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La Administración Elefantiásica – (Córdoba y la urgencia de una catarsis)

La administración pública en Andalucía no es solo una estructura de servicios, sino que es un ecosistema sobredimensionado que se despliega en tres niveles: *la Junta (autonómico), *las Diputaciones (provincial) y *los Ayuntamientos (municipal). Así mismo, bajo esta superficie late un entramado de más de 1.500 organismos (agencias, consorcios y empresas públicas) que funcionan como el “brazo ejecutor” del poder político, a menudo con una autonomía que escapa al control ciudadano.

En Córdoba, esta fragmentación no solo complica la gestión, sino que ha generado una duplicidad de “entes instrumentales” que amenazan la sostenibilidad del sistema.

1.- La Pinza Administrativa (Ayuntamiento y Diputación de Córdoba).

Si el sector instrumental nació para dotar de agilidad a la administración, los datos sugieren que se ha convertido en un refugio de gasto improductivo.

A.- El Gigante Municipal – (Ayuntamiento de Córdoba).

El Presupuesto 2026 arroja cifras récord: 595 millones de euros de gasto consolidado.

*Gasto en personal: 261,5 millones €.

*Sector Instrumental: Se absorben 128,26 millones eur. solo en sueldos (SADECO, AUCORSA, EMACSA, etc.).

*Casi el 80,7 % del presupuesto se destina a mantener la maquinaria (Capítulos I y II).

Son 1,3 millones de euros al día antes de poner un solo ladrillo o mejorar un servicio real.

B.- El Agujero de la Diputación – (EMPROACSA y EPREMASA).

Es aquí donde la gestión entra en una fase crítica, ya que, mientras el ciudadano sufre “tasazos” en servicios básicos, la Diputación de Córdoba inyecta capital público de forma masiva en empresas ruinosas y financieramente comprometidas:

*EMPROACSA (Agua) y EPREMASA (Residuos): Se han convertido en ejemplos de manual de empresas ruinosas que sobreviven gracias a transferencias recurrentes de fondos públicos.

*La paradoja del servicio: Se suben las tasas sin medida ni control, pero ese incremento no se traduce en reinversión o mejora de infraestructuras, sino en tapar el déficit estructural de una gestión politizada.

Lo último del Gobierno de la Diputación del P.P., por contrario a sus votantes ha sido aprobar un Presupuesto récord, con la abstención de I.U., pero dándole lo que nunca sus votantes le darían y lo que nunca han ganado: “Memoria Histórica, Empresas Públicas en pérdidas continuas y cualquier otra cosa de las izquierda radical”; así, que a votar al P.P.

(Nota. Ni una sola palabra en contra de la Dirección Provincial del P. P., ni del Ayuntamiento, ni los Diputados andaluces, ni de los Diputados o Senadores, etc., de forma, que hay un silencio escandaloso ante un disparate ideológico contra sus propios votantes.)

2.- La Brecha – (Legalidad vs. Utilidad).

En España hemos perfeccionado la fiscalización para evitar que el dinero “se robe”, pero hemos ignorado por completo si el dinero “se gasta bien”.

<-El vicio del crecimiento vegetativo: Las administraciones tienden a crecer solas, y, además, si un ente instrumental fracasa, no quiebra, simplemente pide más presupuesto y se lo dan, de forma, que se crean estructuras de “dirección política” paralelas a los técnicos de carrera, duplicando costes y diluyendo responsabilidades.

<-Una propuesta: Es imperativo implantar auditorías de desempeño obligatorias, ya que, no basta con el visto bueno del interventor sobre la legalidad del gasto, sino que es necesario evaluar el cumplimiento de objetivos.

Si un ente es incapaz de ser eficiente, la solución no es subir la tasa al vecino, sino su disolución o absorción.

3.- Dopaje y Productividad.

Desde la perspectiva económica, el crecimiento de nuestra región está distorsionado. Si aplicamos la lógica de la función de producción de Cobb-Douglas, observamos que el aumento de empleo público y capital no se traduce en un aumento de la Productividad Total de los Factores (PTF).

Estamos financiando gastos fijos e irreversibles (sueldos, pensiones, IMV) con ingresos coyunturales o inflacionarios, razón por la que este exceso de gasto público genera un efecto de expulsión (crowding out) sobre la inversión privada, de forma, que el capital y el talento que deberían estar creando riqueza real terminan absorbidos por la “máquina” administrativa.

4.- La Raíz – (Gestión vs. Partitocracia).

El problema es de incentivos, porque hemos pasado de políticos con una trayectoria profesional previa a “profesionales de partido” cuyo Plan B no existe fuera de las siglas.

La lealtad en las listas cerradas no es hacia el votante de Córdoba, sino hacia el líder que firma la lista.

**La solución estructural es clara: <-Listas Abiertas->.

1.- Lealtad horizontal: El político responde ante el ciudadano.

2.- Competencia real: Se incentiva la capacidad de gestión sobre la obediencia al aparato.

3.- Voto de castigo selectivo: Se puede purgar al gestor ineficiente sin necesidad de castigar a todo el partido.

<<Conclusión – (Hacia la catarsis estructural).

Un derecho sin una administración eficiente es una entelequia. La supervivencia de nuestras libertades y de nuestro bienestar depende de que la máquina pública deje de ser un fin en sí mismo para volver a ser un medio.

La historia nos enseña que estas reformas rara vez vienen “desde dentro”, sino que, suelen llegar por la quiebra de sostenibilidad o la presión de los mercados. Cuando ese muro caiga, el colapso de las estructuras clientelares debe ser el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

N. B. Imagen – Entes Públicos – Democracia de ciudadanos.

El colapso del “aparato” y la fragmentación de las estructuras clientelares serán el catalizador para recuperar una administración dirigida por profesionales y una democracia de ciudadanos, no de siglas.

Hacia una Auditoría de Desempeño Obligatoria.

Córdoba, 10 de abril de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba | Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Presupuesto récord – La ilusión – (Gasto municipal descontrolado)

El inicio de 2026 nos deja una fotografía inquietante de la administración local en España, ya que, mientras los ayuntamientos presumen de presupuestos “históricos”, la realidad que subyace sugiere algo mucho más peligroso, concretamente, “una expansión descontrolada de su gasto estructural que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

1.- El espejismo del superávit y la trampa de los fondos europeos.

Se nos dice que las corporaciones locales gozan de buena salud financiera (un superávit del 0,4% del PIB), pero este dato es un “maquillaje” contable, así.

<-Dependencia externa porque el crecimiento se apoya en los fondos Next Generation EU., que son inyecciones temporales de dinero, que se están utilizando para financiar estructuras permanentes.

<-Gasto rígido porque aunque el gasto primario ajustado crecerá de un 4% para arriba en los ayuntamientos este año, el problema está, en que cuando los fondos europeos se agoten, los costes de mantenimiento de las “obras faraónicas” y el aumento de las plantillas seguirán ahí.

2.- Radiografía de la ineficiencia – (A dónde va el dinero de todos).

Para entender el problema, debemos mirar las “tripas” de los presupuestos, porque la eficiencia brilla por su ausencia en las partidas clave:

Partida	Tendencia 2026	El problema real
Personal (Cap. 1)	Aumento Alto	Absorbe el 30% del gasto. Existe una brecha salarial del 28% respecto al sector privado, sin que la productividad pública mejore.
Gasto Corriente (Cap. 2)	Aumento Muy Alto	Los contratos de servicios son más caros por la inflación, pero la calidad para los ciudadanos es la misma o peor.
Inversiones (Cap. 6)	Decrecen proporcionalmente	Ejecución lenta. Se presupuesta pero se gasta poco, y a menudo en proyectos que generan más gasto futuro.
Empresas Públicas	Crecimiento incontrolado en pérdidas	Se usan como “administraciones paralelas” para esquivar controles de deuda y transparencia, con una trampa de personal.

3.- El “tasazo” de basuras – (Ejemplo perfecto del “esquilme”).

Uno de los puntos de mayor fricción es la nueva tasa de basuras obligatoria.

En 2025 vimos una subida histórica del 17,4%, y la tendencia persiste en 2026.

Bajo la excusa de la sostenibilidad, se obliga al ciudadano a cubrir el 100% del coste del servicio, que realmente es, en la práctica, un impuesto encubierto sin rendición de cuentas.

¿Se recicla mejor? ¿Están las calles más limpias?

La respuesta suele ser un “no” rotundo, mientras los ingresos municipales suben entre un 7% y un 9% solo por este concepto.

4.- La brecha insostenible – (Sector Público vs. Sector Privado).

Los datos de marzo de 2026 confirman una desconexión total entre dos mundos que deberían retroalimentarse:

1.- Sueldos: Un empleado público gana, de media, 900 € brutos más al mes que uno privado, además, mientras los primeros tienen sueldos indexados a la inflación, los segundos contienen costes para no cerrar.

2.- Empleo: El empleo público está en máximos (3,5 millones), mientras el privado muestra signos de fatiga por la presión fiscal y los costes laborales.

(Nota. El paro real supera ya sobradamente los 4.000.000 de desempleados y con rostro de mujer, y, una cifra de inactivos en sentido estricto que suma y suma, de manera, que algo grave está pasando en el empleo.)

3.- Productividad: Mientras el sector público <-engorda-> vía consumo, la inversión en el sector privado cae, lastrando el potencial económico del país y con una tasa de productividad decreciente.

5.- El Caso Córdoba – (Cuando el color político no importa).

Córdoba es el ejemplo perfecto de que esta deriva que no entiende de ideologías, ya que, Administraciones gobernadas por el PP (Ayuntamiento de Córdoba, Diputación y Ayuntamiento de Cabra) están aprobando presupuestos récord:

<-Ayuntamiento de Córdoba: 595,7 millones de euros.

<-Diputación de Córdoba: Un aumento del 21,3% hasta los 522,9 millones.

(Nota. Resulta paradójico que quienes predican la contención fiscal se suban a la ola del gasto expansivo. En Córdoba, la brecha salarial y el peso de las nóminas públicas (30% del gasto corriente) contrastan con un sector privado dependiente de la agricultura y los servicios, que lucha por sobrevivir a los costes energéticos.)

<<Conclusión – (Hacia dónde)>>

Si no se impone la transparencia y la eficiencia, el camino está trazado: “La ruina”.

Cuando los fondos europeos dejen de fluir, los ayuntamientos solo tendrán dos salidas: “*Subir aún más los impuestoso *realizar recortes drásticos en servicios esenciales”.

Es inasumible y no se puede permitir que el “presupuesto récord” sea la medalla que se cuelgan los políticos manirrotos y poco o nada responsables, mientras el ciudadano de a pie (el Pueblo) soporta la carga de una burocracia cada vez más pesada y menos útil.

La verdad y la mentira.

N.B. Presupuestos locales más y más, de forma, que asistimos a una expansión del gasto público local en España, que supone un crecimiento descontrolado de su gasto estructural, que el sector privado, ya asfixiado, no podrá sostener a no muy largo plazo”.

Urge transparencia, eficiencia y contención, porque gasto más gasto lleva a la ruina, recayendo, además, primero en el ciudadano de a pie.

Córdoba, 10 de marzo de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Crónica de una paradoja – (El dinero público no se ve)

Es la pregunta que escucho a diario en los juzgados, en las reuniones de compañeros, expertos y en las calles de Córdoba: <-Si recaudamos más que nunca, ¿por qué? los servicios funcionan peor que siempre->.

Conociendo la Administración por dentro y por fuera, sé que las cuentas deben cuadrar o, al menos, tener una trazabilidad judicialmente defendible, sin embargo, la realidad de 2026 nos muestra un Estado, que, aunque ingresa cifras récord, se encuentra con las manos atadas por una estructura de gasto extremadamente rígida, de forma, que el dinero no se ha “evaporado”, pero, sin la menor duda, está atrapado en un bucle sin salida.

**Abriremos la “caja negra” del gasto público en España:

1.- Un “elefante” que no para de crecer – (Las Pensiones).

Es un hecho patente, que las pensiones son el sostén de nuestra paz social, pero también nuestro mayor desafío financiero, porque en 2026, su importe de gasto ha escalado hasta los 230.000 millones de euros.

<-Por un lado, un efecto automático, ya que, al estar indexadas al IPC (un incremento del 2,7% este año), cada décima de inflación dispara el gasto sin que se cree un solo servicio público nuevo, como puede ser un hospital o el arreglo integral de la una carretera.

<-Por otro lado, una cifra astronómica, de forma, que hoy gastamos un 62% más que hace una década, de manera, que ahora el Estado dedica más dinero a las pensiones, que a todos los sueldos de sus funcionarios y empleados públicos juntos.

2.- El “impuesto silencioso y revolucionario” de los mercados – (La Deuda).

Hubo un tiempo en que el dinero era “gratis” (tipos al 0%), pero esos días terminaron y ahora con una deuda que roza el 100% del PIB, los intereses son un gasto muerto, ya que, en este concepto 44.000 millones de euros se van directamente a los mercados financieros, de manera, que es dinero que sale de nuestros impuestos y no llega un servicio público, como una comisaría ni un aula.

Para que nos entendamos: “Pagamos en intereses casi lo mismo que cuesta toda la nómina de la Administración General del Estado”.

3.- El laberinto sin salida de las 17 Administraciones.

Aquí reside el centro de nuestras desgracias, pues el Estado Central recauda cada vez más, pero son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) quienes ejecutan, por ejemplo, la sanidad y la educación, y, en 2026, las transferencias a las regiones han marcado un récord de 158.000 millones.

Afinando lo dicho, aquí tenemos un problema de gestión, pues “la saturación de los hospitales a menudo no es por falta de presupuesto <-en origen->, sino de una gestión autonómica ineficiente o un sistema de financiación obsoleto, que genera ciudadanos de primera y de segunda según su código postal”.

4.- La <-trampa-> de los Fondos Europeos.

Los españoles en mayoría nos preguntamos ¿por qué? hay dinero para poner paneles solares o digitalizar una PYME, pero no para arreglar las vías del tren, y, la respuesta es que esos fondos europeos tienen un uso finalista, de forma, que los fondos NextGenerationEU son para transformar, no para mantener, así que, no se pueden usar para pagar nóminas de médicos o baches en la calzada. Se trata de dinero “etiquetado” que, si no se gasta en lo que dice Bruselas, hay que devolverlo.

<<La radiografía de una dependencia pública>>

A día de hoy, España presenta una cifra que debería hacernos reflexionar, porque 17,3 millones de personas reciben su ingreso principal de un “cheque público” (pensionistas, funcionarios y beneficiarios de prestaciones).

<<Desglose del Censo de Empleados Públicos (Proyección 2026)>>

Administración	Empleados (Aprox.)	Competencias Clave
CC.AA.	1.862.000	Sanidad, Educación, Dependencia
Adm. Local	577.000	Servicios básicos, Urbanismo
Estado (AGE)	533.000	Ministerios, AEAT, Seguridad Social
Seguridad/Justicia	150.000	Policía, Jueces, Fiscales
TOTAL	3.640.000	Coste: 190.000 M.eur.

(Nota. Lo expuesto son datos oficiales, ya que, la cifra real es un misterio insondable, ya que, por ejemplo, la cifra real de empleados públicos en ayuntamientos, diputaciones y CC.AA. es un misterio profundo, de forma, que si alguien lo duda, no tiene más que mirar a su ayuntamiento para ver que su personal crece día a día, y, eso sin contar las contrataciones externas a través de empresas subcontratistas y personal de contratación externa.

<< La Paradoja. – (El dinero no se ve).

1.- Existe un evidente rigidez presupuestaria, porque el 60% del presupuesto está comprometido en nóminas, pensiones e intereses antes de que se levante la persiana cada 1 de enero.

2.- La inflación tiene un doble sentido, porque siendo cierto que el Estado recauda más por el IVA (precios caros), también es verdad que, por ejemplo, compra más caro el material sanitario y la energía.

3.- Por otro lado, en España tenemos una burocracia de hierro, dónde lahiperregulación frena la ejecución, de forma, que tenemos dinero, pero nos falta la agilidad administrativa para que llegue al ciudadano de a pie.

<<Propuestas innovadoras – (Superando un parche)>>

No basta con diagnosticar, ya que, como sociedad civil activa, debemos exigir cambios estructurales, así:

<-Presupuestos de <-base cero->, de forma, que hay que dejar de prorrogar cuentas y debemos exigir que cada ministerio justifique cada euro desde cero cada año, eliminando todos los gastos superfluos que se arrastran por inercia.

<-Hay que exigir una auditoría de eficiencia a la AIReF, ya que, no se trata, solo fiscalizar si el dinero se gastó legalmente, sino si logró su objetivo (Ej. ¿Bajó la lista de espera con el aumento del presupuesto?).

<-Hay que digitalizar la trazabilidad, través, de un portal de transparencia real donde el ciudadano pueda ver, en tiempo real, en qué fase de ejecución se encuentra cada partida de los Fondos Europeos.

<-Es imprescindible llevar a cabo una reforma del Estatuto del Empleado Público, incentivando la productividad y la movilidad funcional para que los recursos humanos estén donde realmente se necesitan (menos ventanilla, más atención directa, porque tanta cita previa por ejemplo es un disparate).

**En conclusión: “Es un hecho patente y comprobado, que el dinero público en España no se pierde en un limbo, sino que se consume en sostener un sistema pesado, envejecido y con una deuda heredada. Si queremos que el dinero “se vea”, hay que pasar de una administración de “trámite” a una de <-resultados->.

N.B. El dinero público parece desaparecido, pero sobre todo está inexplicado.

Es un hecho patente, que en España tenemos una burocracia de hierro, de manera, que la endogamia de la administración a todos los niveles frena cualquier ejecución efectiva y, por supuesto, cualquier inversión en mantenimiento de las infraestructuras.

Córdoba, 8 de febrero de 2026,

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba (Lejos de la realidad)

A la vista del mi artículo anterior sobre fantasmas y viviendas los lectores me requieren para que explique, porque creo que la promesa del Alcalde Bellido es poco realista y una historia llena de fantasmas, considerando que constituye una promesa más que pasará al olvido con más o menos consecuencias, así que vamos a ello:

<<Contexto de la promesa>>

José María Bellido, alcalde de Córdoba (PP) desde 2019, ha prometido construir 30.000 viviendas durante su mandato, en un contexto de crisis habitacional en España, con precios de alquiler y compraventa al alza y escasez de vivienda pública.

Sin embargo, no hay datos recientes (hasta septiembre de 2025) que confirmen explícitamente esta promesa, lo que sugiere que podría estar vinculada a planes urbanísticos locales o al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

A continuación, analizaré su viabilidad y la compararé con las promesas nacionales de vivienda.

<<Promesas nacionales: el caso de Pedro Sánchez>>

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en 2023 la movilización de 184.000 viviendas asequibles dentro del Plan de Vivienda en Alquiler Asequible (PVAA). Sin embargo, hasta agosto de 2024, solo se han movilizado 80.745 viviendas (43,88%), con apenas 14.000 disponibles y 1.300 finalizadas, lo que representa un cumplimiento del 7%.

Las críticas, lideradas por el PP, señalan un historial de promesas incumplidas (420.000 viviendas desde 2018) y recortes de más de 2.000 millones de euros en el presupuesto de vivienda de 2023.

La opacidad del Ministerio de Vivienda, que no publicará datos definitivos hasta 2026, refuerza el escepticismo sobre estos compromisos.

<<Viabilidad de la promesa de Bellido>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, con una población de 320.000 habitantes y unas 150.000 viviendas existentes, implica aumentar el parque residencial en un 20%. Esto plantea desafíos:

Capacidad urbanística: Requiere suelos disponibles, infraestructuras y posibles modificaciones al PGOU, un proceso lento ante la histórica escasez de suelo urbanizable en Córdoba.
Financiación: Depende de fondos públicos o alianzas público-privadas, pero los recortes estatales limitan los recursos. Las 30.000 viviendas representan el 17% de las prometidas por Sánchez, lo que sugiere dependencia de fondos externos.
Plazos: Construir tal cantidad podría tomar una década, considerando retrasos burocráticos y la limitada participación del sector privado, como se observa a nivel nacional.

<<Contexto político y financiero>>

-La gestión de Bellido deberá solucionar definitivamente controversias, como el caso de la presunta corrupción en Infraestructuras en 2023, que, sin duda, podría mermar la confianza pública.

-Los ingresos del Gobierno Central, según todas las perspectivas, serán negativos, por lo que esperar ayuda para el Plan de las 30.000 viviendas es una utopía, de forma, que el Ayuntamiento solo tendrá sus propios medios y la ayuda de la inversión privada.

-Así mismo, las Empresas Públicas (Sadeco, Aucorsa y Emacsa) son deficitarias, por lo que el Ayuntamiento deberá cubrir sus resultados negativos con transferencias de capital, lo que a todas luces reducirá los ingresos públicos disponibles para financiar las viviendas.

Además, el PP critica a Sánchez por electoralismo, lo que obliga a Bellido a demostrar compromiso real para no caer en la misma percepción.

<<Comparación con Sánchez>>

-La promesa de Bellido comparte similitudes con la de Sánchez: ambas carecen de planes detallados, plazos claros y transparencia.

-La falta de coordinación entre administraciones y la dependencia de fondos estatales o autonómicos limitan su viabilidad.

-Además, la escala de la promesa parece desproporcionada para una ciudad como Córdoba, menos presionada por la demanda que grandes urbes.

<<Primera Conclusión>>

La promesa de Bellido de construir 30.000 viviendas es ambiciosa, pero las limitaciones urbanísticas, financieras y burocráticas, junto con el bajo cumplimiento de promesas similares a nivel nacional (7% en el caso de Sánchez), justifican mi escepticismo.

Para ser creíble, Bellido debe presentar un plan detallado, coordinarse con el Gobierno Central y la Junta de Andalucía, y garantizar transparencia en el progreso. Sin estos elementos, la promesa corre el riesgo de sumarse a la lista de compromisos incumplidos que frustran a la ciudadanía en un tema tan crucial como la vivienda.

<<Coste y plazo de la Promesa de 30.000 viviendas del Alcalde>>

<<Estimación del coste>>

Construir 30.000 viviendas en Córdoba, combinando un 70% de pisos (900 €/m²) y un 30% de viviendas unifamiliares (1.300 €/m²), con un tamaño medio de 100 m², implica:

Coste de construcción: 3.060 millones de euros (3.000.000 m² × 1.020 €/m²).
Coste del terreno: Aproximadamente 682,5 millones de euros (25% del coste de construcción, a 200 €/m² promedio).
Costes adicionales:
- Licencias y permisos: 122,4 millones de euros (4% del coste de construcción).
- Honorarios profesionales: 306 millones de euros (10% del coste de construcción).
- Conexión a servicios públicos: 300 millones de euros (10.000 €/vivienda).
- Imprevistos: 417,1 millones de euros (10% del total).
Coste total estimado: 4.889 millones de euros, o unos 162.966 € por vivienda.

<<Plazo razonable>>

Construir 30.000 viviendas requiere dividir el proyecto en promociones (100 viviendas cada una). Asumiendo 50-100 promociones anuales, con 24 meses por proyecto (12 meses de trámites + 12-24 meses de construcción):

Plazo estimado: 5 a 7 años, considerando limitaciones de suelo, financiación y capacidad constructiva. Un plan más agresivo (100 promociones simultáneas) podría reducirlo a 3 años, pero es poco realista por restricciones logísticas.

<<Factores clave>>

Suelo: Áreas como Huerta de Santa Isabel o Turruñuelos ofrecen potencial, pero urbanizar nuevos terrenos puede retrasar el proyecto.
Financiación: Dependerá de fondos públicos y privados, con riesgos de cuellos de botella, como en el plan estatal de 184.000 viviendas (solo 7% cumplido).
Capacidad constructiva: La disponibilidad de mano de obra y materiales, junto con la burocracia, limitará la ejecución.

<<Conclusión crítica>>

La promesa de 30.000 viviendas, con un coste de 4.889 millones de euros y un plazo de 5-7 años, enfrenta desafíos significativos: burocracia, financiación incierta y escasez de suelo urbanizable.

Sin un plan detallado, financiación asegurada y transparencia, la viabilidad del proyecto es dudosa, como lo demuestra el escaso cumplimiento de promesas similares.

Aunque ambiciosa, la propuesta del alcalde Bellido parece poco realista sin una estrategia clara.

N.B. La promesa de 30.000 viviendas del Alcalde de Córdoba, siendo práctico, tiene un coste y un plazo fuera de la realidad, y, aunque deseo que fuera verdad, sinceramente, lo veo con mucho escepticismo y fuera de lo posible en las actuales circunstancias políticas y económicas.

La realidad es, que el Ayuntamiento no tienen los fondos necesarios para acometer la construcción de 30.000 viviendas, ni con la ayuda total del Junta de Andalucía, de forma, que la única solución sería una aportación proporcional a las necesidades financieras del sector privado, cosa que se me antoja dificilísimo de conseguir, aunque, quizás, a través de las Empresas que participen en la BLET sea posible conseguir financiación, pero ello supone una operación de gran riesgo y exigirá una gran capacidad de consenso y conciliación, y, en todo caso, el Ayuntamiento deberá endeudarse hasta su tope máximo.

En mi opinión, la promesa del Alcalde Bellido de 30.000 viviendas ha sido un brindis al sol, donde, sin duda, se confunden los deseos con la dura realidad, y, eso, que todos los cálculos realizados en nuestro planteamiento parten de una visión optimista, cuando lo normal es un Proyecto tan complicado es que estará saturado de aspectos negativos incontrolables.

Córdoba, 8 de septiembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA Córdoba, Inspector de Trabajo y S.S..

Asociación Córdoba Abierta ACOA – Presidente.

Problemas de Córdoba – Artículo XV – II – La crisis del agua en la Zona Norte – El Político del Agua (Retos y soluciones)

En este artículo, visto que todos mis lectores han acertado la adivinanza sobre el político del agua, que esta subido al muro socialista asumiendo todas sus políticas y aceptando y garantizando el gasto superfluo e irresponsable que ha heredado, dejando a los votantes de su partido a los pies de los caballos, detallaré porque el problema del agua sigue irresuelto, señalando sus causas y por qué el Presidente de la Diputación de Córdoba Salvador Fuentes Lopera del P.P. ha abandonado a los habitantes de la Zona Norte de la Provincia, limitándose a lanzar proclamas vacías de contenido y de soluciones reales.

Es un hecho patente, que el Presidente Sr. Fuentes Lopera ha aceptado todas las políticas socialistas, de forma, que ha asimilado el concepto socialista de la dependencia de fondos públicos para cubrir déficits, sin abordar las causas de fondo, de modo, que ha traspasado a los cordobeses los despilfarros de una gestión del agua confiscatoria y donde el precio del agua alcanza niveles desproporcionados, mientras los políticos responsables gozan de impunidad por gracia y gloria de nuestro maestro del agua, cuando es un hecho evidente, que les ha hecho una amnistía al no reclamarles nada por arruinar a una empresa pública como Emproacsa, y, olvidando que el agua potable para beber es un derecho humano que debe siempre ser gratuito.

La crisis del agua en la Zona Norte y el Político del Agua

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba, que afecta a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, ha dejado a casi 85.000 habitantes sin acceso a agua potable desde abril de 2023, debido a los elevados niveles de carbono orgánico total (COT) en el embalse de La Colada. Esta situación, agravada por la sequía, la contaminación y la falta de infraestructuras adecuadas, ha generado malestar social y económico.

La gestión de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba desde junio de 2023, no ha sido capaz de llevar a cabo soluciones efectivas y, además, ha implantado una subida de tasas del agua confiscatorias. Este artículo analiza las causas de la crisis, evalúa la gestión de la Diputación con el Político del Agua al frente y presenta propuestas de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA) para garantizar un suministro sostenible y equitativo.

<<Contexto de la crisis hídrica>>

Desde abril de 2023, la Junta de Andalucía declaró no apta para el consumo humano el agua del embalse de La Colada, que abastece a la Zona Norte tras el agotamiento del embalse de Sierra Boyera. Los habitantes dependen de camiones cisterna y agua embotellada para beber y cocinar, lo que afecta especialmente a sectores vulnerables, la restauración y la ganadería. La Diputación, a través de Emproacsa, es responsable de la potabilización, pero las soluciones propuestas no han resuelto el problema de manera inmediata. Además, la subida de tasas del agua del 22.49%, aprobada en febrero de 2024, ha generado críticas por su impacto en un contexto de crisis.

<<Causas de la persistencia de la crisis>>

La crisis hídrica en la Zona Norte es el resultado de múltiples factores:

-Factores ambientales:

+La sequía severa, agravada por el cambio climático, ha reducido los niveles de los embalses y acuíferos. El embalse de Sierra Boyera se secó en 2023, forzando el uso de La Colada, cuya agua presenta altos niveles de COT debido a vertidos agrícolas y ganaderos.

+La contaminación de ríos como el Guadarramilla, que alimenta La Colada, complica los esfuerzos de potabilización.

-Limitaciones técnicas:

+La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, de 1975, no está equipada para tratar los niveles actuales de contaminación. Métodos como la ozonización han sido ineficaces, y tecnologías como la ósmosis inversa requieren inversiones costosas y generan residuos.

+Fugas en la red de distribución entre La Colada y Sierra Boyera han reducido la eficiencia del suministro.

-Retrasos en soluciones estructurales:

+La conexión entre los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, propuesta hace más de una década, sigue sin ejecutarse debido a conflictos de competencias entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

+La dependencia de camiones cisterna, reducida a días alternos, no es una solución sostenible.

-Falta de coordinación institucional:

+La responsabilidad compartida entre la Diputación (Emproacsa), la Junta (calidad del agua) y el Gobierno central (infraestructuras hidráulicas) ha generado retrasos. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica no ha avanzado en la conexión con Puente Nuevo.

+La falta de transparencia en las negociaciones ha alimentado la desconfianza ciudadana.

<<Evaluación de la gestión de Salvador Fuentes>>

Desde que asumió la presidencia de la Diputación, Salvador Fuentes ha anunciado medidas como la modernización de la ETAP de Sierra Boyera, la instalación de equipos de ultrasonido para tratar algas en La Colada y la conexión con Puente Nuevo, con un horizonte de mayo de 2025.

*Sin embargo, estas iniciativas enfrentan críticas:

-Tiempo de implementación: Las soluciones requieren meses o años, lo que no aborda las necesidades inmediatas de la población.

-Falta de resultados concretos: A pesar de promesas de agua potable para abril de 2024, los análisis recientes muestran que el agua sigue sin ser apta, y los camiones cisterna continúan siendo la principal fuente de suministro.

-Gestión financiera cuestionada: La subida de tasas del 22.49%, justificada por la quiebra técnica de Emproacsa (pérdidas de 7.5 millones en 2023), ha sido criticada por no priorizar el acceso al agua potable antes de aumentar los costos para los usuarios.

-Coordinación insuficiente: Aunque Fuentes ha promovido reuniones con la Junta y los alcaldes, no ha logrado un consenso con la Confederación Hidrográfica del Guadiana ni avances significativos en las obras.

<<Causas de la subida de tasas>>

La subida del 22.49% en las tasas del agua, aprobada en febrero de 2024, responde a la necesidad de rescatar a Emproacsa de una deuda acumulada de 14.5 millones de euros y financiar inversiones hidráulicas (9 millones de euros, parcialmente cubiertos por la Junta).

*Percepción de la subida negativa:

-Críticas por desproporción: La medida se considera injusta en la Zona Norte, donde el agua no es potable. Aunque Fuentes eximió temporalmente a estos municipios del incremento, la subida afectará al resto de la provincia, generando desigualdades.

-Falta de transparencia: Todos (ciudadanos, asociaciones, instituciones públicas) exigen claridad sobre el uso de los fondos recaudados.

-Impacto social y económico: El aumento de la factura media incrementará los costos para sectores vulnerables y la ganadería ya afectada por la crisis hídrica.

<<Propuestas de Córdoba Abierta (ACOA)>>

Para abordar la crisis hídrica y garantizar un suministro equitativo, ACOA propone:

*Aceleración de obras estructurales: Declarar de urgencia la conexión de los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, reduciendo los plazos de ejecución a través de financiación conjunta entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

*Inversión en tecnologías sostenibles: Explorar métodos de potabilización rápidos y eficientes, como sistemas de flotación avanzada, y, aprender de experiencias exitosas, como los sistemas de captación de lluvia en Argentina (cisternas de 16.000 litros).

*Mesa de trabajo institucional: Crear un espacio permanente con representantes de todas las administraciones y plataformas ciudadanas para garantizar transparencia y coordinación.

*Moratoria en la subida de tasas: Suspender el incremento hasta que el agua sea potable en toda la provincia, acompañado de un plan claro sobre el uso de los fondos.

*Apoyo al sector ganadero: Implementar subvenciones para mitigar el impacto económico en las explotaciones ganaderas, afectadas por el alto costo del agua y la sequía.

*Gestión sostenible del agua: Promover la captación de agua de lluvia, la recarga de acuíferos y programas educativos para un uso responsable del agua, en línea con estrategias globales contra el cambio climático.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba es un reto complejo que combina factores ambientales, técnicos y administrativos. La gestión de Salvador Fuentes ha mostrado avances en la planificación, pero la falta de resultados inmediatos y la subida de tasas han generado frustración. Desde Córdoba Abierta (ACOA), urgimos a las administraciones a priorizar soluciones estructurales, coordinar esfuerzos y garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano esencial.

La colaboración entre la Diputación, la Junta, el Gobierno Central y la ciudadanía es clave para construir una gestión hídrica sostenible que asegure el bienestar de los cordobeses.

N.B. Uno de los problemas de Córdoba es el propio Político del Agua que se revelado incapaz de dar soluciones reales inmediatas.

Desde Córdoba Abierta – ACOA: Urgimos la adopción de nuestras propuestas para conseguir una gestión del agua responsable y con tarifas reducidas al simple coste del suministro. El agua es un bien básico, que bajo ninguna circunstancia debe venderse a precio de oro líquido por el responsable político, que debe garantizar el bienestar de los cordobeses.

Nuestro Político del Agua vende el agua a precios prohibitivos, cuando es un hecho evidente, que el agua potable para beber debe ser un derecho gratuito para todos los cordobeses.

Córdoba, 2 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.