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Corrupción de baja intensidad -menor- (Una enfermedad silenciosa de la Administración Local)

La corrupción, que se considera equivocadamente “menor”, es, quizás, el mayor ataque a nuestro estado de derecho, por una razón pura y simple, porque es la que llega a todos los españoles a través de las Corporaciones Locales (Ayuntamiento y Diputaciones), demostrando que la corrupción sistémica se ha instalado en todos los niveles de las instituciones públicas, además, con una cualidad negativa peligrosa, que consiste en que es silenciosa y parece que tiene un grado de permisividad social, política y judicial, como se fuera algo que no se debe perseguir con rigor hasta erradicarla.

Es una realidad desgraciada, que la corrupción en sus distintas variedades solo se puede ver públicamente en sus grades espectáculos, que suelen acabar en el T. S. o en la Audiencia Nacional, amplificados por los medios públicos y privados, como si esos casos de gran alcance y de enorme proyección nacional fueran lo único y más importante de la corrupción sistémica que está asolando España.

Parece algo inexistente y olvidado, que existe una patología mucho más extendida y letal por el pueblo español, que se extiende como una mancha por todo el territorio y por todas sus instituciones públicas, alcanzando todos sus niveles, especialmente a las corporaciones locales, y, que conlleva un daño tremendo para nuestro Estado de Derecho, que se suele denominar con desprecio y olvido corrupción de baja intensidad o menor.

“La corrupción de los conductos pequeños” – (Perdida de valores).

Es la corrupción que no busca el gran botín de un solo golpe, sino la construcción de redes clientelares que asfixian la meritocracia y parasitan el dinero público.

1.- Análisis de la <-micro-corrupción->.

Es un hecho patente de enorme importancia, que la “corrupción de baja intensidad” actúa como un impuesto invisible para el ciudadano.

***Se manifiesta principalmente a través de varios mecanismos:

<-El fraccionamiento de contratos, a través del “troceo” de proyectos para no superar los umbrales del contrato menor (15.000 euro en servicios/suministros), y, así adjudicar “a dedo” esos servicios, suministros y contratos evitando la libre concurrencia.

<-El clientelismo de personal, mediante procesos de selección trucados con bases “dirigidas” o entrevistas subjetivas para colocar a personas con perfiles afines políticos o personales.

<-Urbanismo “a la carta”, que se ejecuta, a través, de licencias pequeñas o la no ejecución de órdenes de derribo a cambio de favores o votos.

<-Opacidad en empresas públicas mediante el uso de sociedades mercantiles municipales para huir del derecho administrativo y sus controles.

<-El uso de subcontratas dónde el personal, los contratos y adjudicaciones de servicios públicos conllevan contrataciones de personal y utilización de servicios en beneficio de los gobiernos políticos de los ayuntamientos, que adjudican los contratos a esas empresas subcontratistas elegidas irregularmente sin contradicción ni igualdad de condiciones, rompiendo el principio de igualdad constitucional.

2.- La eliminación de los controles y de los equilibrios.

**El control legal falla por una vulnerabilidad estructural del sistema:

1.- La soledad de la secretaria/o o de la interventora/or, que aunque son funcionarios de habilitación nacional, su día a día depende del equipo de gobierno (a destacar el uso y abuso de los cargos de secretarias/os o interventoras/es). Y en algunos casos demasiados el “reparo” de legalidad es frecuentemente ignorado mediante decretos de alcaldía.

2.- El “embudo trampa” judicial porque la Fiscalía suele archivar denuncias de prevaricación si no hay un rastro de dinero directo al bolsillo (cohecho), derivando el conflicto a la lenta vía contencioso-administrativa, dónde la corrupción menor se diluye bajo la trampa de la legitimidad de los actos administrativos.

3.- Se produce una solidaridad partidista, cuando Diputaciones y CCAA a menudo omiten su labor de fiscalización en los casos de que el ayuntamiento es de su mismo color político.

3.- Radiografía de casos reales – (Triángulo impunidad).

Como ejemplo de esta captura institucional, podemos observar dinámicas preocupantes en algunos municipios concretos, que ilustran lo que se puede llamar la <-trama de la accidentalidad->:

<-Secretarías Accidentales que se eternizan en sus cargos, de manera, que se mantiene a un funcionario en precario durante años anulando su independencia, con la finalidad de que el fiscalizador se convierte en un mero “validador de actuaciones, contratos de obras y servicios y decretos”.

<-Defensas jurídicas cruzadas cuando se usan despachos vinculados a partidos políticos para defender a técnicos e investigados, porque se estima que existe una simbiosis donde, si cae el técnico, cae el político.

<-La existencia de una cobertura autonómica, que nace cuando la Consejería competente (en estos casos la de Justicia) valida prórrogas injustificables de puestos accidentales, convirtiéndose en un cooperador necesario por omisión.

4.- Tribunal Supremo.

La jurisprudencia reciente es robusta en la teoría, pero su aplicación es defectuosa en la instrucción.

***A destacar:

* STS 148/2023, Sala Segunda (Penal) de 2 de marzo de 2023 (Rec. 1271/2021), Ponente Pablo Llarena): Diferencia el nombramiento ilegal (falta de título) de la prevaricación (ignorar sistemáticamente el procedimiento de mérito y capacidad). *STS 1092/2024, de 28 de noviembre de 2024, Sala de lo Penal (Interventor como clave probatoria). * Las STS 196/2025, 197/2025 (de 25 de febrero de 2025) y STS 220/2025 (de 4 de marzo de 2025), dictadas por la Sección 4.ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, consolidan la doctrina sobre el abuso de la temporalidad en el empleo público funcionarial, resolviéndola en tres grandes ejes: criterios de apreciación del abuso, imposibilidad constitucional de la fijeza y régimen indemnizatorio.

5.- Propuesta – (Tolerancia Cero).

La impunidad de la “corrupción menor” es la que permite que la gran corrupción florezca. (Teoría de las Ventanas Rotas: El mensaje psicológico detrás de la “ventana rota” es de impunidad y dejadez, transmitiendo la idea de que <-nadie cuida de esto, está abandonado-> y de que los códigos de convivencia se han roto).

**Para revertir esto, se propone:

1.- Independencia orgánica total: Que los interventores y secretarios dependan económicamente del Estado o la CCAA, nunca del alcalde al que deben fiscalizar.

2.- Criminalización del levantamiento de reparos: Que levantar un reparo de legalidad sin un informe jurídico externo vinculante sea indicio automático de prevaricación.

3.- Fiscalía Especializada: Creación de una unidad de control administrativo local que actúe de oficio ante la acumulación de irregularidades.

<<Conclusión>>

La corrupción local no es un compartimento estanco, sino que es un acto colectivo político donde el ayuntamiento ejecuta, el partido diseña la resistencia y la administración superior a menudo proporciona la cobertura.

N. B. La corrupción menor municipal es el principio de la corrupción, de forma, que si no corregimos la <-micro-corrupción-> de raíz, el Estado de Derecho seguirá siendo, en muchos municipios, una mera ficción administrativa.

Córdoba, 20 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Deterioro del Estado de Derecho (La Realidad en las Corporaciones Locales)

El deterioro de la calidad institucional en España es una realidad palpable que afecta a todos los niveles de la administración, pero resulta especialmente preocupante en el ámbito más cercano al ciudadano: las Corporaciones Locales (Ayuntamientos y Diputaciones).

Desde la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), analizamos cómo la corrupción, la falta de controles y el clientelismo están socavando el Estado de Derecho.

1.- Un contexto de alerta institucional.

La percepción ciudadana y los datos de organismos internacionales (como la OCDE y la Comisión Europea) coinciden: la calidad institucional en España está por debajo de la media europea. Los puntos críticos son claros:

<-Alto riesgo en la contratación pública: Es el terreno más fértil para la corrupción.

<-Politización de las instituciones: La falta de independencia en los órganos reguladores debilita los contrapesos democráticos.

<-Sensación de impunidad: La lentitud de la justicia y estrategias procesales —como el cargo público que se acoge a su derecho a no declarar en lugar de colaborar— alimentan la desconfianza social.

2.- El foco del problema: Ayuntamientos y Diputaciones.

Es en la administración local donde el deterioro se manifiesta de forma más cruda a través de dos vicios heredados que han mutado para sobrevivir en democracia:

<-El abuso de la “Libre Designación”: Lo que debería ser excepcional se ha convertido en norma. Se utiliza para nombrar a dedo a amigos, parientes o miembros del partido (“amiguismo” y “clientelismo”), desplazando los principios constitucionales de mérito y capacidad.

<-Contratación laboral irregular: Muchos Ayuntamientos han recurrido a contratos temporales ilegales o “a dedo”, bordeando la prevaricación continuada para tejer redes de favores.

<-Monopolio de decisiones: El exceso de discrecionalidad de alcaldes y equipos de gobierno, sumado a una fiscalización interna a menudo limitada, facilita la corrupción urbanística y la “captura” de la política local por intereses privados.

3.- Fallan los controles.

Sobre el papel, existen mecanismos de control como la Intervención Municipal (Secretarios e Interventores). Sin embargo, su independencia real se ve comprometida en entornos locales altamente politizados o mediante el uso de fiscalizaciones limitadas.

4.- Una esperanza legal vs. La realidad.

La reciente Ley 2/2023 obliga a las entidades locales a implantar un Sistema Interno de Información (Canal de Denuncias) para proteger a quienes destapan la corrupción.

Sin embargo, a día de hoy, estos sistemas son más formales que reales. El reto es pasar de la teoría a la práctica para erradicar ese “caciquismo moderno” que disfraza de legalidad el nepotismo y el favor político.

N.B. En España es una realidad preocupante el aumento del deterioro del Estado de Derecho, especialmente, son muy inquietantes las irregularidades y casos de corrupción, que se dan en las Corporaciones Locales (Diputaciones y Ayuntamientos), porque su número es difícil de calcular al ser muchos y que los casos crecen en número con sus empresas y entes locales, siendo un hecho patente que la corrupción en sus distintas clases ha calado en los Ayuntamientos, a pesar de todos los mecanismos de control y del establecimiento por ley de un Sistema Interno de Información, que desgraciadamente es más formal que real.

Córdoba, 4 de diciembre de 2025

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado. ICA-Córdoba Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Tasas en Córdoba y Provincia – Subidas (Pagan los Ciudadanos sin Recibir lo Justo)

Un grupo amplio de lectores me preguntan por la fiscalidad del Ayuntamiento de Córdoba, de los Ayuntamientos de la Provincia y de la Diputación Provincial, pues dicen que los impuestos y tasas de las Corporaciones locales (municipales y provinciales) han subido desproporcionadamente en relación con los servicios que reciben tanto en calidad como en cantidad cualificada.

La verdad es que la imposición fiscal en las Corporaciones Locales viene creciendo año tras año, sube el IBI por el aumento del valor catastral, suben las tasas, como las del agua y la basura, sin que los ciudadanos vean mejorar los servicios, en cambio es un hecho indiscutible, que suben los gastos de personal y los gastos corrientes improductivos de las mismas, a la vez, que crecen como setas las empresas, asociaciones y chiringuitos municipales y provinciales y, además, se cubren a fondo perdido las pérdidas inexplicadas del dichos entes, algunos de ellos, fantasmas, pues nadie sabe realmente que hacen, cuanto empleados tienen, como han sido contratados y sin que nunca rindan cuentas debidamente controladas y auditadas por órganos competentes e independientes.

Así, que intentaré dar una explicación razonable empezando por las tasas municipales y provinciales, así que, es este artículo analizo las principales tasas, su incremento, las justificaciones oficiales y las críticas, ofreciendo una visión crítica, y, propuestas para los cordobeses.

Los ciudadanos de Córdoba, tanto en la capital como en la provincia, expresan su preocupación por el aumento constante de las tasas municipales y provinciales, que consideran desproporcionadas frente a la calidad y cantidad de los servicios recibidos.

<<Contexto General>>

**Aumento de Tasas y Falta de Retorno.

Las tasas municipales y provinciales, como agua y basura, han subido de forma sostenida, mientras los servicios públicos correspondientes no mejoran visiblemente.

Así mismo, los ciudadanos perciben que los incrementos financian gastos improductivos, como empresas municipales opacas o pérdidas no justificadas, en lugar de servicios proporcionales al bien común.

La falta de auditorías independientes y la percepción de mala gestión o corrupción refuerzan esta desconfianza.

<<Tasas en la Ciudad de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Sadeco): Subió un 10% en 2025, tras un 35% en 2024, acumulando un 45% en dos años. El coste medio por vivienda aumenta 24,51 euros anuales. Sadeco justifica el alza por la reducción de ingresos de Ecoembes y la Ley 7/2022, que exige financiar el 100% del servicio con tasas. Sin embargo, la oposición (PSOE, IU, Podemos) y los ciudadanos critican la falta de mejoras en la recogida y reciclaje, comparando la tasa (100-120 euros/vivienda) con ciudades como Málaga (28 euros).

**Tasa de Agua (Emacsa): Incremento del 10% en 2025, tras un 5% en 2024, sumando un 15% en dos años. El coste medio sube 15-20 euros anuales por vivienda. Emacsa cita la inflación, la sequía y la modernización de infraestructuras como causas, pero los ciudadanos critican la ausencia de bonificaciones para colectivos vulnerables y el peso de la cuota fija en un contexto de menor consumo.

**Otras Tasas: La limpieza viaria no registra subidas significativas, mientras que el ICIO y las tasas de actividades bajan un 2%. Las tarifas de taxis suben un 3,6%, y las de ocupación de vía pública se mantienen congeladas.

**Medidas Compensatorias: El Ayuntamiento (PP) ha reducido el IBI rústico (-13,93%), el IVTM (-13,21%) y la plusvalía (-8,27%) desde 2019, además de congelar tarifas de transporte público (Aucorsa) hasta julio de 2025. Sin embargo, estas medidas no compensan la percepción ciudadana de presión fiscal.

<<Tasas en la Provincia de Córdoba>>

**Tasa de Basuras (Epremasa): La Diputación propuso un aumento del 10% para 2025, pero fue rechazado, manteniendo los valores de 2024 (60-80 euros/vivienda). Epremasa justifica los costes por combustible, personal y la Ley 7/2022, pero la oposición señala que perjudicaría a municipios pequeños. La falta de reciclaje avanzado en áreas rurales alimenta críticas sobre la calidad del servicio.

**Tasa de Agua (Emproacsa): Subió un 22% en 2024, sin cambios en 2025, con un coste medio de 100-150 euros/vivienda. La sequía, los costes energéticos y la modernización de infraestructuras son las razones oficiales. Sin embargo, la inyección de 50 millones de euros por la Diputación para salvar a Emproacsa, sin exigir responsabilidades por mala gestión, genera indignación.

**Otras Tasas: Alcantarillado y depuración también subieron un 22% en 2024. Tasas viales y de servicios culturales o cementerios varían por municipio, pero no registran incrementos significativos en 2025.

<<Comparación: Ciudad vs. Provincia>>

**Ciudad: Tasas más altas (basura: 100-120 euros; agua: 150-200 euros) debido a costes urbanos, con subidas más pronunciadas (45% basura, 15% agua), pero con reducciones en otros impuestos. Sadeco y Emacsa ofrecen cierta capacidad para bonificaciones.

**Provincia: Tasas más bajas (basura: 60-80 euros; agua: 100-150 euros), pero con menos bonificaciones y autonomía limitada por la dependencia de Epremasa y Emproacsa. La subida del agua (22%) impacta más en municipios rurales.

<<Propuestas para los Ciudadanos>>

1.-Consultar bonificaciones en la Oficina Virtual Tributaria (tributos.cordoba.es) o Ayuntamientos locales.

2.-Reducir el consumo de agua y mejorar la separación de residuos para minimizar cuotas variables.

3.-Aprovechar fraccionamientos o descuentos por pago anticipado (ej. 5% en el IBI).

4.-Exigir auditorías transparentes sobre el uso de las tasas.

5.-Presionar por tarifas progresivas y sistemas de pago por generación de residuos.

<<Conclusión>>

Las tasas de basura y agua en Córdoba han subido significativamente (45% y 15% en la capital; 22% en agua en la provincia), impulsadas por la Ley 7/2022, la sequía y la inflación.

Sin embargo, la falta de mejoras visibles en los servicios y la opacidad en la gestión de empresas como Emproacsa generan una percepción de injusticia.

Los ciudadanos deben exigir transparencia y optimizar consumos mientras se implementan medidas compensatorias insuficientes.

N.B. Los ciudadanos perciben que las tasas que pagan son excesivas y que en compensación no reciben lo justo.

Sienten, además, opacidad, mala gestión y sensación de injusticia.

Córdoba, a 29 de agosto de 2025.

Enrique García Montoya,

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S.

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Un grito necesario contra la erosión del Estado de Derecho) – Artículo (I)

El pasado 11 de junio de 2025, la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, lanzó un contundente llamamiento a las autoridades públicas y a la ciudadanía en general para recuperar el respeto hacia los tribunales y sus jueces. En un contexto de creciente polarización, sus palabras no solo reflejan una preocupación institucional, sino que señalan una amenaza real al pilar fundamental de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho: la independencia judicial. Perelló denunció con firmeza las “descalificaciones constantes” que sufren los jueces por parte de quienes discrepan de sus resoluciones y calificó de “impropias de un Estado democrático avanzado” las manifestaciones que cuestionan directamente a jueces concretos. Este mensaje, que resuena con una claridad innegable, merece no solo nuestra atención, sino una acción inmediata y colectiva para frenar esta deriva.

<<Una realidad alarmante: ataques al poder judicial en todos los niveles>>

La advertencia de la presidenta no es una mera declaración retórica; es un reflejo de una realidad que se extiende desde los más altos tribunales hasta los juzgados de los pequeños municipios. Las descalificaciones a los jueces no son exclusivas de debates nacionales o de casos mediáticos. Es un hecho evidente, que esta actitud se ha normalizado incluso en el ámbito local. Es común escuchar a alcaldes o autoridades municipales cuestionar públicamente resoluciones judiciales, sin argumentos jurídicos, con el único propósito de deslegitimar al juez o jueza que las dicta. Estas críticas, a menudo vertidas con una arrogancia que ignora los principios de separación de poderes, no solo atentan contra la independencia judicial, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia.

Lo más grave es que estas actitudes provienen en muchos casos de figuras políticas cuya legitimidad no siempre se basa en méritos profesionales o capacidades demostradas, sino en lealtades partidistas. Este fenómeno, que vulnera los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, agrava aún más el problema. Un alcalde que, amparado en una mayoría absoluta, se siente por encima de la ley y ataca a un juez local, no solo comete un abuso de poder, sino que envía un mensaje devastador: que las resoluciones judiciales pueden ser ignoradas o ridiculizadas sin consecuencias.

<<La vulnerabilidad de los jueces locales: un problema estructural>>

El llamamiento de Perelló adquiere una dimensión aún más urgente cuando se analiza la situación de los jueces que ejercen en pequeños municipios. Estos profesionales, que a menudo trabajan en soledad y con recursos limitados, son especialmente vulnerables a las presiones políticas y sociales. Cuando un alcalde o cualquier autoridad local critica públicamente una resolución judicial, no solo pone en entredicho la autoridad del juez, sino que lo expone a un escrutinio injusto por parte de la comunidad. Esta situación, es “insidiosa” y “cobarde”, pues el juez no tiene medios efectivos para defenderse públicamente sin comprometer su imparcialidad.

La impunidad con la que actúan estas autoridades locales es, sin duda, la raíz del problema. La falta de consecuencias legales o políticas para quienes atacan a los jueces fomenta una cultura de desprecio hacia el poder judicial. Si no se actúa con firmeza para proteger a los jueces locales, el mensaje que se envía es que el Estado de Derecho es frágil y que la justicia puede ser doblegada por el poder político. Si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

<<La responsabilidad del CGPJ y de la sociedad>>

El llamamiento de Isabel Perelló no puede quedar en palabras. Es imprescindible que el CGPJ, como garante de la independencia judicial, tome medidas concretas para proteger a los jueces frente a estos ataques. Esto incluye actuaciones inmediatas contra cualquier político que incurra en descalificaciones públicas hacia jueces concretos. El Consejo debe enviar un mensaje claro: cualquier intento de socavar la autoridad judicial tendrá consecuencias, independientemente de si el ataque proviene de un alto cargo o de un edil de un pequeño municipio.

Sin embargo, la responsabilidad no recae únicamente en las instituciones. La sociedad civil tiene un papel crucial en la defensa del Estado de Derecho. En este sentido, la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), en respuesta al llamamiento de Perelló, ha hecho un llamamiento a sus asociados y simpatizantes para rechazar las descalificaciones a los jueces y promover el respeto hacia los tribunales. Esta iniciativa es un ejemplo de cómo la ciudadanía puede contribuir activamente a fortalecer la democracia, recordando que la justicia independiente es un pilar irrenunciable de nuestra convivencia.

<<Conclusión: un compromiso colectivo para salvar la democracia>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ es una advertencia y, al mismo tiempo, una oportunidad para reflexionar sobre el estado de nuestra democracia. Las descalificaciones a los jueces, especialmente cuando se dirigen a profesionales en contextos vulnerables, no son un problema menor; son un ataque directo al fundamento del Estado de Derecho. Como sociedad, debemos rechazar estas actitudes y exigir que las instituciones actúen con contundencia para proteger la independencia judicial.

Hacemos nuestro el mensaje de Isabel Perelló y de la Asociación Córdoba Abierta -ACOA-: Recuperar el respeto hacia los jueces y tribunales es una tarea urgente y colectiva. Solo a través de un compromiso real, que defienda tanto a los magistrados del Tribunal Supremo como a los jueces de los pequeños pueblos, podremos garantizar que la justicia siga siendo el pilar que sostiene nuestra democracia.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento Presidenta T. S. y CGPJ y rechazamos las descalificaciones a jueces concretos, porque lo contrario es destruir nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba IX – (IV). Limpieza y Basuras en Córdoba (Soterramiento)

Sigo contestando a mis lectores sobre los problemas y carencias de Córdoba y Provincia, y, dedicaré este artículo al soterramiento de la recogida de basuras en la Ciudad de Córdoba, porque se necesita con urgencia limitar la dependencia exclusiva de los contenedores exteriores reestructurando el sistema implantado, que a todas luces está obsoleto, pues Córdoba sigue anclada en un sistema antiguo y sin futuro.

Problemas de Córdoba. Artículo IX – (IV). Limpieza y Basuras en Córdoba. (Soterramiento)

Es un hecho evidente, que Córdoba solo tiene contenedores al aire libre y no tiene un sistema de recogida de basuras soterrado como otras ciudades

<<Razones por las que Córdoba utiliza contenedores al aire libre y no recogida de basura soterrada>>

La ciudad de Córdoba gestiona la recogida de residuos principalmente mediante contenedores al aire libre (superficiales) en lugar de sistemas de recogida soterrada, como los implementados en ciudades como Barcelona, Sevilla, Málaga o Vitoria. A continuación, se detallan las principales razones que explican esta situación, basadas en información disponible hasta octubre de 2024, el contexto urbano de Córdoba y comparativas con otras ciudades.

<<Restricciones urbanísticas y patrimoniales>>

*Casco histórico y Patrimonio de la Humanidad:

Córdoba es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad (declarada por la UNESCO en 1984 por la Mezquita-Catedral y ampliada en 1994 al casco histórico). Esto impone estrictas normativas sobre intervenciones urbanas, especialmente en el centro histórico, donde las excavaciones necesarias para instalar contenedores soterrados podrían dañar restos arqueológicos o alterar el paisaje urbano protegido.
Las calles estrechas del casco histórico, como las de la Judería, dificultan la instalación de fosos de hormigón y plataformas elevadoras requeridas por los sistemas soterrados, que necesitan espacio para buzones de depósito y acceso para camiones especializados.
Impacto visual y normativas:
- La Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía y las regulaciones municipales exigen minimizar el impacto visual del mobiliario urbano en zonas históricas. Aunque los contenedores soterrados ocultan los depósitos bajo tierra, los buzones en superficie aún generan impacto visual, lo que puede desincentivar su uso en áreas protegidas.
- En lugar de contenedores soterrados, Córdoba ha implementado ecopuntos en el casco histórico. Estos son locales cerrados con acceso restringido mediante tarjeta para los vecinos, diseñados para reducir la presencia de contenedores visibles sin requerir obras invasivas.

<<Costes elevados de instalación y mantenimiento>>

*Inversión inicial:

-La instalación de contenedores soterrados implica un alto coste, que incluye excavaciones, fosos de hormigón, plataformas hidráulicas y buzones de depósito. Cada isla soterrada puede costar entre 50.000 y 100.000 euros, dependiendo del sistema (carga lateral, trasera o neumática).

-Sadeco, la empresa municipal de saneamientos, enfrenta un déficit financiero de 4,08 millones de euros en 2024. Esto limita su capacidad para asumir proyectos costosos, priorizando inversiones más urgentes, como la modernización de la flota de vehículos (7 millones de euros en 2022) o la ampliación del Complejo Medioambiental Juan Revilla (1,7 millones de euros).

*Costes operativos:

-Los sistemas soterrados requieren camiones especializados con grúas hidráulicas y un mantenimiento más complejo (limpieza de fosos, reparación de plataformas), lo que puede incrementar los costes operativos en hasta 4,5 millones de euros anuales (estimaciones basadas en otras ciudades).

-En contraste, los contenedores al aire libre son más económicos de instalar (500-1.500 euros por unidad) y mantener, y son compatibles con la flota actual de camiones de carga lateral y trasera de Sadeco.

*Limitaciones presupuestarias: El aumento de tasas de basura en 2024 (35%, equivalente a 34,07 euros/año por vivienda) y 2025 (10% adicional, 24,25 euros/año en el callejero fiscal más alto) responde a la necesidad de cubrir costes operativos crecientes, como el Impuesto sobre el Depósito de Residuos en Vertedero (3 millones de euros anuales). La adopción de contenedores soterrados añadiría una presión financiera adicional que Sadeco no puede asumir actualmente.

<<Modelo de gestión consolidado>>

*Sistema actual de recogida:

-Córdoba utiliza un sistema de cinco circuitos de recogida (contenedores gris, marrón, amarillo, azul y verde), que funciona eficientemente con contenedores al aire libre. La introducción del contenedor gris para residuos no reciclables en 2023 ya supuso un coste de 12 millones de euros en infraestructura y 4,5 millones anuales en gastos operativos, lo que desincentiva inversiones en sistemas más costosos como los soterrados.

-Sadeco ha adaptado contenedores existentes (por ejemplo, pintando o vinilando y/o rotulando los marrones para convertirlos en grises) como una solución económica frente a la normativa de economía circular.

*Resistencia a cambios normativos: Sadeco y el Ayuntamiento de Córdoba han solicitado al Gobierno español exenciones para no implementar el contenedor marrón obligatorio para residuos orgánicos, argumentando que el sistema actual es suficiente y que cambios adicionales generarían costes excesivos. Esta postura refleja una preferencia por mantener los contenedores al aire libre, que son más fáciles de gestionar y menos costosos de modificar.

<<Comportamiento ciudadano y cultura de reciclaje>>

*Mal uso de contenedores:

-En Córdoba, solo el 50% de los residuos depositados en contenedores de reciclaje son aprovechables, debido al depósito indebido de residuos (por ejemplo, tirar restos orgánicos en el contenedor amarillo). Este nivel de incivismo reduce la viabilidad de sistemas soterrados, que requieren una alta colaboración ciudadana para ser efectivos.

-En ciudades con sistemas soterrados, como Málaga o Vitoria, la tasa de reciclaje es más alta (por ejemplo, Vitoria alcanza el 50%), gracias a campañas de concienciación y sanciones más estrictas.

*Alternativas locales: Los ecopuntos en el casco histórico funcionan como una solución intermedia, permitiendo a los vecinos depositar residuos en locales cerrados sin necesidad de sistemas soterrados. Sin embargo, su alcance es limitado y no sustituye la necesidad de contenedores en toda la ciudad.

<<Comparativa con otras ciudades>>

*Ciudades con recogida soterrada:

-Barcelona: Utiliza contenedores soterrados en áreas modernas y sistemas neumáticos en el Eixample, financiados por un presupuesto municipal más amplio y una alta presión turística para mejorar la estética urbana.

-Sevilla: Lipasam combina contenedores soterrados en zonas modernas con cubos individuales y contenedores móviles en el casco histórico, adaptándose a las restricciones patrimoniales similares a las de Córdoba.

-Málaga: Ha implementado contenedores soterrados en el centro y áreas turísticas, con una inversión significativa en los últimos 15 años, apoyada por un turismo masivo que justifica el gasto.

-Vitoria: Como Ciudad Verde Europea, prioriza sistemas soterrados y neumáticos para maximizar el reciclaje y la estética urbana.

*Diferencias con Córdoba:

-A diferencia de estas ciudades, Córdoba tiene un presupuesto más limitado y un turismo menos intensivo, lo que reduce la presión para invertir en sistemas estéticamente más atractivos pero costosos.

-La densidad poblacional de Córdoba (unos 320.000 habitantes) y su crecimiento urbano más lento (concentrado en Poniente) no justifican aún la inversión en sistemas soterrados frente a otras prioridades, como la modernización de la flota o la ampliación de ecoparques.

<<Iniciativas actuales y perspectivas futuras>>

*Ecoparques y ecopuntos:

-Sadeco gestiona cuatro ecoparques (puntos limpios) y planea abrir dos más en Villarrubia y Alcolea. Estos sirven para residuos específicos (aceite, ropa, electrodomésticos) y son una alternativa más económica a los contenedores soterrados.

-Los ecopuntos en el casco histórico (locales cerrados con acceso por tarjeta) han sido bien recibidos, pero su expansión es lenta debido a costes y limitaciones logísticas.

*Sadeco 5.0: El proyecto Sadeco 5.0 incluye la introducción de contenedores inteligentes con sensores de llenado para optimizar las rutas de recogida. Aunque no se menciona explícitamente la recogida soterrada, esta tecnología podría ser un paso previo a sistemas más avanzados.

*Pruebas piloto: Sadeco está evaluando adaptar contenedores existentes antes de realizar inversiones mayores. Por ejemplo, en 2023 se realizaron pruebas con vinilos para cambiar la identificación de contenedores, lo que indica una estrategia de bajo coste frente a soluciones más complejas como los sistemas soterrados.

*Presión normativa y ciudadana:

-La Ley 7/2022 de Residuos y Suelos Contaminados y las directivas europeas podrían obligar a Sadeco a invertir en sistemas más sostenibles en el futuro, aunque por ahora la empresa prioriza cumplir con el contenedor gris y marrón.

-Las quejas de Facua Córdoba y el Consejo del Movimiento Ciudadano sobre la insuficiencia de contenedores y la acumulación de basura podrían impulsar la adopción de sistemas soterrados en barrios modernos como Poniente, donde las restricciones patrimoniales no aplican.

<<Conclusiones>>

Córdoba utiliza contenedores al aire libre debido a:

Restricciones patrimoniales: El casco histórico y las normativas de la UNESCO limitan las excavaciones necesarias para sistemas soterrados.
Costes prohibitivos: La instalación y mantenimiento de contenedores soterrados son demasiado caros para el presupuesto de Sadeco, que enfrenta un déficit financiero.
Sistema consolidado: Los contenedores al aire libre son compatibles con la flota actual y más fáciles de gestionar, especialmente tras la introducción del contenedor gris.
Baja concienciación ciudadana: El mal uso de los contenedores (50% de residuos mal clasificados) reduce la viabilidad de sistemas más avanzados.
Alternativas locales: Los ecopuntos y ecoparques son soluciones más económicas y adaptadas al contexto de Córdoba.

En comparación con ciudades como Sevilla o Málaga, que han invertido en contenedores soterrados en áreas específicas, Córdoba prioriza soluciones de menor coste debido a sus limitaciones financieras y urbanísticas. Sin embargo, la presión normativa y las demandas ciudadanas podrían llevar a la adopción de sistemas soterrados en el futuro, especialmente en zonas modernas.

<<Propuestas de Córdoba Abierta -ACOA->>

Estudio de viabilidad: Analizar la posibilidad de instalar contenedores soterrados en barrios nuevos como Poniente, donde no hay restricciones patrimoniales.
Inversión progresiva: Implementar sistemas soterrados en áreas comerciales o turísticas fuera del casco histórico como proyecto piloto.
Campañas de concienciación: Mejorar la educación ciudadana sobre reciclaje para garantizar el éxito de sistemas más avanzados.
Financiación externa: Buscar fondos europeos o estatales para proyectos de economía circular que incluyan contenedores soterrados.
Expansión de ecopuntos: Aumentar el número de ecopuntos en el casco histórico como alternativa intermedia hasta que los sistemas soterrados sean viables.

<<Visión de Córdoba Abierta -ACOA->>

ACOA exige una reestructuración total de Sadeco con un plan innovador, financiación clara y rápida ejecución para un sistema moderno y eficiente, a la vez, que exige una moderación de las tasas, ya que, las subidas recientes suponen un atraco a los cordobeses injustificado e injusto, la vez, que debe impulsarse una implantación progresiva de soterramiento, eliminando zonas de contenedores paulatinamente y adoptando sistemas complementarios de mejora de la recogida fuera de los contenedores.

N. B. Los problemas de Córdoba con la limpieza y la recogida de basuras tienen una dependencia extrema con los contenedores, ya que, los cordobeses solo pueden depositar sus basuras en contenedores exteriores, lo que explica que le dedique este artículo a los mismos y a la necesidad de cambiar su excesiva dependencia de la recogida de basuras y otros desperdicios, implantándose sistemas soterrados paulatinamente con preferencias en zonas modernas y de expansión de la Ciudad.

Se insiste en denunciar que las tasas son desproporcionadas e injustas, sobre todo si se tiene en cuenta el estado de limpieza de la Ciudad, y, de nuevo, Córdoba Abierta -ACOA- lanza su mensaje de que es urgente reestructurar el sistema de limpieza de la Ciudad y reducir el impacto de los contenedores con implantación progresiva de sistemas de soterramiento.

Córdoba, 15 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.