Tag Archives: juez

La Desigualdad Judicial en España (Igualdad contra Privilegios)

El artículo 14 de la Constitución Española proclama con solemnidad que los españoles son iguales ante la ley, pero en los pasillos abarrotados de nuestros juzgados, esta igualdad se desvanece como humo entre montañas de expedientes polvorientos, macrocausas mediáticas y una administración de justicia crónicamente desfinanciada. La realidad es muy dura, porque en España, operan dos velocidades judiciales: Una rápida y reluciente para los casos con cámaras y titulares, y, otra lenta, retorcida y olvidada para la justicia cotidiana, que impacta directamente en la vida de la gente de a pie.

Esta brecha no es un accidente, sino que es un fallo sistémico, que erosiona la democracia y perpetúa la impunidad de los más fuertes.

<<La Desigualdad en la Justicia Española – (Un análisis realista)>>

La justicia española, lejos de ser un baluarte de equidad, se ha convertido en un espejo deformado de las desigualdades sociales.

**Analizamos los puntos clave donde la promesa constitucional se quiebra:

1.- Macrocausas – (Agujeros Negros Judiciales).

 Los grandes procesos -como las tramas de corrupción política o empresarial- actúan como verdaderos agujeros negros, devorando jueces, funcionarios y peritos durante años interminables, mientras tanto, miles de causas menores quedan paralizadas en el limbo burocrático. Una simple querella de un ciudadano anónimo, un conflicto laboral o una denuncia por irregularidades locales se pudre en un cajón olvidada, porque sin inversiones adicionales en personal y tecnología, cada macrocausa no solo paraliza un juzgado, sino que sabotea la democracia diaria, dejando a la ciudadanía desprotegida ante abusos cotidianos.

¿Es esto igualdad o un sistema diseñado para priorizar el espectáculo sobre la sustancia?

<- Brecha en la capacidad de defensa (Dinero y poder).

La imparcialidad del juez es un recipiente vacío si la defensa no es equitativa: (I). Grandes fortunas y políticos investigados por corrupción despliegan ejércitos de abogados de élite, multiplicando recursos, incidentes procesales y nulidades para dilatar los juicios hasta el agotamiento ajeno; y, (II). en contraste, el ciudadano medio -con asistencia jurídica gratuita o recursos limitados- enfrenta una guerra de desgaste que no puede ganar.

La desigualdad transforma la igualdad formal en una desigualdad práctica brutal, donde el dinero compra tiempo, influencia y, a menudo, absoluciones implícitas.

**Una crítica sin engaños: Un sistema judicial que permite esto es injusto, porque es discriminatorio y cómplice de la corrupción.

<-Presión Mediática y Juicios Paralelos (El circo de las portadas).

-La cobertura mediática distorsiona las prioridades judiciales de manera flagrante, ya que,  los casos de portada avanzan a ritmo acelerado bajo la presión política e institucional,-mucho más numerosas y cercanas, como las en ayuntamientos o administraciones autonómicas- se embarran en la burocracia y el silencio, porque la selectividad mediática no solo acelera lo visible, sino que condena lo invisible a la impunidad.

¿Por qué un escándalo nacional recibe atención inmediata, pero un contrato irregular en un pueblo se eterniza?

La respuesta es clara: El poder mediático dicta el tempo, perpetuando un ciclo vicioso donde la justicia se convierte en entretenimiento para unos pocos privilegiados.

2.- Justicia Tardía (Impunidad disfrazada).

Cuando una resolución llega tras ocho, diez o más años, el daño ya es irreparable, entre otras cosas, porque  el político corrupto ha abandonado el cargo, el dinero robado se ha evaporado en paraísos fiscales y la confianza pública en las instituciones se ha desintegrado, de manera que como dice el aforismo jurídico, justicia tardía no es justicia, ya que. es otra cosa que se llama engaño.

Esta dilación sistemática no es casual, sino que es el resultado de un sistema sobrecargado y desatendido, que favorece a quienes pueden esperar -los poderosos- y castiga a los vulnerables.

<<Una Democracia se mide por sus márgenes – (Las estadísticas que desnudan la realidad)>>

**Las tablas y datos oficiales confirman nuestra esta crítica:

<-Recursos Secuestrados, ya que, las causas mediáticas monopolizan juzgados enteros, dejando sin atención el 80% de los expedientes cotidianos (según informes del CGPJ).

<-Tiempos de espera injustos, porque los ciudadanos esperan años por resoluciones simples, mientras macrocausas avanzan con refuerzos especiales.

<-Equilibrar el poder económico, ya que, quienes contratan defensas premium obtienen ventajas procesales, con tasas de dilación un 50% superiores en casos de bajo perfil.

<-Modificar las prioridades políticas, porque las reformas judiciales se centran en lo macro, ignorando lo local y perpetuando la brecha.

Una justicia verdaderamente igualitaria no se limita a proclamar principios constitucionales formales, sino que exige garantizar, que un contrato irregular en un pueblo reciba la misma diligencia que una trama nacional.

Sin inversiones masivas en digitalización, más jueces y personal cualificado, la igualdad seguirá siendo un cascarón vacío, no una realidad tangible.

Nota . Hay que recordar con intensidad, que la calidad de una democracia se mide por cómo trata al ciudadano sin poder, dinero ni conexiones. Cualquier otro enfoque es hipocresía institucionalizada.

<<Un Plan para la Igualdad Real (Proyecto Lupa y Red)>>

Reformar el sistema desde arriba es quimérico en un panorama político paralizado, pero la sociedad civil puede impulsarlo desde abajo con determinación, razón por la que  presentamos el Proyecto Lupa y Red, una iniciativa de vigilancia ciudadana para exigir la aplicación efectiva de las leyes existentes, sin necesidad de revoluciones legislativas.

***Este plan transforma la pasividad en acción crítica y colectiva.

**Fase 1: La Lupa – Monitorizar lo Invisible.

<-Crear observatorios locales impulsados por vecinos para rastrear casos de corrupción o abusos administrativos que el sistema ignora.

<-Registrar tiempos de espera en bases de datos públicas y accesibles, exponiendo la lentitud endémica.

<-Comparar públicamente el ritmo de casos locales versus mediáticos, usando datos para denunciar la desigualdad. Los datos no mienten: son la herramienta más afilada contra la indiferencia burocrática.

**Fase 2: La Red – Solidaridad Colaborativa.

<-Impulsar plataformas de crowdfunding jurídico y redes de abogados voluntarios para nivelar el campo de juego.

<-Acompañar a denunciantes protegidos por la Ley de Protección del Informante, rompiendo su aislamiento.

<-Convertir el miedo y la soledad en fuerza colectiva, donde la comunidad respalda al individuo contra el Goliath institucional.

**Fase 3: Ruido Selectivo – Hacer Visible lo Oculto.

<-Organizar presencia ciudadana en juzgados para demostrar vigilancia y presión pública.

<-Denunciar retrasos en redes sociales, etiquetando a organismos judiciales y medios con datos verificables y contundentes. Este “ruido” no es caos; es transparencia estratégica que obliga al sistema a rendir cuentas.

<<Ciudadanos frente al Sistema (Herramientas de defensa)>>

Debilidad del CiudadanoHerramienta de CombateAcción Práctica
Falta de RecursosAcción Popular ColectivaCompartir costes de denuncias en asociaciones y plataformas.
SoledadRedes de ApoyoAcompañar a denunciantes y testigos en juicios y procesos.
DesconocimientoAlfabetización JurídicaOrganizar talleres gratuitos sobre plazos, procedimientos y derechos.
InvisibilidadDigitalización del EscándaloPublicar cronogramas y retrasos en plataformas abiertas para viralizar la injusticia.

<<El efecto gota de agua (Transparencia como arma).

No pretendemos colapsar el sistema, sino incomodarlo con una transparencia implacable. Un juez consciente de que sus tiempos son escrutados actúa con mayor diligencia, y, además, un político expuesto no puede esconderse.

Es un hecho indudable: “La justicia falla cuando unos gritan y otros callan”. Critiquemos esta asimetría y actuemos para equilibrarla.

<<Iniciar el cambio (Pasos concretos)>>

1.- Asumir que la corrupción “menor” -esa que afecta a tu hospital, colegio o calles- es tan corrosiva como la nacional.

2.- Recordar que diez personas coordinadas pueden auditar y transformar toda una ciudad.

N. B. El cambio no vendrá de decretos lejanos, sino que surge cuando la sociedad civil decide mirar, medir y actuar con seriedad y persistencia.

El artículo 14 de la C. E. debe pasar de ser una declaración formal a una igualdad real y eso depende de nosotros.

Córdoba, 19 de enero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Púlpitos Públicos – Opiniones personales (Diferencias – privilegios – abuso de poder)

Un grupo de lectores me plantea  una pregunta sobre algo que sucede casi a diario, que ocurre, cuando un político con poder público emite una opinión escrita o hablada y dice después que es una opinión personal.

Todo viene por las opiniones personales dice él y su partido del Sr. González Pons expuestas conscientemente por escrito en un medio escrito de difusión, que acumula cargos públicos y poder público, de forma, que es eurodiputado y portavoz del Partido Popular Europeo (PPE) y vicepresidente del Grupo, siendo a nivel nacional vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del Partido Popular. Es decir, mantiene tantos cargos públicos, que hacen difícil entender, que cuando escribe un artículo en un medio de difusión, sus opiniones puedan ser consideras opiniones personales, despegadas de su enorme poder público. 

Eso es lo que dice él y la cúpula de poder del P. P., aunque para cualquier persona de la calle esa diferencia y dualidad del Sr. González Pons le parezca increíble, aunque más increíble es, que, a pesar del grave daño que ha hecho a España al insultar al Presidente de EE.UU. de América, siga en todos sus puestos públicos y no asuma responsabilidad alguna, siendo, además, el mayor desatino que el P. P. no le haya pedido responsabilidad alguna, empezando por una rectificación y/o pidiéndole alguna dimisión de alguno de sus muchos cargos, aunque, tampoco estaría mal un comunicado oficial del P.P. diciendo que rechazan las declaraciones insultantes del Sr. González Pons multi-cargos públicos.

Cualquier español tiene pleno derecho a la libertad expresión, pero dado el daño enorme que las declaraciones escritas del Sr. González Pons desde su púlpito público, que pagamos todos, han causado y causarán a España y a los españoles, y, que es incalculable, pues situarse a nivel internacional como líder de antitrumpismo junto con el Presidente del Gobierno Sr. Sánchez es un sinsentido y un disparate mayúsculo, pues no tiene nada que ganar, salvo su soberbia personal y un ego descontrolado. En cambio, por el contrario desde su púlpito público ha dañado los intereses de España, los de los españoles y los de su partido político, haciéndole un roto tremendo al Presidente Feijóo, que con colaboradores como el Sr. G. Pons no necesita enemigos.

Lo que ha hecho el Sr. multi – cargos del P. P. Sr. G. Pons desde su púlpito, que pagamos todos, es una “boutade”, que como dice la RAE es una “intervención pretendidamente ingeniosa, destinada por lo común a impresionar”.

Planteada la cuestión de los lectores, es un hecho casi diario, que políticos henchidos y/o colmados de poder abusan del mismo subidos a un pulpito popular costeado por todosy desde allí dicen auténticas barbaridades sin que asuman responsabilidad alguna y sin que les pase nada, de forma, que el caso atrabiliario del Sr. G. Pons es solo un ejemplo de lo que no debería de ser, porque, además, es un mal contagioso, pues no hay más que ver a un Fiscal General del Estado llamando “prevaricador” a un Juez Instructor del T. S. para comprender lo que está pasando en España diariamente sin que pase nada de nada.

Los púlpitos públicos siguen en el mismo lugar con abuso constante de poder y los ciudadanos de a pie abochornados y desesperanzados.

En este caso, responder a mis lectores se me hace muy cuesta arriba, pues simplemente no se que decir, salvo, que me parece un  abuso de poder inaceptable, que debe ser erradicado de inmediato, de manera, que el hablador del púlpito debe asumir sus excesos de poder y marcharse a cuidar manadas de lobos, ya que, cualquier otra cosa es destruir nuestro Estado Social y Democrático de Derecho de la C. E. de 1978.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades con actuaciones al estilo perverso del Sr. G. Pons pasan a la cuneta y solo queda el hablador irresponsable disfrutando de su poder, mientras los españoles quedamos chapoteando en su fango fatuo. 

El Estado de Derecho constitucional sigue sufriendo un deterioro continuo en  nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo si no conseguimos echar a todos los habladores del púlpito público.

No caben ni escusas ni pretextos, la única solución es echarlos.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Las *opiniones personales* desde púlpitos públicos realizadas con políticos irresponsables con poder, que dañan los intereses de España y perjudican gravemente a los españoles de a pie, son un abuso de poder, se mire como se mire, que deberían tener consecuencias políticas para sus autores, pues cuando menos son innecesarias y siempre dañinas para el interés general.

Sublevación pacífica y, desde luego, nunca más con nuestro voto.

Córdoba, a 5 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asalto al Estado de Derecho – Reventón del Estado (Inspectores de Hacienda – Fiscales – Jueces – etc.)

Lo que ha hecho el Fiscal General de Estado en su declaración ante el Juez Instructor del Tribunal Supremo, llamándole sin mesura “prevaricador”, lo hago yo o cualquier abogado, y/o, algún ciudadano llamado a declarar ante un Juez Instructor y vamos todos directos a la trena.

La igualdad ante la ley de los españoles, la democracia, el Estado de Derecho y todos nuestros derechos y libertades han caído en desgracia, y, están en trance de desaparecer, además, para mayor desesperanza la oposición se sitúa en una posición de inacción consensuada con el Gobierno, de forma, que, a mayor inri, el resto de instituciones públicas y privadas, empresas, organizaciones patronales, colegios profesiones, etc. se sitúan de perfil al borde del precipicio, creyendo en craso error que así están a salvo de la quema.

El Estado de Derecho constitucional está sufriendo un asalto sin precedentes en nuestra democracia, así que, nuestro sistema de derechos y libertades está en grave riesgo, pues han reventado a la Nación Española.

Sin embargo, lo peor de todo es como arreglar el desaguisado para que el daño no sea permanente, ya que, los precedente producen serios escalofríos, así,  a título de escarmiento, cuando se ganan unas elecciones a lo grande, como pasó con las elecciones a las CC. AA. y a los Ayuntamientos y Diputaciones, y, el partido político ganador acepta lo que hay, lo asume y todo sigue igual sin levantar la voz la esperanza desaparece,  porque es lo mismo que hizo en su día el Expresidente Rajoy con su actitud dontancredista de no hacer nada y esperar que escampe, y, si acaso, si se puede como él hizo se empeora, como fue la amnistía fiscal inconstitucional y una reforma fiscal nacida del Ministro Montoro, que nada tiene que envidiar al Sr. Gonzales Pons en su posición de político sandía, verde por fuera y rojo por dentro.

Se pueden poner escusas y pretextos varios, pero desgraciadamente es lo que hay.

Lo expuesto es la realidad, “su Fiscal, su Tribunal Constitucional, sus instituciones, sus empresas, su BOE y todo lo que se está viendo en el día a día”.

Solo una sociedad civil sublevada pacíficamente podrá lograr que se produzca un cambio real de lo que está pasando, volviendo al imperio de la ley, a la democracia plena y al Estado Social y Democrático de Derecho consagrado en la C. E. de 1978.

Es un hecho patente, que los votantes somos la rana a la que pican todos con su veneno, de forma, que cuando votemos, sabiendo lo que hay, que cada uno haga lo que más le convenga, pero, que luego no se queje, y, mientras tanto los que quieran a resistir y defender la democracia y nuestras libertades.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender a los cordobeses, de forma, que, “votar es responsabilidad y si seguimos votando a políticos mentirosos es porque queremos, ya que, ahora todos sabemos lo que hay, cuando, además, hay otra forma de hacer política en libertad, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  España es ya una democracia herida de muerte y el Estado asaltado sin que pase nada, pero aún hay esperanza como están demostrando Inspectores de Hacienda – Fiscales – Jueces – Asociaciones y colectivos, que no se someten a la injusticia y la esclavitud.

Debe quedar claro con una frase: Nunca más con nuestro voto.

Córdoba, a 3 de febrero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Aislados de la realidad – Mundos paralelos – Políticos outside (Cápsulas cerradas – ciudadanos fuera)

En estos días hemos visto los españoles de a pie, que hay decretos ómnibus (es decir, incomprensibles para ellos), que el Presidente del Gobierno sale encapsulado allá donde va, que el Sr. González Pons insulta al Presidente Trump y ni siquiera dimite de nada, que el Expresident Puigdemont hace y deshace consejos de ministros, que el P. P. no sabe si es socialista o del centro derecha como sus votantes, que el Fiscal General del Estado imputado por el T. S. y citado a declarar como tal, no contesta al Juez, y, además, le insulta, que el P. P. vota a favor del nuevo decreto ómnibus (mini se dice ahora) contra la opinión de casi todos sus votantes, y, que los despropósitos políticos son tantos, que ningún español de a pie entiende nada de nada, aunque una cosa queda clara, que los pensionistas son rehenes de un Congreso atrabiliario.

El valor justicia constitucional (art. 1.1. C. E.), el principio de legalidad (art.9. C.E.), el respeto a la ley (art. 10. C. E.), la igualdad ante la ley (art. 14. C. E.), y, los derechos fundamentales de la Constitución Española de 1978 han pasado a formar parte de un entramado político manejado por un T. C. que ha perdido todo su prestigio y la esencia de su existencia.

La realidad es que los políticos en España viven fuera de la realidad de sus ciudadanos, caminando en el día a día en su mundo paralelo de miel y rosas, mientras los españoles estamos situados en el mundo de la nada.

Existen en España asuntos de interés general, que benefician al bien común, pero parece que para el universo paralelo político eso son maldiciones que no le afectan.

Ahora lo esencial es alcanzar un desacuerdo permanente, que sitúe a los ciudadanos en la confusión y en la inseguridad jurídica, y, que en lugar de información pública veraz se imponen los bulos, los contrabulos y el engaño masivo.

En España ahora mismo no hay nadie, que realmente sepa lo que pasa y por descontado nadie puede expresar libremente su opinión sin que le llamen nazi, ultraderecha, ultraizquierda, lanza bulos, y, cualquier palabra más gruesa que se quiera emplear.

Los votantes somos la rana a la que pican todos con más o menos veneno, y, solo podemos esperar que llegue el momento de votar, aunque ahora ya sabemos lo que hay: 

Que cada uno vote lo que quiera, pero ya no caben más engaños, así que, por un lado, está la libertad en todas sus versiones, y, por otro lado, un proyecto colectivo que destroza España y nos empobrece a todos económica y socialmente.

La Asociación Córdoba Abierta -ACOA- ha nacido para defender las libertades de los españoles, de forma, que, si votamos a políticos irresponsables y mentirosos es porque queremos, ya que, todos sabemos lo que hay, cuando, además, hay otra política posible y necesaria, que se puede votar.

En eso estamos en ACOA.

N.B.  Los políticos están outside, apartados de la realidad y en sus mundos paralelos, se manera, que viven en cápsulas cerradas y los españoles de a pie fuera de juego.

Lo que ahora triunfa es el regalo envenenado “verde por fuera” y “rojo por dentro”.

 “Nunca más con nuestro voto”.

Córdoba, a 30 de enero de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Cosas importantes II – Imparcialidad judicial – Respeto a la Ley (Abstención y recusación)

En España está cayendo en el olvido la imparcialidad judicial, porque algunos – muchos, quizás demasiados, jueces y tribunales aplican la ley adobada con criterios ideológicos, lo que lleva a que el respeto a la ley haya pasado al mundo de la subjetividad, donde la ley se aplica sin reglas, solo en base a criterios personales del juzgador que la aplica en sus resoluciones.

El asunto se agrava, cuando la resolución de turno por aplicación de la ley, que ahora si se aplica con rigor espartano, da lugar a una resolución irrecurrible, lo que en la mayoría de los casos produce indefensión a la persona afectada y una falta de tutela judicial efectiva, violándose el art. 24 de la Constitución.

Se dice, entonces, que el Juez o Tribunal aplica la ley y que la persona, que defiende sus derechos, no está de acuerdo porque tiene un interés particular en el asunto, de manera, que asunto terminado y punto.

Puede ser, que algunos casos sea verdad, pero existen aplicaciones de la ley judiciales, que teóricamente puedan parecer justas y fundadas en la ley, aunque, también, pueden ser éticamente reprobables y muy discutibles, apurándose el bucle del “valor justicia”, cuando la resolución judicial es irrecurrible por ley.

Aquí, me gustaría poner en defensa de lo expuesto los PRINCIPIOS DE ÉTICA JUDICIAL (Texto final acordado en la sesión celebrada el día 16 de diciembre de 2016), que en su CAPÍTULO II, sobre el Principio de Imparcialidad, dice:   [

10.    La imparcialidad judicial es la ajenidad del juez y de la jueza respecto de las partes, para con las que han de guardar una igual distancia, y respecto del objeto del proceso, con relación al cual han de carecer de interés alguno. 

11.    La imparcialidad opera también internamente respecto del mismo juzgador o juzgadora a quien exige que, antes de decidir un caso, identifique y trate de superar cualquier prejuicio o predisposición que pueda poner en peligro la rectitud de la decisión. 

12.    El juez y la jueza no pueden mantener vinculación alguna con las partes ni mostrar favoritismo o trato preferencial que ponga en cuestión su objetividad ni al dirigir el proceso ni en la toma de decisión. 

13.    En la toma de decisiones, el juez y la jueza han de evitar llegar a conclusiones antes del momento procesalmente adecuado a tal fin, que es el inmediatamente anterior a la resolución judicial. 

14.    La imparcialidad impone una especial vigilancia en el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades de las partes y demás intervinientes en el proceso. 

15.    El juez y la jueza, en su tarea de dirección de los actos orales, habrán de velar por que se cree un clima adecuado para que cada una de las partes y demás intervinientes puedan expresar con libertad y serenidad sus respectivas versiones sobre los hechos y sus posiciones sobre la aplicación del Derecho. Asimismo, ejercerán la escucha activa como garantía de un mayor acierto en la decisión. 

16.    La imparcialidad impone también el deber de evitar conductas que, dentro o fuera del proceso, puedan ponerla en entredicho y perjudicar la confianza pública en la justicia.  

17.    El juez y la jueza han de velar por el mantenimiento de la apariencia de imparcialidad en coherencia con el carácter esencial que la imparcialidad material tiene para el ejercicio de la jurisdicción.  

18.    Todo miembro de la Carrera Judicial ha de evitar situaciones de conflicto de intereses y, en el caso de que estas se produzcan, ha de ponerlas de manifiesto con la mayor transparencia y a la mayor brevedad, a través de cualquiera de los mecanismos legalmente previstos.  

19.    En su vida social y en su relación con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden aportar sus reflexiones y opiniones, pero a la vez deben ser prudentes para que su apariencia de imparcialidad no quede afectada con sus declaraciones públicas, y deberán mostrar, en todo caso, reserva respecto de los datos que puedan perjudicar a las partes o al desarrollo del proceso.  

20.    En sus relaciones con los medios de comunicación el juez y la jueza pueden desempeñar una valiosa función pedagógica de explicación de la ley y del modo en que los derechos fundamentales operan en el seno del proceso. 

21.    Cuando la democracia, el Estado de Derecho y las libertades fundamentales se encuentren en peligro, la obligación de reserva cede en favor del deber de denuncia.  ]

A destacar, que es algo manifiesto, que algunas-muchas veces los juzgadores no cumplen con el principio de imparcialidad descrito en los Principios de Ética Judicial precitados, ya que, aplican la ley desde presupuestos llenos de ideología que la desnaturalizan, además, en algunos casos lejos de abstenerse de conocer el asunto persisten en mantener su competencia, incluso en los casos en que son recusados.

Es esto casos señalados se ignora la denominada ‘teoría de la apariencia’, postulada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y recogida por nuestro Tribunal Constitucional (STC 512-2013-PHC/TC, f.j.3.3.7 y 3.3.8), que, en puridad, se concretiza en el aforismo que «no basta que el juez sea imparcial, sino que debe parecerlo». Por tanto, se afirma que el juez debe exteriorizar una postura de relación lo razonablemente equidistante de las partes, de manera que el proceso judicial cumpla mínimamente con las exigencias derivadas del derecho al juez imparcial. Así pues, el T. C. sostiene que, además del comportamiento personal de los jueces, cobran relevancia aquellos hechos que puedan suscitar dudas respecto de su imparcialidad; por ello, sostiene, que hasta las apariencias podrán tener cierta importancia.

Esta teoría ha sido desarrollada por el Tribunal Constitucional Español, en el sentido de que «el legislador opta por un modelo de Juez rodeado de la apariencia de imparcialidad, no sólo en la realidad de su desconexión con las partes y con el objeto del proceso, sino también en su imagen, eliminando cualquier sombra al respecto cuando existan elementos objetivos que puedan justificar una apariencia de parcialidad».

En esta línea de argumentos, diremos que la apariencia de imparcialidad, constituye un presupuesto de un juicio justo, toda vez, que el juez no será imparcial cuando sus actos no expliciten justamente esta posición dentro de un proceso, de manera que este no pueda ser considerado como justo y equitativo. 

En conclusión, cuando la aplicación de la ley por los jueces y tribunales se ideologiza y se subjetiviza, la imparcialidad desaparece, se diga lo que se diga, porque entonces en realidad no se aplica la ley, sino que se “ejecuta” en perjuicio claro del -valor justicia- constitucional.

Un vez más, lo que hay es lo que hay, así que, tenemos otra vez la convicción de que en estos casos expuesto de aplicación injusta de la ley, no queda otra que la sublevación pacífica de los españoles ante la injusticia, porque creemos que hay que luchar por las “cosas importantes” como el valor justicia, la libertad y la igualdad, y,  ese camino de búsqueda de una aplicación justa de la ley asociaciones y colectivos como “Córdoba Abierta ACOA” son unos de los instrumentos de autodefensa de la sociedad civil.

N.B.  Las cosas importantes como la imparcialidad judicial y el respeto a la Ley son algo irrenunciable por los ciudadanos de a pie, de manera, que ha llegado la hora de defender a ultranza las cosas importantes y de dejar a un lado  la palabrería innecesaria, porque el camino no puede ser aguantarse y someterse cautivo en aras de un consenso inexistente y vacío de contenido.

Es la hora de luchar por la justicia y por nuestros derechos y libertades.

Córdoba, a 11 de diciembre de 2024.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA – Córdoba. Cd. 1316.