Asisto a una reunión y la conversación gira sobre la ruptura de la convivencia y sobre la crispación que se ve y se siente en la calle, así que para analizar este asunto vidrioso y corrosivo, empezaremos con un repaso a la escalada de broncas institucionales, los altercados en la vía pública y la imperiosa necesidad de recuperar el respeto democrático.
<<Introducción>>
Nos encontramos inmersos en un clima preelectoral marcado por una notable elevación del tono político, de forma, que más allá del debate de ideas -necesario y legítimo en toda democracia-, en las últimas semanas se han registrado diversos episodios de tensión, escraches, broncas institucionales y manifestaciones intimidatorias que sobrepasan el terreno del contraste político para entrar en el de la coacción.
Acosos a mesas informativas, interrupciones en actos públicos, insultos en sedes legislativas y la interrupción forzosa de la actividad municipal reabren el debate sobre las garantías para el libre ejercicio político y la protección de la convivencia en nuestras ciudades.
1.- Presencia en Córdoba – (tensión y desalojo en el Pleno Municipal).
***El clima de crispación no es una abstracción lejana, sino un fenómeno que se palpa en el ámbito municipal. Un ejemplo revelador se ha vivido en el Ayuntamiento de Córdoba:
<-Parálisis institucional: Durante la sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Córdoba, el alcalde, José María Bellido, aplicando el reglamento municipal ante las continuas interrupciones, se vio obligado a decretar la suspensión temporal de la sesión y requerir el desalojo de la sala. (Ver noticia del Diario Córdoba sobre el desalojo del Pleno).
<-Gritos e intimidación: Cánticos, pitadas e interrupciones desde la tribuna del público impidieron el normal desarrollo del debate institucional, tal y como informaron diversos medios locales como El Día de Córdoba y Cadena SER Córdoba.
<-Deterioro de las formas: Episodios como este ponen de manifiesto un patrón preocupante, concretamente, “la utilización de la presión presencial para bloquear los órganos de representación legítima elegidos por la ciudadanía”.
2.- Un panorama de tensión que se extiende por la calle.
***El caso de Córdoba se suma a un escenario de incidentes similares en otros puntos del país:
<-Escraches y presión urbana: En emplazamientos emblemáticos como la Puerta del Sol en Madrid o plazas céntricas de diversas capitales, militantes y voluntarios denuncian coacciones y sabotajes a mesas informativas y carpas de difusión.
<-Enfrentamientos en actos de campaña: En mítines y actos de precampaña en Galicia (como La Coruña) o en Andalucía, contramanifestaciones radicales han derivado en altercados que han requerido intervenciones policiales para proteger la integridad de los asistentes.
<-Crispación parlamentaria: Tanto en la Asamblea de Madrid como en el Congreso de los Diputados, la pérdida de las formas y la sobreactuación en el lenguaje actúan como un combustible que acaba trasladándose a la calle. Otro tanto, ha sucedido en el Parlamento de Andalucía.
3.- El debate sobre el papel de la autoridad y las instituciones.
***Frente a la escalada de incidentes, el foco del debate político se sitúa en la firmeza de las respuestas institucionales:
<-Actuación policial y reglamentaria: La intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad resulta indispensable para garantizar que las sesiones institucionales y los actos autorizados puedan realizarse sin coacciones.
<-Exigencia de contundencia: Sectores de centro y derecha reclaman una postura firme contra las actitudes antidemocráticas, denunciando que la tibieza en las condenas o la inacción frente a los grupos hostiles solo sirve para alentar nuevos episodios de boicot e intimidación.
<<Conclusión- (Preservar la convivencia y el orden democrático)>>
Garantizar que cualquier ciudadano, militante o representante político pueda expresarse, debatir y gobernar sin miedo a la intimidación o al asalto verbal es un principio no negociable en una democracia plena.
Lo vivido en el Ayuntamiento de Córdoba es un aviso sobre lo que ocurre cuando la polarización desborda los cauces del diálogo. De cara al periodo electoral, resulta prioritario que las autoridades garanticen el orden público con firmeza y que todas las fuerzas políticas condenen sin matices cualquier forma de agresión o coacción.
N.B. Imagen. Conceptual y descriptiva.
**A la izquierda, la tensión en la calle: Muestra manifestantes encapuchados en actitud agresiva con pancartas claras que dicen “PROTESTA”, “CRISPACIÓN” y “CONFLICTO”, capturando la intimidación y los altercados a los que haces referencia.
**A la derecha, la crisis institucional: Representa un pleno del Ayuntamiento de Córdoba donde el alcalde se ve obligado a suspender la sesión, con un mazo de juez flotando sobre el caos, simbolizando la parálisis de la democracia local.
**En el centro, un gran titular gráfico resume el tema principal: “DEMOCRACIA BAJO PRESIÓN. CONFLICTO EN LAS INSTITUCIONES Y LA CALLE”, con el texto “PRESIÓN” en rojo vibrante y agrietado para añadir impacto visual.
Córdoba, 24 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exconcejal del Ayuntamiento y exdiputado provincial de Córdoba.
Córdoba y su provincia siguen desangrándose por la misma herida de siempre:
“Un desequilibrio demográfico y socioeconómico escandaloso”.
Pobreza estructural en los barrios de la capital, despoblación sistemática en el norte, desempleo juvenil crónico, una red hídrica en la cuerda floja y un déficit de infraestructura energética que avergüenza a cualquiera.
Frente a esta catástrofe silenciosa, cabría esperar que la institución llamada a vertebrar el territorio -la Diputación Provincial de Córdoba– actuase como un verdadero motor de rescate. La realidad, sin embargo, es infinitamente más perversa.
<<La Diputación no es la solución, sino que se ha convertido en parte fundamental del problema.>>
<<La maquinaria que solo sirve para alimentarse a sí misma>>
Nos venden a bombo y platillo el presupuesto de 2026 como el más elevadode la historia. Pero que no nos engañen con fuegos artificiales:
“Más dinero no significa mejor gestión; significa simplemente una maquinaria más grande y costosa”.
(Nota. La Diputación de Córdoba ha perfeccionado un modelo autorreferencial y extractivo.)
¿A dónde van a parar esos millones récord?
No van a industrializar Los Pedroches ni a garantizar el agua potable en el Valle del Guadiato, sino quevan, en una proporción escandalosa, a sostener la propia burocracia administrativa, a engordar el gasto corriente y a mantener con respiración asistida el pozo sin fondo de sus empresas públicas.
Es el círculo perfecto de la ineficiencia: “La institución recauda, liquida y gasta para sostener su propia estructura, repartiendo entre los municipios las migajas sobrantes en forma de micro-subvenciones paliativas”. Pan para hoy y hambre eterna para mañana.
<<El negocio del <-socorro-> municipal – (Endeudar al que menos tiene)>> Una de las trampas más sangrientas del actual modelo es el sistema de anticipos de recaudación a los ayuntamientos. Presentado institucionalmente como un «acto de generosidad y liquidez», en la práctica funciona como una verdadera intermediación penalizadora.
En lugar de utilizar su abultada liquidez o sus fondos propios para respaldar a los consistorios, la Diputación acude a la banca privada, *firma pólizas de crédito a tipo de mercado y *traslada la factura financiera (intereses, comisiones y estructuración) a las maltrechas arcas municipales.
***El resultado es un escarnio:
1.- El ayuntamiento le paga a la Diputación una tasa por la gestión del cobro de sus impuestos.
2.- El ayuntamiento asume los costes del endeudamiento bancario, que la Diputación suscribe para adelantarle su propio dinero.
Se financia la liquidez local exprimiendo de nuevo al municipio. La Diputación actúa como un intermediario financiero que cobra peaje dos veces.
<<El «pozo sin fondo» de las Empresas Públicas – (Premiar la ineficiencia)>>
Organismos como Emproacsa (agua) o Epremasa (residuos) no necesitan anestesia contable, ya que, lo que necesitan es reformas de calado. Sin embargo, la receta de la Diputación sigue siendo la misma de siempre:
“Subvenciones a fondo perdido para tapar agujeros operativos”.
Inyectar dinero de la caja común para enjugar déficits estructurales recurrentes es un incentivo perverso. Cuanto peor se gestiona una empresa pública, más dinero del contribuyente se le transfiere para tapar el pifostio. Y cada euro destinado a rescatar el déficit operativo de estas estructuras es un euro menos que va al Capítulo de Inversiones Realesen los pueblos de la provincia.
<<Continuismo perverso – (La renuncia política e ideológica)>>
El cambio político en el Gobierno provincial del Partido Popular llegó con promesas solemnes de regeneración: “Adelgazar la burocracia, rebajar tasas e impuestos, y aplicar un control riguroso sobre el gasto público”.
<<Todo ha saltado por los aires.>>
Para sacar adelante las cuentas de 2026, el equipo de gobierno ha preferido la vía cómoda del pacto y la cesión: “Un acuerdo con Izquierda Unida que mantiene intacto el ecosistema de gasto de la anterior corporación”. A cambio del desbloqueo presupuestario, se sigue blindando el modelo de costes de las empresas públicas sin exigir un solo plan de viabilidad, y, se financian con entusiasmo partidas de marcado corte ideológico.
En la práctica, asistimos a una paradoja sangrienta: “Un gobierno conservador ejecutando exactamente la misma política presupuestaria continuista y clientelar de la izquierda”. Ha cambiado la foto en el sillón, pero el modelo de gasto permanece intocable.
<<El Norte abandonado – (Una provincia a dos velocidades)>>
Mientras los discursos oficiales se llenan la boca con la «lucha contra la despoblación», la realidad del presupuesto condena al norte provincial a la marginalidad. Los Pedroches y el Valle del Guadiato continúan asfixiados por la falta de potencia en la red de transporte eléctrico y por la incertidumbre hídrica.
Sustituir la inversión en gran infraestructura transformadora por el reparto atomizado de ayudas temporales confirmará la condena de nuestras comarcas rurales. El norte actúa, una vez más, como el pagador neto que financia la paz social y el sostenimiento de la burocracia central asentada en la capital.
¿Qué habría que hacer mañana mismo? – (Tres medidas de ruptura).
Si existiera verdadera voluntad política de transformar la provincia y no solo de gestionar el presupuesto, la Diputación debería acometer de inmediato una reforma radical:
1.- Prohibición del rescate a fondo perdido: Exigir auditorías y planes de viabilidad estrictos a las empresas públicas. Cero transferencias directas para cubrir pérdidas de explotación.
2.- Fondo de Anticipos al 0%: La Diputación debe asumir el 100% de los costes financieros de las pólizas de crédito de recaudación utilizando sus propios fondos, liberando de comisiones e intereses a los consistorios.
3.- Blindaje inversor para el mundo rural: Destinar por norma provincial el 50% de las inversiones reales de forma exclusiva a las comarcas con severo riesgo de despoblación, priorizando la infraestructura hídrica y energética sobre cualquier tipo de gasto corriente o propagandístico.
Todo lo demás será seguir alimentando a un monstruo burocrático mientras la provincia de Córdoba languidece.
N.B. Imágenes. Córdoba – (Sigue sin resolverse su desequilibrio demográfico y socioeconómico).
1ª. Imagen.
2ª. Imagen.
3ª. Imagen.
Córdoba, 12 de agosto de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Exconcejal de Córdoba Ciudad. Exdiputado Provincial.
Exdiputado y Exsecretario del Parlamento de Andalucía.
Análisis doctrinal a la luz de la Causa Especial 20775/2020 y la realidad de la contratación arbitraria local.
I.- Introducción y marco de referencia.
La reciente Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 22 de junio de 2026 en la Causa Especial 20775/2020, constituye un pronunciamiento de notable relevancia en la delimitación dogmática de los delitos contra la Administración Pública y en la concreción de sus fronteras respecto de las prácticas de corrupción vinculadas al ejercicio del poder político. Más allá de su dimensión mediática, su interés estrictamente jurídico reside en la precisión con la que perfila los elementos típicos del tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos y la prevaricación administrativa, configurándose como un referente interpretativo frente a conductas de nepotismo, clientelismo y desviación de poder.
El propósito de este estudio es proyectar dicha doctrina sobre la realidad de la Administración Local, donde las prácticas de contratación arbitraria de personal, designaciones de confianza desnaturalizadas o nombramientos carentes de causa objetiva presentan un evidente paralelismo material con los supuestos enjuiciados en el ámbito de la alta política estatal, si bien con singularidades estructurales que exigen un examen específico desde la perspectiva penal, administrativa y de régimen local.
II.- Tráfico de influencias y clientelismo en el ámbito municipal.
La resolución del Tribunal Supremo ofrece una lectura especialmente severa de las conductas consistentes en designar o favorecer a determinadas personas en el sector público por razones personales, sentimentales, familiares o de afinidad política. En este contexto, el Alto Tribunal subraya que las prácticas de enchufismo en la contratación pública, cuando vienen determinadas por la presión ejercida desde una posición de prevalimiento, pueden integrar el delito de tráfico de influencias del artículo 428 del Código Penal.
Trasladada esta doctrina al ámbito local, la estructura organizativa de los ayuntamientos, marcada por la concentración funcional de poder en la Alcaldía y, en su caso, en la Junta de Gobierno Local, favorece la aparición de conductas de esta naturaleza. El tipo penal exige que la autoridad o funcionario público influya en otro funcionario o autoridad, prevaliéndose de su cargo, jerarquía o ascendencia política, con la finalidad de obtener una resolución que pueda reportar un beneficio económico para sí o para un tercero.
En el escenario municipal, dicha conducta se manifiesta cuando el alcalde, un concejal delegado o cualquier otro cargo con capacidad de decisión instrumentaliza su posición para ejercer presión, directa o indirecta, sobre:
<-secretarios, interventores o técnicos de recursos humanos;
<-miembros de tribunales de selección o comisiones de valoración;
<-gerentes o directivos de sociedades mercantiles municipales o entidades instrumentales.
La finalidad suele ser la alteración de la objetividad que debe presidir los procesos de selección o contratación, favoreciendo a familiares, allegados, afines políticos o personas vinculadas por relaciones de dependencia personal.
Desde esta perspectiva, el bien jurídico lesionado no es solo la legalidad formal del procedimiento, sino la rectitud, imparcialidad y objetividad de la función pública.
III.- Malversación de caudales públicos en contrataciones sin prestación real.
Uno de los aspectos de mayor relieve dogmático en la sentencia es el tratamiento de los supuestos en los que la contratación de una persona se concibe desde su origen sin intención real de prestación de servicios, de modo que la percepción de retribuciones públicas responde a una disposición patrimonial carente de causa funcional legítima. En tales casos, la conducta no puede ser reconducida a un mero incumplimiento laboral o a una irregularidad administrativa, sino que puede constituir un auténtico delito de malversación de caudales públicos, en concurso con el tráfico de influencias cuando concurran los presupuestos típicos de este último.
**Aplicación al ámbito local.
Esta modalidad de corrupción es perfectamente trasladable al ámbito municipal, donde suele presentarse en dos formas principales:
*Personal eventual o de confianza sin funciones efectivas. Nombramientos de personal eventual que, desnaturalizando la función legal de asesoramiento o confianza, perciben retribución pública sin asumir actividad real o desempeñando tareas ajenas al interés público local, de naturaleza estrictamente partidista.
*Contrataciones espurias en entidades instrumentales municipales. Utilización de sociedades mercantiles de capital público como mecanismos de colocación de personas afines, exentas de controles materiales efectivos y, en ocasiones, sin contraprestación laboral real.
La clave dogmática reside en el plan comisivo: “Cuando la contratación se diseña ab initio con la finalidad de excluir toda prestación efectiva, el abono de nóminas con cargo a fondos públicos constituye una distracción patrimonial típica, no un simple irregular funcionamiento del servicio”. El patrimonio de una corporación local merece la misma protección penal que el de cualquier otra administración pública.
IV.- Prevaricación administrativa como tipo central en el nepotismo local.
Conviene realizar aquí una precisión técnico-penal de especial importancia. La Sentencia del Tribunal Supremo, en el análisis de determinados actos de contratación en contexto de emergencia, descarta la prevaricación cuando no concurre el plus de arbitrariedad exigido por el artículo 404 del Código Penal. Sin embargo, en los supuestos de nombramiento o contratación de personal, la respuesta penal dependerá de quién adopte materialmente la resolución y de cómo se articule el circuito decisorio.
En la Administración Local, el encaje de muchas contrataciones ilegales o nombramientos arbitrarios encuentra su acomodo más sólido en el delito de prevaricación administrativa, especialmente cuando el propio cargo político dicta la resolución de forma directa.
**Razones de su idoneidad.
a). La evidencia de la ilegalidad y la dificultad probatoria del tráfico de influencias. El delito de tráfico de influencias exige acreditar una presión efectiva ejercida desde una posición de prevalimiento, lo que en la práctica resulta probatoriamente complejo. En los entornos municipales, las presiones suelen materializarse en conversaciones informales, indicaciones verbales o dinámicas de subordinación difícilmente documentables. En cambio, la prevaricación se proyecta sobre el acto final: la resolución injusta dictada a sabiendas de su ilegalidad.
b). La autoría directa del cargo político.
A diferencia de otros ámbitos administrativos más complejos, en el municipio el alcalde o el concejal delegado suele ostentar la competencia material para firmar el decreto o resolución de contratación. Cuando ese acto se dicta prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, o vulnerando de manera palmaria los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, concurre el núcleo típico del artículo 404 del Código Penal.
**En este contexto, resultan especialmente relevantes:
<-la ausencia de procedimiento selectivo real;
<-la falta de motivación suficiente;
<-la omisión de informes preceptivos o desfavorables;
<-la contradicción frontal con la legislación de función pública y con la normativa básica de régimen local.
**Concurso de delitos.
Desde la perspectiva de la estrategia acusatoria, en los supuestos más graves no debe descartarse la articulación de un concurso de delitos. La prevaricación administrativa sanciona el dictado de la resolución arbitraria; la malversación, por su parte, castiga el menoscabo patrimonial derivado del pago de retribuciones sin causa legítima cuando existe un verdadero desvío de fondos públicos. Por ello, cuando la contratación irregular no solo es injusta, sino que además produce un perjuicio económico efectivo para las arcas municipales, el concurso entre ambos delitos puede resultar jurídicamente procedente.
V.- El papel del secretario municipal y el accidentalismo.
Un análisis completo de la corrupción sistémica en la contratación local no puede prescindir del papel de los funcionarios encargados del control de legalidad ex ante, singularmente la Secretaría y, en su caso, la Intervención. El punto más vulnerable del sistema aparece cuando el órgano llamado a velar por la juridicidad del acto administrativo participa, activa o pasivamente, en la validación de una resolución claramente ilegal.
*El secretario accidental o interino.
La proliferación de la figura del secretario accidental o interino, muchas veces derivada de la carencia estructural de habilitados nacionales, plantea un problema añadido. La falta de estabilidad en el puesto puede generar situaciones de dependencia funcional o de subordinación fáctica respecto del órgano político, pero ello no elimina por sí mismo la eventual relevancia penal de su conducta.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, el temor a un cese, la precariedad laboral o la presión jerárquica no excluyen automáticamente la antijuridicidad ni la culpabilidad. Si el secretario emite un informe favorable a sabiendas de la manifiesta ilegalidad del acto, y lo hace con la finalidad de proporcionar cobertura técnica a la resolución arbitraria, su intervención puede integrar cooperación necesaria, inducción o, según el caso, complicidad en la prevaricación administrativa.
La firma del secretario otorga apariencia formal de legalidad al acuerdo municipal. Cuando se acredita un concierto previo, expreso o tácito, entre el cargo político y el técnico designado ad hoc para desactivar el control de legalidad, el principio de confianza desaparece y la imputación penal puede extenderse a ambos intervinientes.
VI.- La práctica acusatoria de las fiscalías territoriales.
Pese a la solidez dogmática de estas construcciones, la práctica forense de la instrucción penal muestra con frecuencia una asimetría acusatoria. No es infrecuente que la acusación pública dirija su reproche exclusivamente contra el responsable político, dejando al margen al funcionario o secretario que validó la ilegalidad mediante informe o conformidad técnica.
Esa orientación procesal obedece, por lo general, a razones de estrategia probatoria y de economía procesal. Desde un punto de vista práctico, la fiscalía puede preferir situar al técnico en posición de testigo para obtener de él un relato de la presión ambiental o de la mecánica interna de la decisión, sacrificando su posible responsabilidad penal para reforzar la prueba del dolo político. Asimismo, la investigación de la codelincuencia en este tipo de asuntos exige un análisis documental intenso, que no siempre se acomete con la profundidad necesaria en órganos de instrucción ordinarios.
Sin embargo, esa práctica no altera la realidad jurídico-penal de fondo: “Cuando el técnico participa conscientemente en la convalidación de una resolución arbitraria, su conducta no puede quedar automáticamente absorbida por una supuesta posición de vulnerabilidad funcional”.
VII.- Conclusiones.
La corrupción municipal vinculada al nepotismo, el clientelismo y la contratación arbitraria no constituye una anomalía menor ni una simple desviación administrativa, sino una manifestación estructural de deslealtad institucional frente a los principios de objetividad, mérito, capacidad y legalidad. La doctrina emanada de la Causa Especial 20775/2020 no puede entenderse como una construcción excepcional reservada a las altas esferas del Estado, sino como una interpretación general del Derecho penal aplicable a toda la Administración Pública.
En el ámbito local, la lucha contra estas prácticas no requiere tanto una expansión normativa como una aplicación rigurosa de los tipos penales ya existentes, junto con una instrucción penal efectiva y una valoración menos indulgente de las conductas de validación técnica de actos manifiestamente ilegales. La erradicación del clientelismo exige, en suma, extender la exigencia de responsabilidad penal a todos los intervinientes que, por acción u omisión relevante, contribuyen a quebrar la legalidad administrativa y a desviar el poder público hacia intereses privados o partidistas.
N.B. Imagen. – Nepotismo y corrupción sistémica – Doctrina Penal – (De la alta Política al Ámbito Municipal.).
Córdoba, 26 de junio de 2026.
Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
El inicio de 2026 nos deja una fotografía inquietante de la administración local en España, ya que, mientras los ayuntamientos presumen de presupuestos “históricos”, la realidad que subyace sugiere algo mucho más peligroso, concretamente, “una expansión descontrolada de su gasto estructural que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.
1.- El espejismo del superávit y la trampa de los fondos europeos.
Se nos dice que las corporaciones locales gozan de buena salud financiera (un superávit del 0,4% del PIB), pero este dato es un “maquillaje” contable, así.
<-Dependencia externa porque el crecimiento se apoya en los fondos Next Generation EU., que son inyecciones temporales de dinero, que se están utilizando para financiar estructuras permanentes.
<-Gasto rígido porque aunque el gasto primario ajustado crecerá de un 4% para arriba en los ayuntamientos este año, el problema está, en que cuando los fondos europeos se agoten, los costes de mantenimiento de las “obras faraónicas” y el aumento de las plantillas seguirán ahí.
2.- Radiografía de la ineficiencia – (A dónde va el dinero de todos).
Para entender el problema, debemos mirar las “tripas” de los presupuestos, porque la eficiencia brilla por su ausencia en las partidas clave:
Partida
Tendencia 2026
El problema real
Personal (Cap. 1)
Aumento Alto
Absorbe el 30% del gasto. Existe una brecha salarial del 28% respecto al sector privado, sin que la productividad pública mejore.
Gasto Corriente (Cap. 2)
Aumento Muy Alto
Los contratos de servicios son más caros por la inflación, pero la calidad para los ciudadanos es la misma o peor.
Inversiones (Cap. 6)
Decrecen proporcionalmente
Ejecución lenta. Se presupuesta pero se gasta poco, y a menudo en proyectos que generan más gasto futuro.
Empresas Públicas
Crecimiento incontrolado en pérdidas
Se usan como “administraciones paralelas” para esquivar controles de deuda y transparencia, con una trampa de personal.
3.- El “tasazo” de basuras – (Ejemplo perfecto del “esquilme”).
Uno de los puntos de mayor fricción es la nueva tasa de basuras obligatoria.
En 2025 vimos una subida histórica del 17,4%, y la tendencia persiste en 2026.
Bajo la excusa de la sostenibilidad, se obliga al ciudadano a cubrir el 100% del coste del servicio, que realmente es, en la práctica, un impuesto encubierto sin rendición de cuentas.
¿Se recicla mejor?¿Están las calles más limpias?
La respuesta suele ser un “no” rotundo, mientras los ingresos municipales suben entre un 7% y un 9% solo por este concepto.
4.- La brecha insostenible – (Sector Público vs. Sector Privado).
Los datos de marzo de 2026 confirman una desconexión total entre dos mundos que deberían retroalimentarse:
1.- Sueldos: Un empleado público gana, de media, 900 € brutos más al mes que uno privado, además, mientras los primeros tienen sueldos indexados a la inflación, los segundos contienen costes para no cerrar.
2.- Empleo: El empleo público está en máximos (3,5 millones), mientras el privado muestra signos de fatiga por la presión fiscal y los costes laborales.
(Nota. El paro real supera ya sobradamente los 4.000.000 de desempleados y con rostro de mujer, y, una cifra de inactivos en sentido estricto que suma y suma, de manera, que algo grave está pasando en el empleo.)
3.- Productividad: Mientras el sector público <-engorda-> vía consumo, la inversión en el sector privado cae, lastrando el potencial económico del país y con una tasa de productividad decreciente.
5.- El Caso Córdoba – (Cuando el color político no importa).
Córdoba es el ejemplo perfecto de que esta deriva que no entiende de ideologías, ya que, Administraciones gobernadas por el PP (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Ayuntamiento de Cabra) están aprobando presupuestos récord:
<-Ayuntamiento de Córdoba: 595,7 millones de euros.
<-Diputación de Córdoba: Un aumento del 21,3% hasta los 522,9 millones.
(Nota. Resulta paradójico que quienes predican la contención fiscal se suban a la ola del gasto expansivo. En Córdoba, la brecha salarial y el peso de las nóminas públicas (30% del gasto corriente) contrastan con un sector privado dependiente de la agricultura y los servicios, que lucha por sobrevivir a los costes energéticos.)
<<Conclusión – (Hacia dónde)>>
Si no se impone la transparencia y la eficiencia, el camino está trazado: “La ruina”.
Cuando los fondos europeos dejen de fluir, los ayuntamientos solo tendrán dos salidas: “*Subir aún más los impuestoso *realizar recortes drásticos en servicios esenciales”.
Es inasumible y no se puede permitir que el “presupuesto récord” sea la medalla que se cuelgan los políticos manirrotos y poco o nada responsables, mientras el ciudadano de a pie (el Pueblo) soporta la carga de una burocracia cada vez más pesada y menos útil.
La verdad y la mentira.
N.B. Presupuestos locales más y más, de forma, que asistimos a una expansión del gasto público local en España, que supone un crecimiento descontrolado de su gasto estructural, que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.
Urge transparencia, eficiencia y contención, porque gasto más gasto lleva a la ruina, recayendo, además, primero en el ciudadano de a pie.
Córdoba, 10 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
El análisis de Córdoba Abierta (ACOA) sobre las finanzas del Ayuntamiento de Córdoba para 2024-2025 destaca la deuda, el superávit, las pérdidas de empresas municipales y oportunidades de ahorro. Sin embargo, se denuncia que la falta de transparencia en los datos financieros limita la evaluación ciudadana de la gestión municipal.
A continuación, se presenta un comentario crítico centrado en esta opacidad.
1. Deuda e Intereses: Contratos Bancarios Opacos
La deuda municipal asciende a 172 millones de euros en 2024 (38,57% de los ingresos), pero no se detallan los acreedores, plazos, tipos de interés ni cláusulas de los préstamos. El aumento del 14% en intereses en 2023 no se cuantifica para 2024, y los nuevos préstamos previstos (15 millones en 2025 y 22 millones en 2026) carecen de información sobre condiciones y finalidad.
Comentario: La opacidad en los contratos bancarios genera desconfianza. El Ayuntamiento debe publicar íntegramente los contratos y un análisis de impacto financiero para garantizar la sostenibilidad de la deuda.
2. Superávit: Origen y Uso Poco Claros.
El superávit de 38,3 millones de euros en 2024 no especifica si proviene de ahorros reales o de inversiones no ejecutadas. Aunque 37 millones se destinaron a amortizar deuda, no se detalla el uso del resto ni los criterios de priorización. Las proyecciones para 2025 no aclaran cómo se financiarán las inversiones previstas.
Comentario: La falta de un desglose detallado del superávit dificulta evaluar la gestión financiera. Se requiere un informe claro sobre su origen y destino, priorizando necesidades sociales.
3. Empresas Municipales: Pérdidas y Transferencias Injustificadas.
Las empresas municipales (Sadeco, Aucorsa, Emacsa, Cecosam, Vimcorsa) registran pérdidas de 6,7 millones de euros en 2024, cubiertas por transferencias municipales (25 millones). No se explican las causas de estas pérdidas ni la sostenibilidad de las ganancias previstas para 2025.
Comentario: La falta de informes financieros detallados por empresa impide identificar ineficiencias. El Ayuntamiento debe publicar balances, cuentas de resultados y planes de viabilidad, junto con auditorías externas.
4. Propuestas de Mejora: Auditorías y Participación.
Se proponen auditorías externas y foros ciudadanos, pero su efectividad depende de datos completos. Sin información accesible sobre deuda, superávit y empresas municipales, estas iniciativas pueden ser meramente simbólicas.
Comentario: Es esencial crear un portal de transparencia con contratos, auditorías y balances, y establecer un calendario de foros ciudadanos que incorpore aportaciones reales.
5. Conclusión
El análisis de Córdoba Abierta -ACOA- evidencia una opacidad estructural en las finanzas del Ayuntamiento, especialmente en contratos bancarios, origen del superávit y pérdidas de empresas municipales. Para garantizar claridad y rendición de cuentas, el Ayuntamiento debe:
Publicar contratos de deuda con detalles completos.
Detallar el origen y destino del superávit.
Presentar informes financieros de empresas municipales.
Implementar un portal de transparencia y auditorías externas.
Garantizar foros ciudadanos con datos accesibles.
Sin estas medidas, la percepción de estabilidad financiera se ve empañada, erosionando la confianza ciudadana. La participación ciudadana es clave para una gestión transparente y responsable.
N.B. Nuestro Comentario crítico sobre la falta de transparencia en las finanzas del Ayuntamiento de Córdoba, por todo lo dicho, es una realidad que demuestra un opacidad recalcitrante, lo que llevará a los cordobeses a la desconfianza en las cuentas del Ayuntamiento.
La participación ciudadana es una necesidad, de forma, que es la base fundamental de la transparencia y de la claridad de las cuentas públicas de la Corporación Municipal.
