Explico con imágenes a mis nietos preguntones Gonzalo y Ángela donde están nuestros impuestos y porque los trenes no funcionan como debieran y las carreteras están llenas de baches y en mal estado de mantenimiento.
España atraviesa un momento de máximos históricos en recaudación fiscal, pero ese incremento no se traduce en una mejora equivalente de las infraestructuras. El ferrocarril y las carreteras reflejan un problema estructural: “Más ingresos públicos, pero un déficit persistente en inversión y mantenimiento”.
“Los servicios públicos clave, especialmente las infraestructuras, muestran señales de deterioro estructural y el retorno al ciudadano se percibe como ineficiente ”.
N.B. Imágenes. Impuestos todos. Infraestructuras bajo mínimos en mantenimiento y conservación.
(Nota.- Cuando el retorno al ciudadano por parte del Estado es alto y visible, aumenta la moral fiscal (la disposición de la gente a pagar impuestos). Si los ciudadanos perciben que las calles están limpias, los hospitales funcionan y la seguridad es efectiva, entienden el impuesto no como una pérdida, sino como una inversión colectiva.
En cambio, cuando el retorno es pobre o ineficiente, surge la percepción de que el impuesto es una carga injusta, lo que suele alimentar la evasión y el descontento social).
Cada ciudadano debe examinar lo que paga y lo que recibe de sus impuestos por el Estado en su conjunto.
1ª.- Imagen – La realidad – (Lo que hay y lo que se ve).
España nunca había recaudado tanto dinero en impuestos como ahora. En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron los 325.356 millones de euros, un 10,4% más que el año anterior, impulsados principalmente por el IRPF (142.466 millones) y el IVA (99.532 millones). Así mismo, se dispara la deuda pública, que alcanza un máximo difícil de imaginar, de forma, que a la vista de lo que hay y lo que se ve existe un agujero oculto, que se traga todo el dinero de los ciudadanos con un destino ignoto.
2ª.- Imagen. Un agujero oculto.
3ª.- Imagen. Ciudadanos asombrados.
4ª.- Imagen. Soluciones. Gestión eficiente, transparencia y justicia tributaria.
(Nota. Es difícil explicar algo tan simple de ver y por lo visto tan difícil de ejecutar, razón por la que prefiero exponerlo en imágenes descriptivas de lo que hay, de lo que no hay, y, de lo que se debe hacer).
Córdoba, 3 de abril de 2026.
Fdo. Enrique Garía Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
Para entender la realidad de Córdoba y Provincia es fundamental dejar de ver nuestros problemas como compartimentos estancos, ya que, la inflación, el desempleo y la despoblación no son fenómenos aislados, sino que son piezas de un mismo engranaje donde cada una empuja a la otra, creando un círculo vicioso que condiciona nuestro avance social y económico.
1.- Inflación – (Impuesto invisible).
La inflación golpea con más fuerza en regiones con rentas medias y bajas, concretamente, en Córdoba, nuestro tejido empresarial depende enormemente del sector servicios y el pequeño comercio, razón por la que estamos muy afectados por este evento.
**Cuando los costes de energía y materias primas suben, el efecto de la inflación es doble:
*Por un lado, existe pérdida de poder adquisitivo por los que las familias recortan su gasto no esencial, lo que conlleva un freno a la economía local.
*Por otro lado, asfixia del comercio de cercanía, de forma, que muchos negocios no pueden repercutir las subidas al cliente por miedo a perderlo, viéndose obligados a reduje sus márgenes con el peligro de verse obligados al cierre.
(Nota. Freno en la economía e inflación disparada. Esto es la antesala de una estanflación, es decir, un momento en el que existe un decrecimiento económico y los precios se incrementan con velocidad.)
2.- La relación inflación-desempleo – (Un equilibrio precario).
Tradicionalmente, la economía analiza la relación entre estos factores, pero en Córdoba el escenario es particular, ya que, al subir los costes y bajar el consumo, las empresas -muchas de ellas familiares o PYMES- dejan de contratar o reducen plantilla para sobrevivir y, por otro lado, nuestra dependencia de la estacionalidad (turismo y agricultura) vuelve al empleo más inestable frente a las oscilaciones de precios.
(Nota. La curva de Phillips representa una relación inversa entre inflación y desempleo en el corto plazo: “Menos paro suele ir acompañado de más inflación y, al revés, más paro de menos inflación”.)
3.- El desempleo como motor de la despoblación.
Quizás, sea este el vínculo más doloroso, porque la falta de oportunidades de calidad genera una conocida “fuga de talento”, así,:
<-Se produce una migración juvenil, ya que, nuestros jóvenes cualificados se marchan a Madrid, Barcelona o Málaga buscando estabilidad prosperidad económica y social.
<-Aparece en el envejecimiento, ya que, al irse la población joven y activa, la natalidad cae, dejando una provincia cada vez más envejecida y con menos -masa crítica- para sostener servicios básicos, haciendo que poco a poco desaparezcan y, con ello, que aumente el abandono poblacional en busca de seguridad y asistencia.
<<Economía de dos velocidades – (Sector público vs. Sector privado)>>
Existe una dicotomía que genera distorsiones profundas en Córdoba, porque el peso del sector público, aunque actúa como muro de contención contra la pobreza, genera efectos secundarios si el sector privado no crece a la par, así:
1.- El “efecto expulsión”: Si la estabilidad y los salarios de la administración son muy superiores a lo que puede ofrecer una PYME, el talento opta por la oposición en lugar de emprender o innovar en la empresa privada.
2.- Dualidad salarial: Se crean precios adaptados a quienes tienen estabilidad (en vivienda u ocio), mientras el trabajador del sector privado, con salarios más bajos, sufre una inflación que lo empobrece de forma proporcional.
3.- El riesgo del <monocultivo> público: Una economía que solo redistribuye dinero pero no crea riqueza nueva es resistente en las crisis, pero incapaz de crecer en tiempos de bonanza.
<<Hoja de ruta – (la salida del pozo)>>
Córdoba no necesita parches, sino un cambio de modelo, una reestructuración profunda, que fortalezca el sector privado para que deje de ser el “hermano pobre”.
**Se señalan las siguientes líneas estratégicas:
*La Base Logística (BLET) como –imán-: No debe ser un enclave aislado, porque lo que necesitamos es que las empresas cordobesas sean las proveedoras de su tecnología, IA y robótica.
* Tecnología aplicada al campo: No basta con exportar materia prima, sino que debemos liderar la creación de patentes y maquinaria agrícola junto a la Universidad de Córdoba (UCO) y empresas innovadoras.
*Alivio burocrático y fiscal: Implementar una “cuota cero” o reducciones fiscales para nuevas empresas tecnológicas e industriales durante sus primeros 5 años.
*Digitalización rural: Combatir la despoblación garantizando conectividad total y centros de trabajo compartido en los pueblos, permitiendo que el talento pueda teletrabajar desde cualquier rincón de la provincia.
<<Conclusión>> El avance real vendrá cuando el sector privado sea el motor que financie unos servicios públicos de calidad y no al revés, pero el reto no es reducir lo público, sino fortalecer lo privado para que el funcionario deje de ser la única aspiración de éxito en nuestra tierra.
N. B. Imagen – Problemas y soluciones.
Córdoba, 18 de marzo de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.
El Tribunal Constitucional ha establecido con nitidez y rotundidad, que “el Valor de Referencia Catastral (VRC) es constitucional”, ya que, en una sentencia unánime, el T. C. avala este sistema como una <-adecuada medición de la riqueza->, poniendo una puerta blindada a posibles impugnaciones genéricas contra la norma.
El inicio de un camino nuevo en una defensa justa es necesario por el cambio en las reglas de juego, de forma, que ya que no podremos no cuestionar la Ley, lo que determina que la defensa, frente a un debilitamiento del “valor justicia” (C. E. art. 1.), se debe dirigir contra valor asignado a cada inmueble.
1.- Las bases del Tribunal Constitucional – (Una sentencia impositiva).
El Tribunal Constitucional ha fundamentado su decisión en tres bases que todo contribuyente debería conocer:
<-Capacidad Económica (art. 31.1 CE), ya que, la sentencia considera que el VRC no es arbitrario, porque nace de un análisis estadístico de precios reales de notarios y registradores.
<-El Factor de Minoración (0,9), porque la sentencia considera, que ese “margen de seguridad” del 10% es suficiente para absorber posibles desviaciones y garantizar que no se tribute por encima del valor real.
<-Presunción Iuris Tantum, porque para la sentencia el valor se presume cierto, aunque deja un resquisio legal al admitir prueba en contrario, quedando claro, que la carga de la prueba ahora recae una vez más y exclusivamente en el ciudadano impostado por el valor de referencia catastral.
2.- Los caminos de la defensa.
Ante una liquidación basada en un Valor de Referencia superior al precio real de compra, se abren dos vías de defensa y la elección dependerá del perfil de riesgo del ciudadano:
Vía
Procedimiento
Ventaja
Riesgo
Conservadora
Autoliquidar por el VRC y solicitar Rectificación.
Evita intereses y sanciones.
Desembolso inicial de liquidez.
Combativa
Autoliquidar por valor de escritura.
No se paga de más inicialmente.
Intereses de demora y posible expediente sancionador.
(Nota. En la mayoría de los casos, la vía conservadora es la más adecuada y eficiente, pues permitirá impugnar con la tranquilidad de haber cumplido con la obligación tributaria, centrando el debate directamente en la valoración técnica del inmueble.
3.- El punto vulnerable del algoritmo catastral – (La prueba pericial).
El algoritmo del Catastro es ciego frente a la realidad física individualizada, de manera, que la defensa de una impugnación va a depender de que el perito arquitecto en su informe, ponga el foco en lo que el big data catastral no puede ver, así:
1.- Estado de conservación interno, porque el Catastro asume que el inmueble está en estado “normal”, de forma, que las humedades, instalaciones obsoletas o la necesidad de reforma integral son factores que el algoritmo del valor de referencia ignora.
2.-Deficiencias estructurales, ya que ITEs negativas o patologías no aparecen reflejadas en la ficha catastral.
3.- Distribución disfuncional del inmueble, pues pasillos excesivos, habitaciones ciegas o locales con poca fachada que penalizan el valor de mercado real, no se acogen por el valor de referencia catastral.
4.- Cargas y servidumbres y cualquier limitación urbanística que no aparecen reflejadas en el Mapa de Valores del valor de referencia y que por lo tanto no pondera.
4.- La impugnación del valor de referencia – (Los caminos).
Para poder impugnar el valor de referencia la ruta suele ser el siguiente:
<-Fase Administrativa con la presentación de la rectificación con informe pericial detallado. (Prepararse para el silencio o la desestimación sistemática).
<-Vía Económico-Administrativa (TEAR), que seguramente es el momento clave para revisar cómo elaboró el Catastro ese valor específico.
<-Vía Contencioso-Administrativa, que es la fase dónde la pericial de parte, ratificada judicialmente, adquiere su máxima importancia frente a la Administración.
<<Una propuesta>>
Si el valor de mercado real es sensiblemente inferior al VRC, es conveniente, no esperar a la liquidación oficial, de forma, que lo más eficaz, antes de firmar la escritura, es buscar un certificado de tasación de una entidad homologada por el Banco de España con fecha cercana al devengo.
(Nota. Tener esta prueba preconstituida hará que la balanza se incline a favor del contribuyente desde el principio del conflicto para poder destruir la presunción iuris tantum que opera en favor del valor de referencia.
N.B. La coraza tejida por el T. C. en favor del Valor de Referencia Catastral en su sentencia obliga a la defensa del contribuyente a demostrar el valor de mercado real, pues el TC ha puesto una puerta blindada a cualquier otra hipótesis de defensa.
Otra vez más al contribuyente se le sitúa en una posición de debilidad frente a la Administración Tributaria-Catastro, imponiéndole la carga de la prueba, cuando debería ser al contrario, ya que, la Administración es la parte más fuerte y la que cuenta con mayores medios de defensa de su posición contributiva, porque sin duda los impuestos son una necesidad para el mantenimiento de los servicios públicos, pero creo sinceramente que los derechos y libertades individuales deben prevalecer, máxime cuando estamos soportando una presión impositiva desaforada, a la que se unen unas condiciones económicas desfavorables para el ciudadano como la inflación y el deterioro de unos servicios públicos en retroceso en cantidad y calidad.
Un grupo elevado de lectores me pregunta sobre la regularización masiva de inmigrantes y me piden una opinión, así que, como suelo hacer intentaré darles una explicación razonable.
En el actual escenario normativo de febrero de 2026, España se enfrenta a un desafío que trasciende lo administrativo para instalarse en el corazón de la justicia social:
“La gestión de la regularización extraordinaria de extranjeros”.
El debate no debe centrarse en la existencia o no de privilegios, sino en la colisión entre la igualdad formal (la ley es igual para todos) y la igualdad práctica (cómo impacta esa ley en un sistema de servicios públicos ya tensionado).
1.- El marco jurídico (La regularización de 2026).
El reciente Real Decreto-ley de regularización extraordinaria busca integrar a una población de entre 500.000 y 800.000 personas que ya conviven con nosotros. Jurídicamente, el objetivo es impecable: “Reducir la economía sumergida, aflorar cotizaciones y garantizar derechos fundamentales”. Una vez obtenida la autorización de residencia y trabajo, estas personas adquieren la condición de residentes legales, accediendo al catálogo de servicios públicos en plenas facultades.
2.- La paradoja de los baremos. – (Parece haber prioridad).
Es fundamental aclarar que no existe una prioridad legal por origen nacional. Los criterios de acceso a guarderías (0-3 años), al Ingreso Mínimo Vital (IMV) o a las ayudas al alquiler son universales y se basan, principalmente, en la vulnerabilidad socioeconómica.
**Sin embargo, aquí es donde surge el conflicto de la “igualdad práctica”, así:
<-El perfil de vulnerabilidad: Los nuevos regularizados suelen presentar niveles de renta más bajos, familias más numerosas y situaciones de precariedad laboral inicial.
<-La puntuación mecánica: Al aplicar los baremos vigentes (donde puntúa más la renta baja o el número de hijos), este colectivo encaja de forma natural en los tramos de máxima prioridad.
**La clave del problema: No es que se favorezca al inmigrante “por serlo”, sino que el sistema está diseñado para primar la necesidad extrema. Cuando esa necesidad se concentra en un grupo recién incorporado al sistema legal, el resultado práctico es que familias españolas de rentas medias o bajas (pero no extremas) se ven desplazadas en las listas de espera.
3.- El riesgo del colapso y la gestión de la escasez.
La justicia de una medida de integración no puede evaluarse de forma aislada a la capacidad del sistema. La incorporación de cientos de miles de nuevos usuarios cualificados para ayudas sociales sin una ampliación proporcional de la oferta pública produce un efecto de “suma cero”.
<-Educación y Sanidad: La saturación en la Atención Primaria y la falta de plazas en escuelas infantiles no son responsabilidad del inmigrante, sino de una planificación que no prevé el aumento de la demanda.
<-Servicios Sociales: El IMV y las rentas mínimas tienen presupuestos acotados, de forma, que si la base de solicitantes con máxima puntuación crece exponencialmente, el sistema se bloquea para todos.
4.- Conclusión. – (Una solidaridad sostenible).
Como profesionales del derecho, debemos defender que la ayuda al inmigrante es un imperativo humanitario y económico, pero no debe ejecutarse a costa de la erosión de los derechos y servicios de quienes ya sostienen el sistema.
La igualdad formal es un pilar de nuestra democracia, pero si no se acompaña de una inversión pública que absorba la nueva demanda, generamos una desigualdad práctica que fractura la cohesión social. Para que la integración sea real y justa, “el Estado debe garantizar que la ampliación de derechos para unos no signifique la pérdida de servicios para otros”.
N.B. El reto de la regularización es pasar de la igualdad formal a la igualdad práctica, a la vez, que se consigue una integración productiva de calidad, llevándose a cabo una reestructuración completa del mercado de trabajo.
La solución no es el enfrentamiento entre vulnerables, sino una administración de recursos que entienda que la capacidad de acogida está intrínsecamente ligada a la capacidad de prestación.
Es la pregunta que escucho a diario en los juzgados, en las reuniones de compañeros, expertos y en las calles de Córdoba: <-Si recaudamos más que nunca, ¿por qué? los servicios funcionan peor que siempre->.
Conociendo la Administración por dentro y por fuera, sé que las cuentas deben cuadrar o, al menos, tener una trazabilidad judicialmente defendible, sin embargo, la realidad de 2026 nos muestra un Estado, que, aunque ingresa cifras récord, se encuentra con las manos atadas por una estructura de gasto extremadamente rígida, de forma, que el dinero no se ha “evaporado”, pero, sin la menor duda, está atrapado en un bucle sin salida.
**Abriremos la “caja negra” del gasto público en España:
1.- Un “elefante” que no para de crecer – (Las Pensiones).
Es un hecho patente, que las pensiones son el sostén de nuestra paz social, pero también nuestro mayor desafío financiero, porque en 2026, su importe de gasto ha escalado hasta los 230.000 millones de euros.
<-Por un lado, un efecto automático, ya que, al estar indexadas al IPC (un incremento del 2,7% este año), cada décima de inflación dispara el gasto sin que se cree un solo servicio público nuevo, como puede ser un hospital o el arreglo integral de la una carretera.
<-Por otro lado, una cifra astronómica, de forma, que hoy gastamos un 62% más que hace una década, de manera, que ahora el Estado dedica más dinero a las pensiones, que a todos los sueldos de sus funcionarios y empleados públicos juntos.
2.- El “impuesto silencioso y revolucionario” de los mercados – (La Deuda).
Hubo un tiempo en que el dinero era “gratis” (tipos al 0%), pero esos días terminaron y ahora con una deuda que roza el 100% del PIB, los intereses son un gasto muerto, ya que, en este concepto 44.000 millones de euros se van directamente a los mercados financieros, de manera, que es dinero que sale de nuestros impuestos y no llega un servicio público, como una comisaría ni un aula.
Para que nos entendamos: “Pagamos en intereses casi lo mismo que cuesta toda la nómina de la Administración General del Estado”.
3.- El laberinto sin salida de las 17 Administraciones.
Aquí reside el centro de nuestras desgracias, pues el Estado Central recauda cada vez más, pero son las Comunidades Autónomas (CC.AA.) quienes ejecutan, por ejemplo, la sanidad y la educación, y, en 2026, las transferencias a las regiones han marcado un récord de 158.000 millones.
Afinando lo dicho, aquí tenemos un problema de gestión, pues “la saturación de los hospitales a menudo no es por falta de presupuesto <-en origen->, sino de una gestión autonómica ineficiente o un sistema de financiación obsoleto, que genera ciudadanos de primera y de segunda según su código postal”.
4.- La <-trampa-> de los Fondos Europeos.
Los españoles en mayoría nos preguntamos ¿por qué? hay dinero para poner paneles solares o digitalizar una PYME, pero no para arreglar las vías del tren, y, la respuesta es que esos fondos europeos tienen un uso finalista, de forma, que los fondos NextGenerationEU son para transformar, no para mantener, así que, no se pueden usar para pagar nóminas de médicos o baches en la calzada. Se trata de dinero “etiquetado” que, si no se gasta en lo que dice Bruselas, hay que devolverlo.
<<La radiografía de una dependencia pública>>
A día de hoy, España presenta una cifra que debería hacernos reflexionar, porque 17,3 millones de personas reciben su ingreso principal de un “cheque público” (pensionistas, funcionarios y beneficiarios de prestaciones).
<<Desglose del Censo de Empleados Públicos (Proyección 2026)>>
Administración
Empleados (Aprox.)
Competencias Clave
CC.AA.
1.862.000
Sanidad, Educación, Dependencia
Adm. Local
577.000
Servicios básicos, Urbanismo
Estado (AGE)
533.000
Ministerios, AEAT, Seguridad Social
Seguridad/Justicia
150.000
Policía, Jueces, Fiscales
TOTAL
3.640.000
Coste: 190.000 M.eur.
(Nota. Lo expuesto son datos oficiales, ya que, la cifra real es un misterio insondable, ya que, por ejemplo, la cifra real de empleados públicos en ayuntamientos, diputaciones y CC.AA. es un misterio profundo, de forma, que si alguien lo duda, no tiene más que mirar a su ayuntamiento para ver que su personal crece día a día, y, eso sin contar las contrataciones externas a través de empresas subcontratistas y personal de contratación externa.
<< La Paradoja. – (El dinero no se ve).
1.- Existe un evidente rigidez presupuestaria, porque el 60% del presupuesto está comprometido en nóminas, pensiones e intereses antes de que se levante la persiana cada 1 de enero.
2.- La inflación tiene un doble sentido, porque siendo cierto que el Estado recauda más por el IVA (precios caros), también es verdad que, por ejemplo, compra más caro el material sanitario y la energía.
<<Propuestas innovadoras – (Superando un parche)>>
No basta con diagnosticar, ya que, como sociedad civil activa, debemos exigir cambios estructurales, así:
<-Presupuestos de <-base cero->, de forma, que hay que dejar de prorrogar cuentas y debemos exigir que cada ministerio justifique cada euro desde cero cada año, eliminando todos los gastos superfluos que se arrastran por inercia.
<-Hay que exigir una auditoría de eficiencia a la AIReF, ya que, no se trata, solo fiscalizar si el dinero se gastó legalmente, sino si logró su objetivo (Ej. ¿Bajó la lista de espera con el aumento del presupuesto?).
<-Hay que digitalizar la trazabilidad, través, de un portal de transparencia real donde el ciudadano pueda ver, en tiempo real, en qué fase de ejecución se encuentra cada partida de los Fondos Europeos.
<-Es imprescindible llevar a cabo una reforma del Estatuto del Empleado Público, incentivando la productividad y la movilidad funcional para que los recursos humanos estén donde realmente se necesitan (menos ventanilla, más atención directa, porque tanta cita previa por ejemplo es un disparate).
**En conclusión: “Es un hecho patente y comprobado, que el dinero público en España no se pierde en un limbo, sino que se consume en sostener un sistema pesado, envejecido y con una deuda heredada. Si queremos que el dinero “se vea”, hay que pasar de una administración de “trámite” a una de <-resultados->.
N.B. El dinero público parece desaparecido, pero sobre todo está inexplicado.
Es un hecho patente, que en España tenemos una burocracia de hierro, de manera, que la endogamia de la administración a todos los niveles frena cualquier ejecución efectiva y, por supuesto, cualquier inversión en mantenimiento de las infraestructuras.
