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Respeto a la Ley – España (Democracia bajo mínimos)

La realidad al día de hoy es, que parece que en España todos los poderes públicos han perdido el respeto a la ley en cualquiera de sus niveles, de forma, que una carcoma perversa está devorando, sin pausa ni control, la aplicación del valor justicia que la C. E. consagra en su art. 1.1., y, aquí reside el verdadero problema de la falta del respeto a la Ley, que se está apoderando de todos los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) y a todos sus niveles.

Basta por ahora observar la realidad diaria por comprender, que lo que digo es cierto, así:

a).- Un poder legislativo que está al servicio de un Gobierno Central, que ha decidido pasar del Congreso y del Senado, aprobándolo todo por decretos leyes, o, como ahora, aprobado un gasto militar sorpresivo y superlativo al margen de cualquier control incluso de su propio Gobierno.

b).- Un poder ejecutivo autocrático sometido a un líder político que nadie sabe por dónde va y ni a dónde quiere ir, de manera, que vamos de sorpresa en sorpresa, de Cataluña a Waterloo, de Europa a China, de la OTAN a sin la OTAN y con EE. UU. fuera de juego.

c).- Un poder judicial dividido y diluido en la nada e incapaz de adoptar decisiones tan elementales como las presidencias de las salas del T. S., y, dónde las ideologías incapaces de llegar a acuerdos hacen inoperante el CGPJ.

(Nota. Se puede discutir los que digo, pero lo único cierto es que la falta del respeto a la ley se ha instalado en todos los niveles de los poderes públicos (Estado, CC. AA., Provincias y Ayuntamientos). No se busca ya el interés general y/o el bien común, sino ocupar espacios de poder apartando como sea al adversario político y apoderándose del empleo público sin dejar el mínimo espacio para la igualdad ante la ley.).

La C. E. de 1978 parece que es de otro mundo, ya que, nadie hace lo que ella dice, aunque fue aprobada por una mayoría abrumadora de españoles:

1º.- La C. E. dice en su artículo 10.1 (Dignidad, derechos y respeto a la ley), que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

Así lo ha consagrado, por ejemplo, nuestro T. C. en Sentencia de Pleno: “Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad Decisión: Pleno. Sentencia Nº de procedimiento: 1024-2004. Sentencia: 17/2013 [ECLI:ES:TC:2013:17]. Fecha: 31/01/2013. Fecha publicación BOE: 26/02/2013.

2º.- Digamos, que lo que dice la Constitución es la teoría, pues en la práctica diaria en España el respeto a la Ley, especialmente, por los Poderes Públicos ha pasado a la gloría de su casi extinción, así:

** Principios constitucionales:

La Constitución Española de 1978 establece que España es un Estado social y democrático de derecho, donde los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (artículo 9.1). Este artículo también garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de disposiciones sancionadoras, la seguridad jurídica y la prohibición de arbitrariedad por parte de los poderes públicos.

Los poderes públicos (legislativo, ejecutivo y judicial) están obligados a respetar los derechos fundamentales y las libertades públicas, que vinculan a todas las instituciones (artículo 53). Además, la separación de poderes, consagrada en la Constitución, busca evitar abusos y garantizar un equilibrio institucional.

**Situación actual del respeto a la ley.

*Separación de poderes: Existen realidades perversas sobre la influencia del poder ejecutivo en el judicial, particularmente en la designación de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), siendo la figura distorsionada de la Fiscalía General de Estado un ejemplo de lo que nunca deber ser una democracia regida por la ley de todos.

*Corrupción y ejemplaridad: Informes recientes, como el de GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), señalan que España no ha implementado completamente recomendaciones para prevenir la corrupción en altos cargos, jueces, fiscales y cuerpos de seguridad. Esto afecta la confianza ciudadana en los poderes públicos.

*Neutralidad de los poderes públicos: La exhibición de símbolos políticos no oficiales en espacios públicos (como banderas republicanas o lazos amarillos) ha generado debates judiciales. Los tribunales, en vano, han reforzado el principio de neutralidad, exigiendo que los espacios públicos se mantengan libres de símbolos partidistas, según la Ley 39/1981.

*Cumplimiento de la ley en contextos políticos sensibles: Episodios como el referéndum ilegal de Cataluña en 2017 han puesto de manifiesto tensiones entre poderes públicos autonómicos y el Estado central.

*Legislación y participación ciudadana: Hay críticas sobre la falta de debate y participación en la elaboración de leyes, lo que puede debilitar su legitimidad.

**Percepción social.

La confianza de los españoles en las instituciones públicas ha disminuido en los últimos años por múltiples causas, así, casos de corrupción, politización de la justicia y una percepción de falta de ejemplaridad en los líderes políticos.

**Casos relevantes.

*Bloqueo del CGPJ: La parálisis en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y en su funcionamiento ha sido objeto de críticas nacionales e internacionales, con el Tribunal Constitucional interviniendo para frenar ciertas reformas.

*Amnistía y procesos judiciales: La ley de amnistía para encausados del procés catalán ha generado controversias sobre su compatibilidad con el principio de igualdad ante la ley y el respeto al ordenamiento jurídico.

*Ciberseguridad y derechos fundamentales: El retraso en la aplicación de la ley de ciberseguridad muestra un intento de equilibrar seguridad y derechos, pero también evidencia desafíos en la implementación de normas.

*En un día el Gobierno ha decidido: (I). No someter al control parlamentario un tremendo gasto de defensa; y, (II) Apoyar el que el Fiscal General del Estado nombre una nueva fiscalía especial para que le investigue a él.

3º.- Conclusión.

*El respeto a la ley por parte de los poderes públicos en España está respaldado por un marco constitucional sólido y un sistema democrático funcional, pero una cosa es la teoría y otra la práctica diaria que se ve y se siente.

*La politización de la mayoría de las instituciones, la percepción de corrupción y las tensiones entre poderes generan dudas sobre la plena efectividad del Estado de derecho, porque España cada día parece más una autocracia. Aunque constitucionalmente España sigue siendo un país con un nivel elevado de garantías legales, la confianza ciudadana y la ejemplaridad de los poderes públicos son áreas que requieren atención para fortalecer el respeto a la ley.

N.B. Lo que hay es lo que se ve y lo que se siente, concretamente, que el respeto a la Ley en España está bajo mínimos, de manera, que nuestro estado de derecho y nuestra democracia están en serio peligro.

Córdoba, a 24 de abril de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Púlpitos Públicos – Opiniones personales (Diferencias – privilegios – abuso de poder)

Un grupo de lectores me plantea una pregunta sobre algo que sucede casi a diario, que ocurre, cuando un político con poder público emite una opinión escrita o hablada y dice después que es una opinión personal.

Todo viene por las “opiniones personales” dice él y su partido del Sr. González Pons expuestas conscientemente por escrito en un medio escrito de difusión, que acumula cargos públicos y poder público, de forma, que es eurodiputado y portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidente del Grupo, siendo a nivel nacional vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular. Es decir, mantiene tantos cargos públicos, que hacen difícil entender, que cuando escribe un artículo en un medio de difusión, sus opiniones puedan ser consideras opiniones personales, despegadas de su enorme poder público.

Eso es lo que dice él y la cúpula de poder del P. P., aunque para cualquier persona de la calle esa diferencia y dualidad del Sr. González Pons le parezca increíble, aunque más increíble es, que, a pesar del grave daño que ha hecho a España al insultar al Presidente de EE.UU. de América, siga en todos sus puestos públicos y no asuma responsabilidad alguna, siendo, además, el mayor desatino que el P. P. no le haya pedido responsabilidad alguna, empezando por una rectificación y/o pidiéndole alguna dimisión de alguno de sus muchos cargos, aunque, tampoco estaría mal un comunicado oficial del P.P. diciendo que rechazan las declaraciones insultantes del Sr. González Pons multi-cargos públicos.

Cualquier español tiene pleno derecho a la libertad expresión, pero dado el daño enorme que las declaraciones escritas del Sr. González Pons desde su púlpito público, que pagamos todos, han causado y causarán a España y a los españoles, y, que es incalculable, pues situarse a nivel internacional como líder de antitrumpismo junto con el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez es un sinsentido y un disparate mayúsculo, pues no tiene nada que ganar, salvo su soberbia personal y un ego descontrolado. En cambio, por el contrario desde su púlpito público ha dañado los intereses de España, los de los españoles y los de su partido político, haciéndole un roto tremendo al Presidente Feijóo, que con colaboradores como el Sr. G. Pons no necesita enemigos.

Lo que ha hecho el Sr. multi – cargos del P. P. Sr. G. Pons desde su púlpito, que pagamos todos, es una “boutade”, que como dice la RAE es una “intervención pretendidamente ingeniosa, destinada por lo común a impresionar”.

Planteada la cuestión de los lectores, es un hecho casi diario, que políticos henchidos y/o colmados de poder abusan del mismo subidos a un “pulpito popular costeado por todos” y desde allí dicen auténticas barbaridades sin que asuman responsabilidad alguna y sin que les pase nada, de forma, que el caso atrabiliario del Sr. G. Pons es solo un ejemplo de lo que no debería de ser, porque, además, es un mal contagioso, pues no hay más que ver a un Fiscal General del Estado llamando “prevaricador” a un Juez Instructor del T. S. para comprender lo que está pasando en España diariamente sin que pase nada de nada.

Los púlpitos públicos siguen en el mismo lugar con abuso constante de poder y los ciudadanos de a pie abochornados y desesperanzados.

En este caso, responder a mis lectores se me hace muy cuesta arriba, pues simplemente no se que decir, salvo, que me parece “un abuso de poder inaceptable”, que debe ser erradicado de inmediato, de manera, que el hablador del púlpito debe asumir sus excesos de poder y marcharse a cuidar manadas de lobos, ya que, cualquier otra cosa es destruir nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de la C. E. de 1978.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades con actuaciones al estilo perverso del Sr. G. Pons pasan a la cuneta y solo queda el hablador irresponsable disfrutando de su poder, mientras los españoles quedamos chapoteando en su fango fatuo.

El Estado de Derecho constitucional sigue sufriendo un deterioro continuo en nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo si no conseguimos echar a todos los habladores del púlpito público.

No caben ni escusas ni pretextos, la única solución es echarlos.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay”, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B. Las *opiniones personales* desde púlpitos públicos realizadas con políticos irresponsables con poder, que dañan los intereses de España y perjudican gravemente a los españoles de a pie, son un abuso de poder, se mire como se mire, que deberían tener consecuencias políticas para sus autores, pues cuando menos son innecesarias y siempre dañinas para el interés general.

Sublevación pacífica y, desde luego, “nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 5 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Ley – el Fiscal General – los Fiscales (La confianza del ciudadano en la aplicación justa de la Ley ha desparecido)

¿Alguien confiará en la Fiscalía?

Simplemente, No.

El Estado de Derecho en España está fuera de cobertura y nos afecta a todos.

N.B. Lo cierto es, que lo dicho es verdad, lo que implica que el imperio de la Ley está afuera (Out).

Frente a tanta injusticia a la sociedad civil y a los ciudadanos de a pie solo nos queda ir a una rebelión pacífica en cualquiera de sus múltiples formas en defensa de nuestros derechos y libertades como personas libres.

Córdoba, a 18 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.

Fiscal General – Tribunal Supremo (La oscuridad y la falta de respeto a la Ley – Hasta dónde llega)

El turbio asunto del Fiscal General es extremadamente grave para nuestro Estado de Derecho, aunque mirado en profundidad hay que señalar, que en nuestra democracia la falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos es algo que se extiende como una mancha de aceite venenosa inundándolo todo de injusticia.

Es cierto, que al Sr. Fiscal del Estado hay que exigirle la responsabilidad que tenga, pero debería ser también cierto, que esa responsabilidad debería exigirse a todos los niveles de los poderes públicos. No puede ser que un ayuntamiento y sus políticos que lo gobiernan, por ejemplo, actúen al margen de la ley y que no pase nada; además, cuando se denuncia ante un juzgado que un alcalde o un concejal actúan ignorando la ley y, a mayor inri, se demuestra, no pasa nada y el ciudadano de a pie además de pagar (abogados, recursos, etc. etc.) no tiene otra que envainársela.

Es un hecho patente, que el valor justicia constitucional (art. 1.1. C.E.) ha quedado fuera de cobertura legal con carácter general, de forma, que aquí está en mi opinión “el verdadero problema de la justicia en España” , pues un caso aislado, como puede ser el del Fiscal General no es nada y se arregla con facilidad, lo verdaderamente grave, que está ocurriendo, es la extensión y la generalidad de falta de respeto a la Ley por algunos-muchos poderes públicos de cualquier nivel administrativo y/o judicial. En resumen, la piel de toro está a rebosar de titulares de poderes púbicos, que incumplen la ley por acción o por omisión.

Se me dirá, que lo que expongo no es cierto, pero, digan lo que digan los voceros del aparataje oficial, es un hechos patente y probado, que la inaplicación de la Ley por el camino oscuro de ignorarla, “es un hecho que está ocurriendo a diario” en algunos-muchos poderes públicos, y, lo peor es, que cuando se denuncia en defensa de nuestras derechos y libertades consagradas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no pasa nada, ya que, exigir responsabilidad a un poder público está muy mal visto, a parte de los venganzas posteriores que se materializan de inmediato contra el ciudadano, que solo pide que se cumpla la Ley.

En cualquier democracia con un Estado de Derecho en vigor real y efectivo el respeto a la ley por todos es la base de su libertad y de la igualdad de todos sus ciudadanos.

N.B. Lo peor es, que lo expuesto es cierto y patente, quizás, porque los presuntos implicados se consideran impunes, que como en el caso del Fiscal General, como dicen en Moncloa, “quedará en nada”, o, como dice el Ministro Bolaños: “Decir la verdad no puede ser delito”, aunque el T. S. diga por unanimidad que hay que investigar.

A pesar de todo si se abandona la esperanza, estamos muerto y esclavos, de forma, que creo que existen soluciones pacíficas en la sociedad civil para combatir ese parásito perverso y contagioso, que lo está envenenando todo en España.

No queda otra, que ir a una rebelión pacífica ciudadana en defensa de nuestros derechos y libertades como ciudadanos libres.

Córdoba, a 17 de octubre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Cdo. 1316. Inspector de Trabajo y S. S.