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Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

II. CÓRDOBA – (LA PROVINCIA QUE SUSTITUYÓ LA EMANCIPACIÓN POR LA NÓMINA ESTATAL)

<-El espejismo demográfico de un territorio en cuidados paliativos->

Tesis central – (La despoblación no es un accidente, es el precio de la adicción presupuestaria).

Existe una mentira piadosa en el relato oficial cordobés:

<-La idea de que la sangría demográfica es una plaga fortuita, una especie de maldición geográfica o inevitable “España vaciada”.->

Es falso.

La despoblación vertiginosa de Córdoba y su provincia es la respuesta perfectamente racional de una juventud que detecta un ecosistema socioeconómico sin oxígeno productivo. Córdoba no se está vaciando por casualidad, sino que se está vaciando porque ha sustituido la producción por la transferencia, el riesgo por la comodidad y la innovación por la burocracia.

<-Detrás del discurso anestésico sobre “recuperación, emprendimiento y vertebración”, la realidad es inclemente:

Córdoba no es una provincia en desarrollo, es una provincia en cuidados paliativos. Se ha construido un modelo donde el Estado ya no actúa como la red de seguridad que evita la caída, sino como el respirador artificial que mantiene con vida a un paciente que ha renunciado a caminar por sí solo.

1.- Una economía anestesiada – (El éxodo juvenil financiado con gasto público).

En Córdoba, entre 340.000 y 360.000 personas perciben mensualmente una nómina, pensión, subsidio o ayuda directa financiada por las administraciones públicas:

*183.500 pensionistas (un anclaje demográfico cada vez más envejecido que actúa como soporte familiar involuntario).

*82.870 beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (repartidos en 26.600 hogares).

*53.000 empleados públicos (sanidad, educación, justicia, defensa y administración).

*36.000 perceptores de prestaciones por desempleo.

(Nota. 1.- Aclarar que las pensiones contributivas son un salario diferido financiado a través de cotizaciones previas, aunque en muchos casos superan lo cotizado. 2.- Aclarar que médicos, docentes, ingenieros de obras públicas, etc. son capital humano indispensable para que el sector privado pueda operar y ser productivo. 3.- Aclarar que el elevado número de pensionistas e IMV pueden ser la consecuencia y no la causa del envejecimiento demográfico. 4.- Aclarar que sí el Estado retirara su respirador artificial sin un tejido industrial previo el resultado podría ser el colapso del consumo interno y una aceleración de la emigración por pobreza extrema.).

***Frente a esta colosal arquitectura del sustento estatal, el sector privado cordobés apenas suma entre 245.000 y 255.000 ocupados (de los cuales 54.000 son autónomos atrapados en la micro-supervivencia).

<-La métrica del colapso: Por cada 100 trabajadores del sector privado, el sistema debe sostener a más de 140 perceptores de rentas públicas.

(Nota. Aclarar, que aquí se corren riesgos de doble contabilización si no se depuran con cuidado las bases de datos.).

Cuando el generador de riqueza privada es minoritario y está asfixiado a impuestos y trabas, la consecuencia demográfica es matemática: “El talento joven cualificado emigra”.

Los jóvenes cordobeses entienden rápidamente el mensaje del entorno: “O consigues una plaza fija en el Estado, o dependes de un subsidio, o te subes a un tren a Madrid, Málaga o al extranjero.

La despoblación es la válvula de escape de un modelo que ha fijado al Estado como techo del crecimiento en lugar de como suelo de protección.

(Nota. Aclarar que la despoblación tiene otras causas como la aglomeración humana, la falta de infraestructuras de transporte secundario, la dinámica de precios agrícolas globales, etc.)-

2.- El chivo expiatorio – (La coartada moral contra el extranjero).

Cada cierto tiempo, la mediocridad del debate político local necesita una coartada cómoda para no mirar al espejo: “la población inmigrante”. Se la acusa demagógicamente de colapsar las ayudas sociales y agotar las arcas públicas.

<-Las cifras destruyen esa trampa ideológica:

*El 92,5% de los perceptores de fondos públicos en Córdoba son españoles (328.500 personas).

*En las pensiones contributivas y el empleo público, los extranjeros representan apenas un 2% a 3%.

*En las prestaciones de último recurso (IMV, subsidios), su presencia oscila entre el 12% y el 20%.

<-La adicción a la nómina estatal no es un virus importado: “Es un rasgo estructural, cultural y endógeno del modelo cordobés”. Usar al extranjero como chivo expiatorio solo sirve para evitar la pregunta incómoda y verdaderamente provocadora:

¿Por qué la sociedad cordobesa es incapaz de crear empresas privadas capaces de pagar salarios altos, retener talento y generar empleo de valor añadido?

3.- El rostro femenino de la trampa y la deuda no pagada.

La dependencia pública cordobesa tiene un marcado sesgo de género: “Las mujeres representan el 55% de los perceptores globales de nóminas y ayudas públicas. En la sanidad y educación representan el 57% de las plantillas.

**Pero la estadística desgarradora está en la exclusión: “2 de cada 3 titulares del IMV son mujeres, muchas al frente de hogares monomarentales”.

**Más aún: en Córdoba existen unas 1.500 personas mayores de 44 años sin un solo día de contrato registrado en los servicios de empleo, de las cuales más del 75% son mujeres que dedicaron su vida entera al trabajo de cuidados y hogar no remunerado. Aquí el Estado no es un benefactor generoso, porque llega tarde y en forma de limosna para pagar la factura aplazada de una economía provincial que sobrevivió gracias al trabajo invisible e impagado de miles de mujeres.

4.- La jaula de cristal – (El Estado como único horizonte).

Cuando la Administración pública asume simultáneamente el papel de principal empleador, pagador de pensiones, financiado de subsidios, proveedor de servicios y refugio de emergencia, se produce la atrofia del espíritu emprendedor:

<La meta social hegemónica pasa de ser crear, arriesgar e innovar a opositar, esperar y resistir.

<La provincia confunde la estabilidad con la anestesia. Una nómina pública garantiza la hipoteca, pero no produce tecnología, ni patentes, ni exportaciones.

<Un subsidio alivia la pobreza inmediata, pero prolonga la parálisis generacional.

El riesgo real de Córdoba es que se ha acostumbrado a sobrevivir sin crecer, aceptando la despoblación como un mal menor siempre que las transferencias del Estado central y autonómico sigan llegando puntuales a principios de mes.

5.- Provocación para el futuro – (De la provincia administrada a la provincia emancipada).

Una sociedad donde casi la mitad de la población vive conectada directamente al cordón umbilical de las cuentas públicas posee un margen de soberanía ridículo, de forma, que mientras el debate continúe atrapado en batallas estériles (pensionistas contra jóvenes, funcionarios contra autónomos, autóctonos contra inmigrantes), las casas del centro histórico y de los pueblos de la provincia seguirán cerrando sus persianas definitivamente.

**Córdoba no necesita más comisiones institucionales contra la despoblación ni más propaganda sobre el emprendimiento redactada por burocráticos que jamás han contratado a nadie, ya que lo que necesita es un choque de emancipación:

1.- Reorientar el gasto pasivo a inversión en capital riesgo: Menos subsidio a la inercia y más coinversión en agroindustria tecnológica, logística avanzada y transición energética.

2.- Choque de desregulación y exención fiscal inicial: Liberar de cargas administrativas y fiscales a los autónomos y microempresas durante sus primeros tres años de vida.

3.- Alineación educativa implacable: Formación profesional y universitaria conectada de forma vinculante con las demandas del mercado global, terminando con la exportación sistemática de titulados.

4.- Cultura de la responsabilidad: Romper el estigma del fracaso empresarial y prestigiar al creador de empleo privado frente a la sacralización de la plaza pública.

<<Conclusión>>

La verdadera justicia social no consiste en ensanchar permanentemente la cola de los perceptores de subsidios, sino en destruir la necesidad de hacer cola. Una provincia protegida es deseable, pero una provincia que solo puede sobrevivir bajo protección continua es un territorio que ha renunciado a su futuro y ha aceptado su propia despoblación con resignación presupuestaria.

(Nota. Aclarar que sin una demanda solvente previa, infraestructuras adecuadas y redes de transferencia tecnológica consolidadas, la exención fiscal a microempresas de baja productividad, sin dar solución al problema estructural de empleo de alto valor añadido.).

N.B. Imagen. Córdoba administrada a Córdoba emancipada.

Córdoba, 11 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.