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Andalucía – Elecciones IV (Desequilibrios – II)

La gran noticia es que crecen los contratos indefinidos según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo, aunque parece que es una falacia, que esconde el desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía.

Los contratos indefinidos parece que aumentan, pero la realidad es que las cifras esconden un problema de dimensiones preocupantes, así, en un resumen rápido:

*Una tercera parte de los contratos indefinidos son contratos reales a tiempo completo.

*Otra tercera parte de los contratos indefinidos son contratos por horas o a tiempo parcial

*Otra tercera parte de esos contratos indefinidos son contratos de fijos discontinuos.

{En Andalucía los datos de la EPA del 1T. 2022 son como se ha dicho desalentadores:

La Relación de la Población con la actividad de 16 años y más años en Andalucía: 7.082.400 personas.

Ocupados: 45,4%.- 3.217.800 personas. Inactivos: 43,6%. – 3.088.700 personas. Parados: 11,0%. – 775.900 personas – Tasa de paro: 19,4%.

La tasa de paro de los menores de 25 años se sitúa en el 36,1%  (hombres 35,3% y mujeres 37,1%).}

Se reitera, que uno de los problemas olvidados por la Junta de Andalucía (ahora y antes) son los desequilibrios en la CC. AA. andaluza, que se manifiestan en muchas cuestiones o asuntos, de forma, que, aunque sea evidente, que -el desempleo y el empleo están mejorando en la CC. AA.-, no debemos olvidar, que con la cifras que teníamos empeorar resulta difícil. Sin embargo, aquí aparecen desequilibrios de todo tipo:

*Por un lado, el paro y el empleo en Andalucía se distribuyen de forma irregular por todo su territorio (no solo provincias).

*Por otro, el empleo indefinido, que se ha señalado, en la CC. AA. se convierte en un ejemplo paradigmático de esa realidad negativa de puestos de trabajo temporales, contratos por horas a tiempo parcial y trabajo de fijos discontinuos falseados, solo mirando la hostelería, el sector agrario y la construcción el problema de visualiza de inmediato.  

La única conclusión posible es, que las cifras oficiales en Andalucía, como en el resto de España, no son reales, de ahí, que hace falta -información veraz- (art. 20 C. E.), no solo para que los andaluces sepan lo que pasa, sino también para que se puedan tomar medidas estructurales, que pongan remedio al calvario de paro y empleos temporales de los andaluces.

Lo dicho, es, simplemente, la verdad cruda y desnuda, ya que, como decimos, los desequilibrios en mercado de trabajo en Andalucía son inasumibles, de manera, que lo que se conoce, ejemplo, sobre Cádiz (La Línea de la Concepción), sobre Jaén (Linares) y sobre Almería (El Ejido) significa, que las diferencias en empleo y en paro enormes en toda la CC. AA. andaluza y, sin duda, no pueden quedar aparcadas y olvidadas por las elecciones.

El problema está a flor de piel y hay que intentar solucionarlo ya.

Sobre este desequilibrio existente en los contratos indefinidos cabe preguntar en tiempo de elecciones: ¿Qué piensan los partidos y sus candidatos que se presentan? y ¿Cuáles son sus propuestas y medidas al respecto?

Hay elecciones andaluzas y que cada uno vote lo que quiera, pero que nadie se llame a engaño, pues la realidad del empleo indefinido en Andalucía es la que es.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, pero la gran noticia es que crecen los contratos indefinidos (según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo), aunque parece que se oculta una realidad sumamente penosa: “El desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía”.

Los contratos indefinidos aumentan, pero la realidad es, que bajo las cifras oficiales se oculta un problema de dimensiones preocupantes, referido a las condiciones verdaderas de nuestro mercado de trabajo: *Paro con tasas fuera de control y fuera de la media de la eurozona y de la U. E., *contratos temporales precarios en dos terceras partes de esos indefinidos y *falta de medidas concretas y eficaces para estructurar una situación de mercado laboral inasumible.

Sin igualdad real entre los andaluces no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay, aunque oficialmente se quiera disfrazar la realidad.

Córdoba, a 7 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la ley – Poderes Públicos (Letrados de la Administración de Justicia – Principio de exclusividad jurisdiccional)

(1) La Constitución garantiza los principios de legalidad y de respeto a la Ley por los poderes públicos, así:

[*Artículo 9. Respeto a la ley. 

1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Artículo 10. Respeto a la Ley.

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son persona      inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

*Artículo 103. Respeto y sometimiento a la Ley.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

*Artículo 117. Respeto a la Ley y principio de exclusividad jurisdiccional.

1.  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del de la justicia     Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

3.      El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.]

***Así mismo, el T. C. ha dicho: “Que el «respeto a la ley» es el  fundamento del orden político y de la paz social”.

{Ver. T.C. Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004: El Tribunal Constitucional (FJ 5) se apoya en el «respeto a la ley», como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico (en este caso, la legislación de extranjería). Así, conforme al art. 10.1 CE, «el respeto a la ley, esto es, el mantenimiento y preservación de una situación preexistente creada por las normas mediante las cuales se regula una determinada actividad o ámbito, es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social» (STC 160/1999, de 18 de julio, FJ 11), aunque tan «sólo permite restricciones limitadas, controladas y ciertas sobre otro bien constitucional» (STC 292/2000, FJ 11) de manera proporcional al fin legítimo perseguido y siempre que sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2)”.}

(2)  Ocurre, sin embargo, con demasiada frecuencia, que los Poderes Públicos se saltan el “respeto a la Ley constitucional” con variados pretextos y justificaciones, que en muchos casos son inaceptables, aunque el español de a pie se encuentra indefenso y cuando puede reclamar, encima en la mayoría de las ocasiones tiene que pagar por recurrir, lo que ya deviene en una injusticia manifiesta, siendo abuso sobre abuso, quedando, además, los responsables impunes, pues parece que gozan de inmunidad en sus irresponsables decisiones.

Los casos son innumerables, tanto del Gobierno Central como de las CC. AA. y del resto de las Administraciones Públicas, incluido el Poder Judicial, de forma, que enumerarlas todas resulta imposible, aunque nadie puede olvidar hechos del Gobierno como la llamada “amnistía fiscal” del Presidente Rajoy o el confinamiento del Presidente Sánchez, razón por la que en -todos casos se cuecen habas-, de manera, que este pequeño comentario va dirigido a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) que excediéndose en sus competencias con sus resoluciones invaden la función jurisdiccional (vulneran el principio de exclusividad jurisdiccional), queda lo dicho. Sus Diligencias de Ordenación y Decretos es cierto, que pueden ser recurridas en reposición y/o en revisión, pero lo cierto es, se estime la reclamación o no, que el recurrente particular se ve obligado a realizar el inevitable depósito previo en la cuenta del Juzgado para recurrir.

Dos puntos se cuestionan en este pequeño artículo:

1.- Cuando la resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia vulnera el principio de legalidad y se salta el respeto a ley sobrepasando sus competencias e invadiendo la función jurisdiccional, siempre hay que acudir al recurso legal, de forma, que aquí existe una norma claramente mejorable, pues debería bastar, con que la parte interesada presentara un simple escrito denunciando ante el Juzgador el hecho y la mera sospecha de la infracción cometida, posibilitando que el Órgano Judicial competente decidiera según la Ley.

La falta de respeto a Ley constitucional en el caso señalado adolece del imperativo de la falta de igualdad, ya que, cuando el particular recurre, sobre todo si se trata de la Administración Pública, está entablando y luchando a sus expensas contra múltiples resoluciones públicas contrarias a sus intereses, lo que, implica privilegios para las administraciones afectadas (poder ejecutivo y poder judicial), pues no solo hay que recurrir, sino que también hay que pagar previamente.

2.- El pagar previamente por recurrir una resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia debería ser eliminado, salvo casos extremos, de temeridad o mala fe, y, siempre, a posteriori, de la decisión judicial.

El actual sistema de recursos contra las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia está ideado contra los ciudadanos de los que emanan los poderes del Estado, por la simple razón, de que, si el poder procede y nace del Pueblo, romper la igualdad y el principio de legalidad, exigiendo condiciones máximas al particular de a pie, mientras los Poderes Públicos quedan eximidos previamente del respeto a la Ley, destruye los principios que fundamentan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

CONCLUSIÓN: En el respeto a la Ley no puede haber atajos, desigualdades ni privilegios, máxime, cuando se enfrenta el ciudadano de a pie por un poder público, sea el que sea, a la vez, que deben desaparecer las desigualdades y privilegios en favor de los poderes públicos.

N B. El respeto a la Ley por todos los Poderes Públicos es una de las bases de nuestra Democracia y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y, sin duda, los Letrado/as de la Administración de Justicia no pueden ser una excepción, de forma, que cuando sus resoluciones desconocen el principio de exclusividad jurisdiccional, aunque sea solo en mera apariencia, sus decisiones deben ser anuladas por un procedimiento judicial caracterizado por su simpleza y sin necesidad de coste previo para el ciudadano de a pie.

La resoluciones de lo/as Letrado/as de la Administración de Justicia que sobrepasen, aun en mera apariencia, sus atribuciones legales, fijadas en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (en adelante, Ley 13/2009), que distingue entre aquellas resoluciones procesales que deben dictarse necesariamente por Jueces o Magistrados, deben ser anuladas de raíz, ya que ello/as no forman parte del poder judicial.

Las resoluciones que deban dictarse por Letrado/as Judiciales, sin excepciones de tipo alguno, estarán en su esfera de competencia, de forma, que nunca sus decisiones procesales a adoptar, puedan afectar a la función estrictamente jurisdiccional (exclusivamente atribuida a los Jueces y Tribunales), invadiendo la función jurisdiccional que solo compete al Juzgador.

La realidad diaria en los Juzgados y Tribunales, en demasiados casos, es que, las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia adolecen de falta de respeto a Ley, ya que, sobrepasan sus competencias, siendo el coste de los recursos contra ellas, además, una injusticia, que consagra una desigualdad contraria a la Constitución Española de 1978.   

Córdoba, a 15 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – III (Sector Público – gasto en aumento)

La realidad es que los datos oficiales del Gobierno sobre empleo y paro son engañosos porque están dopados, de manera, que la trampa y la mentira forman parte del mundo paralelo que nos dibujan día a día, así, por ejemplo:

**Todo lo que son retribuciones públicas, -pensionistas- suponen un gasto sobre 170.000 millones de euros y -empleados públicos- suponen un gasto de 148.000 millones en salarios, lo que hace un total de 318.000 millones de euros, que son lo que España está pagando de sueldos para sostener un gasto público de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día. 

Es un hecho patente e imposible de sostener, que un tercio de España -Sector Privado- sostenga a dos tercios, es decir, sobre 13 o 14 millones de personas, que, además, supone un gasto estructural enquistado en las Administraciones Públicas.

** El asunto del paro en España es algo inaudito dentro y fuera de España, con el agravante de que {la tasa de desempleo oculta el alcance de la demanda laboral de las personas que han abandonado desesperanzados la búsqueda activa del trabajo, de forma, que  de algunas personas desempleadas se puede decir, que no están disponibles para trabajar}.

Dicho de otra manera, quizás, más clara: En España el número de inactivos que no buscan trabajo y el número de los que llamo incapacitados permanentes sociales (como son los mayores parados de 50 años para arriba, que nunca encontrarán trabajo, sea cual sea la causa) sin la menor duda, se sitúa en los tres millones de personas.

Por otro lado, el desempleo juvenil, el paro de las mujeres y el desempleo de larga duración en España constituyen un desastre social, político y económico, que curiosamente los poderes públicos olvidan, tendiendo a ocultar el problema, aunque sea a través de contratos precarios “indefinidos” y por horas, aunque esa solución trolosa solo convierte la desgracia del paro en algo endémico, que se ha renunciado a solucionar.

** Se dice, que España sigue siendo el país con más paro de la OCDE doblando su media, cosa que se mantiene como algo indiscutible, pero se ignora conscientemente, que también España es la campeona del empleo precario, lo que, sin duda, justifica, en parte, que, teniendo un número de personas en desempleo tan elevado, las empresas de todo tipo tengan dificultades para encontrar trabajadores. (Sin duda, la baja cualificación profesional y las ayudas mal estructuradas y diseñadas para personas necesitadas agudizan el problema).

El Gobierno y algunas CC. AA. afirman, una y otra vez, que hay más y más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), –que hay más personas trabajando y afiliadas a la seguridad social-, pero si el PIB se está reduciendo por debajo del empleo, la realidad es que está bajando la productividad, lo que significa, que se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o que, aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En España aumentan las condiciones de trabajo precarias de todo tipo en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional. Los poderes públicos (todos) no están apostando por el empleo indefinido de calidad, estable y duradero, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

Finalmente, fijaré otras conclusiones:

a).- Falta información veraz de todo tipo en materia de empleo y de paro.

b).-  En España se están pagando retribuciones para sostener un gasto público estructural de personal y pensiones, que crece y crece sin pausa día a día, que se cifra oficialmente en un total de 318.000 millones de euros, lo que, se mire como se mire, es algo insostenible, pues un tercio de trabajadores del sector privado no pueden mantener a dos tercios de salarios públicos -de 13 a 14 millones de personas con sueldos públicos-.

c).- La situación económica está paralizada (inflación descontrolada, imposición fiscal asfixiante, condiciones laborales irreales y sin flexibilidad, empresas pymes en quiebra en número desconocido pero muy preocupante, que no pueden pagar sus deudas, etc.), lo que llevará al crecimiento del paro y a un empobrecimiento del empleo.

N.B.  Las diferencias entre sector público y sector privado que existen el España son inasumibles para cualquier economía y si a nuestro País le unimos una situación límite por su tasa de paro, sin que, además, se adopten medidas urgentes en vías de una solución, como puede y debe ser una bajada importante de impuestos y una reducción del gato público innecesario e improductivo, la situación es extremadamente delicada para el ciudadano de a pie, ya que, curiosamente, la recaudación del Estado está disparada, mientras la mayoría de los españoles se adentran en la pobreza sin remedio.

Agrava el problema la “falta de información veraz”, que impide conocer la realidad para reformar de raíz nuestromercado de trabajo, así que, la productividad seguirá en caída libre y será  imposible crear empleo estable, duradero y de calidad.

Córdoba, a 13 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira – II (+ empleo – PIB = menor productividad = bajada de horas de trabajo y facturación)

Siguiendo con el tema del paro, me dicen los mismos lectores, que los datos del Gobierno (M. Trabajo – SEPE) son ciertos y quieren que explique donde está la trampa.

Así que, primero diré, que puede ser que haya más empleo (aunque pongo en duda los datos oficiales por falta de información veraz), que haya más personas trabajando, pero si el PIB se reduce por debajo del empleo, la realidad es que se produce menos (es decir, está bajando la productividad), lo que significa, sí o sí, que es porque se trabajan menos horas (aumenta el trabajo a tiempo parcial -el trabajo de jornada incompleta por horas-) o porque aunque se trabaje la mismas horas existe menor facturación.

En segundo lugar, señalaré ciertas disfunciones en los datos oficiales:

1º.- Los contratos fijos o indefinidos aumentan, pero es un hecho patente, que un gran número de ellos son contratos por horas (a tiempo parcial) o contratos temporales hechos fijos discontinuos (lo que es una falacia en el empleo, pues cuando acabe el trabajo se acabará el puesto de trabajo fijo -si no al tiempo-).

2º.- Las condiciones de trabajo de todo tipo son precarias en el empleo que se está creando, incluidas las retribuciones salariales, que hará que baje la productividad y la cualificación profesional.

3º.- La realidad es, que el empleo indefinido de calidad, estable y duradero está disminuyendo con la aplicación de la reforma laboral, de forma, que una cosa es la apariencia de creación de empleo y otra cosa la realidad de los puestos de trabajo que se están creando o transformando, que con toda evidencia no coinciden, ya que, no puede ser que se diga que crece el empleo  y que baje el PIB.

El descuadre indica que el empleo creado es de baja productividad y de menos horas de trabajo efectivo.

En tercer lugar, fijaré unas conclusiones:

a).- Falta información veraz, de forma, que los datos oficiales de empleo encierran una trola, es decir, no son verdad, sino como mucho media verdad.

b).- La reforma laboral debe necesariamente ser modificada, buscando la productividad, la cualificación profesional y la creación de empleo de calidad estable y duradero.

c).- Los acuerdos entre empresa y trabajadores deben estar liberados de ataduras de convenios y de imposiciones legales.

d).- Sin flexibilidad en el mercado de trabajo será imposible aumentar la productividad de los trabajadores y la competitividad de las empresas, que son las bases de una creación de empleo estable y sostenida.

N.B.  Los datos oficiales sobre empleo y paro son una falacia, o si se quiere, una mentira disfrazada de verdad, porque + empleo y – PIB significa menor productividad, lo que sí o sí, implica bajada de horas de trabajo y facturación.

En resumen, aumenta la precariedad en el empleo, aunque este aumente oficialmente, cosa que, pongo en almoneda.

Así mismo, es imposible sin conocer la realidad reformar de raíz nuestro mercado de trabajo, adoptando medidas urgentes, que mejoren la productividad y sea posible crear empleo estable, duradero y de calidad, además, la reforma laboral aprobada lo impide.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo es un indicador siniestro, que no se puede ignorar, dato aumentado por los incapacitados permanentes sociales.

Córdoba, a 6 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Desempleo – la realidad y la mentira (fijos discontinuos – a tiempo parcial)

Preguntan unos lectores sobre como está ahora el problema del paro, ya que, han oído, visto y leído, que estamos mejorando y que el número de contratos indefinidos ha crecido exponencialmente por la última reforma laboral.

Sigo pensando que uno de los problemas más acuciantes de España es el desempleo (en Andalucía la situación es aun peor), de forma, que señalo unas premisas a cualquier comentario:

1º.- Es necesaria una información veraz sobre la situación real del paro en España y de las medidas que se están aplicando por los poderes públicos (Gobierno Central y CC. AA.).

La información veraz, que garantiza como derecho la Constitución Española (art. 20. 1. d)., en este asunto del empleo y del paro es esencial, si se quiere encontrar solución a nuestro mercado de trabajo.

Es un hecho patente que falta una información veraz sobre este desgraciado asunto.

2º.- Las cifras que se publicitan por el M. de Trabajo, por el M. de Seguridad Social, etc. (por el Gobierno), por las CC. AA., por la CEOE, por los Sindicatos y otros organismos -públicos y privados- son casi siempre inexactos y engañosos, pecando de un exceso de optimismo y de autocomplacencia.

Sentado lo anterior, es una realidad, que la situación está empeorando día a día, ya que, el mercado de trabajo, además, se está precarizando, se mire como se mire.

Se dice, por cielo mar y aire, que hay más contratos indefinidos que nunca, lo que simplemente es una trola, que distorsiona la realidad,  pues, el número de contratos indefinidos <fijos-discontinuos> y <por horas> -contratos a tiempo parcial- se ha disparado, de forma, que se cuentan como indefinidos contratos de naturaleza real temporal y contratos por horas de todo tipo y color; aunque, es evidente, que esos contratos indefinidos inclasificables encierran un engaño de raíz, pues realmente son contratos precarios, que se caracterizan por salarios bajos y pobres y con unas condiciones de trabajo de mínima calidad, que esconden, además, una bajísima productividad y una bajísima cualificación profesional.

Todo lo dicho, implica desde una visión de las cuentas de la  Seguridad Social y su financiación, que esos contratos contribuyen al mantenimiento de la misma con cantidades exiguas e insuficientes.

Conclusiones:

**Es una realidad perversa, que el crecimiento en la contratación indefinida sigue teniendo un componente temporal y precario, lo que implica, que la realidad presenta otra cara de los datos oficiales del Gobierno, razón por la que, es evidente, que falta a raudales -información veraz-, y, así no hay manera de diseñar una estructura nueva del mercado de trabajo en España.

**El empleo de calidad, productivo e indefinido está decreciendo, a la vez, que aumenta la precariedad preñada de condiciones de trabajo bajo mínimos, tanto económicas como de política social justa.

**El paro está aumentando sin solución, en base a la no adopción de medidas contra la inflación y al estancamiento de la economía en un proceso de estanflación.

**La reforma laboral aprobada caseramente y otras medidas, que incentivan el aumento  del desempleo, están creando un clima de destrucción del mercado de trabajo, mientras el gasto público improductivo, en aumento constante, está agotando los recursos que deberían ir dirigidos a políticas de creación y mantenimiento de puestos de trabajo. 

N.B.  El paro, ahora, además, en aumento, es uno de los grandes problemas irresueltos de España, quizás, por ello, la  falta de -información veraz- al respecto es algo preocupante en extremo, de forma, que es imposible sin conocer realmente la realidad reformar de raíz nuestro mercado de trabajo, adoptando medidas urgentes, que mejoren la productividad y sea posible crear empleo estable, duradero y de calidad en todos los sentidos.

La cifra de inactivos en crecimiento continuo es un indicador siniestro, que los poderes públicos (Gobierno Central y CC. AA.) parecen que han olvidado, cuando se trata de un colectivo que precisa de toda clase de atenciones y políticas asistenciales.

Todos los poderes públicos parapetados ahora en la guerra y en la inflación, entre otras cosas, han decidido ponerse de perfil e ignorar la realidad del desempleo, optando por la inacción completa en el tema del paro, vendiendo por todos los medios de comunicación que la reforma laboral es un remedio milagroso, cuando la verdad es que las reformas del mercado de trabajo de las Sñrsª. Báñez y Díaz son más de lo mismo.

Córdoba, a 5 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.