobre la capacidad impositiva de los municipios y sus ciudadanos.

Es hora de exigir un sistema transparente, eficiente y verdaderamente justo para quienes pagamos la factura.

(Nota. El P.P. en la Diputación de Córdoba está haciendo políticas socialistas de gasto público y su expansión descontrolada con los los tributos de los ciudadanos, realizando un engaño masivo e injusto, de forma, que la Junta de Andalucía debe acabar con esta práctica fraudulenta.).

N. B. Imagen.El sistema de anticipos de la Diputación – (la trampa financiera que sostiene a una megaestructura a costa del contribuyente)

(Nota. Hay que acabar con las duplicidades administrativas y adoptar un sistema de tributación justo, porque no puede ser que los ayuntamientos mantenga la misma estructura de la Diputación con todas sus cargas y costes, mientras los ciudadanos pagan por estructuras ineficientes y duplicadas.

En una frase, lo que hacen la Diputación&Ayuntamientos con el cobro de los tributos, es una injustica y un engaño masivo, siendo los anticipos un mecanismo más de engaño y un fraude de ley.)

Córdoba, 23 de julio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.