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Problemas de Córdoba – Artículo XV – II – La crisis del agua en la Zona Norte – El Político del Agua (Retos y soluciones)

En este artículo, visto que todos mis lectores han acertado la adivinanza sobre el político del agua, que esta subido al muro socialista asumiendo todas sus políticas y aceptando y garantizando el gasto superfluo e irresponsable que ha heredado, dejando a los votantes de su partido a los pies de los caballos, detallaré porque el problema del agua sigue irresuelto, señalando sus causas y por qué el Presidente de la Diputación de Córdoba Salvador Fuentes Lopera del P.P. ha abandonado a los habitantes de la Zona Norte de la Provincia, limitándose a lanzar proclamas vacías de contenido y de soluciones reales.

Es un hecho patente, que el Presidente Sr. Fuentes Lopera ha aceptado todas las políticas socialistas, de forma, que ha asimilado el concepto socialista de la dependencia de fondos públicos para cubrir déficits, sin abordar las causas de fondo, de modo, que ha traspasado a los cordobeses los despilfarros de una gestión del agua confiscatoria y donde el precio del agua alcanza niveles desproporcionados, mientras los políticos responsables gozan de impunidad por gracia y gloria de nuestro maestro del agua, cuando es un hecho evidente, que les ha hecho una amnistía al no reclamarles nada por arruinar a una empresa pública como Emproacsa, y, olvidando que el agua potable para beber es un derecho humano que debe siempre ser gratuito.   

La crisis del agua en la Zona Norte y el Político del Agua

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba, que afecta a las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato, ha dejado a casi 85.000 habitantes sin acceso a agua potable desde abril de 2023, debido a los elevados niveles de carbono orgánico total (COT) en el embalse de La Colada. Esta situación, agravada por la sequía, la contaminación y la falta de infraestructuras adecuadas, ha generado malestar social y económico.

La gestión de Salvador Fuentes Lopera, Presidente de la Diputación de Córdoba desde junio de 2023, no ha sido capaz de llevar a cabo soluciones efectivas y, además, ha implantado una subida de tasas del agua confiscatorias. Este artículo analiza las causas de la crisis, evalúa la gestión de la Diputación con el Político del Agua al frente y presenta propuestas de la Asociación Córdoba Abierta (ACOA) para garantizar un suministro sostenible y equitativo.

<<Contexto de la crisis hídrica>>

Desde abril de 2023, la Junta de Andalucía declaró no apta para el consumo humano el agua del embalse de La Colada, que abastece a la Zona Norte tras el agotamiento del embalse de Sierra Boyera. Los habitantes dependen de camiones cisterna y agua embotellada para beber y cocinar, lo que afecta especialmente a sectores vulnerables, la restauración y la ganadería. La Diputación, a través de Emproacsa, es responsable de la potabilización, pero las soluciones propuestas no han resuelto el problema de manera inmediata. Además, la subida de tasas del agua del 22.49%, aprobada en febrero de 2024, ha generado críticas por su impacto en un contexto de crisis.

<<Causas de la persistencia de la crisis>>

La crisis hídrica en la Zona Norte es el resultado de múltiples factores:

-Factores ambientales:

+La sequía severa, agravada por el cambio climático, ha reducido los niveles de los embalses y acuíferos. El embalse de Sierra Boyera se secó en 2023, forzando el uso de La Colada, cuya agua presenta altos niveles de COT debido a vertidos agrícolas y ganaderos.

+La contaminación de ríos como el Guadarramilla, que alimenta La Colada, complica los esfuerzos de potabilización.

-Limitaciones técnicas:

+La Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Sierra Boyera, de 1975, no está equipada para tratar los niveles actuales de contaminación. Métodos como la ozonización han sido ineficaces, y tecnologías como la ósmosis inversa requieren inversiones costosas y generan residuos.

+Fugas en la red de distribución entre La Colada y Sierra Boyera han reducido la eficiencia del suministro.

-Retrasos en soluciones estructurales:

+La conexión entre los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, propuesta hace más de una década, sigue sin ejecutarse debido a conflictos de competencias entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

+La dependencia de camiones cisterna, reducida a días alternos, no es una solución sostenible.

-Falta de coordinación institucional:

+La responsabilidad compartida entre la Diputación (Emproacsa), la Junta (calidad del agua) y el Gobierno central (infraestructuras hidráulicas) ha generado retrasos. Por ejemplo, la Confederación Hidrográfica no ha avanzado en la conexión con Puente Nuevo.

+La falta de transparencia en las negociaciones ha alimentado la desconfianza ciudadana.  

<<Evaluación de la gestión de Salvador Fuentes>>

Desde que asumió la presidencia de la Diputación, Salvador Fuentes ha anunciado medidas como la modernización de la ETAP de Sierra Boyera, la instalación de equipos de ultrasonido para tratar algas en La Colada y la conexión con Puente Nuevo, con un horizonte de mayo de 2025.

*Sin embargo, estas iniciativas enfrentan críticas:

-Tiempo de implementación: Las soluciones requieren meses o años, lo que no aborda las necesidades inmediatas de la población.

-Falta de resultados concretos: A pesar de promesas de agua potable para abril de 2024, los análisis recientes muestran que el agua sigue sin ser apta, y los camiones cisterna continúan siendo la principal fuente de suministro.

-Gestión financiera cuestionada: La subida de tasas del 22.49%, justificada por la quiebra técnica de Emproacsa (pérdidas de 7.5 millones en 2023), ha sido criticada por no priorizar el acceso al agua potable antes de aumentar los costos para los usuarios.

-Coordinación insuficiente: Aunque Fuentes ha promovido reuniones con la Junta y los alcaldes, no ha logrado un consenso con la Confederación Hidrográfica del Guadiana ni avances significativos en las obras.

<<Causas de la subida de tasas>>

La subida del 22.49% en las tasas del agua, aprobada en febrero de 2024, responde a la necesidad de rescatar a Emproacsa de una deuda acumulada de 14.5 millones de euros y financiar inversiones hidráulicas (9 millones de euros, parcialmente cubiertos por la Junta).

*Percepción de la subida negativa:  

-Críticas por desproporción: La medida se considera injusta en la Zona Norte, donde el agua no es potable. Aunque Fuentes eximió temporalmente a estos municipios del incremento, la subida afectará al resto de la provincia, generando desigualdades.

-Falta de transparencia: Todos (ciudadanos, asociaciones, instituciones públicas) exigen claridad sobre el uso de los fondos recaudados.

-Impacto social y económico: El aumento de la factura media incrementará los costos para sectores vulnerables y la ganadería ya afectada por la crisis hídrica.

<<Propuestas de Córdoba Abierta (ACOA)>>

Para abordar la crisis hídrica y garantizar un suministro equitativo, ACOA propone:

*Aceleración de obras estructurales: Declarar de urgencia la conexión de los embalses de La Colada, Sierra Boyera y Puente Nuevo, reduciendo los plazos de ejecución a través de financiación conjunta entre la Diputación, la Junta y el Gobierno central.

*Inversión en tecnologías sostenibles: Explorar métodos de potabilización rápidos y eficientes, como sistemas de flotación avanzada, y, aprender de experiencias exitosas, como los sistemas de captación de lluvia en Argentina (cisternas de 16.000 litros).

*Mesa de trabajo institucional: Crear un espacio permanente con representantes de todas las administraciones y plataformas ciudadanas para garantizar transparencia y coordinación.

*Moratoria en la subida de tasas: Suspender el incremento hasta que el agua sea potable en toda la provincia, acompañado de un plan claro sobre el uso de los fondos.

*Apoyo al sector ganadero: Implementar subvenciones para mitigar el impacto económico en las explotaciones ganaderas, afectadas por el alto costo del agua y la sequía.

*Gestión sostenible del agua: Promover la captación de agua de lluvia, la recarga de acuíferos y programas educativos para un uso responsable del agua, en línea con estrategias globales contra el cambio climático.

<<Conclusión>>

La crisis del agua en la Zona Norte de Córdoba es un reto complejo que combina factores ambientales, técnicos y administrativos. La gestión de Salvador Fuentes ha mostrado avances en la planificación, pero la falta de resultados inmediatos y la subida de tasas han generado frustración. Desde Córdoba Abierta (ACOA), urgimos a las administraciones a priorizar soluciones estructurales, coordinar esfuerzos y garantizar el acceso al agua potable como un derecho humano esencial.

La colaboración entre la Diputación, la Junta, el Gobierno Central y la ciudadanía es clave para construir una gestión hídrica sostenible que asegure el bienestar de los cordobeses.

N.B. Uno de los problemas de Córdoba es el propio Político del Agua que se revelado incapaz de dar soluciones reales inmediatas.

Desde Córdoba Abierta – ACOA: Urgimos la adopción de nuestras propuestas para conseguir una gestión del agua responsable y con tarifas reducidas al simple coste del suministro. El agua es un bien básico, que bajo ninguna circunstancia debe venderse a precio de oro líquido por el responsable político, que debe garantizar el bienestar de los cordobeses.

Nuestro Político del Agua vende el agua a precios prohibitivos, cuando es un hecho evidente, que el agua potable para beber debe ser un derecho gratuito para todos los cordobeses.

Córdoba, 2 de julio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Problemas de Córdoba – Artículo XIV – Personas mayores en Córdoba y su Provincia (Necesidades, asistencia social, medidas y costes asociados)

Este artículo aborda la situación de las personas mayores en Córdoba y su provincia, sus necesidades, los servicios de asistencia social disponibles, el número de mayores, las medidas propuestas para atenderles, los costes aproximados y las inversiones sociales necesarias, con especial atención al abandono y la marginación.

(Nota. De nuevo, quiero señalar un cuestión previa de vital importancia, que es el dinero para realizar las inversiones necesarias, de forma, que lo digo claro, precisamos el dinero necesario y no parare de decirlo hasta conseguirlo, advirtiendo que desde Córdoba Abierta -ACOA- lucharemos ante cualquier desigualdad discriminatoria para Córdoba, de manera, que, además, el gasto público superfluo e improductivo se debe eliminar de raíz, si queremos tener dinero para realizar inversiones en favor de los mayores.

Personas mayores en Córdoba y su Provincia

Las personas mayores en Córdoba y su provincia enfrentan retos críticos: soledad, dependencia, pobreza económica y brecha digital, agravados por el abandono y la marginación, especialmente en áreas rurales. Este artículo analiza la situación, los servicios disponibles, las medidas propuestas por Córdoba Abierta (ACOA) y los costes asociados, subrayando la necesidad urgente de inversión social. Desde ACOA exigimos eliminar el gasto público superfluo para financiar estas medidas y combatir cualquier desigualdad discriminatoria hacia Córdoba.

<<Población de personas mayores en Córdoba y provincia>>

Es un hecho patente, que Córdoba tiene, aproximadamente, unos 771.000 habitantes, de los cuales el 22% (170.000 personas) son mayores de 65 años, superando la media nacional (20,1%).

-Distribución: Concentrados en la capital (320.000 habitantes) y municipios rurales, donde la dispersión geográfica dificulta el acceso a servicios.

-Diversidad: Incluye desde mayores autónomos hasta dependientes, con necesidades variadas según salud, ingresos y entorno.

<<Necesidades de las personas mayores>>

Los principales retos son:

  • Salud y dependencia: Más del 90% de las muertes por temperaturas extremas afectan a mayores de 65 años, agravadas por enfermedades crónicas. El Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD) sufre demoras y falta de plazas residenciales cercanas.
  • Soledad no deseada: Predomina en áreas rurales por despoblación y falta de redes familiares, acentuada por el edadismo y la brecha digital.
  • Vulnerabilidad económica: El 23,5% de los hogares pobres en Córdoba incluyen mayores, impactados por los costes de vivienda, energía y alimentos, pese a las pensiones.
  • Brecha digital: Limita el acceso a servicios esenciales, especialmente en zonas rurales.
  • Acceso a servicios: Los servicios sociales son bien valorados, pero la cobertura es insuficiente en áreas rurales, y los más vulnerables dependen excesivamente de ayudas.

<<Asistencia social actual>>

  • Servicios municipales: Incluyen ayuda a domicilio, teleasistencia, centros de día y residencias. Aunque bien valorados, la cobertura rural es limitada, y las plazas residenciales suelen implicar traslados.
  • Sistema de dependencia: La Renta Mínima de Inserción Social está infradotada, y la escasez de plazas públicas obliga a recurrir a residencias privadas costosas.
  • Pensiones: Proveen estabilidad relativa, pero las mínimas (~720 €/mes en 2023) no cubren los crecientes costes de vida.

<<Abandono y marginación>>

  • Soledad: La falta de redes familiares y comunitarias en zonas rurales agrava el aislamiento.
  • Edadismo: Limita la participación social y perpetúa la exclusión.
  • Desigualdad en servicios: La dispersión geográfica y la falta de transporte público dificultan el acceso a servicios sociales y sanitarios.
  • Pobreza energética y de vivienda: Los mayores con ingresos limitados enfrentan dificultades para costear energía y alquiler.

<<Medidas propuestas por Córdoba Abierta (ACOA)>>

Para garantizar un envejecimiento digno, proponemos:

**Fortalecer la atención a la dependencia:

  • Crear 1.000 plazas residenciales públicas/concertadas para evitar desarraigo.
  • Ampliar la ayuda a domicilio en zonas rurales.

**Combatir la soledad:

  • Establecer centros sociales y actividades intergeneracionales en todos los municipios.
  • Promover programas de voluntariado y formación digital.

**Mejorar el acceso a servicios:

  • Coordinar cuidados sanitarios y sociales.
  • Implementar transporte adaptado para mayores rurales.

**Apoyo económico:

  • Subsidios para vivienda y energía para mayores con pensiones mínimas.
  • Revisar la Renta Mínima para garantizar inclusión.

**Lucha contra el edadismo:

  • Campañas de sensibilización y fomento de la participación social de los mayores.

<<Costes e inversiones necesarias>>

**Estimaciones aproximadas:

  • Plazas residenciales: 1.000 plazas (30.000 €/plaza/año) = 30 millones €/año; infraestructura inicial = 50 millones €.
  • Ayuda a domicilio: 5.000 mayores (20 horas/mes, 15 €/hora) = 18 millones €/año.
  • Programas contra la soledad: 50 centros sociales rurales = 10 millones €/año; voluntariado = 2 millones €/año.
  • Transporte adaptado: 50 minibuses = 7 millones € iniciales + 3 millones €/año.
  • Subsidios y campañas: Ayudas a 10.000 mayores (500 €/año) = 5 millones €/año; campañas contra edadismo = 1 millón €/año.

*Total estimado: 66 millones €/año (operativos) + 57 millones € (inversión inicial).

**Financiación:

  • Incrementar el presupuesto autonómico/municipal para servicios sociales (0,8% del PIB andaluz en 2023).
  • Aprovechar fondos europeos (NextGenerationEU).
  • Fomentar colaboración público-privada con ONG y empresas.

<<Conclusiones>>

Las personas mayores en Córdoba enfrentan soledad, dependencia, pobreza y exclusión, especialmente en áreas rurales. Aunque los servicios sociales y de dependencia son valorados, su cobertura es insuficiente. Las medidas propuestas por ACOA requieren una inversión urgente de 66 millones €/año y 57 millones € iniciales para garantizar un envejecimiento digno, reducir desigualdades y construir una sociedad inclusiva.

Exigimos a las autoridades locales y autonómicas un diagnóstico actualizado y la priorización de estas inversiones en los próximos presupuestos.

Córdoba Abierta (ACOA) reclama un compromiso inmediato para lograr un bienestar mínimo aceptable para todos los mayores, sin excepción.

N.B. Desde Córdoba Abierta – ACOA:

Urgimos la adopción de estas propuestas para conseguir un bienestar mínimo aceptable para todos nuestros mayores en Córdoba y Provincia.

Córdoba, 29 de junio de 2025.

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces (Ataques políticos a jueces en municipios). Artículo (II)

<<Ejemplos concretos y la necesidad de proteger la independencia judicial>>

El llamamiento de la presidenta del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, el 11 de junio de 2025, pone de manifiesto una preocupante realidad: los ataques y descalificaciones a jueces, especialmente en el ámbito local, se han convertido en una práctica recurrente que amenaza la independencia del poder judicial. Estas agresiones no solo ocurren en los grandes tribunales, sino que afectan de manera particularmente grave a los jueces de municipios pequeños, donde la presión política y social es más directa y la impunidad de los agresores parece estar garantizada. A continuación, se presentan ejemplos concretos de casos recientes que ilustran esta problemática, basados en información disponible y en el contexto del llamamiento de Perelló, junto con un análisis de su impacto en el Estado de Derecho.

**Ejemplos locales de ataques políticos a jueces:

  • Badajoz: Caso de la jueza Beatriz Biedma (2025)
    En Badajoz, la magistrada Beatriz Biedma Rojano, titular del Juzgado de Instrucción número 3, ha sido objeto de críticas y presiones públicas por parte de actores políticos locales en relación con sus decisiones judiciales. Según publicaciones en X, las asociaciones judiciales de Extremadura emitieron un comunicado conjunto en respaldo a Biedma, destacando la necesidad de proteger su independencia frente a lo que consideraron un ataque injustificado. Este caso, que también fue apoyado por concentraciones de jueces y fiscales en Badajoz el 11 de junio de 2025, refleja cómo las decisiones judiciales en un municipio pueden generar reacciones políticas que buscan deslegitimar al juez. En particular, se menciona que la Audiencia de Badajoz respaldó a Biedma en un caso relacionado con acusaciones de fraude de ley, lo que evidencia el intento de ciertos actores políticos de interferir en su labor.
  • Puerto Lumbreras, Murcia: Presiones sobre jueces locales (2014-2017)
    Aunque no es un caso reciente, el episodio de Puerto Lumbreras ilustra una dinámica que persiste en muchos municipios. En 2014, una investigación sobre irregularidades en la construcción de un auditorio, liderada por el entonces alcalde Pedro Antonio Sánchez, fue trasladada al Tribunal Superior de Justicia de Murcia debido a su condición de aforado. Según informes, ciertos jueces locales que intentaron avanzar en la investigación sufrieron presiones indirectas por parte de figuras políticas vinculadas al Partido Popular (PP), quienes buscaban evitar la imputación de Sánchez. Esta situación, que se prolongó hasta 2017, demuestra cómo las autoridades locales pueden ejercer influencia para proteger sus intereses, afectando la imparcialidad de los jueces locales.
  • Casos genéricos en pequeños municipios españoles.

Aunque no siempre se documentan con nombres específicos debido a la falta de cobertura mediática, se trata de un fenómeno extendido: alcaldes de pequeños municipios que critican públicamente resoluciones judiciales sin fundamentos jurídicos, aprovechando su posición de poder local. Un ejemplo hipotético, pero representativo, sería el de un alcalde que, tras una sentencia que anula una decisión municipal (como la concesión irregular de una licencia urbanística), sale a los medios locales acusando al juez de “actuar contra los intereses del pueblo” o de “no entender la realidad local”. Estas declaraciones, que suelen hacerse sin pruebas y con fines populistas, buscan presionar al juez y deslegitimar su autoridad, dejando al magistrado en una posición de indefensión, especialmente en comunidades pequeñas donde la opinión pública puede ser fácilmente influenciada.

<<La gravedad de los ataques en el ámbito local>>

Los ejemplos anteriores ilustran varios puntos clave:

  • Vulnerabilidad de los jueces locales: En los municipios, los jueces suelen trabajar solos, sin el respaldo mediático o institucional que tienen los magistrados de instancias superiores. Esto los hace más susceptibles a las presiones de autoridades locales, como alcaldes o concejales, que pueden usar su influencia para generar un clima de hostilidad.
  • Impunidad de los agresores: Los responsables de estas descalificaciones rara vez enfrentan consecuencias. En el caso de Badajoz, por ejemplo, el respaldo a la jueza Biedma vino de sus colegas y asociaciones judiciales, pero no hay evidencia de sanciones efectivas contra los actores políticos implicados. Esta impunidad refuerza la percepción de que el poder político está por encima de la ley.
  • Impacto en la confianza ciudadana: Los ataques públicos a jueces locales no solo afectan a los magistrados, sino que erosionan la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. Cuando un alcalde cuestiona abiertamente una resolución, sin fundamentos, envía el mensaje de que las decisiones judiciales son arbitrarias o susceptibles de manipulación.

<<La necesidad de actuar: Propuestas para proteger a los jueces locales>>

El llamamiento de Isabel Perelló debe traducirse en medidas concretas para proteger a los jueces, especialmente en los municipios. Algunas propuestas inspiradas  en el contexto actual, incluyen:

  • Fortalecer los mecanismos de defensa del CGPJ: Como señala un artículo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, la Ley Orgánica del Poder Judicial carece de herramientas efectivas para proteger a los jueces frente a injerencias externas. El CGPJ debe establecer protocolos claros para sancionar a quienes ataquen la independencia judicial, incluyendo declaraciones públicas de condena y, en casos graves, la remisión a la vía penal.
  • Sanciones a autoridades locales: Los alcaldes o cargos públicos que critiquen resoluciones judiciales sin fundamento deben enfrentar consecuencias, ya sea a través de sanciones administrativas o de procedimientos disciplinarios. Esto requiere una mayor coordinación entre el CGPJ y los poderes locales.
  • Apoyo institucional a jueces locales: Crear un sistema de apoyo específico para jueces en municipios pequeños, incluyendo asesoramiento legal y psicológico, así como campañas de sensibilización para educar a la ciudadanía sobre la importancia de la independencia judicial.
  • Respuesta de la sociedad civil: Como propone la Asociación Córdoba Abierta (ACOA), las organizaciones ciudadanas deben desempeñar un papel activo en la defensa de los jueces, promoviendo el respeto a sus decisiones y denunciando cualquier intento de presión política.

<<Conclusión>>

Los ataques políticos a jueces en el ámbito local, como los casos de Badajoz, Puerto Lumbreras o los ejemplos genéricos descritos, son una manifestación clara de la “carcoma perversa” denunciada por Isabel Perelló. Estos episodios, que a menudo pasan desapercibidos en el panorama nacional, tienen un impacto devastador en la independencia judicial y en la confianza ciudadana en el Estado de Derecho. Proteger a los jueces locales no es solo una cuestión de justicia, sino una necesidad urgente para preservar los fundamentos de nuestra democracia. El CGPJ, las asociaciones judiciales y la sociedad civil deben unirse en un esfuerzo colectivo para garantizar que ningún juez, especialmente en los pequeños municipios, se sienta solo frente a las presiones políticas. Como bien se dice en ACOA “si no empezamos defendiendo y apoyando siempre a ese poder judicial pequeño, la conclusión es que estamos perdidos”.

N. B. Hacemos nuestro el llamamiento de la Presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ en defensa de los jueces, con especial referencia a los ataques políticos a jueces en municipios, porque son la base de nuestro Estado de Derecho y el fundamento de la democracia. Están en la primera línea de defensa y hay que protegerlos  y servirles de salvaguardia.

Córdoba, 17 de junio de 2025

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.