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La trampa del «doble sombrero» – De la «paz de despacho» en Córdoba al escaño en el Senado.

La reciente publicación oficial de las candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha vuelto a poner de manifiesto una de las patologías más perniciosas de la política actual:

“el abismo insondable que separa los grandes discursos ideológicos nacionales de la cruda y contradictoria realidad del tacticismo orgánico en los territorios”.

Senado de España.

El argumentario oficial del Partido Popular pretende vendernos que compaginar la Presidencia de la Diputación de Córdoba con un puesto de máxima relevancia como cabeza de lista al Senado es la «fórmula perfecta» para llevar la voz de la provincia a Madrid. Se nos dibuja una imagen de supuesta eficacia donde el cargo provincial y el escaño en la Cámara Alta se retroalimentan.

No nos engañemos: “La realidad institucional y presupuestaria es radicalmente distinta”.

I. La insostenible disonancia (falta de acuerdo o coherencia) entre los discursos de Madrid y los pactos de Córdoba realizados en la Diputación entre I.U. y el P.P..

¿Cómo es posible encajar la lógica de la coherencia? ¿Cómo va a defender con autoridad moral en el Senado los principios de rigor fiscal, contención del gasto, mérito y combate ideológico frente a la izquierda quien en Córdoba practica exactamente lo contrario?

<-En el Palacio de la Merced (Córdoba) – Diputación Provincial del P.P. es una realidad preocupante que la gestión cotidiana se ha entregado a una suerte de pragmatismo de trinchera, porque es un hecho patente que se compran equilibrios orgánicos mediante pactos presupuestarios contra natura con Izquierda Unida, se financian partidas ideológicas de memoria democrática y apertura de fosas, se incrementan las tasas de agua y basuras a los ciudadanos y familias a través de empresas públicas como EMPROACSA y EPREMASA, y se elude auditar y explicar con rigor la eficiencia real del gasto superfluo.

<-En la Cámara Alta (Madrid) el P.P. con la candidatura de Salvador Fuentes Lopera  se pretende, que este dirigente aplauda y vote los argumentarios de firmeza y ortodoxia liberal que el Contrato con España de Alberto Núñez Feijóo abanderan a nivel nacional, metiendo en un cajón cerrado todo lo que ha practicado y practica en la provincia.

Acumular sillones y responsabilidades institucionales no multiplica el compromiso con los cordobeses, sino que *duplica la contradicción*.

II. El Senado como refugio y el peligro de la “doble contabilidad”.

El Senado es, por definición constitucional, la Cámara de representación territorial donde deben defenderse con solvencia los intereses económicos, fiscales e infraestructurales de los ciudadanos cordobeses, de forma, que la verdad y la lógica es, que no puede ni debe convertirse en un destino de blindaje político o un retiro dorado para cargos orgánicos provinciales que buscan escapar de pactos espurios en la gestión supramunicipal.

**Cuando un gestor público aplica una «doble contabilidad» -plegándose a las exigencias ideológicas de sus adversarios locales a cambio de una precaria paz de despacho-, pierde de manera automática la legitimidad para erigirse en Madrid en el defensor de una gestión que se contiene en el Contrato con España del Sr. Feijoó.

III. El despertar del votante – (El fin del cheque en blanco).

La deriva ideológica que se practica en la Diputación de Córdoba no pasa desapercibida para el electorado de centro-derecha, de manera, que asumir, desde la soberbia de los aparatos, que el votante es un activo cautivo, que acudirá a las urnas por mera inercia o por miedo a la izquierda es un error de cálculo histórico.

El ciudadano de a pie, el autónomo, el profesional y el votante exigente observan con decepción cómo se premia con un puesto en las Cortes Generales a quien ha devaluado el mensaje doctrinal  de la decencia en la provincia.

El resultado de esta desconexión ya se deja sentir en la calle: *desactivación de las bases, *abstención reflexiva y *un trasvase silencioso pero constante de apoyos hacia formaciones como VOX.

Conclusión.

El próximo 29 de noviembre, el centro-derecha cordobés se juega mucho más que unas siglas, pues se juega la credibilidad de su alternativa, y, porque el verdadero voto útil no es el que blanquea el clientelismo orgánico ni el que otorga un cheque en blanco a la contradicción, *sino el que exige rigor y coherencia de principio a fin*.

Porque si el P. P. y sus dirigentes entienden que su marca es una patente de corso para hacer en los despachos lo contrario de lo que promete en los mítines y en su Contrato por España, la política deja de ser un servicio a los ciudadanos para convertirse en una mera coartada de aparatos políticos.

Y en Córdoba, frente al conformismo del «ajo y agua», la verdad y los principios se demuestran en cada tasa, en cada subvención y en cada presupuesto.

N. B. Imagen. La trampa del «doble sombrero» – De la «paz de despacho» en Córdoba al escaño en el Senado

Córdoba, 1 de noviembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

El coste de la incoherencia y el riesgo para el centroderecha – (Córdoba ajo y agua)

Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda

La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.

Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.

I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).

**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.

**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.

**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.

II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».

El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.

<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.

El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?

<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.

<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.

¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.

Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.

III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.

**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.

**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.

**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.

IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).

Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.

El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.

Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.

La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.

N. B.  Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.

(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y  que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)

Córdoba, 31 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya.

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – (De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral)

I. La lección no aprendida – (Memoria, decepción y la quiebra de la confianza).

En una reciente reunión política con electores de centro-derecha, la conversación sobre las próximas elecciones generales dejó al descubierto una realidad indiscutible:

“Nadie tiene votantes en propiedad”.

Un contertulio, votante histórico del Partido Popular, expresaba con absoluta claridad su decisión de abstenerse o respaldar a VOX en la próxima cita electoral y, sin duda, **su argumento no nacía de la radicalidad**, sino de la desesperanza y del peso de la memoria.

En las urnas pesan la cabeza y el corazón, pero sobre todo cuentan las expectativas y los precedentes, y, es un hecho patente e indiscutible que el electorado de centro-derecha arrastra aún la amarga sensación de la etapa de Mariano Rajoy:

**La experiencia de haber otorgado una holgada mayoría absoluta para comprobar cómo las convicciones y las promesas estructurales se quedaron en la puerta del Consejo de Ministros**.

Hoy, el PP de Alberto Núñez Feijóo se enfrenta exactamente al mismo fantasma. La premisa del electorado que busca un cambio de Gobierno es cristalina: “Quieren sustituir a Pedro Sánchez, pero exigiendo garantías absolutas de lo que ocurrirá al día siguiente”.

Y en ese escenario, cuando el principal partido de la oposición demuestra temor al “qué dirá la izquierda”, el voto que se percibía como “útil” se convierte, a ojos de miles de ciudadanos, en un cheque en blanco sin garantías.

II. Córdoba como síntoma – (El «Contrato con España» roto por la vía de los hechos).

Alberto Núñez Feijóo presentó el «Contrato con España» bajo el compromiso solemne de cuatro pilares: **decir la verdad, **respetar la ley, **hacer que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.

Prometió una acción política orientada a los hechos y no a la pirotecnia verbal.

Sin embargo, el valor de la palabra dada en los atriles de la capital debe revalidarse en los presupuestos y en los boletines oficiales de las instituciones territoriales, y, concretamente, en la Diputación Provincial de Córdoba, *ese contrato no solo se ha transgredido*, **sino que se ha roto formalmente por la vía de los hechos bajo la presidencia de Salvador Fuentes Lopera*.

*** Asistimos a una inaceptable doble contabilidad política:

<-La contabilidad para Génova: Discurso de austeridad, rigor fiscal, batalla ideológica y fiscalización al Gobierno central.

<-La contabilidad para Córdoba: Capitulaciones presupuestarias, concesión de la agenda ideológica y pragmatismo de conveniencia.

Para lograr la abstención de Izquierda Unida en los Presupuestos de 2026, la gestión provincial ha asumido y financiado las prioridades del adversario ideológico: “Partidas de memoria democrática y apertura de fosas dotada con 400.000 euros, un aumento desproporcionado del gasto corriente y la subida de tasas al ciudadano, a lo que se suma la cobertura económica, mediante transferencias a fondo perdido y sin la debida auditoría de eficiencia, a empresas públicas provinciales con déficit estructural como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras).

El pacto técnico para una infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano, pero el pacto que financia el relato ajeno y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato electoral es, sencillamente, capitulación inadmisible.

III. El premio electoral a la incoherencia y la trampa del falso pragmatismo.

Lo que hasta ayer era una seria advertencia de incoherencia local se ha convertido en una sangrante provocación electoral, pues *la confirmación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba transforma el distanciamiento ideológico en un premio político en toda regla*.

Frente a esta deriva, la dirección nacional del Partido Popular ha optado por un silencio positivo que roza la complicidad orgánica, de forma, que en lugar de exigir disciplina programática y fiscalizar los acuerdos en las corporaciones provinciales, Génova convalida la maniobra elevando al máximo responsable de esta gestión a la Cámara Alta.

**La pregunta que se formula el electorado ante esta designación es inevitable:

¿Con qué avales se premia institucionalmente en la lista al Senado a quien ha ejercido como rompedor directo del modelo de buen gobierno y austeridad que se promete a nivel nacional?

IV. Conclusión – (Principios frente a siglas).

Si el «Contrato con España» no obliga a quienes gobiernan bajo sus siglas en las provincias ni condiciona la confección de las listas electorales, las promesas de regeneración quedan reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.

Un contrato que no vincula a sus propios gestores no es un contrato: “Es un eslogan de campaña”.

La designación del presidente de la Diputación como número uno al Senado abre una brecha de credibilidad que explica por sí sola la reconfiguración del mapa del centro-derecha, de manera, que por ello, quienes hoy contemplan mover su voto hacia VOX o hacia la abstención exigente no actúan a la ligera: *Buscan una salvaguarda moral y de gestión*.

Para que el voto útil no vuelva a ser un cheque en blanco, el electorado no debe conformarse con promesas de atril, sino que debe exigir tres garantías inmediatas ante la cita electoral del 29N:

1.- Rectificación programática expresa: Compromiso público de no financiar con fondos provinciales agendas ideológicas ajenas ni partidas de memoria instrumentalizadas para obtener paz presupuestaria.

2.- Auditorías externas de gestión: Fiscalización independiente inmediata de las empresas públicas provinciales (EMPROACSA y EPREMASA) antes de acometer nuevos aumentos de tasas o transferencias de saneamiento a fondo perdido.

3.- Vinculación real entre discurso y listas: Que el cumplimiento de los principios de austeridad, verdad y transparencia sea condición sine qua non para representar a la provincia en las Cortes Generales.

La verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada subvención, en cada tasa y en cada presupuesto provincial, de forma, *que cuando las siglas se sitúan por encima de las convicciones y premian la incoherencia, **el electorado tiene toda la legitimidad para exigir garantías absolutas o buscar respuestas en quien verdaderamente asegure la firmeza del cambio**.

N.B. Imagen.  La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – ((De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral).

(Nota. Las consecuencias: El P.P. se mantiene sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE se refuerza.)

Córdoba, 27 de octubre de 2026.

Fdo.  Enrique García Montoya

Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Menores – Dinero de Juventud e Infancia – Presupuesto – Análisis – (Córdoba entre la opacidad y la burocracia)

El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero

¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?

Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.

1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,

De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.

<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:

  • 57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
  • 20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
  • 17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
  • 3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
  • 0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).

<<Una brecha>>

Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.

**Todo ello en un contexto donde:

1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).

2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).

2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).

***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:

A.- Protección e infancia tutelada.

<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).

<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:

*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).

*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.

B.-Juventud cordobesa – (Un reto).

<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.

<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).

<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.

3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).

¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?

1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.

<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).

<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):

*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).

*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).

*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).

2.- Cheques y programas para la juventud.

**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.

**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.

**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):

**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1 M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.

**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.

4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).

Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.

<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>

1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.

2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.

3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:

**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.

4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.

<<Conclusión>>

El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.

Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.

N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.

Córdoba, 16 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

PRESIÓN TRIBUTARIA Y DEL GASTO PÚBLICO EN EL AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA – (ANÁLISIS CRÍTICO)

<<Relato oficial – La verdad y la mentira>>

“Leo con sorpresa, que el **Ayuntamiento de Córdoba mantiene congelados los impuestos en 2027 con una variación real del -0,12%**.

La junta de gobierno local ha dado luz verde al proyecto de las ordenanzas municipal que regularán la fiscalidad del próximo año, que en su conjunto registran una bajada del 0,12% en los impuestos municipales, según ha anunciado la edil de Hacienda, Blanca Torrent”.

1.- Consideraciones previas – Una falacia aritmética del -0,12 %.

Desde una perspectiva jurídico-tributaria estricta, el anuncio de una reducción ponderada del -0,12 % en las ordenanzas fiscales carece de impacto material en la capacidad económica del contribuyente, ya que,  *esta cifra opera como un mero espejismo estadístico que enmascara un incremento neto de la presión fiscal global en la ciudad*.

El análisis conjunto de los impuestos directos, la revisión de los valores bases y el alza sistemática de las tasas por prestación de servicios públicos esenciales evidencia un encarecimiento estructural, que recae directamente sobre los ciudadanos.

2.- Impuestos directos – (Subida velada en el IBI y la Plusvalía).

**Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI): Aunque el discurso institucional defiende una “congelación”, el tipo de gravamen del IBI urbano se mantiene en el 0,5081 %. En la mecánica tributaria, mantener el tipo de gravamen inalterado mientras los valores catastrales (la base imponible) se revisan al alza -o mientras el nuevo valor de referencia de Catastro empuja la valoración general del mercado inmobiliario- se traduce automáticamente en un aumento de la cuota íntegra y líquida exigible, **por lo que no hay congelación real de la carga tributaria, sino un aumento de la recaudación derivado de la inflación del valor del suelo**.

**Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía): De igual modo, este impuesto, que grava la transmisión de inmuebles, sigue actuando como un mecanismo de alta recaudación. Pese a las reformas impuestas por la jurisprudencia constitucional, la fijación de los coeficientes máximos locales sobre los periodos de generación del incremento de valor garantiza, que, salvo en transmisiones a pérdidas, el Ayuntamiento continúe maximizando el devengo impositivo en cada operación inmobiliaria.

3.- Tasas Municipales – (Encarecimiento de los servicios básicos -agua y basura-).

La verdadera dimensión de la subida de la presión fiscal se manifiesta en la contraprestación de servicios de recepción obligatoria, donde las entidades instrumentales del Ayuntamiento han aprobado alzas tarifarias significativas:

**Tasa de recogida de basuras (Sadeco): El Pleno ha aprobado un incremento del 2,2 % de la tasa de Sadeco para el ejercicio 2026. En términos reales, el recibo de la basura acumula sucesivos encarecimientos que elevan el coste del servicio de manera desproporcionada (alrededor de un 52 % de incremento acumulado).

**Tarifas de abastecimiento de agua (Emacsa): La empresa municipal de aguas ha consolidado una política de encarecimiento continuo. Para 2026 se ha aprobado una subida de la tarifa del 2,1 %. Además, ya está prevista y estipulada una nueva subida del 1,9 % para el año 2027. Resulta especialmente gravoso observar que este es el tercer incremento consecutivo aplicado por Emacsa, tras encadenar subidas previas del 5 % y del 10 %.

4.- Expansión del gasto corriente y blindaje retributivo.

<-Gasto estructural (Capítulo 2): Mientras se incrementa la tributación a través de las tasas y el IBI, la administración local adolece de una falta absoluta de contención presupuestaria. El aumento del gasto en bienes y servicios corrientes contradice el principio de austeridad y de eficiencia en la gestión del dinero público, ensanchando la estructura de costes fijos del Ayuntamiento.

<-Privilegios retributivos: A esta ineficiencia se le añade la paradoja de que los cargos públicos (alcalde y concejales) hayan consolidado subidas salariales del 2,5 %. Este incremento de la masa salarial política resulta aún más lesivo para la equidad fiscal, si se considera, que una parte sustancial de sus ingresos en concepto de dietas e indemnizaciones está exenta de tributación en el IRPF.

5.- Una mirada a la inflación – Deflactar la presión fiscal municipal.

La información disponible permite afirmar que Córdoba llega a septiembre en una posición especialmente vulnerable: “En agosto ya presentaba una inflación del 4,3%, superior a la media andaluza, con el transporte casi un 10% más caro que un año antes”.

El dato nacional de septiembre 4,9% de inflación general, 3,1% de subyacente y 5% deIPCA– confirma que el repunte se ha intensificado y que el principal detonante continúa siendo la energía.

La conclusión técnicamente correcta es que la inflación cordobesa previsiblemente seguirá elevada, pero su tasa exacta y el desglose por grupos de consumo deben quedar pendientes de la publicación definitiva del INE el 14 de octubre. En ese momento será posible determinar si Córdoba supera la tasa nacional, cuánto aumenta respecto del 4,3% de agosto y qué peso concreto tienen transporte, vivienda, alimentos, hostelería y servicios.

El ayuntamiento debería ajustar sus impuestos a la inflación para evitar que un contribuyente pague más impuestos si sus ingresos (retribuciones o sueldos) suben únicamente para compensar el aumento del coste de la vida, sin que haya ganado verdadero poder adquisitivo.

<<Conclusión>>

La rebaja del -0,12 % es irrelevante a efectos jurídicos y patrimoniales. La conjunción de un IBI inelástico frente a la revalorización de los inmuebles, una política de cobro agresiva en transmisiones patrimoniales (Plusvalía), y la sistemática subida de las tasas de agua (Emacsa) y basura (Sadeco), consolidan un escenario de severo aumento de la presión fiscal local. Todo ello sirve para financiar una estructura burocrática cada vez más costosa y unas retribuciones políticas al alza, configurando una política económica de marcado carácter expansivo y recaudatorio.

N.B. Imagen. (Relato oficial – La verdad y la mentira).

La imagen refleja de manera directa los puntos clave de nuestro análisis crítico:

  • La avalancha de papeles y bolsas de basura: Representa la verdadera presión fiscal que asfixia al ciudadano. Los documentos y recibos simbolizan el inelástico IBI y la agresiva recaudación de la Plusvalía, mientras que las bolsas de basura y el entorno aluden directamente a las constantes subidas de las tasas de Sadeco y Emacsa.
  • El ciudadano abrumado: Encarna a los contribuyentes cordobeses, quienes soportan el encarecimiento estructural de los servicios públicos esenciales en su día a día.
  • El político impoluto y sonriente: Representa ese “blindaje retributivo” y la expansión del gasto corriente del que hablamos. Mientras el ciudadano es aplastado por el coste de la ciudad, la clase política mantiene sus privilegios (como esa subida salarial del 2,5 % y dietas exentas).
  • El minúsculo cartel del “-0.12%”: Ilustra de forma irónica lo que en se describes en el artículo como la “falacia aritmética” y el “espejismo estadístico”. El político lo exhibe como un gran logro frente a la cámara (el relato oficial), mientras ignora por completo la montaña de impuestos reales que sepulta al ciudadano (la verdad de la calle).

Córdoba, 1 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.