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Inflación en Córdoba – ( La brecha entre el IPC oficial y la economía real)

(Una crítica desde la microeconomía del bolsillo cordobés)

Existe una divergencia estructural, casi enfermiza, entre las métricas macroeconómicas oficiales -ya sea el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial o nacional- y la realidad financiera que afrontan a diario los hogares en la ciudad y provincia de Córdoba.

Mientras las estadísticas públicas buscan promediar variaciones sobre una ponderación estandarizada, la economía cotidiana del ciudadano está deformada y tergiversada por distorsiones no contempladas plenamente en los índices tradicionales: *la reduflación (shrinkflation), *la degradación de calidad (skimpflation) y *la variación acelerada en los bienes de consumo masivo.

1.- Macroeconomía estadística vs. Sensación financiera.

<-La disparidad entre lo que indica el dato oficial y el impacto real en el bolsillo responde a fallas metodológicas y estructurales de origen:

*Ponderaciones desactualizadas: Los índices estadísticos asignan pesos fijos a rubros como transporte, ocio, vestimenta y alimentos. En épocas de restricción, las familias destinan hasta el 60%–70% de sus ingresos exclusivamente a alimentos y servicios básicos, donde los incrementos suelen ser superiores al promedio general.

*Dispersión geográfica en la provincia: Los precios en el interior provincial difieren significativamente de los de la capital debido a costos logísticos, intermediación comercial y menor oferta competitiva.

*Gastos ineludibles no elásticos: Servicios públicos, alquileres, salud y educación privada aumentan a ritmos que no permiten margen de sustitución, ahogando la liquidez mensual. En junio, el rubro vivienda registró una subida mensual del 6,4%, muy por encima del IPC general.

2.- Fenómenos invisibles – (Cuando los precios “mienten”).

El encarecimiento del costo de vida ya no se manifiesta únicamente en la etiqueta de precio, sino que adopta formas sutiles que erosionan la calidad de vida sin ser registradas fielmente por la estadística tradicional.

A. Reduflación (Shrinkflation).

**Consiste en reducir el tamaño, peso o cantidad de un producto manteniendo el mismo precio (o con un aumento moderado).

*Caso de los huevos y lácteos: Un maple o caja que históricamente contenía huevos de calibre Grande/Extra pasa a vender unidades de calibre Mediano/Chico sin reducción de precio.

*Productos envasados: Paquetes de galletas de 200 g reducidos a 170 g, o botellas de lubricantes y limpiadores recortadas en volumen. A los ojos del IPC, el paquete “cuesta lo mismo”, pero el costo por gramo o mililitro se ha disparado.

B.- Degradación de calidad (Skimpflation).

**Ocurre cuando los fabricantes reformulan productos sustituyendo insumos de alta calidad por ingredientes de menor costo sin bajar el precio final:

*Reemplazo de materia grasa láctea por aceites vegetales de menor costo.

*Sustitución de azúcar natural por jarabe de maíz o edulcorantes sintéticos.

*Disminución del porcentaje de fruta en mermeladas o del contenido de cacao en productos de repostería.

C.- La canasta de supervivencia.

El consumidor cambia sus hábitos desplazándose hacia marcas de menor categoría o eliminando consumo superfluo. Esta degradación de la canasta de consumo oculta el empobrecimiento real, ya que, consumir un producto más económico no significa que la inflación bajó, sino que el poder adquisitivo cayó.

3.- Matriz comparativa – (Metodología estadística vs. bolsillo real).

Dimensión	Enfoque Oficial (IPC)	Impacto Real en Córdoba
Ponderación	Canasta promedio equilibrada (alimentos, servicios, ocio, bienes).	Concentración masiva del ingreso en Alimentos, Servicios y Alquiler.
Medición de Cantidad	Precio unitario por presentación comercial estándar.	Reducción no declarada del tamaño/volumen del producto (Reduflación).
Evaluación de Calidad	Se asume homogeneidad en el bien medido.	Reformulación con insumos más baratos y menor durabilidad (Skimpflation).
Lugar de Compra	Relevamiento en grandes cadenas y comercios de referencia.	Compras en comercios de cercanía con márgenes de intermediación más altos.
Respuesta de Conducta	Registra el cambio de bien en la canasta.	Degradación forzada del nivel de consumo para cubrir necesidades básicas.

4.- Consecuencias socioeconómicas en Córdoba.

1.- Endeudamiento para consumo básico: Un porcentaje creciente de las familias cordobesas recurre a tarjetas de crédito, créditos personales o financiación en comercios para adquirir alimentos básicos. En junio, el 89% de los cordobeses debió financiar la compra de alimentos.

2.- Distorsión del salario real: Los acuerdos paritarios o ajustes salariales que toman como referencia la inflación oficial quedan relegados frente a la inflación de la “canasta real de alimentos”. La canasta básica alimentaria acumula un aumento del 37,3% interanual.

3.- Pérdida de soberanía del consumidor: La imposibilidad de planificar gastos a mediano plazo genera desgaste psicológico y distorsiona la percepción de valor de los bienes. El 76,1% de las familias percibe un deterioro en su alimentación respecto al año anterior.

<<Conclusión>>

El problema inflacionario no puede diagnosticarse únicamente con las cifras promedio de la macroeconomía. Existe un desfase profundo entre la inflación de la planilla y la inflación del personal.

Mientras las mediciones oficiales celebran la desaceleración de ciertos índices, la microeconomía cotidiana de Córdoba continúa absorbiendo una pérdida sistemática del poder de compra y una reducción sostenida en la calidad de los bienes indispensables.

N.B. Imágenes. Inflación. Mentira oficial vs. bolsillo real.

(Nota. El presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la brecha existente entre las mediciones macroeconómicas del Índice de Precios al Consumidor (IPC) emitidas por organismos oficiales y el impacto inflacionario real sobre el poder adquisitivo de los ciudadanos en la Provincia y la Ciudad de Córdoba.)

1ª. Imagen. Inflación IPC vs inflación real.

2ª. Imagen. La brecha entre IPC oficial y economía real.

Córdoba, 19 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

ANDALUCÍA – (ASIMETRÍA COMO PROBLEMA ESTRUCTURAL)(Desequilibrios territoriales, déficits estructurales y agenda de reequilibrio)

Hablar de un único “problema principal” en una comunidad autónoma tan extensa, heterogénea y compleja como Andalucía conduce inevitablemente a una simplificación estéril. Sin embargo, del análisis conjunto de sus indicadores económicos y de las demandas sociales emerge con nitidez una cuestión vertebradora:

-“la persistencia de una asimetría estructural interna”.

Andalucía presenta en la actualidad un dinamismo económico apreciable, con tasas de crecimiento superiores a la media nacional en determinados periodos. No obstante, este avance macroeconómico convive con desequilibrios históricos que limitan la traslación efectiva del progreso a amplias capas de la población. En consecuencia, el verdadero criterio de evaluación de la acción pública no debe centrarse en magnitudes agregadas como el PIB, sino en la capacidad de reducir dichas brechas internas.

I. Retos estructurales prioritarios.

La realidad cotidiana de la ciudadanía andaluza se articula en torno a tres grandes ámbitos de tensión que requieren intervención pública sostenida:

1.- Empleo: entre la cantidad y la calidad.

Pese a la mejora relativa de las cifras de paro, Andalucía mantiene niveles de desempleo estructural significativamente superiores a la media nacional. A ello se añade un patrón productivo fuertemente condicionado por la estacionalidad (turismo y campañas agrícolas), así como por niveles salariales inferiores. El problema, por tanto, no es exclusivamente la creación de empleo, sino su estabilidad, cualificación y capacidad de generar movilidad social.

2.- Vivienda y coste de vida.

El acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal factor de preocupación social, especialmente en áreas metropolitanas como Málaga y Sevilla. El desacoplamiento entre la evolución de los precios inmobiliarios y los salarios ha generado una barrera de entrada prácticamente insalvable para amplios sectores, en particular para la población joven, intensificando procesos de desplazamiento residencial y presión sobre la periferia urbana.

3.- Agua, energía y sector primario.

La vulnerabilidad del sistema productivo andaluz frente a la sequía y al cambio climático pone de manifiesto la necesidad de una modernización profunda de las infraestructuras hídricas y energéticas. El sector primario, pilar económico y social, requiere no solo inversiones estructurales, sino también instrumentos fiscales que mitiguen la volatilidad productiva. A ello se suma un déficit en infraestructuras energéticas que condiciona el desarrollo industrial y urbanístico.

II. La fractura territorial – (una Andalucía a dos velocidades).

La idea de una Andalucía homogénea carece de base empírica. La comunidad se configura, en realidad, como un espacio profundamente dual, donde coexisten dinámicas divergentes:

1,. Litoral dinámico frente a interior rezagado.

El eje litoral y metropolitano (especialmente Málaga-Sevilla, con nodos en Cádiz, Huelva y Almería) concentra inversión, innovación y actividad económica. En contraste, amplias zonas del interior -Jaén, Córdoba o el interior granadino- presentan una dependencia excesiva del sector primario y una insuficiente diversificación productiva, lo que favorece la fuga de talento.

2.- Desequilibrio demográfico.

Aunque Andalucía no experimenta un declive poblacional global, sí existe una distribución profundamente desigual. Las áreas costeras y urbanas sufren sobrecarga demográfica, mientras que los municipios del interior entran en dinámicas de despoblación progresiva. La pérdida de servicios esenciales (sanidad, educación, banca, etc.) actúa como factor acelerador de este proceso.

3. Brecha de renta y desigualdad urbana.

Las desigualdades territoriales se reproducen a escala intraurbana. Andalucía alberga algunos de los barrios con menor renta per cápita del país, evidenciando una fractura social persistente entre áreas dinámicas y periferias vulnerables, donde el desempleo estructural y el fracaso escolar tienden a cronificarse.

III.- Limitaciones del enfoque político actual.

La persistencia de estos desequilibrios no puede entenderse sin atender a los incentivos del propio sistema institucional:

<-La concentración del peso electoral en áreas urbanas y litorales favorece decisiones de inversión con retorno político inmediato.

<-Existe una tendencia a reforzar territorios ya dinámicos frente a intervenir en zonas estructuralmente rezagadas, donde los resultados son más inciertos y a largo plazo.

<-La planificación estratégica adolece, con frecuencia, de falta de ejecución efectiva:

“Diagnósticos rigurosos sin dotación presupuestaria suficiente, sin calendarios vinculantes y sin mecanismos de evaluación”.

IV.- Hacia una agenda de reequilibrio territorial.

Superar la asimetría andaluza exige una estrategia sostenida, coherente y evaluable, articulada, al menos, en torno a cuatro ejes:

1.- Diversificación económica del interior.

Implantar incentivos fiscales diferenciados y estables que favorezcan la implantación empresarial en zonas con declive demográfico, acompañados de la creación de suelo industrial y de infraestructuras adecuadas.

2.- Descentralización institucional.

Redistribuir organismos públicos, centros de decisión y estructuras administrativas fuera de los principales núcleos urbanos, favoreciendo la fijación de población cualificada en el territorio.

3.- Red de transporte integrada.

Priorizar un modelo de conectividad interna que permita la movilidad funcional sin necesidad de desplazamientos definitivos, mediante el refuerzo del transporte de media distancia y cercanías.

4.- Garantía de servicios públicos y políticas de vivienda.

Asegurar la igualdad efectiva en el acceso a sanidad y educación con independencia del lugar de residencia, junto con políticas de vivienda que incluyan promoción pública, mecanismos de acceso y regulación del impacto de usos turísticos.

<<Conclusión>>

La cohesión territorial no constituye un objetivo accesorio, sino un requisito esencial para la efectividad del principio de igualdad. Mientras la acción pública continúe guiándose por indicadores agregados y resultados inmediatos, los desequilibrios internos tenderán a perpetuarse.

El verdadero reto para Andalucía no es únicamente crecer, sino crecer de manera equilibrada. Ello exige una transición desde políticas reactivas o asistenciales hacia una estrategia estructural orientada a la equidad territorial y la sostenibilidad a largo plazo.

N.B. Imagen. Asimetría.

Córdoba, 15 de junio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba.

Inspector de Trabajo y S.S.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

Inmigración, SMI y vivienda (Precariedad y su techo)

A menudo se oyen charlas y debates poco profundos sobre la inmigración y la economía, pero los datos nos cuentan una historia mucho más compleja, porque no se trata de “causas únicas”, sino de cómo ciertos factores -como la inmigración de baja cualificación y las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI)-, actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba.

Señalamos las claves para entender ¿por qué?, aunque la economía crece descompasada, la sensación de precariedad se está normalizando.

1.- El “suelo” de la vivienda – (Precios que no bajan).

La inmigración de baja cualificación suele concentrarse en el mercado del alquiler, y, aquí, resulta un dato es preocupante y demoledor, ya que, mientras el 30 % de los españoles vive de alquiler, entre los extracomunitarios la cifra sube al 74 %.

**La necesidad urgente de “techo” crea una demanda que acepta lo que sea por supervivencia, lo que está validando un modelo de negocio preocupante:

*Micro-living e infravivienda: Los propietarios prefieren dividir pisos en minúsculos “estudios” o habitaciones diminutas antes que bajar precios.

*Hacinamiento: El 19 % de los hogares extranjeros vive en condiciones de hacinamiento (frente al 5 % autóctono).

(Nota. La realidad diluye el artículo 47 de nuestra Constitución (el derecho a una vivienda digna), aunque la inmigración no “causa” la falta de casas, pero su llegada masiva a un mercado sin vivienda social (solo un 3,3 % en España vs. 8 % en la UE) acelera la degradación de los estándares de vida.)

2.- La paradoja del SMI y el modelo productivo.

En este 2026, el SMI se sitúa en 1.221 €. y es una herramienta de protección necesaria, pero cuando se combina con una oferta abundante de mano de obra poco cualificada, surgen efectos secundarios negativos:

1.- Freno a la productividad: Las empresas optan por contratar “barato” en lugar de invertir en tecnología o formación.

2.- Riesgo de economía sumergida: En sectores como la hostelería o el servicio doméstico, algunos trabajadores terminan aceptando pagos “en negro” por debajo del SMI para poder competir.

3.- Reduflación: Los hogares con presupuestos ajustados (donde los inmigrantes están sobrerrepresentados) sufren más la “reduflación” (pagar lo mismo por menos cantidad de producto), al tener menos margen para elegir otras marcas.

3.- Sector construcción – (Más trabajadores y casas más pequeñas).

Casi el 26 % de los trabajadores de la construcción en España son extranjeros. En teoría, esto debería abaratar costes y bajar el precio de la vivienda, pero no ocurre así, porque loque estamos viendo es que los ahorros en costes laborales no llegan al comprador. La realidad, es que se quedan en los márgenes de los promotores o se pierden en el alto precio del suelo, mientras que el tamaño de las viviendas nuevas sigue reduciéndose.

<<Solución – (Propuestas)>>

No se trata de caer en discursos xenófobos, sino de aplicar políticas públicas inteligentes que atajen la raíz estructural:

<-Vivienda: Establecer límites estrictos a la “miniaturización” de pisos y aumentar drásticamente el parque de vivienda pública.

<-Mercado Laboral: Fomentar una inmigración basada en perfiles cualificados y facilitar la homologación de títulos para que el talento no se desperdicie en puestos de baja productividad.

<-Consumo: Aplicar con mano firme la nueva Ley de Consumo Sostenible de 2026 para proteger a los consumidores más vulnerables de prácticas abusivas.

<<Conclusión>>

España no se está empobreciendo en términos de crecimiento (la inmigración explica casi la mitad del crecimiento del PIB reciente), pero sí está perdiendo calidad de vida. Para que el crecimiento sea real, debe ser cualitativo: mejores casas, empleos más productivos y el cumplimiento real de los derechos que nuestra ley garantiza.

N. B. Inmigración, SMI y vivienda son solo otros factores que actúan como combustible de problemas que España ya arrastraba, aunque se está perdiendo calidad de vida, así que, reclamamos un crecimiento real para que se cumplan nuestros derechos constitucionales.

Córdoba, 4 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogad. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Córdoba – Un laberinto laboral (Un bucle permanente)

Córdoba se encuentra como siempre en una encrucijada, porque a inicios de 2026 los datos nos devuelven la misma una imagen permanente, concretamente, *una economía que pivota sobre sectores inestables y *una brecha social que se ensancha, razón por la que cabe necesariamente una pregunta:

¿Es Córdoba una ciudad de oportunidades (un lugar donde la mayoría de las personas tiene condiciones reales para desarrollar su vida con dignidad y progresar) o una “casa-museo gestionada y mantenida por la administración pública”?

1.- Análisis – (Una economía de bajo valor añadido).

El modelo actual socio-laboral de Córdoba se basa en la agricultura, la hostelería y la pequeña industria, lo que genera una “correlación perversa”, porque:

<-Las empresas no demandan alta cualificación a sus trabajadores, porque sus procesos son simples.

<-El talento local emigra al no encontrar puestos dónde desarrollar sus cualidades profesionales, acordes con su progreso personal y dónde dominan los salarios bajos y las condiciones laborales precarias.

<-Para completar lo dicho, dejar claro, que sin talento las tecnológicas no se instalan.

Es un bucle permanente de precariedad.

2.- Una Ciudad dual (Sector Público vs. Privado).

Córdoba es hoy una sociedad a dos velocidades, de forma, que la diferencia no es solo salarial, es de “seguridad vital”, donde conviven dos realidades sociales y económicas muy diferentes y cada vez más separadas: “Una parte muy próspera y globalizada y otra empobrecida y excluida”.

**Cuadro comparativo:

Factor	Sector Público	Sector Privado
Salario Medio	2.800,eur. – 3.000,eur.	1.400,eur. – 1.600,eur.
Estabilidad	Alta (Plaza)	Alta rotación (Campañas)
Efecto	Motor del consumo	Supervivencia estacional

(Nota. Esta brecha convierte al empleo público en la única vía de ascenso social, drenando y agotando la iniciativa privada).

3.- El drama de los <-Invisibles->.

Más allá del problema del paro, “el dato alarmante es la población inactiva”, porque el <-efecto desánimo-> ha calado en mayores de 45 años, mujeres y jóvenes sin formación que, simplemente, han dejado de buscar empleo cansados y desanimados.

(Nota importante. Córdoba pierde unos 2.300 habitantes al año por el efecto despoblación y la falta de oportunidades, por lo que hay menos gente buscando empleo y explica, también, porque baja la cifra de paro, siendo, así mismo, la causa de la falta de dinamismo en su futuro económico).

4.- La Base Logística (BLET) – (Solución o espejismo).

La BLET es la gran esperanza, pero conlleva un riesgo jurídico-económico, porque si no recualificamos rápido a nuestra población en IA, robótica y mejora de técnicas productivas , los puestos de calidad los ocupará personal foráneo, de forma, que Córdoba se quedaría, una vez más, con los servicios auxiliares de bajo valor (ej. limpieza y seguridad).

<<Propuestas para romper el bucle negativo – (Estratégica fiscal selectiva)>>

**Como herramienta de ingeniería social, la fiscalidad en 2026 para Córdoba debe ser “quirúrgica”:

A.- Incentivos al talento (I+D+i).

-Deducciones por empresas Startups (innovación y tecnología), aprovechando el 50% de deducción en Andalucía para inversiones en empresas locales.

-Andalucía TRADE, movilizando fondos para que la pequeña industria innove y se automatice, mejorando su productividad, y, así poder pagar mejores salarios.

B.- Choque contra la Inactividad.

-Bonificaciones progresivas, de forma, que no se dará una ayuda fija por contratar, sino bonificar el 100% de la cuota si la empresa paga por encima del SMI, es decir, que pagar más sea fiscalmente rentable.

-Deducción por recualificación, eliminando el miedo a contratar mayores de 45 años o mujeres, al permitir deducir el 50% del salario durante los primeros 6 meses de adaptación.

C.- El Ayuntamiento como Motor.

El IBI y la Tasa de Veladores ayudan, pero no crean empleo de calidad, así que, se necesita:

<-Cláusulas Sociales, de forma, que en las licitaciones públicas, por ejemplo, puntúe más la empresa que pague un 15% o un 20% por encima del convenio.

<<Conclusión>>

Córdoba no puede seguir siendo un lugar consagrado únicamente a las musas y al turismo, razón por la que se necesita “una reestructuración completa” de su composición social y económica, pasando de la subvención pasiva al crédito fiscal activo.

(Nota. Solo elevando la cualificación y exigiendo excelencia salarial evitaremos convertirnos en una periferia laboralmente excluida).

N. B. Córdoba hoy es un laberinto laboral permanente sin salida, de forma, que hay que salir del bucle interminable, *reestructurando el mercado del trabajo en busca de la productividad y del empleo de calidad, *mejorando las bases salariales y *atrayendo empresas de alto nivel, que pagando mejor y con condiciones de trabajo atractivas atraigan el talento.

Córdoba, 25 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente de Córdoba Abierta -(ACOA)-.