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Ayuntamiento de Córdoba – II – Impuesto de plusvalía (Impuesto injusto y discriminatorio)

El Ayuntamiento por acuerdo de PP y Cs ha decidido bajar tres impuestos (plusvalía municipal, IBI rústico y circulación de vehículos) un 1%, lo que es algo maravilloso y significará para los cordobeses expoliados un “alivio tremendo”, de manera que hay que celebrarlo y aplaudir a rabiar.

Centrándonos en el impuesto de la plusvalía municipal (impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos), el propietario de una vivienda que la compró, seguramente, con esfuerzo ahorrando con todas sus fuerzas durante largo tiempo o bien que la recibió de sus ancestros pagando el correspondiente impuesto de sucesiones, cuando vende su finca urbana es sorprendido por la Hacienda nacional y local con su correspondiente impuesto por un incremento de su valor, en la mayoría de los casos ficticio, pero siempre, si o si, duplicado: De un lado, paga por IRPF en su renta correspondiente, por otro lado, tiene que pagar a su Ayuntamiento el impuesto de plusvalía municipal. En definitiva, paga y paga por algo que ya ha pagado repetidamente, porque la ley impositiva es justa y, además, no se puede discutir, ya que, la solidaridad, aunque discrimine al que ahorra y se esfuerza, es algo que no se puede poner en entredicho, sea justa o injusta, discrimine o no, al que es propietario de una finca. El pago de impuestos es algo que no se puede discutir ni poner en entredicho, pues forma parte de una verdad absoluta según la política impuesta coercitivamente como un derecho fundamental, siendo manifiesto que no lo es.

Es cierto, que hay que contribuir al coste de los servicios públicos necesarios, pero una cosa es eso y otra esquilmar al ciudadano que se esfuerza y ahorra para sufragar gasto público superfluo e innecesario, que gobernantes irresponsables dilapidan sin control y total impunidad, pues en último caso siempre está el indulto, al aceptarse por los justificantes de cualquier gasto público, que en sí mismo todo él es pura justicia distributiva, que nadie puede discutir, incluso, aunque ese alguien sea otro poder nacido del pueblo, como puede el poder judicial. 

Aceptado sin discusión alguna que es necesario en una sociedad civilizada y democrática nacida de un Estado Social y Democrático de Derecho, como dice la C. E. de 1978, que es justo pagar impuestos para crear y mantener servicios públicos necesarios, en base a esa misma Constitución, que entre sus muchos derechos fundamentales basados en la libertad consagra como derecho fundamental la libertad de expresión y opinión, se puede defender, que los impuestos deben ser justos y deben ir dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, de manera, que nunca los gobernantes acometan gastos superfluos, innecesarios e injustificados, por la sencilla razón de que cualquier gasto público perteneciente a la ficción y alejado de la realidad del pueblo que lo paga es una tropelía, se mire como se mire, llegando en casos extremos a constituir un delito penal grave.

Hablando de la plusvalía municipal la realidad es que se trata de un impuesto injusto, confiscatorio y discriminatorio, que borra de un plumazo el art. 14 de la C. E. que garantiza la igualdad de todos los españoles.

El adquirente de una finca urbana paga cuando la adquiere, cualquiera que sea el título de dicha adquisición, paga después el correspondiente IBI en base a un valor catastral que pertenece al mundo de la materia oscura del universo, paga después por aparcar su coche en su garaje, pues tiene que pagar el derecho de acceso a su plaza de cochera, sufre continuas subidas del valor de su vivienda o local al albur de unos criterios desconocidos, pero siempre en aumento, que son algo así, como las explicaciones de los gobernantes sobre cómo se gastan el dinero público, que de sobra es conocido por cualquier ciudadano de a pie, que constituye per se una especie de laberinto del minotauro, aunque sin el hilo de Ariadna (que es unacuerda que ayuda a guiar al usuario a través del Laberinto).

Asimismo, paga su correspondiente impuesto de patrimonio si esa es parte de sus obligaciones impositivas, aunque la traca final viene cuando venden la finca y se ve abocado a pagar una doble plusvalía a la Hacienda Nacional y Local.

Lo peor de todo, es que no se puede discutir con la Administración Tributaria la existencia del impuesto, sino todo lo más su cálculo la mayoría de las veces fijado de forma arbitraria, pues la regla es simple: “paga y después recurre contra las Haciendas Públicas preñadas de abogados, que pagamos todos los ciudadanos y que nunca jamás dan razón ni clemencia algún a al ciudadano recurrente”. En resumen, una alegría enorme, que seguramente conllevará, además, costas judiciales.

El Tribunal Constitucional en una conocida Sentencia de Pleno ha declarado inconstitucionales y nulos determinados artículos de la L. H-H Locales que regulan la forma de cálculo de las plusvalías municipales, sin embargo, el Pueblo Soberano del que emanan los poderes del Estado se ha llevado una alegría efímera e irreal, la injusticia es tan disparatada que todos los poderes públicos sin exclusión han llegado a la conclusión de que no se devuelva nada, pues una ley nula de pleno derecho contra todo respeto a la ley conocida y principios aceptados por cualquier Estado de Derecho sigue produciendo efectos, que no ha tenido nunca.

Cualquier pretexto les vale a los justificantes de los impuestos a cualquier precio y siempre más y más gasto público, se justifique o no, para hacer cumplir una Ley inconstitucional y nula.

Por otro lado, con rapidez inusual se sustituye esa Ley nula por otra igualmente injusta, -pues ancha es Castilla-.

En base a todo lo dicho, solicito al Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y a todos sus concejales, que eliminen completamente el impuesto de plusvalía municipal por injusto y discriminatorio, procediendo a la vez, a eliminar todo tipo de gasto innecesario y prescindible para cuadrar las cuentas municipales, como pueden los siguientes gastos: Subvenciones a los Grupos Políticos del Ayuntamiento, salarios y sueldos de asesores, gastos y dietas de viajes que no sean absolutamente necesarios, eliminar cualquier contratación que pueda ser realizada por el personal del Ayuntamiento sea laboral o funcionario, reducir la estructura de espacios y tiempos a lo estrictamente necesario, aumentar la productividad personal y material del Ayuntamiento, etc. etc. y, así, hasta conseguir una Corporación Local con el mínimo coste personal y material.

Como se, que tildarán mi propuesta de demagógica, insolidaria e irrealizable, propongo un período transitorio de seis años para llevar a cabo una transformación profunda del Ayuntamiento y su funcionamiento, de forma, que si después ni funciona revelándose como irrealizable volver al sistema vigente.

Lo que pido, es una pequeña compensación, ya que, es algo patente, que los cordobeses estamos disfrutando de una ola de calor reconfortante, una inflación diaria llena de sorpresas maravillosas en la cesta de la compra, un precio de todas las energías adecuado a nuestras necesidades de frio y calor, y, así, un largo etc. de magníficas noticias que nos llevan a un universo de felicidad, que supera las dimensiones desconocidas del universo.

CONCLUSIÓN: Lo expuesto brevemente es algo realizable y posible, de manera, que solicito al Sr, Alcalde, que elimine ya el Impuesto de Plusvalía Municipal.

N.B. El Ayuntamiento de Córdoba y todo su equipo de gobierno sabe que el Impuesto de Plusvalía Municipal es un gravamen injusto y discriminatorio, que además, rompe el principio de igualdad  consagrado en el art. 14 de la C. E. de 1978.

Es verdad, que se pueden defender los impuestos justos y que van dirigidos a mantener servicios públicos necesarios dignos y de la máxima calidad posible, sin embargo, nunca los gobernantes deben acometer con esos impuestos gastos superfluos, innecesarios e injustificados, por la sencilla razón de que cualquier gasto público perteneciente a la ficción y alejado de la realidad del pueblo que lo paga es una tropelía.

Córdoba, a 25 de agosto de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Plusvalía – buena noticia para los ciudadanos (reacción pública – nada de alegrías)

<< El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (Gabinete del Presidente. Oficina de Prensa) ha emitido -Madrid, 26 de octubre de 2021- la NOTA INFORMATIVA Nº 99/2021, ADELANTO DE PARTE DISPOSITIVA, EL PLENO DEL TC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD Y NULIDAD DE LOS ARTS. 107.1 PÁRRAFO SEGUNDO, 107.2 A) Y 107.4 DEL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE LAS HACIENDAS LOCALES:

         El Pleno ha resuelto lo siguiente:

          PARTE DISPOSITIVA:

          “En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que

le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido: 

         Estimar la cuestión de inconstitucionalidad núm. 4433-2020, promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga y, en consecuencia, declarar la inconstitucionalidad y nulidad de los arts. 107.1 segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, en los términos previstos en el fundamento jurídico 6”.  

         La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Ricardo Enríquez, considera que son inconstitucionales y nulos los artículos 107.1, segundo párrafo, 107.2.a) y 107.4 del texto refundido de la Ley reguladora de las haciendas locales (RD Legislativo 2/2004, de 5 de marzo), porque establece un método objetivo de determinación de la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido aumento en el valor de los terrenos durante el periodo de la imposición, con independencia de que haya existido ese incremento y de la cuantía real de ese incremento.

         El fallo declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de la aprobación de la sentencia.

         La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del Presidente Juan José González Rivas y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. 

         En los próximos días se notificará la sentencia y los votos particulares junto con una nota de prensa más amplia. >>

Esperaremos a leer la sentencia y sus votos particulares, que serán los que se aplicarán en una nueva Ley exprimidora, aunque ahora un poco de alegría para los ciudadanos de a pie, ya que, resulta perverso, que los poderes públicos hayan reaccionado todos a -la contra-, dejando claro, que tamaña injusticia debe ser reparada de inmediato, al quedar desamparados todos los Órganos Públicos, que han visto como el T. Constitucional  ha metido la mano en sus bolsillos, igual que ellos durante muchos años y, a veces, con crueldad han despojado a muchos ciudadanos de parte de sus bienes, siendo por su puesto las clases medias y bajas las más oprimidas por el ilegal impuesto de plusvalía, en cumplimiento exacto del art. 31 de la Constitución que dice: <<1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.

2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.

3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley. >>

Ahora a los ciudadanos beneficiados por la nulidad de una Ley inconstitucional solo les queda disfrutar mientras puedan, ya que, sin la menor duda, todos los salvadores públicos elegidos por ellos en listas cerradas, se podrán rápidamente de acuerdo para poner en vigor una nueva Ley, que con toda seguridad supondrá una nueva requisa de los patrimonios de los españoles, pues no se puede consentir, que la crueldad de unos Magistrados del T. C. (no todos, gracias a los dioses) haya esquilmado a unos organismos públicos destacados por realizar -siempre- un gasto público de forma equitativa con eficacia y economía.

N.B. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nulo el Impuesto de Plusvalía, así que, ahora los ciudadanos a disfrutar de una buena noticia, mientras puedan, pues ya se ha visto la reacción pública de todos los poderes elegidos por el pueblo, de manera, que nada de alegrías.

Lo que vendrá pronto y más duro, será una Ley urgente, que equilibrará las fuerzas publicas y privadas en aras de la justicia social, de forma, que de inmediato quedará restablecida la equidad fiscal en beneficio del pueblo soberano, todo, además, adobado e incentivado por la propaganda engañosa del bien común, como fin indiscutible y absolutamente necesario para restablecer la justicia social dañada por unos jueces insensibles.

En resumen, los españoles seguiremos presos de la injusticia y de la inseguridad jurídica, derivadas del nulo respeto a la ley por los poderes públicos, porque la Constitución y todos nuestros derechos y libertades están al servicio de los poderes públicos, que, sin duda, son los que administran sin pudor ni decoro nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

Córdoba, a 27 de octubre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Mitad y mitad II (salario mínimo)

Una de mis lectoras me dice, que, ¿por qué?, no digo nada sobre el salario mínimo, ya que, entiende que es un asunto de interés general y afecta muchas personas, empresas y colectivos.

Entiendo su interés y la importancia del tema sobre el que pide una opinión, así que, vamos a ello, realizando primero unas aclaraciones preliminares:

* Estoy de acuerdo, en principio, con una subida del salario mínimo, igual que estoy de acuerdo en subir las pensiones de viudedad hasta unos límites razonables de equidad.

* Los recursos del Estado son los que son y, por tanto, sabemos que son limitados, de manera, que es esencial aplicar esos recursos con prudencia, equidad y justicia.

No puede ser, por ejemplo, que el sector privado esté sufriendo en solitario la crisis, obligando a todos sus componentes a ajustarse el cinturón, sufriendo, además, únicamente la destrucción de empleo y la disminución de salarios, con algunas excepciones debidas a la actividad desarrollada, mientras que, el sector público aumenta desproporcionalmente su número de empleados y, además, suba sus retribuciones un 0,9%. 

* Es un hecho cierto, que los gastos del Estado han crecido de forma desmedida y, desgraciadamente, en una parte muy importante en gasto improductivo e innecesario, aunque debo aclarar,  que el gasto social elemental lo considero gasto necesario y productivo, de forma, que aquí se ubican el salario mínimo y las pensiones de viudedad, como ejemplo de lo que defiendo, aunque siempre dentro de la realidad económica de España.

* La recuperación política, social, económica y sanitaria solo será posible, si se diseñan y aplican políticas razonables y equitativas en la aplicación de todos los recursos disponible, no de los que no hay, de forma, que, además, las medidas de reforma deben ser rápidas, eficaces y posibles, permitiendo que aumente la creación de riqueza y la productividad para superar esa barrera negativa, si o si, de que la mitad de la población de España  mantenga y sostenga a la otra mitad, pues esa situación social y económica es insostenible y perversa.

La caída de las afiliaciones en agosto demuestra, que la recuperación aun no se ha iniciado realmente, aunque el paro decrezca algo, porque lo duro vendrá al finalizar la temporada de verano.

Seguimos con unas cifras de paro tremendas, que nos sitúan en una doble cabeza de la U. E.-.

* No se debe olvidar la existencia del Ingreso Mínimo Vital, que es una necesidad social evidente e insoslayable, impuesta por ley.

* Tampoco se debe olvidar la inflación, que está enseñando sus patas rasposas con un encarecimiento del nivel de vida, que, la subida tremenda de la luz, el aumento de impuestos, el gasto público desnortado, etc.  están poniendo a la vista de todos.

El IPC ha subido en agosto hasta el 3,3%.

El problema se acentúa cuando suben los salarios y los precios aumentan para los consumidores, pero la recuperación de estanca o se para en seco, produciéndose un efecto perverso de estanflación, con riego claro de que se convierta en algo permanente.

* Las diferencias entre CC. AA. y territorios son otra barrera, que hará, que, con una subida del salario mínimo, hecha fuera y el margen de la situación económica real, los desequilibrios se aceleren y aumenten.

* Lo que hay está claro y los recursos se saben cuáles son, de forma, que la demora y los errores en el arreglo rápido de la situación económica y social entra de lleno en el abismo de lo perverso, aunque, siempre hay que actuar dentro de la Constitución y del respeto a la Ley, porque aquí no valen los atajos con sacrificios de derechos y libertades.

La Constitución Española dice en su artículo 14, que los españoles son iguales ante la ley, de manera, que cualquier subida del salario mínimo debe evitar que se acreciente la desigualdad entre los españoles.

*** Hechas las anteriores aclaraciones, entiendo, que lo primero que hay que hacer, es proporcionar a los españoles su derecho efectivo a una información veraz, completa e inmediata (art. 20 CE), de manera, que una vez conocida la realidad por todos los ciudadanos (hombres, mujeres, mayores y menores, etc.), conociendo la verdad económica del País, se puedan adoptar medidas racionales y justas, que necesariamente, deben ser consensuadas por todos o la gran mayoría y aceptadas por la sociedad civil.

El salario mínimo, con todas las prevenciones señaladas, es una cuestión esencial de política social, que afecta a muchas personas, empresas, colectivos e instituciones, como pude ser la Seguridad Social, de forma, que cualquier revisión o restructuración de su contenido, no se puede hacer a la ligera y de manera unilateral, imponiendo medidas fuera de control económico y alejadas de la realidad posible.

Creo haber podido responder a la pregunta de mi lectora, aunque debo señalar, que lo dicho es solo mi opinión sobre este tema, de forma, que existen muchas otras maneras de entender el asunto del SM, pero, sin duda, lo expuesto es compartido por muchos expertos.

N.B. La mitad y mitad expuesta en este artículo y en el anterior, afecta de forma determinante al salario mínimo, y, será imposible su reestructuración real sin aumentar la productividad y el empleo, empezando una recuperación sólida y siempre teniendo en cuenta los recursos disponibles.

La mitad y mitad existente, es una situación inaguantable durante mucho tiempo, de forma, que, sin una tarea compartida y consensuada, la subida del salario mínimo será un paso más hacia el abismo de la nada. La unilateralidad ya no es un valor, que consuele a nadie.

Los españoles, a pesar de la falta casi completa de información veraz,  saben lo que se juegan con el salario mínimo, de forma, que conocen lo que se puede hacer de verdad y lo que son brindis al sol, pues ya han superado el miedo propio y/o ajeno. Solo quieren realidades y que no les engañe nadie, sea quien sea.

Saben, sin duda, que tienen que desaparecer,  *los desequilibrios, como el que se está agigantando entre el sector público privilegiado y el sector privado sometido a un desguace constante, así como, *las diferencias profundas entre CC. AA. y territorios; lo mismo que saben, que más allá de los recursos reales existentes solo está la quiebra del Estado.

Córdoba, a 3 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Apretarse el cinturón – gasto público y más (subidas de impuestos – cambio de criterio y desinformación veraz)

La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha dicho ante la prensa, “que nunca más diremos que hay que ajustarse el cinturón“, prometiendo más gasto en prestaciones por desempleo y una reforma laboral, que va a -provocar una auténtica revolución en el mercado de trabajo español-.

“Apretarse el cinturón” es una expresión, usada en tiempos de crisis, pero devaluada, a veces, por los que la usan en la banalidad, que significa, hacer el esfuerzo de reducir gastos superfluos con el fin de ahorrar por necesidades económicas.

La verdad es que cualquiera estará de acuerdo con la Sñrª. Yolanda Díaz, por supuesto el que escribe también, ya que, la clase media y baja en España está en la ruina, de forma, que pedirle más sacrificios y ajustes suena a despropósito, aunque todos sabemos que el cinturón se aprieta por muchos agujeros.

Digo esto, porque ya es público, que el Gobierno de España ha enviado a Europa su Plan de Reformas (oficialmente llamado Plan de Reconstrucción, Resiliencia y Transformación, del que la Airef dice: -que España es la única potencia de la UE que no concreta medida alguna-) prometiendo a la U. E. una subida impositiva global de casi 79.000 millones, que casi todos los expertos llaman “sablazo fiscal”, “impuestazo” o términos parecidos, y, que todos admiten, que recaerá sobre las clases medias y bajas sin remedio, de manera, que se quiera ver cómo se vea o se llame como se llame, es una forma de “apretarse el cinturón”, sumando muchos agujeros del mismo hasta la estrangulación fiscal de los españoles; salvo que, cobrar por usar las autovías, subir el Iva y el Irpf, aprobar las tasas Google y Tobin, subir los impuestos de sucesiones y patrimonio, etc., etc. solo sean en realidad un regalo a los ciudadanos.

Está muy claro, que hay muchas maneras de ver las cosas, pero, que se mire como se mire, es lo cierto, que el cinturón a los españoles cada día que pasa les aprieta más, ya que, “la verdad es la verdad, dígala Agamenón o su porquero”, como dijo Antonio Machado, que significa, -que la verdad no depende de quien la diga-.

La Ministra de Hacienda, Dñª. María Jesús Montero dijo el pasado año: Se lo voy a decir con mucha claridad: Este Gobierno no va a subir los impuestos a la clase media ni a la clase trabajadora.

El Plan de Reformas enviado a Bruselas (que el Gobierno ha presentado varias veces sin cuantificar), conlleva una subida histórica de los impuestos a las clases medias y trabajadoras para contrarrestar el desastre de sus cuentas, prometiendo mayor recaudación.

El Gobierno Central del Presidente Sánchez podría haber optado por otra solución para cuadrar las cuentas del Estado, que sería eliminar y reducir un gasto público disparatado, que tenemos y soportamos. Se trataría, como han hecho otros países, de eliminar el gasto innecesario e improductivo y administrarse con arreglo a las normas de ortodoxia más elementales; dicho de otra forma, se trataría simplemente de administrarse bien, como se dice tradicionalmente, como un buen padre de familia.

Sin embargo, se ha optado por todo lo contrario, más gasto público sin control alguno, y, alza fiscal indiscriminada para paliar unas cuentas públicas insostenibles.

El Gobierno ha aprobado unos PGE para 2021 con una cifra de gasto desmesurada (excesiva), alcanzando 456.073 millones; de forma, que si el gasto público se redujera solo un 15% tendríamos 68.410,9 millones de euros más, lo que supone una cantidad parecida, a lo que el Gobierno de España ha prometido a Bruselas recaudar de más por impuestos.

Ahora, además, hay un cambio de criterio del Gobierno de España, que justifica su incremento impositivo, afirmando que Europa nos impone una subida de impuestos.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero se desdice y afirma con desparpajo:

<< Que los países europeos no querían endeudarse para dar a España 140.000 millones, si aquí no se subían los ingresos fiscales.

No podemos ir a Europa a exigir que pongan 140.000 millones de euros para España sin acometer las reformas que nos piden para ir aproximándonos a la UE en términos de presión fiscal y recaudación.

La ministra justifica su cambio de postura fiscal afirmando, que España <está muy por debajo de la media en la recaudación fiscal en Europa>, suponiendo una brecha de 7,2 del PIB, lo que implica unos 80.000 millones de euros >>.

Es decir, se promete a Europa aumentar la recaudación a base de impuestos; aunque hay que señalar un -pero- a tener muy en cuenta, ya que, el Gobierno pretende alcanzar la cifra de ingresos de 275.2 millones de euros en este año 2021, pero, por las cifras de recaudación de la Agencia Tributaria, parece complicado llegar a esos ingresos que quiere Hacienda.

El trallazo fiscal a los españoles va a ser tremendo, y, el argumento del Gobierno acerca de que sus subidas de impuestos sólo afectan a una minoría, no se lo cree nadie, ya que, serán las clases medias y bajas las que soportarán el impuestazo.

En román paladino, –apretando el cinturón hasta sus últimos agujeros-. La Sñrª. Montero lo ha dicho de forma clara y concisa, sin adornos ni complicaciones.

Cuando se quiere iniciar la senda de la recuperación, subir impuestos indiscriminadamente es casi suicida, de forma, que se imponen por el Gobierno de España aumentos impositivos desacertados en el momento más contraindicado, máxime, cuando todos los países del entorno van en otra dirección, basándose en una falacia europea, ya que, lo que la U. E. pide, es reducir el déficit y la deuda, cuadrando unas cuentas por ahora inverosímiles.

La promesa a Europa debería ir en la dirección contraria a la marcada por la Ministra de Hacienda y el Gobierno de España, cuadrando las cuentas por medio de la reducción del gasto público, eliminando los gastos innecesarios e improductivos, y, realizando una administración rigurosa, que es la única opción aceptable en estos momentos de ruina, sin olvidar las reformas estructurales profundas, que permitan regenerar nuestro tejido productivo y llevar nuestro mercado laboral a la senda de su reconversión creando empleo.

Si no se hace así, con seguridad el apretón del cinturón nos ahogará a todos, ya que, la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero.

Para terminar, lo peor de todos estos cambios de criterio y de la exprimidora fiscal enarbolada por el Gobierno, son las homilías, las peroratas, las soflamas o como quieran Uds. llamarlas de las ministras y ministros, que nos atizan sin mesura ni piedad sobre más aumentos de impuestos, de reajustes en los tipos de IVA, de eliminación de exenciones, deducciones y bonificaciones fiscales, que, sin duda, acabará con un castañazo fiscal injustificable e inasumible por los españoles, cuando la situación de ruina nos tiene a todos sumidos en la desesperanza, agravado todo, si es posible empeorar, con una falta absoluta de inseguridad jurídica que destruye la poca confianza que les queda a los ciudadanos de la calle.

N.B.  Apretarse el cinturón unos cuantos agujeros hasta el límite, con más gasto público y más subidas de impuestos en estos momentos de crisis, es un disparate propio de un Gobierno, que vive en un mundo paralelo alejado de la realidad.

A destacar:

* La Ministra de Hacienda, Sñrª. Montero, da marcha atrás y abre la puerta a retrasar las alzas fiscales, si el PIB no recupera su nivel precrisis

* La Vicepresidenta 3ª. y Ministra de Trabajo, Sñrª.  Díaz, promete que -nunca más oiremos decir a un gobierno que toca ajustarse el cinturón-.

Como siempre, queda todo muy claro: “No, pero si, que sí que no, que será sí”.

Esto es, lo que se llama derecho a una información veraz, que consagra el art. 20 de la C. E.

Córdoba, a 12 de mayo de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Gasto público – PIB – sin foto fija (a donde va y como se gasta)

El gasto público podría crecer 11 puntos este año, hasta el 52% del PIB, según informa el servicio de estudios BBVA Research, ya que la crisis ha empujado hacia arriba los niveles de gasto, que, además, se mantendrán estructuralmente elevados, lo que exigirá a todos los gestores públicos, demostrar que se está haciendo el mejor de los usos de los recursos públicos.

La sociedad española quiere y debe saber, en que se gasta el dinero público y que se está haciendo con sus recursos económicos, razón por la que todos los poderes públicos deberán informar de forma veraz y evaluar cualquier gasto realizado, explicando con claridad todos los costes económicos de las decisiones políticas. La U. E. exigirá el cumplimiento de las condiciones acordadas y aceptadas para que los recursos puedan venir del fondo de recuperación europeo.

Con independencia de lo dicho, esa cifra del 52% del PIB es solo indicativa, ya que la propia contracción del mismo explica en parte esa subida y la posible recuperación posibilitará que la incidencia del gasto público en el PIB decrezca, aunque sí pensamos en el PIB real, debemos realizar la comparativa de su crecimiento con el PIB de 2019, si queremos tener una perspectiva verdadera de la situación económica.

Por otro lado, no se debe olvidar, que el gasto público seguirá siendo elevado, cuando menos, ya que en los dos próximos años continuará manteniéndose muy alto, porque la recuperación no llegará en menos tiempo a todos los sectores y, además, lo hará de forma irregular a la economía española, debiéndose tener en cuenta, que mientras dure la situación de incertidumbre, el gasto público productivo social no podrá bajar.

N.B.  Por todo lo dicho, la cifra del gasto público en comparación con el PIB no puede ser una foto fija real, ni tampoco explica a donde va ni si se gasta de la mejor forma.

Sin embargo, es evidente, que el gasto público social no puede ser abandonado por los poderes públicos, razón que conlleva, necesariamente, a realizar reformas estructurales eliminando todo gasto improductivo y, además, realizando una información veraz inmediata y permanente a los españoles,de a donde va destinado el gasto y por qué se realiza en esas finalidades”.

Córdoba, a 13 de agosto de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.