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Menores migrantes en Andalucía – (El nudo gordiano institucional y la vía de la externalización)

La gestión de los menores extranjeros no acompañados (algunas veces referidos bajo las siglas MENA) procedentes de las costas andaluzas y de la Ciudad Autónoma de Ceuta sitúa a la Junta de Andalucía en una encrucijada sin precedentes. El problema ha superado la mera gestión asistencial para convertirse en una crisis institucional, presupuestaria y constitucional de primera magnitud, que pone a prueba la arquitectura del Estado de las Autonomías y los pilares del Espacio Schengen.

1.- El conflicto autonómico y el marco legal.

**El Gobierno regional andaluz afronta una doble tensión:

*Tensión política interna: El Pacto de Gobernabilidad (PP-Vox) firmado en julio de 2026 aboga por rechazar el reparto interautonómico impulsado por el Gobierno central, priorizando los planes de retorno a los países de origen. Sin embargo, la Presidencia de la Junta –aun advirtiendo sobre el riesgo de un «efecto llamada»– reitera su compromiso con la legalidad vigente y con los convenios bilaterales previos firmados con Ceuta en 2024 para el traslado de tutela.

*Imperativo legal y fiscal: La Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y el Estatuto de Autonomía atribuyen a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en la tutela de menores desamparados en su territorio. Tanto la Fiscalía General como el Ministerio de Juventud e Infancia recuerdan que esta obligación es indisponible, mientras que las ONGs advierten sobre la saturación de los centros de acogida en la costa andaluza (Algeciras, Almería, Granada y Cádiz).

2.- La vía de solución – (Tramitación extraordinaria en origen o terceros países).

Ante la ineficacia de las fórmulas tradicionales y el riesgo de colapso de los servicios públicos de bienestar, la respuesta más solvente y jurídicamente _articulada pasa por un cambio de perspectiva:

“La tramitación extraordinaria fuera del territorio peninsular”.

<-Ejes del modelo.

1.- Centros de tramitación en terceros países: Establecer instalaciones de acogida y evaluación administrativa en países de tránsito o de origen mediante convenios bilaterales, garantizando que el análisis de la tutela o solicitud no implique la entrada automática al espacio Schengen.

2.- Priorización de la restitución familiar y repatriación: Ejecutar el retorno directo de los menores con sus familias en sus países de procedencia como medida prioritaria de protección, supeditando las relaciones diplomáticas y la ayuda al desarrollo a la cooperación efectiva en la readmisión.

3.- Hoja de ruta institucional para Andalucía.

Dado que las competencias en extranjería, fronteras y relaciones internacionales corresponden en exclusiva al Estado (art. 149.1.2ª y 3ª CE), Andalucía debe liderar este cambio mediante la iniciativa y la presión institucional:

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│ ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA │

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│ Iniciativa │ │ Exigencia │ │ Condición │

│ Legislativa │ │ Diplomática │ │ Presupuestal │

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Reformar la Ley Activar convenios Exigir carácter

de Protección del bilaterales con transitorio de los

Menor ante las Marruecos para centros andaluces y

Cortes Generales retornos seguros financiación 100%

1.- Iniciativa legislativa autonómica: Presentación de una Proposición de Ley autonómica ante el Congreso de los Diputados para reformar la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor y la Ley de Extranjería, situando la repatriación y reagrupación familiar en origen como el principio rector prioritario.

2.- Exigencia de acuerdos bilaterales: Reclamar la activación inmediata de los acuerdos internacionales vigentes (como el convenio de reactivación de retornos con Marruecos) y alinearse con el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la UE.

3.- Litigación institucional y condicionado financiero: Plantear conflictos de competencias ante el Tribunal Constitucional si se imponen repartos obligatorios sin la correspondiente asignación presupuestaria estatal completa, exigiendo que los recursos en suelo andaluz tengan un carácter estrictamente temporal de tránsito.

<<Conclusión>>

El sostenimiento del modelo de bienestar y la seguridad jurídica en Andalucía dependen de trascender el parcheo presupuestario. La firmeza institucional, canalizada a través de iniciativas legislativas valientes ante el Estado y la UE, constituye la única vía realista para conciliar el respeto al Derecho con la sostenibilidad de nuestros recursos públicos.

N. B. Imagen. (Menores migrantes en Andalucía).

(Nota. El Puente Institucional y Diplomático: Representa la vía de la externalización y los convenios bilaterales uniendo las dos orillas del Mediterráneo (Andalucía y el Norte de África) a través de la cooperación, la legalidad y el acuerdo institucional.).

Córdoba, 22 de agosto de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.

Basura neumática II – Una estrategia (Abuso e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

A la vista de mi artículo del otro día, los lectores me recriminan, que no explique que es “la estrategia jurídica del Ayuntamiento”, así que para empezar les diré, que no tengo ni idea, pero me malicio (espero que no), que consistirá en echar sobre los ciudadanos afectados (que reclaman indignados que les devuelvan todos su gastos neumático), todo su equipo jurídico que pagamos todos los cordobeses con el fin de amendrentarlos para que desistan de sus justas reclamaciones.

En este asunto la primera estrategia del Ayuntamiento debería ser señalar a los responsables, sean quienes sean, cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aquí vale cualquier cosa, menos sentarse a hablar y conseguir un acuerdo justo y razonable para todos, pues no solo han perdido los afectados directos, sino que todos los cordobeses capitalinos hemos perdido algo y mucho más con una operación pública, que ha resultado un desastre económico y social del que nadie responderá ni reconocerá el desaguisado.

Este asunto neumático es como el caso del tranvía de Jaén que nunca ha funcionado, donde el dinero público se ha dilapidado y donde nadie responde ni reconoce el mínimo error, y, por supuesto, de reintegrar el dinero público gastado al compas de un error, de una negligencia y/o de un gasto público dilapidado conscientemente de su maldad, nada de nada. El dinero público ha desaparecido, se ha malgastado y nadie responde. “Es una vergüenza que pagamos todos los ciudadanos con nuestro impuestos”.

Volviendo al despropósito de la “estrategia jurídica publicitada” por el Portavoz del Ayuntamiento, lo menos que se le puede exigir, es que nos explique a todos los cordobeses *en qué consistirá esa estrategia, *cuanto no va a costar a los cordobeses (-además, de todo el dinero público neumático malgastado inútilmente-) la broma jurídica y *cuáles serán los resultados y beneficios para los cordobeses.

Ya sé, que me dirán que tengo más moral que el alcoyano, pero en mi descargo, les diré, que la esperanza es lo último que se pierde, de forma, que si al final es un engaño más para eso están las urnas, llenándolas de votos liberadores de engaños inexplicados.

Los cordobese engañados somos todos, de manera, que ha llegado la hora de que callar es complicidad, y, como pronto habrá que votar, ya sabemos lo que hay.

“Abusos – engaños y gasto manirroto del dinero de todos por gobernantes municipales irresponsables”.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y, está más que claro, que otra política es posible y necesaria, pues aunque estamos casi perdidos, debemos reforzar autodefensa y votar la opción política que nos garantice, que sus promesas se cumplen, pues si no estamos perdidos.

Eso es ACOA.

N.B. Labasura neumática ha dado a luz a una estrategia jurídica ignota y presumiblemente perversa, que es un abuso y demuestra la incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

En este asunto la primera estrategia debería ser *señalar a los responsables, sean quienes sean, *cuantificar el daño al dinero público y al interés general, y, *exigir responsabilidades a los todos los implicados en este asunto neumático de basuras.

Aunque me temo, que solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevadas a las urnas solucionará el problema.

Córdoba, a 17 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Basura neumática – Un error municipal irreparable (Se llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento)

Me preguntan unos lectores, que si tengo algo que decir sobre la recogida neumática de basura fallida e irresponsable, de forma, que intentaré exponer mi opinión sobre un tema, que, sinceramente, apesta.

Primero expondré algunas consideraciones previas, que son una base para poder explicar lo que es algo más que un error con el dinero público de los ciudadanos, pues el problema no solo afecta a los vecinos directamente implicados, sino a todos los cordobeses, así:

1.1.- Creo que lo primero que debería haber hecho el Ayuntamiento y su Gobierno es ofrecer a los cordobeses una información veraz y completa del costo total del desaguisado, desglosándolo y explicándolo detalladamente.

1.2.- Lo segundo que debería haber hecho hace tiempo el Ayuntamiento y su Gobierno es tener un plan concreto para solucionar el problema neumático de la ciudad.

1.3.- Lo tercero que debería hacer el Ayuntamiento y su Gobierno es explicar a los cordobeses, cuanto nos va a costar arreglar la recogida fallida neumática de la basura.

1.4.- Lo cuarto sería sentarse a hablar en serio con todos los afectados y, sí o sí, llegar a un acuerdo razonable con los afectados directos, que debe pasar por reintegrarle todos los costes realizados, sean los que sean.

En segundo lugar, como ocurre, casi siempre, el Ayuntamiento y su Gobierno de mayoría absoluta del P. P. ha optando por el dontancredismo rajoniano, es decir, a ver si escampa, ya que, decir públicamente por su portavoz, como todo argumento, “que tienen una estrategia jurídica”, no solo es pegarse un tiro en el pie, sino, también, reírse de los cordobeses con la máxima holgura y sin recato alguno. Además, si se añade por dicho portavoz, que “es un asunto de defensa de los intereses generales” y que “no vamos a retransmitirlo en público”, se está acumulando a un proceder prepotente mentira tras mentira.

Que conste, que el asunto vine del Gobierno anterior, destacando cuando el concejal de Urbanismo y portavoz Salvador Fuentes dijo y prometió públicamente, que el gobierno municipal se sentaría a llegar a un acuerdo con los afectados, pero claro, una cosa es prometer y otra dar el trigo. Ahora, con mayoría absoluta la idea de negociar de facto ha pasado a los hechos consumados del no y al disparate de la estrategia jurídica ignota.

Los votantes engañados, que somos todos, no solo los afectados directamente, a callar sumisos y cautivos, aunque pronto llegará el momento de votar, y, ya sabemos lo que hay:

“Mentiras e irresponsabilidad de los gobernantes municipales”.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, y, lo que hay está demostrado que no sirve para nada, de forma, que si hay otra política posible y necesaria habrá que votarla como sistema de autodefensa, pues si no estamos perdidos.

Eso es ACOA.

N.B. La recogida de basura neumática es mucho más que un error municipal irreparable, pues no existe voluntad de reparar el daño, y, dicho de otra forma, eso llama abuso, desconfianza, inseguridad jurídica, irresponsabilidad e incapacidad del Gobierno del Ayuntamiento.

Soluciones hay, lo que no hay es voluntad política de solucionar el problema, porque el Gobierno Municipal está convencido de que son inmunes a cualquier castigo.

Solo la autodefensa y la rebelión ciudadana llevada a las urnas solucionará en problema.

Córdoba, a 14 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Constitucional – Tribunal Supremo (Seguir así solo llevará a una democracia paticoja)

El Tribunal Constitucional ha comenzado su trabajo tal como se esperaba (salvo algún ingenuo), demoliendo todas las sentencias del Tribunal Supremo de los EREs y de todo lo que se le pone por delante contrario al Gobierno del Presidente Sánchez, de manera, que está haciendo aquello para lo que se le eligió en su gran mayoría de miembros políticos.

¿De quién depende el T. C.?, pues ESO.

El Tribunal Supremo es el máximo representante del poder judicial, de forma, que el enfrentamiento de ambos máximos tribunales, uno político y otro judicial estaba decidido desde el inicio por su composición, sus objetivos y sus fines.

Solo una cosa me produce extrañeza, que consiste en asistir a una lucha desigual, ya que, frente el T. C. que actúa con rigor extremo y sin cortarse un pelo, el T. S. continúa amarrado al cumplimiento de la Ley, incluso aunque esa Ley sea inconstitucional y contraria al valor justicia supremo.

¿El T. S. está utilizando todos sus poderes y conocimientos ante el ataque sin precedentes que está sufriendo a la vista de todos los españoles?, entiendo que no, simplemente la impresión que da es que se bate en retirada estratégica esperando lo que sabe que no va a llegar.

El cumplimiento de cualquier función exige llevarla a cabo, de manera, que retirarse al castillo, cuando se encuentra rodeado y no hay salida, es una estrategia que solo lleva al suicidio.

Aunque en verdad, creo que el T. S., incluso dentro del poder judicial, se ha quedado solo, pues no veo en el resto de órganos judiciales de cualquier nivel (salvo casos honorosos, que los hay), que se esté dando la cara por la defensa de la ley igual para todos y en defensa del valor justicia.

Pensar, que todos los órganos judiciales de España no pueden hacer nada unidos al respecto, es simplemente inadmisible, es lo mismo que los partidos políticos que gobiernan el Senado, la mayoría de la CC. AA., cientos de ayuntamientos, la mayoría de las Diputaciones, y muchas cosas más, que parece que solo ven por un ojo unidireccional, donde no cabe otra cosa que aceptar silentes y cautivos la opresión injusta y contra ley.

A la vista de lo dicho, que es una realidad patente y perversa, es manifiesto que hace falta un movimiento ciudadano abierto, libre y levantado en armas pacíficas para recuperar nuestro Estado de Derecho y el valor justicia de todos los españoles, pues si los que pueden hacerlo no lo hacen, está claro que no queda otra.

N.B. El valor justicia constitucional(art. 1.1. C. E.) es algo irrenunciable, de manera, que la esperanza solo está en un movimiento social amplio, libre y constitucional pacífico, que defienda sin límites a los españoles en lucha abierta en defensa de su igualdad y libertad.

Córdoba, a 18 de julio de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.