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Mitad y mitad (y) V (empleo público – empleo privado)

Esta mitad y mitad desigual es clarificadora para comprender, que los datos de los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, S, S, y Migraciones (es decir, del Gobierno) sobre el empleo está dopados, ya que, un hecho patente e indiscutible lo demuestra: Sube el empleo público, pero el paro real permanece.

La recuperación laboral publicitada oficialmente, simplemente, no es verdad, porque la realidad económica prueba lo contrario, si o si, estamos muy lejos de los niveles de empleo prepandemia.

Es un hecho patente, que el Gobierno (además, de todo lo dicho en artículos anteriores) está falseando la situación real del desempleo, llevando a cabo una ampliación de los empleados en las administraciones, cuyo número real se desconoce, aunque, en una estimación prudente en el último año, se podría estimar en al menos 250.000 personas.

Dicho de otra forma, los datos de empleo publicitados oficialmente estarían muy por debajo de la realidad económica de España, si descontamos el aumento en el número de asalariados contratados por el Estado. Solo mirando las EPAs de los 2Ts trimestres de 20 y 21 aparece una cifra de nuevos empleados de 214.000 (funcionarios y contratados).

Las dos mitades destacadas en este artículo muestran, que el paro sigue en las mismas cifras de siempre, es decir, que la recuperación social y económica publicitada es otro artificio de propaganda, por lo que se vuelve a solicitar el derecho consagrado en el art. 20 de la C. E.: Una información veraz, completa e inmediata.

Los datos dopados sobre el descenso del paro de los Ministerios de Trabajo y de Inclusión, S. S. y Migraciones ¿son reales?, pues, simplemente, “no”.

El engaño como forma de gobernar es algo muy negativo y nocivo, porque cuando cala en la sociedad destruye la confianza en el sistema, ya que, lo más devastador de esa forma de ejercer el poder está, en que ya sabemos, que nos volverán a engañar.

España necesita crear sin engaños empleo de calidad y rentable, lo que implica reestructurar nuestro mercado laboral con medidas de reforma viables y aplicables, que, además, sean aceptadas por los poderes públicos, por todas las instituciones y organizaciones y por las empresas y trabajadores, cosa que será imposible sin una legislación abierta, flexible, eficaz y consensuada.

Dicho de otra forma, el desequilibrio creciente entre el sector público y el privado es nocivo y, especialmente, dañino para la creación de empleo, pues nace del engaño y de la desigualdad, de manera, que es imprescindible estructurar un espacio de trabajo abierto y trasparente para todos, dominado por la justicia, la igualdad y la equidad.

N.B. Esta mitad y mitad engañosa de empleados públicos y privados es dañina, provocando diferencias con agravios comparativos clamorosos, subiendo el empleo público, pero a costa del sector privado, aumentando sus costes y su paro, lo que pone de manifiesto, que los datos y cifras de empleo del Gobierno están maquillados.

En resumen, el paro decrece forzado artificialmente por el Gobierno, a costa, además, de aumentar el gasto público improductivo.

El desempleo en España es una situación insostenible, de forma, que, el problema no se arregla maquillando o cocinando cifras, sino con una reforma del mercado de trabajo compartida y consensuada.

Los mercados competitivos y sus figuras contractuales de trabajo independiente exigen flexibilidad y productividad, estando marcados por la competencia, la rentabilidad y la libertad de contratación, lo que exige disponer por todos de información veraz actualizada, completa e inmediata.

Córdoba, a 6 de septiembre de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Estado de alarma – – C. E. E. (doble vara de medir – respeto a la Ley)

El T. C. ha declarado inconstitucional el Estado de Alarma, como siempre tarde, aunque sin la menor duda es una buena noticia para “el respeto a la ley”, pues la Constitución (art. 10.1. C. E. – Derechos de la persona-) dice, que la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Sin embargo, han sido muchas las voces que han defendido que el respeto a la Ley no es lo esencial, sino el contenido político de su ideología optando por la seguridad sin libertad, razonando que la sentencia sobre la inconstitucionalidad del estado de alarma, debería haberse adoptado con base a un fin político, admitiendo como deseable y aceptable el principio: –De que el fin justifica los medios-.

Si admitimos ese proceder político ideológico, simplemente, nos hemos cargado la Constitución y el Estado social y democrático de Derecho que consagra.

Que conste, que ese desafuero legal lo sostienen enjundiosos juristas, ministras, y, voceros varios del poder, así:

* La Ministra de Defensa Sñrª. Robles ha dicho, que la sentencia contiene –elucubraciones doctrinales sin sentido de estado-.

*   El Sr. Cándido Conde-Pumpido, miembro del T. C., en su voto particular publicitado a los cuatro vientos, ha hecho uso de su ideología política, diciendo “que no se ha producido ninguna suspensión de derechos”, “que la sentencia no responde en absoluto a verdaderos criterios jurídicos, pues utiliza un mero atajo argumental para estimar la inconstitucionalidad de una medida sanitaria solicitada por un partido político”, y, -otras muchas cosas más-, denigrando la sentencia y a sus propios compañeros que la han apoyado y aprobado por mayoría.

La formulación es demoledora: “Hay que hacer legal lo que nos conviene”.

La elección del estado de alarma consciente y premeditada es la prueba del nueve.

Esta muy claro, que eso es lo que hay, aunque la sentencia dictada por mayoría, dice lo que dice, de forma, que es una resolución válida según la Constitución y nuestro ordenamiento jurídico.

Aquí solo decir, que, si no lo quieres para ti, tampoco lo quieras para los demás, ya que, la doble vara de medir implica hipocresía y falsa moral en función de intereses políticos espurios llenos de ideología excluyente, siendo, además, más reprobable cuando esa doble vara se aplica insidiosamente en un entorno institucional.

Queda trasparente lo que hay, pero, también, es evidente, que no engañan a nadie, de manera, que van a lo que van sin disimulos ni caretas, concretamente, van a imponer si o si su ideología autoritaria y excluyente, razón por la que no queda otra que defender el estado de derecho y nuestras libertades, pues ni uno ni otras se defienden solas.

Siguiendo el hilo, hay que poner sobre la mesa, también, que la Conferencia Episcopal Española (C. E. E.) apoyó los indultos del Gobierno a los condenados del -Proces- contra el criterio del T. S., y, curiosamente, ahora el Obispado de Córdoba presenta  alegaciones al anteproyecto de la Ley de Patrimonio del Gobierno, que considera -propia de países dictatoriales-, diciendo el Sr. Obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, que considera, que la norma que prepara el Gobierno -no tiene en cuenta la libertad religiosa-, y, que -se trata de una ley invasiva-, con la mentalidad del Estado soy yo, y, legislo sobre todo lo humano y lo divino.

Es lo malo de estar en misa y repicando, de la doble vara de medir, que impide, se quiera reconocer o no, que no se puede estar en dos sitios a la vez,  de manera, que los Obispos con su Presidente Mons. Omella y Omella deben aclarar a los españoles, si están con la Ley o escorados hacia una aplicación excluyente y unilateral de la misma, según convenga en cada momento a sus intereses.

La verdad es, que en los dos sitios a vez no se puede estar, la diga Agamenón o su porquero.

La C. E. de 1978 dice (art. 9), que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”.

Ocurre, que, en España están en desuso el respeto a la ley y el principio de legalidad, además, unos pocos demasiados políticos y sus corifeos quieren demoler la Constitución.

El cumplimiento por todos (poderes públicos y ciudadanos) del “respeto a la ley” es una necesidad y/o finalidad permanente e inderogable.

N.B.  La inconstitucionalidad del estado de alarma y la postura de la C. E. E. son ejemplos de falta de respeto a la Ley, porque, se quiera admitir o no, la legalidad para todos es la única forma de democracia plena, lo que impide aplicar una doble vara de medir, porque -el fin nunca justifica los medios-, y, siempre es preferible la libertad que la seguridad que la sacrifica.

Si el poder político y los representantes de la sociedad civil se separan de la ley, aunque sea creando una mera apariencia de legalidad con el pretexto de una pretendida seguridad sin libertad, la democracia deriva hacia un régimen autoritario, despareciendo los principios que sostienen el Estado de Derecho, y, con ellos nuestros derechos y libertades fundamentales.

Córdoba, a 18 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Tribunal Constitucional – alarma confinada – tarde, demasiado tarde (los daños ya están hechos y la reparación imposible)

Que el Tribunal Constitucional haya declarado, que el Estado de Alarma (02/20) vulneró derechos fundamentales y que por ello fue inconstitucional es “una buena noticia”.

Así mismo, es una verdad indiscutible, que el T. C. ha fallado tarde, cuando el daño ya estaba hecho y la reparación resulta imposible.

También es indudable, que ha existido abuso de poder por parte del Gobierno del Presidente Sánchez, y, que las libertades públicas de los españoles se han visto duramente afectadas.

Ahora se habla de multas nulas y otras cosas menores, pero lo realmente importante es saber, que va a hacer el Gobierno para desfacer parte del siniestro cometido sobre los españoles, aunque parece por las declaraciones de los portavoces del Ejecutivo (aunque vaya en dirección contraria por la autopista), que solo ellos llevan la razón y que todos los demás estamos equivocados. Lo dicho, en dirección contraria y gritando a los que van en la dirección correcta.

El Gobierno dice, que no están de acuerdo con el fallo del T. C., y, que han salvado 450.000 vidas para justificar su actuación inconstitucional, cosa aceptable como derecho que tiene a la libertad de expresión, pero resulta penoso defender algo así, cuando los españoles carecemos de -información veraz-, al no saber, por ejemplo, aún el número real de fallecidos, el número de contagiados, etc. etc. etc., y, ellos tienen la certeza del número de vidas salvadas por su actuación inconstitucional.

Cuando el Presidente Pedro Sánchez anunció el estado de alarma el 14 de febrero de 2020, se pasó de frenada y traspasó varios pueblos, anulando derechos fundamentales de los españoles, que de alguna forma deberían ser indemnizados, reparándose el daño causado, que no solo es cuestión de dinero, sino sobre todo de dignidad, de libertad y de respeto a la ley.

El Gobierno del Sr. Sánchez debería empezar por asumir responsabilidades, -reconociendo públicamente su error o lo que sea-, -comprometiéndose a dar ejemplo de respeto a la ley-, -mostrando arrepentimiento por haber vulnerado derechos fundamentales de los españoles- y -solicitando a los mismos “un indulto”-, que los ciudadanos deberían conceder o no mediante la celebración de un referéndum al efecto.

Es cierto, que soy un optimista irredento, pues todos dirán que lo que pido es un imposible, cosa que puede ser verdad, pero lo que es indiscutible, es que se han eliminado nuestras libertades durante muchos días mediante un abuso de poder del Gobierno de la Nación, que el T. C. ha declarado inconstitucional, digan lo que digan los voceros oficiales del Ejecutivo.

Con independencia de lo dicho, es también cierto, que otras posibilidades y otras soluciones eran posibles sin vulnerar derechos fundamentales de los españoles, que países como Suecia o Noruega han puesto de manifiesto, que se pueden hacer. A todo ello, hay que añadir la profusión de noticias distorsionadas gubernamentales y la absoluta opacidad con carencia absoluta de información veraz, de manera, que la solución inconstitucional ha sido el confinamiento de los españoles sin derechos y libertades y en total oscuridad informativa, solo aplausos con acoso y derribo.

Oficialmente la culpa de todo la tiene el Tribunal Constitucional que ha adoptado una resolución atrabiliaria contra el Gobierno de España.

La suyas son (ha dicho la Sñr.ª Robles) –elucubraciones doctrinales– sin –sentido de Estado-, aunque, sin duda, su deslegitimación del T. C. comporta desprecio a la división de poderes.

*** Finalmente, dejando todo lo anterior al pairo, lo mejor es lo que se quiere hacer en Andalucía para dar ejemplo, que consiste en aprobar –que haya sueldos vitalicios para los expresidentes de la Junta-, que es algo, que todos los andaluces estamos esperando como agua de mayo para olvidar la vulneración de nuestros derechos fundamentales; es decir, una especie de bálsamo de Fierabras, que lo curará todo, incluidas las presiones reconocidas del Gobierno a miembros de Tribunal Constitucional.

N.B. El Tribunal Constitucional ha fallado contra el Estado de Alarma tarde, demasiado tarde (17 meses), cuando los daños ya están hechos y la reparación resulta imposible, aunque, más vale tarde que nunca.

La reacción del Gobierno un dislate fuera del sentido común, que, de nuevo, pone en peligro la seguridad jurídica y el estado de derecho.

El que piense, que este asunto ha terminado con la sentencia del T. C., se equivoca de principio a fin, ya que,  ante la reacción airada del Gobierno y sus corifeos, es más necesaria que nunca una actuación de todos los poderes públicos y de la sociedad civil en defensa de la Constitución y del Estado de Derecho.

Resulta evidente la intención del Gobierno de seguir demoliendo nuestro Estado social y democrático de Derecho, que consagra como los valores superiores de nuestra democracia: la -libertad-, la -justicia-, la -igualdad-, el -respeto a la ley-, la -división de poderes- y el -pluralismo político.

Diga lo que diga el Gobierno y sus voceros: El fin nunca justifica los medios”.

Córdoba, a 16 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Contratos temporales II – cuña de la misma madera (reforma laboral – indultos – engañar a nadie)

En estos días de cambalaches, acuerdos inexplicados e indefinición en la incertidumbre, solo hay una cosa clara, -“que el Gobierno de España no engaña a nadie, que no quiera ser engañado”-.

La CEOE, con el Sr. Garamendi al frente, tacha de -inaceptable- la propuesta del Gobierno sobre la reforma laboral, y, entre otras cosas dice, que rechaza:  que el contrato fijo sea el tipo de contrato ordinario, porque se parte de la desconfianza y la sospecha hacia la empresa.

Como planteamiento inicial de la CEOE no está nada mal, aunque habría que, hacerles a esos dirigentes empresariales agazapados en sus colectivos profesionales una pregunta:

¿Acaso esperaban otra cosa de un Ministerio de Trabajo dominado por una conocida ideología nunca escondida?

Con razón se dice, que no hay peor cuña que la de la misma madera.

Sin duda esta cuña sale de la misma madera de -los indultos-, que la CEOE aprobó sin distinciones (entre lloros) con aplausos unánimes a su Presidente Sr. Garamendi, cuando dijo lo que dijo; de forma, que ahora está recogiendo el fruto de sus apaños, aunque con una diferencia, la regulación colectivista llena de ideología extrema y excluyente, les llegará a todos los empresarios, con una regulación de la contratación temporal apartada de la realidad de la empresa en España.

Así mismo, es un hecho cierto, que la CEOE nadie sabe dónde está, a diferencia del Gobierno y de la Ministra de Trabajo que todos sabemos donde están y a donde van, de manera, que engañar no engañan a nadie, que no quiera ser engañado.

La norma, que se impone a la CEOE y que motiva su protesta cautiva, será una reforma laboral llevada a cabo contra la contratación temporal, de forma, que, aunque nadie desconoce los excesos de la temporalidad sin fin en nuestro tejido productivo, la Ley no puede ser un trágala, que paralice la contratación y el empleo, así:

a). – La ley que regule el tema, tiene que ser flexible y aplicable a la realidad, de forma, que, si no es así, la norma resultará inservible para sus propios fines.

b). – La dura realidad del desempleo en España imposibilita que se adopten normas, que de cualquier forma conlleven un aumento del mismo y/o impidan su reducción, penalizando la creación de empleo.

c). – Las medidas que afecten al mercado laboral, deben ser de desarrollo sostenido progresivo por sectores productivos y consensuadas, ya que, toda medida radical unilateral llevará al fracaso de la norma en algunos sectores, como pueden ser construcción, hostelería, agricultura, etc., que destacan por la especialidad y modalidad de sus tiempos productivos muy aleatorios.

d). – La litigiosidad se disparará con una regulación inflexible y alejada de la realidad, dando lugar a situaciones de colapso en los juzgados de lo social.

e). – No se debe olvidar, que toda norma que pretenda reformar el mercado laboral, necesita, con carácter imprescindible, un plan adecuado a la estructura real del tejido productivo, y, además, una dotación económica adjunta al mismo, que posibilite su realización concreta y verdadera. Es decir, es necesaria una inversión cuantificada y realista.

En resumen, la CEOE debe dejar de jugar a la política, a las subvenciones y a los artificios profesionales de sus dirigentes, dedicándose a sus fines verdaderos, que al poco que se mire van en una dirección, concretamente, el interés de los empresarios grandes y pequeños, incluidos, por supuesto,  los emprendedores autónomos.

N.B. A la CEOE y a sus dirigentes profesionalizados se les pide, simplemente, que hagan lo que tienen que hacer, que no es otra cosa, que contribuir a establecer un mercado laboral que funcione.

Si tienen alguna duda, que pregunten a la CEE y a su presidente M. Omella y Omella, que con seguridad es la misma madera, o si se prefiere la peor cuña.

Contraponer desde la unilateralidad ideológica -contratos temporales- y -trabajadores indefinidos-, distinguiendo entre lo malo y lo bueno en razón de un mantra dogmático (-entre lo que no se quiere reconocer que existe y lo que solo se quiere regular por ley extrema-), supone defender una ensoñación en la realidad diaria.

Hay que conseguir arbitrar una norma, que permita igualar en sus condiciones de trabajo a productores temporales e indefinidos, cosa que se puede lograr con un sistema flexible de contratación, equitativo y justo, que respete la igualdad que proclama el art. 14 de la C. E., sin necesidad de aniquilar todo lo demás.

En este asunto de la temporalidad es necesaria una actuación consensuada del Gobierno, de todos los poderes públicos y de la sociedad civil, en defensa de un sistema abierto de contratación justa, lo contrario, sería abjurar de la Constitución Española de 1978, que consagra en su artículo 1.: Que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Córdoba, a 10 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

S. S. – Pensiones – Sector Público y Sector Privado – Sociedad Civil – Fondos Europeos (impuestos -desigualdad – rotura – reparto)

Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles, pues todo se reduce a más: -presión impositiva-, -desigualdad-, -rotura- y -reparto desigual-, además, se llevan a cabo las distorsiones sobre los derechos y libertades de los españoles, a base de falta de -transparencia-, de -información veraz- y de -vulneración de la Ley-.

Simplemente, se trata de correr un tupido y vidrioso velo sobre la verdad, aplicando políticas de ideologías excluyentes de forma unilateral, de manera, que se *disfrazan los problemas dilatándolos en el tiempo, *desequilibrando la igualdad entre lo publico y lo privado, *colando más imposición fiscal, *rompiendo la sociedad civil y *creando un sistema de reparto de los fondos de recuperación de la U. E. opaco y discriminatorio, dominado por meros criterios políticos arbitrarios y unidireccionales, regido por el mantra progresista:  todo para unos pocos y el resto para la mayoría sumisa y cautiva.

Señalaré esos cuatro asuntos, lo que no implica que haya otros de parecida importancia:

1.- La Seguridad Social y sus pensiones cuya reforma fallida se anuncia, a base de asociar las subidas al IPC, más impuestos y eliminando el factor de sostenibilidad del sistema, trasladando el problema a 20 años.

2.- La desigualdad creciente entre Sector Público y Sector Privado, que alcanza ya niveles preocupantes en todas las ratios, que se pueden analizar.

3.- Despedazamiento continuo de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

4.- Reparto de los Fondos europeos, donde rige la opacidad y la falta de información veraz, ya que, la propia Airef acusa al Gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos, de manera, que ve -muy difícil- poder estimar el impacto que van a tener los fondos en el PIB, porque no se conocen los detalles de lo que planea el Gobierno.

* En relación con el primer punto, según se está filtrando por los canales oficiosos, la reforma se concretaría –en un blindaje de la revalorización de las pensiones-, que quedan ligadas al IPC, –en una supresión del factor de sostenibilidad- que iba ligado a la esperanza de vida, y, –en una subida de impuestos- para lograr un pretendido equilibrio financiero de las cuentas de la S. S.

Si esa es la reforma, sin duda, existe una amenaza cierta sobre la viabilidad futura del sistema de protección pública, que es uno de los pilares de nuestro estado de bienestar.

* En relación con el segundo punto, el muro, que ya hay levantado entre el sector público y el sector privado, se acrecienta, existiendo dos mundos paralelos desiguales, donde las diferencias son cada vez mayores en todos los sentidos; de manera, que se están produciendo faltas de equidad entre los dos mundos, de los que nacen dos sociedades desiguales: donde unala pública, no nota la crisis y mantiene su nivel de vida e incluso lo acrecienta, mientras, la otra, la privada, se va hundiendo en la pobreza y la ruina, sin que se vean, al menos, indicios de que se intenta reconstruir la igualdad.

La nota discriminatoria más importante, resideen que los poderes públicos forman parte de una de esas sociedades, y, de ninguna forma, por lo que se ve, están dispuestos a bajarse sus privilegios y sus retribuciones sagradas para favorecer a la otra parte camino de la ruina y, además, la privadasi seguimos este camino en dirección contraria, está en riesgo de desaparecer, al menos, tal y como ha venido siendo hasta ahora, que ha proporcionado muchos años de prosperidad, libertad y bienestar a sus ciudadanos.

Como ejemplo de lo dicho:

@España ya ha superado la cifra de empleados públicos de la democracia, mientras el sector privado decrece en todos los sentidos, siendo cada vez más pobre y de menor entidad económica y social. A título de ejemplo, un dato, el número de asalariados del sector público ha alcanzado en el cuarto trimestre 2020, la cifra de 3.379.100 de personas con nómina a cargo del contribuyente, sin que exista paro en este sector, que se traslada en su integridad al sector privado.

@Así mismo, las retribuciones de los empleados públicos, ya superan en un 20% los salarios de los empleados del sector privado.

* En relación con el tercer punto, es una realidad inquietante la ruptura de la sociedad civil, mientras el poder público ocupa su lugar.

En España la sociedad civil y sus asociaciones y articulaciones se están deshaciendo, merced a una política extremista de tintes colectivos, que no admite otras realidades que las suyas, dirigiéndose sin pausa, día a día, a asfixiar todo aquello que no controlan o se representa como algo diferente a sus ideas autoritarias.

Desaparecida la sociedad civil, solo quedarán las asociaciones tuteladas desde lo público, con un aumento del gasto innecesario e improductivo, que se cubrirá, en una huida hasta donde se llegue, a base de más impuestos a los españoles, con emisiones de deuda hasta el límite, y, empobrecimiento paulatino del sector privado.

* En relación con el cuarto punto, es otra realidad preocupante, la absoluta falta de transparencia y de información veraz sobre el reparto de los fondos europeos.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha acusado al Gobierno (Comisión de Hacienda del Congreso), de falta de transparencia con el Plan de Recuperación en el que se determina (eso dicen), cómo se van a gastar los 72.000 millones de euros en transferencias de los fondos europeos; de ahí, que la Airef vea –muy difícil– poder estimar el impacto que los fondos van a tener en la recuperación económica, ya que, aprecia –incertidumbre– respecto al Plan de Recuperación, al faltar en el mismo los objetivos fiscales, cuyo conocimiento sería necesario e imprescindible.

N.B.  Cuatro asuntos llaman la atención ahora en España, y, ninguno parece bueno para los españoles: *S. S. – Pensiones – *Sector Público y Sector Privado – *Sociedad Civil -, y, *Fondos Europeos, pues, solo se ven realmente dificultades futuras para el sistema de S. S., más impuestos, más desigualdad, rotura progresiva de la sociedad civil y un reparto opaco y arbitrario de los fondos de recuperación.

Sin igualdad y sin seguridad jurídica la confianza de los ciudadanos desparece, y, sin duda, son los pilares de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos. La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena.

La Constitución y sus derechos fundamentales consagrados, como la libertad de expresión y el derecho a una información veraz, son el armazón de nuestra libertad y de nuestro Estado de Derecho.

Cualquier actuación arbitraria de los poderes públicos, que viole el principio de legalidad y nuestras libertades, socaba el estado de derecho constitucional, destruyendo el fundamento del orden político y de la paz social en la democracia española.

Córdoba, a 1 de julio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.