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Financiación pública y sostenibilidad financiera de las Empresas de la Diputación de Córdoba – (Epremasa y Emproacsa) – Análisis.

Análisis sobre la inyección de fondos públicos a Epremasa y Emproacsa en el marco presupuestario de la Diputación de Córdoba y su impacto estructural.

1.- Resumen.

La reciente asignación de recursos públicos a fondo perdido a las empresas provinciales de la Diputación de Córdoba, Epremasa (Empresa Provincial de Residuos y Medio Ambiente, S.A.) y Emproacsa (Empresa Provincial de Aguas de Córdoba, S.A.), para equilibrar sus balances contables, pone de manifiesto una problemática recurrente en la administración local:

“La sostenibilidad económica de las sociedades instrumentales”.

Esta dotación económica, enmarcada en los acuerdos presupuestarios y pactos de gobierno provinciales – (I.U. – presupuestos), evidencia las pérdidas continuas y los errores operativos y de gestión de estas entidades mercantiles participadas íntegramente por la corporación provincial.

La controversia no radica únicamente en la transferencia de fondos públicos, *sino en la conveniencia e idoneidad de mantener un modelo de gestión, que de forma sistemática traslada el déficit estructural a las cuentas públicas, sin acometer reformas profundas en sus costes de funcionamiento internos.

2.- Marco financiero y problemática de las Sociedades Provinciales.

Las empresas públicas locales como Epremasa y Emproacsa desempeñan servicios esenciales (gestión de residuos y ciclo integral del agua en alta y baja en la provincia).

***Sin embargo, su evolución financiera muestra patrones críticos y muy negativos:

<-Pérdidas operativas permanentes y dependencia continua de transferencias de la Diputación: Al igual que ocurre en otras entidades del sector público local, se observa una transición desde la estabilidad presupuestaria hacia un déficit operativo, que requiere *de aportaciones externas o *de subidas tarifarias para cuadrar las cuentas.

<-Rigidez estructural del gasto: El núcleo del problema financiero reside en la incapacidad o resistencia para optimizar los costes internos, tales como dimensionamiento de estructuras, gastos corrientes y costes de explotación. Las empresas públicas en lugar de aplicar planes de racionalización del gasto interno, *optan recurrentemente por la inyección de capital público o por el incremento de tasas y tarifas a los municipios y ciudadanos*.

<-Impacto político e instrumentalización presupuestaria: La inclusión de estas partidas de saneamiento dentro de las negociaciones de presupuestos (ej. Pactos con I. U.) consolida un modelo donde los acuerdos de gobernabilidad priorizan la supervivencia de estructuras deficitarias frente a la ortodoxia fiscal y la eficiencia en el gasto. Dicho de otra forma, la Diputación asume sus pérdidas estructurales en lugar de gestionarlas de forma eficiente.

3.- Valoración jurídico-económica del modelo de gestión.

<-*Desde una perspectiva de estricto rigor presupuestario y eficiencia en la gestión de fondos públicos, el mantenimiento de empresas mercantiles locales en pérdidas continuadas plantea inquietud, ineficiencia y mucha preguntas:

1.- Vulneración del equilibrio financiero: Las sociedades de capital público deben tender a la autofinanciación en la prestación de servicios equivalentes a contraprestaciones económicas (tasas o tarifas). Cuando el desequilibrio económico es estructural y se compensa sistemáticamente vía Presupuestos Provinciales, se desvirtúa el principio de equilibrio presupuestario, entrando de lleno en irregularidades legales y en prácticas de gasto ineficientes, siempre a costas de los ciudadanos.

2.- Traslado de ineficiencias al administrado: La alternativa a la inyección directa de fondos públicos suele ser el incremento de la presión fiscal indirecta (tarifas de agua y recogida de basura).

**Esto genera una paradoja económica en la provincia: “Se castiga fiscalmente al usuario final para compensar los desajustes organizativos internos”.

3.- Falta de transparencia en el coste real del servicio: El empaquetamiento de estas subvenciones o transferencias dentro de pactos políticos globales dificulta el control fiscal individualizado y el análisis de la rentabilidad social y económica de cada euro público gastado. Dicho de otra forma, por acuerdos políticos se cubren pérdidas permanentes a fondo perdido con dinero público (que debería tener un destino positivo en favor de los ciudadanos), realizando así practicas irregulares de gasto público.

4.- Conclusiones y propuestas. La Diputación de Córdoba afronta un escenario donde el modelo actual de Epremasa y Emproacsa resulta insostenible a largo plazo sin un soporte financiero externo constante.

***Para corregir esta desviación, se recomiendan las siguientes líneas de acción:

<-Auditoría operativa integral: Externalizar y fiscalizar rigurosamente los costes de estructura interna de ambas empresas para identificar ineficiencias operativas ajenas al coste estrictamente prestacional.

<-Planes de viabilidad plurianuales: Condicionar cualquier aportación extraordinaria de fondos públicos a la consecución de objetivos tasados de reducción de gasto corriente y mejora de la eficiencia técnica.

<-Desvinculación de los pactos de investidura/presupuestarios: *Aislar la gestión industrial y de servicios de estas empresas de la negociación política coyuntural, *garantizando que su financiación responda a criterios estrictamente técnicos y de sostenibilidad económica.

N.B. Imagen. Análisis.

(Nota. Al día de hoy seguimos en la misma senda de pérdidas por una gestión ruinosa y un aporte de dinero público a fondo perdido.)

Fecha: 26 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

(P. D. Nota.

**Aportaciones acumuladas entre 2023 y 2025.

Durante el periodo 2023–2025, la Diputación realizó inyecciones directas de capital y aportaciones para gastos de funcionamiento e inversiones:

Epremasa

Total aportado (2023–2025): 10,75 millones de euros.
- De esta cifra, 6 millones de euros se destinaron directamente a inversiones estratégicas (como la renovación de maquinaria del Complejo Medioambiental de Montalbán) y el resto a saneamiento financiero/gastos corrientes.

Emproacsa

Total aportado (2023–2025): 59,3 millones de euros.
- De este total:
  - 22,3 millones de euros se emplearon en gastos de funcionamiento y liquidez operativa.
  - 37 millones de euros se destinaron a inversiones de infraestructura hidráulica para paliar la sequía y reparar redes. )

La infracción perfecta del Derecho público – (El lawfare diario en la jurisdicción contencioso-administrativa y la urgencia de su reforma)

Los profesionales del Derecho, sabemos que las palabras importan, y mucho. En los últimos años, el concepto de lawfare (o la instrumentalización política y partidista de la justicia) se ha instalado en el centro del debate público en España; sin embargo, mientras el foco mediático, político y social se concentra casi exclusivamente en la jurisdicción penal -con sus espectaculares registros, detenciones e imputaciones a las puertas de campañas electorales-, existe otra modalidad de lawfare. Una realidad mucho más silenciosa, gris, cotidiana y, en ocasiones, infinitamente más devastador para el administrado y el profesional que lo defiende: <-El lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa->.

Si la vertiente penal del lawfare se caracteriza por la espectacularidad de los tiempos, su vertiente administrativa se define por la guerra de desgaste burocrático-judicial, amparada bajo un manto de aparente legalidad procesal y blindada por una asimetría económica que aboca al ciudadano a una indefensión casi absoluta.

1.- El diagnóstico – (La “pinza” procesal y económica como método de exclusión).

Litigar contra la Administración Pública en España se ha convertido en un deporte de alto riesgo reservado únicamente a grandes corporaciones o a patrimonios extraordinarios. El sistema actual procesal no actúa como un contrapeso al poder, sino como un embudo financiero y técnico diseñado para disuadir la disconformidad del administrado a través de tres mecanismos clave:

A). La barrera económica: Tasas, depósitos y el “pago por adelantado”.

Para impugnar judicialmente decisiones de la Administración con contenido económico (como liquidaciones tributarias o sanciones), el sistema exige con frecuencia la consignación previa de depósitos o la prestación de costosos avales bancarios para evitar la ejecución forzosa del acto impugnado. Si el ciudadano carece de esa liquidez inmediata, la maquinaria administrativa embarga y ejecuta antes de que un juez llegue siquiera a estudiar el fondo del asunto.

B). El “criterio del vencimiento” como coacción procesal.

Desde la reforma del año 2011, rige en la jurisdicción contencioso-administrativa el criterio del vencimiento objetivo para la imposición de costas (artículo 139 de la LJCA), de forma, que el escenario para el ciudadano de a pie o la pequeña empresa es desolador, ya que, recurrir una sanción administrativa o una resolución injusta de cuantía moderada (pongamos, 1.000 euros) conlleva el riesgo real de sufrir una condena en costas de 2.000 o 3.000 euros si el juzgado desestima el recurso planteado.

El abogado se ve en la dolorosa y deontológica obligación de advertir a su cliente: “Llevas razón legal, pero si perdemos, el juzgado te va a crujir a costas”. Esto constituye, en la práctica, una coacción procesal amparada por la ley. La asimetría es flagrante, ya que, si la Administración pierde el pleito, el coste lo asume el presupuesto público (el dinero de todos), y, en cambio, si lo pierde el ciudadano, le puede costar la ruina.

C). La mutación procesal fraudulenta – (El atajo del procedimiento abreviado).

Una de las manifestaciones más sutiles y alarmantes de este lawfare de baja intensidad es el uso de filigranas procesales para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ocurre de manera sistemática cuando, ante una demanda compleja que acumula una pretensión de cuantía determinada inferior a 30.000 euros con varias pretensiones de cuantía indeterminada, el juzgado fuerza la reconversión del asunto a un procedimiento abreviado (artículo 78 de la LJCA) mediante un Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

**Es un hecho patente, que esta reconversión artificial no busca la agilidad, sino tres objetivos de conveniencia judicial:

*Eliminar la fase de conclusiones escritas, hurtando al letrado la posibilidad de desarmar de manera reposada y técnica la contestación de la Administración.

*Cerrar el paso a la apelación, al encuadrar restrictivamente el litigio por debajo del umbral del recurso (artículo 81.1.a de la LJCA), convirtiendo al juzgado de instancia en un “soberano absoluto” cuyas sentencias e interpretaciones ideológicas o erróneas jamás serán revisadas por un tribunal superior.

*Atrapar al profesional en un bucle recursivo estéril (reposición, revisión y el restrictivo e ineficaz recurso de queja), consumiendo recursos y paciencia en cuestiones formales mientras el fondo del abuso administrativo queda impune.

2.- Propuestas de reforma – (Vías de solución factibles).

El derecho administrativo nació históricamente para poner límites al poder absoluto del soberano. Para evitar que la jurisdicción contenciosa acabe legitimando de forma silenciosa el abuso de poder institucional, es urgente acometer reformas procesales y de acceso dirigidas a la raíz del problema: “La impunidad de quien firma y el coste de quien reclama”.

SISTEMA ACTUAL vs. REFORMA PROPUESTA

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ SITUACIÓN ACTUAL │ REFORMA PROPUESTA │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Las costas de la Administración las paga │ • Acción de Regreso Obligatoria: El cargo │

│ el erario público (el contribuyente). │ público responde con su patrimonio personal.│

│ • Costas disuasorias para el ciudadano en │ • Eliminación total de costas al ciudadano en │

│ primera instancia bajo criterio objetivo. │ primera instancia (salvo temeridad). │

│ • Ejecución inmediata de actos y exigencia │ • Suspensión automática del acto recurrido │

│ de avales/depósitos asfixiantes. │ en cuantías moderadas sin fianza previa. │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

I. Responsabilidad patrimonial personal del cargo político o funcionario – (Acción de Regreso Real).

Actualmente, la arbitrariedad administrativa sale gratis al emisor. Si se demuestra que un cargo público dictó una resolución injusta con flagrante desviación de poder (anteponiendo intereses partidistas, ideológicos o de mera obstaculización al interés general), la indemnización correspondiente debe ser reclamada de manera obligatoria contra su patrimonio personal (haciendo efectivo el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Cuando el decisor público sepa que se juega su vivienda y sus ahorros al firmar una resolución arbitraria, el uso de la administración como arma de desgaste se frenará drásticamente.

II. Eliminación total de costas en primera instancia para el administrado.

Debe modificarse el artículo 139 de la LJCA para prohibir la imposición de costas al ciudadano en la primera instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en supuestos de manifiesta temeridad o mala fe procesal acreditada. Eliminar el miedo al “castigo” económico de las costas es la única vía para restablecer el equilibrio de armas procesales.

III. Suspensión automática de actos de cuantía moderada sin fianza.

Para pleitos cuya cuantía sea inferior a un umbral razonable (por ejemplo, 15.000 euros), la interposición del recurso contencioso-administrativo debe llevar aparejada de forma automática la suspensión del acto administrativo impugnado, sin necesidad de prestar avales o depósitos bancarios. El Estado tiene músculo financiero suficiente para esperar a la resolución del litigio, y, el ciudadano, no.

IV.- Una “Justicia Gratuita” técnica frente al abuso de poder.

La exención de tasas, depósitos y costas no debe vincularse únicamente a un umbral de renta bajísimo que excluye a la práctica totalidad de las clases medias y trabajadoras. Es necesario crear una figura de defensa procesal exenta de cargas económicas para aquellos casos en los que se impugnen desviaciones de poder manifiestas o vulneraciones de derechos fundamentales, independientemente del nivel de ingresos del recurrente.

<<Conclusión>>

El lawfare en España es una realidad innegable, pero no es exclusivo de las grandes causas penales que abren los telediarios, seguramente, su versión más perversa y depurada es aquella, que se viste con el traje de la burocracia, la inadmisión de recursos, la manipulación de los canales procesales para evitar apelaciones y la asfixia económica del ciudadano ante los tribunales contenciosos.

Mientras el procedimiento siga siendo, por sí mismo, la pena, y mientras litigar contra los abusos del poder público sea un lujo inalcanzable para la mayoría, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes seguirán siendo, desgraciadamente en este ámbito, una quimera. La solución no pasa por discursos teóricos, sino por blindar el bolsillo del administrado y tocar, de una vez por todas, la tranquilidad patrimonial de quienes firman resoluciones a sabiendas de su injusticia.

N. B. El lawfare de baja intensidad. El valor justicia desaparece hundido en una indefensión manifiesta.

(Nota. Tengo casos de lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa a porrillo y en todos ellos se produce una indefensión procesal absoluta al ciudadano).

Córdoba, a 16 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

La Baraka y Moreno Bonilla – (derecha y voto)

El actual escenario político en Andalucía presenta un fenómeno curioso: “La consolidación de la <-Baraka-> (suerte o providencia) del Presidente de la Junta”, ya que, en las próximas elecciones, los astros parecen alinearse de forma quirúrgica a su favor, aunque bajo esa superficie de calma institucional subyace un malestar creciente en el electorado de derecha.

1.- Viento a favor – (Oposición en crisis).

Es un hecho patente, que la fortaleza de Moreno Bonilla se asienta, en gran medida, sobre la debilidad ajena, así:

<-PSOE-A: Con una candidatura como la de María Jesús Montero, desgastada por la gestión estatal, el socialismo andaluz sigue bajando la cuesta y sin encontrar su nuevo sitio.

<-Izquierda Radical: Fragmentada y en conflicto permanente, su incapacidad de unión real disipa cualquier alternativa de poder.

<-VOX: Frenado por luchas internas, ha perdido la capacidad de presión que ostentaba años atrás.

2.- Espejismo del centrismo y el “voto cautivo”.

El PP ha construido una imagen de <-gestión amable->, captando votantes huérfanos de ciudadanos o del PSOE moderado, sin embargo, su estrategia moderada-centrista de no causar daño a nadie, ignora un riesgo latente, concretamente, considerar que el votante de derecha es cautivo y votará siempre del mismo modo. Sin embargo, el menosprecio a las esencias ideológicas de quienes le alzaron al poder podría traducirse no solo en un trasvase de votos, sino en una abstención masiva.

3.- Descontrol fiscal – gasto público.

***Es un hecho comprobado, que existe una contradicción flagrante entre el discurso del Gobierno de la Junta de Andalucía y la realidad local:

<-Subida de tasas: Mientras San Telmo presume de bajar impuestos, los ayuntamientos y diputaciones del PP (como el caso de Córdoba) incrementan la presión fiscal mediante el IBI, las tasas de basura y el agua.

<-Gestión de la inercia: En lugar de desmantelar la <-administración paralela-> socialista, el PP parece haberse limitado a gestionarla, manteniendo estructuras deficitarias y pactando con fuerzas como IU para sostener empresas públicas ruinosas.

4.- Conclusión – (Paz Institucional y su precio).

El caso de la Diputación de Córdoba es el “ejemplo de manual”, ya que, “sepacta con la izquierda y se aceptan sus políticas (Memoria Democrática, gasto expansivo, etc.) para evitar el bloqueo”, pero, se olvida, esta búsqueda de la paz a toda costa borra la identidad del PP y deja a su votante tradicional sintiéndose abandonado, y, en consecuencia, la “Baraka” podría agotarse, si el ciudadano percibe y asimila, que, vote a quien vote, las políticas de fondo siguen siendo las mismas.

<<Análisis>>

Desde un punto de vista analítico, se destacan tres fortalezas y un desafío argumentativo:

<-Acierto en la “doble cara” fiscal: El punto más fuerte es la denuncia de la inconsistencia entre la bajada de impuestos autonómica y la subida de tasas municipales. Es un argumento empírico que afecta directamente al bolsillo del ciudadano y que suele ser el principal motor de castigo electoral.

<-Identificación del riesgo de abstención: Es cierto, que el peligro no es necesariamente VOX, sino el “sofá”. En Andalucía, la movilización de la derecha fue clave para el cambio, pero si esa base siente que se gobierna con el manual de la izquierda, la desmovilización es un escenario muy probable.

<-El factor “Salvador Fuentes”: Usar el ejemplo local de Córdoba da solidez a lo que decimos, pues permite ver cómo la política de pactos “centristas”, se traduce en hechos concretos (presupuestos con IU), que contradicen las promesas de ruptura con el pasado.

(Nota. Después pasa lo que pasa, como el asunto oscuro y triste de la CHG, dónde el PSOE bloquea, IU. se suma al aquelarre, y, el Presidente de la Diputación se queda solo y, además, incapaz de enfrentarse de verdad en el problema del agua, de forma que solo amenaza gritando lo que todos saben que no se atreverá a hacer, porque por eso pacta con IU. unos presupuestos cuajados de políticas socialistas.)

<-Punto de contraste (crítica): Para equilibrar el análisis, se podría argumentar que el <-centrismo-> no es una invención, sino una necesidad aritmética en una Andalucía que sociológicamente sigue siendo moderada, y, que lo que se señala como <-claudicación->, para el equipo de Moreno Bonilla es “estabilidad institucional” con la finalidad de evitar la polarización que castiga la economía.

(Nota. En resumen: Es una realidad, la fragilidad de las mayorías cuando estas se alejan de los principios de quienes las hicieron posibles, de forma, que la advertencia sobre la <-derecha abandonada-> es un factor que los analistas de San Telmo no deberían ignorar.

N.B. Imagen. La realidad y sus efectos.

La verdad de la advertencia sobre la “derecha abandonada” y de sus efectos negativos para la baraka del Sr. Moreno Bonoilla.

La realidad es que lo tiene a huevo, así que, esperemos que no lo rompan.

Córdoba, 5 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA.-

Traición en la Diputación de Córdoba – (Cuando el PP gestiona con las políticas de la izquierda)

La política, en su versión más noble, es un compromiso de principios con el electorado, sin embargo, lo que estamos viviendo en la Diputación de Córdoba bajo la presidencia de Salvador Fuentes (PP) no es política, es una asunción voluntaria e interesada de las políticas de la izquierda radical. El reciente pacto con Izquierda Unida (IU) para sacar adelante los presupuestos de 2026 no es solo un movimiento táctico de *supervivencia atrabiliaria*, sino que es una ruptura traumática del contrato ideológico con quienes confiaron en el Partido Popular para traer eficiencia, rigor y bajadas de impuestos.

(Nota. El P. P. de la Provincia, sus órganos dirigentes y el Consejero de Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía en la inopia, aunque luego se quejarán de que los votantes lo hagan en favor de VOX.)

1.- El Secuestro de la Gestión – (IU dicta las normas).

Para evitar el bloqueo, el equipo de gobierno ha entregado las llaves de la gestión provincial a las tesis más inmovilistas de la izquierda radical, de manera, que IU ha logrado lo que no consiguió en las urnas, concretamente, <-blindar un modelo de gestión pública hipertrofiada->.

Al aceptar las condiciones de IU sobre las empresas provinciales, el PP renuncia a cualquier auditoría de eficiencia, de manera, que en lugar de reformar, se opta por proteger estructuras que su propia administración calificó de “pre-quiebra”. Se han sacrificado las soluciones liberal-conservadoras de externalización y colaboración público-privada en el altar de un consenso que solo beneficia a la burocracia ineficiente.

2.- Sumidero financiero – (Epremasa y Emproacsa).

Las cifras son indignantes, ya que, estamos ante empresas públicas que actúan como auténticos agujeros negros del dinero de todos:

<-Epremasa: Con pérdidas estimadas en 12 millones de euros, la solución no ha sido la optimización de procesos, sino un hachazo fiscal al ciudadano: “Una subida del 17,5% en el recibo de la basura”.

<-Emproacsa: En riesgo de insolvencia, se parchea con una subida del 5,7% en el agua y con cantidades enormes de dinero público para cubrir pérdidas derivadas de una gestión manirrota y políticamente de izquierda radical.

Es una gestión “manirrota” se mire como se mire y, además, se pide un sacrificio heroico a las familias y autónomos cordobeses para sostener un sistema que no se reforma.

Resulta indignante que un partido que abandera la bajada de impuestos en Madrid o Sevilla, en Córdoba se convierta en el brazo ejecutor de una política fiscal extractiva.

3.- La Paradoja de Salvador Fuentes – (Gestor, rehén y traidor a los votantes del P. P.)

Salvador Fuentes argumenta que “sin presupuestos la maquinaria se bloquea”, pero,

¿de qué sirve una maquinaria que camina en la dirección opuesta a sus promesas?

Gestionar el modelo de la izquierda no es gobernar, es claudicar.

*Promesa Electoral del PP	*Realidad del Pacto con IU en Córdoba
Bajada masiva de impuestos y tasas.	Subida del 17,5% en basura y 5,7% en agua.
Eficiencia y adelgazamiento público.	Blindaje de empresas públicas deficitarias.
Alternativa a las políticas de izquierda.	Cogestión bajo el dictado ideológico de IU.

<<Consecuencias – (El desaliento de una base electoral).

Este giro hacia el “realismo político” es, en realidad, una entrega sin condiciones a las políticas de izquierda. El votante del PP no es un cheque en blanco, sino que es un ciudadano que valora la coherencia.

Ver cómo se parchean balances mediante decretazos de subida de tasas, en lugar de mediante la optimización de recursos, genera una profunda sensación de impunidad burocrática.

Este pacto alimenta directamente el desencanto y abre de par en par las puertas a otras opciones políticas que sí prometen dar la batalla ideológica.

N. B. De traición en traición, el crédito se agota y los votantes del Partido Popular son buenos, pero tontos no.

No se puede pedir el voto para Juanma Moreno o para el proyecto nacional del PP mientras en Córdoba se abraza al modelo que se dice combatir.

Córdoba, a 11 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

La Diputación de Córdoba (El continuismo que nadie prometió y el viaje a la Luna del PP)

Cuando el Partido Popular alcanzó el Palacio de la Merced hace dos años, lo hizo bajo la bandera de la ruptura y la regeneración. Sin embargo, la gestión del Presidente Salvador Fuentes ha revelado una verdad incómoda: “El PP ha optado por la comodidad de mantener las estructuras socialistas, cargando el coste sobre el bolsillo de los cordobeses”. Lo que se presentó como un cambio histórico ha degenerado en un continuismo que nadie prometió y en un engaño masivo a sus votantes.

<<Anatomía de la promesa incumplida>>

Parece que las promesas políticas están diseñadas para no cumplirse. Desde Córdoba Abierta (ACOA), para ilustrar este absurdo, bien podríamos prometer solemnemente un “viaje a la Luna para todos los cordobeses” o “financiación ilimitada que se pague cuando Dios quiera”. La diferencia es nuestra transparencia sobre la imposibilidad de tales hitos; en cambio, el Gobierno Provincial del PP ha superado todos los límites del incumplimiento.

Jurídicamente, el político se siente blindado. Amparados en el artículo 67.2 de la Constitución Española -que establece que los miembros de las Cortes no están ligados por mandato imperativo-, los programas electorales se tratan como meras declaraciones de intenciones y no como contratos vinculantes. Esta falta de <-higiene democrática-> permite, que los compromisos de bajar la presión fiscal y de revertir la situación política anterior en la Diputación de Córdoba se conviertan en “agua de borrajas”.

<<El “hachazo” fiscal (El sumidero de Epremasa y Emproacsa)>>

La gestión de las empresas públicas de la Diputación de Córdoba es el mayor exponente de esta impostura. En lugar de aplicar el bisturí de la reestructuración profunda, el PP ha preferido el mazo del recaudador. El ciudadano cordobés se enfrenta ahora a lo que podemos definir como el mayor “hachazo” fiscal de la historia de la Diputación:

<-EPREMASA (Basura): Con 7 millones de pérdidas en 2023, se aplicó una subida del 40,8% en 2024 y ya se anuncian nuevos incrementos del 17,5% para 2026.

<-EMPROACSA (Agua): Arrastra una deuda estructural de entre 14 y 22 millones de euros, lo que ha servido de excusa para un incremento del 22,5% en las tarifas.

El resultado es que el ciudadano paga tres veces: *en el recibo mensual, *con la subida de la tasa y *con los impuestos que se desvían de otras inversiones necesarias. Entre 2023 y 2025, se han inyectado cerca de 70 millones de euros de dinero público solo para evitar el colapso de estas entidades. Son 70 millones que no han ido a las carreteras del Guadiato, ni a paliar la crisis hídrica de Los Pedroches, ni al apoyo de nuestros autónomos.

<<El Pacto Silente y la “Paz de Despacho”>>

¿Por qué no hay auditorías independientes sobre la gestión anterior?

La respuesta es el “consenso de despacho”. En febrero de 2024, el PP sacó adelante los presupuestos gracias a la abstención del PSOE. Este “pacto de no agresión” sugiere una máxima desalentadora: “No toco tus errores del pasado para que tú no toques los míos en el futuro”.

Los cordobeses votaron para levantar alfombras, no para que el PP se sentara sobre ellas a negociar con el socialismo. Se ha preferido la paz institucional con la maquinaria anterior antes que su demolición. Aquí encaja el verso de Góngora: “Ande yo caliente y ríase la gente”. Mientras la maquinaria de la Diputación funcione sin turbulencias internas (caliente), el Gobierno Provincial ríe y el ciudadano paga facturas desorbitadas.

<<Consecuencias políticas y responsabilidad legal>>

Este fenómeno no es accidental y ya tiene respuesta en las urnas. Los datos de 2024 y las encuestas de 2025 muestran que, mientras el PP crece en la capital, VOX crece sin parar en toda la Provincia. Es el termómetro de la frustración de quienes buscaron un cambio radical y recibieron “más de lo mismo”. El electorado ya no compra una “moderación” que percibe como una rendición ética.

Desde un punto de vista legal, esta gestión roza la Administración Desleal (art. 433 del Código Penal). Además, inyectar fondos públicos a fondo perdido en estructuras ineficientes sin reforma alguna genera una responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas. Si un gestor político causa un perjuicio al patrimonio público por negligencia grave, debe responder por ello.

<<Conclusión (Un muro contra el contribuyente)>>

El bloqueo de la oposición en bloque (VOX, PSOE e IU) a las nuevas subidas de tasas para 2026 ha puesto a Salvador Fuentes contra las cuerdas, porque ya no queda más dinero que detraer de otros servicios. O se acomete la reestructuración profunda que siempre se evitó, o el modelo “sumidero” colapsará definitivamente.

Córdoba no votó una “mejor gestión del socialismo”, sino una alternativa real. La política de “compadreo” y el abrazo al modelo anterior están haciendo un daño tremendo. Es hora de cambiar el rumbo, pues la impostura política siempre tiene un precio, y los cordobeses, como ya se ha visto en otros puntos de España como Extremadura, se lo cobrarán en las urnas.

N.B. El Gobierno de la Diputación de Córdoba con el Presiente Salvador Fuentes al frentes es “el continuismo que nadie prometió”, concretamente, <-el viaje a la Luna del PP->.

Desde ACOAprometemos un viaje a la Luna, pero claro somos transparentes en el imposible cumplimiento, pero, curiosamente, el Gobierno del P. P. en la Diputación de Córdoba ha superado todos los límites en el incumplimiento de sus promesas, pues *no solo no aplica su programa electoral, sino que *abraza sin pudor el muro socialista y se sube en él haciéndolo suyo, aunque prometieron cambiar de raíz la política de la anterior Corporación Socialista.

De prometer que todo iba a cambiar a no cambiar nada, de manera, que puede ser, que nadie vote a unos políticos que venden y traicionan sus promesas.

Córdoba, 25 de diciembre de 2025.

Por: Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).