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Pensiones en Córdoba y País Vasco: Desigualdades y Propuestas para un Sistema Más Justo.

Unos lectores del blog preguntan ¿por qué? las pensiones del País Vasco son muy superiores a las de Córdoba y si existe solución para reparar dicha desigualdad, así que, aunque he escrito sobre las pensiones muchos artículos, creo, que, en este caso, mis lectores merecen una explicación razonable y posible, razón por la que vamos a ello:

<<Situación actual>>

En junio de 2025, la pensión media en el País Vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) es de 1.615 euros mensuales, mientras que en Córdoba alcanza los 1.243 euros (julio de 2025). Esto supone una brecha de 372 euros, y, implica un reflejo de desigualdades estructurales que afectan el derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española).

<<Causas de la brecha>>

Las diferencias no son casuales y responden a factores económicos y laborales:

a).- Salarios más altos en el País Vasco: Euskadi tiene sueldos un 20% superiores a la media nacional (28.000-30.000 euros brutos anuales), gracias a su potente sector industrial (siderurgia, automoción, energía). Esto genera mayores cotizaciones a la Seguridad Social, traduciéndose en pensiones más altas. En Córdoba, la economía depende de agricultura, turismo y servicios de bajo valor, con salarios medios de 22.000 euros.

b).- Estabilidad laboral: El País Vasco goza de mayor estabilidad, con carreras cotizadas más largas (a menudo superiores a 40 años) y fuerte negociación colectiva. En Córdoba, la precariedad y temporalidad reducen las bases de cotización.

c).- Estructura económica y demográfica:

*Euskadi tiene la mayor renta per cápita de España y un ratio cotizantes/pensionistas más favorable, y, a mayor inri, su déficit en pensiones se compensa con transferencias estatales, lo que acrecienta las diferencias y supone una injusticia que daña la igualdad.

*Córdoba, con un 20% de población pensionista y menor productividad, queda postergada y sometida a un sistema se transferencias injusto, lo que aumenta la brecha entre pensiones, ya que, el País Vasco recibe más a pesar de tener pensiones superiores.

Estas disparidades persisten pese a revalorizaciones uniformes (2,8% en 2025), ya que, el sistema contributivo refleja desigualdades históricas, a lo que hay que sumar, la injusticia de que las transferencias del Estado para cubrir el importe de las pensiones sean muy superiores al País Vasco que las realizadas a Andalucía y por tanto a Córdoba.

<<Propuestas para un sistema más justo>>

Reducir la brecha requiere abordar las desigualdades estructurales y el modelo contributivo.

**Proponemos medidas viables y equitativas:

1.- Reformas en el sistema de pensiones

*Complementos mínimos más robustos: Aumentar los complementos para pensiones mínimas en regiones como Córdoba (actualmente 522 euros/mes en 2025), financiados por el Estado, para reducir la brecha sin penalizar a regiones con mayores cotizaciones.

*Componente no contributivo: Introducir un suelo de pensión financiado por impuestos generales, garantizando un mínimo digno en toda España, independientemente de las cotizaciones previas.

*Tope a pensiones altas: Limitar las pensiones máximas y redistribuir el ahorro hacia las más bajas, aunque esto podría generar resistencia en regiones como el País Vasco.

2.- Reducción de desigualdades económicas.

a).- Industrialización en Córdoba: Impulsar sectores de alto valor (como la Base Logística del Ejército de Tierra, BLET) mediante incentivos fiscales, formación y captación de inversiones, elevando salarios y cotizaciones a largo plazo.

b).- Fortalecer la negociación colectiva: Promover convenios sectoriales en Andalucía para mejorar salarios y estabilidad, inspirándose en el modelo vasco.

c).- Homogeneizar bases de cotización: Establecer bases mínimas más altas en sectores precarizados (como la agricultura), equilibrando el impacto para evitar aumento del desempleo.

3.- Cohesión territorial.

a).- Fondo de compensación interregional: Crear un fondo estatal o europeo para complementar pensiones en regiones con menor renta per cápita, reforzando el Fondo de Garantía de Pensiones con criterios regionales.

b).- Descentralización económica: Incentivar la instalación de empresas en Andalucía, elevando el PIB per cápita y las cotizaciones.

4.- Educación y empleo.

a).- Formación para trabajos de calidad: Invertir en educación técnica y digital en Córdoba para reducir la dependencia de sectores de baja productividad.

b).- Recualificación laboral: Facilitar la reinserción de mayores de 50 años, prolongando sus carreras cotizadas.

<<Desafíos y Problemas>>

a).- Resistencia política: Regiones con pensiones altas podrían oponerse a medidas redistributivas.

b).- Sostenibilidad fiscal: Las reformas requieren más gasto público, en un contexto de déficit estructural de la Seguridad Social.

c).- Tiempo: Las transformaciones económicas tardan décadas, por lo que urge combinar medidas inmediatas (complementos) con estrategias a largo plazo.

<<Conclusión>>

Las pensiones en el País Vasco superan a las de Córdoba debido a diferencias económicas y laborales históricas, agravadas por un sistema contributivo que perpetúa desigualdades. Es inaceptable que transferencias estatales compensen más al País Vasco que a Andalucía, vulnerando el principio de igualdad. Proponemos combinar un componente no contributivo en las pensiones, complementos mínimos más robustos y un fondo de cohesión territorial, junto con políticas que transformen la economía cordobesa hacia sectores de mayor valor. Un sistema de pensiones justo y proporcional debe evitar desigualdades clamorosas, garantizando dignidad para todos.

N.B. Las pensiones en Córdoba y en el País Vasco tienen diferencias de cuantías inaceptables, máxime, cuando las transferencia del Estado al País Vasco para complementar sus pensiones son mucho más elevadas, que las transferencias que se hacen a Andalucía y por tanto a Córdoba, razón por la que nuestras propuestas son imprescindibles y necesarias, siendo de aplicación urgente.

“Un Sistema de Pensiones de Seguridad Social debe ser justo y proporcional, evitándose siempre desigualdades clamorosas y desproporcionadas”.

Córdoba, 24 de septiembre de 2025.


Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA)

Ayuntamiento de Córdoba – retribuciones Alcalde y Concejales (opinión y propuesta)

Un grupo de lectores me pregunta mi opinión sobre las retribuciones y la subida de sueldos de Alcalde y de los Concejales, que se ha aprobado en el Ayuntamiento de Córdoba, y, además, me piden que haga una propuesta, así que, vamos a ello:

1º.- No tengo una opinión preconcebida sobre el asunto, solo apunto, que todos ellos deben estar retribuidos de forma razonable, partiendo como base de inicial de cálculo, “la retribución media de las nóminas públicas y privadas que se pagan y cobran en Córdoba Capital”.

2º.- No estoy de acuerdo, en fijar las cuantías de las retribuciones, tal como se viene haciendo, según el importe comparativo de los sueldos de otras capitales de provincias en Andalucía, en principio, por una cuestión sencilla, porque la riqueza de las distintas ocho capitales andaluzas en diferente y porque cada ciudad capitalina debe fijar los honorarios de su alcalde y concejales según la riqueza media de cada ciudad.

Igualar a las ocho capitales andaluzas, porque sí, es un agravio comparativo para sus respectivos ciudadanos, a parte, de otras muchas consideraciones a tener en cuenta, pues, si una ciudad fija esos sueldos arbitrariamente y de forma injusta hacia arriba tomarla como medida es injusto y amoral.

3º.- La retribución del Alcalde y de los Concejales debe ir unida, así mismo, sin excusa ni pretexto a unos objetivos presupuestarios, que se cumplan y a una productividad real determinada por una inversión verdadera, despegada de todo malgasto que conlleve derroche o despilfarro.

A título de ejemplo: Toda retribución del Alcalde o Concejales -directa o indirecta- debe estar ponderada por la carga financiera dedicada a personal de cada ayuntamiento, utilizándose una proporción inversa, que obligue a los equipos de gobierno municipales a ahorrar en gastos de personal, cualquiera que sea su naturaleza (funcionarios, empleados laborales, personal de confianza, contrataciones externas, etc.), ya que, el gasto debe ir dirigido prioritariamente a una inversión productiva, que no solo debe ser económica pura, sino que existe una inversión social que crea empleo y soluciona muchos problemas sociales, como puede ser, *ayudas a mayores y discapacitados en su vida diaria, desde compañía a limpieza, etc., *inversión en centros públicos de todo tipo (colegios, centros cívicos, etc.) que mejoran la vida social, *aumento de la inversión en limpieza de la ciudad, tanto en medios personales como materiales, con objetivos de personal temporales y cumplimiento de fines, *aumento de la calidad del transporte público, bonificando los colectivos más necesitados, y, así, un lago etc. que vendrá determinado por el ahorro en gastos prescindibles no productivos.

** Propuesta:

Expuesto lo anterior, si digo, que la retribución de cualquier alcalde y concejal con funciones ejecutivas, debe ir unida a la cuantía de los fondos públicos administrados de cada Corporación Local, de manera, que no puede ser igual el Alcalde de Málaga, que el alcalde de Pozoblanco, quedando claro, también, que cuanto mayor sea al dinero invertido en beneficio de los ciudadanos, que no implique derroche, superior podrá ser el salario que reciban, quedando fuera del nivel retributivo el gasto no productivo, que conlleve un importe dedicado a asuntos y cosas inútiles, como pude ser, un exceso de gasto de personal no compensado con ningún beneficio al ciudadano o el gasto dedicado a cosas innecesarias olvidando las verdaderas prioridades del municipio y sus habitantes.

En definitiva, el mayor rigor presupuestario y de ejecución productiva determinará la retribución del Alcalde y sus concejales.

N.B. Las retribuciones del Alcalde y de Concejales debe ir ligada siempre a una buena administración, fijándose siempre con arreglo a criterios de eficacia en la gestión, de forma, que prime la inversión real, sea social, económica y/o corporativa.

Igualar ciudades de forma arbitraria, argumentando, que mi ayuntamiento retribuye a su Alcalde  y a sus Concejales peor que una población vecina o algún criterio semejante, basado solo en comparar cuantías retributivas, es injusto y perjudica a los ciudadanos del municipio, ya que, el “todos iguales” sin una base racional, lógica y justa conlleva a la desesperanza.

Córdoba, a 298 de enero de 2024

Fdo. Enrique García Montoya.

(Concejal y Diputado Provincial en la legislatura local 1983-1987 de Alianza Popular y Portavoz del Grupo Provincial de A. P.)

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – III (Sector Público – gasto en aumento)

La realidad es que los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y paro son engañosos porque están dopados, de manera, que la trampa y la mentira forman parte del mundo paralelo que nos dibujan día a día, así, por ejemplo:

**Todo lo que son retribuciones públicas, -pensionistas- suponen un gasto sobre 170.000 millones de euros y -empleados públicos- suponen un gasto de 148.000 millones en salarios, lo que hace un total de 318.000 millones de euros, que son lo que España está pagando de sueldos para sostener un gasto público de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día. 

Es un hecho patente e imposible de sostener, que un tercio de España -Sector Privado- sostenga a dos tercios, es decir, sobre 13 o 14 millones de personas, que, además, supone un gasto estructural enquistado en las Administraciones Públicas.

** El asunto del paro en España es algo inaudito dentro y fuera de España, con el agravante de que {la tasa de desempleo oculta el alcance de la demanda laboral de las personas que han abandonado desesperanzados la búsqueda activa del trabajo, de forma, que  de algunas personas desempleadas se puede decir, que no están disponibles para trabajar}.

Dicho de otra manera, quizás, más clara: En España el número de inactivos que no buscan trabajo y el número de los que llamo incapacitados permanentes sociales (como son los mayores parados de 50 años para arriba, que nunca encontrarán trabajo, sea cual sea la causa) sin la menor duda, se sitúa en los tres millones de personas.

Por otro lado, el desempleo juvenil, el paro de las mujeres y el desempleo de larga duración en España constituyen un desastre social, político y económico, que curiosamente los poderes públicos olvidan, tendiendo a ocultar el problema, aunque sea a través de contratos precarios “indefinidos” y por horas, aunque esa solución trolosa solo convierte la desgracia del paro en algo endémico, que se ha renunciado a solucionar.

** Se dice, que España sigue siendo el país con más paro de la OCDE doblando su media, cosa que se mantiene como algo indiscutible, pero se ignora conscientemente, que también España es la campeona del empleo precario, lo que, sin duda, justifica, en parte, que, teniendo un número de personas en desempleo tan elevado, las empresas de todo tipo tengan dificultades para encontrar trabajadores. (Sin duda, la baja cualificación profesional y las ayudas mal estructuradas y diseñadas para personas necesitadas agudizan el problema).

El Gobierno y algunas CC. AA. afirman, una y otra vez, que hay más y más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), –que hay más personas trabajando y afiliadas a la seguridad social-, pero si el PIB se está reduciendo por debajo del empleo, la realidad es que está bajando la productividad, lo que significa, que se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o que, aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En España aumentan las condiciones de trabajo precarias de todo tipo en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional. Los poderes públicos (todos) no están apostando por el empleo indefinido de calidad, estable y duradero, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

Finalmente, fijaré otras conclusiones:

a).- Falta información veraz de todo tipo en materia de empleo y de paro.

b).-  En España se están pagando retribuciones para sostener un gasto público estructural de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día, que se cifra oficialmente en un total de 318.000 millones de euros, lo que, se mire como se mire, es algo insostenible, pues un tercio de trabajadores del sector privado no pueden mantener a dos tercios de salarios públicos -de 13 a 14 millones de personas con sueldos públicos-.

c).- La situación económica está paralizada (inflación descontrolada, imposición fiscal asfixiante, condiciones laborales irreales y sin flexibilidad, empresas pymes en quiebra en número desconocido pero muy preocupante, que no pueden pagar sus deudas, etc.), lo que llevará al crecimiento del paro y a un empobrecimiento del empleo.

N.B.  Las diferencias entre sector público y sector privado que existen el España son inasumibles para cualquier economía y si a nuestro País le unimos una situación límite por su tasa de paro, sin que, además, se adopten medidas urgentes en vías de una solución, como puede y debe ser una bajada importante de impuestos y una reducción del gato público innecesario e improductivo, la situación es extremadamente delicada para el ciudadano de a pie, ya que, curiosamente, la recaudación del Estado está disparada, mientras la mayoría de los españoles se adentran en la pobreza sin remedio.

Agrava el problema la “falta de información veraz”, que impide conocer la realidad para reformar de raíz nuestromercado de trabajo, así que, la productividad seguirá en caída libre y será  imposible crear empleo estable, duradero y de calidad.

Córdoba, a 13 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.