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Elecciones Municipales – Seguridad Jurídica e Información Veraz (votar sin saber y sin ley)

Es algo patente, que se votará en las elecciones municipales en un clima agobiante de inseguridad jurídica, pues si alguien es capaz de decir que ley se aplicará mañana, sin la menor duda, es un soñador o un trolero compulsivo.

Dicho  lo anterior, solo nos queda poder votar con información veraz, de manera, que habría que pedir a los equipos de gobierno de las Corporaciones Locales total transparencia en sus ingresos y “gastos” para sí saber que votar o no votar.

**Los gastos se deberían explicar con nitidez comprensible por los Equipos de Gobierno Municipal, así:

*El importe de los gastos de personal de funcionarios y empleados laborales de las Corporación Local y de todas sus empresas, fundaciones y asociaciones locales de cualquier tipo, sean con ánimo de lucro o sin él.

*El importe de los gastos (coste real) asignados a cada concejal (o diputado provincial), a cada grupo político municipal o provincial y a cada uno de los trabajadores contratados por los grupos políticos con cargo al presupuesto municipal.

*El numero de asesores contratados, su retribución, su función y su lugar de trabajo en la corporación, con especial explicación de por que grupo político ha sido contratado y/o si ha sido contratado por el Gobierno de la Corporación su número, función y retribución.

*Los gastos por dietas de viaje y estancias en hoteles o asimilados de cada concejal y de cada año de la presente Corporación Local, así como, el objeto del viaje o reunión y sus beneficios y efectos para el Ayuntamiento o Diputación y si se han presentado informes y justificantes de gastos.

*Los gastos detallados de todos los coches o vehículos al servicio de los concejales y de cada miembro del equipo de gobierno, incluidos los gastos de personal.

*Los gastos realizados en inversiones municipales cada año de la presente corporación, distinguiendo entre gastos ejecutados y comprometidos sin ejecutar.

*Los gastos realizados por la Corporación en pago de indemnizaciones, multas o similares efectuados cada año en la presente legislatura municipal o provincial.

*Los gastos llevados a cabo en subvenciones, de cualquier clase que sean, con concreción anual y determinación de sus destinatarios.

*Los gastos anuales de cada empresa, asociación, fundación, etc. municipal, con  determinación de las aportaciones anuales del ayuntamiento o diputación a cada una de ellas.

*La deuda real de la Corporación Local y sus condiciones de pago, así como, sus intereses; detallándose, además, el capital y los interés pagados cada año de legislatura municipal y su concepto y/o finalidad.

*Todos los gastos de la Corporación destinados a otros fines con su concreción anual.

**Los ingresos lo mismo, debiendo explicar los Equipos de Gobierno Municipal de donde salen con total transparencia.

**Siendo evidente, que la seguridad jurídica está en franco deterioro, es elemental, que una información veraz de todos los candidatos (de sus propuestas y promesas) que se presentan a las elecciones municipales debe se algo ineludible, pues los ciudadanos deben conocer lo que votan y porque.

Es cierto, que las “promesas electorales no se suelen cumplir”, pero entre no tener nada a tener algo que sea verdad hay un trecho que, sin duda, beneficia al ciudadano votante, ya que, si tiene una información veraz  por lo menos podrá elegir a quien votar.

Mientras tanto el sistema electoral vigente en España es necesario cambiarlo, pues eso de que unos pocos de cada partido elijan con criterios de sumisión al autócrata de turno, está llevando a una pérdida de libertad absoluta, mientras tanto a votar con la máxima información veraz posible.

Sin olvidar, que en las elecciones municipales es posible elegir personas dedicadas a su ciudad y sin tener otro interés que no sea la prosperidad y el bienestar de sus conciudadanos.

Nada beneficia más a una ciudad, que tener un gobierno municipal formado por sus ciudadanos elegidos libremente y que todos saben que no tienen otros intereses que conseguir el máximo bienestar de sus conciudadanos en todos los sentidos.

Por todo lo dicho, otra PROPUESTA para las elecciones:

“Exigir a todos los partidos y candidatos -UNA INFORMACIÓN VERAZ Y COMPLETA-·

N.B. Elecciones Municipales con Seguridad Jurídica e Información Veraz para votar conociendo la ley y sabiendo que se vota.  

Los partidos políticos dominantes no están por la labor de la transparencia y de la información veraz, así que, solo queda creer en las personas y votarlas, aunque no vayan en las listas cerradas de los partidos que se reparten el poder.

Córdoba, a 19 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Impuesto a los Ricos y a los Bancos – Silencio ante el Catastrazo (IBI – Plusvalía municipal – no va más)

Los impuestos a los ricos y los bancos están levantando una gran polvareda, resultando algo normal porque los supuestos paganos tienen medios de todas clases para protestar, pero llama  mucho la atención, que las subidas de impuestos municipales (IBI, Plusvalía, etc.) que afectan y graban a la mayoría de españoles están sumidos en un silencio oprobioso, de manera, que la gran mayoría de políticos de todos los partidos, empezando por los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales, callan y otorgan, así que, nadie se llame a engaño, ya que, en el expolio al ciudadano medio de a pie todos están de acuerdo.

No hay más que recordar la Sentencia del T. C. que declaró nulos de pleno derecho los artículos de la Ley de Haciendas Locales referidos al cálculo del impuesto de incremento del valor de los terrenos municipal. Es público y notorio que todos los Ayuntamientos y sus políticos se echaron a llorar porque era la ruina de todos ellos, así que, en vez de celebrar una sentencia histórica han conseguido que cualquier ciudadano pague la plusvalía, sí o sí.

Ahora, con el Catastrazo silente y perverso del Gobierno Central todos los impuestos municipales se dispararán, aunque eso sí, hay que guardar silencio por narices y a pagar, pues está en juego el bienestar de una clase política, que está convencida, que ordeñar al ciudadano es un derecho divino indiscutible y destinado al bien común, que esos políticos administran sin responder nunca de sus gastos, aunque sean innecesarios, superfluos y se dilapiden sin ton ni son.

Aquí, de cara a las elecciones municipales, solo para empezar, una propuesta:

que los impuestos municipales bajen en la misma cuantía que sube el catastrazo del Gobierno”.

N.B. El silencio de los políticos sobre el CATASTRAZO DEL GOBIERNO es algo inaceptable y solo demuestra, que en las próximas elecciones municipales hay que votar con el bolsillo y a las personas.

Seguro que la gran mayoría de los cordobeses ya saben lo que tienen que hacer en las elecciones municipales, ya que, votar el Catastrazo es pegarse un tiro en cada pie.

Córdoba, a 13 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Lucha fiscal y abandono de la política (Estado de Derecho y libertad)

Los partidos políticos reinantes se han lanzado a la lucha fiscal para ver quien da más por menos, pero todos paganos. Olvidan en sus propuestas fiscales algo fundamental, que es el gasto público, ya que, ninguno dice cual es su gasto público real ni de donde y como se cubrirá ese gasto, por no hablar ya de que gastos superfluos e innecesarios van a eliminar.

Se puede recaudar más, exigir el pago de más o menos impuestos, pero, sin duda, hay que administrar mejor.

Solo hay una verdad, que es la “verdad fiscal”, que dicho sea de paso, no es algo irreal, porque hay que cubrir servicios públicos completamente necesarios y imprescindibles en cualquier sociedad democrática, que aspire a la justicia social y económica.

Lo extraordinario es que se abandona para ello el Estado Social y Democrático de Derecho Constitucional, ya que, los principios políticos en los que se basa -“justicia, libertad, igualdad, división real de poderes, estado pleno de las autonomías, respeto a la Ley y un largo etc.”- quedan vacíos de contenido y olvidados.

Al ataque fiscal al que se apuntan todos sin más le falta sin la menor duda “una base y una explicación política”, pues sin derechos y libertades fundamentales, junto con los principios básicos constitucionales (legalidad, seguridad jurídica, etc.), toda reforma fiscal flotará en el vacío de la  nada, de forma, que los ciudadanos de a pie solo serán súbditos paganos y estarán privados de todas sus libertades.

Lo dicho se puede discutir, pero la verdad absoluta es, que los derechos y libertades constitucionales son los cimientos de cualquier democracia real, de manera, que si se empieza a construir desde arriba nada pude funcionar, pues es un hecho patente que todos los poderes proceden y nacen del Pueblo Soberano, así, que, cualquier otra cosa, es un disparate y un error incuestionable, máxime, cuando en España (en Andalucía también)  está en peligro el valor justicia, porque el Gobierno de la Nación está demoliendo nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

N.B. Una reforma fiscal justa y equitativa es una necesidad indiscutible, pero nunca puede ser a costa del sacrificio de los derechos y libertades del pueblo soberano constitucional.

Sin verdadera libertad, sin igualdad, sin justica social y sin Estado de Derecho es imposible que exista un sistema fiscal justo en cualquier Nación, que aspire a una democracia plena.

En conclusión, lo primero siempre son los cimientos y esta verdad es algo indiscutible y patente.

Córdoba, a 5 de octubre de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Andalucía – Elecciones IV (Desequilibrios – II)

La gran noticia es que crecen los contratos indefinidos según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo, aunque parece que es una falacia, que esconde el desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía.

Los contratos indefinidos parece que aumentan, pero la realidad es que las cifras esconden un problema de dimensiones preocupantes, así, en un resumen rápido:

*Una tercera parte de los contratos indefinidos son contratos reales a tiempo completo.

*Otra tercera parte de los contratos indefinidos son contratos por horas o a tiempo parcial

*Otra tercera parte de esos contratos indefinidos son contratos de fijos discontinuos.

{En Andalucía los datos de la EPA del 1T. 2022 son como se ha dicho desalentadores:

La Relación de la Población con la actividad de 16 años y más años en Andalucía: 7.082.400 personas.

Ocupados: 45,4%.- 3.217.800 personas. Inactivos: 43,6%. – 3.088.700 personas. Parados: 11,0%. – 775.900 personas – Tasa de paro: 19,4%.

La tasa de paro de los menores de 25 años se sitúa en el 36,1%  (hombres 35,3% y mujeres 37,1%).}

Se reitera, que uno de los problemas olvidados por la Junta de Andalucía (ahora y antes) son los desequilibrios en la CC. AA. andaluza, que se manifiestan en muchas cuestiones o asuntos, de forma, que, aunque sea evidente, que -el desempleo y el empleo están mejorando en la CC. AA.-, no debemos olvidar, que con la cifras que teníamos empeorar resulta difícil. Sin embargo, aquí aparecen desequilibrios de todo tipo:

*Por un lado, el paro y el empleo en Andalucía se distribuyen de forma irregular por todo su territorio (no solo provincias).

*Por otro, el empleo indefinido, que se ha señalado, en la CC. AA. se convierte en un ejemplo paradigmático de esa realidad negativa de puestos de trabajo temporales, contratos por horas a tiempo parcial y trabajo de fijos discontinuos falseados, solo mirando la hostelería, el sector agrario y la construcción el problema de visualiza de inmediato.  

La única conclusión posible es, que las cifras oficiales en Andalucía, como en el resto de España, no son reales, de ahí, que hace falta -información veraz- (art. 20 C. E.), no solo para que los andaluces sepan lo que pasa, sino también para que se puedan tomar medidas estructurales, que pongan remedio al calvario de paro y empleos temporales de los andaluces.

Lo dicho, es, simplemente, la verdad cruda y desnuda, ya que, como decimos, los desequilibrios en mercado de trabajo en Andalucía son inasumibles, de manera, que lo que se conoce, ejemplo, sobre Cádiz (La Línea de la Concepción), sobre Jaén (Linares) y sobre Almería (El Ejido) significa, que las diferencias en empleo y en paro enormes en toda la CC. AA. andaluza y, sin duda, no pueden quedar aparcadas y olvidadas por las elecciones.

El problema está a flor de piel y hay que intentar solucionarlo ya.

Sobre este desequilibrio existente en los contratos indefinidos cabe preguntar en tiempo de elecciones: ¿Qué piensan los partidos y sus candidatos que se presentan? y ¿Cuáles son sus propuestas y medidas al respecto?

Hay elecciones andaluzas y que cada uno vote lo que quiera, pero que nadie se llame a engaño, pues la realidad del empleo indefinido en Andalucía es la que es.

N.B.  En Andalucía hay elecciones y desequilibrios irresueltos, pero la gran noticia es que crecen los contratos indefinidos (según publicita el Gobierno y la Ministra de Trabajo), aunque parece que se oculta una realidad sumamente penosa: “El desastre del paro y del empleo en España y en Andalucía”.

Los contratos indefinidos aumentan, pero la realidad es, que bajo las cifras oficiales se oculta un problema de dimensiones preocupantes, referido a las condiciones verdaderas de nuestro mercado de trabajo: *Paro con tasas fuera de control y fuera de la media de la eurozona y de la U. E., *contratos temporales precarios en dos terceras partes de esos indefinidos y *falta de medidas concretas y eficaces para estructurar una situación de mercado laboral inasumible.

Sin igualdad real entre los andaluces no existe respeto a la Ley ni Estado Social y Democrático de Derecho, de forma, que como hay elecciones a votar en libertad, pues todos sabemos lo que hay, aunque oficialmente se quiera disfrazar la realidad.

Córdoba, a 7 de mayo de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Respeto a la ley – Poderes Públicos (Letrados de la Administración de Justicia – Principio de exclusividad jurisdiccional)

(1) La Constitución garantiza los principios de legalidad y de respeto a la Ley por los poderes públicos, así:

[*Artículo 9. Respeto a la ley. 

1.  Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

*Artículo 10. Respeto a la Ley.

1.  La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son persona      inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.

*Artículo 103. Respeto y sometimiento a la Ley.

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

*Artículo 117. Respeto a la Ley y principio de exclusividad jurisdiccional.

1.  La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del de la justicia     Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

3.      El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.]

***Así mismo, el T. C. ha dicho: “Que el «respeto a la ley» es el  fundamento del orden político y de la paz social”.

{Ver. T.C. Pleno. Sentencia 17/2013, de 31 de enero. Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004: El Tribunal Constitucional (FJ 5) se apoya en el «respeto a la ley», como fundamento del orden político y de la paz social (art. 10.1 CE), para avalar la obligación de respetar el ordenamiento jurídico (en este caso, la legislación de extranjería). Así, conforme al art. 10.1 CE, «el respeto a la ley, esto es, el mantenimiento y preservación de una situación preexistente creada por las normas mediante las cuales se regula una determinada actividad o ámbito, es uno de los fundamentos del orden político y de la paz social» (STC 160/1999, de 18 de julio, FJ 11), aunque tan «sólo permite restricciones limitadas, controladas y ciertas sobre otro bien constitucional» (STC 292/2000, FJ 11) de manera proporcional al fin legítimo perseguido y siempre que sea respetuoso con el contenido esencial del derecho fundamental restringido (SSTC 57/1994, de 28 de febrero, FJ 6; 18/1999, de 22 de febrero, FJ 2)”.}

(2)  Ocurre, sin embargo, con demasiada frecuencia, que los Poderes Públicos se saltan el “respeto a la Ley constitucional” con variados pretextos y justificaciones, que en muchos casos son inaceptables, aunque el español de a pie se encuentra indefenso y cuando puede reclamar, encima en la mayoría de las ocasiones tiene que pagar por recurrir, lo que ya deviene en una injusticia manifiesta, siendo abuso sobre abuso, quedando, además, los responsables impunes, pues parece que gozan de inmunidad en sus irresponsables decisiones.

Los casos son innumerables, tanto del Gobierno Central como de las CC. AA. y del resto de las Administraciones Públicas, incluido el Poder Judicial, de forma, que enumerarlas todas resulta imposible, aunque nadie puede olvidar hechos del Gobierno como la llamada “amnistía fiscal” del Presidente Rajoy o el confinamiento del Presidente Sánchez, razón por la que en -todos casos se cuecen habas-, de manera, que este pequeño comentario va dirigido a los Letrados de la Administración de Justicia (antiguos Secretarios) que excediéndose en sus competencias con sus resoluciones invaden la función jurisdiccional (vulneran el principio de exclusividad jurisdiccional), queda lo dicho. Sus Diligencias de Ordenación y Decretos es cierto, que pueden ser recurridas en reposición y/o en revisión, pero lo cierto es, se estime la reclamación o no, que el recurrente particular se ve obligado a realizar el inevitable depósito previo en la cuenta del Juzgado para recurrir.

Dos puntos se cuestionan en este pequeño artículo:

1.- Cuando la resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia vulnera el principio de legalidad y se salta el respeto a ley sobrepasando sus competencias e invadiendo la función jurisdiccional, siempre hay que acudir al recurso legal, de forma, que aquí existe una norma claramente mejorable, pues debería bastar, con que la parte interesada presentara un simple escrito denunciando ante el Juzgador el hecho y la mera sospecha de la infracción cometida, posibilitando que el Órgano Judicial competente decidiera según la Ley.

La falta de respeto a Ley constitucional en el caso señalado adolece del imperativo de la falta de igualdad, ya que, cuando el particular recurre, sobre todo si se trata de la Administración Pública, está entablando y luchando a sus expensas contra múltiples resoluciones públicas contrarias a sus intereses, lo que, implica privilegios para las administraciones afectadas (poder ejecutivo y poder judicial), pues no solo hay que recurrir, sino que también hay que pagar previamente.

2.- El pagar previamente por recurrir una resolución del Letrado/a de la Administración de Justicia debería ser eliminado, salvo casos extremos, de temeridad o mala fe, y, siempre, a posteriori, de la decisión judicial.

El actual sistema de recursos contra las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia está ideado contra los ciudadanos de los que emanan los poderes del Estado, por la simple razón, de que, si el poder procede y nace del Pueblo, romper la igualdad y el principio de legalidad, exigiendo condiciones máximas al particular de a pie, mientras los Poderes Públicos quedan eximidos previamente del respeto a la Ley, destruye los principios que fundamentan nuestro Estado Social y Democrático de Derecho.

CONCLUSIÓN: En el respeto a la Ley no puede haber atajos, desigualdades ni privilegios, máxime, cuando se enfrenta el ciudadano de a pie por un poder público, sea el que sea, a la vez, que deben desaparecer las desigualdades y privilegios en favor de los poderes públicos.

N B. El respeto a la Ley por todos los Poderes Públicos es una de las bases de nuestra Democracia y de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho, y, sin duda, los Letrado/as de la Administración de Justicia no pueden ser una excepción, de forma, que cuando sus resoluciones desconocen el principio de exclusividad jurisdiccional, aunque sea solo en mera apariencia, sus decisiones deben ser anuladas por un procedimiento judicial caracterizado por su simpleza y sin necesidad de coste previo para el ciudadano de a pie.

La resoluciones de lo/as Letrado/as de la Administración de Justicia que sobrepasen, aun en mera apariencia, sus atribuciones legales, fijadas en la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (en adelante, Ley 13/2009), que distingue entre aquellas resoluciones procesales que deben dictarse necesariamente por Jueces o Magistrados, deben ser anuladas de raíz, ya que ello/as no forman parte del poder judicial.

Las resoluciones que deban dictarse por Letrado/as Judiciales, sin excepciones de tipo alguno, estarán en su esfera de competencia, de forma, que nunca sus decisiones procesales a adoptar, puedan afectar a la función estrictamente jurisdiccional (exclusivamente atribuida a los Jueces y Tribunales), invadiendo la función jurisdiccional que solo compete al Juzgador.

La realidad diaria en los Juzgados y Tribunales, en demasiados casos, es que, las resoluciones de los Letrado/as de la Administración de Justicia adolecen de falta de respeto a Ley, ya que, sobrepasan sus competencias, siendo el coste de los recursos contra ellas, además, una injusticia, que consagra una desigualdad contraria a la Constitución Española de 1978.   

Córdoba, a 15 de abril de 2022

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.