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Menores – Dinero de Juventud e Infancia – Presupuesto – Análisis – (Córdoba entre la opacidad y la burocracia)

El Ministerio de Juventud e Infancia maneja cifras millonarias, pero

¿dónde termina realmente ese dinero y qué impacto tiene en nuestro entorno más cercano?

Analizado los la ejecución presupuestaria del ministerio y cruzando los datos con la realidad de la provincia de Córdoba, nos encontramos con un panorama desgajado entre prioridades concentradas, una ejecución a medio gas y un laberinto burocrático que dificulta el rastreo del euro público.

1.- El mapa del gasto estatal – (Análisis del Ministerio).juventud, presupuesto, análisis,

De un crédito definitivo de 125,2 millones de euros analizado en el presupuesto del Ministerio, solo se han ejecutado 61,3 millones de euros (apenas un 49 %), lo que implica que más de la mitad del presupuesto se queda sin ejecutar en el camino.

<-Si analizamos los 61,3 millones de euros efectivamente ejecutados, la distribución revela una clara prioridad en el gasto:

57,1 % (35,0 M€): Atención a menores extranjeros No acompañados (MENA).
20,4 % (12,5 M€): Instituto de la Juventud (INJUVE).
17,9 % (11,0 M€): Estructura, gastos corrientes y personal.
3,6 % (2,21 M€): Complementos de productividad de personal.
0,4 % (0,25 M€): Proyectos de lucha contra la pobreza infantil (EAPN).

<<Una brecha>>

Mientras más del 57 % del gasto ejecutado se concentra en la tutela y protección obligatoria de menores extranjeros no acompañados, **las políticas transversales destinadas a la emancipación juvenil, vivienda y empleo para la juventud general quedan relegadas o fragmentadas entre otros ministerios y autonomías**.

**Todo ello en un contexto donde:

1.- La tasa de emancipación juvenil en España está en mínimos históricos (14,5 % en 2025).

2.- La tasa de riesgo de pobreza infantil alcanza al 33,9 % de los menores de 16 años (INE).

2.- Radiografía local – (Córdoba vs. gestión).

***Para entender cómo aterrizan estas cifras en la provincia de Córdoba, es imprescindible diferenciar los niveles de competencia:

A.- Protección e infancia tutelada.

<-Competencia autonómica: La gestión directa de los centros de menores en Córdoba recae en la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía.

<-Financiación estatal: Los 35 millones de euros estatales se reparten mediante Conferencia Sectorial entre las CC. AA. para sostener la red de acogida (gestión directa y concertada con entidades como Cruz Roja, Fundación Diagrama o SAMU).

<-Datos en la provincia: En Córdoba hay entre 476 y 500 menores bajo medidas de protección:

*60 % – 65 % (aprox. 260-280 menores) en acogimiento familiar (extensa o ajena).

*130-150 menores en acogimiento residencial en centros de la provincia.

B.-Juventud cordobesa – (Un reto).

<-Emancipación y vivienda: La escasez de alquiler asequible y la precariedad laboral retrasan la emancipación en Córdoba por encima de la media nacional.

<-Pobreza urbana: Barrios como Las Palmeras o el Distrito Sur continúan figurando entre los de menor renta per cápita de España (indicador Urban Audit del INE).

<-Fuga de talento: La falta de diversificación económica genera una emigración interna constante de jóvenes hacia otras provincias, acentuando la despoblación en comarcas como el Valle del Guadiato o Los Pedroches.

3.- Radiografía de las ayudas – (Del nivel estatal al municipal).

¿Qué ayudas reciben concretamente las familias y jóvenes en Córdoba?

1.- Ingreso Mínimo Vital (IMV) e Infancia.

<-Hogares perceptores: Alrededor de 26.645 hogares en la provincia (casi 83.000 beneficiarios totales).

<-Menores alcanzados: 34.033 menores integrados en familias con IMV o Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI):

*0 a 2 años: 3.938 menores (CAPI: 115 €/mes).

*3 a 5 años: 6.048 menores (CAPI: 80,50 €/mes).

*6 a 17 años: 24.047 menores (CAPI: 57,50 €/mes).

2.- Cheques y programas para la juventud.

**Bono Cultural Joven: Más de 3.800 jóvenes cordobeses de 18 años reciben anualmente la ayuda directa de 400 € para consumo cultural.

**Sector Agrario: Cerca de 19 millones de euros destinados recientemente a 362 jóvenes agricultores y ganaderos para favorecer el relevo generacional en la provincia.

**Ámbito Local (Ayuntamiento y Diputación):

**Ayuntamiento de Córdoba: Mantiene el Cheque-Bebé (500 € por nacimiento/adopción, partida de 1 M€) y ayudas de urgencia social gestionadas por Servicios Sociales Comunitarios.

**Diputación de Córdoba: Centra sus partidas en ayudas a la natalidad/adopción en municipios menores (aprox. 600 €) y apoyo a los servicios sociales comunitarios.

4.- La gran asignatura pendiente – (Opacidad y falta de datos consolidados).

Una de las principales barreras para evaluar la eficiencia del gasto público es la *dificultad para acceder a datos desglosados y comparables*.

<<¿Por qué no conocemos el coste unitario por menor o plaza en Córdoba?>>

1.- Falta de datos agregados en origen: Las partidas estatales no detallan la asignación geográfica exacta por municipio ni el coste nominal por perfil de menor (nacional vs. extranjero) a nivel provincial.

2.- Fragmentación administrativa: La financiación pasa del Estado a la Comunidad Autónoma y, de ahí, a convenios con ONG y entidades privadas, lo que diluye la trazabilidad presupuestaria.

3.- Filtros automatizados vs. Criterios discrecionales:

**Mientras el IMV se gestiona mediante un filtro algorítmico y fiscal del INSS (con tasas históricas de denegación del 60 %-70 % por trabas formales), **las ayudas de urgencia social municipales dependen de informes de vulnerabilidad técnica**.

4.- Protección de datos: La normativa de protección del menor y de datos personales impide publicar listados nominativos o desgloses hiperlocales cuando las muestras son reducidas.

<<Conclusión>>

El análisis presupuestario pone de manifiesto dos realidades paralelas: “Por un lado, una notable concentración del gasto ejecutado en la protección de la infancia tutelada; por otro, un margen amplio de mejora en la ejecución global (donde más de la mitad de los fondos quedan sin aplicar) y en la transparencia de la información.

Para que los recursos públicos generen un impacto real en la juventud cordobesa -tanto en la protección de los colectivos más vulnerables como en la creación de oportunidades de emancipación, empleo y vivienda- es indispensable avanzar hacia una gestión más ágil, coordinada entre Administraciones y con un acceso transparente a los datos de ejecución.

N.B. Imagen. Distribución presupuestaria del Ministerio de Juventud e Infancia – Impacto Territorial – Menores extranjeros – (Caso Córdoba) – Opacidad y falta de datos – Arbitrariedad administrativa.

Córdoba, 16 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Una ilusión burocrática – (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba)

<<El presupuesto como espejismo>>

Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.

El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.

La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.

La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.

<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>

La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.

El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.

<<Asistencia que no resuelve>>

La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.

**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.

Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.

<<El laberinto del ICHL>>

El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.

El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.

La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:

*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.

Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.

<<El garantismo convertido en parálisis>>

El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.

Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.

La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.

<<Empresas públicas – (agilidad prometida, rigidez consolidada)>>

La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.

Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.

*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?

La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.

La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.

<<Agua – (la prueba definitiva)>>

El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.

Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.

<<Residuos y monopolio>>

La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.

**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.

**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.

El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.

<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>

El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.

El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.

Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.

Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.

La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.

<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>

La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.

*** La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.

1.- Auditoría integral de la estructura.

**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.

La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.

2.- Cuenta de coste por servicio.

Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:

“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.

Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.

3.- Reforma del ICHL.

El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.

El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.

4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.

Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:

“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.

La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.

5.- Infraestructuras con fecha de finalización.

La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.

La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.

Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.

<<La Diputación que Córdoba necesita>>

La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.

Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.

La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.

La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.

La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.

N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).

1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.

2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.

(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)

Córdoba, 13 de septiembre de 2026,

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Servicios Públicos – (Seguir pagando por una gestión ineficiente – el dilema)

Un grupo muy amplio de los lectores pregunta repetidamente, que cuando se implantará el pago por los servicios públicos y que repercusión tendrá en el sistema impositivo español.

Es más que comprensible el escepticismo ciudadano ante la propuesta, repetida en los medios, de cobrar peajes por el uso de autovías para financiar su conservación. Esta idea genera temor, ya que, si seguimos este modelo de “pago por uso” para servicios colectivos que tradicionalmente consideramos cubiertos por impuestos, es más que posible, que pronto nos cobrarán hasta por respirar – (impuesto de aire limpio y verde).

Estamos ante un cambio de paradigma total en la política económica, ya que pasaremos, sin pausa ni tregua, de un modelo financiado por Presupuestos Generales a uno de pago directo por el uso y disfrute de unos servicios públicos, que ya hemos pagado.

***Se analiza por qué ocurre esto y por qué la verdadera crisis no es de recursos, sino de gestión.

1º.- Los peajes y su debate – (Ahora hasta su implantación).

El planteamiento de cobrar por usar las carreteras no es un capricho, sino, que según nos venden los defensores de aumentar el gasto público, responde a realidades innegables, entre ellas:

1.- Déficit de conservación acumulado: El presupuesto estatal no alcanza para cubrir la construcción y el mantenimiento preventivo, acumulando miles de millones de euros de retraso en reparaciones.

2.- Presión europea: Directivas de la U.E. exigen que el coste del transporte refleje su impacto ambiental real y el desgaste que causa en la infraestructura, en base al eslogan colectivista y discriminatorio de que “quien contamina, paga”, aunque de paso alcanza a todos los ciudadanos por igual.

3.- Pérdida de ingresos por el coche eléctrico porque con el cambio de combustible, el Estado perderá una fuente de ingresos masiva (impuestos a los hidrocarburos), y busca el peaje como el sustituto recaudatorio.

2º.- El agujero negro del Sistema Público – (Falta de transparencia y despilfarro).

La desconfianza del ciudadano no nace de la falta de solidaridad, sino de la percepción de un “agujero negro administrativo” que traga recursos sin que los beneficios lleguen al ciudadano de a pie. Esta sensación es alimentada por el despilfarro y el gasto público descontrolado en todos los niveles del Estado (Central, CC.AA., Diputaciones y Ayuntamientos).

***Los puntos críticos de esta crisis de confianza son:

<-Hipertrofia de la administración paralela, ya que, es un hecho patente, que existe una multitud de empresas públicas, fundaciones y consorcios (“entes instrumentales”) con poco control, presupuestos flexibles y sistemas de contratación dudosos. Estas duplicidades multiplican el gasto en personal directivo, infraestructuras propias y sedes sin mejorar el servicio al ciudadano.

<-Transparencia: Se publican miles de formatos de documento portátil crípticos y técnicos, pero no información “clara y comprensible” que permita saber exactamente qué cuesta cada bache de la calle. Además, los organismos de control (Tribunal de Cuentas) publican informes con años de retraso, cuando la responsabilidad política ya se ha diluido.

<-Desequilibrio fiscal y mala calidad: La presión fiscal sube (o se mantiene con inflación), pero la percepción de los servicios baja: “Listas de espera en sanidad, justicia lenta y trabas burocráticas que obligan al ciudadano a trabajar para la propia administración” – (citas previas imposibles, petición de documentos que la administración ya posee, etc.).

<-Eficiencia vs. gasto corriente: El gasto público útil (inversión a largo plazo) crece menos que el gasto corriente (sueldos de cargos de confianza, alquileres, burocracia interna), que aumenta a un ritmo mayor que el bienestar directo del ciudadano.

3.- La raíz del problema – (Impunidad y un diseño político endogámico).

La solución no es técnica, sino que es política y ética, ya que, el sistema está diseñado para proteger y sostener la mala administración, no para la eficiencia.

***Los pilares de la impunidad:

1.- Invasión política de los órganos de control: Los encargados de vigilar al gestor (tribunales de cuentas, defensores del pueblo) son nombrados por cuotas partidistas. El control se convierte en un pacto de no agresión, de forma, que se vigila el trámite (el papel firmado), pero no la eficiencia (si el gasto era necesario).

2.- La burocracia como escudo: La estructura es tan compleja que la responsabilidad se diluye. Si un gestor firma una compra inútil, se escuda en que el técnico hizo el informe, el interventor no puso pegas y el jurídico avaló la legalidad, lo que conlleva, que al final, nadie es responsable del resultado, solo del cumplimiento formal del trámite.

3.- Incentivos perversos en el presupuesto: “El sistema castiga el ahorro”. Si un gestor es eficiente y le sobra dinero al final del año, el sistema no le premia, sino todo lo contrario (al revés), le reduce el presupuesto del año siguiente, lo que genera un incentivo para el gasto innecesario cada mes de diciembre.

<<Sistema de eficiencia>>

Un cambio de modelo de “protección” a “servicio” requiere reformas que rompan la impunidad:

<-Profesionalización de la gestión (despolitización): Cargos directivos seleccionados por mérito, no por cargo de confianza, con contratos por objetivos. Si no cumplen, se van.

<-Transparencia de “dato abierto”: Bases de datos en tiempo real. Rastreabilidad total del euro, desde el impuesto hasta la factura concreta.

<-Acción popular y responsabilidad civil: Permitir que ciudadanos o asociaciones demanden directamente a los gestores por malversación o negligencia grave, obligándoles a responder con su seguro de responsabilidad civil o patrimonio.

<<Conclusión>>

Estamos revisando el Contrato Social. El modelo de “todo incluido en los impuestos” está bajo mínimos debido al envejecimiento demográfico y al coste de la tecnología. La tendencia es que lo vital (sanidad, seguridad, etc.) siga siendo prioritario en los presupuestos, y lo discrecional (Carreteras, Gestión de Residuos, etc.) se desplace hacia tasas directas.

La clave no es cuánto se paga, sino la transparencia total: “Que el ciudadano perciba que lo que paga por un peaje se traduce realmente en una carretera sin baches, y no en un agujero negro administrativo”, pero quien tiene el poder de cambiar el diseño actual es quien más se beneficia de él.

N.B. Imagen. Sin retorno tangible. La realidad de un agujero negro que se lo traga todo.

Córdoba, 29 de abril de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba e Inspector de Trabajo y S.S.

Presupuesto récord – La ilusión – (Gasto municipal descontrolado)

El inicio de 2026 nos deja una fotografía inquietante de la administración local en España, ya que, mientras los ayuntamientos presumen de presupuestos “históricos”, la realidad que subyace sugiere algo mucho más peligroso, concretamente, “una expansión descontrolada de su gasto estructural que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

1.- El espejismo del superávit y la trampa de los fondos europeos.

Se nos dice que las corporaciones locales gozan de buena salud financiera (un superávit del 0,4% del PIB), pero este dato es un “maquillaje” contable, así.

<-Dependencia externa porque el crecimiento se apoya en los fondos Next Generation EU., que son inyecciones temporales de dinero, que se están utilizando para financiar estructuras permanentes.

<-Gasto rígido porque aunque el gasto primario ajustado crecerá de un 4% para arriba en los ayuntamientos este año, el problema está, en que cuando los fondos europeos se agoten, los costes de mantenimiento de las “obras faraónicas” y el aumento de las plantillas seguirán ahí.

2.- Radiografía de la ineficiencia – (A dónde va el dinero de todos).

Para entender el problema, debemos mirar las “tripas” de los presupuestos, porque la eficiencia brilla por su ausencia en las partidas clave:

Partida	Tendencia 2026	El problema real
Personal (Cap. 1)	Aumento Alto	Absorbe el 30% del gasto. Existe una brecha salarial del 28% respecto al sector privado, sin que la productividad pública mejore.
Gasto Corriente (Cap. 2)	Aumento Muy Alto	Los contratos de servicios son más caros por la inflación, pero la calidad para los ciudadanos es la misma o peor.
Inversiones (Cap. 6)	Decrecen proporcionalmente	Ejecución lenta. Se presupuesta pero se gasta poco, y a menudo en proyectos que generan más gasto futuro.
Empresas Públicas	Crecimiento incontrolado en pérdidas	Se usan como “administraciones paralelas” para esquivar controles de deuda y transparencia, con una trampa de personal.

3.- El “tasazo” de basuras – (Ejemplo perfecto del “esquilme”).

Uno de los puntos de mayor fricción es la nueva tasa de basuras obligatoria.

En 2025 vimos una subida histórica del 17,4%, y la tendencia persiste en 2026.

Bajo la excusa de la sostenibilidad, se obliga al ciudadano a cubrir el 100% del coste del servicio, que realmente es, en la práctica, un impuesto encubierto sin rendición de cuentas.

¿Se recicla mejor? ¿Están las calles más limpias?

La respuesta suele ser un “no” rotundo, mientras los ingresos municipales suben entre un 7% y un 9% solo por este concepto.

4.- La brecha insostenible – (Sector Público vs. Sector Privado).

Los datos de marzo de 2026 confirman una desconexión total entre dos mundos que deberían retroalimentarse:

1.- Sueldos: Un empleado público gana, de media, 900 € brutos más al mes que uno privado, además, mientras los primeros tienen sueldos indexados a la inflación, los segundos contienen costes para no cerrar.

2.- Empleo: El empleo público está en máximos (3,5 millones), mientras el privado muestra signos de fatiga por la presión fiscal y los costes laborales.

(Nota. El paro real supera ya sobradamente los 4.000.000 de desempleados y con rostro de mujer, y, una cifra de inactivos en sentido estricto que suma y suma, de manera, que algo grave está pasando en el empleo.)

3.- Productividad: Mientras el sector público <-engorda-> vía consumo, la inversión en el sector privado cae, lastrando el potencial económico del país y con una tasa de productividad decreciente.

5.- El Caso Córdoba – (Cuando el color político no importa).

Córdoba es el ejemplo perfecto de que esta deriva que no entiende de ideologías, ya que, Administraciones gobernadas por el PP (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Ayuntamiento de Cabra) están aprobando presupuestos récord:

<-Ayuntamiento de Córdoba: 595,7 millones de euros.

<-Diputación de Córdoba: Un aumento del 21,3% hasta los 522,9 millones.

(Nota. Resulta paradójico que quienes predican la contención fiscal se suban a la ola del gasto expansivo. En Córdoba, la brecha salarial y el peso de las nóminas públicas (30% del gasto corriente) contrastan con un sector privado dependiente de la agricultura y los servicios, que lucha por sobrevivir a los costes energéticos.)

<<Conclusión – (Hacia dónde)>>

Si no se impone la transparencia y la eficiencia, el camino está trazado: “La ruina”.

Cuando los fondos europeos dejen de fluir, los ayuntamientos solo tendrán dos salidas: “*Subir aún más los impuestoso *realizar recortes drásticos en servicios esenciales”.

Es inasumible y no se puede permitir que el “presupuesto récord” sea la medalla que se cuelgan los políticos manirrotos y poco o nada responsables, mientras el ciudadano de a pie (el Pueblo) soporta la carga de una burocracia cada vez más pesada y menos útil.

La verdad y la mentira.

N.B. Presupuestos locales más y más, de forma, que asistimos a una expansión del gasto público local en España, que supone un crecimiento descontrolado de su gasto estructural, que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

Urge transparencia, eficiencia y contención, porque gasto más gasto lleva a la ruina, recayendo, además, primero en el ciudadano de a pie.

Córdoba, 10 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Problemas Estructurales y Ocultos en Córdoba – (Una visión más allá de lo evidente)

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA) queremos poner de relieve los problemas ocultos que han sido ignorados por una forma de hacer política ya periclitada, carente de innovación estructural y centrada únicamente en lo visible. Esta forma de gestión ha olvidado la necesidad imperiosa de buscar soluciones originales y creativas, enterrando el verdadero objetivo común -el bien colectivo- bajo actuaciones repetitivas y vacías, que solo buscan el camino más fácil para salir del paso sin afrontar los problemas en su totalidad, incluidos aquellos que no son evidentes.

Nuestro informe se basa en datos oficiales de 2025, noticias recientes, opiniones ciudadanas y trabajos propios, de manera, que aclaramos cifras presupuestarias y niveles reales de ejecución, manteniendo un enfoque de accesibilidad y transparencia.

*=Planteamos un análisis crítico de los problemas invisibles que perpetúan retos visibles -como el desempleo del 16,6%, el abandono de barrios como Las Palmeras, las listas de espera sanitarias o el transporte ineficiente-, y, *=proponemos soluciones innovadoras inspiradas en análisis multicapa:

“Datos cuantitativos, tendencias históricas y perspectivas locales”.

1. Situación y entorno: Problemas visibles vs. problemas ocultos.

***Problemas visibles:

*Desempleo del 16,6% (por encima de la media andaluza), especialmente en jóvenes y sectores tradicionales.

*Degradación de zonas vulnerables con quejas ciudadanas por basura y falta de mantenimiento.

*Listas de espera en el hospital Reina Sofía tras la pandemia.

*Incremento de la inseguridad en determinadas zonas.

***Problemas ocultos que los alimentan:

-Desequilibrios presupuestarios que priorizan el statu quo frente a inversiones transformadoras, generando ciclos de bajo crecimiento y desigualdad.

-Ejecución real de proyectos por debajo del 60-75% en áreas clave, a pesar de incrementos nominales en el presupuesto.

2. Análisis de problemas ocultos.

***Presupuestos Municipales 2025.

<=Aprobados en diciembre con 587,3 millones de euros (+8% respecto a 2024 en ingresos consolidados), reflejan un patrón recurrente:

**80-85% en gastos corrientes, dejando solo un 15-20% para inversiones reales.

**Crecimiento del gasto en personal (+5-8%), propaganda (+10-15%) y transferencias a organismos autónomos sin auditorías transparentes.

**Ejecución baja en urbanismo (60%), con barrios abandonados y calles sin reformas.

**Burocracia excesiva que retrasa de 6 a 12 meses la puesta en marcha de proyectos estratégicos.

**Escasa prioridad para I+D y cambio climático (<1,5% del presupuesto), pese a ser una ciudad con renta media de 19.000 € y riesgo creciente por sequías.

**Débil inversión en vivienda para vulnerables (solo 8% del presupuesto), con un 20% de la población en situación de pobreza y alta migración juvenil.

***Resumen presupuestario 2025 (aproximado).

Categoría	Monto (M€)	Variación vs. 2024	% del total
Personal	240-250	+5-8%	40-45%
Propaganda / asesores	4-7	+8-15%	1-1,5%
Transferencias OO. AA.	85-100	+10-14%	15-17%
Total corrientes	470-500	+7-8%	80-85%

3.- Visión nueva: Red interconectada.

**Nuestro enfoque propuesto se basa en un modelo neuronal:

Capa 1: Ineficiencia del gasto corriente.
Capa 2: Bloqueo de inversiones.
Capa 3: Consecuencias como desempleo y abandono urbano.

Esto se traduce en un bajo atractivo inversor (solo el 2% del PIB andaluz proviene de startups), déficit de visión estratégica pese al potencial cultural UNESCO, y una burocracia crónica que apenas ha digitalizado el 40% de los trámites, ralentizando proyectos como la Ronda Norte.

4.- Soluciones innovadoras.

**Estrategia: Romper los ciclos mediante acciones disruptivas, con retorno de inversión en 2-3 años.

Problema	Solución	Impacto estimado (2026-2027)	Responsable
Gastos corrientes	Auditoría externa; digitalización con IA; limitar propaganda; reasignar ahorros.	Ahorro 15 M€; +25% ejecución de proyectos.	Comisión Municipal de Cuentas
Baja inversión	Fondo Córdoba 2030 (bonos verdes, PPP); App ciudadana para reportes.	80% ejecución urbanismo; 1.000 empleos verdes.	Gerencia de Urbanismo + Junta de Andalucía
Estancamiento	Hub Innovación UNESCO; subvenciones a economía circular.	Paro reducido al 12%; +5% en renta media.	IMDEEC + UE NextGen
Desigualdad	Mapa IA de barrios; reforma fiscal del IBI.	Mejora en 15 barrios; -10% pobreza.	Ayuntamiento + ONGs

Inspirado en casos de éxito como Barcelona (digitalización con -18% gasto) y Bolonia (PPP en vivienda).

**Requisito clave: “Pacto multipartidista para asegurar un mínimo del 20% anual en inversiones”.

**Dashboard transparente:

Propuesta de panel digital mensual en cordoba.es que muestre gráficos de ejecución, mapas de barrios, alertas de retrasos y predicciones con IA.

Fase 1: planificación (nov 2025, coste 50.000 €).
Fase 2: desarrollo (ene 2026, 100-150.000 €, código abierto en Plataforma de análisis visual).
Fase 3: lanzamiento (mar 2026, 50.000 €/año).
Impacto: -30% en burocracia, +20% en participación ciudadana, ahorro de 1M€/año.

5.- Conclusión.

Córdoba padece una clara desalineación de prioridades:

“El gasto corriente absorbe los recursos y la subinversión limita las soluciones visibles”.

Con determinación y medidas disruptivas, 2026 puede ser el año en que se rompan estos ciclos mediante una gestión más eficiente, menos burocrática y con mayor apuesta por la innovación.

Nuestra propuesta es un Dashboard de transparencia y gestión ciudadana, una herramienta visual que monitoriza indicadores clave, analiza métricas y permite el seguimiento en tiempo real de proyectos estratégicos, fomentando una política basada en el bien común y la rendición de cuentas permanente.

N.B. Nuestro Informe sobre los Problemas Estructurales y Ocultos en Córdoba Ciudad muestra una -Visión Más Allá de lo Evidente-, tratando de innovar y de posicionar a Córdoba entra las ciudades más eficaces, transparentes e innovadoras.

<< En Córdoba ahora lo oculto es el bien común: “Que es la base de toda política que aspire a ser transparente, eficaz y responsable”.>>.

Córdoba, 6 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA – Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta (ACOA) – Presidente.