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Empleo Público vs. Privado en Córdoba y Provincia – (brecha salarial y estructural)

Un grupo de lectores numeroso del blog me pregunta, ¿si es cierto que existe una brecha entre el empleo público y el privado en Córdoba y Provincia?

Por todo lo que vengo observando y viendo día a día no es que exista una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos, así que para examinar lo que existe, intentaré realizar un análisis detallado, breve y fundado llevando a cabo un análisis claro y preciso de la situación.

<<Análisis general>>

El análisis del mercado laboral en la provincia de Córdoba revela una marcada dualidad entre el sector público y el sector privado, ya que, mientras que el sector privado constituye el motor de la actividad económica en términos de volumen de ocupación, el sector público destaca por presentar *niveles salariales significativamente superiores, *mayor estabilidad laboral y *una menor incidencia de la parcialidad y la estacionalidad.

Oficialmente, a partir de los datos integrados de la Encuesta de Población Activa (EPA), la Seguridad Social y el Registro Central de Personal de las Administraciones Públicas, este informe analizará la estructura, distribución, masas salariales y factores desencadenantes de la brecha existente entre ambos sectores.

(Nota. Poner de relieve, que la realidad pasando por encima de los datos oficiales es mucho más preocupante que esas cifras que se manejan por los organismos públicos.)

1.- El Empleo Público en Córdoba y Provincia.

El sector público en la provincia cuenta con más de 51.000 empleados (a los que hay que sumar un número de trabajadores contratados externamente, que suponen un tercio más de personal contratado por la LCSP),cifra abarca al personal funcionario de carrera, laboral e interino, así como al personal adscrito a entes instrumentales, empresas públicas, consorcios y organismos autónomos.

DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN CÓRDOBA

┌─────────────────────────────────────────┬──────────────────────┬───────────┐

│ Administración / Ente │ Nº de Trabajadores │ % Público │

├─────────────────────────────────────────┼──────────────────────┼───────────┤

│ Junta de Andalucía (Autonómica) │ ~31.700 │ ~60 – 62% │

│ Administración Local (Ayunt. / Dip.) │ ~10.000 – 11.000 │ ~20 – 21% │

│ Administración General del Estado (AGE) │ ~5.500 – 6.000 │ ~11 – 12% │

│ Universidad de Córdoba (UCO) │ ~3.000 – 3.500 │ ~6 – 7% │

└─────────────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┘

<<Desglose por estructura y entes instrumentales>>

<-Junta de Andalucía: Constituye el núcleo principal del empleo público provincial, siendo sus áreas con mayor peso Sanidad (Servicio Andaluz de Salud – SAS) y Educación Pública. Incluye además el llamado “sector público instrumental” u organismos descentralizados:

*Agencias Administrativas y de Régimen Especial (p. ej., Agencia Tributaria de Andalucía, Agencia de Servicios Sociales y Dependencia).

*Agencias Públicas Empresariales y Sociedades Mercantiles (como la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía – AVRA, la Agencia de Obra Pública o entidades del ciclo del agua/medio ambiente como GIASA/AMAYA).

<-Administración Local:

*Ayuntamiento de Córdoba: Compuesto por la plantilla municipal centralizada y su entramado empresarial público (SADECO, AUCORSA, EMACSA, VIMCORSA) y organismos autónomos (IMDEEC, IMDAC, IMDECO).

*Ayuntamientos de toda la Provincia.

*Diputación Provincial: Integra personal propio, empresas y consorcios provinciales (EMPROACSA, EPREMASA, PRODECO, Consorcio de Bomberos, entre otros).

<-Administración General del Estado (AGE): Comprende las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), las Fuerzas Armadas (incluida la Base Logística del Ejército de Tierra – BLET), la Administración de Justicia, la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

<-Universidad de Córdoba (UCO): Agrupa tanto al Personal Docente e Investigador (PDI) como al Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS).

2.- El Empleo Privado en Córdoba y Provincia.

La masa global de ocupación provincial en la Seguridad Social se sitúa por encima de los 314.000 afiliados, de forma, que al descontar al personal dependiente del sector público, el sector privado representa aproximadamente el 83,7% de la actividad laboral total, agrupando a unos 263.000 trabajadores (entre autónomos y asalariados).

<-Estratificación sectorial del sector privado:

*Sector Servicios: Representa el motor cuantitativo de la contratación privada (más del 65%). Se centra en hostelería, restauración y comercio, con especial fuerza en la capital gracias al turismo cultural e interior.

*Sector agrario y agroindustria: Pieza clave en la provincia (comarcas de Montilla-Moriles, Subbética, Valle del Guadiato y Los Pedroches). Presenta una elevada estacionalidad asociada a las campañas agrícolas (olivar, cítricos, recolección).

*Sector industrial: Concentrado en polos específicos como la joyería en la capital (Parque Joyero), la transformación agroalimentaria (cárnicas, aceite, vino) y el sector del frío y la refrigeración comercial (destacando el núcleo de Lucena).

*Construcción: Mantiene un volumen estable de entre el 7% y el 9% del empleo privado provincial.

3.- Balance comparativo de retribuciones y masa salarial.

El análisis de los ingresos revela diferencias notables entre las retribuciones del sector público y las del sector privado en la provincia.

Concepto	Sector Público	Sector Privado	Brecha / Diferencia
Nº de Trabajadores	~51.000 (16,3%)	~263.000 (83,7%)	El sector privado emplea a 5 veces más personas.
Salario Medio Bruto Anual	~33.200 €	~18.800 €	+76,6% en el sector público.
Salario Medio Bruto Mensual (14 p.)	~2.370 €	~1.340 €	+1.030 €/mes en el sector público.
Masa Salarial Anual Estimada	~1.693 Millones €	~4.944 Millones €	El sector privado genera el 74,5% de la masa salarial total.

<-Niveles salariales específicos.

**En el Sector Público:

*Puestos técnicos / Titulados superiores (Grupo A1/A2 y Agencias): 36.000 € – 50.000+ €/año.

*Personal administrativo y auxiliar (Grupo C1/C2 y empresas públicas): 22.000 € – 28.000 €/año.

*Altos cargos y directivos de entes instrumentales: 55.000 € – 85.000 €/año.

**En el Sector Privado:

*Trabajo agrario y campo: Promedio afectado por estacionalidad (14.000 € – 17.000 €/año).

*Comercio y Hostelería: 16.000 € – 21.000 €/año.

*Industria y Construcción: Salarios de mayor rango dentro del sector privado (23.000 € – 30.000 €/año).

Nota sobre la jornada: Para asalariados a jornada completa continua en el sector privado, el promedio asciende a unos 24.500 €/año, viéndose el promedio global reducido por la elevada parcialidad y temporalidad.

4.- Análisis de la brecha existente.

La diferencia del 76,6% en la retribución media bruta anual a favor del empleo público obedece a factores estructurales del mercado de trabajo en Córdoba:

1.- Nivel de cualificación y composición de puestos: El sector público concentra un alto porcentaje de titulados superiores (médicos, docentes, facultativos, técnicos de la administración). En contraste, la estructura productiva privada cordobesa presenta una fuerte ponderación de sectores como el agrario y los servicios no cualificados, donde el valor añadido por puesto es menor.

2.- Parcialidad, temporalidad y estacionalidad: Mientras que el sector público opera predominantemente bajo esquemas de jornada completa continua, el sector privado provincial está condicionado por contrataciones a tiempo parcial y picos estacionales de actividad (turismo y campañas agrícolas), lo que reduce la remuneración bruta percibida al cabo del año.

3.- Antigüedad y complementos: La acumulación de trienios y complementos de antigüedad en el sector público eleva la masa salarial global, una dinámica con menor impacto directo en los convenios colectivos habituales del sector privado.

4.- Diferencia real y entorno económico: Aunque los datos oficiales señalan una brecha del 76,6%, en la práctica la diferencia perceptible en estabilidad, coberturas y salario neto efectivo resulta superior, generando un contraste directo entre la seguridad laboral del ámbito público y las condiciones del mercado privado provincial.

4.- Zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital.

Al contrastar las cifras del informe con los datos de renta e ingresos de las zonas rurales y los barrios con menor nivel de ingresos de la capital (según las métricas del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del INE), la brecha laboral cobra una dimensión socioeconómica aún más profunda:

1.- Salario medio público vs. Barrios con menor renta en Córdoba capital.

En los barrios con menor nivel de ingresos de Córdoba capital (como Guadalquivir, Las Palmeras o Sector Sur), *la renta media anual por habitante se sitúa en torno a los 8.500 € – 9.200 €, y *el ingreso medio bruto por declarante/hogar con empleo difícilmente supera los 12.000 € – 14.000 € anuales, debido a la altísima incidencia de la economía informal, el desempleo estructural y los contratos por días o semanas.

**Brecha en ingresos: El empleo público medio en Córdoba (~33.200 € brutos/año) multiplica por casi 3 (~230% – 280% más) los ingresos asalariados medios percibidos en estos barrios.

**Contraste social: Mientras que en un grupo laboral del sector público (por ejemplo, titulados A1/A2 con ingresos de 36.000 € a 50.000 €) un solo sueldo sostiene con holgura a una familia, en estos barrios el ingreso equivalente exige la suma de 3 a 4 empleos precarios o a tiempo parcial del sector privado.

2.- Salario medio público vs. Zonas rurales y agrícolas.

En los municipios eminentemente rurales de la provincia (comarcas del Valle del Guadiato, Los Pedroches o la Subbética rural), *la renta por habitante fluctúa en torno a los 8.600 € – 10.000 € anuales, y *el ingreso por trabajo agrario/jornalero ronda los 14.000 € – 17.000 €/año condicionado por las campañas.

**Brecha respecto al sueldo público: El salario público medio (~33.200 €) es un 100% a 135% superior (más del doble) al ingreso medio de un trabajador del sector agrario o agroindustrial rural.

**Impacto en la masa salarial local: En muchas comarcas rurales de Córdoba, la principal masa salarial estable y de alto poder adquisitivo la aportan precisamente los empleados públicos destinados en la zona (docentes, personal sanitario de centros de salud, Guardia Civil, personal municipal o de mancomunidades), actuando como el auténtico soporte del comercio y los servicios locales frente a la volatilidad de las campañas agrícolas.

3.- Síntesis.

Al comparar estos tres planos, la estructura laboral de Córdoba refleja tres realidades superpuestas:

Entorno / Colectivo	Ingreso / Salario Medio Anual Estimado	Diferencia con el Sector Público (~33.200 €)
Sector Público Provincial	~33.200 €	Base de comparación
Sector Privado Promedio	~18.800 €	+76,6% a favor del sector público
Trabajo Agrario / Rural	~14.000 € – 17.000 €	+95% a +137% a favor del sector público
Barrios con menor renta (Capital)	~12.000 € – 14.000 € (por declarante)	+137% a +176% a favor del sector público

<-Conclusión: La brecha del 76,6% registrada en las cifras globales del informe es solo una “fotografía promedio”. Cuando se desciende al detalle territorial, la brecha salarial actúa como una frontera estamental:

“El sector público garantiza la clase media y alta en la provincia, mientras que las zonas rurales y los barrios periféricos urbanos quedan relegados a rentas del trabajo que no alcanzan la mitad del promedio público, acentuando la polarización social en Córdoba.

N.B. Imagen. Informe Consolidado – El Empleo Público y Privado en Córdoba y Provincia

(Análisis crítico de la Brecha Salarial y Estructural)

(Nota. Masa salarial total del sector público en Córdoba: Aproximadamente 1.693 millones de euros anuales (para unos 51.000 trabajadores).

**Importe total de los salarios privados en Córdoba: Aproximadamente 4.944 millones de euros anuales (generados por unos 263.000 trabajadores, lo que representa el 74,5% de la masa salarial total de la provincia).

Visto lo visto, el gasto (o retribución) medio bruto anual por empleado en cada sector se calcula dividiendo la masa salarial total entre el número de trabajadores de cada ámbito:

1.- Sector Público:

Masa salarial total: ~1.693.000.000 €
Número de trabajadores: ~51.000
Gasto medio por empleado: ~33.196 € brutos al año (~2.371 €/mes en 14 pagas)

2.- Sector Privado:

Masa salarial total: ~4.944.000.000 €
Número de trabajadores: ~263.000 (entre autónomos y asalariados)
Gasto medio por empleado: ~18.798 € brutos al año (~1.343 €/mes en 14 pagas)

<-Análisis de la diferencia:

Diferencia absoluta: El sector público invierte 14.398 € más al año por empleado que el sector privado.
Diferencia relativa: El gasto por empleado en el sector público es un 76,6% superior al del sector privado.

Cabe destacar, tal como señala el informe, que esta cifra refleja el promedio retributivo bruto global y está marcada por factores estructurales: “La mayor concentración de titulados superiores en el sector público frente a la elevada temporalidad, parcialidad y estacionalidad del sector privado provincial”.)

**Sobran más comentarios-No existe una brecha, sino que lo que realmente hay es un barranco profundo y estructural entre ambos empleos **

Córdoba, 11 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Una ilusión burocrática – (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba)

<<El presupuesto como espejismo>>

Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.

El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.

La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.

La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.

<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>

La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.

El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.

<<Asistencia que no resuelve>>

La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.

**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.

Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.

<<El laberinto del ICHL>>

El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.

El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.

La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:

*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.

Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.

<<El garantismo convertido en parálisis>>

El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.

Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.

La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.

<<Empresas públicas – (agilidad prometida, rigidez consolidada)>>

La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.

Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.

*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?

La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.

La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.

<<Agua – (la prueba definitiva)>>

El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.

Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.

<<Residuos y monopolio>>

La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.

**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.

**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.

El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.

<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>

El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.

El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.

Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.

Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.

La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.

<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>

La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.

*** La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.

1.- Auditoría integral de la estructura.

**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.

La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.

2.- Cuenta de coste por servicio.

Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:

“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.

Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.

3.- Reforma del ICHL.

El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.

El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.

4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.

Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:

“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.

La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.

5.- Infraestructuras con fecha de finalización.

La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.

La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.

Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.

<<La Diputación que Córdoba necesita>>

La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.

Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.

La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.

La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.

La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.

N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).

1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.

2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.

(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)

Córdoba, 13 de septiembre de 2026,

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado)

La red de carreteras y la vertebración viaria constituyen uno de los problemas más graves y claves para la competitividad, la seguridad vial y el equilibrio territorial de Córdoba. Por ello, abordamos la parálisis administrativa, el déficit inversor, el preocupante estado de conservación del firme y las soluciones innovadoras necesarias para revitalizar el territorio.

1.- Proyectos paralizados – (El bloqueo de los Ejes Nacionales y Autonómicos).

A.- Conversión de la N-432 en Autovía A-81 – (Badajoz – Córdoba – Granada).

Constituye el mayor déficit histórico en infraestructuras del Estado en la provincia, ya que su letargo administrativo frena el desarrollo logístico del Alto Guadiato y la Campiña.

*El problema: Tramos enteros atrapados en bucles de estudios informativos, caducidades periódicas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y redacciones de proyecto inacabables.

*El impacto: Mantiene a la N-432 como un trágico punto negro de siniestralidad e impide consolidar un eje logístico transversal entre el sur de Portugal y el Corredor Mediterráneo.

B.- Parálisis de la Autovía del Olivar (A-318).

Concebida como el eje autonómico vertebrador entre Jaén, Córdoba y Sevilla, arrastra más de dos décadas de atasco administrativo.

*El problema: Solo están en servicio los 10 km entre Lucena y Cabra (inaugurados en 2009). Tramos vitales como Cabra – N-432 o la conexión Lucena – Puente Genil – Estepa siguen pendientes de actualización.

*El impacto: Soporta un elevadísimo flujo de tráfico pesado agroindustrial, disparando la siniestralidad y mermando la capacidad exportadora del sector.

C.- Autovía Córdoba – Jaén (A-306) – (El Eje olvidado).

Arteria clave entre El Carpio (A-4) y Torredonjimeno (A-316) para el tráfico agroalimentario e industrial entre ambas provincias.

*Puntos críticos: Tráfico agrícola intensivo que supera la capacidad de una vía convencional, alta siniestralidad por cruces a nivel y una clara fractura logística regional.

*El bloqueo: Inmersa en un bucle burocrático de licitaciones tradicionales, rigidez contractual y caducidad de evaluaciones ambientales.

D.- Cierre del anillo viario urbano – (La Ronda Norte de Córdoba).

Tras décadas de bloqueo en la vertebración de la capital por disputas presupuestarias y complejas expropiaciones, entre 2025 y 2026 se adjudicó e inició la Fase 1 (>30 M€). El reto crítico es evitar que eventuales hallazgos arqueológicos o sobrecostes vuelvan a dilatar los plazos.

2.- Diagnóstico del estado de conservación de la Red Viaria.

A la parálisis en la construcción de nuevos ejes autovía se suma una degradación continuada del pavimento y de los elementos de seguridad en las vías existentes, derivada de años de inversión en mantenimiento por debajo de los mínimos recomendados por los estándares técnicos internacionales (AEC).

A.- Red de Interés General del Estado (RIGE).

*N-432 (Futura A-81): Muestra un estado de conservación crítico. Presenta agotamiento estructural del firme en los tramos de montaña del Guadiato y en la travesía de la Campiña, con baches recurrentes, piel de cocodrilo y pérdida del coeficiente de rozamiento transversal, agravando el riesgo en condiciones de lluvia.

*Autovía del Sur (A-4): Aunque mantiene la capacidad, acumula roderas en el carril derecho por la elevada intensidad de vehículos pesados en el paso hacia Andalucía Occidental, requiriendo reasfaltados de emergencia periódicos que no corrigen el problema de subbase.

B.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

*Vías de gran capacidad (A-45, A-316): Presentan conservación aceptable en la capa de rodadura, si bien sufren de degradación puntual en las juntas de dilatación de viaductos y en la señalización vertical envejecida.

*Vías convencionales principales (A-306, A-318, A-339): Padecen deformaciones plásticas provocadas por el transporte masivo en campañas agrícolas (aceituna y cereal). La falta de conservación preventiva ha provocado el agrietamiento longitudinal de los arcenes y el deterioro de los elementos reflectantes de balizamiento.

C.- Red Provincial (Diputación de Córdoba – >2.500 km).

Es la categoría en estado más alarmante. Se encuentra en una situación de “obsolescencia estructural por falta de mantenimiento de ciclo de vida”:

*Pavimento de rodadura: Pérdida generalizada del árido superficial, descarnamiento acelerado, socavones y falta de adherencia neumático-calzada.

*Drenaje longitudinal y transversal: La falta de limpieza y el sobreancho vegetal han colmatado cunetas y tajeas. El agua no evacuada se infiltra bajo el firme, acelerando el colapso de la plataforma.

*Señalización y balizamiento: Inexistencia o degradación total de las marcas viales continuas/discontinuas y señalización vertical caducada o tapada por la maleza en la mayor parte de las carreteras secundarias.

3.- La Red Provincial – (Tejido capilar al borde del colapso).

La red gestionada por la Diputación de Córdoba supera los 2.500 kilómetros y su deterioro estructural trasciende la incomodidad, siendo un freno socioeconómico directo y un acelerador de la sangría demográfica rural.

<-Diagnóstico técnico:

*Agotamiento de firmes: El tráfico masivo de maquinaria agrícola y camiones pesados ha rebasado la capacidad portante del firme, causando roderas y fallos estructurales.

*Geometría obsoleta: Calzadas estrechas (<6 metros), sin arcenes ni cunetas revestidas, imposibilitando el cruce seguro de vehículos pesados.

*Drenaje y riesgo geotécnico: Sistemas de drenaje colmatados y suelos arcillosos expansivos (Campiña) que agrietan el pavimento con los ciclos de sequía y lluvia.

<-Impacto multidimensional y jurídico.

1.- Estrangulamiento agroindustrial: Aumento de costes logísticos, averías en flotas y pérdida de competitividad de las cooperativas localizadas en el primer tramo del transporte.

2.- Aislamiento social y despoblación: Aumento del tiempo de acceso a servicios sanitarios y educativos de emergencia, empujando al despoblamiento de núcleos menores.

3.- Responsabilidad Patrimonial: Riesgo indemnizatorio constante para la Administración bajo el Art. 32 de la LRJSP debido a accidentes causados por deficiencias de conservación y falta de mantenimiento del pavimento.

4.- Análisis presupuestario y desglose comarcal.

Para evitar el fenómeno de la reconstrucción tardía (donde reparar cuesta hasta 5 veces más que mantener de forma preventiva), se establecen, prudentemente, las siguientes estimaciones de inversión anual requerida:

Concepto / Mantenimiento	Coste / km	Presupuesto Total	Estado / Cobertura
Mantenimiento Rutinario (Mínimo)	3.000 € – 5.000 €	7,5 M€ – 12,5 M€	Insuficiente: Bacheo y limpieza. No frena el envejecimiento.
Estándar Integral Aceptable (AEC)	8.000 € – 12.000 €	20 M€ – 30 M€	Óptimo: Reasfaltado periódico, ensanches y seguridad.
Programa Plurianual (2024-2027)	~3.700 €	~9,25 M€ / año	Déficit: Cubre solo lo básico de la red provincial.
Inversión Extraordinaria (2026)	–	25 M€	Emergencia: Reparaciones por borrascas y refuerzos.

<-Diagnóstico específico por comarcas.

Comarca	Tipología de Tráfico	Déficit Principal	Prioridad Estratégica
Los Pedroches	Pesado ganadero y lácteo	Calzadas estrechas (<5,5 m) y firme agotado	Ensanche de plataforma y refuerzo portante
Alto Guadiato	Conexión de aldeas y orografía	Firme envejecido, socavones y filtraciones	Renovación de rodadura y estabilización de taludes
La Subbética	Agrícola de montaña y turismo	Trazados sinuosos y baja visibilidad	Corrección de curvas y firme de alta adherencia
Campiña Sur / Valle	Agrícola intensivo	Deformación por arcillas expansivas	Estabilización del subsuelo con cal/cemento

5.- Propuestas innovadoras y vías de solución.

1.- Licitación por indicadores de rendimiento (KPIs): Contratos plurianuales de concesión o conservación integral basados en estándares garantizados (tiempos de respuesta, índice de fricción) en lugar de unidades de obra ejecutadas.

2.- Digitalización e IA en el firme: Sensorización en vehículos de servicio público y auscultación inteligente para predecir fallos estructurales antes del colapso del firme.

3.- Asfaltos sostenibles y economía circular: Reciclado de firmes in situ con emulsión en frío y uso de caucho reciclado de neumáticos, mejorando la resistencia a la amplitud térmica de Córdoba.

4.- Cofinanciación Europea y red logística agro: Captación de Fondos de Cohesión y Transición Justa creando la figura de ‘Vías Logísticas Rurales’ para unificar caminos agrícolas clave y carreteras provinciales.

N.B. Imágenes. La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado).

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

(Nota. La Diputación de Córdoba, con el mayor presupuesto de su historia, solo tiene dinero para hacer crecer su propia estructura y sus gastos corrientes, subvencionar y cubrir las pérdidas de sus Empresas Públicas, dedicarse a cubrir el costo de la apertura de fosas, etc. etc.)

Córdoba, 10 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado provincial de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana

En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho es papel mojado y, queda claro, que es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta.

<<Superando el ESDD (la teoría) y en defensa del valor justicia constitucional – (art. 1.1 C. E.)>>

Se viene planteando un debate recurrente en la teoría del Estado y la filosofía del derecho, que en España ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo y solo vamos hacia lo peor, de manera, que expondremos la teoría constitucional, aunque como ya se ha dicho ha sido superada ampliamente por los abusos del poder del Gobierno actual de España:

“La contraposición entre la *legitimidad iusnaturalista del Derecho de Resistencia a la Opresión” y *la validez formal del Estado Social y Democrático de Derecho*”.

La evaluación sobre la justificación de la desobediencia o sublevación requiere distinguir estrictamente entre el marco teórico-filosófico y el marco normativo constitucional actual.

1.- El marco del iusnaturalismo ilustrado y la Declaración de 1776.

La doctrina expuesta por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los EE. UU. (remanente de las tesis de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil) fundamenta la legitimidad política en la existencia de un contrato social explícito.

Derechos inherentes e inalienables: Los individuos delegan parte de su libertad al Estado con la única condición de que este proteja su vida, libertad y propiedad/búsqueda de la felicidad.

*Carácter condicional de la autoridad: El gobierno no posee poder originario; su legitimidad de ejercicio depende estrictamente del cumplimiento de sus fines contractuales.

*El umbral de ruptura: La desobediencia no se justifica ante controversias políticas ordinarias ni actos aislados de desgobierno. Exige la concurrencia probada de tres requisitos:

1.- Agotamiento absoluto de las vías pacíficas e institucionales.

2.- Una cadena sistemática y continuada de abusos que evidencie un diseño deliberado hacia la tiranía o el despotismo.

3.- Proporcionalidad y necesidad, ante la ausencia total de un tercero neutral (tribunales o elecciones) a quien apelar.

2.- El contraste con el marco constitucional e institucional español.

En el Derecho Político contemporáneo, los Estados democráticos constitucionalizados no tipifican ni reconocen el “derecho a la sublevación” o la desobediencia generalizada como cauce legal, dado que el propio ordenamiento está diseñado para autocorregir los excesos del poder público mediante controles internos.

**Dentro del marco de la Constitución Española de 1978:

*Soberanía y legalidad (Art. 1.2 y 9.1 CE): La soberanía reside en el conjunto del pueblo español y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Mecanismos ordinarios de control: Frente a actuaciones presuntamente arbitrarias o ilegales del Ejecutivo, el sistema articula recursos ante la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

*Control político y alternancia: La exigencia de responsabilidad política se encauza a través de las Cortes Generales (mociones de censura, comisiones de investigación) y del ejercicio periódico del sufragio universal en elecciones libres.

3.- La controversia sobre la erosión de los contrapesos.

La discusión de si el Gobierno actual ha “sobrepasado” los límites institucionales sitúa el análisis en el terreno de la ciencia política y la teoría constitucional contemporánea, donde conviven dos posturas analíticas:

A.- La tesis de la erosión institucional.

Sostiene que la invasión de esferas de control neutral (nombramientos politizados en órganos constitucionales, uso abusivo de la legislación de urgencia como el Real Decreto-ley y desatención a los órganos consultivos) degrada los contrapesos formales desde dentro, de forma, que bajo este prisma, la efectividad real de los controles se reduce a una apariencia formal, vaciando de contenido las garantías ciudadanas.

B.- La tesis de la vigencia del Estado de Derecho.

Argumenta que, mientras los tribunales sigan dictando sentencias (incluso contrarias al Ejecutivo), el Parlamento mantenga la facultad de aprobar o rechazar leyes y se preserven las garantías para la celebración de elecciones con pluralismo político, el sistema democrático continúa operativo. Adicionalmente, la supervisión de las instituciones comunitarias de la Unión Europea actúa como un contrapeso supraestatal efectivo sobre la calidad del Estado de Derecho.

<<Conclusión jurídica>>

En el pensamiento político y legal contemporáneo, la desobediencia civil puede configurarse en casos puntuales como un acto público, pacífico y no violento para denunciar leyes injustas, asumiendo el desobediente las consecuencias legales de sus actos como prueba de fidelidad al sistema constitucional general.

Sin embargo, para justificar la sublevación o el desconocimiento total de la autoridad de un Gobierno bajo la doctrina clásica del Derecho de Resistencia, no basta con la percepción de un deterioro político severo o una acusada polarización institucional. Formal y teóricamente, se requeriría la constatación fehaciente del colapso del orden constitucional: Es decir, la cancelación del acceso a tribunales independientes, la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la supresión de los mecanismos electorales de alternancia.

N. B. Imagen. Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana.

(Nota. En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho expuesta es papel mojado, y, queda claro, que ya es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta en toda España.

Solo queda aumentar la presión pacífica ciudadana en todas partes, sean públicas o privadas, empezando por todas las instituciones y administraciones públicas y terminando con todas las empresas privadas, formando una desobediencia civil total al poder de un Gobierno que ya es ilegítimo.).

Córdoba, 3 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya,

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La gran mentira de la Diputación de Córdoba – (Más presupuesto – la misma angustia provincial)

Córdoba y su provincia siguen desangrándose por la misma herida de siempre:

“Un desequilibrio demográfico y socioeconómico escandaloso”.

Pobreza estructural en los barrios de la capital, despoblación sistemática en el norte, desempleo juvenil crónico, una red hídrica en la cuerda floja y un déficit de infraestructura energética que avergüenza a cualquiera.

Frente a esta catástrofe silenciosa, cabría esperar que la institución llamada a vertebrar el territorio -la Diputación Provincial de Córdoba– actuase como un verdadero motor de rescate. La realidad, sin embargo, es infinitamente más perversa.

<<La Diputación no es la solución, sino que se ha convertido en parte fundamental del problema.>>

<<La maquinaria que solo sirve para alimentarse a sí misma>>

Nos venden a bombo y platillo el presupuesto de 2026 como el más elevado de la historia. Pero que no nos engañen con fuegos artificiales:

“Más dinero no significa mejor gestión; significa simplemente una maquinaria más grande y costosa”.

(Nota. La Diputación de Córdoba ha perfeccionado un modelo autorreferencial y extractivo.)

¿A dónde van a parar esos millones récord?

No van a industrializar Los Pedroches ni a garantizar el agua potable en el Valle del Guadiato, sino que van, en una proporción escandalosa, a sostener la propia burocracia administrativa, a engordar el gasto corriente y a mantener con respiración asistida el pozo sin fondo de sus empresas públicas.

Es el círculo perfecto de la ineficiencia: “La institución recauda, liquida y gasta para sostener su propia estructura, repartiendo entre los municipios las migajas sobrantes en forma de micro-subvenciones paliativas”. Pan para hoy y hambre eterna para mañana.

<<El negocio del <-socorro-> municipal – (Endeudar al que menos tiene)>> Una de las trampas más sangrientas del actual modelo es el sistema de anticipos de recaudación a los ayuntamientos. Presentado institucionalmente como un «acto de generosidad y liquidez», en la práctica funciona como una verdadera intermediación penalizadora.

En lugar de utilizar su abultada liquidez o sus fondos propios para respaldar a los consistorios, la Diputación acude a la banca privada, *firma pólizas de crédito a tipo de mercado y *traslada la factura financiera (intereses, comisiones y estructuración) a las maltrechas arcas municipales.

***El resultado es un escarnio:

1.- El ayuntamiento le paga a la Diputación una tasa por la gestión del cobro de sus impuestos.

2.- El ayuntamiento asume los costes del endeudamiento bancario, que la Diputación suscribe para adelantarle su propio dinero.

Se financia la liquidez local exprimiendo de nuevo al municipio. La Diputación actúa como un intermediario financiero que cobra peaje dos veces.

<<El «pozo sin fondo» de las Empresas Públicas – (Premiar la ineficiencia)>>

Organismos como Emproacsa (agua) o Epremasa (residuos) no necesitan anestesia contable, ya que, lo que necesitan es reformas de calado. Sin embargo, la receta de la Diputación sigue siendo la misma de siempre:

“Subvenciones a fondo perdido para tapar agujeros operativos”.

Inyectar dinero de la caja común para enjugar déficits estructurales recurrentes es un incentivo perverso. Cuanto peor se gestiona una empresa pública, más dinero del contribuyente se le transfiere para tapar el pifostio. Y cada euro destinado a rescatar el déficit operativo de estas estructuras es un euro menos que va al Capítulo de Inversiones Reales en los pueblos de la provincia.

<<Continuismo perverso – (La renuncia política e ideológica)>>

El cambio político en el Gobierno provincial del Partido Popular llegó con promesas solemnes de regeneración: “Adelgazar la burocracia, rebajar tasas e impuestos, y aplicar un control riguroso sobre el gasto público”.

<<Todo ha saltado por los aires.>>

Para sacar adelante las cuentas de 2026, el equipo de gobierno ha preferido la vía cómoda del pacto y la cesión: “Un acuerdo con Izquierda Unida que mantiene intacto el ecosistema de gasto de la anterior corporación”. A cambio del desbloqueo presupuestario, se sigue blindando el modelo de costes de las empresas públicas sin exigir un solo plan de viabilidad, y, se financian con entusiasmo partidas de marcado corte ideológico.

En la práctica, asistimos a una paradoja sangrienta: “Un gobierno conservador ejecutando exactamente la misma política presupuestaria continuista y clientelar de la izquierda”. Ha cambiado la foto en el sillón, pero el modelo de gasto permanece intocable.

<<El Norte abandonado – (Una provincia a dos velocidades)>>

Mientras los discursos oficiales se llenan la boca con la «lucha contra la despoblación», la realidad del presupuesto condena al norte provincial a la marginalidad. Los Pedroches y el Valle del Guadiato continúan asfixiados por la falta de potencia en la red de transporte eléctrico y por la incertidumbre hídrica.

Sustituir la inversión en gran infraestructura transformadora por el reparto atomizado de ayudas temporales confirmará la condena de nuestras comarcas rurales. El norte actúa, una vez más, como el pagador neto que financia la paz social y el sostenimiento de la burocracia central asentada en la capital.

¿Qué habría que hacer mañana mismo? – (Tres medidas de ruptura).

Si existiera verdadera voluntad política de transformar la provincia y no solo de gestionar el presupuesto, la Diputación debería acometer de inmediato una reforma radical:

1.- Prohibición del rescate a fondo perdido: Exigir auditorías y planes de viabilidad estrictos a las empresas públicas. Cero transferencias directas para cubrir pérdidas de explotación.

2.- Fondo de Anticipos al 0%: La Diputación debe asumir el 100% de los costes financieros de las pólizas de crédito de recaudación utilizando sus propios fondos, liberando de comisiones e intereses a los consistorios.

3.- Blindaje inversor para el mundo rural: Destinar por norma provincial el 50% de las inversiones reales de forma exclusiva a las comarcas con severo riesgo de despoblación, priorizando la infraestructura hídrica y energética sobre cualquier tipo de gasto corriente o propagandístico.

Todo lo demás será seguir alimentando a un monstruo burocrático mientras la provincia de Córdoba languidece.

N.B. Imágenes. Córdoba – (Sigue sin resolverse su desequilibrio demográfico y socioeconómico).

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Córdoba, 12 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.