Tag Archives: responsabilidad

El tripartito de la inactividad – (La Colada y el arte de no resolver nada)

Si uno visita hoy el embalse de La Colada, en el norte de nuestra provincia, se encuentra con una estampa que sintetiza a la perfección el fracaso de lo público:

“Un embalse donde está tajantemente prohibido el baño por la presencia de cianobacterias tóxicas”.

Un mar de agua inutilizable en mitad de comarcas (Los Pedroches y el Alto Guadiato) que engloban a más de 80.000 habitantes.

Tras años de parches, camiones cisterna y titulares grandilocuentes, la realidad es tozuda:

“Ninguna de las tres administraciones implicadas tiene un interés real en resolver el problema de raíz”.

Se ha instalado un cómodo juego de culpas cruzadas donde el Estado, la Autonomía y la Diputación se señalan en círculo, mientras los ciudadanos pagan la factura, consumen agua sometida a tratamientos químicos agresivos y, para colmo, soportan la narrativa implícita de ser los únicos culpables de la situación.

1.- El tablero del escaqueo – (Tres administraciones, cero soluciones).

Para entender por qué La Colada sigue siendo un ecosistema degradado, basta con observar la trampa del reparto de competencias. Un escenario idóneo donde todos tienen excusas y nadie asume la carga:

<-El Gobierno Central / CHG (MITECO) – (La trinchera burocrática).

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha optado por el rigorismo administrativo para congelar la concesión definitiva de agua y el uso de la torre de toma fija. Alega «redundancia técnica» con las tomas flotantes provisionales.

Sin embargo, paralizar la infraestructura definitiva aboca a la potabilizadora a captar el agua de peor calidad de la superficie (plagada de algas) y deja al norte de Córdoba en una vulnerabilidad jurídica permanente.

<-La Junta de Andalucía – (La rendición de antemano).

Escudándose en que la titularidad del embalse es estatal, la administración autonómica ha actuado con pasividad en el origen de la contaminación. La Junta posee competencias exclusivas en materia medioambiental y ordenación del territorio que apenas ha explotado:

“No ha apretado el acelerador en las inspecciones sobre vertidos ganaderos o purines, ha sido tibia en la delimitación de Zonas Vulnerables a Nitratos y arrastra un retraso histórico en la ejecución completa de las depuradoras (EDAR) que vierten a la cuenca”.

<-La Diputación de Córdoba – (Emproacsa) – (Trinchera vs. conflicto).

Centrada casi de forma exclusiva en la batalla judicial y política contra la CHG para vender el relato del «agravio comparativo», la corporación provincial ha volcado sus esfuerzos en el final del tubo, concretamente, “gastar ingentes recursos en potabilizar agua hiper-contaminada mediante química avanzada, en lugar de liderar soluciones transversales de su competencia, como planes preventivos de biorremediación o el impulso de infraestructuras públicas para la valorización de residuos ganaderos”.

       [ CHG / MITECO ]

   “Falta control de vertidos” ↙  ↖ “Deniega concesiones”

                            ↓      ↑

[ JUNTA DE ANDALUCÍA ] ⇄ [ DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA ]

   “Sin competencias en DPH”    “Guerra judicial como pancarta”

                            │

                            ▼

               [ CIUDADANOS Y GANADEROS ]

             (Abandonados, culpables y paganos)

2.- Limpiar el agua al final del tubo – (Ineficiencia económica y técnica).

Desde un punto de vista técnico y jurídico, la estrategia adoptada es insostenible. En lugar de actuar en el vaso del embalse o en la disciplina ambiental de la cuenca, las administraciones han optado por el parche tecnológico reactivo.

*Tratar un agua profundamente eutrofizada mediante oxidación avanzada y químicos en la ETAP no es una solución ambiental, sino que es una costosa medida de contención*.

Desde el prisma del Derecho Administrativo y la gestión pública, abordar este problema exigía una actuación preventiva. Cuando un litigio acaba en la Sala de lo Contencioso-Administrativo por la denegación de una concesión o la impugnación de expedientes periciales, el ciudadano ya ha perdido.

Las batallas sobre la presunción de veracidad de los informes de parte de la Administración o sobre los vicios en la medición de la calidad del agua solo sirven para dilatar en los juzgados lo que debió resolverse con voluntad política e inversión estructural.

3.- El ciudadano – (Abandonado, culpable y pagano).

La consecuencia final de esta parálisis institucional es una triple condena para los vecinos del norte de Córdoba:

1.- Abandonados: Sin garantías jurídicas a largo plazo de suministro hídrico de máxima calidad y con un recurso natural restringido (con prohibición explícita de uso recreativo o baño).

2.- Paganos: Soportando el coste financiero de tratamientos de potabilización hiper-complejos y procesos judiciales eternos financiado con dinero público.

3.- Culpables: Sometidos a una narrativa donde se responsabiliza genéricamente al sector primario o al consumo local, mientras las instituciones encargadas de velar por el Dominio Público Hidráulico y el Medio Ambiente miran hacia otro lado.

<<Conclusión – (Se necesita política de Estado, no parches).>>

El problema de La Colada no se va a resolver en un tribunal de lo contencioso-administrativo ni con notas de prensa cruzadas. Requiere la activación inmediata de un Plan Integral de Restauración de la Cuenca, que combine la disciplina ambiental efectiva de la Junta, la flexibilidad concesional de la CHG y la inversión en gestión de residuos e infraestructuras preventivas de la Diputación.

Mientras continúen atrincheradas en sus respectivas competencias para no asumir el coste político y económico de la solución de raíz, las tres administraciones seguirán siendo cómplices de un mismo resultado:

<-el abandono de más de 80.000 ciudadanos->.

N.B. Imagen. La Colada un conflicto que nadie quiere resolver y como siempre los culpables son los ciudadanos.

En el cruce de acusaciones estéril, el perjudicado directo es el ciudadano y el tejido productivo del norte de Córdoba. Las tres Administraciones tienen cuota de responsabilidad: *la CHG por rigidez burocrática y falta de inversión estructural, *la Junta por tibia en la disciplina ambiental sobre el terreno, y *la Diputación por preferir el enfrentamiento competencial al desarrollo de soluciones transversales de su competencia.

Córdoba, 25 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La infracción perfecta del Derecho público – (El lawfare diario en la jurisdicción contencioso-administrativa y la urgencia de su reforma)

Los profesionales del Derecho, sabemos que las palabras importan, y mucho. En los últimos años, el concepto de lawfare (o la instrumentalización política y partidista de la justicia) se ha instalado en el centro del debate público en España; sin embargo, mientras el foco mediático, político y social se concentra casi exclusivamente en la jurisdicción penal -con sus espectaculares registros, detenciones e imputaciones a las puertas de campañas electorales-, existe otra modalidad de lawfare. Una realidad mucho más silenciosa, gris, cotidiana y, en ocasiones, infinitamente más devastador para el administrado y el profesional que lo defiende: <-El lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa->.

Si la vertiente penal del lawfare se caracteriza por la espectacularidad de los tiempos, su vertiente administrativa se define por la guerra de desgaste burocrático-judicial, amparada bajo un manto de aparente legalidad procesal y blindada por una asimetría económica que aboca al ciudadano a una indefensión casi absoluta.

1.- El diagnóstico – (La “pinza” procesal y económica como método de exclusión).

Litigar contra la Administración Pública en España se ha convertido en un deporte de alto riesgo reservado únicamente a grandes corporaciones o a patrimonios extraordinarios. El sistema actual procesal no actúa como un contrapeso al poder, sino como un embudo financiero y técnico diseñado para disuadir la disconformidad del administrado a través de tres mecanismos clave:

A). La barrera económica: Tasas, depósitos y el “pago por adelantado”.

Para impugnar judicialmente decisiones de la Administración con contenido económico (como liquidaciones tributarias o sanciones), el sistema exige con frecuencia la consignación previa de depósitos o la prestación de costosos avales bancarios para evitar la ejecución forzosa del acto impugnado. Si el ciudadano carece de esa liquidez inmediata, la maquinaria administrativa embarga y ejecuta antes de que un juez llegue siquiera a estudiar el fondo del asunto.

B). El “criterio del vencimiento” como coacción procesal.

Desde la reforma del año 2011, rige en la jurisdicción contencioso-administrativa el criterio del vencimiento objetivo para la imposición de costas (artículo 139 de la LJCA), de forma, que el escenario para el ciudadano de a pie o la pequeña empresa es desolador, ya que, recurrir una sanción administrativa o una resolución injusta de cuantía moderada (pongamos, 1.000 euros) conlleva el riesgo real de sufrir una condena en costas de 2.000 o 3.000 euros si el juzgado desestima el recurso planteado.

El abogado se ve en la dolorosa y deontológica obligación de advertir a su cliente: “Llevas razón legal, pero si perdemos, el juzgado te va a crujir a costas”. Esto constituye, en la práctica, una coacción procesal amparada por la ley. La asimetría es flagrante, ya que, si la Administración pierde el pleito, el coste lo asume el presupuesto público (el dinero de todos), y, en cambio, si lo pierde el ciudadano, le puede costar la ruina.

C). La mutación procesal fraudulenta – (El atajo del procedimiento abreviado).

Una de las manifestaciones más sutiles y alarmantes de este lawfare de baja intensidad es el uso de filigranas procesales para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ocurre de manera sistemática cuando, ante una demanda compleja que acumula una pretensión de cuantía determinada inferior a 30.000 euros con varias pretensiones de cuantía indeterminada, el juzgado fuerza la reconversión del asunto a un procedimiento abreviado (artículo 78 de la LJCA) mediante un Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

**Es un hecho patente, que esta reconversión artificial no busca la agilidad, sino tres objetivos de conveniencia judicial:

*Eliminar la fase de conclusiones escritas, hurtando al letrado la posibilidad de desarmar de manera reposada y técnica la contestación de la Administración.

*Cerrar el paso a la apelación, al encuadrar restrictivamente el litigio por debajo del umbral del recurso (artículo 81.1.a de la LJCA), convirtiendo al juzgado de instancia en un “soberano absoluto” cuyas sentencias e interpretaciones ideológicas o erróneas jamás serán revisadas por un tribunal superior.

*Atrapar al profesional en un bucle recursivo estéril (reposición, revisión y el restrictivo e ineficaz recurso de queja), consumiendo recursos y paciencia en cuestiones formales mientras el fondo del abuso administrativo queda impune.

2.- Propuestas de reforma – (Vías de solución factibles).

El derecho administrativo nació históricamente para poner límites al poder absoluto del soberano. Para evitar que la jurisdicción contenciosa acabe legitimando de forma silenciosa el abuso de poder institucional, es urgente acometer reformas procesales y de acceso dirigidas a la raíz del problema: “La impunidad de quien firma y el coste de quien reclama”.

                           SISTEMA ACTUAL vs. REFORMA PROPUESTA

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│              SITUACIÓN ACTUAL                 │               REFORMA PROPUESTA               │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Las costas de la Administración las paga    │ • Acción de Regreso Obligatoria: El cargo     │

│   el erario público (el contribuyente).       │   público responde con su patrimonio personal.│

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Costas disuasorias para el ciudadano en     │ • Eliminación total de costas al ciudadano en │

│   primera instancia bajo criterio objetivo.   │   primera instancia (salvo temeridad).        │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Ejecución inmediata de actos y exigencia    │ • Suspensión automática del acto recurrido    │

│   de avales/depósitos asfixiantes.            │   en cuantías moderadas sin fianza previa.    │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

I. Responsabilidad patrimonial personal del cargo político o funcionario – (Acción de Regreso Real).

Actualmente, la arbitrariedad administrativa sale gratis al emisor. Si se demuestra que un cargo público dictó una resolución injusta con flagrante desviación de poder (anteponiendo intereses partidistas, ideológicos o de mera obstaculización al interés general), la indemnización correspondiente debe ser reclamada de manera obligatoria contra su patrimonio personal (haciendo efectivo el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Cuando el decisor público sepa que se juega su vivienda y sus ahorros al firmar una resolución arbitraria, el uso de la administración como arma de desgaste se frenará drásticamente.

II. Eliminación total de costas en primera instancia para el administrado.

Debe modificarse el artículo 139 de la LJCA para prohibir la imposición de costas al ciudadano en la primera instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en supuestos de manifiesta temeridad o mala fe procesal acreditada. Eliminar el miedo al “castigo” económico de las costas es la única vía para restablecer el equilibrio de armas procesales.

III. Suspensión automática de actos de cuantía moderada sin fianza.

Para pleitos cuya cuantía sea inferior a un umbral razonable (por ejemplo, 15.000 euros), la interposición del recurso contencioso-administrativo debe llevar aparejada de forma automática la suspensión del acto administrativo impugnado, sin necesidad de prestar avales o depósitos bancarios. El Estado tiene músculo financiero suficiente para esperar a la resolución del litigio, y, el ciudadano, no.

IV.- Una “Justicia Gratuita” técnica frente al abuso de poder.

La exención de tasas, depósitos y costas no debe vincularse únicamente a un umbral de renta bajísimo que excluye a la práctica totalidad de las clases medias y trabajadoras. Es necesario crear una figura de defensa procesal exenta de cargas económicas para aquellos casos en los que se impugnen desviaciones de poder manifiestas o vulneraciones de derechos fundamentales, independientemente del nivel de ingresos del recurrente.

<<Conclusión>>

El lawfare en España es una realidad innegable, pero no es exclusivo de las grandes causas penales que abren los telediarios, seguramente, su versión más perversa y depurada es aquella, que se viste con el traje de la burocracia, la inadmisión de recursos, la manipulación de los canales procesales para evitar apelaciones y la asfixia económica del ciudadano ante los tribunales contenciosos.

Mientras el procedimiento siga siendo, por sí mismo, la pena, y mientras litigar contra los abusos del poder público sea un lujo inalcanzable para la mayoría, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes seguirán siendo, desgraciadamente en este ámbito, una quimera. La solución no pasa por discursos teóricos, sino por blindar el bolsillo del administrado y tocar, de una vez por todas, la tranquilidad patrimonial de quienes firman resoluciones a sabiendas de su injusticia.

N. B. El lawfare de baja intensidad. El valor justicia desaparece hundido en una indefensión manifiesta.

(Nota. Tengo casos de lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa a porrillo y en todos ellos se produce una indefensión procesal absoluta al ciudadano).

Córdoba, a 16 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD EN LA GESTIÓN PÚBLICA (EMPRESAS PÚBLICAS DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA)

<<El coste de la ineficacia pública en la Diputación de Córdoba>>

La gestión de la Diputación de Córdoba, bajo la presidencia de Salvador Fuentes, gobernada por el P. P., sea ha instalado en una crisis permanente derivada de su aceptación de las políticas socialistas,  que ha pasado de lo técnico a lo estructural, de manera que los cordobeses sufren una paradoja inaceptable:

“Pagan más impuestos que nunca para recibir menos servicios que siempre”.

A la vista de lo dicho, analizamos ¿por qué? el modelo actual de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba, actualmente gobernada por el P. P. y su Presidente Salvador Fuentes Lopera está agotado, de forma, que hay pasos urgentes que se deberían dar, así:

1.- Radiografía de una ruina (Pagar por la insolvencia).

El deterioro de EMPROACSA (agua) y EPREMASA (residuos) no es un accidente, sino el resultado de varias capas de disfunción:

<-Existencia de una insolvencia operativa: “El incremento del 40% en la tasa del agua no es para mejorar tuberías, sino un -impuesto a la insolvencia-”.

El dinero se quema o calcina en cubrir déficits de personal y deuda, mientras las obras necesarias en la Zona Norte siguen paralizadas.

<-Existencia de parálisis ejecutiva: “De los 30 millones anunciados para inversiones, la ejecución real es mínima”. Se puede decir, por ejemplo, que la Diputación actúa como un hospital que dedica más personal a salvar sus finanzas que a curar a los pacientes.

<-Existencia de escapismo político, de forma, que el Gobierno de la Diputación elude responsabilidades y se evade de los problemas de la realidad, utilizando la excusa del Gobierno de España o la crisis energética como <pararrayos> para evitar asumir su responsabilidad local sobre la eficiencia, los costes y la mala planificación.

<-Existencia de una realidad inasumida por su incómodidad: “La Zona Norte de Córdoba no tiene sed solo por la sequía, sino por una negligencia de gestión local que no puede ocultarse tras causas externas”.

2.- La Paradoja Fiscal (Narrativa Oficial vs. Realidad).

ConceptoVersión OficialRealidad Material
Recibo del agua“Ajuste necesario”Subida del 40% para tapar una gestión ineficiente.
Infraestructuras“Cirugía profunda”Proyectos eternos y parches que no garantizan el suministro.
Culpabilidad“Culpa del Estado”Uso del contexto nacional para ocultar la incapacidad local.

3.- Propuesta de Córdoba Abierta -ACOA- para recuperar el valor público.

**Creemos, que no basta con criticar, ya que, necesitamos un marco operativo que devuelva la eficiencia a la Diputación, así que, proponemos cinco ejes de regeneración:

1.- Practicar una Auditoría Externa Independiente, que identifique la “grasa administrativa” y los gastos superfluos con el objetivo de detectar un ahorro potencial de al menos un 20%.

2.- Contratar y construir Gerencias por -mérito-, no por carnet del partido y/o amiguismo político, con la finalidad de eliminar el uso de empresas públicas como agencias de colocación: “Los gerentes deben ser profesionales con objetivos medibles y cese automático si no cumplen resultados”.

3.- Creación de un Observatorio Ciudadano del Agua, con el objetivo inmediato de realizar una fiscalización semanal y real de las obras en Sierra Boyera y la Zona Norte, formado por parte de técnicos independientes y plataformas vecinales.

4.- Vincular la tasa a la calidad,  de forma, que si el agua no es apta o hay cortes de suministro, el usuario debe quedar exento del pago de forma automática: “Si no hay servicio, no hay cobro”.

5.- Elaborar un Plan de “Cero Despilfarro” para reducir un 80% en publicidad institucional y un 70% en protocolo, y, conseguir, que cada euro ahorrado en “lujo político” vaya directamente a las tuberías.

<<Conclusión (La decisión)>>

El presidente de la Diputación se enfrenta a una disyuntiva inmediata: *O sigue con la política socialista de rescatar empresas ineficientes con el bolsillo de los ciudadanos, *o se atreve a limpiar y profesionalizar la Diputación y todas sus empresas y entes dependientes.

La crisis del agua en el norte de Córdoba ya no es una fatalidad, es una negligencia estructural. Los cordobeses saben que no pueden pedir milagros, solo exigen respeto por su dinero y una gestión profesional que garantice un derecho tan básico como abrir el grifo y que salga agua potable siempre.

N.B. La crisis del agua en el norte de Córdoba es ya una negligencia de una administración y gestión manirrotas. Salvador Fuentes debe decidir entre subir recibos o por limpiar unas empresas públicas que hoy son un lastre para la provincia.

Los cordobeses han sufrido un engaño masivo, ya que, la mayoría votó un política de regeneración de unas políticas socialistas ruinosas e ineficientes, y, se han encontrado con un gobierno provincial de P. P. que está haciendo más de lo mismo despilfarrando el dinero público, lo que llevará a que otros partidos políticos ocupen el espacio que el Partido Popular ha abandonado, no solo en Córdoba, sino que la postura de subirse al muro socialista haciéndolo suyo, ejecutada por un Presidente de la Diputación que acepta una negligencia política estructural, tendrá efectos negativos a nivel de Andalucía para el P. P., que perdería la mayoría obsoluta.

Córdoba, 4 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).