Tag Archives: administraciones

Polarización y radicalismo en las democracias (España en el centro del problema)

<<Análisis y recuperación del espacio cívico>>

1.- El hecho – (El silenciamiento como técnica de control).

Las democracias contemporáneas sufren una paradoja: “La hiper-conectividad no ha generado un ágora más libre, sino un ecosistema de censura descentralizada”.

El silenciamiento ya no es una prerrogativa exclusiva del Estado, sino un producto de la intimidación social y de la presión grupal.

<-Proceso: El uso de etiquetas estigmatizantes (“fascista”, “woke”, “negacionista”, etc.) no busca el debate, sino la muerte civil del interlocutor.

En la realidad social existe <-asimetría y descompensación->, ya que, <<mientras las mayorías moderadas están ocupadas en la producción y la vida familiar, las minorías radicales operan con dedicación exclusiva a la agitación, capturando las instituciones por agotamiento del rival>>.

(Nota. Unos ejemplos: (I). En España el Mensaje de Navidad el Rey Felipe VI dónde ha reclamado “ejemplaridad” a la clase política y ha defendido con firmeza la Constitución y el legado de la Transición, bases de la “convivencia”, por el que los partidos que sostienen al Gobierno le han llamado “radical”, “heredero franquista”, que “hace apología de la violencia y que su mensaje ha sido decepcionante”, así que eso es lo que hay. (II). El concierto de HAKUNA en la Puerta del Sol donde sus componentes son calificados de “fachas”, “pijos”, “ultras” y más.). Y, (III). Los ejemplos serían interminables, pero desgraciadamente este es el ambiente polarizado y radical que se ve en España.).

2.- El bucle del silencio.

La espiral del silencio de Neumann es una teoría del área de la comunicación política, que estudia la opinión pública como una forma de control social, en la que las personas adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no.

3.- Vacío institucional – Neutralidad gallina).

El radicalismo no triunfa por su fuerza, sino por la vacuidad de las instituciones, ya que, cuando una universidad o un organismo público se “pone de perfil”, está validando la coacción.

<-Caso UPV (Octubre 2025): “La cancelación de charlas por amenazas de boicot digital es una rendición de la autoridad académica ante la turba”. <-El Precedente Sussex: La multa de 585.000 libras impuesta en el Reino Unido marca el camino: “La libertad de expresión no es un deseo, es una obligación prestacional de todas las instituciones”.

Si el ambiente es hostil y la institución lo tolera silente, esta incurre en responsabilidad.

<-Perspectiva Innovadora: “En España, debemos transitar de la queja política a la Responsabilidad Patrimonial del Estado”.

Por ejemplo: Si una universidad no garantiza el derecho de un alumno o ponente a expresarse, debe pagar por el daño causado (Sentencia TJUE C-278/20).

4.- Cinco frentes para la mayoría silenciosa.

Para recuperar el espacio cívico, la moderación debe dejar de ser pasiva y volverse estratégica.

Frente	Acción Concreta	Objetivo
1. Acción Colectiva	Creación de “Nodos de Sensatez” (grupos de 15-30 personas).	Romper la ilusión de mayoría de los radicales mediante presencia coordinada.
2. Fiscalización	Registro sistemático de quejas ante Defensores del Pueblo y Universitarios.	Generar la prueba documental para futuras demandas judiciales.
3. Asertividad	Técnica de “Devolución de Etiqueta”: Hay que cuestionar el método de silenciamiento del otro en lugar de defenderse del insulto.	Desactivar el ataque personal y reenfocar el debate.
4. Espacios Seguros	Creación de redes de pensamiento alternativo con protocolos de respeto mutuo.	Evitar el aislamiento social de los disidentes y fomentar la resiliencia mental.
5. Ofensiva Legal	Uso de la Responsabilidad Patrimonial. “Tocar el presupuesto” de la institución inerte.	Cambiar el incentivo: Que sea más caro permitir el boicot que proteger la libertad.

5.- Conclusión. (Neutralidad activa como deber).

La polarización no es un hecho irreversible e inevitable, sino que es el resultado de un desequilibrio de incentivos. La democracia española no se salvará con más gritos, sino con más institucionalidad.

Las administraciones públicas deben recuperar su neutralidad política no para ser mudas, sino para garantizar que todas las voces racionales puedan ser escuchadas.

La transición de la “queja pasiva” a la <-influencia activa-> es el único camino para evitar que el centro de gravedad democrático sea la ruina del sistema.

N.B. La polarización y radicalismo en la democracia española y en las demás es una realidad, de forma, que dejarlos pasar es un error y una cobardía social e institucional.

En definitiva, hay que pasar a la <-influencia activa->para que el centro de gravedad democrático sea el centro del sistema.

Córdoba, 30 de diciembre de 2025

Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
Costes adicionales:
- Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
- Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
- Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
- Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso, que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Sobredimensionamiento del sector público – Contra la inversión social (Gastos de personal y Entes paralelos)

Unos lectores me dicen que ellos son partidarios de lo público, pues dicen que la mayoría de los servicios públicos deben estar administrados por un poder de carácter público.

1º.- Para empezar les digo, que no me refiero nunca a servicios esenciales, como pueden ser el orden y la seguridad públicas, la defensa, las infraestructuras, las comunicaciones básicas, la justicia y, así, un largo se asuntos de interés general.

2º.- Dicho lo anterior, aclaro, que cualquier asunto administrado por un poder público, aunque suene a verdad de Perogrullo, lo que digo es que “lo que tiene que estar es bien administrado”, de forma, que se excluya cualquier abuso de poder, como pueden ser por ejemplo, realizar gastos superfluos e innecesarios, cargar de personal afín al poder político de turno, aumentar los gastos de personal de manera que se cree una plantilla de personal desproporcionada, y, en definitiva casos parecidos donde el dinero de todos se despilfarra en temas interesados e innecesarios.

3º.- Cuando digo, que el Sector Público está sobredimensionamiento es porque creo que para cumplir sus objetivos su estructura física y de personal está desequilibrada, pues, con casi seguridad con un 60% de los recursos bien gestionados los fines se alcanzarían igualmente, y, porque muchos gastos se dirigen a cosas inútiles, dejando de realizar inversiones necesarias sociales y económicas, de forma, que siempre se da prioridad a la que “llaman creación de empleo público”, sea o no sea necesario.

4º.- A la vez de todo lo dicho, es una realidad que se ve, que los poderes públicos en España crean a su alrededor una maraña de entes, empresas, asociaciones, fundaciones, observatorios, etc. etc., que suelen tener como características dominantes una carga de personal excesiva, un dominio de la contratación arbitrario, una falta de control relevante, y, en definitiva falta de transparencia y una opacidad excluyente.

5º.- Finalmente, es una realidad que en España existen en sus administraciones públicas (Gobierno Central, CC.AA., Corporaciones Locales y demás, Instituciones Públicas) una cantidad desconocida de entes paralelos incontrolados, que nadie conoce, ni siquiera la Hacienda Pública.

***Creo que con lo dicho he dejado centrada la cuestión, reiterando que no soy contrario a lo público sino a su mala administración en su más amplio sentido.

En España, para desgracia nuestra, no hay día que no aflore un abuso en el gasto público, que según las noticias va desde gastos de viajes fastuosos, apoderamiento del dinero público, contrataciones indebidas y contra ley de toda clase y color, gastos excesivos de personal sin control, algunos casos, según se ve de contratación de señoritas de acompañamiento completo, y, casi una lista interminable de despilfarro interesado del dinero de todos.

En mi opinión es una cosa patente, que la mayoría de los españoles si pudieran cortaría ese grifo infame, aunque, la realidad diaria demuestra que la aplicación de la ley no es igual para todos, de manera, que si un político de turno comete un abuso, máxime, si está aforado, la ley se le aplica a cámara lenta, a la vez que se rodea de asesores jurídicos, que muchas veces que pagamos todos los españoles, y, así, se crea un páramo de impunidad para vergüenza de todos.

Si el que comete el abuso es un ciudadano de a pie, la cosa cambia radicalmente, de forma, que se le juzga sin miramiento alguno y se le exigen las responsabilidades legales oportunas.

Queda claro, que la ley en España no es igual para todos ni se aplica de forma igual a todos, ya que, por un lado están los políticos varios y por otro los ciudadanos de a pie.

El poder judicial no está exento de responsabilidad, ya que, cuando existe un asunto que llamaremos político parece que cambian las reglas del juego desde la agilidad procesal al trato exquisito que se presta al político de turno.

Si alguien lo duda, que le ponga un pleito a una Administración Pública mínimamente relevante y verá que lo que sucede, que no es lo mismo, que le pasa a él cuando acude a pedir justicia a un órgano judicial.

Los políticos está demostrado, que ya no cumplen la ley ni por asomo, parapetándose sin pudor bajo los aforamientos excluyentes, que los convierten en inimputables, de manera, que ya, solo podemos confiar en la autodefensa y en algún poder judicial que aún sobrevive independiente e imparcial.

Es un hecho abrumador, que carece de sentido la C. E. de 1978 cuando dice (art. 1.1), “que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Está clarísimo, que los que creemos en la igualdad y en la aplicación justa de la ley consagradas en la C. E. de 1978 estamos al otro lado de la carretera, de forma, que lo que establece la Constitución, **o salimos a defenderlo **o nos sometemos cautivos, de manera, que cada uno vaya a donde quiera, pero el que suscribe está en los terrenos de la libertad y, según parece, otros muchos también.

(Nota. Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.).

***Es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, si sociedad civil no se despierta y pasa a la autodefensa, nos someterán cautivos y callados.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a Andalucía y Córdoba, de forma, que empezar conociendo la verdad y pasar a la autodefensa colectiva, es lo único que puede salvarnos de políticas de falsa equidad, que nos llevan a la ruina, y, que se justifican diciendo que defienden lo público, cuando es algo manifiesto que la realidad es abuso de lo público.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Es una realidad perniciosa el sobredimensionamiento del sector público donde priman los gastos de personal y los Entes paralelos, mientras la inversión real está decreciendo día a día-

Si a lo dicho, añadimos que la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

Un adivinanza imposible: ¿Cuántos entes públicos desconocidos, incontrolados y absolutamente opacos existen en España?

Les pongo una exclamación que ya todos entendemos: Pues… ESO.

Por si faltara algo, en España ha nacido un poder autoritario que crece por momentos, ocupando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse o someterse cautivo.

Córdoba, a 12 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Al 50% – Retribuciones Públicas y Nóminas Privadas (Sobredimensionamiento del sector público)

En España hemos llegado a una situación de igualdad y no precisamente en la aplicación de la ley, que está en retroceso, sino en el hecho patente de que ahora las personas que cobran de las administraciones públicas está a la par de las que cobran del sector privado, existiendo, a la par, un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general.

Dicho de otra forma, de 17 a 18 millones de trabajadores del sector privado sostiene a 17 a 18 millones de personas, que cobran o reciben prestaciones del sector público, y, además, existe un inflación del sector con cientos de entes (chiringuitos) desconocidos e incontroladas en todos los niveles de las administraciones públicas, especialmente, en las corporaciones locales, que es la materia oscura de lo público, que se sabe que esta, pero que nadie sabe realmente donde ni cómo.

Se mire como se mire, esa situación es insostenible por mucho tiempo y por mucha deuda que asuma el Estado.

Por si faltara algo, de media de las retribuciones y/o prestaciones públicas están por encima de lo que cobran en sus nóminas los trabajadores del sector privado, y, donde hablar de productividad, asistencia al trabajo y procesos de selección en igualdad de condiciones es una entelequia.

La situación real de la Seguridad Social, el desempleo, la productividad por trabajador, el número efectivo de horas trabajadas, y, cualquier otro indicador social nos indican, que la realidad de nuestra estructura social se encuentra inmersa en un bucle perverso de destrucción, que solo lleva a la desesperanza.

A lo dicho, podemos añadir, por poner unos ejemplos:

1.- Un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general, que se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

2.- Un trocea – miento casi permanente de contratos en muchas administraciones públicas para eludir el control y esquivar los concursos públicos, y, donde la realidad de la opacidad de lo público queda retratada.

Así mismo, es un hecho que nos movemos en un círculo casi perfecto de inseguridad jurídica, que solo genera incertidumbre y que hace que la inversión extranjera de calidad está en retroceso en España, de forma, que ahora solo vemos inversiones por apoderamiento de empresas esenciales en nuestra economía por parte de capitales extranjeros, que no buscan realmente realizar inversiones productivas sino arramblar con toda nuestra riqueza a precio de saldo.

Es cierto, que habrá muchos que piensen que lo que digo es un bulo y que España tiene una economía próspera y sólida, de manera, que lo que digo es una visión pesimista de una realidad llena de cosas positivas.

Por el contrario, en mi opinión es necesario un cambio de rumbo radical y total, ya que, si no adoptamos medidas inmediatas de reestructuración social, económica y política inmediata, vamos directos a una situación de bancarrota con todas las consecuencias negativas para nuestra Nación en su conjunto.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender la libertad y la justicia, lo que significa, que frente a la desmesura y los abusos de lo público solo cabe ya la autodefensa, pues, la sociedad civil se despierta y pasa a la autodefensa, o nos someten cautivos y silentes voluntarios.

En eso estamos en ACOA.

N.B. La realidad del 50% de prestaciones y retribuciones públicas y de nóminas Privadas es insostenible en España por mucho más tiempo.

Si a lo dicho, añadimos un sobredimensionamiento del sector público donde la opacidad es la norma general, se puede empezar a entender porque en España existe una inflación de lo público, que crece y aumenta sin control.

La pregunta del millón: ¿Cuántos entes públicos desconocidos, incontrolados y absolutamente opacos existen en las administraciones públicas de todos los niveles, donde se pagan favores y sirven de coladero a cientos de enchufados?

A todo ello, se suma, el nacimiento de un poder autoritario dirigido por líderes populares que está tomando por la fuerza todos los espacios de libertad, de forma, que ahora solo cabe autodefenderse, pues ya no se trata de escoger entre lo bueno y lo malo, cosa que es imposible, sino de asumir la autodefensa compartida antes de que quedemos sometidos sin remedio.

Córdoba, a 10 de marzo de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Adivinanza política: Además de misóginos contra la Constitución (fácil de resolver)

Esta es una cuestión de principios y de respeto a los derechos y libertades que garantiza la Constitución Española, ya que, si las cúpulas dirigentes de los Partidos ignoran el estado de derecho, destrozan derechos fundamentales, rompen la igualdad de los españoles y martirizan intentando someter cautivos a los que disienten (sobre todo si son mujeres), es un imposible, que los españoles podamos votar a esos partidos misóginos y liberticidas.

Al mismo tiempo, es casi imposible caer en error tras error de ese calibre sin buscarlo intencionadamente o ser un necio papanatas, así:

** Según el Diccionario de la RAE misoginia es: Aversión a las mujeres.

** La Constitución Española vigente de 1978 dice en su artículo 6: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”.

En España hay un Partido Político cuya cúpula dirigente, *tiene aversión a las mujeres y, además, *en su estructura interna y en su funcionamiento no es democrático.

Es público y notorio, que tiene dos cargos públicos desempeñados brillantemente por dos mujeres, a las que su cúpula dirigente está machacando sin piedad, ante el silencio cómplice de muchos voceros silentes -sometidos y sometidas- (todos estos, también, son responsables). Todos saben sus nombres -Cayetana e Isabel- y encima a las dos les abren un expediente torticero, esgrimiendo amenazas de todo tipo y rigor.

En la democracia española regida por el Estado de Derecho constitucional, si alguien y, a mayor inri, cualquier autoridad o responsable público sugiere tener datos fiscales y bancarios sobre la supuesta comisión de un ilícito penal o administrativo para eso están los Juzgados de Guardia y las Autoridades Administrativas competentes, lo demás es llenarse de porquería el que habla -tira la piedra- y esconde la mano; de forma, que exigirle, además, públicamente a una persona, sea quien sea, que aclare un ilícito públicamente sin acudir a la justicia a denunciarlo, es una bajeza tremenda y supone el incumplimiento de un deber, que está tipificado como delito en el Código Penal.

Está visto, que los derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el derecho de defensa, el derecho a la prueba, etc. les importan una higa, pues creen firmemente, que son impunes y están por encima del bien y del mal, pues las obligaciones son para el Pueblo.

El máximo responsable del partido ha dicho: {A mí me llegó una información a finales de diciembre con datos fiscales y bancarios, se podría inferir que venía de una institución pública}. Según el mismo responsable, la información emanaría de entidades públicas, datos -de posibles transferencias y datos fiscales-.

Si es verdad lo dicho, nos encontramos con algo gravísimo y la Justicia debería intervenir de oficio, por no hablar de la AEAT-Hacienda y la Agencia Española de Protección de Datos.

Debe quedar claro, que esos dirigentes misóginos, trileros, atrabiliarios y amenazantes son repudiados por cualquiera, que crea, que todas las mujeres, sin exclusión alguna, merecen todos los respetos y aprecios sin ninguna distinción y siempre, máxime, cuando, a mayor inri, destacan por sus propios méritos y capacidades, situándose por encima de esos dirigentes espurios, que las persiguen y amenazan sin pudor ni vergüenza. Además, que sin acatamiento a la Constitución y a sus derechos y libertades no existe democracia ni estado de derecho.

La solución a la adivinanza es fácil y clara, de manera, que como se dice ahora en España: Pues, ESO.

N.B. La adivinanza política es fácil, ya que, los dirigentes misóginos e inconstitucionales de ese partido político se han retratado y, sin duda, están contra las mujeres y la Constitución a la vista de todos, de forma, que es sencillo y diáfano de vaticinar.

Lo más indignante, lo peor de lo peor, es que, los muñidores responsables del latrocinio a los españoles creen firmemente que el pueblo es tonto de capirote, que son impunes y que pueden hacer lo que quieran, aunque seguro que se equivocan, si no que esperen a las elecciones y vean votar al pueblo ese, que ellos creen tontorrón sin solución. Entonces verán, que los votantes son demasiado inteligentes para ellos y que su poder delegado por el pueblo declinará para siempre, siendo sustituidos por otras personas, que esperemos sean ejemplares y trabajen con el bien común, erradicando la búsqueda de todo beneficio personal dañino para España a través del ejercicio perverso de un poder, que nunca les ha pertenecido.

La conclusión, resuelta la fácil adivinanza, es que muchos españoles sienten lo mismo: profundo asco y vergüenza por haberlos votado y/o apoyado de alguna forma, los que lo hayan hecho.

Espiar durante meses a una persona, preparar y filtrar un expediente con datos personales fiscales y bancarios, decirlo públicamente en un alarde de torpeza infinita, y, encima, cuando esa persona se defiende, se le abre un expediente torticero sancionador y, además, todo sin prueba de clase alguna, es un hecho de una gravedad extraordinaria, que merece el máximo reproche de cualquiera, aunque resulta indignante para el español de a pie, que no pase nada, quizás porque son mujeres de las llamadas de derechas.

Los defensores de los derechos y libertades que ocupan cargos públicos (eurodiputados, diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, concejales, diputados provinciales, etc.) y las Instituciones Públicas de la Justicia y de todas las Administraciones, hay que preguntar a voz en grito:

¿Dónde están y por qué no hacen nada?

Quizás, las listas abiertas y por distritos ayudarían a eliminar la podredumbre política, que el sistema de listas cerradas conlleva, aunque algo debe quedar claro, que los voceros silentes ante el abuso son, también, responsables de la inmundicia.

Córdoba, a 19 de febrero de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.