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EPREMASA (Subida de Tasas y Análisis)

A la vista del posible tarifazo, de su retirada obligada y en espera de acuerdos razonables para solucionar la situación de EPREMASA, los lectores de mi blog, me piden un análisis claro y conciso de la Empresa de Basuras y sus soluciones, tal como hice con la Empresa de Aguas Emproacsa.

EPREMASA (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente S.A.) es una entidad pública que gestiona la recogida y tratamiento de residuos en 72 municipios de la provincia de Córdoba, atendiendo a unos 300.000 habitantes. Desde 1992, basa oficialmente su modelo en ecoparques y una red de recogida selectiva con foco en la sostenibilidad ambiental.

En noviembre de 2025, el Gobierno provincial del Partido Popular (PP), liderado por Salvador Fuentes, propuso aumentar las tasas de recogida y tratamiento de residuos un 17,5% para 2026, lo que supondría unos 2 euros más al mes por vivienda, alegando públicamente el Presidente de la Diputación que sin esta subida EPREMASA, con pérdidas acumuladas ya de 2 millones en 2025, entraría en quiebra.

Sin embargo, la oposición en bloque rechazó esta medida por considerarla injusta, insufrible y gravosa para los ciudadanos, especialmente, para familias rurales con ingresos medios bajos. Por ello, la subida no ha obtenido el apoyo mayoritario en la comisión informativa de Hacienda y se han congelado las tasas para 2026.

<<Evolución de Tasas en EPREMASA>>

<-2023: Subida del 40,8%, recuperando pérdidas post-COVID y adaptando la Ley de Residuos.

<-2024: Incremento del 10%, vinculado al quinto contenedor obligatorio para orgánicos.

<-2025: Congelación total pese a pérdidas previstas de 2 millones.

<-2026: Propuesta rechazada de subida del 17,5%, inicialmente prevista hasta un 44%, según ha declarado el Gobierno del P. P.

En conjunto, la oposición denuncia un aumento acumulado del 90% en tres años, pasando de 90 euros anuales en 2022 a 165 euros propuestos en 2026.

<<Motivos del Gobierno del P. P. para la subida>>

<-El incremento pretendía cubrir:

-Alzas del 20-25% en combustible y mantenimiento.

-Inversiones obligatorias por Ley 7/2022, como el quinto contenedor y nuevas plantas, con multas por vertidos.

-Ajustes laborales y correcciones salariales selectivas.

-Mantener equilibrio financiero y evitar quiebra o privatización.

El PP defendía que sin estas medidas las pérdidas podrían llegar a 12 millones en 2026, poniendo en riesgo empleo y servicios, así como, la propia viabilidad de la Empresa.

<<Críticas y Rechazo de la Oposición>>

<-Se considera la subida desproporcionada y un castigo a hogares vulnerables y municipios pequeños.

<-Se acusa falta de transparencia, ineficiencia y ausencia de alternativas reales para mejorar gestión y evitar subidas.

<-Se reclama auditorías independientes y transferencia de más recursos desde la Diputación, que cuenta con un presupuesto creciente y ejecución baja.

<-Se destaca que la carga fiscal afecta también a empresas, con subidas que superan el 100% en algunos sectores, agravando desigualdades.

<<Valoración de la subida de tasas>>

<-La subida, aunque justificada técnicamente por desequilibrios financieros, se percibe como un impuesto encubierto, que contradice promesas electorales del PP.

<-Es socialmente injusta, priorizando la viabilidad económica sobre bonos sociales y bonos para colectivos vulnerables.

<-La congelación aprobada, si bien alivia a los usuarios, posterga un ajuste necesario, que exige una reestructuración profunda y urgente para garantizar la sostenibilidad real de la Empresa.

<-La crisis estructural no se resolverá con subidas aisladas, de forma, que se necesita un pacto multipartidista, una auditoría externa y un plan integral a corto y a medio plazo.

<<Otras opciones para los usuarios frente a la subida de tasas>>

<-Revisión y eliminación de “gastos superfluos” y -convenios con posibles irregularidades-.

<-Implementación de auditorías independientes para mejorar transparencia y eficiencia.

<-Priorizar incentivos para la economía circular y reducción de residuos que pueden bajar costes a medio plazo.

<-Establecer bonificaciones sociales más amplias para colectivos vulnerables.

<-Explorar nuevas fuentes de financiación o mejoras en la gestión que no repercutan solo en tasas.

<<Conclusión>>

El caso de EPREMSA es un ejemplo claro de los retos que enfrentan las empresas públicas en equilibrio entre sostenibilidad financiera y carga fiscal.

La retirada del tarifazo por el gobierno provincial refleja la presión social y política para buscar soluciones menos lesivas para los ciudadanos, aunque la urgencia de una reforma profunda sigue siendo ineludible.

N.B. Epremasa es la historia de un tarifazo fallido, de una Empresa gestionada en un bucle de desastres y de una Entidad Pública sin futuro si no se realiza una reestructuración profunda y urgente de la misma.

La situación financiera de Epremasa deriva de una gestión desastrosa, donde se ha tirado el dinero en gastos superfluos, en exceso de personal y en aventuras no profesionales.

Desde ACOA recomendamos:

“Adoptar las propuestas de auditoría, eficiencia empresarial y tarifas progresivas para asegurar sostenibilidad, justicia social y transparencia, restaurando la confianza ciudadana”.

Córdoba, 10 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Enchufados PSOE sin titulación (Faffe)- Junta Andalucía – Despedidos – Políticos con Curriculums falseados (La Vara de Medir)

Según leo en Libertad Digital un artículo de Paco Cobos – 30/7/2025 – 15:02:

<< “La Junta de Andalucía prepara el despido de los enchufados del PSOE que han trabajado 14 años sin titulación, aunque la Junta de Andalucía había cedido a la presión sindical manteniendo a 23 empleados sin méritos para el puesto, pero encargó un informe judicial que le ha dado la razón”.

“La Junta de Andalucía ha iniciado finalmente los trámites para despedir a los empleados que el Gobierno regional socialista enchufó en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe),personas afines al PSOE y familiares de sus dirigentes sin tener la titulación necesaria para ejercer el cargo ni pasar el proceso de selección”.

“Estos han permanecido en su puesto de trabajo incluso después de la extinción de la Faffe, que se dio en 2011, cuando los empleados investigados por haber sido enchufados pasaron a formar parte del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde han trabajado los últimos 14 años”.

“Los 23 empleados corresponden a 12 administrativos y 11 técnicos, que verán extinguido su contratodespués de que los letrados de la Junta de Andalucía hayan determinado, que estas personas no pueden continuar a sueldo del erario público andaluz por medio de una resolución publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) emitida por la Consejería de Empleo. Una decisión que ha avalado el Consejo Consultivo de Andalucía”.>>

La Vara de Medir.

Cito el anterior artículo, porque en Andalucía hay políticos del P. P., partido que gobierna la Junta de Andalucía por mayoría absoluta, que han falseado sus curriculums públicos (como se puede comprobar en Diputaciones, Ayuntamientos y Empresas y Entes Públicos), apuntándose méritos académicos inexistentes.

La reciente controversia en torno a la falsificación del currículum de una diputada del P.P. ha encendido un debate necesario sobre la relación entre mérito académico, integridad personal y legitimidad institucional. Desgraciadamente, no se trata únicamente de un caso aislado de vanidad o ambición desmedida, se trata, se quiera ver o no, de un agravio o insulto al pactosocial implícito que otorga valor al esfuerzo, a la formación rigurosa y a la acreditación profesional como pilares de la vida pública.

A la vista de lo dicho, el Partido Popular debería revisar con urgencia si en los curriculums de sus cargos públicos en Andalucía existen casos de méritos académicos falseados, y, si es cierto, “que se han apuntado en sus curriculums publicitados en las Instituciones o Empresas que gobiernan méritos académicos falsos por acción u omisión por alguno de ellos”, obrar con urgencia en el saneamiento de la vida pública andaluza, obligando a los falsarios a abandonar sus cargos públicos a los que han llegado atribuyéndose méritos académicos falsos.

La confianza de los ciudadanos que pagan sus impuestos, no permite, que los cargos públicos sean del partido que sea, mientan públicamente, apuntándose méritos académicos que no les pertenecen, pues si engañan o mienten por eso, es claro suponer, que mentirán también cuando les interese personalmente en el ejercicio de sus cargos indebidamente conseguidos.

La vara de medir no puede ser doble y servir solo en una dirección, la ejemplaridad de los cargos públicos exige la igualdad de todos los representantes de los ciudadanos, ya que, cuando fueron votados lo fueron por la confianza de los ciudadanos en ellos, de forma, que si mienten deben ser apartados de los cargos públicos que han usurpado con engaño.

Solo es posible una cosa, concretamente, aplicar a todos los casos la misma vara de medir.

N.B. Los Enchufados PSOE sin titulación van a ser despedidos por la Junta de Andalucía, de manera, que ahora solo cabe esperar, que el P. P. aplique la misma norma con los cargos políticos con curriculums falseados de su partido, ya que, la Vara de Medir debe ser la misma ante la mentira y el engaño para devolver a la sociedad civil la confianza en las Instituciones Públicas.

Los políticos con currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P. en Andalucía, siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir gobernando si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política ante la falta de ética y honestidad es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 4 de agosto de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Currículums falsificados II –Diputación de Córdoba (La Vara de Medir)

Leo en el Diario Digital Cordópolis de 26 de julio de 2025, 11:39 h, una noticia inquietante, concretamente, la reproduzco:

<<“El grupo provincial de Izquierda Unida ha mostrado su “asombro” ante el correo recibido en el día de ayer (viernes) desde el Departamento de Administración Electrónica de la Diputación de Córdoba, en el que se solicita a los diputados y diputadas provinciales que revisen y actualicen su biografía pública en la página web de la institución.

Para IU, este requerimiento llega en un momento “más que sospechoso”, tan solo dos días después del escándalo nacional protagonizado por Noelia Núñez, dirigente del Partido Popular que había mentido sobre su formación académica. El grupo provincial de IU considera que este movimiento de última hora del PP siembra “dudas razonables” sobre la veracidad de los currículums de sus cargos públicos en Córdoba.

En el mensaje enviado, se solicita a los diputados que envíen “la nueva versión de su biografía exactamente como desean que aparezca en la web”. Desde IU se preguntan si este paso responde al “nerviosismo del PP cordobés” por las noticias que demuestran que el falseamiento de currículums es una práctica “más común” de lo que parece en esa formación”.>>

Simplemente, ruego, que mis lectores lean mi anterior artículo titulado, “Políticos – Currículums falsificados – la Vara de medir (Ética – confianza pública – credibilidad instituciones) de fecha 25 de julio de 2025, colgado en mi blog que reproduzco literalmente, así.

<<**Planteamiento.

Con el caso Noelia Núñez (P.P.), que ha dimitido de todos cargos institucionales y de partido, tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer, se ha abierto la caja de los truenos para todos los políticos, que de una u otra forma, han falsificado sus títulos cayendo en la mentira por acción o por omisión, es decir, no diciendo la verdad y faltando a la ética.

El problema está en que no son unos poco sino muchos de todos los partidos y a todos sus niveles, de manera, que expondremos dos ejemplos de engaño en sus titulaciones por omisión, es decir, por falta de una elemental ética, que los inhabilita para desarrollar los cargos que ocupan, al haber incurrido en engaño manifiesto, así:

*Primer caso: Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba, que en su CV colgado en la web de la Diputación, dice en su Formación Académica. “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba”.

(Nota. Dice que tiene “Estudios de Derecho en la Universidad de Córdoba” y que actualmente es Presidente de la Diputación de Córdoba, pero, concretamente, no dice que estudios de derecho tiene en la Universidad de Córdoba.

La información disponible sobre Salvador Fuentes Lopera indica que estudió Derecho en la Universidad de Córdoba, pero no se especifica el nivel exacto de sus estudios, es decir, si completó una Licenciatura en Derecho, un Grado en Derecho, que cursos de la licenciatura superó o si sus estudios fueron parciales sin culminar en un título.

Dado que no hay datos precisos sobre la titulación, no se puede confirmar si completó el programa completo de Derecho o si se trata de estudios no finalizados.

La solución es que el Sr. Fuentes Lopera lo explique claramente y si ha mentido por acción u omisión, su compañera Noelia Núñez le ha enseñado el camino correcto que manda la ética y la ejemplaridad.

*Segundo caso: El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, afirma en su currículum de la Cámara Baja que “estudió Ingeniería Industrial en la Universidad del País Vasco”.

Sin embargo, pese a que con esa afirmación en su ficha parlamentaria López da a entender que finalizó sus estudios, no es así. El dirigente socialista estuvo varios años matriculado, pero no llegó a obtener su licenciatura.

Con los dos casos expuestos no es necesario dar más explicaciones, pues está claro, que exhibir méritos falsos académicos no solo es un engaño personal, sino que también traiciona la confianza de los ciudadanos, quienes esperan que sus representantes sean transparentes y honestos, y, mi opinión es que estas prácticas son inaceptables, ya que, socavan la credibilidad de las instituciones y refuerzan la percepción de que los políticos actúan con impunidad.

**El problema.

El tema de los currículums falsificados por parte de políticos españoles, con licenciaturas, másteres o méritos inventados, es un problema ético y de confianza pública que merece una reflexión crítica.

Este fenómeno no es exclusivo de un partido o ideología, como muestran numerosos casos documentados a lo largo de los años.

Por ejemplo, se han señalado irregularidades en los currículums de figuras como Cristina Cifuentes, con un máster en la Universidad Rey Juan Carlos obtenido de forma irregular, o Noelia Núñez, quien recientemente dimitió tras admitir que no tenía las titulaciones que afirmaba poseer. Otros casos incluyen a políticos como Pedro Sánchez, Pablo Casado, etc. quienes han enfrentado acusaciones de inflar o falsear sus credenciales académicas o profesionales.

Estos ejemplos, entre muchos otros, reflejan una práctica extendida que trasciende colores políticos.

**El problema radica en varios puntos:

-Falta de consecuencias claras: Aunque algunos políticos han dimitido (como Núñez o Cifuentes), otros han mantenido sus cargos a pesar de las evidencias, lo que alimenta la percepción de que estas falsificaciones no tienen un impacto real en sus carreras. Por ejemplo, casos como el de Pablo Casado, donde no se encontraron pruebas suficientes para un proceso penal, muestran que las consecuencias legales suelen ser limitadas.

-Cultura de la apariencia: En política, el currículum se usa a menudo como una herramienta de marketing más que como un reflejo fiel de la preparación. La presión por destacar lleva a algunos a adornar sus méritos, lo cual es especialmente grave cuando se trata de cargos públicos que requieren confianza y competencia.

-Falta de verificación: La ausencia de un sistema riguroso para validar los méritos de los candidatos permite que estas falsificaciones pasen desapercibidas hasta que el periodismo o la oposición las destapan. Esto pone en evidencia la necesidad de regulaciones más estrictas, como exigir documentación oficial para los currículums públicos, una propuesta que ha ganado fuerza pero no se ha implementado de forma efectiva.

-Impacto en la confianza pública: Cada escándalo erosiona la fe en el sistema político. Los ciudadanos ven estas falsificaciones como un reflejo de una clase política desconectada, que prioriza el poder y la imagen sobre la honestidad. Esto puede alimentar el desencanto y la apatía electoral.

**En resumen, los CV falsos son un síntoma de un problema más profundo:

“La falta de transparencia y rendición de cuentas en la política”.

La solución pasa por establecer mecanismos de verificación estrictos, sanciones claras para quienes mientan y, sobre todo, una cultura política que valore la integridad por encima de la imagen. Mientras tanto, el papel del periodismo independiente y de una ciudadanía vigilante es crucial para mantener la presión y exigir responsabilidad.

**Conclusión. Solo puede ser una, concretamente, que la misma vara de medir se aplique por los partidos en todos los casos por igual en busca de la transparencia y de la ejemplaridad.

La portavoz del P. P. en el Congreso, Ester Muñoz, se ha centrado en su homólogo del PSOE y subrayando que estamos deseosos de que Patxi López, el ingeniero, Portavoz del PSOE dé ejemplo y nos muestre el título que acredita que -estudió ingeniería- cómo dice su perfil de diputado en el Congreso, añadiendo, que si no puede acreditarlo esperamos su dimisión por mentir.

Toda la sociedad civil pide “la misma vara de medir”, de manera que la Portavoz del P. P. debe empezar por limpiar su casa.

N.B. Los políticos con Currículums falsificados (por acción o por omisión) deben aplicarse la misma la vara de medir, que la dimitida del P. P. Noelia Núñez, sean del partido que sea, pero, especialmente, no pueden dejarlo pasar los políticos del P. P., siendo una realidad, que ya sin ética, sin confianza pública y sin credibilidad en las instituciones no es posible, que ninguno de sus cargos pueden seguir si han cometido falsedad en sus méritos académicos.

“La impunidad política es algo inadmisible e inaceptable”.

Córdoba, 25 de julio de 2025.>>

**Conclusión.

Creo que sobra cualquier comentario.

Córdoba, 28 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S

Púlpitos Públicos – Opiniones personales (Diferencias – privilegios – abuso de poder)

Un grupo de lectores me plantea una pregunta sobre algo que sucede casi a diario, que ocurre, cuando un político con poder público emite una opinión escrita o hablada y dice después que es una opinión personal.

Todo viene por las “opiniones personales” dice él y su partido del Sr. González Pons expuestas conscientemente por escrito en un medio escrito de difusión, que acumula cargos públicos y poder público, de forma, que es eurodiputado y portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidente del Grupo, siendo a nivel nacional vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular. Es decir, mantiene tantos cargos públicos, que hacen difícil entender, que cuando escribe un artículo en un medio de difusión, sus opiniones puedan ser consideras opiniones personales, despegadas de su enorme poder público.

Eso es lo que dice él y la cúpula de poder del P. P., aunque para cualquier persona de la calle esa diferencia y dualidad del Sr. González Pons le parezca increíble, aunque más increíble es, que, a pesar del grave daño que ha hecho a España al insultar al Presidente de EE.UU. de América, siga en todos sus puestos públicos y no asuma responsabilidad alguna, siendo, además, el mayor desatino que el P. P. no le haya pedido responsabilidad alguna, empezando por una rectificación y/o pidiéndole alguna dimisión de alguno de sus muchos cargos, aunque, tampoco estaría mal un comunicado oficial del P.P. diciendo que rechazan las declaraciones insultantes del Sr. González Pons multi-cargos públicos.

Cualquier español tiene pleno derecho a la libertad expresión, pero dado el daño enorme que las declaraciones escritas del Sr. González Pons desde su púlpito público, que pagamos todos, han causado y causarán a España y a los españoles, y, que es incalculable, pues situarse a nivel internacional como líder de antitrumpismo junto con el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez es un sinsentido y un disparate mayúsculo, pues no tiene nada que ganar, salvo su soberbia personal y un ego descontrolado. En cambio, por el contrario desde su púlpito público ha dañado los intereses de España, los de los españoles y los de su partido político, haciéndole un roto tremendo al Presidente Feijóo, que con colaboradores como el Sr. G. Pons no necesita enemigos.

Lo que ha hecho el Sr. multi – cargos del P. P. Sr. G. Pons desde su púlpito, que pagamos todos, es una “boutade”, que como dice la RAE es una “intervención pretendidamente ingeniosa, destinada por lo común a impresionar”.

Planteada la cuestión de los lectores, es un hecho casi diario, que políticos henchidos y/o colmados de poder abusan del mismo subidos a un “pulpito popular costeado por todos” y desde allí dicen auténticas barbaridades sin que asuman responsabilidad alguna y sin que les pase nada, de forma, que el caso atrabiliario del Sr. G. Pons es solo un ejemplo de lo que no debería de ser, porque, además, es un mal contagioso, pues no hay más que ver a un Fiscal General del Estado llamando “prevaricador” a un Juez Instructor del T. S. para comprender lo que está pasando en España diariamente sin que pase nada de nada.

Los púlpitos públicos siguen en el mismo lugar con abuso constante de poder y los ciudadanos de a pie abochornados y desesperanzados.

En este caso, responder a mis lectores se me hace muy cuesta arriba, pues simplemente no se que decir, salvo, que me parece “un abuso de poder inaceptable”, que debe ser erradicado de inmediato, de manera, que el hablador del púlpito debe asumir sus excesos de poder y marcharse a cuidar manadas de lobos, ya que, cualquier otra cosa es destruir nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de la C. E. de 1978.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades con actuaciones al estilo perverso del Sr. G. Pons pasan a la cuneta y solo queda el hablador irresponsable disfrutando de su poder, mientras los españoles quedamos chapoteando en su fango fatuo.

El Estado de Derecho constitucional sigue sufriendo un deterioro continuo en nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo si no conseguimos echar a todos los habladores del púlpito público.

No caben ni escusas ni pretextos, la única solución es echarlos.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Las *opiniones personales* desde púlpitos públicos realizadas con políticos irresponsables con poder, que dañan los intereses de España y perjudican gravemente a los españoles de a pie, son un abuso de poder, se mire como se mire, que deberían tener consecuencias políticas para sus autores, pues cuando menos son innecesarias y siempre dañinas para el interés general.

Sublevación pacífica y, desde luego, “nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 5 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Anticipos de la Diputación a los Ayuntamientos – Gastar lo que no se tiene (Un plus de intereses y otros costes a pagar)

“La Diputación publicita que adelanta a los municipios 125,8 millones de euros de la recaudación de impuestos de 2025.

La Diputación de Córdoba, por medio del Instituto de Cooperación con la Hacienda Local (ICHL), ha transferido este jueves un 85% de la recaudación de los impuestos municipales previstos para el año 2025y que gestiona la empresa provincial a los ayuntamientos de la provincia.

El importe total, según ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, es de 125.860.000 euros, cifra que supera a la del año pasado en un 1,75%. En 2024 la cantidad fue de 123,69 millones”.

El Presidente de la Diputación Fuentes Lopera del P.P. ha declarado “que este adelanto viene a dar suficiencia, autonomía, liquidez y capacidad de gestión a los ayuntamientos de la provincia desde el principio del año, de modo que pueden hacer efectivos muchos de sus proyectos”. (Diario Córdoba 31/01/25 – Artículo de 30/01/25 – Rafael Valenzuela).

(Nota: Para cubrir el importe de los anticipos el Presidente Salvador Fuentes ha dicho, *que estos recursos proceden de la propia Diputación, 34,9 millones, y *dos operaciones financieras suscritas con Cajasur (51 millones) y Unicaja Banco (40 millones).

**La declaración del Presidente de la Diputación es confusa, incompleta y oculta los costes reales de este adelanto para los municipios, así:

1º.- La Diputación de sus fondos propios aporta 34,9 millones de euros, de manera, que el Presidente debería explicar, en aras de una información veraz, de que partida de los Presupuesto salen esos millones y por qué la Diputación no aporta de sus fondos propios ni siguiera una tercera parte de esos anticipos.

2º.- Por otro lado, se conciertan, dos operaciones financieras, es decir préstamos, por valor de 91 millones de euros, aunque, el Presidente Fuentes Lopera no dice, cual ha sido el coste de esas dos operaciones financieras ni los intereses que habrá que pagar y, sobre todo, quien asumirá esos gastos, de manera, que lo normal será que recaigan sobre los Ayuntamientos anticipados.

3º.- Además, de lo dicho es un hecho patente que los Ayuntamientos, presuntamente beneficiados está ya gastando algo que no tienen y, además, se les cargará unos costes añadidos procedentes de las dos operaciones financieras de contenido desconocido, incluyendo por supuesto todos los intereses nacidos de esas operaciones de préstamo.

Dicho de otra forma, se incrementa el gasto público de forma artificial y los Ayuntamientos impelidos por la Diputación se gastarán lo que no tienen, con la consecuencia final de que esas Corporaciones Locales quedan atrapadas y cautivas de la Diputación, que les hace creer que les está haciendo un favor, cuando lo que les esta haciendo es reducirles sus ingresos por sus impuestos y tasas y, además, gravándolos con costes añadidos desconocidos e ignotos, lo que significa, se mire como se mire, que la Diputación les está vendiendo humo de pajas y engañándolos, pues al final serán los ciudadanos de esos municipios los que tendrán que pagar los costes indebidos, lo que por si explica, que tendrán que subir sus impuestos y tasas para hacer frente a esos costes innecesarios.

El Presidente de la Diputación del P. P. que ya ha subido todos sus impuestos y sus tasas, como basura, agua, etc., lo primero que debería hacer es publicar y explicar claramente, con exhibición pública de todos los documentos firmados, cuanto va a costar a los Ayuntamientos realmente los anticipos que publicita en forma de autopropaganda, cuando él sabe, que lo que dice es una mentira, ya que, una verdad a medias, ocultando los puntos oscuros y negativos, es una gran mentira.

Nadie sabe cuál es el costo real de esas dos llamadas operaciones financieras, es decir préstamos en lenguaje comprensible para todos, y lo peor, es que nadie lo sabrá nunca, pues es un hecho patente, que el Presidente de la Diputación nunca publicará los documentos del préstamo.

Por lo dicho, en la Diputación ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa, pero una cosa es cierta, que la administración y la política que el Presidente del P. P. esta haciendo es una política alejada de lo que el Partido Popular prometió que haría si gobernaba, pues si hay algo contrario a los intereses de sus votantes es lo que se está haciendo día a día, que no es otra cosa que la política sandía “verde por fuera y roja por dentro” .

Los votantes del P. P. somos la rana a la que pican todos con sus promesas incumplidas, de forma, que ya solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay:

“Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones cumpliendo lo prometido, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “si seguimos votando a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Los anticipos a los Ayuntamientos son gastar lo que no se tiene y, además, intereses y otros costes ocultados y desconocidos.

“Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 1 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.