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La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado)

La red de carreteras y la vertebración viaria constituyen uno de los problemas más graves y claves para la competitividad, la seguridad vial y el equilibrio territorial de Córdoba. Por ello, abordamos la parálisis administrativa, el déficit inversor, el preocupante estado de conservación del firme y las soluciones innovadoras necesarias para revitalizar el territorio.

1.- Proyectos paralizados – (El bloqueo de los Ejes Nacionales y Autonómicos).

A.- Conversión de la N-432 en Autovía A-81 – (Badajoz – Córdoba – Granada).

Constituye el mayor déficit histórico en infraestructuras del Estado en la provincia, ya que su letargo administrativo frena el desarrollo logístico del Alto Guadiato y la Campiña.

*El problema: Tramos enteros atrapados en bucles de estudios informativos, caducidades periódicas de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y redacciones de proyecto inacabables.

*El impacto: Mantiene a la N-432 como un trágico punto negro de siniestralidad e impide consolidar un eje logístico transversal entre el sur de Portugal y el Corredor Mediterráneo.

B.- Parálisis de la Autovía del Olivar (A-318).

Concebida como el eje autonómico vertebrador entre Jaén, Córdoba y Sevilla, arrastra más de dos décadas de atasco administrativo.

*El problema: Solo están en servicio los 10 km entre Lucena y Cabra (inaugurados en 2009). Tramos vitales como Cabra – N-432 o la conexión Lucena – Puente Genil – Estepa siguen pendientes de actualización.

*El impacto: Soporta un elevadísimo flujo de tráfico pesado agroindustrial, disparando la siniestralidad y mermando la capacidad exportadora del sector.

C.- Autovía Córdoba – Jaén (A-306) – (El Eje olvidado).

Arteria clave entre El Carpio (A-4) y Torredonjimeno (A-316) para el tráfico agroalimentario e industrial entre ambas provincias.

*Puntos críticos: Tráfico agrícola intensivo que supera la capacidad de una vía convencional, alta siniestralidad por cruces a nivel y una clara fractura logística regional.

*El bloqueo: Inmersa en un bucle burocrático de licitaciones tradicionales, rigidez contractual y caducidad de evaluaciones ambientales.

D.- Cierre del anillo viario urbano – (La Ronda Norte de Córdoba).

Tras décadas de bloqueo en la vertebración de la capital por disputas presupuestarias y complejas expropiaciones, entre 2025 y 2026 se adjudicó e inició la Fase 1 (>30 M€). El reto crítico es evitar que eventuales hallazgos arqueológicos o sobrecostes vuelvan a dilatar los plazos.

2.- Diagnóstico del estado de conservación de la Red Viaria.

A la parálisis en la construcción de nuevos ejes autovía se suma una degradación continuada del pavimento y de los elementos de seguridad en las vías existentes, derivada de años de inversión en mantenimiento por debajo de los mínimos recomendados por los estándares técnicos internacionales (AEC).

A.- Red de Interés General del Estado (RIGE).

*N-432 (Futura A-81): Muestra un estado de conservación crítico. Presenta agotamiento estructural del firme en los tramos de montaña del Guadiato y en la travesía de la Campiña, con baches recurrentes, piel de cocodrilo y pérdida del coeficiente de rozamiento transversal, agravando el riesgo en condiciones de lluvia.

*Autovía del Sur (A-4): Aunque mantiene la capacidad, acumula roderas en el carril derecho por la elevada intensidad de vehículos pesados en el paso hacia Andalucía Occidental, requiriendo reasfaltados de emergencia periódicos que no corrigen el problema de subbase.

B.- Red Autonómica – (Junta de Andalucía).

*Vías de gran capacidad (A-45, A-316): Presentan conservación aceptable en la capa de rodadura, si bien sufren de degradación puntual en las juntas de dilatación de viaductos y en la señalización vertical envejecida.

*Vías convencionales principales (A-306, A-318, A-339): Padecen deformaciones plásticas provocadas por el transporte masivo en campañas agrícolas (aceituna y cereal). La falta de conservación preventiva ha provocado el agrietamiento longitudinal de los arcenes y el deterioro de los elementos reflectantes de balizamiento.

C.- Red Provincial (Diputación de Córdoba – >2.500 km).

Es la categoría en estado más alarmante. Se encuentra en una situación de “obsolescencia estructural por falta de mantenimiento de ciclo de vida”:

*Pavimento de rodadura: Pérdida generalizada del árido superficial, descarnamiento acelerado, socavones y falta de adherencia neumático-calzada.

*Drenaje longitudinal y transversal: La falta de limpieza y el sobreancho vegetal han colmatado cunetas y tajeas. El agua no evacuada se infiltra bajo el firme, acelerando el colapso de la plataforma.

*Señalización y balizamiento: Inexistencia o degradación total de las marcas viales continuas/discontinuas y señalización vertical caducada o tapada por la maleza en la mayor parte de las carreteras secundarias.

3.- La Red Provincial – (Tejido capilar al borde del colapso).

La red gestionada por la Diputación de Córdoba supera los 2.500 kilómetros y su deterioro estructural trasciende la incomodidad, siendo un freno socioeconómico directo y un acelerador de la sangría demográfica rural.

<-Diagnóstico técnico:

*Agotamiento de firmes: El tráfico masivo de maquinaria agrícola y camiones pesados ha rebasado la capacidad portante del firme, causando roderas y fallos estructurales.

*Geometría obsoleta: Calzadas estrechas (<6 metros), sin arcenes ni cunetas revestidas, imposibilitando el cruce seguro de vehículos pesados.

*Drenaje y riesgo geotécnico: Sistemas de drenaje colmatados y suelos arcillosos expansivos (Campiña) que agrietan el pavimento con los ciclos de sequía y lluvia.

<-Impacto multidimensional y jurídico.

1.- Estrangulamiento agroindustrial: Aumento de costes logísticos, averías en flotas y pérdida de competitividad de las cooperativas localizadas en el primer tramo del transporte.

2.- Aislamiento social y despoblación: Aumento del tiempo de acceso a servicios sanitarios y educativos de emergencia, empujando al despoblamiento de núcleos menores.

3.- Responsabilidad Patrimonial: Riesgo indemnizatorio constante para la Administración bajo el Art. 32 de la LRJSP debido a accidentes causados por deficiencias de conservación y falta de mantenimiento del pavimento.

4.- Análisis presupuestario y desglose comarcal.

Para evitar el fenómeno de la reconstrucción tardía (donde reparar cuesta hasta 5 veces más que mantener de forma preventiva), se establecen, prudentemente, las siguientes estimaciones de inversión anual requerida:

Concepto / Mantenimiento	Coste / km	Presupuesto Total	Estado / Cobertura
Mantenimiento Rutinario (Mínimo)	3.000 € – 5.000 €	7,5 M€ – 12,5 M€	Insuficiente: Bacheo y limpieza. No frena el envejecimiento.
Estándar Integral Aceptable (AEC)	8.000 € – 12.000 €	20 M€ – 30 M€	Óptimo: Reasfaltado periódico, ensanches y seguridad.
Programa Plurianual (2024-2027)	~3.700 €	~9,25 M€ / año	Déficit: Cubre solo lo básico de la red provincial.
Inversión Extraordinaria (2026)	–	25 M€	Emergencia: Reparaciones por borrascas y refuerzos.

<-Diagnóstico específico por comarcas.

Comarca	Tipología de Tráfico	Déficit Principal	Prioridad Estratégica
Los Pedroches	Pesado ganadero y lácteo	Calzadas estrechas (<5,5 m) y firme agotado	Ensanche de plataforma y refuerzo portante
Alto Guadiato	Conexión de aldeas y orografía	Firme envejecido, socavones y filtraciones	Renovación de rodadura y estabilización de taludes
La Subbética	Agrícola de montaña y turismo	Trazados sinuosos y baja visibilidad	Corrección de curvas y firme de alta adherencia
Campiña Sur / Valle	Agrícola intensivo	Deformación por arcillas expansivas	Estabilización del subsuelo con cal/cemento

5.- Propuestas innovadoras y vías de solución.

1.- Licitación por indicadores de rendimiento (KPIs): Contratos plurianuales de concesión o conservación integral basados en estándares garantizados (tiempos de respuesta, índice de fricción) en lugar de unidades de obra ejecutadas.

2.- Digitalización e IA en el firme: Sensorización en vehículos de servicio público y auscultación inteligente para predecir fallos estructurales antes del colapso del firme.

3.- Asfaltos sostenibles y economía circular: Reciclado de firmes in situ con emulsión en frío y uso de caucho reciclado de neumáticos, mejorando la resistencia a la amplitud térmica de Córdoba.

4.- Cofinanciación Europea y red logística agro: Captación de Fondos de Cohesión y Transición Justa creando la figura de ‘Vías Logísticas Rurales’ para unificar caminos agrícolas clave y carreteras provinciales.

N.B. Imágenes. La red de carreteras en Córdoba y Provincia – (un problema olvidado).

1ª. Imagen.

2ª. Imagen.

(Nota. La Diputación de Córdoba, con el mayor presupuesto de su historia, solo tiene dinero para hacer crecer su propia estructura y sus gastos corrientes, subvencionar y cubrir las pérdidas de sus Empresas Públicas, dedicarse a cubrir el costo de la apertura de fosas, etc. etc.)

Córdoba, 10 de septiembre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S.S.

Exdiputado provincial de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

La infracción perfecta del Derecho público – (El lawfare diario en la jurisdicción contencioso-administrativa y la urgencia de su reforma)

Los profesionales del Derecho, sabemos que las palabras importan, y mucho. En los últimos años, el concepto de lawfare (o la instrumentalización política y partidista de la justicia) se ha instalado en el centro del debate público en España; sin embargo, mientras el foco mediático, político y social se concentra casi exclusivamente en la jurisdicción penal -con sus espectaculares registros, detenciones e imputaciones a las puertas de campañas electorales-, existe otra modalidad de lawfare. Una realidad mucho más silenciosa, gris, cotidiana y, en ocasiones, infinitamente más devastador para el administrado y el profesional que lo defiende: <-El lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa->.

Si la vertiente penal del lawfare se caracteriza por la espectacularidad de los tiempos, su vertiente administrativa se define por la guerra de desgaste burocrático-judicial, amparada bajo un manto de aparente legalidad procesal y blindada por una asimetría económica que aboca al ciudadano a una indefensión casi absoluta.

1.- El diagnóstico – (La “pinza” procesal y económica como método de exclusión).

Litigar contra la Administración Pública en España se ha convertido en un deporte de alto riesgo reservado únicamente a grandes corporaciones o a patrimonios extraordinarios. El sistema actual procesal no actúa como un contrapeso al poder, sino como un embudo financiero y técnico diseñado para disuadir la disconformidad del administrado a través de tres mecanismos clave:

A). La barrera económica: Tasas, depósitos y el “pago por adelantado”.

Para impugnar judicialmente decisiones de la Administración con contenido económico (como liquidaciones tributarias o sanciones), el sistema exige con frecuencia la consignación previa de depósitos o la prestación de costosos avales bancarios para evitar la ejecución forzosa del acto impugnado. Si el ciudadano carece de esa liquidez inmediata, la maquinaria administrativa embarga y ejecuta antes de que un juez llegue siquiera a estudiar el fondo del asunto.

B). El “criterio del vencimiento” como coacción procesal.

Desde la reforma del año 2011, rige en la jurisdicción contencioso-administrativa el criterio del vencimiento objetivo para la imposición de costas (artículo 139 de la LJCA), de forma, que el escenario para el ciudadano de a pie o la pequeña empresa es desolador, ya que, recurrir una sanción administrativa o una resolución injusta de cuantía moderada (pongamos, 1.000 euros) conlleva el riesgo real de sufrir una condena en costas de 2.000 o 3.000 euros si el juzgado desestima el recurso planteado.

El abogado se ve en la dolorosa y deontológica obligación de advertir a su cliente: “Llevas razón legal, pero si perdemos, el juzgado te va a crujir a costas”. Esto constituye, en la práctica, una coacción procesal amparada por la ley. La asimetría es flagrante, ya que, si la Administración pierde el pleito, el coste lo asume el presupuesto público (el dinero de todos), y, en cambio, si lo pierde el ciudadano, le puede costar la ruina.

C). La mutación procesal fraudulenta – (El atajo del procedimiento abreviado).

Una de las manifestaciones más sutiles y alarmantes de este lawfare de baja intensidad es el uso de filigranas procesales para cercenar el derecho a la tutela judicial efectiva. Ocurre de manera sistemática cuando, ante una demanda compleja que acumula una pretensión de cuantía determinada inferior a 30.000 euros con varias pretensiones de cuantía indeterminada, el juzgado fuerza la reconversión del asunto a un procedimiento abreviado (artículo 78 de la LJCA) mediante un Decreto de la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

**Es un hecho patente, que esta reconversión artificial no busca la agilidad, sino tres objetivos de conveniencia judicial:

*Eliminar la fase de conclusiones escritas, hurtando al letrado la posibilidad de desarmar de manera reposada y técnica la contestación de la Administración.

*Cerrar el paso a la apelación, al encuadrar restrictivamente el litigio por debajo del umbral del recurso (artículo 81.1.a de la LJCA), convirtiendo al juzgado de instancia en un “soberano absoluto” cuyas sentencias e interpretaciones ideológicas o erróneas jamás serán revisadas por un tribunal superior.

*Atrapar al profesional en un bucle recursivo estéril (reposición, revisión y el restrictivo e ineficaz recurso de queja), consumiendo recursos y paciencia en cuestiones formales mientras el fondo del abuso administrativo queda impune.

2.- Propuestas de reforma – (Vías de solución factibles).

El derecho administrativo nació históricamente para poner límites al poder absoluto del soberano. Para evitar que la jurisdicción contenciosa acabe legitimando de forma silenciosa el abuso de poder institucional, es urgente acometer reformas procesales y de acceso dirigidas a la raíz del problema: “La impunidad de quien firma y el coste de quien reclama”.

SISTEMA ACTUAL vs. REFORMA PROPUESTA

┌───────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐

│ SITUACIÓN ACTUAL │ REFORMA PROPUESTA │

├───────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤

│ • Las costas de la Administración las paga │ • Acción de Regreso Obligatoria: El cargo │

│ el erario público (el contribuyente). │ público responde con su patrimonio personal.│

│ • Costas disuasorias para el ciudadano en │ • Eliminación total de costas al ciudadano en │

│ primera instancia bajo criterio objetivo. │ primera instancia (salvo temeridad). │

│ • Ejecución inmediata de actos y exigencia │ • Suspensión automática del acto recurrido │

│ de avales/depósitos asfixiantes. │ en cuantías moderadas sin fianza previa. │

└───────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘

I. Responsabilidad patrimonial personal del cargo político o funcionario – (Acción de Regreso Real).

Actualmente, la arbitrariedad administrativa sale gratis al emisor. Si se demuestra que un cargo público dictó una resolución injusta con flagrante desviación de poder (anteponiendo intereses partidistas, ideológicos o de mera obstaculización al interés general), la indemnización correspondiente debe ser reclamada de manera obligatoria contra su patrimonio personal (haciendo efectivo el artículo 36 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público). Cuando el decisor público sepa que se juega su vivienda y sus ahorros al firmar una resolución arbitraria, el uso de la administración como arma de desgaste se frenará drásticamente.

II. Eliminación total de costas en primera instancia para el administrado.

Debe modificarse el artículo 139 de la LJCA para prohibir la imposición de costas al ciudadano en la primera instancia de la jurisdicción contencioso-administrativa, salvo en supuestos de manifiesta temeridad o mala fe procesal acreditada. Eliminar el miedo al “castigo” económico de las costas es la única vía para restablecer el equilibrio de armas procesales.

III. Suspensión automática de actos de cuantía moderada sin fianza.

Para pleitos cuya cuantía sea inferior a un umbral razonable (por ejemplo, 15.000 euros), la interposición del recurso contencioso-administrativo debe llevar aparejada de forma automática la suspensión del acto administrativo impugnado, sin necesidad de prestar avales o depósitos bancarios. El Estado tiene músculo financiero suficiente para esperar a la resolución del litigio, y, el ciudadano, no.

IV.- Una “Justicia Gratuita” técnica frente al abuso de poder.

La exención de tasas, depósitos y costas no debe vincularse únicamente a un umbral de renta bajísimo que excluye a la práctica totalidad de las clases medias y trabajadoras. Es necesario crear una figura de defensa procesal exenta de cargas económicas para aquellos casos en los que se impugnen desviaciones de poder manifiestas o vulneraciones de derechos fundamentales, independientemente del nivel de ingresos del recurrente.

<<Conclusión>>

El lawfare en España es una realidad innegable, pero no es exclusivo de las grandes causas penales que abren los telediarios, seguramente, su versión más perversa y depurada es aquella, que se viste con el traje de la burocracia, la inadmisión de recursos, la manipulación de los canales procesales para evitar apelaciones y la asfixia económica del ciudadano ante los tribunales contenciosos.

Mientras el procedimiento siga siendo, por sí mismo, la pena, y mientras litigar contra los abusos del poder público sea un lujo inalcanzable para la mayoría, la tutela judicial efectiva y la separación de poderes seguirán siendo, desgraciadamente en este ámbito, una quimera. La solución no pasa por discursos teóricos, sino por blindar el bolsillo del administrado y tocar, de una vez por todas, la tranquilidad patrimonial de quienes firman resoluciones a sabiendas de su injusticia.

N. B. El lawfare de baja intensidad. El valor justicia desaparece hundido en una indefensión manifiesta.

(Nota. Tengo casos de lawfare de baja intensidad en la vía contencioso-administrativa a porrillo y en todos ellos se produce una indefensión procesal absoluta al ciudadano).

Córdoba, a 16 de julio de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Reforma de la Seguridad Social en España (Propuesta de un sistema sostenible y equitativo)

Analizado el tema de las afiliaciones a la S. S., nuestros lectores nos piden, si podemos, ofrecer un sistema para reformar la S. S., pues están convencidos de que existe un riego estructural evidente para la sostenibilidad de nuestras pensiones, así que, desde Córdoba Abierta -ACOA- vamos a ofrecer un modelo abierto para iniciar una reforma profunda de nuestro sistema de pensiones, basado en conseguir un equilibrio financiero en busca de la sostenibilidad, de la suficiencia y de la solidaridad.

1.- Diagnóstico estructural.

Es una realidad patente, que el sistema público de pensiones español enfrenta un riesgo estructural de sostenibilidad, porque la combinación de envejecimiento poblacional, precarización del empleo y aumento de la longevidad ha erosionando su equilibrio financiero.

**Principales síntomas identificados:

-Déficit sostenido de la Seguridad Social superior al 1,5% del PIB, que se cubre con transferencias del Estado cada vez de mayor entidad con cargo a impuestos y deuda pública.

-Descenso en la tasa de cotizantes por pensionista (actualmente 2,03 y en caída).

-Rigidez del actual esquema de reparto puro, dependiente de decisiones políticas periódicas.

-Percepción ciudadana de inequidad intergeneracional y falta de transparencia.

En este contexto, la reforma no debe ser coyuntural, sino estructural, garantizando sostenibilidad, suficiencia y solidaridad.

2.- Sistema propuesto: Modelo español de puntos y cuentas nacionales integradas.

**Se propone un modelo híbrido que combine:

<-La simplicidad y pedagogía social del sistema de puntos alemán.

<-La automatización y sostenibilidad de las cuentas nacionales suecas.

3.- Elementos esenciales del nuevo modelo.

**Base de cálculo: “Cada trabajador recibe anualmente puntos de cotización proporcionales a su salario respecto al salario medio nacional”.

*1 punto = salario medio anual.

*Se asignan puntos adicionales en casos de cuidado familiar, desempleo o enfermedad.

*Todos los puntos se acumulan en una cuenta nacional individual, revalorizada anualmente según el PIB per cápita.

**Conversión en pensión:

Al jubilarse, el total de puntos acumulados se multiplica por el valor del punto nacional vigente, ajustado automáticamente según la esperanza de vida y la situación económica.

*Pensión=Puntos acumulados×Valor del punto nacionalPensión=Puntosacumulados×Valor del punto nacional.

**Ajuste automático:

El valor del punto se revisa cada año en función de tres indicadores:
PIB real, evolución salarial y esperanza de vida.

**Protección solidaria:

“Se garantiza una pensión mínima financiada con impuestos generales para quienes acumulen pocos puntos”.

4.- Complementos estructurales del nuevo sistema.

**Fondo de estabilización intergeneracional:

“Reactivación del Fondo de Reserva, con aportaciones automáticas en fases de crecimiento y limitaciones regladas de retirada”.

**Planes ocupacionales y ahorro colectivo:

“Creación de un pilar complementario obligatorio gradual, gestionado por entidades mixtas público-privadas bajo supervisión estatal”.

**Transparencia individual:

“Informe digital anual para cada cotizante con su saldo de puntos, valoración estimada y simulación de pensión futura”.

**Edad de jubilación flexible:

“Intervalo entre 63 y 70 años, con coeficientes actuariales neutros, y, con bonificaciones por prolongar la vida laboral”.

**Revisión automatizada:

“Fórmulas técnicas ligadas a esperanza de vida, productividad y tasa de empleo, evitando decisiones discrecionales”.

5.- Calendario de transición.

1.- Fase inicial (2026–2030): Implantación piloto voluntaria para jóvenes menores de 40 años y nuevos afiliados.

2.- Fase intermedia (2031–2040): Integración progresiva del sistema de puntos nacionales a todo el mercado laboral.

3.- Fase final (2041–2045): Cierre del sistema antiguo, garantía de pensiones en curso y plena operatividad del nuevo modelo.

Durante la transición coexistirán ambos regímenes, con reglas claras de adaptación y comunicación pedagógica permanente.

6.- Impacto esperado.

<-Equilibrio financiero estructural alcanzado hacia 2045.

<-Reducción del déficit contributivo al 0% del PIB.

<-Tasa de sustitución estabilizada en torno al 55%.

<-Incremento del empleo sénior y de la confianza ciudadana.

7.- Compromiso social y político.

La reforma debe aprobarse como ley de consenso nacional, con respaldo parlamentario amplio y acuerdo entre los principales agentes sociales.

**Su éxito dependerá de:

*Gobernanza técnica autónoma del sistema de pensiones.

*Transparencia pedagógica hacia los ciudadanos.

*Mantenimiento del principio de solidaridad intergeneracional.

8.- Conclusión.

Este modelo mixto hispano-europeo de puntos nacionales combina sostenibilidad, equidad y previsibilidad.

No sustituye el espíritu solidario de la Seguridad Social, sino que lo refuerza con reglas claras, automatismos de ajuste y justicia entre generaciones.

Asegura que las pensiones del futuro no sean un privilegio ni una carga, sino un derecho sostenible compartido por toda la sociedad.

N.B. La Reforma de la Seguridad Social expuesta es una propuesta de un sistema sostenible y equitativo, que admite todo tipo de propuestas alternativas y complementarias dentro del consenso básico imprescindible.

Al mismo tiempo, es necesaria una profunda reestructuración de su mercado laboral dirigida a crear empleo de calidad permanente y a reducir la brecha de género, ya que, sin aumento de la productividad y del empleo de calidad el aumento de la financiación propia del sistema será algo irreal y fruto de un engaño colectivo.

Córdoba, 16 de octubre de 2025

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta (ACOA). Presidente.

Brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado en España (equidad y sostenibilidad)

Los lectores me siguen preguntando cosas sobre la Seguridad Social, y, esta vez, plantean el problema de la brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, asunto que es una realidad en aumento, así que trataremos de dar una información breve, clara y detallada.

Es un hecho patente que existe una brecha significativa entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado, de forma, que señalaremos las causas, las consecuencias y posibles soluciones, así como de un análisis crítico sobre la sostenibilidad y equidad de ambos regímenes.

<<Diagnóstico crítico de la brecha pensional>>

La diferencia media de alrededor de 1.026 euros mensuales (un 62% más para los funcionarios) evidencia un desequilibrio estructural entre los sistemas de Clases Pasivas y Régimen General. Este diferencial no responde únicamente a derechos adquiridos o historiales contributivos diversos, sino a un modelo dual que ha consolidado privilegios históricos y desajustes en la arquitectura de la protección social española.

Mientras el Régimen de Clases Pasivas ofrece estabilidad, criterios de cálculo más favorables y complementos consolidados, el Régimen General se ha reformado de forma recurrente en nombre de la sostenibilidad, afectando principalmente a los trabajadores del sector privado con trayectorias laborales más fragmentadas.

“El resultado es un sistema percibido como inequitativo, regresivo y financieramente vulnerable”.

<<Causas estructurales>>

*Asimetría normativa: la coexistencia de dos sistemas jurídicos y contables distintos perpetúa divergencias en la base reguladora, mecanismos de actualización y derechos pasivos.

*Diferencial de estabilidad laboral: las carreras lineales y estables del empleo público contrastan con la volatilidad contractual del mercado privado, afectando directamente el número de años cotizados y la cuantía final de la pensión.

*Resistencia a la convergencia: las sucesivas reformas han mantenido regímenes privilegiados bajo una lógica de <intangibilidad de derechos>, sin una transición coherente hacia la equiparación progresiva.

*Envejecimiento y demografía: el incremento de jubilaciones públicas en la próxima década tensionará las cuentas estatales si no se adoptan medidas compensatorias.

<<Análisis crítico: un modelo insostenible y socialmente regresivo>>

El sistema actual genera una desigualdad visible tanto intrageneracional (entre trabajadores presentes) como intergeneracional (entre trabajadores actuales y futuros).

La sostenibilidad fiscal se ve comprometida por el peso creciente de las Clases Pasivas, mientras que el principio constitucional de igualdad ante la ley (art. 14 CE) se tensiona por la distinta consideración de esfuerzos contributivos similares.

Además, esta situación erosiona la confianza ciudadana en la justicia del sistema y contribuye a una percepción de dualidad social, donde el Estado protector se convierte en agente de desigualdad.

(Nota. En este caso examinado de diferencias injustas entre pensiones, se vulnera de forma clamorosa la Constitución Española de 1978 en sus art. 1.1., (valor justicia), 9., (legalidad y principios constitucionales), 14 (igualdad entre los españoles), 39., (protección social), 41., (Seguridad Social), 103., (administración pública), y, cc.).

<<Medidas correctoras y propuestas innovadoras>>

1.- Convergencia normativa y fiscal de regímenes: Iniciar un proceso gradual de integración de Clases Pasivas en el Régimen General, con un calendario claro y mecanismos de compensación transitoria. Este proceso debe garantizar la proporcionalidad entre aportaciones, años cotizados y derechos reconocidos.

2.- Creación de un Fondo de Equidad Pensional: Establecer un instrumento financiero que module las diferencias entre pensiones públicas y privadas mediante aportaciones estatales y sociales, con transparencia en su gobernanza.

Su objetivo sería igualar las tasas de sustitución y mejorar las pensiones bajas del sector privado.

3.- Nuevo modelo de cálculo mixto: Incorporar un sistema basado parcialmente en puntos o cuentas nocionales que asocien directamente la pensión a la trayectoria contributiva, evitando inflaciones de última hora derivadas de los complementos del sector público.

4.- Vinculación de revalorización y sostenibilidad: Fusionar el principio de poder adquisitivo con el Factor de Equidad Intergeneracional, garantizando pensiones dignas pero sostenibles, evaluadas por una autoridad actuarial independiente.

5.- Profesionalización y movilidad intersectorial: Favorecer una mayor movilidad entre empleo público y privado, unificando tramos de cotización y facilitando la portabilidad plena de los derechos adquiridos. Esto fomentaría la cohesión del sistema y reduciría la segmentación laboral.

6.- Participación ciudadana y transparencia: Implantar un Consejo Social de Pensiones que supervise el equilibrio entre equidad y sostenibilidad. Incluya representantes de trabajadores, pensionistas, expertos y Administración.

<<Enfoque innovador: hacia la “Cuenta Pensional Única Española”>>

Proponer la creación de una Cuenta Pensional Única (CPU), unificada y digital, que acumule todas las cotizaciones del ciudadano (públicas y privadas) a lo largo de su vida laboral.
**Esta herramienta permitiría:

-Integrar regímenes en una lógica de justicia contributiva.

-Facilitar la trazabilidad y transparencia de las aportaciones.

-Evitar duplicidades y desigualdades entre regímenes.

-Modernizar el sistema con proyecciones personalizadas y educación previsional.

<<Conclusión>>

La brecha pensional entre funcionarios y empleados privados no es una anomalía coyuntural, sino una consecuencia sistémica de la dualidad institucional del régimen español. Mantener ese diseño supone perpetuar una desigualdad contraria a los principios de equidad y sostenibilidad financiera.

La integración progresiva, la innovación institucional y la transparencia pública son esenciales para asegurar un sistema de pensiones único, justo y viable, capaz de sostener la cohesión social en una España que envejece y demanda justicia intergeneracional.

N.B. La brecha entre las pensiones de los funcionarios públicos y las del sector privado está marcada por la falta de equidad y la estructura de la sostenibilidad en ambos sistemas.

La diferencia señalada que se sitúa en 1.026 euros mensuales y con un 62% más para los funcionarios, se explica por dinámicas históricas y estructurales, aunque, la evolución demográfica y los retos económicos obligan a una reflexión crítica y a repensar el sistema para asegurar su equidad y sostenibilidad en el futuro.

Córdoba, 8 de octubre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Asociación Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.