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Emproacsa – Una ruina de Empresa – (Pacto presupuestario P.P. – I.U.)

Estamos en Elecciones Generales, así que espero, que el partido que las gane obtenga una mayoría más que suficiente para realizar sin demora todos los cambios que España necesita de inmediato, bien solo o en coalición. Para empezar creo que es imprescindible empezar por limpiar la propia casa, ya que, seguir permitiendo las mismas políticas nos llevará a las mayores ruinas.

(Nota. Ejemplo de políticas a erradicar dentro de la propia casa. La Diputación de Córdoba gobernada por el P. P., presidida por Salvador Fuentes Lopera, ha llegado en 2026 a un pacto presupuestario con I. U. dónde para aprobar el presupuesto aceptan y adoptan políticas de izquierda radical y a sus votantes que traguen y traguen.

***En nuestro artículo de 26 de septiembre de 2026, con el título de “Coste político y financiero del pacto PP-IU en la Diputación de Córdoba (2026)” publicado en mi blog dónde se dice, entre otras cosas más, lo siguiente:

[<<Desglose financiero del pacto – (lo que cuesta y por qué importa)>>

1.- Memoria democrática y exhumaciones: 400.000 € directos + 110.000-120.000 €/año recurrentes.

El acuerdo asegura financiación provincial para políticas de Memoria Democrática, exhumación de fosas comunes y divulgación histórica, estructurada en dos bloques:

<-Convenio plurianual para fosas de Córdoba capital: 400.000 € de aportación de la Diputación, cofinanciados con el Ministerio, la Junta y el Ayuntamiento (total 1,6 millones), destinados a excavación, antropología forense e identificación genética en las macrofosas de La Salud y San Rafael.

<-Presupuesto ordinario anual de Memoria Democrática (110.000 – 120.000 €/año):

*Cátedra de Memoria Democrática (UCO): 50.000 € para investigación, digitalización de archivos y divulgación.

*Subvenciones a entidades memorialistas: 40.000 € para jornadas e intervenciones provinciales.

*Proyectos memorialistas municipales: 20.000-30.000 € para actividades en municipios como Espejo, Aguilar de la Frontera o Almodóvar del Río.

***Resumen: 400.000 € directos para exhumaciones en la capital y 110.000-120.000 € anuales recurrentes para gestión memorialista.)

Es un hecho patente que se ganan unas elecciones y seguimos con las mismas políticas socialistas y de izquierda radical, <<apaga y vámonos>>.]

***La Empresa Provincial de Aguas de Córdoba (Emproacsa) ha dejado de ser una entidad pública de gestión de servicios esenciales para convertirse en un ejemplo paradigmático de bancarrota estructural. Los números del ejercicio fiscal 2026 no dejan lugar a dudas:

“Se estiman unos números rojos de 6,4 millones de euros, un agujero financiero que no es un hecho aislado, sino la continuación de una hemorragia patrimonial sostenida que ya acumuló 7,5 millones de euros en pérdidas al cierre de 2023”.

La viabilidad técnica y financiera de la sociedad pública está seriamente comprometida, y la única respuesta institucional hasta la fecha oscila entre *inyecciones de parcheo institucionales y *la amenaza velada de asestar nuevos tarifazos a los ciudadanos.

<<Un pozo sin fondo y la insuficiencia de los parches públicos>>

-Dentro de los Presupuestos Generales de la Diputación de Córdoba para 2026 -dotados con 522,9 millones de euros-, se ha consignado una transferencia de financiación de 2,7 millones de euros con el único fin de rescatar operativamente a Emproacsa.

<-La aritmética es demoledora:

**Déficit previsto para 2026: 6,4 millones de euros. **Transferencia de la Diputación: 2,7 millones de euros. **Descubierto operativo real: 3,7 millones de euros sin cobertura.

Esta brecha obliga a la empresa a malvivir bajo severas medidas de contención del gasto. La captación de 3,5 millones de euros en fondos europeos (PERTE) se presenta habitualmente como un logro de gestión, pero oculta una trampa contable:

“Son fondos estrictamente finalistas dedicados a la digitalización e infraestructuras de datos”.

No se puede destinar ni un solo euro de ese dinero a pagar la factura de la luz, comprar reactivos químicos o tapar el déficit de explotación ordinario.

<<Anatomía del desequilibrio – (Congelación, sequía e inflación)>>

El endeudamiento de Emproacsa no responde a inversiones estratégicas ni a apalancamiento para el crecimiento, ya que, su déficit es puramente operativo y responde a un desequilibrio crónico entre ingresos y costes reales:

1.- Gestión tarifaria populista e ineficaz: La congelación del precio público del agua durante años generó un desfase recaudatorio devastador. La reciente subida de tarifas del 22% ha resultado ser un remiendo insuficiente, que no neutraliza el agujero acumulado.

2.- Costes de la crisis hídrica: La sequía prolongada forzó la asunción de gastos de emergencia extraordinarios: “Bombeos continuos a máximo rendimiento y una logística costosa de camiones cisterna para abastecer a municipios castigados, sobre todo en el Norte de la provincia”.

3.- Inflación de insumos clave: *El encarecimiento de la energía eléctrica -imprescindible para el bombeo e impulsión del agua- y *la subida de precio de los reactivos químicos de potabilización han pulverizado el margen de explotación.

<<Estructura de costes – (Plantilla propia frente a una abrumadora externalización)>>

Con un presupuesto anual global que orbita habitualmente entre los 29 y los 30 millones de euros, casi la totalidad de los ingresos se esfuman en dos grandes partidas: “*el gasto de personal y *los gastos corrientes en bienes y servicios”.

<-La plantilla directa (Capítulo I).

Emproacsa cuenta en 2026 con 295 trabajadores directos. Esta cifra engloba al personal operativo de campo, técnicos de las plantas potabilizadoras (ETAP) y depuradoras (EDAR), administrativos y la cúpula ejecutiva (Gerencia y direcciones de área). Los cargos políticos del Consejo de Administración no están en la nómina directa, recayendo la asistencia jurídica y técnica en los propios servicios de la Diputación.

<-El entramado subcontratado – (Capítulo II y VI).

Aunque la plantilla propia es amplia, Emproacsa padece una dependencia crítica de personal contratado externo a través de licitaciones privadas bajo la Ley de Contratos del Sector Público.

Dentro del volumen total de 14 a 16 millones de euros que la empresa gasta en bienes corrientes y servicios (Capítulo II), entre 5 y 8 millones de euros anuales se van directamente a subcontratas para tareas operativas:

**Apoyo en mantenimiento de redes y reparación de averías en municipios como Villa del Río.

**Lectura de contadores y cobro presencial.

**Servicios de laboratorio externos y analíticas de agua.

**Limpieza industrial, seguridad de plantas y atención al cliente externaliza.

<<Las grandes licitaciones – (¿Dónde se va el dinero?)>>

***El análisis de la Plataforma de Contratación del Sector Público permite radiografiar el mapa del gasto externo de la compañía:

Bloque Operativo	Concepto / Expediente	Importe / Estimación
Suministro Eléctrico	Energía para bombeos, ETAPs y EDARs (Capítulo II)	3,5 – 5,0 M€ / año
PERTE Digitalización	Telelectura y contadores inteligentes (Exp. CC 21/2025 y CC 28/2025)	5,98 M€ (con IVA)
PERTE Digitalización	Georreferenciación GIS y modelo hidráulico (Exp. CC 9/2025)	1,35 M€ (con IVA)
PERTE IT / Datos	Infraestructura Data Lake – Nutanix (Exp. CC 36/2025)	268.620 € (con IVA)
Insumos Químicos	Reactivos de potabilización (cloro, coagulantes, carbón activo)	2,42 M€ (base)
Materiales de Red	Tuberías, valvulería y repuestos urgentes (Exp. CC 52/2026)	200.000 € – 930.000 €
Servicios Auxiliares	Control analítico del agua, gestión de lodos y camiones cisterna	0,8 – 1,5 M€ / año

Emproacsa presenta la radiografía de un modelo público agotado. Pretender arreglar con tecnología PERTE de contadores inteligentes y servidores de última generación una red que se cae a pedazos y que pierde agua por fugas constantes es empezar la casa por el tejado.

Una empresa pública que necesita que la Diputación le inyecte millones para tapar parches y que traslada a los vecinos un incremento del 22% en la factura para seguir en pérdidas no requiere un retoque presupuestario:

“Exige una auditoría severa y una reestructuración urgente de su modelo de gestión”.

N. B. Imagen.

Córdoba, 6 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Frontera Sur – Un espejo (Inmigración – Europa – Andalucía)

Cada vez que las noticias nos muestran imágenes de saltos a las vallas o llegadas masivas a nuestras costas, se produce una polarización entre dos partes, que se niegan a encontrar un acuerdo positivo para la sociedad común. Se habla de la presión sobre las fronteras de la Unión Europea y de España como principal muro de contención, pero para analizar este problema fenomenal con seriedad, hay que pasar de lo fácil y mirar la situación desde una perspectiva crítica, realista y pegada a los hechos.

La inmigración no es una anomalía temporal, ya que, es un fenómeno estructural, y, desgraciadamente, la respuesta europea, hasta ahora, ha estado demasiado centrada en delegar la gestión del <-problema-> a los países fronterizos, generando tensiones y vacíos legales que necesitan de una revisión profunda apartada de ideologías y soluciones radicales.

<<Las sombras del sistema – (Retos y problemas reales)>>

Los retos que plantea la inmigración irregular son preocupantes par todos, especialmente, cuando se carece de un marco normativo europeo coordinado:

<-La crisis humanitaria y el negocio de las mafias: La ausencia de vías legales y seguras para la migración fomenta un ecosistema criminal donde las mafias del tráfico de personas se lucran a costa de la desesperación, poniendo en riesgo incontables vidas y vulnerando los derechos fundamentales.

<-La presión sobre los sistemas de acogida: Los países de entrada, como España, asumen un coste logístico y económico desproporcionado, entre otras cosas, porque la saturación de los centros de acogida y los servicios sociales locales genera fricciones, especialmente cuando no existe una corresponsabilidad real por parte del resto de los Estados miembros de la UE.

<-El desafío de la integración y la seguridad jurídica: Una llegada desordenada dificulta la trazabilidad y la integración de los migrantes en la sociedad de acogida. La falta de regularización empuja a muchas personas a la economía sumergida, creando bolsas de marginalidad que debilitan la cohesión social y el Estado de Derecho.

<<La otra cara de la moneda – (Oportunidad y ventaja)>>

Sería un error analítico grave observar la inmigración únicamente desde el prisma del conflicto, porque Europa se enfrenta a una realidad ineludible que convierte la llegada de nuevos ciudadanos en una necesidad:

**El invierno demográfico: El envejecimiento de la población europea es una bomba de relojería para el Estado del Bienestar, de forma, **que la inyección de población joven es indispensable para sostener el sistema de pensiones y revitalizar la pirámide poblacional**.

**Motor económico y fuerza laboral: Muchos sectores productivos clave (agricultura, construcción, hostelería, cuidados) dependen de manera crítica de la mano de obra migrante, razón por la que regularizar y encauzar este talento no solo es una cuestión de derechos, sino de eficiencia económica.

**Innovación y dinamismo social: A lo largo de la historia, las sociedades más permeables y capaces de integrar diversas culturas han demostrado ser más resilientes, creativas y competitivas a nivel global.

<<Andalucía – (La puerta de Europa y el contraste)>>

Si España es la frontera sur de la UE, Andalucía es el umbral de nuestra casa común. La comunidad andaluza vive este fenómeno con una intensidad única, siendo al mismo tiempo tierra de paso, de acogida y de una dependencia estructural de la emigración.

Por un lado, las costas andaluzas -desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Mar de Alborán- son el escenario donde se materializa el drama migratorio. Los municipios costeros andaluces asumen a menudo el impacto inmediato de las llegadas, tensionando sus recursos locales ante la mirada, demasiadas veces distraída y negacionista de Bruselas.

Pero por otro lado, Andalucía es el mejor ejemplo de la necesidad de esta convivencia, pues basta mirar el modelo agrícola de los invernaderos de Almería o la campaña de los frutos rojos en Huelva. La economía andaluza se sustenta, en gran medida, sobre los hombros de miles de trabajadores emigrantes. El reto aquí es monumental: “Transformar un modelo que en ocasiones coquetea con la precariedad laboral en un sistema que garantice condiciones dignas, derechos plenos y una integración real en los municipios que los acogen”. Andalucía no puede ser solo el “muro” de Europa, sino que debe ser el laboratorio donde se diseñe una convivencia sostenible.

<<Una reflexión final – (Un nuevo paradigma)>>

El asalto a las fronteras no se soluciona levantando vallas más altas, sino construyendo ordenamientos jurídicos más eficaces. Europa debe abandonar la miopía de las soluciones a corto plazo. Necesitamos una política migratoria común que no deje solos a los países del sur, que persiga implacablemente a las redes de tráfico de personas y que, simultáneamente, abra corredores migratorios legales, ordenados y vinculados a las necesidades del mercado laboral.

Solo desde el realismo normativo, la equidad y el respeto a la dignidad humana podremos transformar lo que hoy se percibe como una crisis en la mayor oportunidad para el futuro de Europa.

N.B. Invasores o emigrantes – (Ceuta – UE – España – Andalucía) – La realidad y la mentira.

(Nota. Simbolismo de la imagen:

*El Espejo en la costa andaluza: Representa esa frontera sur y cómo Europa se mira a sí misma.

*El reflejo (La narrativa polarizada y el drama): Muestra el asalto a las vallas y las llegadas por mar, que es la imagen que suele acaparar el debate público y evidencia la crisis humanitaria.

*Frente al espejo (La realidad estructural): Muestra a personas trabajando en la recolección de frutos rojos (en un guiño a los campos de Huelva y el modelo agrícola andaluz), actuando como la base y el motor que sostiene los cimientos de la Europa moderna y de nuestro Estado del Bienestar frente al invierno demográfico.)

Córdoba, 21 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

El discurso económico oficial sostiene con optimismo que la economía de España “va como un cohete”. Las cifras macroeconómicas a menudo avalan esta narrativa: “El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media europea, el turismo rompe récords históricos y las cifras de exportación muestran una indudable resiliencia”, sin embargo, al descender de las alturas macroeconómicas a la economía doméstica, se revela un abismo insondable frente a la percepción diaria de los ciudadanos.

<<La realidad crítica – (colapso del bienestar básico)>>

Más allá de la incomodidad, nos enfrentamos a una realidad crítica: “El trabajo ha dejado de ser un escudo garantizado contra la pobreza. Históricamente, un salario a jornada completa aseguraba la cobertura de las necesidades básicas y cierta capacidad de ahorro, pero hoy la inflación asimétrica –aquella que se ceba desproporcionadamente con la alimentación, la energía y la vivienda– está desmantelando las bases del bienestar material.

No estamos ante una simple fluctuación del mercado, sino ante una erosión estructural del nivel de vida. Cuando un ciudadano debe elegir entre encender la calefacción, asumir la subida del alquiler o comprar aceite de oliva, el marco normativo y las políticas públicas están fracasando en su deber primordial:

“Garantizar la dignidad de la persona”.

<<Córdoba – (Brecha abisal en crecimiemto)>>

Esta desconexión entre el triunfalismo estadístico y la vulnerabilidad financiera se siente con especial dureza en Córdoba, ya que, a pesar de su innegable atractivo turístico y su motor patrimonial, la provincia arrastra debilidades que amplifican la presión sobre el ciudadano:

*La paradoja agrícola: Mientras la provincia es una potencia en la producción de bienes esenciales como el aceite de oliva, el agricultor cordobés sufre por los altos costes de producción y la sequía, al tiempo que el consumidor local paga precios prohibitivos en el supermercado. La riqueza generada en el campo no se traduce en alivio para la ciudad.

*Estructura laboral y salarial: Córdoba lidia con una fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, áreas donde la temporalidad y los salarios ajustados dejan un margen de maniobra nulo frente a la subida del coste de la vida.

*La presión sobre la vivienda: La transformación del centro histórico para absorber el auge turístico desplaza a la población trabajadora hacia la periferia, donde el encarecimiento de la vida ahoga igualmente los presupuestos familiares.

<<Propuestas – (el parche a la protección estructural)>>

Para cerrar la brecha entre el “cohete” macroeconómico y la asfixia ciudadana, es imperativo abandonar las medidas paliativas temporales y adoptar políticas públicas que ofrezcan una verdadera seguridad jurídica frente a la especulación y la pérdida de poder adquisitivo:

1.- Auditoría y rigor en la Ley de la Cadena Alimentaria: Es urgente una intervención más estricta sobre la formación de precios. La legislación debe garantizar no solo que el productor primario (fundamental en Córdoba) no venda a pérdidas, sino aplicar mecanismos antimonopolio y de transparencia que impidan a los grandes distribuidores engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor final.

2.- Blindaje legal del poder adquisitivo: Más allá de las subidas puntuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario fortalecer la negociación colectiva y establecer mecanismos de indexación salarial que respondan al IPC de los productos básicos, impidiendo que la devaluación salarial sea la vía de escape de las crisis.

3.- Intervención estructural en el mercado de la vivienda: La vivienda no puede ser tratada exclusivamente como un bien de inversión. Se requiere un desarrollo urgente y masivo de un parque público de vivienda en alquiler social, acompañado de un marco regulatorio que frene la especulación y limite el impacto de los pisos turísticos en zonas tensionadas.

4.- Fiscalidad quirúrgica y adaptativa: Las bajadas del IVA en alimentos deben consolidarse, pero acompañadas de un sistema fiscal que alivie la carga sobre las rentas del trabajo más bajas y graves los beneficios extraordinarios de aquellos sectores (energético, bancario, grandes superficies) que han capitalizado la crisis inflacionaria.

<<El verdadero indicador del éxito>>

Una economía no puede considerarse un éxito rotundo si una gran parte de la población siente que está perdiendo calidad de vida. El verdadero progreso no se mide en la velocidad del despegue de las cifras macroeconómicas, sino en la solidez del suelo sobre el que pisan los ciudadanos. Si el marco normativo no protege la cesta de la compra, el cohete vuela vacío.

N.B. Imagen. Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

(Nota. Córdoba – Un cohete vs. Una cesta menguante. Desde el año 2021 la explosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos alcanza el 24%, según los datos oficiales, aunque los datos reales son una catástrofe al bolsillo de los ciudadanos.

Además existen facturas soterradas de la inflación: **Una es la actualización de las pensiones al IPC; y, otras **todas las partidas presupuestarias que contemplan la inflación para actualizarse (como el sueldo de los funcionarios, el IMV, etc. etc.).

Córdoba, 18de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

II. Tasa Turística – (La coartada de la incompetencia fiscal y la vía del valor)

Existe un síntoma inequívoco de impotencia y fracaso en la gestión pública:

“Cuando una administración es incapaz de resolver un problema estructural, crea un nuevo impuesto”.

La creciente presión de diversas corporaciones locales para implantar la llamada “tasa turística” en destinos como Córdoba o el conjunto de Andalucía no responde a una visión estratégica de futuro, sino a un atajo recaudatorio. Pretender amortiguar la saturación urbana o financiar servicios básicos castigando la estancia del visitante es un error estratégico de calado y un peaje al desarrollo económico.

El problema de fondo no reside en el turista ni en el volumen de llegadas, ya que, **la clave** está en la incapacidad institucional para capturar e internalizar el valor real que genera la actividad turística, prefiriendo el castigo fiscal antes que la gestión inteligente del territorio.

1.- El mito tributario – (Anatomía de una mala solución).

La narrativa oficial disfraza el canon municipal bajo el principio de «quien contamina, paga», prometiendo ingresos finalistas para limpiar calles o restaurar el patrimonio; sin embargo, el análisis jurídico y económico desmonta esta falacia en tres frentes:

*Erosión de la renta y desplazamiento del gasto: El presupuesto del viajero en destino es finito. La fricción impositiva en la recepción del hotel no desincentiva el viaje, pero sí cercena la capacidad de consumo local. El dinero pagado como tasa municipal es liquidez que se resta directamente del comercio de cercanía, las tabernas tradicionales, la artesanía y los guías oficiales.

*El sumidero del gasto corriente: La experiencia en fiscalidad municipal demuestra que los tributos teóricamente “finalistas” terminan diluyéndose en las tesorerías generales para cubrir agujeros de gasto corriente estructural. Sumar este gravamen al incremento desmedido en las tasas de basuras, agua y revisiones catastrales configura una asfixia fiscal injustificada para el sector y el ciudadano.

*Incentivo a la economía informal: La recaudación recae de forma exclusiva sobre el alojamiento reglado, hiperregulado y transparente, de forma, que esta asimetría penaliza al empresario comprometido y actúa como un subsidio indirecto para la vivienda turística no regulada y la economía sumergida, inmunes al control fiscal de los ayuntamientos.

2.- Matriz de impacto – (Enfoque recaudatorio vs. Estrategia de alto valor).

Dimensión	Enfoque Recaudatorio Tradicional (Tasa)	Estrategia de Alto Valor y Competitividad
Financiación Pública	Gravamen finalista que termina absorbido por el gasto corriente municipal.	Reasignación participativa de tributos existentes (IVA/IAE) vinculada a KPIs de calidad.
Comportamiento del Mercado	Pérdida de competitividad frente a destinos exentos y penalización del turismo regional.	Estímulo al consumo directo en la cadena de valor y aumento del gasto medio por estancia.
Estructura del Sector	Castigo asimétrico al sector reglado (hoteles) y fomento de la oferta informal opaca.	Incentivos fiscales al alojamiento de excelencia, empleo estable y proveedores locales.

3.- Sustituir el volumen por el criterio del valor añadido.

Medir el éxito turístico contando cabezas es un parámetro obsoleto. España, Andalucía y Córdoba no deben caer en la trampa del rancio discurso turismofóbico ni en la autocomplacencia de los récords cuantitativos, ya que, el verdadero reto exige transformar la gestión:

1.- Desconcentración y desestacionalización real: Conectar los flujos del núcleo urbano con la provincia y la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza fuera de los meses punta.

2.- Medición del impacto retenido: Celebrar la subida de la tarifa media por habitación, la extensión de la estancia media y el crecimiento del gasto en destino por encima del mero número de llegadas.

3.- Seguridad jurídica y regulación eficaz: Quienes generan riqueza y empleo de calidad necesitan certidumbre y simplificación administrativa, no nuevos boletines oficiales cargados de voracidad fiscal.

4.- Propuesta innovadora – El “sello de circularidad y retorno turístico” (Mecanismo CRT).

En lugar de imponer un peaje punitivo que penaliza al viajero y alimenta la burocracia municipal, se propone sustituir la tasa turística por un Modelo de Circularidad y Retorno Turístico (CRT) articulado en tres ejes:

<-El bono de reversión en comercio local (Net Tax Zero): Si una corporación municipal exige una aportación al visitante, el 100% de ese importe debe ser devuelto al turista de forma digital en un documento o ticket de consumo local. Este bono solo podrá ser redimido en establecimientos adheridos de la ciudad (comercio tradicional, museos, artesanía y restauración). De este modo, la carga fiscal neta para el visitante comprometido es cero, y se garantiza que el recurso financiero vaya directamente al tejido productivo local, nunca a la caja única municipal.

<-Incentivo por calidad y empleo estable: Transfórmese el debate tributario en una exención para los alojamientos que acrediten convenios colectivos de calidad, contratos indefinidos y compras de cercanía superiores al 60%.

La fiscalidad debe utilizarse para premiar la excelencia, no para igualar por abajo.

<-Reclamación del IVA turístico municipal: Exigir a la administración autonómica y estatal la cesión de una fracción del IVA e IAE que la actividad turística ya genera en la ciudad.

Los ayuntamientos deben financiarse mediante la participación en los impuestos existentes que produce el sector, condicionado a objetivos de regeneración urbana, en lugar de duplicar la presión fiscal sobre el usuario final.

Penalizar al sector turístico con nuevas figuras impositivas es declarar la quiebra de la gestión pública. La auténtica ambición de un destino de primer nivel no consiste en cobrar un peaje por entrar, sino en desplegar la inteligencia estratégica necesaria para que cada visitante incremente el valor de lo que encuentra y multiplique el bienestar de la comunidad que lo acoge.

N. B. Imagen. Tasa Turística- Otro impuesto más.

(Nota. La Tasa Turística es un gravamen contrario a la prosperidad, que solo imponen regímenes radicales de izquierda, de forma, que si el Ayuntamiento de Córdoba crea esa Tasa se estará pegando un tiro en el pie.).

Córdoba, 2 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía

Nacionalismo fiscal – mito de la solidaridad en el Sistema de Pensiones

Análisis sobre la fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales

1.- RESUMEN – (EL PROBLEMA).

El debate fiscal en la España descentralizada se centra en las aportaciones tributarias directas de las Comunidades Autónomas más prósperas al fondo común de financiación territorial, sin embargo, se ignora de manera sistemática la **asimetría estructural del sistema de Seguridad Social**.

Mientras que regiones con mayor nivel de renta o regímenes fiscales singulares defienden la «ordinalidad» o la retención de sus ingresos tributarios bajo premisas de soberanía iscal, *externalizan o silencian los déficits contributivos del sistema público de pensiones de sus propios territorios.

Este fenómeno constituye una paradoja socioeconómica: **Un “nacionalismo fiscal a la carta”** que reclama la gestión exclusiva o prioritaria de los ingresos tributarios con superávit, pero mantiene la mutualización ilimitada del déficit contributivo en el Fondo de Reserva o en la financiación estatal de la Seguridad Social.

**Tesis central de injusticia institucional.

Permitir que las regiones prósperas limiten su contribución a la solidaridad tributaria común mientras dependen del esfuerzo fiscal nacional para cubrir sus brechas o garantizar pensiones proporcionalmente más altas (debido a sueldos promedio superiores), *vulnera la equidad interpersonal y genera un modelo de interdependencia asimétrica e insolidaria.

2.- CONTEXTO ECONÓMICO Y ESTRUCTURA DEL DÉFICIT DE PENSIONES.

Para comprender la dinámica de esta fractura, es necesario desgajar el flujo de ingresos y gastos de la Seguridad Social por magnitudes territoriales y sociodemográficas:

Dimensión de análisis Comunidades de renta alta/ Comunidades Renta Media

Regímenes Singulares. /Resto del estado

Base Cotizable

Promedio Elevada (Salarios medianos más altos, menor

desempleo estruct.)

Media / Baja (Sectores intensivos en

mano de obra básica)

Pensión Promedio

Generada Alta (Próxima o en el tope máximo del sistema) Media / Moderada

Tasa de Reemplazo

Demográfico Severamente envejecida en regiones Variable; envejecimiento rural

industriales; dependiente de inmigración acentuado

Tratamiento Fiscal

Pretendido Soberanía o balanzas fiscales neutras/ Financiación autonómica

favorables (Cupo / Ordinalidad) redistribución común

Asunción del Déficit

Contributivo Transferido a la «Caja Única» estatal

(Mutualizado) Mutualizado en el conjunto

nacional

Cuando las regiones prósperas exigen que lo recaudado en sus territorios se quede en ellos (vía concertación, cupos o agencias tributarias propias), se rompe el principio de progresividad del Estado social.

El salario de un trabajador en una CC.AA. desarrollada y sus cotizaciones y base tributaria dentro de ese territorio son superiores y más elevadas, pero la infraestructura social y la masa laboral de soporte a menudo proviene o interactúa con el resto del país.

3.- LA PARADOJA FISCAL DE LA RECÍPROCIDAD.

Existe una distorsión narrativa en el concepto de *”comunidades ricas pagadoras”*. La narrativa tradicional argumenta una falacia, concretamente, que las regiones de mayor PIB sufren una *”expoliación fiscal”* al transferir recursos a regiones menos prósperas, pero esta afirmación omite intencionadamente tres vectores económicos clave:

-El Efecto sede y la captación de rentas: Las regiones prósperas concentran las sedes corporativas de empresas que facturan en todo el Estado, atribuyéndose artificialmente una capacidad recaudatoria que se nutre del mercado nacional conjunto.

-El retorno implícito de las pensiones: Al gozar de salarios más altos, los jubilados de las regiones ricas perciben prestaciones públicas sensiblemente superiores a la media nacional. El coste por pensionista es significativamente más elevado en estas regiones.

-La exención implícita del riesgo de sostenibilidad:Si el sistema de pensiones se territorializara de forma estricta (calculando los ingresos por cotizaciones locales frente al pago real de pensiones asignadas a esa región), *varias de las regiones partidarias de la soberanía fiscal se enfrentarían a severos ajustes o quiebras presupuestarias debido a la pirámide poblacional y la tasa de dependencia*.

4.- CRÍTICA – (EL PRINCIPIO DE “PROPORCIONALIDAD INTEGRAL CONTRIBUTIVA”).

Para abordar esta insolidaridad de forma analítica y superando los clichés del debate tradicional, introducimos una perspectiva crítica innovadora: **La falacia de la desconexión fiscal selectiva**.

*El Concepto de “asimetría de riesgo seleccionado” (ARS).

El nacionalismo fiscal actúa bajo un patrón de “Privatización de Beneficios Tributarios y Socialización de Costes Prestacionales”. Se exige la gestión autonómica de los impuestos directos (IRPF, Patrimonio, Sucesiones, IVA local) alegando que pertenecer al territorio otorga derecho exclusivo sobre sus rentas, *pero se califica el sistema de pensiones como una “competencia inalienable del Estado” para que la deuda del sistema de la Seguridad Social sea financiada por la deuda pública global estatal.

***Frente a esta distorsión, una crítica innovadora plantea los siguientes puntos de ruptura:

A.- El mantenimiento de la “Caja Única” como refugio de conveniencia. El principio de Caja Única es constitucionalmente solidario e interpersonal (los individuos pagan, no los territorios). Sin embargo, cuando los actores políticos regionales utilizan el argumento del territorio para congelar la aportación a los servicios públicos generales, pero apelan al individuo universal cuando el gasto en pensiones autonómico es deficitario, incurren en una **falsificación del pacto federal/autonómico**.

B.- La deuda oculta por pensiones no contabilizada en la financiación autonómica. Si una Comunidad Autónoma rica reduce sus impuestos propios (ej. deducciones masivas o bonificaciones al Patrimonio e Sucesiones), mientras la Administración General del Estado tiene que inyectar decenas de miles de millones de euros vía Presupuestos Generales para cubrir el déficit de la Seguridad Social, *la comunidad rica está transfiriendo indirectamente su gasto público al endeudamiento común del Estado*.

Su “bonanza presupuestaria” es una ilusión generada porque no asume el verdadero coste del capital social y reproductivo de sus trabajadores senior.

C.- Propuesta político-económica disruptiva: El índice de solidaridad netodeterminada (ISN).

Para destapar la insolidaridad del nacionalismo fiscal, se propone la creación del **Índice de Solidaridad Netodeterminada (ISN)**. Este índice no mide la balanza fiscal de manera aislada (Impuestos Pagados vs. Inversión Estatal), sino que incorpora la **Masa Neta de Transferencias de Previsión Social**:

Balance Fiscal Real = (Aportación Tributaria Efectiva) − [Gasto Estatal en Región + Suplemento Estatal a Pensiones Regionales]

Al aplicar este cálculo, la pretendida condición de “donantes netas” de muchas comunidades ricas se reduce sustancialmente o se revierte, poniendo en evidencia que la prosperidad regional está intrínsecamente blindada por la red de seguridad del Estado global.

5.- CONCLUSIONES.

El nacionalismo fiscal que pretende desligar la aportación tributaria rica del sostén común, mientras utiliza la caja común para cubrir el déficit de sus pensiones o el coste de sus pensionistas de alta renta, atenta contra el principio de equidad vertical y horizontal.

<-Consolidación de balanzas de protección social: Transparencia total sobre el coste real de las pensiones en cada CCAA en comparación con las cotizaciones sociales ingresadas en ese mismo territorio. <-Vinculación de la autonomía fiscal a la sostenibilidad social: Ninguna Comunidad Autónoma debería poder exigir la cesión total de impuestos o ventajas de cupo sin asumir la responsabilidad proporcional en la liquidación o corresponsabilidad del déficit de pensiones generado en su ámbito. <-Defensa del principio interpersonal sobre el territorial: Recordar que los impuestos y las cotizaciones las pagan las personas según su capacidad económica, y las pensiones las reciben las personas según sus derechos adquiridos, erradicando la instrumentalización del territorio para el privilegio fiscal.

N.B. Imágenes. Fractura de la Caja Única de la Seguridad Social y sus asimetrías territoriales.

1ª. Imagen. Renta alta y aportación 0.

2ª. Imagen. Andalucía postergada.

Córdoba, 21 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.