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Elecciones – Desde la calle – (Preocupaciones de los cordobeses – Desconexión de la clase política)

A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.

<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>

Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:

1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.

Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:

“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.

Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.

2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.

Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.

3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.

La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.

4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.

En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.

<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>

Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.

Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.

Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:

**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.

**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.

**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.

<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>

Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:

1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.

2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).

3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.

En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.

N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos

Córdoba, 19 de octubre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN  – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis    Comunidades de renta alta/    Comunidades Renta Media

                                         Regímenes Singulares.             /Resto del estado                                  

Base Cotizable             

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

                                  desempleo estruct.)

                                                                               Media / Baja (Sectores intensivos en

                                                                               mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada                Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico           Severamente envejecida en regiones    Variable; envejecimiento rural

                                     industriales; dependiente de inmigración    acentuado  

Tratamiento Fiscal

Pretendido               Soberanía o balanzas fiscales neutras/     Financiación autonómica                                                                                                                      

                                  favorables (Cupo / Ordinalidad)               redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo            Transferido a la «Caja Única» estatal                         

                                   (Mutualizado)                                       Mutualizado en el conjunto

                                                                                                 nacional                

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones  prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Inflación en Córdoba – ( La brecha entre el IPC oficial y la economía real)

(Una crítica desde la microeconomía del bolsillo cordobés)

Existe una divergencia estructural, casi enfermiza, entre las métricas macroeconómicas oficiales -ya sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial o nacional- y la realidad financiera que afrontan a diario los hogares en la ciudad y provincia de Córdoba.

Mientras las estadísticas públicas buscan promediar variaciones sobre una ponderación estandarizada, la economía cotidiana del ciudadano está deformada y tergiversada por distorsiones no contempladas plenamente en los índices tradicionales: *la reduflación (shrinkflation), *la degradación de calidad (skimpflation) y *la variación acelerada en los bienes de consumo masivo.

1.- Macroeconomía estadística vs. Sensación financiera.

<-La disparidad entre lo que indica el dato oficial y el impacto real en el bolsillo responde a fallas metodológicas y estructurales de origen:

*Ponderaciones desactualizadas: Los índices estadísticos asignan pesos fijos a rubros como transporte, ocio, vestimenta y alimentos. En épocas de restricción, las familias destinan hasta el 60%–70% de sus ingresos exclusivamente a alimentos y servicios básicos, donde los incrementos suelen ser superiores al promedio general.

*Dispersión geográfica en la provincia: Los precios en el interior provincial difieren significativamente de los de la capital debido a costos logísticos, intermediación comercial y menor oferta competitiva.

*Gastos ineludibles no elásticos: Servicios públicos, alquileres, salud y educación privada aumentan a ritmos que no permiten margen de sustitución, ahogando la liquidez mensual. En junio, el rubro vivienda registró una subida mensual del 6,4%, muy por encima del IPC general.

2.- Fenómenos invisibles – (Cuando los precios “mienten”).

El encarecimiento del costo de vida ya no se manifiesta únicamente en la etiqueta de precio, sino que adopta formas sutiles que erosionan la calidad de vida sin ser registradas fielmente por la estadística tradicional.

A. Reduflación (Shrinkflation).

**Consiste en reducir el tamaño, peso o cantidad de un producto manteniendo el mismo precio (o con un aumento moderado).

*Caso de los huevos y lácteos: Un maple o caja que históricamente contenía huevos de calibre Grande/Extra pasa a vender unidades de calibre Mediano/Chico sin reducción de precio.

*Productos envasados: Paquetes de galletas de 200 g reducidos a 170 g, o botellas de lubricantes y limpiadores recortadas en volumen. A los ojos del IPC, el paquete “cuesta lo mismo”, pero el costo por gramo o mililitro se ha disparado.

B.- Degradación de calidad (Skimpflation).

**Ocurre cuando los fabricantes reformulan productos sustituyendo insumos de alta calidad por ingredientes de menor costo sin bajar el precio final:

*Reemplazo de materia grasa láctea por aceites vegetales de menor costo.

*Sustitución de azúcar natural por jarabe de maíz o edulcorantes sintéticos.

*Disminución del porcentaje de fruta en mermeladas o del contenido de cacao en productos de repostería.

C.- La canasta de supervivencia.

El consumidor cambia sus hábitos desplazándose hacia marcas de menor categoría o eliminando consumo superfluo. Esta degradación de la canasta de consumo oculta el empobrecimiento real, ya que, consumir un producto más económico no significa que la inflación bajó, sino que el poder adquisitivo cayó.

3.- Matriz comparativa – (Metodología estadística vs. bolsillo real).

DimensiónEnfoque Oficial (IPC)Impacto Real en Córdoba
PonderaciónCanasta promedio equilibrada (alimentos, servicios, ocio, bienes).Concentración masiva del ingreso en Alimentos, Servicios y Alquiler. 
Medición de CantidadPrecio unitario por presentación comercial estándar.Reducción no declarada del tamaño/volumen del producto (Reduflación). 
Evaluación de CalidadSe asume homogeneidad en el bien medido.Reformulación con insumos más baratos y menor durabilidad (Skimpflation).
Lugar de CompraRelevamiento en grandes cadenas y comercios de referencia.Compras en comercios de cercanía con márgenes de intermediación más altos. 
Respuesta de ConductaRegistra el cambio de bien en la canasta.Degradación forzada del nivel de consumo para cubrir necesidades básicas. 

4.- Consecuencias socioeconómicas en Córdoba.

1.- Endeudamiento para consumo básico: Un porcentaje creciente de las familias cordobesas recurre a tarjetas de crédito, créditos personales o financiación en comercios para adquirir alimentos básicos. En junio, el 89% de los cordobeses debió financiar la compra de alimentos.

2.- Distorsión del salario real: Los acuerdos paritarios o ajustes salariales que toman como referencia la inflación oficial quedan relegados frente a la inflación de la “canasta real de alimentos”. La canasta básica alimentaria acumula un aumento del 37,3% interanual.

3.- Pérdida de soberanía del consumidor: La imposibilidad de planificar gastos a mediano plazo genera desgaste psicológico y distorsiona la percepción de valor de los bienes. El 76,1% de las familias percibe un deterioro en su alimentación respecto al año anterior.

<<Conclusión>>

El problema inflacionario no puede diagnosticarse únicamente con las cifras promedio de la macroeconomía. Existe un desfase profundo entre la inflación de la planilla y la inflación del personal.

Mientras las mediciones oficiales celebran la desaceleración de ciertos índices, la microeconomía cotidiana de Córdoba continúa absorbiendo una pérdida sistemática del poder de compra y una reducción sostenida en la calidad de los bienes indispensables.

N.B. Imágenes. Inflación. Mentira oficial vs. bolsillo real.

 (Nota. El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la brecha existente entre las mediciones macroeconómicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitidas por organismos oficiales y el impacto inflacionario real sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos en la Provincia y la Ciudad de Córdoba.)

1ª. Imagen. Inflación IPC vs inflación real. 

2ª. Imagen. La brecha entre IPC oficial y economía real.

Córdoba, 19 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Un techo de lona – (Parques-dormitorio en Córdoba)

Lo que comenzó como una anomalía en los márgenes de las grandes capitales se ha consolidado en este mayo de 2026 como la imagen más cruda de una fractura social sin precedentes. La proliferación de tiendas de campaña en nuestros espacios verdes no es un problema de estética ni de orden público: “Es el síntoma de un sistema habitacional colapsado”.

1.- Un paisaje de la nueva precariedad.

La estampa de hileras de tiendas en el centro de Madrid, Barcelona o Palma ya no es noticia, sino que se ha convertido en una costumbre, aunque, quizás, lo más desgraciado es que el perfil del <-sinhogarismo ha mutado->.

Ya no hablamos únicamente de exclusión severa, sino que estamos ante una <-expulsión sistémica-> de ciudadanos que, hasta hace poco, eran el motor de la ciudad: “Trabajadores con contrato, jóvenes y familias monoparentales que han sido expulsados del mercado de alquiler formal”.

<<Una explicación>>

***Los motores del problema:

*Desajuste renta-salario, ya que, es una estimación cierta, que sobre un 45% de la población destina más de la mitad de su sueldo solo a pagar el alquiler.

*Red pública en mínimos, ya que, España solo tiene un 2-3% de vivienda social, frente al 15% de nuestros vecinos europeos.

*Financiarización, porque la vivienda ha dejado de ser un hogar para convertirse en un activo financiero de fondos de inversión.

<<El caso de Córdoba  – (Desplazamiento invisible)>>

En nuestra ciudad, la crisis de 2026 adopta una forma distinta pero igualmente dolorosa, ya que, aquí, la emergencia no siempre acampa bajo los focos del centro histórico, sino que se esconde en los márgenes del río y en la periferia, en un ejercicio de supervivencia silenciosa.

<<El mercado cordobés en cifras críticas>>

*Precios récord: El alquiler ha subido un 7,9% interanual, superando los 9€/m².

*Presión turística: El Distrito Centro y el Campo de la Verdad se han vaciado de vecinos para llenarse de maletas.

*Zonas tensionadas: Barrios como Ciudad Jardín, El Zoco o Poniente sufren subidas de hasta el 20%.

<<La Geografía de la emergencia en Córdoba>>

La necesidad se ha desplazado hacia los puntos de menor vigilancia, pero mayor riesgo:

1.- La Ribera crítica: Los asentamientos en el Camino de Carbonell y el Camino de la Barca son hoy puntos críticos de riesgo por inundabilidad. Decenas de personas viven allí en tiendas y estructuras precarias.

2.- Pernocta urbana: El Parque de Miraflores, la Asomadilla y el Parque de “Las Setas” sirven de refugio nocturno para familias desplazadas que buscan la seguridad de la sombra.

3.- Polígonos como “barrios dormitorio”: En Chinales y La Torrecilla, la vivienda se ha trasladado al asfalto. Furgonetas y autocaravanas se alinean en las calles, habitadas por trabajadores cuyos salarios son devorados por la inflación.

<<Conclusión – (Derecho o lujo)>>

La respuesta institucional, como el plan de VIMCORSA para construir 948 viviendas, es una carrera de fondo contra un incendio que requiere soluciones inmediatas.

La aparición de una tienda de campaña en un parque es el último grito de auxilio de un ciudadano al que se le ha negado el derecho a la ciudad.

N.B.  Imagen. Tiendas de campaña, coches, caravanas y chabolas.

Mientras la vivienda siga siendo tratada como un activo de inversión y no como la base de la dignidad humana, los parques de Córdoba y de toda España seguirán siendo el último y precario refugio de una sociedad que trabaja, pero no tiene dónde dormir.

Córdoba, a 5 de mayo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Situación financiera y gestión de Emproacsa (La subida de tasas es incapacidad e impotencia política)

A la vista del posible tarifazo, su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EMPROACSA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Aguas y sus soluciones.

Emproacsa, empresa pública de la Diputación de Córdoba (gobierno PP desde 2023) encargada del ciclo integral del agua en la provincia, acumula pérdidas desde 2021: 1,9 M. eur. (2021), 6,4 M. eur. (2022) y 10,5 M. eur. (2023), alcanzando quiebra técnica en 2023. Los gastos crecieron un 68% en tres años frente a un incremento del 34% en ingresos, requiriendo ayudas públicas de la Diputación de Córdoba que ya suman 59,3 M. euros (incluyendo 7,8 M. extraordinarios en 2023). El presupuesto presenta como partida clave los gastos de personal.

<<Análisis de causas del déficit>>

*Factores externos (energía, sequía, inflación) influyen pero no justifican el gran desajuste entre gastos e ingresos. Faltan planes claros de mitigación.

*Factores internos (personal, gasto corriente, infraestructuras obsoletas) son determinantes: aumentos salariales, nombramientos sin mérito, contratos irregulares sin concurso, y una red con pérdidas frecuentes.

*La Intervención ha alertado de gastos descontrolados y déficit de control entre Diputación y Emproacsa, de forma, que esto genera desconfianza por su enorme opacidad y posible despilfarro.

<<Medidas planteadas por la Diputación>>

La Diputación financia con más de 59 M. euros incluyendo inversiones para digitalización y sensorización (#REDES_EMPROACSA 5.0), pero la subida tarifaria propuesta del 5,37% para 2025-26, calificándola de “inevitable”, fue retirada ante el rechazo general en el Pleno.

**Crítica: Es un hecho patente y negativo, que se priorizan inyecciones financieras y aumento de tarifas sobre reformas internas profundas y administrativas, que permitan eficiencia y transparencia.

Por otro lado, la modernización tecnológica es lenta y no impacta de inmediato en el déficit.

<<Impacto de la subida tarifaria en usuarios>>

Un aumento cercano a 3 euros mensuales por familia media, acumulando subidas superiores al 20% en algunos municipios, afecta especialmente a hogares vulnerables pese a exenciones parciales (bonos sociales, zonas afectadas por sequía).

La subida de tasas lineal traslada el peso del déficit estructural a los usuarios sin ofrecer mejoras tangibles ni progresividad real. 

La doble carga con la tasa de basura agrava la percepción social negativa.

<<Debate político y críticas>>

<-Gobierno (PP): “Defiende la subida de tasas como única solución para evitar recortes sociales y laborales, para asegurar la viabilidad de Emproacsa”.

<-Oposición y críticos exigen auditoría externa, recortes internos y mayor eficiencia antes de cargar al usuario.

**Crítica general: La subida refleja años de gestión descontrolada, falta de transparencia y ausencia de ajustes internos en plantilla y contratos.

La Diputación evade su responsabilidad estructural pese a contar con recursos para reformas.

<<Propuestas estructuradas para evitar la quiebra sin sobrecargar a usuarios>>

ÁreaMedida EspecíficaBeneficio EsperadoPrioridad
AuditoríaAuditoría externa integral con publicación de resultados en 3 mesesDetectar irregularidades y ahorrar >1 M €Alta
PersonalCongelar contrataciones no esenciales, concursos públicos y revisión complementosReducir masa salarial 10% y eliminar enchufismoAlta
OperativaPlan urgente contra fugas (invertir 5 M €), renegociar energíaReducir costes variables 15-20%Alta
TarifasTarifas progresivas por consumo e ingresos; congelar subidas hasta auditoríaJusticia social y mayores ingresos sin linealidadAlta
InversionesAcelerar digitalización y sensorización, reasignar inversiones no urgentesMayor eficiencia y retorno económicoMedia
GobernanzaConsejo supervisión independiente y presupuesto base cero anualTransparencia y rendición de cuentasMedia

**Financiamiento con remanentes evitando deuda.

**Meta: equilibrio financiero en 2026 sin nuevas subidas.

<<Conclusión crítica>>

Emproacsa enfrenta un déficit mixto, mayormente por gestión interna deficiente y falta de control que supera los factores externos. La Diputación tiene capacidad financiera, pero opta por subir tarifas como solución rápida, afectando usuarios y evitando reformas urgentes, aunque es un hecho patente, que sin una auditoría rigurosa, ajustes en plantilla y contratos, el déficit persistirá.

Las últimas noticias son positivas al retirar el tarifazo ante la oposición unida en el Pleno, abriendo paso a la negociación con mayor transparencia y responsabilidad.

N. B. La situación financiera de Emproacsa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 9 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.