Vemos los datos de la recaudación de impuestos en aumento constante, las subidas desproporcionadas de las tasas de basura y agua, las subidas del valor de referencia de los inmuebles, de forma, que la plusvalía se multiplica y los recibos del IBI suben como la espuma, mientras crece a ritmo de galope el gastos público sin justificar, a la vez, que aparecen sin pausa ni tregua el número misterioso de los llamados entes públicos, la mayoría de ellos instrumentales, y, a la vista del estado de todas las infraestructuras del Estado, de las C.AA., y de los cientos de ayuntamientos y diputaciones, la pregunta solo puede ser una, concretamente,
¿a dónde van nuestros impuestos?
Muchos ciudadanos ven el pago de impuestos como una detracción arbitraria de su riqueza, un “peaje” obligatorio que desaparece en las arcas del Estado (se incluyen todos los poderes públicos), aunque, en teoría la fiscalidad no es un fin en sí mismo, sino la base de un contrato social, de manera, que aquí reside el concepto del retorno al ciudadano, que no es otra cosa que “la transformación del dinero privado en bienestar público”. Sin embargo, hoy ese contrato de los ciudadanos con los poderes públicos se presenta destruido, porque el contribuyente siente que su esfuerzo no vuelve en la medida que debería con los servicios públicos que recibe.
1.- El Retorno – (teoría vs. realidad).
**El retorno se manifiesta de tres formas:
*Servicios Directos: Lo que vemos (educación, salud, seguridad e infraestructuras).
*Cohesión Social: La red de seguridad (pensiones y ayudas) que garantiza que nadie se quede atrás.
*Gestión eficiente: No basta con que el servicio exista, sino que debe ser de calidad, porque si el ciudadano paga por un servicio de “primera” y recibe uno de “tercera”, la moral fiscal social se resquebraja y se desploma.
2.- Una caja negra y un veneno.
El mayor enemigo de la obediencia fiscal es la opacidad, ya que, cuando el Estado (se incluyen todos los poderes públicos) se convierte en una <-caja negra-> donde es – -imposible trazar el destino de cada euro, nace la percepción de injusticia – (ej. Hay más de 20.000 entes públicos y muchos de ellos instrumentales). No es solo una cuestión de cuánto se paga, sino de cómo se gasta, de forma, que el daño simbólico del despilfarro (gasto político superfluo o burocracia innecesaria) es inmenso, ya que, destruye la legitimidad moral del recaudador.
Una pregunta lógica: ¿por qué no se puede ver en tiempo real cómo se usan nuestros impuestos (por ejemplo -entre otros muchos-), para mejorar una calle?
3.- El origen del mal – (Listas cerradas y partitocracia).
Aquí llegamos al nudo del problema en España: “Nuestro diseño institucional”. El sistema de listas cerradas y bloqueadas ha secuestrado la representación. En este modelo, el político no debe su puesto al ciudadano, sino a la cúpula de su partido que lo puso en la lista. Esto genera un incentivo perverso: “El representante prefiere ser leal al jefe del partido que eficiente con el dinero del contribuyente”. Si critica el despilfarro de los suyos, “no sale en la foto” de la próxima legislatura.
Las listas abiertas serían el filtro necesario para que el político responda ante el elector y no ante el aparato.
4.- La paradoja legal – (Un mandato secuestrado).
Nuestra Constitución (Art. 67.2) prohíbe el mandato imperativo, buscando que el diputado vote en conciencia. pero la realidad nos ha dado el “peor de los mundos”:
1.- Hacia el ciudadano: No hay mandato imperativo (no rinde cuentas directas a sus votantes).
2.- Hacia el partido: Hay un mandato imperativo de facto (disciplina de voto férrea por miedo al castigo). El resultado es un sistema donde la responsabilidad por la mala gestión del gasto se diluye, de forma, que los que mandan son unos pocos y, gracias a este diseño, suelen salir impunes de su ineficiencia.
Conclusión – (voluntad vs. tecnología).
Podemos hablar de digitalización y control para fiscalizar las cuentas, pero sin una reforma electoral que devuelva el poder al ciudadano y penalice la mala gestión, la tecnología será solo un maquillaje, siendo el control real de las cuentas un imposible. La transparencia no es una opción ética, es una necesidad de supervivencia para nuestra democracia, ya que, mientras el ciudadano se sienta un <-investigador privado-> de sus propios impuestos en lugar de un beneficiario, la desafección y la fatiga fiscal seguirán creciendo.
N.B. La Imagen – Impuestos – Retorno al ciudadano y su laberinto.
(Un “contrato roto” – el retorno al ciudadano).
Una reforma de listas abiertas es ya una necesidad democrática.
Córdoba, 8 de abril de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Explico con imágenes a mis nietos preguntones Gonzalo y Ángela donde están nuestros impuestos y porque los trenes no funcionan como debieran y las carreteras están llenas de baches y en mal estado de mantenimiento.
España atraviesa un momento de máximos históricos en recaudación fiscal, pero ese incremento no se traduce en una mejora equivalente de las infraestructuras. El ferrocarril y las carreteras reflejan un problema estructural: “Más ingresos públicos, pero un déficit persistente en inversión y mantenimiento”.
“Los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural y el retorno al ciudadano se percibe como ineficiente ”.
N.B. Imágenes. Impuestos todos. Infraestructuras bajo mínimos en mantenimiento y conservación.
(Nota.- Cuando el retorno al ciudadano por parte del Estado es alto y visible, aumenta la moral fiscal (la disposición de la gente a pagar impuestos). Si los ciudadanos perciben que las calles están limpias, los hospitales funcionan y la seguridad es efectiva, entienden el impuesto no como una pérdida, sino como una inversión colectiva.
En cambio, cuando el retorno es pobre o ineficiente, surge la percepción de que el impuesto es una carga injusta, lo que suele alimentar la evasión y el descontento social).
Cada ciudadano debe examinar lo que paga y lo que recibe de sus impuestos por el Estado en su conjunto.
1ª.- Imagen – La realidad – (Lo que hay y lo que se ve).
España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Así mismo, se dispara la deuda pública, que alcanza un máximo difícil de imaginar, de forma, que a la vista de lo que hay y lo que se ve existe un agujero oculto, que se traga todo el dinero de los ciudadanos con un destino ignoto.
2ª.- Imagen. Un agujero oculto.
3ª.- Imagen. Ciudadanos asombrados.
4ª.- Imagen. Soluciones. Gestión eficiente, transparencia y justicia tributaria.
(Nota. Es difícil explicar algo tan simple de ver y por lo visto tan difícil de ejecutar, razón por la que prefiero exponerlo en imágenes descriptivas de lo que hay, de lo que no hay, y, de lo que se debe hacer).
Córdoba, 3 de abril de 2026.
Fdo. Enrique Garía Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.
<<Anatomía de la promesa incumplida>>
Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.
Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.
<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>
La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:
<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.
<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.
El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.
<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>
¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?
La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.
Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.
<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>
Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.
Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.
<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>
El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.
Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.
N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.
Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.
De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.
La Diputación de Córdoba, bajo la gestión del Partido Popular, ha presentado su hoja de ruta para 2026: “Un presupuesto de 522,9 millones de euros” que se anuncia y publicita como “agresivo” e “histórico”, presumiendo de un crecimiento del 21,3%, sin embargo, tras los fuegos fatuos y la pirotecnia de las cifras, se esconde una realidad alarmante, ya que, la provincia no está ante un salto adelante, sino ante una huida hacia adelante financiada por el contribuyente.
<<Las cuentas del engaño>>
Un aumento de 91,8 millones de euros en un solo año no es un milagro económico, porque realmente es una mayor detracción de recursos del sector privado al público, de forma, que mientras las familias cordobesas hacen malabarismos con la inflación, la administración provincial engorda para la nada, porque este crecimiento negativo se sustenta en tres pilares peligrosos:
–Presión fiscal asfixiante, porque el incremento de las tasas de agua y basura no es una “actualización”, sino el rescate de una gestión ineficiente.
-Hipotecando el futuro, ya que, se anuncian 17 millones de euros en nuevos créditos por lo que estamos financiando el gasto corriente de hoy con la deuda que pagarán nuestros hijos.
-Gasto estructural desbocado, pues la verdad es, que bajo el epígrafe de “inversión”, se camuflan estructuras políticas duplicadas y una burocracia que se alimenta a sí misma.
<<El colapso de las empresas públicas (Una quiebra anunciada).
Es sorprendente que el mismo gobierno que presume de músculo financiero, admita que Epremasa y Emproacsa están en “quiebra técnica”, y, además, atribuye la situación de descalabro a que el ciudadano “paga poco”, insultando a la inteligencia de todos los cordobeses, porque estamos ante una doble imposición material:
1.- Si suben las tasas, el ciudadano paga más por el mismo (o peor) servicio.
2.- Si no las suben, la Diputación inyecta millones del presupuesto general -dinero que también sale del bolsillo del contribuyente para tapar agujeros negros de gestión.
¿Dónde está la responsabilidad de los administradores?
La ineficacia operativa no es un accidente, es una elección política.
<<La corrupción de la gestión>>
La corrupción de la Diputación Provincial de Córdoba no solo es el desvío de fondos públicos, sino que es la administración negligente del dinero de todos los cordobeses, porque *gestionar con opacidad, *permitir sobrecostes y *mantener empresas públicas y entes instrumentales de dudosa utilidad es una forma de corrupción sistémica, que erosiona la confianza en la democracia.
El “cambio” prometido del P.P. del Presiente Fuentes Lopera se ha convertido en una mímica de las peores prácticas del pasado, es decir, *más gasto, menos transparencia y una élite política blindada frente a sus propios fracasos*.
<<Transparencia completa (Preguntas)>>
Exigimos que la Diputación desglose, euro a euro, el origen de esos 91,8 millones adicionales:
1.-Ingresos Corrientes: ¿Cuánto sale exactamente del aumento de tasas e impuestos directos?
2.- Operaciones de Capital: Ese aumento del 76,3% en subvenciones, ¿son fondos estructurales garantizados o promesas coyunturales?
3.- Factura Financiera: Detallen las condiciones de los 17 millones en préstamos: ¿Qué intereses pagaremos y qué garantías se han comprometido?
<<Decálogo de Eficiencia>>
Desde Córdoba Abierta -ACOA- proponemos un plan de choque inmediato para rescatar las empresas públicas sin asfixiar a los cordobeses:
1.- Unificación de Servicios: Eliminar departamentos duplicados (RRHH, Informática, Legal) entre Diputación y sus empresas.
2.- Congelación de Estructura: Cerrazón a nuevas plazas no operativas sin memoria de necesidad vinculada a resultados.
3.- Central de Compras Real: Unificar la contratación de energía y suministros para lograr economías de escala.
4.- Subastas Inversas: Digitalización total de la contratación para evitar la adjudicación <a dedo> o por -inercia-.
5.- Optimización Logística: Inteligencia de datos para reorganizar rutas de residuos y reducir kilómetros en vacío.
6.- Auditoría de Flota: Sustituir la propiedad por leasing donde el mantenimiento sea una carga insostenible.
7.- Telegestión Hídrica: Inversión en sensores para detener las fugas de agua que hoy pagamos todos.
8.- Eficiencia Energética: Plan de choque en depuradoras y plantas de tratamiento para reducir la factura eléctrica.
9.- Techo de Gasto Operativo: Prohibir por norma que el gasto de estructura crezca por encima de la inflación.
10.- Auditoría Externa de Impacto: No basta con saber qué se gasta, hay que publicar el valor social devuelto por cada euro invertido.
<<Conclusión>>
El presupuesto de 2026 es un engaño contable, que se disfraza presentado a la ineficiencia de progreso. No podemos aceptar el “mal menor”, porque Córdoba necesita una administración que entienda que el dinero público es sagrado porque es el fruto del esfuerzo de sus ciudadanos.
Menos propaganda, más cuentas claras.
N.B. La cifra de aumento del presupuesto consolidado es, dicho mal y pronto, <-un engaño masivo-> disfrazado de inversión, que oculta la ineficiencia crónica.
Los ciudadanos cordobeses quedan en el limbo electoral, sin saber a quién votar, pues el criterio de “elegir al menos malo” ya no sirve en un panorama de promesas incumplidas y gestión opaca.
Vistas las subidas fallidas -por ahora- de las tasas de basura y agua por el Gobierno Provincial del PP (Diputación de Córdoba), un grupo de lectores pregunta:
¿ha subido o ha bajado la presión fiscal del Ayuntamiento de Córdoba con el PP en los últimos años?
Encontrar una respuesta clara presenta un conjunto de dificultades y obstáculos, ya que, el equipo del alcalde Bellido ha aplicado rebajas selectivas en impuestos, -lejos de la <-bajada masiva-> prometida en campaña-, mientras ha incrementado tasas esenciales como agua y basura de forma lineal y agresiva. Estas subidas han devorado cualquier ahorro, generando una presión fiscal real netamente superior para la mayoría de hogares cordobeses. A continuación, desglosamos la realidad con datos oficiales de ordenanzas fiscales, presupuestos municipales y declaraciones públicas, manteniendo un enfoque crítico en defensa de los ciudadanos.
El PP gobierna el Ayuntamiento de Córdoba Capital desde junio de 2019, con mayoría absoluta desde 2023, y, en su programa electoral enfatizaba una bajada masiva de impuestos para aliviar la presión fiscal.
Analizaremos si esto se ha cumplido, considerando impuestos directos (IBI, plusvalía), indirectos, tasas por servicios (agua, basura gestionadas por Emacsa y Sadeco) y otros gravámenes.
<<Presión Fiscal Total – Un Aumento Neto Indudable>>
<-Es un hecho incontestable: “La presión fiscal ha aumentado en términos netos para la mayoría de familias, pese a rebajas selectivas”. Las bajadas en IBI, ICIO, IAE e IVTM acumulan hasta 15-20% en algunos casos, pero son compensadas -y superadas- por subidas en tasas esenciales, que representan un mayor peso en el gasto diario familiar.
<-Razones oficiales invocadas: La existencia de obligaciones legales (Ley de Residuos 7/2022 para el quinto contenedor, cubriendo 100% de costes reales), la sequía y la inflación para el agua. Sin embargo, el Ayuntamiento prevé recaudar 20 millones de euros más en 2025 que en 2024 (131,7 M€ en impuestos directos + 46,7 M€ en tasas), *lo que solo puede interpretarse como mayor presión fiscal*.
<-Impacto estimado en hogares: Un familia media ahorra 100. eur. año en impuestos directos, pero paga 50-100. eur. más en agua y basura (subidas acumuladas >50% desde 2021). La oposición y asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- lo califican de “engaño masivo” o -sablazo-, ya que, las rebajas benefician principalmente a empresas y autónomos (IAE/ICIO), mientras las subidas lineales en tasas penalizan a las familias sin distinción.
<-Estado de los servicios públicos: No se puede disociar la presión fiscal de la calidad recibida. Si los impuestos y tasas suben, pero servicios como movilidad, limpieza viaria, infraestructuras, transparencia, asistencia a mayores e incapacitados, etc. se deterioran o estancan, la realidad es que la presión fiscal real aumenta exponencialmente. Los ciudadanos perciben que pagan más por menos: calles sucias, transporte deficiente y falta de retroalimentación compensatoria. Esto es un hecho patente de injusticia fiscal.
<<Evolución Detallada por Impuesto/Tasa (2019-2025)>>
**Basado en ordenanzas fiscales anuales y presupuestos municipales:
Impuesto/Tasa
Evolución 2019-2025
Detalles
Impacto Neto
IBI (urbano)
Bajada acumulada: -5,79% (-1% en 2025, -2% en 2026)
Rebaja para compensar subidas en servicios; rústico: -13,93%. Incorpora propuesta del Consejo del Movimiento Ciudadano.
Positivo para propietarios, pero valores catastrales actualizados en 2023 (+5-10% en zonas urbanas) anulan gran parte del ahorro.
Plusvalía (IIVTNU)
Bajada acumulada: -8,97%
Bonificación 95% en herencias mantenida. Sin nuevos gravámenes.
Neutral; no crece, pero rebaja insuficiente vs. promesas.
Tasa de basura (Sadeco)
Subida acumulada: +45-50% (35% en 2024 + 10% en 2025)
Obligatoria por UE/Ley de Residuos (quinto contenedor). Media: +50 €/año por hogar. PSOE critica “negligencia” en preparación.
Negativo; principal queja ciudadana, afecta a todos por igual.
***Presión fiscal real global: El Ayuntamiento presume de una “sexta bajada consecutiva” en 2025 (-0,384% ponderado, coste 1,48 M. eur. menos ingresos). Sin embargo, expertos señalan un descenso regresivo que favorece a los poderosos (empresas) y una merma servicios. Prueba lo dicho, que la recaudación total sube +8,2% en 2025 por inflación y catastro, sin mejoras perceptibles en limpieza o infraestructuras.
<<Bajada de Impuestos por el PP – Parcialmente SÍ para Empresas, NO para Ciudadanos>>
<-Parcialmente sí: Las 6-7 rebajas consecutivas en impuestos directos cumplen el espíritu para atraer inversión (IAE/ICIO). En 2024 se abrió a bajar IBI extra (-1% en 2025) para compensar.
<-Realidad para familias: NO. Subidas en tasas obligatorias (agua/basura) anulan ahorros de las familias, razón por la que asociaciones y oposición denuncian incumplimiento de la bajada masiva prometida.
*Contexto: Déficit de 21,6 M. eur. en 2023, subidas de sueldos (+43 M. eur. en personal 2025) y catastro sin correctores justifican incrementos, pero no excusan la falta de transparencia ni priorización ciudadana.
*En conclusión: La presión fiscal total ha subido netamente por tasas esenciales, pese a rebajas que benefician más a empresas. Por otro lado, los ciudadanos perciben que el aumento recaudatorio financia gastos superfluos y personal no justificado, sin mejoras en servicios ni orden de prioridades orientado al interés general.
<<Propuestas de Córdoba Abierta -ACOA->>
1ª.- Plan de Transparencia Fiscal Urgente y Auditoría Externa: El Ayuntamiento debe presentar inmediatamente un documento público y accesible (online y en papel) que detalle: (I) Bajadas/subidas por impuesto/tasa, cuantías y motivos verificables; (II) Estado detallado de servicios esenciales (indicadores KPI: limpieza, movilidad, etc.) con presupuestos asignados y resultados medibles; (III) Reducciones viables en gastos corrientes superfluos, asesores de confianza y personal no esencial.
**Propuesta Innovadora: Implementar una app ciudadana de fiscalidad interactiva (desarrollada con software código abierto), donde cada cordobés introduzca su perfil (hogar/empresa) y vea en tiempo real su presión fiscal neta, ahorros vs. subidas, y comparativa con años anteriores. Incluir alertas por email/SMS sobre cambios y encuestas vinculantes para priorizar gastos.
2ª.- Derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional: El alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora. El Estado debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento, no los municipios.
**Propuesta Innovadora: Crear un fondo compensatorio municipal andaluz financiado por bonos verdes (inversión privada en reciclaje eficiente), con incentivos fiscales para hogares que separen residuos (descuentos en tasas vía QR en contenedores inteligentes). Esto reduciría costes reales en un 20-30% sin subir tasas, premiando comportamientos ecológicos y aliviando familias.
<<Quién contamina paga>>
El<basurazo> es la consecuencia del desarrollo por parte del Gobierno Central de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, lo que significa, que laley obliga a que los costes de la gestión de residuos recaigan sobre su productor o poseedor.
Sin embargo la tasa no cumple el pago por generación, lo que conllevará a miles de reclamaciones de ciudadanos que no contaminan porque no generan residuos por múltiples causas, como puede ser, por ej. –que vivan seis meses en un municipio y seis meses en otro-, lo que indica, que durante seis meses en uno y otro municipio no generarán residuos que contaminen y deban ser reciclados.
N.B. La previsión de +20 M. eur. en recaudación 2025 confirma la existencia de mayor presión fiscal, y, siendo las rebajas de impuestos del PP selectivas, y, el impacto ciudadano en cambio presenta caracteres negativos.
Por otro lado, si seguimos en mandato de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, la tasa en Córdoba impone los costes de la gestión de residuos con carácter general sobre familias y personas que no generan residuos, y, que por tanto no se les podría obligar a pagar una tasa por algo que no producen.
La derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional es algo inaplazable, de forma, que como hemos dicho, el alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora, porque es el Estado el que debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento no los Ayuntamientos y sus ciudadanos.
Exigimos acción inmediata para una fiscalidad justa, transparente y al servicio de Córdoba.
