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Inmigración, SMI y vivienda (Precariedad y su techo)

A menudo se oyen charlas y debates poco profundos sobre la inmigración y la economía, pero los datos nos cuentan una historia mucho más compleja, porque no se trata de “causas únicas”, sino de cómo ciertos factores -como la inmigración de baja cualificación y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)-, actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba.

Señalamos las claves para entender ¿por qué?, aunque la economía crece descompasada, la sensación de precariedad se está normalizando.

1.- El “suelo” de la vivienda – (Precios que no bajan).

La inmigración de baja cualificación suele concentrarse en el mercado del alquiler, y, aquí, resulta un dato es preocupante y demoledor, ya que, mientras el 30 % de los españoles vive de alquiler, entre los extracomunitarios la cifra sube al 74 %.

**La necesidad urgente de “techo” crea una demanda que acepta lo que sea por supervivencia, lo que está validando un modelo de negocio preocupante:

*Micro-living e infravivienda: Los propietarios prefieren dividir pisos en minúsculos “estudios” o habitaciones diminutas antes que bajar precios.

*Hacinamiento: El 19 % de los hogares extranjeros vive en condiciones de hacinamiento (frente al 5 % autóctono).

(Nota. La realidad diluye el artículo 47 de nuestra Constitución (el derecho a una vivienda digna), aunque la inmigración no “causa” la falta de casas, pero su llegada masiva a un mercado sin vivienda social (solo un 3,3 % en España vs. 8 % en la UE) acelera la degradación de los estándares de vida.)

2.- La paradoja del SMI y el modelo productivo.

En este 2026, el SMI se sitúa en 1.221 €. y es una herramienta de protección necesaria, pero cuando se combina con una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, surgen efectos secundarios negativos:

1.- Freno a la productividad: Las empresas optan por contratar “barato” en lugar de invertir en tecnología o formación.

2.- Riesgo de economía sumergida: En sectores como la hostelería o el servicio doméstico, algunos trabajadores terminan aceptando pagos “en negro” por debajo del SMI para poder competir.

3.- Reduflación: Los hogares con presupuestos ajustados (donde los inmigrantes están sobrerrepresentados) sufren más la “reduflación” (pagar lo mismo por menos cantidad de producto), al tener menos margen para elegir otras marcas.

3.- Sector construcción – (Más trabajadores y casas más pequeñas).

Casi el 26 % de los trabajadores de la construcción en España son extranjeros. En teoría, esto debería abaratar costes y bajar el precio de la vivienda, pero no ocurre así, porque loque estamos viendo es que los ahorros en costes laborales no llegan al comprador. La realidad, es que se quedan en los márgenes de los promotores o se pierden en el alto precio del suelo, mientras que el tamaño de las viviendas nuevas sigue reduciéndose.

<<Solución – (Propuestas)>>

No se trata de caer en discursos xenófobos, sino de aplicar políticas públicas inteligentes que atajen la raíz estructural:

<-Vivienda: Establecer límites estrictos a la “miniaturización” de pisos y aumentar drásticamente el parque de vivienda pública.

<-Mercado Laboral: Fomentar una inmigración basada en perfiles cualificados y facilitar la homologación de títulos para que el talento no se desperdicie en puestos de baja productividad.

<-Consumo: Aplicar con mano firme la nueva Ley de Consumo Sostenible de 2026 para proteger a los consumidores más vulnerables de prácticas abusivas.

<<Conclusión>>

España no se está empobreciendo en términos de crecimiento (la inmigración explica casi la mitad del crecimiento del PIB reciente), pero sí está perdiendo calidad de vida. Para que el crecimiento sea real, debe ser cualitativo: mejores casas, empleos más productivos y el cumplimiento real de los derechos que nuestra ley garantiza.

N. B. Inmigración, SMI y vivienda son solo otros factores que actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba, aunque se está perdiendo calidad de vida, así que, reclamamos un crecimiento real para que se cumplan nuestros derechos constitucionales.

Córdoba, 4 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogad. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Situación financiera y gestión de Emproacsa (La subida de tasas es incapacidad e impotencia política)

A la vista del posible tarifazo, su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EMPROACSA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Aguas y sus soluciones.

Emproacsa, empresa pública de la Diputación de Córdoba (gobierno PP desde 2023) encargada del ciclo integral del agua en la provincia, acumula pérdidas desde 2021: 1,9 M. eur. (2021), 6,4 M. eur. (2022) y 10,5 M. eur. (2023), alcanzando quiebra técnica en 2023. Los gastos crecieron un 68% en tres años frente a un incremento del 34% en ingresos, requiriendo ayudas públicas de la Diputación de Córdoba que ya suman 59,3 M. euros (incluyendo 7,8 M. extraordinarios en 2023). El presupuesto presenta como partida clave los gastos de personal.

<<Análisis de causas del déficit>>

*Factores externos (energía, sequía, inflación) influyen pero no justifican el gran desajuste entre gastos e ingresos. Faltan planes claros de mitigación.

*Factores internos (personal, gasto corriente, infraestructuras obsoletas) son determinantes: aumentos salariales, nombramientos sin mérito, contratos irregulares sin concurso, y una red con pérdidas frecuentes.

*La Intervención ha alertado de gastos descontrolados y déficit de control entre Diputación y Emproacsa, de forma, que esto genera desconfianza por su enorme opacidad y posible despilfarro.

<<Medidas planteadas por la Diputación>>

La Diputación financia con más de 59 M. euros incluyendo inversiones para digitalización y sensorización (#REDES_EMPROACSA 5.0), pero la subida tarifaria propuesta del 5,37% para 2025-26, calificándola de “inevitable”, fue retirada ante el rechazo general en el Pleno.

**Crítica: Es un hecho patente y negativo, que se priorizan inyecciones financieras y aumento de tarifas sobre reformas internas profundas y administrativas, que permitan eficiencia y transparencia.

Por otro lado, la modernización tecnológica es lenta y no impacta de inmediato en el déficit.

<<Impacto de la subida tarifaria en usuarios>>

Un aumento cercano a 3 euros mensuales por familia media, acumulando subidas superiores al 20% en algunos municipios, afecta especialmente a hogares vulnerables pese a exenciones parciales (bonos sociales, zonas afectadas por sequía).

La subida de tasas lineal traslada el peso del déficit estructural a los usuarios sin ofrecer mejoras tangibles ni progresividad real.

La doble carga con la tasa de basura agrava la percepción social negativa.

<<Debate político y críticas>>

<-Gobierno (PP): “Defiende la subida de tasas como única solución para evitar recortes sociales y laborales, para asegurar la viabilidad de Emproacsa”.

<-Oposición y críticos exigen auditoría externa, recortes internos y mayor eficiencia antes de cargar al usuario.

**Crítica general: La subida refleja años de gestión descontrolada, falta de transparencia y ausencia de ajustes internos en plantilla y contratos.

La Diputación evade su responsabilidad estructural pese a contar con recursos para reformas.

<<Propuestas estructuradas para evitar la quiebra sin sobrecargar a usuarios>>

Área	Medida Específica	Beneficio Esperado	Prioridad
Auditoría	Auditoría externa integral con publicación de resultados en 3 meses	Detectar irregularidades y ahorrar >1 M €	Alta
Personal	Congelar contrataciones no esenciales, concursos públicos y revisión complementos	Reducir masa salarial 10% y eliminar enchufismo	Alta
Operativa	Plan urgente contra fugas (invertir 5 M €), renegociar energía	Reducir costes variables 15-20%	Alta
Tarifas	Tarifas progresivas por consumo e ingresos; congelar subidas hasta auditoría	Justicia social y mayores ingresos sin linealidad	Alta
Inversiones	Acelerar digitalización y sensorización, reasignar inversiones no urgentes	Mayor eficiencia y retorno económico	Media
Gobernanza	Consejo supervisión independiente y presupuesto base cero anual	Transparencia y rendición de cuentas	Media

**Financiamiento con remanentes evitando deuda.

**Meta: equilibrio financiero en 2026 sin nuevas subidas.

<<Conclusión crítica>>

Emproacsa enfrenta un déficit mixto, mayormente por gestión interna deficiente y falta de control que supera los factores externos. La Diputación tiene capacidad financiera, pero opta por subir tarifas como solución rápida, afectando usuarios y evitando reformas urgentes, aunque es un hecho patente, que sin una auditoría rigurosa, ajustes en plantilla y contratos, el déficit persistirá.

Las últimas noticias son positivas al retirar el tarifazo ante la oposición unida en el Pleno, abriendo paso a la negociación con mayor transparencia y responsabilidad.

N. B. La situación financiera de Emproacsa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 9 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Pensiones en Córdoba y País Vasco: Desigualdades y Propuestas para un Sistema Más Justo.

Unos lectores del blog preguntan ¿por qué? las pensiones del País Vasco son muy superiores a las de Córdoba y si existe solución para reparar dicha desigualdad, así que, aunque he escrito sobre las pensiones muchos artículos, creo, que, en este caso, mis lectores merecen una explicación razonable y posible, razón por la que vamos a ello:

<<Situación actual>>

En junio de 2025, la pensión media en el País Vasco (Álava, Vizcaya y Guipúzcoa) es de 1.615 euros mensuales, mientras que en Córdoba alcanza los 1.243 euros (julio de 2025). Esto supone una brecha de 372 euros, y, implica un reflejo de desigualdades estructurales que afectan el derecho a la igualdad (art. 14 de la Constitución Española).

<<Causas de la brecha>>

Las diferencias no son casuales y responden a factores económicos y laborales:

a).- Salarios más altos en el País Vasco: Euskadi tiene sueldos un 20% superiores a la media nacional (28.000-30.000 euros brutos anuales), gracias a su potente sector industrial (siderurgia, automoción, energía). Esto genera mayores cotizaciones a la Seguridad Social, traduciéndose en pensiones más altas. En Córdoba, la economía depende de agricultura, turismo y servicios de bajo valor, con salarios medios de 22.000 euros.

b).- Estabilidad laboral: El País Vasco goza de mayor estabilidad, con carreras cotizadas más largas (a menudo superiores a 40 años) y fuerte negociación colectiva. En Córdoba, la precariedad y temporalidad reducen las bases de cotización.

c).- Estructura económica y demográfica:

*Euskadi tiene la mayor renta per cápita de España y un ratio cotizantes/pensionistas más favorable, y, a mayor inri, su déficit en pensiones se compensa con transferencias estatales, lo que acrecienta las diferencias y supone una injusticia que daña la igualdad.

*Córdoba, con un 20% de población pensionista y menor productividad, queda postergada y sometida a un sistema se transferencias injusto, lo que aumenta la brecha entre pensiones, ya que, el País Vasco recibe más a pesar de tener pensiones superiores.

Estas disparidades persisten pese a revalorizaciones uniformes (2,8% en 2025), ya que, el sistema contributivo refleja desigualdades históricas, a lo que hay que sumar, la injusticia de que las transferencias del Estado para cubrir el importe de las pensiones sean muy superiores al País Vasco que las realizadas a Andalucía y por tanto a Córdoba.

<<Propuestas para un sistema más justo>>

Reducir la brecha requiere abordar las desigualdades estructurales y el modelo contributivo.

**Proponemos medidas viables y equitativas:

1.- Reformas en el sistema de pensiones

*Complementos mínimos más robustos: Aumentar los complementos para pensiones mínimas en regiones como Córdoba (actualmente 522 euros/mes en 2025), financiados por el Estado, para reducir la brecha sin penalizar a regiones con mayores cotizaciones.

*Componente no contributivo: Introducir un suelo de pensión financiado por impuestos generales, garantizando un mínimo digno en toda España, independientemente de las cotizaciones previas.

*Tope a pensiones altas: Limitar las pensiones máximas y redistribuir el ahorro hacia las más bajas, aunque esto podría generar resistencia en regiones como el País Vasco.

2.- Reducción de desigualdades económicas.

a).- Industrialización en Córdoba: Impulsar sectores de alto valor (como la Base Logística del Ejército de Tierra, BLET) mediante incentivos fiscales, formación y captación de inversiones, elevando salarios y cotizaciones a largo plazo.

b).- Fortalecer la negociación colectiva: Promover convenios sectoriales en Andalucía para mejorar salarios y estabilidad, inspirándose en el modelo vasco.

c).- Homogeneizar bases de cotización: Establecer bases mínimas más altas en sectores precarizados (como la agricultura), equilibrando el impacto para evitar aumento del desempleo.

3.- Cohesión territorial.

a).- Fondo de compensación interregional: Crear un fondo estatal o europeo para complementar pensiones en regiones con menor renta per cápita, reforzando el Fondo de Garantía de Pensiones con criterios regionales.

b).- Descentralización económica: Incentivar la instalación de empresas en Andalucía, elevando el PIB per cápita y las cotizaciones.

4.- Educación y empleo.

a).- Formación para trabajos de calidad: Invertir en educación técnica y digital en Córdoba para reducir la dependencia de sectores de baja productividad.

b).- Recualificación laboral: Facilitar la reinserción de mayores de 50 años, prolongando sus carreras cotizadas.

<<Desafíos y Problemas>>

a).- Resistencia política: Regiones con pensiones altas podrían oponerse a medidas redistributivas.

b).- Sostenibilidad fiscal: Las reformas requieren más gasto público, en un contexto de déficit estructural de la Seguridad Social.

c).- Tiempo: Las transformaciones económicas tardan décadas, por lo que urge combinar medidas inmediatas (complementos) con estrategias a largo plazo.

<<Conclusión>>

Las pensiones en el País Vasco superan a las de Córdoba debido a diferencias económicas y laborales históricas, agravadas por un sistema contributivo que perpetúa desigualdades. Es inaceptable que transferencias estatales compensen más al País Vasco que a Andalucía, vulnerando el principio de igualdad. Proponemos combinar un componente no contributivo en las pensiones, complementos mínimos más robustos y un fondo de cohesión territorial, junto con políticas que transformen la economía cordobesa hacia sectores de mayor valor. Un sistema de pensiones justo y proporcional debe evitar desigualdades clamorosas, garantizando dignidad para todos.

N.B. Las pensiones en Córdoba y en el País Vasco tienen diferencias de cuantías inaceptables, máxime, cuando las transferencia del Estado al País Vasco para complementar sus pensiones son mucho más elevadas, que las transferencias que se hacen a Andalucía y por tanto a Córdoba, razón por la que nuestras propuestas son imprescindibles y necesarias, siendo de aplicación urgente.

“Un Sistema de Pensiones de Seguridad Social debe ser justo y proporcional, evitándose siempre desigualdades clamorosas y desproporcionadas”.

Córdoba, 24 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA)

Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
Costes adicionales:
- Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
- Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
- Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
- Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso, que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Pensiones en Córdoba (Brecha y relevo)

Un grupo amplio de lectores, a la vista de mi anterior artículo, me preguntan sobre cuántos trabajadores serán necesarios en el futuro para mantener a un pensionista, o dicho de otra forma, como se producirá el relevo generacional y cuál será la brecha abierta entre cotizantes y pensionistas.

La respuesta es difícil de concretar, pero si puedo decir que el relevo generacional va a ser difícil de sostener, pues, a bote pronto, calculo que cuando menos harán falta en Córdoba tres trabajadores para mantener un pensionista en el futuro, suponiendo que nuestro mercado de trabajo continúe su evolución y que todos los demás parámetros negativos como la edad, la despoblación, la baja productividad, el empleo precario y de bajos salarios, etc. sigan la misma senda de deterioro constante.

Aclaro, que no tengo datos específicos y fiables en las fuentes disponibles que indiquen cuántas personas de Córdoba, mantendrán a un pensionista en el futuro ni cuántas serán necesarias para costear una pensión en esta provincia.

Mi análisis de contestación lo tengo que basar en información general sobre el sistema de pensiones en España y proyecciones demográficas, con un enfoque en Córdoba cuando sea posible, basado en nuestras previsiones y en las aportaciones de los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA, así como los datos judiciales disponibles y las afiliaciones a la S. S. de Córdoba de uso público.

Hechas las anteriores prevenciones presentaré mi análisis y conclusiones a la pregunta que me formulan, así:

<<Contexto General sobre el Sistema de Pensiones>>

El sistema de pensiones en España es de reparto, lo que significa que las cotizaciones de los trabajadores activos financian las pensiones de los jubilados actuales. La sostenibilidad del sistema depende de la relación entre el número de cotizantes (trabajadores activos) y los pensionistas.

Según datos nacionales, en 2023, la ratio de cotizantes por pensionista en España era de aproximadamente 2,41 trabajadores por cada pensionista. Sin embargo, proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Banco de España indican que para 2050 esta ratio podría disminuir a 1,35 trabajadores por pensionista a nivel nacional debido al envejecimiento de la población y la baja natalidad.

<< Situación en Córdoba>>

Córdoba, como parte de Andalucía, enfrenta desafíos demográficos similares al resto de España, pero con matices regionales. Según un artículo de 2023, Andalucía tiene una ratio de dos trabajadores por cada pensionista, lo que está por debajo del promedio nacional de 2,41 y refleja una situación más ajustada. No se proporcionan datos específicos para Córdoba, pero dado que la pensión media en Córdoba es un 16% inferior a la media nacional (1.102,8 euros frente a 1.312 euros en 2025), es probable que la presión sobre los cotizantes sea similar o ligeramente mayor debido a una economía local con salarios más bajos y menor densidad de empleo.

<< Proyecciones para el Futuro>>

El futuro del sistema de pensiones en Córdoba dependerá de varios factores:

1.- Envejecimiento de la población: En Andalucía, el índice de envejecimiento es de 115,91 mayores de 65 años por cada 100 menores de 15 años, y, ha aumentado significativamente en las últimas décadas. Esto sugiere que la proporción de pensionistas en Córdoba seguirá creciendo, aumentando la carga sobre los trabajadores activos.

1.- Tasa de natalidad: La baja natalidad en España, con un índice históricamente bajo, implica que menos personas entrarán al mercado laboral en el futuro, lo que reducirá la ratio de cotizantes por pensionista.

2.- Evolución económica: La sostenibilidad también depende del crecimiento económico y de la capacidad de generar empleos bien remunerados que aporten más cotizaciones. En Córdoba, donde las pensiones son más bajas que la media nacional, el impacto de los salarios bajos puede limitar los ingresos por cotizaciones.

3.- Dado el dato nacional proyectado para 2050 (1,35 trabajadores por pensionista), es razonable estimar que en Córdoba la ratio podría ser similar o ligeramente inferior (por ejemplo, entre 1,2 y 1,5 trabajadores por pensionista) si las tendencias demográficas y económicas persisten. (INE. y B. España)

Esto significa que, en el futuro, aproximadamente 1,2 a 1,5 personas trabajadoras serían necesarias para financiar una pensión en Córdoba, asumiendo que no haya reformas significativas en el sistema.

4.- Sin embargo, nuestras estimaciones son más negativas, puesto que, nuestras proyecciones elevan ese número negativamente, ya que, calculamos, que si no cambian las tendencias, serán necesarias tres personas para sostener un pensionista.

5.- A pesar de todo, estimo que Córdoba cuenta con bases suficientes, si sabemos utilizarlas para abocar una situación más esperanzadora, que podrán tener forma en el desarrollo de la Base Logística del Ejército de Tierra, la participación activa de los poderes públicos andaluces (Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento de Córdoba), Instituciones como la Universidad de Córdoba, Sindicatos, la Asociación de Empresarios de Córdoba (CECO) y la Asociación de Jóvenes Empresarios, junto a un Grupo de Empresas de Córdoba que están y que nacerán con proyección de futuro, creando empleos de calidad y de mayor productividad.

<<Otros factores que podrían alterar nuestra Proyección Negativa>>

Reformas del sistema de pensiones: Medidas como el aumento de las bases máximas de cotización o la cuota de solidaridad, implementadas en 2025, buscan equilibrar ingresos y gastos. Esto podría aliviar la presión en regiones como Córdoba.

Inmigración y empleo femenino: La llegada de nuevos trabajadores y una mayor incorporación de mujeres al mercado laboral podrían aumentar el número de cotizantes.
Aplicación de la I.A. de forma inteligente y con criterios de mejora.

Robotización: Algunos expertos sugieren que la automatización podría contribuir al sistema de pensiones si se implementan políticas para que los –robots- coticen.

<< Conclusión>>

Actualmente, en Andalucía (y probablemente en Córdoba), se necesitan alrededor de 2 trabajadores por pensionista.

Para el futuro según el INE y el Banco de España, hacia 2050, las proyecciones nacionales sugieren que esta cifra podría caer a 1,2-1,5 trabajadores por pensionista en Córdoba, dependiendo de factores demográficos y económicos locales.

Sin embargo, nuestra proyección expresada la consideramos más probable, aunque, ya hemos dicho, que nuestra esperanza es más positiva, porque Córdoba cuenta con medios para ello, así que, confío en las potencialidades de nuestra Provincia, si todos empujamos en la misma dirección, que no es otra que el bien común asumido con solidaridad plena.

N. B. La brecha y el relevo de las pensiones en Córdoba hay que asumirlas con esperanza, pero siempre que todos los cordobeses empujemos juntos hacia el bien común.

Nos espera mucho esfuerzo cargado de esperanza y una visión de futuro favorable, pues podemos mejorar en todos los sentidos y estoy convencido que lo haremos.

Córdoba, a 24 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.