Existe una asimetría estructural en el Estado autonómico que ahoga a las regiones (CC.AA.):
“La Administración General del Estado legisla y recauda, mientras las Comunidades Autónomas pagan la factura y gestionan la presión asistencial”.
El discurso del “dividendo fiscal milagroso” se sostiene sobre estimaciones oficiales excesivamente optimistas que ignoran la realidad del mercado laboral:
“Empleos precarios, salarios mínimos y bajas bases de cotización que difícilmente generarán los ingresos previstos”.
<-La realidad contable anticipa un saldo neto negativo para Andalucía y el riesgo real de colapso en los servicios públicos->.
<<La Paradoja del Saldo Neto – (Cifras oficiales vs. Realidad económica>>
Concepto Fiscal
Estimación Oficial / Persona / Año
Realidad Ajustada y Destino Financiero
Ingresos Públicos (SS e IRPF)
+3.250 € a +4.900 €
Sobreestimado. Se cotiza por bases mínimas. Van a la Caja Única del Estado.
Gasto Público Asistencial
-1.500 € a -2.100 €
Subestimado. No cubre el coste real de Sanidad, Educación y Servicios Sociales. Asumido por la Junta y Ayuntamientos.
Saldo NetoConsolidado
+1.500 € a +2.800 €
Déficit Real. El balance estatal positivo es una ilusión teórica; el quebranto autonómico es inmediato.
<<Los tres vectores de estrangulamiento financiero y asistencial>>
<-Falla del sistema de financiación: La Seguridad Social recauda al instante cada alta laboral. La Junta de Andalucía, sin embargo, absorbe la demanda del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de más de 232.900 nuevos usuarios sin recibir dotación adicional. Las transferencias estatales se reajustan con un retraso de 12 a 24 meses, obligando a la región a financiar a pulmón un déficit temporal de hasta 380 millones de euros anuales.
<-Sobrecarga de recursos propios: Aunque el Ingreso Mínimo Vital (IMV) exige 12 meses de residencia legal, la presión se traslada de inmediato a las partidas regionales y municipales: “La Renta Mínima de Inserción Social (RMISA), las ayudas de emergencia social, el Bono Alquiler y las becas de comedor saturan presupuestos cerrados”.
<-Impacto territorial desigual y vector fronterizo:
*Almería y Huelva (44% de solicitudes): Soportan la mayor presión asistencial en atención primaria en municipios agrícolas clave.
*Málaga y Sevilla (38%): Tensionan el mercado del alquiler y la escolarización.
*Efecto Transfronterizo Ceuta-Andalucía: La cercanía geográfica convierte a Andalucía en el receptor directo de las crisis asistenciales del norte de África, obligando a asumir costes continuos por derivaciones de menores no acompañados (NNAMNA) y logística de acogida en el Campo de Gibraltar.
La regularización masiva, lejos de ser un motor económico neutro, expone a Andalucía a un colapso financiero e institucional. Mientras el Gobierno central absorbe la recaudación, la Junta asume el coste de gestionar servicios públicos fundamentales para una población en aumento con un presupuesto desactualizado e insuficiente.
N.B. Imagen. Regularización masiva de inmigrantes – Recursos propios de la Comunidad y de los Ayuntamientos – Andalucía – Efectos.
(Nota. El impacto real de la invasión de Ceuta para Andalucía es un gran misterio, pero seguramente será tremendo, especialmente, en relación con los menas, así que, la Junta de Andalucía que se vaya preparando, pues, visto lo visto, sobre Andalucía caerá un buena parte del reparto de los invasores ilegales de Ceuta no repatriaos.
Por otro lado, en pleno caos provocado por la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta desde Marruecos, varios grupos de marroquíes partieron de la ciudad autónoma para llegar a la costa del Campo de Gibraltar, aprovecharon esta circunstancia excepcional para alcanzar la península ibérica por el Estrecho en motos de agua y embarcaciones de recreo.).
Análisis sobre la inyección de fondos públicos a Epremasa y Emproacsa en el marco presupuestario de la Diputación de Córdoba y su impacto estructural.
1.- Resumen.
La reciente asignación de recursos públicos a fondo perdido a las empresas provinciales de la Diputación de Córdoba, Epremasa (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.) y Emproacsa (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.), para equilibrar sus balances contables, pone de manifiesto una problemática recurrente en la administración local:
“La sostenibilidad económica de las sociedades instrumentales”.
Esta dotación económica, enmarcada en los acuerdos presupuestarios y pactos de gobierno provinciales – (I.U. – presupuestos), evidencia las pérdidas continuas y los errores operativos y de gestión de estas entidades mercantiles participadas íntegramente por la corporación provincial.
La controversia no radica únicamente en la transferencia de fondos públicos, *sino en la conveniencia e idoneidad de mantener un modelo de gestión, que de forma sistemática traslada el déficit estructural a las cuentas públicas, sin acometer reformas profundas en sus costes de funcionamiento internos.
2.- Marco financiero y problemática de las Sociedades Provinciales.
Las empresas públicas locales como Epremasa y Emproacsa desempeñan servicios esenciales (gestión de residuos y ciclo integral del agua en alta y baja en la provincia).
***Sin embargo, su evolución financiera muestra patrones críticos y muy negativos:
<-Pérdidas operativas permanentes y dependencia continua de transferencias de la Diputación: Al igual que ocurre en otras entidades del sector público local, se observa una transición desde la estabilidad presupuestaria hacia un déficit operativo, que requiere *de aportaciones externas o *de subidas tarifarias para cuadrar las cuentas.
<-Rigidez estructural del gasto: El núcleo del problema financiero reside en la incapacidad o resistencia para optimizar los costes internos, tales como dimensionamiento de estructuras, gastos corrientes y costes de explotación. Las empresas públicas en lugar de aplicar planes de racionalización del gasto interno, *optan recurrentemente por la inyección de capital público o por el incremento de tasas y tarifas a los municipios y ciudadanos*.
<-Impacto político e instrumentalización presupuestaria: La inclusión de estas partidas de saneamiento dentro de las negociaciones de presupuestos (ej. Pactos con I. U.) consolida un modelo donde los acuerdos de gobernabilidad priorizan la supervivencia de estructuras deficitarias frente a la ortodoxia fiscal y la eficiencia en el gasto. Dicho de otra forma, la Diputación asume sus pérdidas estructurales en lugar de gestionarlas de forma eficiente.
3.- Valoración jurídico-económica del modelo de gestión.
<-*Desde una perspectiva de estricto rigor presupuestario y eficiencia en la gestión de fondos públicos, el mantenimiento de empresas mercantiles locales en pérdidas continuadas plantea inquietud, ineficiencia y mucha preguntas:
1.- Vulneración del equilibrio financiero: Las sociedades de capital público deben tender a la autofinanciación en la prestación de servicios equivalentes a contraprestaciones económicas (tasas o tarifas). Cuando el desequilibrio económico es estructural y se compensa sistemáticamente vía Presupuestos Provinciales, se desvirtúa el principio de equilibrio presupuestario, entrando de lleno en irregularidades legales y en prácticas de gasto ineficientes, siempre a costas de los ciudadanos.
2.- Traslado de ineficiencias al administrado: La alternativa a la inyección directa de fondos públicos suele ser el incremento de la presión fiscal indirecta (tarifas de agua y recogida de basura).
**Esto genera una paradoja económica en la provincia: “Se castiga fiscalmente al usuario final para compensar los desajustes organizativos internos”.
3.- Falta de transparencia en el coste real del servicio: El empaquetamiento de estas subvenciones o transferencias dentro de pactos políticos globales dificulta el control fiscal individualizado y el análisis de la rentabilidad social y económica de cada euro público gastado. Dicho de otra forma, por acuerdos políticos se cubren pérdidas permanentes a fondo perdido con dinero público (que debería tener un destino positivo en favor de los ciudadanos), realizando así practicas irregulares de gasto público.
4.- Conclusiones y propuestas. La Diputación de Córdoba afronta un escenario donde el modelo actual de Epremasa y Emproacsa resulta insostenible a largo plazo sin un soporte financiero externo constante.
***Para corregir esta desviación, se recomiendan las siguientes líneas de acción:
<-Auditoría operativa integral: Externalizar y fiscalizar rigurosamente los costes de estructura interna de ambas empresas para identificar ineficiencias operativas ajenas al coste estrictamente prestacional.
<-Planes de viabilidad plurianuales: Condicionar cualquier aportación extraordinaria de fondos públicos a la consecución de objetivos tasados de reducción de gasto corriente y mejora de la eficiencia técnica.
<-Desvinculación de los pactos de investidura/presupuestarios: *Aislar la gestión industrial y de servicios de estas empresas de la negociación política coyuntural, *garantizando que su financiación responda a criterios estrictamente técnicos y de sostenibilidad económica.
N.B. Imagen. Análisis.
(Nota. Al día de hoy seguimos en la misma senda de pérdidas por una gestión ruinosa y un aporte de dinero público a fondo perdido.)
Fecha: 26 de julio de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
(P. D. Nota.
**Aportaciones acumuladas entre 2023 y 2025.
Durante el periodo 2023–2025, la Diputación realizó inyecciones directas de capital y aportaciones para gastos de funcionamiento e inversiones:
Epremasa
Total aportado (2023–2025): 10,75 millones de euros.
De esta cifra, 6 millones de euros se destinaron directamente a inversiones estratégicas (como la renovación de maquinaria del Complejo Medioambiental de Montalbán) y el resto a saneamiento financiero/gastos corrientes.
Emproacsa
Total aportado (2023–2025): 59,3 millones de euros.
De este total:
22,3 millones de euros se emplearon en gastos de funcionamiento y liquidez operativa.
37 millones de euros se destinaron a inversiones de infraestructura hidráulica para paliar la sequía y reparar redes. )
1.- El Escenario Macroeconómico Nacional – (El “Boom” de las Bajas Laborales).
El absentismo y la Incapacidad Temporal (IT) en España han dejado de ser un asunto puramente de gestión de Recursos Humanos para convertirse en un problema sistémico de sostenibilidad presupuestaria, cohesión social y competitividad.
<-Magnitudes y costes.
*Coste directo absoluto: El coste total del absentismo se cifra en 33.000 millones de euros anuales (un tercio del gasto sanitario total del país), de los cuales 17.000 millones corresponden estrictamente a prestaciones por IT.
*Evolución del gasto (2018 vs. 2026): Se ha pasado de un coste de 14.000 millones de euros en 2018 a los más de 33.000 millones actuales.
*Pérdida de capacidad productiva: El volumen de trabajadores que faltan a su puesto se ha incrementado un 67% desde 2017 (pasando de 959.000 a más de 1,6 millones de personas en el primer trimestre). En términos de PIB, lo que se deja de producir si no se sustituye a estos trabajadores alcanza los 150.000 millones de euros anuales.
<<Asimetría – (Asalariados vs. Autónomos)>>
Los datos de Foment del Treball revelan una brecha sociolaboral profunda:
*Crecimiento (2015-Actualidad): Las bajas crecieron un 102% entre asalariados frente a un modesto 38% en autónomos.
*Predominio: Los asalariados registran 53,73 casos por cada 1.000 trabajadores, duplicando ampliamente los 26,8 casos del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).
*Causa crítica: Esta dualidad evidencia que, a pesar de los avances normativos, el autónomo sigue sufriendo una “desprotección real” donde el cese de actividad amenaza directamente la viabilidad de su negocio, obligándole a una autoexigencia de continuidad laboral que no se da en el régimen general.
2.- La gran grieta sectorial – (Sector Público vs. Sector Privado).
Para entender la raíz del problema, es indispensable analizar la profunda brecha que separa al sector público (Administración del Estado, Autonómica y Local) del sector privado. El absentismo no se comporta igual bajo el paraguas de la estabilidad funcionarial que bajo la presión del mercado.
Indicador
Sector Público
Sector Privado
Tasa de Absentismo
Notablemente más elevada (históricamente entre 2 y 3 puntos por encima).
Más moderada y sujeta al ciclo económico.
Duración de los Procesos
Tendencia a la cronicidad (bajas de larga duración).
Procesos más cortos y mayor agilidad en el retorno.
Garantía Salarial (IT)
Cobertura del 100% de la nómina casi generalizada desde el primer día.
Sujeta a mínimos legales (con mejoras según convenio).
Factor de Estabilidad
Blindaje ante el despido (riesgo percibido de desempleo: nulo).
Correlación procíclica (miedo a la pérdida del empleo en pymes).
<<El Sector Público y el factor de cronicidad>>
La Administración Pública presenta unos índices de absentismo estructurales muy elevados, lo que no responde a un único factor, sino a un ecosistema normativo y laboral específico:
*Garantías de IT y “efecto cobertura”: En la gran mayoría de las administraciones, los pactos internos garantizan el 100% de las retribuciones desde el primer día de la baja.
Al anularse el impacto económico negativo para el empleado, desaparece el incentivo financiero para un retorno prematuro sin una recuperación total.
*Inexistencia de riesgo laboral: El blindaje del puesto de trabajo elimina cualquier factor disuasorio o miedo al despido, un elemento que en el sector privado actúa como moderador del absentismo injustificado.
*Edad media avanzada: La plantilla del sector público en España sufre un envejecimiento agudo. A mayor edad, la frecuencia de patologías crónicas y el tiempo de recuperación de dolencias músculo-esqueléticas aumentan de forma natural.
<<El Sector Privado y la urgencia del retorno>>
En el tejido empresarial privado, el escenario cambia drásticamente.
<-Las bajas son considerablemente menores y, sobre todo, de menor duración:
Impacto en renta: Salvo que el convenio colectivo sectorial obligue a la empresa a complementar el 100% de la nómina, el trabajador ve reducidos sus ingresos drásticamente a partir del cuarto día de baja (60% o 75% de la base reguladora).
*Presión y cultura organizativa: En las empresas privadas existe una mayor cercanía con el impacto que produce la ausencia. El trabajador es consciente de que su baja sobrecarga a sus compañeros o debilita la productividad de su departamento, lo que genera una presión psicológica de retorno que no se percibe en las grandes estructuras burocráticas.
3.- Radiografía Regional – (El caso de Andalucía y la paradoja de Córdoba).
El absentismo no es uniforme, sino que responde directamente a los tejidos productivos, la cultura laboral local y la eficiencia de los servicios de salud de cada territorio.
<<Andalucía – (Datos con aumento IT)>>
*Desmitificación del tópico: Andalucía se sitúa tradicionalmente entre las comunidades autónomas con menores tasas de absentismo general (un 7% de las horas pactadas a inicios de 2026), situándose por debajo de regiones altamente industrializadas y sindicalizadas como el País Vasco (líder histórico del indicador).
*El Repunte: Sin embargo, los procesos de IT por contingencias comunes en el Régimen General se dispararon un 74% entre 2017 y 2024, elevando la incidencia autonómica del 17,42% al 26,31%, concentrándose el grueso del volumen en Sevilla y Málaga.
<<La paradoja de Córdoba- (Cronicidad)>>
Córdoba presenta un comportamiento anómalo y muy preocupante dentro del panorama nacional: “No tiene el mayor número de bajas, pero sí las de mayor duración”.
<-Evolución de la cronicidad: En 2014 la duración media de una baja era de 40,48 días; hoy en día ese indicador se ha incrementado notablemente, situando a la provincia a la cabeza de España en duración media de los procesos.
<-El enfoque sindical (CCOO): De las 1,2 millones de horas laborables semanales que se dejan de realizar en la provincia (sobre un total de 9 millones pactadas), el 75,43% (900.000 horas) se deben a vacaciones y bajas médicas legítimas. El resto (300.000 horas) responde a permisos retribuidos legales.
(Nota. Para los sindicatos, el absentismo “injustificado” o fraudulento es estadísticamente residual).
<-Causas específicas de la cronicidad cordobesa:
*Paralización sanitaria: Parece existir un cuello de botella crítico en las listas de espera de especialistas, pruebas diagnósticas y rehabilitaciones en centros de referencia como el Hospital Reina Sofía, lo que “congela” los procesos de IT, alargando la baja de forma artificial e involuntaria para el trabajador.
*Tejido productivo local: Al predominar el sector servicios de proximidad, el pequeño comercio y el sector agroindustrial, el retorno al puesto exige una recuperación física total (especialmente en dolencias músculo-esqueléticas). En estos sectores es casi imposible realizar adaptaciones progresivas o teletrabajo durante la recuperación.
*Sector público: La prevalencia del sector en el empleo de Córdoba y Provincia explica la superior duración de las bajas laborales, de forma, que es un hecho comprobado que su cronocidad duplica al sector privado.
4.- El Impacto de la “doble factura” en las micro-pymes.
Este es el punto más crítico desde la perspectiva de la gestión empresarial y el empleo. En una provincia como Córdoba, donde más del 90% del tejido empresarial son micro-pymes de menos de 10 trabajadores, la baja prolongada de un empleado del sector privado se convierte en una amenaza de asfixia financiera:
├── Días 4 al 15: 60% salario (Empresa) ├── Estructura < 4 empleados:
├── Cuota Patronal obligatoria (100%) Pérdida automática del 25-33% BR
└── “Efecto Convenio” (Comercio/Metal): └── Sobrecarga de compañeros
Complemento al 100% de la nómina (Riesgo de nuevas bajas por estrés)
▼
[ + COSTE DEL CONTRATO DE SUSTITUCIÓN ]
<-Pérdida de margen y coste de oportunidad: A diferencia de una gran corporación o de la propia Administración Pública -que puede amortizar temporalmente una vacante-, si una micro-pyme pierde a uno de sus tres empleados, su capacidad productiva cae fulminantemente entre un 25% y un 33%. La sobrecarga de los trabajadores restantes eleva el riesgo de nuevas bajas por estrés o ansiedad, generando un destructivo efecto dominó.
5.- Análisis causal – (Ecosistema AIReF).
Para entender este incremento generalizado del absentismo y su divergencia sectorial, la AIReF identifica un ecosistema de factores interconectados que superan la simplificación del “fraude”:
1.- Factores sanitarios (Gestión Pública): El retraso crónico en atención primaria y especializada dilata los tiempos de curación. El propio gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, apunta directamente a la falta de coordinación entre los servicios de salud autonómicos y el nivel central como un factor de ineficiencia.
2.- Factores normativos y convencionales: La mejora de coberturas en convenios colectivos (complementos al 100%) amortigua el impacto económico para el empleado.
Si bien es un logro social indiscutible, desincentiva económicamente el retorno prematuro si no va acompañado de una supervisión médica ágil.
3.- El factor procíclico: La IT se comporta de forma procíclica, porque en ciclos expansivos y de alta ocupación (como el escenario actual hasta 2026), el miedo al despido disminuye en el sector privado y la incidencia de bajas sube, y, en épocas de crisis, el absentismo en el sector privado cae drásticamente, mientras que el sector público se mantiene imperturbable.
4.- Mutación de patologías (Salud Mental): Las bajas por salud mental (ansiedad, depresión) se han disparado un 66% desde 2018. Al no estar formalmente indexadas en el catálogo de enfermedades profesionales (RD 1299/2006), se canalizan masivamente como enfermedad común, sobrecargando las arcas de la Seguridad Social y eludiendo la acción preventiva de las mutuas de trabajo.
6.- Valoración y Propuestas.
Existe una polarización ideológica evidente: *Por un lado, discursos patronales que califican el absentismo de “cáncer” o sugieren que se traslada el mensaje de que “cumplir es opcional”; *por otro, sindicatos que exigen no estigmatizar ni penalizar la salud de la clase trabajadora.
Sin embargo, los datos técnicos (AIReF y Randstad) exigen soluciones de consenso que abandonen la trinchera. Los datos de acumulación de bajas (el 50% de las jornadas perdidas se concentra en apenas el 10% de los trabajadores, sumado al “efecto lunes”, donde faltan el doble de personas que un viernes) demuestran que el fraude existe y debe ser fiscalizado. No obstante, la ineficiencia del sistema sanitario público y la disparidad de reglas entre el sector público y privado son los verdaderos multiplicadores del coste.
<<Propuestas clave en el debate actual>>
<-Mayor competencia a las Mutuas: Permitirles otorgar altas médicas efectivas y realizar pruebas diagnósticas o tratamientos en contingencias comunes, lo que, aliviaría la Sanidad Pública y recortaría drásticamente los tiempos de espera.
<-Exoneración de cuotas patronales en pymes: Liberar a las micro-pymes del pago de la Seguridad Social del trabajador en IT desde el primer día o, al menos, al formalizar un contrato de sustitución, evitando la quiebra técnica por la duplicidad de costes.
<-Interoperabilidad e incorporación gradual: Implementar las recomendaciones de la AIReF relativas a la historia clínica compartida entre el sistema público y las mutuas, y, habilitar las altas médicas de incorporación paulatina (fórmulas mixtas de reincorporación laboral a tiempo parcial), siguiendo el modelo de los países del norte de Europa.
N. B. Imagen – Realidad y mentira. Córdoba – + Duración.
<<A los que faltan los lunes les llaman luneros>>
(Nota. los ciudadanos defiende las bajas justificadas, pero se reclama más control para evitar abusos y reducir el absentismo laboral.)-
Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.
Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).
Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.
***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.
1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).
El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:
1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.
2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.
3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.
2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).
La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).
***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:
<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.
<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.
<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).
<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.
3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).
La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.
***Los pilares de la impunidad:
1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).
2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.
3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.
<<Sistema de eficiencia>>
Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:
<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.
<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.
<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.
<<Conclusión>>
Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.
La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.
N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.
1.- El Sistema Nacional de Salud entre <-el temporal y el diluvio->-
Es un hecho real, que la gestión del Servicio Andaluz de Salud (SAS) se sitúa en el epicentro de una crisis de sostenibilidad, ya que, la saturación de la atención primaria y las listas de espera quirúrgicas (que ya superan en demasiados casos los 200 días de media), han forzado la apertura del debate técnico sobre el copago por actos médicos (consultas, especialistas y urgencias) como medida de supervivencia.
<<El desafío de la regularización y el arraigo familiar>>
El impacto real de la regularización extraordinaria se estima ahora en 2 millones de personas, impulsado por el “efecto llamada” y, especialmente, por el arraigo familiar transversal. Este último factor es crítico: “La llegada de ascendientes (padres y abuelos) desplaza el gasto hacia la cronicidad y la polifarmacia, con un coste anual por paciente de 1.884 eur. frente a los 720 eur. de un adulto joven”.
2.- El techo de cristal financiero – (La ilusión de los recursos infinitos).
Es imperativo desterrar la creencia de que los recursos del Estado son elásticos o infinitos. En 2026, España ha alcanzado un punto de agotamiento real de sus fuentes de financiación:
<-Límite de Presión Fiscal: La carga impositiva sobre ciudadanos y empresas ha llegado a un nivel de saturación donde cualquier incremento adicional corre el riesgo de reducir la actividad económica y, por ende, la recaudación neta (Curva de Laffer).
<-Restricción de Deuda: Con una deuda pública que condiciona los presupuestos futuros, el margen para financiar gasto corriente mediante préstamos se ha cerrado debido a las reglas fiscales de la UE y la disciplina de los mercados.
<-La ecuación del agotamiento:
Recursos Max=Recaudación Impositiva Limitada+Capacidad de Endeudamiento Agotada
Cuando la demanda de servicios crece exponencialmente (2 millones de nuevos usuarios) pero la base de recursos es finita, el sistema entra en insolvencia técnica.
3.- El SNS en el marco del gasto público agregado.
La viabilidad de la sanidad está condicionada por un exceso de gasto público estructural, que limita la capacidad de inversión en salud:
<-Partidas rígidas: El gasto en pensiones, la nómina de los funcionarios y el servicio de la deuda absorben la mayor parte de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
<-Asfixia presupuestaria: El mantenimiento de un gasto corriente elevado en la administración reduce el margen de maniobra para afrontar la incorporación masiva de usuarios con alta demanda asistencial.
4.- Deterioro transversal de los servicios públicos.
La derivación de recursos hacia la protección social y el gasto corriente está provocando un deterioro palpable en otros pilares del Estado:
<-Infraestructuras: Falta de inversión en carreteras y ferrocarril, afectando a la competitividad.
<-Seguridad y Educación: Pérdida de calidad por falta de renovación de plantillas.
<-Cuidado de Mayores: Una Ley de Dependencia infrafinanciada que satura indirectamente los hospitales.
5.- Viabilidad jurídica y el dilema del copago.
La implementación de un sistema de copago en Andalucía enfrenta barreras legales (STC 71/2014 y Ley General de Sanidad). Sin embargo, ante la imposibilidad de ampliar los recursos finitos del Estado, el copago se perfila como una tasa de corresponsabilidad necesaria para:
1.- Efecto Disuasorio: Frenar el uso inadecuado de urgencias y consultas.
2.- Inyección de Liquidez: Aportar fondos directos que el sistema tributario ya no puede generar por sí solo.
6.. Conclusión y Perspectiva Social. El descontento social manifiesta una realidad innegable: “El ciudadano percibe que el incremento de la presión fiscal no se traduce en mejores servicios, sino en una degradación de su calidad de vida”.
En definitiva, la sostenibilidad del SNS depende de aceptar que hemos llegado al límite de los recursos no ampliables. Sin una reforma profunda que incluya medidas severas como el copago o una reestructuración drástica de la inversión pública, el contrato social corre el riesgo de romperse definitivamente ante la incapacidad del Estado para gestionar una demanda infinita con recursos que, finalmente, se han agotado.
N. B. Imagen. Realidad visible.
(Los recursos del Estado son infinitos y en España hemos llegado a un punto de agotamiento real de esos recursos finitos y no ampliables más).
