El suministro de agua en las comarcas del Guadiato y Los Pedroches, en la zona norte de la Provincia de Córdoba, se ha convertido en un problema crónico que afecta a más de 80.000 habitantes.

La controversia en torno a la conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera ha destapado una compleja red de conflictos técnicos, burocráticos y políticos.

En el centro de esta crisis se encuentra la inacción del Presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, del Partido Popular (PP), quien viene adoptando una postura pasiva frente a la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), calificada como injusta por una gran mayoría de cordobeses.

Este artículo analiza en profundidad el conflicto, evaluando de manera equitativa las posturas de las partes involucradas, las implicaciones de la inacción provincial y las posibles soluciones, en línea con la necesidad de un cambio estratégico en la gestión del PP en la región.

**Contexto del Conflicto.

La crisis hídrica en el norte de Córdoba tiene su origen en la sequía extrema de 2023, que dejó el embalse de Sierra Boyera completamente seco, obligando a los municipios de Los Pedroches y el Guadiato a depender de camiones cisterna para el suministro de agua potable durante un año.

Esta situación de emergencia puso de manifiesto la necesidad de una solución estructural para garantizar el abastecimiento a largo plazo.

La Junta de Andalucía, liderada por el PP, propuso un proyecto de conexión definitiva entre los embalses de La Colada y Sierra Boyera, con un presupuesto de 9,3 millones de euros y ya adjudicado a la empresa Jicar. Este proyecto incluye una nueva toma de agua a diferentes profundidades en La Colada, una estación de bombeo con capacidad de 600 litros por segundo (frente a los 400 actuales) y la finalización de las conducciones pendientes desde 2009.

Sin embargo, la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y controlado por el PSOE, ha rechazado autorizar esta obra, argumentando que la solución de emergencia implementada en 2023, con un coste de más de 4 millones de euros, es suficiente y definitiva. Esta actuación provisional incluyó una toma flotante en La Colada y un sistema de bombeo con grupos electrógenos, pero ha sido criticada por su fragilidad, evidenciada por averías como la rotura de un generador en 2023, que dejó a la región sin agua durante días.

El núcleo del conflicto radica en la negativa de la CHG a aplicar el artículo 123 de la Ley de Aguas, que permite autorizar obras hidráulicas en un plazo de seis meses en casos de emergencia o situaciones hidrológicas excepcionales, como la sequía de 2023.

La CHG aplicó este artículo para la obra de emergencia del Gobierno central, pero no para el proyecto definitivo de la Junta, lo que ha generado acusaciones de incoherencia y una “doble vara de medir” por parte del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, que, sin embargo, ha adoptado una política complaciente y tancredista frente a la postura radical de enfrentamiento total de la CHG y su Presidente en un claro abuso de poder.

**La Inacción de Salvador Fuentes y la Diputación.

Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, ha calificado la decisión de la CHG de “muy grave” y ha denunciado que el organismo intenta “dar carpetazo” al problema sin esperar las observaciones que la Diputación y la Junta pueden presentar hasta el 21 de julio de 2025.

El Sr. Fuentes Lopera ha criticado la actitud del presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por considerar la obra de emergencia de 2023 como una solución definitiva, a pesar de que el trámite de alegaciones sigue abierto, lo que vulnera principios de transparencia y participación administrativa. Sin embargo, más allá de estas declaraciones, Fuentes no ha anunciado medidas concretas, ya sean administrativas o judiciales, para contrarrestar la resolución de la CHG, lo que ha sido interpretado como una postura de “tolerancia absoluta” o “inmovilismo” por parte de muchos sectores y de una mayoría de cordobeses.

Están rotos todos los posibles puentes de diálogo entre el P.P. y el Gobierno de la Nación para arreglar el problema del agua en Córdoba, de manera, que seguir repartiendo abrazos diputacionales, tal como hace el Presiente Sr. Fuentes, a quien los rechaza sin ningún rubor, no es una equivocación, es someterse cautivo y sumiso a una esclavitud sin precedentes.

Esta inacción contrasta con la urgencia expresada por la Junta de Andalucía, cuyo consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha instado a la CHG a “enterrar el hacha de guerra” y colaborar en el desbloqueo del proyecto.

La Diputación, en coordinación con la Junta, está preparando observaciones finales para presentar antes del plazo del 21 de julio, en un último intento por vía administrativa para salvar el proyecto. No obstante, la falta de liderazgo de Fuentes en la adopción de medidas más contundentes, como una acción judicial inmediata, ha generado críticas incluso dentro de su propio partido, donde se señala que su postura parece alinearse con una complacencia hacia el Gobierno Central del PSOE.

**Tensiones Políticas.

PP vs. PSOE. El conflicto trasciende lo técnico y se enmarca en una clara pugna política entre el PP, que controla la Junta de Andalucía y la Diputación de Córdoba, y el PSOE, que gestiona la CHG a través del Gobierno Central.

La negativa de la CHG a autorizar la obra de la Junta es de hecho dictar una resolución injusta y contra ley para frenar una iniciativa del PP, mientras que la solución provisional del Gobierno Central, menos robusta y más costosa a largo plazo, ha sido defendida como suficiente por el presidente de la CHG, Samuel Moraleda. Esta situación ha exacerbado las tensiones entre las administraciones, con acusaciones cruzadas de falta de voluntad política y responsabilidad.

Por su parte, el consejero Fernández-Pacheco ha destacado que la Junta está dispuesta a ajustar el proyecto para cumplir con los criterios técnicos de la CHG, incluyendo modificaciones para mejorar la calidad del agua captada en La Colada.

Sin embargo, Moraleda ha mantenido un “no rotundo” a la autorización, argumentando que la decisión es técnica y respaldada por funcionarios independientes, aunque no ha respondido a las críticas sobre la no aplicación del artículo 123 de la Ley de Aguas.

En este contexto, la postura de Salvador Fuentes con abrazos y pasividad ha sido percibida como una entrega cautiva a la parte que abusa de su poder, especialmente en comparación con la defensa más enérgica de la Junta.

La falta de una respuesta contundente por parte de la Diputación, como la exigencia de responsabilidades legales o una acción judicial penal contra la CHG en la persona de su Presidente, ha alimentado la percepción de que Fuentes está voluntariamente cautivo, evitando un enfrentamiento directo con el Gobierno Central (CHG), que le deniega todo y lo somete sin pudor, lo que podría deberse a sus cálculos políticos personales o a una estrategia pasiva de no enfrentase al conflicto, esperando que escampe.

Esta actitud contrasta con la línea más combativa promovida por el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha abogado por un cambio de rumbo en la estrategia territorial del partido.

**Implicaciones de la Crisis.

La crisis del agua en el norte de Córdoba no solo afecta el suministro de un recurso básico, sino que tiene profundas repercusiones sociales, económicas y políticas:

-Impacto Social: Los 80.000 habitantes de Los Pedroches y el Guadiato han sufrido restricciones severas, incluyendo un año de dependencia de camiones cisterna en 2023, lo que pone en riesgo el derecho fundamental al acceso al agua potable. La incertidumbre sobre la calidad y continuidad del suministro, especialmente en un contexto de cambio climático y sequías recurrentes, genera malestar y desconfianza hacia las instituciones.

-Impacto Económico: La falta de un sistema de abastecimiento fiable afecta a sectores clave como la ganadería y la agricultura, fundamentales en estas comarcas. La solución provisional de la CHG, que depende de grupos electrógenos y no garantiza la calidad del agua, ha generado costes adicionales, como los 5 millones de euros gastados en camiones cisterna durante 2023.

-Impacto Político: El conflicto pone en evidencia las tensiones entre administraciones de distintos signos políticos, así como la necesidad de una mayor coordinación y liderazgo dentro del PP a nivel provincial.

La inacción de Fuentes debilita la posición del partido en la región, especialmente, si no se logra desbloquear el proyecto antes de que expire el plazo de alegaciones.

**Propuestas para una Solución.

Para superar el bloqueo actual, se requiere una acción coordinada y decidida por parte de todas las administraciones involucradas.

Algunas medidas concretas incluyen:

*Acción Judicial Inmediata: Si la CHG mantiene su negativa tras el plazo de alegaciones del 21 de julio, la Diputación, en apoyo a la Junta, debería presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de la CHG, argumentando la vulneración del artículo 123 de la Ley de Aguas y la falta de transparencia en el proceso, incluida una acción penal si fuere preciso contra una resolución injusta del Presidente de la CHG.

*Presión Institucional: La Diputación debería liderar una campaña de presión pública y política, involucrando a los ayuntamientos afectados, asociaciones de vecinos y sectores económicos, para exigir una solución definitiva al Gobierno central. Esta estrategia podría incluir movilizaciones ciudadanas y una mayor presencia mediática.

*Colaboración Técnica: La Junta y la Diputación deben trabajar conjuntamente para ajustar el proyecto a los requerimientos técnicos de la CHG, como ya se está haciendo con la inclusión de nuevas tomas de agua en La Colada. Sin embargo, esto no debe implicar aceptar una solución provisional como definitiva.

*Liderazgo del PP: Salvador Fuentes debe alinearse con la estrategia de firmeza promovida por Alberto Núñez Feijóo, abandonando cualquier postura de complacencia hacia el Gobierno central. Esto incluye exigir responsabilidades al presidente de la CHG, Samuel Moraleda, por su gestión del conflicto.

**Conclusión.

La crisis del agua en el norte de Córdoba es un problema de primera magnitud que pone a prueba la capacidad de las instituciones para garantizar un derecho fundamental.

La inacción del presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, frente a la resolución de la CHG, percibida como injusta, ha generado críticas justificadas por su falta de liderazgo y compromiso. Aunque Fuentes ha denunciado la actitud de la CHG, sus palabras no han ido acompañadas de medidas concretas, lo que agrava la percepción de una gestión pasiva que no responde a las necesidades de los 80.000 habitantes afectados.

El conflicto trasciende lo técnico y refleja las tensiones políticas entre el PP y el PSOE, así como la necesidad de un viraje estratégico en la gestión del PP en Córdoba.

La conexión definitiva entre La Colada y Sierra Boyera no solo es una obra esencial, sino un símbolo de la capacidad de las instituciones para priorizar el interés general.

La Diputación debe abandonar su postura tancredista y liderar, junto a la Junta, una respuesta contundente que incluya acciones legales y presión política. Solo así se podrá superar el bloqueo burocrático y garantizar el suministro de agua en el norte de Córdoba, poniendo fin a una crisis que no admite más demoras.

N.B.  El Viraje político del P. P. y de su Presidente Nacional debe tener un reflejo inmediato en el Conflicto del Agua en el Norte de Córdoba, de forma, que la inacción del Presidente Fuentes Lopera exige una respuesta concreta y rápida en favor de los 80.000 cordobeses afectados.  

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato espera acción, no palabras.

La resolución del conflicto requiere un compromiso firme y coordinado entre todas las administraciones, dejando atrás las ambigüedades y las rivalidades políticas. El derecho al agua está en juego, y con él, la dignidad y el futuro de una región que no puede seguir esperando.

Este conflicto orquestado políticamente, no es sino otra cara de lo mismo, como el cupo catalán y el reparto excluyente de menas al País Vasco y a Cataluña, razón por la que la inacción frente a la injusticia por un poder territorial es complicidad.

Córdoba, 20 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.