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Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana

En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho es papel mojado y, queda claro, que es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta.

<<Superando el ESDD (la teoría) y en defensa del valor justicia constitucional – (art. 1.1 C. E.)>>

Se viene planteando un debate recurrente en la teoría del Estado y la filosofía del derecho, que en España ya se ha sobrepasado hace mucho tiempo y solo vamos hacia lo peor, de manera, que expondremos la teoría constitucional, aunque como ya se ha dicho ha sido superada ampliamente por los abusos del poder del Gobierno actual de España:

“La contraposición entre la *legitimidad iusnaturalista del Derecho de Resistencia a la Opresión” y *la validez formal del Estado Social y Democrático de Derecho*”.

La evaluación sobre la justificación de la desobediencia o sublevación requiere distinguir estrictamente entre el marco teórico-filosófico y el marco normativo constitucional actual.

1.- El marco del iusnaturalismo ilustrado y la Declaración de 1776.

La doctrina expuesta por Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia de los EE. UU. (remanente de las tesis de John Locke en su Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil) fundamenta la legitimidad política en la existencia de un contrato social explícito.

Derechos inherentes e inalienables: Los individuos delegan parte de su libertad al Estado con la única condición de que este proteja su vida, libertad y propiedad/búsqueda de la felicidad.

*Carácter condicional de la autoridad: El gobierno no posee poder originario; su legitimidad de ejercicio depende estrictamente del cumplimiento de sus fines contractuales.

*El umbral de ruptura: La desobediencia no se justifica ante controversias políticas ordinarias ni actos aislados de desgobierno. Exige la concurrencia probada de tres requisitos:

1.- Agotamiento absoluto de las vías pacíficas e institucionales.

2.- Una cadena sistemática y continuada de abusos que evidencie un diseño deliberado hacia la tiranía o el despotismo.

3.- Proporcionalidad y necesidad, ante la ausencia total de un tercero neutral (tribunales o elecciones) a quien apelar.

2.- El contraste con el marco constitucional e institucional español.

En el Derecho Político contemporáneo, los Estados democráticos constitucionalizados no tipifican ni reconocen el “derecho a la sublevación” o la desobediencia generalizada como cauce legal, dado que el propio ordenamiento está diseñado para autocorregir los excesos del poder público mediante controles internos.

**Dentro del marco de la Constitución Española de 1978:

*Soberanía y legalidad (Art. 1.2 y 9.1 CE): La soberanía reside en el conjunto del pueblo español y todos los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Mecanismos ordinarios de control: Frente a actuaciones presuntamente arbitrarias o ilegales del Ejecutivo, el sistema articula recursos ante la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y, en última instancia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

*Control político y alternancia: La exigencia de responsabilidad política se encauza a través de las Cortes Generales (mociones de censura, comisiones de investigación) y del ejercicio periódico del sufragio universal en elecciones libres.

3.- La controversia sobre la erosión de los contrapesos.

La discusión de si el Gobierno actual ha “sobrepasado” los límites institucionales sitúa el análisis en el terreno de la ciencia política y la teoría constitucional contemporánea, donde conviven dos posturas analíticas:

A.- La tesis de la erosión institucional.

Sostiene que la invasión de esferas de control neutral (nombramientos politizados en órganos constitucionales, uso abusivo de la legislación de urgencia como el Real Decreto-ley y desatención a los órganos consultivos) degrada los contrapesos formales desde dentro, de forma, que bajo este prisma, la efectividad real de los controles se reduce a una apariencia formal, vaciando de contenido las garantías ciudadanas.

B.- La tesis de la vigencia del Estado de Derecho.

Argumenta que, mientras los tribunales sigan dictando sentencias (incluso contrarias al Ejecutivo), el Parlamento mantenga la facultad de aprobar o rechazar leyes y se preserven las garantías para la celebración de elecciones con pluralismo político, el sistema democrático continúa operativo. Adicionalmente, la supervisión de las instituciones comunitarias de la Unión Europea actúa como un contrapeso supraestatal efectivo sobre la calidad del Estado de Derecho.

<<Conclusión jurídica>>

En el pensamiento político y legal contemporáneo, la desobediencia civil puede configurarse en casos puntuales como un acto público, pacífico y no violento para denunciar leyes injustas, asumiendo el desobediente las consecuencias legales de sus actos como prueba de fidelidad al sistema constitucional general.

Sin embargo, para justificar la sublevación o el desconocimiento total de la autoridad de un Gobierno bajo la doctrina clásica del Derecho de Resistencia, no basta con la percepción de un deterioro político severo o una acusada polarización institucional. Formal y teóricamente, se requeriría la constatación fehaciente del colapso del orden constitucional: Es decir, la cancelación del acceso a tribunales independientes, la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la supresión de los mecanismos electorales de alternancia.

N. B. Imagen. Sublevación contra el poder – España sin contrapesos – Legitimidad de la rebelión ciudadana.

(Nota. En España el Gobierno Central ha derribado todos los contrapesos hacia su poder, sobrepasando todos los límites legales, como demuestra su apuesta absoluta con Marruecos frente a la mayoría de ciudadanos españoles, de manera, que toda la teoría constitucional sobre la validez del Estado Social y Democrático de Derecho expuesta es papel mojado, y, queda claro, que ya es legítima la sublevación pacífica ciudadana, tal y como, ocurrió ayer en la defensa de Ceuta en toda España.

Solo queda aumentar la presión pacífica ciudadana en todas partes, sean públicas o privadas, empezando por todas las instituciones y administraciones públicas y terminando con todas las empresas privadas, formando una desobediencia civil total al poder de un Gobierno que ya es ilegítimo.).

Córdoba, 3 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya,

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La gran mentira de la Diputación de Córdoba – (Más presupuesto – la misma angustia provincial)

Córdoba y su provincia siguen desangrándose por la misma herida de siempre:

“Un desequilibrio demográfico y socioeconómico escandaloso”.

Pobreza estructural en los barrios de la capital, despoblación sistemática en el norte, desempleo juvenil crónico, una red hídrica en la cuerda floja y un déficit de infraestructura energética que avergüenza a cualquiera.

Frente a esta catástrofe silenciosa, cabría esperar que la institución llamada a vertebrar el territorio -la Diputación Provincial de Córdoba– actuase como un verdadero motor de rescate. La realidad, sin embargo, es infinitamente más perversa.

<<La Diputación no es la solución, sino que se ha convertido en parte fundamental del problema.>>

<<La maquinaria que solo sirve para alimentarse a sí misma>>

Nos venden a bombo y platillo el presupuesto de 2026 como el más elevado de la historia. Pero que no nos engañen con fuegos artificiales:

“Más dinero no significa mejor gestión; significa simplemente una maquinaria más grande y costosa”.

(Nota. La Diputación de Córdoba ha perfeccionado un modelo autorreferencial y extractivo.)

¿A dónde van a parar esos millones récord?

No van a industrializar Los Pedroches ni a garantizar el agua potable en el Valle del Guadiato, sino que van, en una proporción escandalosa, a sostener la propia burocracia administrativa, a engordar el gasto corriente y a mantener con respiración asistida el pozo sin fondo de sus empresas públicas.

Es el círculo perfecto de la ineficiencia: “La institución recauda, liquida y gasta para sostener su propia estructura, repartiendo entre los municipios las migajas sobrantes en forma de micro-subvenciones paliativas”. Pan para hoy y hambre eterna para mañana.

<<El negocio del <-socorro-> municipal – (Endeudar al que menos tiene)>> Una de las trampas más sangrientas del actual modelo es el sistema de anticipos de recaudación a los ayuntamientos. Presentado institucionalmente como un «acto de generosidad y liquidez», en la práctica funciona como una verdadera intermediación penalizadora.

En lugar de utilizar su abultada liquidez o sus fondos propios para respaldar a los consistorios, la Diputación acude a la banca privada, *firma pólizas de crédito a tipo de mercado y *traslada la factura financiera (intereses, comisiones y estructuración) a las maltrechas arcas municipales.

***El resultado es un escarnio:

1.- El ayuntamiento le paga a la Diputación una tasa por la gestión del cobro de sus impuestos.

2.- El ayuntamiento asume los costes del endeudamiento bancario, que la Diputación suscribe para adelantarle su propio dinero.

Se financia la liquidez local exprimiendo de nuevo al municipio. La Diputación actúa como un intermediario financiero que cobra peaje dos veces.

<<El «pozo sin fondo» de las Empresas Públicas – (Premiar la ineficiencia)>>

Organismos como Emproacsa (agua) o Epremasa (residuos) no necesitan anestesia contable, ya que, lo que necesitan es reformas de calado. Sin embargo, la receta de la Diputación sigue siendo la misma de siempre:

“Subvenciones a fondo perdido para tapar agujeros operativos”.

Inyectar dinero de la caja común para enjugar déficits estructurales recurrentes es un incentivo perverso. Cuanto peor se gestiona una empresa pública, más dinero del contribuyente se le transfiere para tapar el pifostio. Y cada euro destinado a rescatar el déficit operativo de estas estructuras es un euro menos que va al Capítulo de Inversiones Reales en los pueblos de la provincia.

<<Continuismo perverso – (La renuncia política e ideológica)>>

El cambio político en el Gobierno provincial del Partido Popular llegó con promesas solemnes de regeneración: “Adelgazar la burocracia, rebajar tasas e impuestos, y aplicar un control riguroso sobre el gasto público”.

<<Todo ha saltado por los aires.>>

Para sacar adelante las cuentas de 2026, el equipo de gobierno ha preferido la vía cómoda del pacto y la cesión: “Un acuerdo con Izquierda Unida que mantiene intacto el ecosistema de gasto de la anterior corporación”. A cambio del desbloqueo presupuestario, se sigue blindando el modelo de costes de las empresas públicas sin exigir un solo plan de viabilidad, y, se financian con entusiasmo partidas de marcado corte ideológico.

En la práctica, asistimos a una paradoja sangrienta: “Un gobierno conservador ejecutando exactamente la misma política presupuestaria continuista y clientelar de la izquierda”. Ha cambiado la foto en el sillón, pero el modelo de gasto permanece intocable.

<<El Norte abandonado – (Una provincia a dos velocidades)>>

Mientras los discursos oficiales se llenan la boca con la «lucha contra la despoblación», la realidad del presupuesto condena al norte provincial a la marginalidad. Los Pedroches y el Valle del Guadiato continúan asfixiados por la falta de potencia en la red de transporte eléctrico y por la incertidumbre hídrica.

Sustituir la inversión en gran infraestructura transformadora por el reparto atomizado de ayudas temporales confirmará la condena de nuestras comarcas rurales. El norte actúa, una vez más, como el pagador neto que financia la paz social y el sostenimiento de la burocracia central asentada en la capital.

¿Qué habría que hacer mañana mismo? – (Tres medidas de ruptura).

Si existiera verdadera voluntad política de transformar la provincia y no solo de gestionar el presupuesto, la Diputación debería acometer de inmediato una reforma radical:

1.- Prohibición del rescate a fondo perdido: Exigir auditorías y planes de viabilidad estrictos a las empresas públicas. Cero transferencias directas para cubrir pérdidas de explotación.

2.- Fondo de Anticipos al 0%: La Diputación debe asumir el 100% de los costes financieros de las pólizas de crédito de recaudación utilizando sus propios fondos, liberando de comisiones e intereses a los consistorios.

3.- Blindaje inversor para el mundo rural: Destinar por norma provincial el 50% de las inversiones reales de forma exclusiva a las comarcas con severo riesgo de despoblación, priorizando la infraestructura hídrica y energética sobre cualquier tipo de gasto corriente o propagandístico.

Todo lo demás será seguir alimentando a un monstruo burocrático mientras la provincia de Córdoba languidece.

N.B. Imágenes. Córdoba – (Sigue sin resolverse su desequilibrio demográfico y socioeconómico).

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

3ª. Imagen.

Córdoba, 12 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Nunca acabar – Un cuento injusto – (Agua Prohibida)

Estamos donde siempre, pero peor: “sin agua, con calor y prohibido bañarse”; porque ahora ni siquiera importamos. Es un hecho más que probado, que los partidos políticos no gobiernan para los andaluces ni para los cordobeses, ya que, su nuevo deporte nacional *es no llegar a acuerdos y *amenazarnos con elecciones anticipadas, como quien blande un cuchillo en la plaza pública llenando de temor a los que por allí transitan.

<<Un muro contra la gente>>

Llega el verano de 2026 y con él regresa la misma imagen que ya no produce tristeza, sino rabia pura. La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha vuelto a decretar la prohibición total del baño en el embalse de La Colada, en El Viso.

Lo que iba a ser el gran pulmón turístico y recreativo del norte de Córdoba se ha convertido en un chiste cruel y en una injusticia territorial descarada.

1.- Una imagen que duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño” y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Las analíticas de inicio de temporada han detectado niveles de cianobacterias muy por encima de los límites de la OMS.

Estas “algas verde-azules” no son simples plantas, ya que, bajo ciertas condiciones liberan cianotoxinas capaces de provocar alergias graves, irritaciones, vómitos, daños hepáticos e incluso problemas neurológicos. Por eso la prohibición es absoluta: ni baño, ni deporte, ni siquiera meter los pies sin riesgo.

2.- No es mala suerte. Es una fosa séptica con nombre propio

Las cianobacterias no brotan de la nada. Necesitan comida. Y la comarca se la lleva sirviendo desde hace más de una década:

<-Eutrofización crónica: fósforo y nitratos a espuertas.

<-Purines sin control: Los Pedroches es potencia ganadera, pero los arrastres de fertilizantes y estiércol van directos a los ríos Guadarramilla y Guadamatilla.

<-Depuración insuficiente: La EDAR de Pozoblanco lleva años desbordada y su ampliación prometida para finales de 2026 llega tarde, como siempre.

Administraciones de todos los colores han fallado. Han puesto el desarrollo económico por delante del derecho más básico: “Agua limpia”.

3.- Una cronología que avergüenza.

2013: Primeras alertas técnicas. Propusieron desviar el Guadarramilla. El informe se quedó en un cajón.
2024: Verano negro. Prohibición total + 80.000 vecinos abastecidos con cisternas.
2025: Apertura fantasma de unas semanas.
2026: Otra vez prohibido. Tercer verano consecutivo robado.

Esto ya no es un incidente. Es abandono estructural.

(Nota. La Diputación de Córdoba está demostrando, que es más fácil abrir fosas que proporcional agua limpia a los habitantes cordobeses de la Zona Norte (todo ello, bajo el silencio ominoso de la Junta de Andalucía), que ahora no pueden ni bañarse en La Colada. Es cierto, que la CHG está poniendo obstáculos de todo tipo y color para que nada avance y todo se convierta en una fosa séptica en La Colada. Aunque, también, es cierto que la depuración de las aguas de La Colada es posible y realizable con medios propios de la Junta de Andalucía y de la Diputación P. de Córdoba. Mientras es una verdad manifiesta, que se están subvencionando a fondo perdido vía I. U. y Presupuestos las Empresas Públicas (Emproacsa y Epremasa), habilitando fondos provinciales para la memoria histórica provincial y para la apertura de fosas, y, sin embargo, La Colada es un foco de suciedad en el que la Junta de Andalucía ha prohibido bañarse, mientras los abrazos perdidos con el Director General del Medio Ambiente y con la Dirección de la CHG son fotos perdidas en una historia de injusticia.)

4.- Lo que se debería hacer YA – (y no se hace).

No vale con poner un cartel cada junio. Existen soluciones probadas:

**Frente técnico de choque:

*Boyas de ultrasonidos que revientan las burbujas de gas de las bacterias.

*Inyección de oxígeno en profundidad para romper la estratificación.

*Fijadores de fósforo (lantano) que lo secuestran en el fondo.

**Frente de infraestructuras:Ampliación inmediata de la EDAR de Pozoblanco y plantas de tratamiento de purines (biogás + compostaje) para la ganadería.

**Frente institucional: Coordinación real entre Confederación Hidrográfica del Guadiana (Gobierno Central), Junta de Andalucía y Ayuntamientos, de manera, que basta de echarse la culpa unos a otros mientras el agua se pudre.

5.- Rebelión social . (Las armas de la gente).

Cuando la política se convierte en un circo de ineficacias, la sociedad civil tiene que entrar en escena:

Vía judicial: Denuncias por delito ambiental (art. 325 CP) y reclamaciones de responsabilidad patrimonial por lucro cesante (hostelería, turismo, ganaderos).
Vía europea: Quejas formales a Bruselas por incumplimiento de la Directiva Marco del Agua y la Directiva de Nitratos. Que se jueguen los fondos Next Generation.
Vía social: Una sola voz. Plataformas Unidas por el Agua deben crecer. Movilizaciones visibles que duelan en la imagen de “Los Pedroches”.
Vía institucional: Inundar al Defensor del Pueblo Andaluz y al Defensor del Pueblo Nacional con quejas coordinadas.

<<Conclusión – El coste real de la inacción>>

Hay una regla cruel en política: “Mientras el coste electoral de no hacer nada sea cero, la inversión también será cero.”

Es un hecho evidente, que las depuradoras no dan fotos de inauguración bonitas, hacen su trabajo silente y bajo tierra. Sus beneficios tardan años. Por eso se posponen por todos los políticos.

La única forma de cambiar esta ecuación es hacer que dejar morir La Colada les cueste más votos que arreglarla.

El agua limpia no es un lujo sino un derecho fundamental. Es una línea roja electoral. Hasta que los despachos de Córdoba, Sevilla y Madrid lo entiendan, solo nos queda la presión sostenida, la fiscalización técnica y la batalla jurídica.

Porque esto ya no es solo un embalse. Es la dignidad de todo un territorio.

N. B. Imagen. Duele. Agua verde. Natas tóxicas flotando como una costra. Carteles de “prohibido el baño”. Y al fondo, un paisaje que debería ser paraíso y hoy parece una herida abierta.

Córdoba, 10 de junio de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Agua va – La Colada – (Un laberinto dañino para los cordobeses)

Una noticia muy mala para Córdoba, concretamente, la Confederación del Guadiana ha hecho oficial en el BOE su rechazo a la conexión de La Colada. Los siguientes pasos serán según el Presidente de la Diputación de Córdoba el recurso de reposición y, si este no prospera, un contencioso-administrativo, aunque quizás fuera mejor que el Presidente Fuentes se aliara públicamente con el PSOE, tal como ha hecho con I. U. en los Presupuestos, ya que, hacer políticas socialistas es lo que prefiere el Presidente de la Diputación, que, además, a nadie de su partido P.P. le parece mal.

La situación hídrica y administrativa en el Norte de Córdoba ha alcanzado un punto de no retorno tras la reciente publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), así que, se presenta un análisis detallado sobre la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la respuesta jurídica suicida de la Diputación y el alambre político tortuoso en el que se mueve el P. P. Provincial.

1.- Un conflicto político-administrativo – (El “No” de la CHG).

El 31 de marzo de 2026, la CHG formalizó la denegación de la concesión administrativa solicitada por la Diputación de Córdoba para el aprovechamiento de aguas del embalse de La Colada.

<-El motivo técnico: “Según la resolución, la Diputación no aceptó las condiciones impuestas por el organismo de la cuenca” (art. 116 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico).

<-La postura de la Diputación: Salvador Fuentes sostiene que las condiciones de la CHG eran “unilaterales, inejecutables y de imposible cumplimiento” en los plazos otorgados, añadiendo que aceptar esas condiciones habría supuesto renunciar de facto a un suministro de calidad para los 80.000 vecinos de Los Pedroches y el Guadiato.

<-La consecuencia: Los habitantes de la Zona Norte sin agua estable.

2.- Estrategia jurídica – (Vía administrativa vs. judicial).

Ante el agotamiento de la vía administrativa ordinaria, la hoja de ruta legal de la Institución Provincial es clara:

1.- Recurso de reposición: Es el paso inmediato (plazo de un mes desde la notificación).

Se interpone ante la propia CHG.

**Fuentes busca alegar nulidad del procedimiento por:

*Incompetencia: Cuestiona que la CHG resuelva sobre asuntos que afectan a la cuenca del Guadalquivir.

*Indefensión: Alega falta de respuesta a informes técnicos y alegaciones previas.

2.- Recurso contencioso-administrativo: Si el de reposición es desestimado (lo habitual en estos casos de fuerte calado político), se acudirá a los tribunales (plazo de dos meses). Esta vía podría dilatar la solución definitiva durante años, lo cual es crítico dada la urgencia del abastecimiento.

3.- El contexto político – (Un “giro al centro” o necesidad).

La observación sobre el estilo de gobierno de Salvador Fuentes y su relación con la izquierda es uno de los puntos más comentados en la política cordobesa actual.

<<El Pacto con IU en los Presupuestos 2026>>

Recientemente, la Diputación aprobó un presupuesto récord de 385 millones de euros (522 millones consolidado) con la abstención de IU, mientras que el PSOE y Vox votaron en contra.

<-Contenido: Las cuentas provinciales aprobadas hacen realidad los desatinos de una izquierda radical con los votos de la derecha, lo que implica, según sectores mayoritarios del centro-derecha cordobés, calificar la gestión de Fuentes muy alejada de la política tradicional y prometida del PP.

<-Pragmatismo: Fuentes prefiere una “paz social” de ideología radical de izquierdas (memoria democrática, empresas públicas reinosas, y, otras políticas de corte comunista) al cumplimiento de los principios prometidos del P. P.

<<Una alianza con el PSOE>>

La posibilidad de una alianza con el PSOE para desbloquear el tema del agua choca con un muro institucional agrandado con las elecciones andaluzas, salvo las concesiones sin par que el Presiente Fuentes siempre está dispuesto a dar para vivir tranquilo, y, a las ideas del P. P. prometidas que le den.

<-El PSOE y el Gobierno Central: La CHG depende del Ministerio para la Transición Ecológica (Gobierno de España, PSOE) y, por ahora, el PSOE cordobés está de elecciones todo el día.

<-Lo que hay: Mientras que con IU ha encontrado un terreno común en la inversión local, en el tema del agua la brecha es total, porque el PSOE es la Confederación, y, critica la gestión técnica de la Diputación y la Junta de Andalucía.

<<Conclusión>>

El Gobierno Provincial del Presidente Fuentes se encuentra atascado y en un ridículo público de proporciones bíblicas, ya que, parecía que había logrado una estabilidad inmediata con su pacto con la izquierda (IU), aunque en el tema del agua solo puede hacer una “guerra de recursos” contra el Estado, que sin duda perderá.

La paradoja es que, para garantizar el agua en el Norte, el Presidente del P. P. Fuentes necesita negociar con el Gobierno Central, cosa que su propio partido a nivel nacional y el PSOE a nivel local no parecen dispuestos a facilitar, así que, los cordobeses siguen sin agua y el P.P. provincial en un ridículo grandioso, porque más negado no se puede ser en un momento de elecciones.

El problema está en que el Presidente Fuentes, ya no tiene nada que dar, salvo entregarse con armas y bagajes a las políticas de izquierda, aunque no hay que fiarse, pues ya ha demostrado, que es capaz de todo con tal de seguir en el sillón sin sobresaltos y que a sus votantes que Dios les ampare.

Lo expuesto con toda crudeza es el clásico problema fallido del pragmatismo negativo frente a la ideología propia, y, en el caso de Salvador Fuentes, esa frontera parece haberse vuelto especialmente perversa, ya que, lo que él llama “centralidad” o “capacidad de pacto”, incluso para sus votantes más convencidos se siente, *como una entrega de armas y bagajes a cambio de una legislatura tranquila al él y para el P. P. y *de la nada para ellos.

Las claves que refuerzan esa sensación de “huida hacia adelante” de un Presidente sin principios, se pueden resumir, así: :

1.- La confirmación oficial del BOE (13 de abril de 2026).

Efectivamente, ese día se publicó en el BOE (Anuncio 11326) la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, siendo, por tanto, la denegación firme, lo que deja a la Diputación en una posición de debilidad judicial: “Ahora todo depende de que un juez le dé la razón al P. P. Provincial en el contencioso-administrativo, un proceso que puede durar años, mientras los grifos del norte siguen sin agua”.

2.- IU y el Presupuesto.

El hecho de que Fuentes y su Gobierno hayan sacado adelante las cuentas con la abstención de IU (mientras el PSOE y Vox votaron en contra) es la realidad de un giro autodestructivo:

<-La lectura de Fuentes: “Soy el hombre del consenso que antepone Córdoba a las siglas”.

<-La lectura crítica (los votantes del P. P.): “Ha intentado comprado la paz social aplicando recetas de la izquierda para evitar un conflicto cuando en realidad no ha solucionado nada, pues el conflicto enorme sigue donde estaba“.

Lo único cierto, es que gestionar una Diputación con políticas que parecen heredadas del mandato anterior de la izquierda desdibuja el perfil del PP y ha dejado abandonado a su electorado que esperaba un cambio de rumbo real en la Diputación, no una “gestión continuista y amable” de lo que ya había.

3.- El silencio del partido.

En política, cuando nadie en el propio partido critica un giro tan evidente hacia las tesis del rival, suele ser por dos razones: *o hay una orden directa de “moderación” desde Sevilla/Madrid para captar voto de centro, *o simplemente la estructura provincial prefiere la comodidad del sillón a la batalla ideológica.

Al final, la jugada de Fuentes ha sido un tiro en los pies, porque, si lo del agua no se arregla y no llega de forma estable a los vecinos, su pactismo con IU será visto como lo que es un desastre dañino para el P. P., pues *se centró tanto en “caer bien” a la oposición que se olvidó de resolver los problemas reales y a sus propios votantes*.

El sentido de Estado provincial es, sin duda, una política socialista de gestión.

N. B. Votar P.P. en Córdoba es votar políticas de izquierdas con los votos de la derecha, es decir, memoria, democrática, apertura de fosas, mantener empresas públicas en pérdidas con subidas de tasas desproporcionadas, y, así, un largo etc. de políticas de izquierda radical.

El P. P. Provincial ha realizado una regularización masiva de sus principios a la inversa.

Córdoba, 17 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Administración Elefantiásica – (Córdoba y la urgencia de una catarsis)

La administración pública en Andalucía no es solo una estructura de servicios, sino que es un ecosistema sobredimensionado que se despliega en tres niveles: *la Junta (autonómico), *las Diputaciones (provincial) y *los Ayuntamientos (municipal). Así mismo, bajo esta superficie late un entramado de más de 1.500 organismos (agencias, consorcios y empresas públicas) que funcionan como el “brazo ejecutor” del poder político, a menudo con una autonomía que escapa al control ciudadano.

En Córdoba, esta fragmentación no solo complica la gestión, sino que ha generado una duplicidad de “entes instrumentales” que amenazan la sostenibilidad del sistema.

1.- La Pinza Administrativa (Ayuntamiento y Diputación de Córdoba).

Si el sector instrumental nació para dotar de agilidad a la administración, los datos sugieren que se ha convertido en un refugio de gasto improductivo.

A.- El Gigante Municipal – (Ayuntamiento de Córdoba).

El Presupuesto 2026 arroja cifras récord: 595 millones de euros de gasto consolidado.

*Gasto en personal: 261,5 millones €.

*Sector Instrumental: Se absorben 128,26 millones eur. solo en sueldos (SADECO, AUCORSA, EMACSA, etc.).

*Casi el 80,7 % del presupuesto se destina a mantener la maquinaria (Capítulos I y II).

Son 1,3 millones de euros al día antes de poner un solo ladrillo o mejorar un servicio real.

B.- El Agujero de la Diputación – (EMPROACSA y EPREMASA).

Es aquí donde la gestión entra en una fase crítica, ya que, mientras el ciudadano sufre “tasazos” en servicios básicos, la Diputación de Córdoba inyecta capital público de forma masiva en empresas ruinosas y financieramente comprometidas:

*EMPROACSA (Agua) y EPREMASA (Residuos): Se han convertido en ejemplos de manual de empresas ruinosas que sobreviven gracias a transferencias recurrentes de fondos públicos.

*La paradoja del servicio: Se suben las tasas sin medida ni control, pero ese incremento no se traduce en reinversión o mejora de infraestructuras, sino en tapar el déficit estructural de una gestión politizada.

Lo último del Gobierno de la Diputación del P.P., por contrario a sus votantes ha sido aprobar un Presupuesto récord, con la abstención de I.U., pero dándole lo que nunca sus votantes le darían y lo que nunca han ganado: “Memoria Histórica, Empresas Públicas en pérdidas continuas y cualquier otra cosa de las izquierda radical”; así, que a votar al P.P.

(Nota. Ni una sola palabra en contra de la Dirección Provincial del P. P., ni del Ayuntamiento, ni los Diputados andaluces, ni de los Diputados o Senadores, etc., de forma, que hay un silencio escandaloso ante un disparate ideológico contra sus propios votantes.)

2.- La Brecha – (Legalidad vs. Utilidad).

En España hemos perfeccionado la fiscalización para evitar que el dinero “se robe”, pero hemos ignorado por completo si el dinero “se gasta bien”.

<-El vicio del crecimiento vegetativo: Las administraciones tienden a crecer solas, y, además, si un ente instrumental fracasa, no quiebra, simplemente pide más presupuesto y se lo dan, de forma, que se crean estructuras de “dirección política” paralelas a los técnicos de carrera, duplicando costes y diluyendo responsabilidades.

<-Una propuesta: Es imperativo implantar auditorías de desempeño obligatorias, ya que, no basta con el visto bueno del interventor sobre la legalidad del gasto, sino que es necesario evaluar el cumplimiento de objetivos.

Si un ente es incapaz de ser eficiente, la solución no es subir la tasa al vecino, sino su disolución o absorción.

3.- Dopaje y Productividad.

Desde la perspectiva económica, el crecimiento de nuestra región está distorsionado. Si aplicamos la lógica de la función de producción de Cobb-Douglas, observamos que el aumento de empleo público y capital no se traduce en un aumento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

Estamos financiando gastos fijos e irreversibles (sueldos, pensiones, IMV) con ingresos coyunturales o inflacionarios, razón por la que este exceso de gasto público genera un efecto de expulsión (crowding out) sobre la inversión privada, de forma, que el capital y el talento que deberían estar creando riqueza real terminan absorbidos por la “máquina” administrativa.

4.- La Raíz – (Gestión vs. Partitocracia).

El problema es de incentivos, porque hemos pasado de políticos con una trayectoria profesional previa a “profesionales de partido” cuyo Plan B no existe fuera de las siglas.

La lealtad en las listas cerradas no es hacia el votante de Córdoba, sino hacia el líder que firma la lista.

**La solución estructural es clara: <-Listas Abiertas->.

1.- Lealtad horizontal: El político responde ante el ciudadano.

2.- Competencia real: Se incentiva la capacidad de gestión sobre la obediencia al aparato.

3.- Voto de castigo selectivo: Se puede purgar al gestor ineficiente sin necesidad de castigar a todo el partido.

<<Conclusión – (Hacia la catarsis estructural).

Un derecho sin una administración eficiente es una entelequia. La supervivencia de nuestras libertades y de nuestro bienestar depende de que la máquina pública deje de ser un fin en sí mismo para volver a ser un medio.

La historia nos enseña que estas reformas rara vez vienen “desde dentro”, sino que, suelen llegar por la quiebra de sostenibilidad o la presión de los mercados. Cuando ese muro caiga, el colapso de las estructuras clientelares debe ser el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

N. B. Imagen – Entes Públicos – Democracia de ciudadanos.

El colapso del “aparato” y la fragmentación de las estructuras clientelares serán el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

Hacia una Auditoría de Desempeño Obligatoria.

Córdoba, 10 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba | Inspector de Trabajo y Seguridad Social.