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Recuperación – seguridad jurídica (confianza – igualdad – legalidad = libertad)

Dejando a un lado otras cuestiones políticas, económicas y sociales, como pueden ser:-la recepción y distribución justa de los Fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia U. E.-, -los desequilibrios entre CC. AA.-, -la división de poderes del Estado-, -la independencia efectiva del poder judicial-, y, otros asuntos de enorme interés para los españoles; sin duda, la recuperación económica y social exige un ordenamiento jurídico estable y trasparente, que proteja a las empresas, inversores y ciudadanos contra cualquier despropósito legal o desafuero del poder político.

La ruptura de la seguridad jurídica origina incertidumbre y promueve inestabilidad. Sin embargo, no hay que confundirse, ya que, existen una serie de principios que nunca se deben superar buscando seguridad, porque cualquier sociedad que renuncie a una libertad esencial para ganar un poco de seguridad, no merece ni libertad ni seguridad -B. Franklin-.

En España la seguridad jurídica debe partir de la C. E., que en su artículo 9.3 garantiza la misma, significando la unión de certeza y legalidad, jerarquía normativa, irretroactividad de lo no favorable e interdicción de la arbitrariedad, sumando equilibradamente todos estos principios.

La superioridad de la seguridad jurídica es la base de nuestro Estado de Derecho, alcanzando a todos los poderes del Estado, incluido el poder legislativo, lo que implica, si o si, que, -el legislador debe perseguir la claridad, debe procurar que todos los ciudadanos sepan sin error, que ley es aplicable, y, debe eliminar cualquier posible embrollo y/o ambigüedad en las leyes.

Dicho lo anterior, es evidente, que ninguna recuperación será posible sin que exista seguridad jurídica, que confiera confianza a los españoles y a todas aquellas personas físicas o jurídicas que quieran intervenir o instalarse en España.

Desgraciadamente en España, actualmente, reinan la desconfianza y la incertidumbre provocadas por la falta de seguridad jurídica, hecho que se está extendiendo como una mancha siniestra por el interior del País, y, por la esfera exterior, sin barreras de contención de tipo alguno. (Lo que está ocurriendo ahora en Europa con España y su justicia, es un ejemplo claro de lo que no debe ser)

Las políticas del Gobierno de España son el paradigma de la incertidumbre jurídica y de la inestabilidad normativa, de manera, que, si se quiere una recuperación social y económica sostenida, lo primero debe ser restaurar la seguridad jurídica, erradicando la arbitrariedad y la inestabilidad de la ley, sin olvidar, que hay que eliminar cualquier acto de los poderes públicos, que suponga una falta del respeto a la ley,

Si los poderes públicos no cumplen la Ley, empezando por el Gobierno de la Nación, de forma, que –se ataca al poder judicial-, –se legisla a golpe de R. D. L.-, –se hacen normas de hoy para mañana- (véase el asunto de las mascarillas), –se adoptan resoluciones contra ley y contra el poder judicial- (como los R. D. sobre los indultos a los independentistas catalanes, basados en una utilidad pública unilateral casi incomprensible); es evidente, que la desconfianza nacida de la incertidumbre derivada de una inseguridad jurídica manifiesta, se expandirá como una plaga maligna por el interior y por el exterior de España, llevándonos a una situación límite, que impedirá una recuperación acertada.

Es un hecho cierto, que en España los inversores -propios o ajenos- asisten: *a un estruendo político con elevación exponencial, *a unas noticias de cambios normativos inexplicadas, *a variaciones impositivas inconcretas pero ciertas, *a desequilibrios fiscales por territorios, *etc., y, sin duda, lo último que quiere un inversor o una empresa son sorpresas e inseguridades normativas, ya que, su planificación no es política sino económica; lo último para todos ellos, por ejemplo, es una sorpresa fiscal o una reforma laboral a la contra.

Sin seguridad jurídica no será posible una recuperación sostenida y viable en España.

N.B.  La seguridad jurídica genera confianza, que es la base de cualquier recuperación en libertad y armonía dentro de la Ley, que debe ser respetada por todos, especialmente, por los poderes públicos.

Todos los españoles queremos mayor libertad e independencia, pero para todos igual como dice la C. E. en su art. 14, porque, lo que es inadmisible, es que un andaluz tenga menos derechos y libertades que un catalán, por el simple hecho del uso de la fuerza contra la ley, de manera, que, si ese argumento perverso funciona a favor de los que infringen la norma de todos, el desajuste acabará en desastre.

La arbitrariedad en el ejercicio del poder es lo contrario al estado de derecho en una democracia plena, ya que, en ella solo cabe exigir el cumplimiento de la Ley.

Cuando el poder gobernante viola el principio de legalidad, la seguridad jurídica desaparece, y, se producen efectos malévolos en nuestras libertades fundamentales, de forma, que el orden político y la paz social consagrados en la C. E. de deshacen.

Córdoba, a 25 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Una cuestión de libertad (economía – recuperación – prohibir)

Se habla en todos sitios sobre las mascarillas obligatorias al aire libre, de manera, que los expertos gubernamentales como el Sr. Simón nos informan, como siempre, llevándonos a la incertidumbre más absoluta, diciendo –sí pero no, aunque acaso si para después-.

Es un hecho constatado, que nada satisface más a los políticos liberticidas que prohibir, de forma, que les da igual, siempre encuentran una posibilidad de secuestrar la libertad.

Parece, que “el prohibir” tiene algo que ver con el respeto de las naciones a los derechos y libertades fundamentales, ya que,  en Europa la mascarilla en países como Alemania, Noruega, Finlandia o Suecia nunca ha sido obligatoria en el exterior (Bélgica también ha eliminado el uso obligatorio), en cambio, Portugal, Italia, Grecia y España son de las únicas naciones europeas que exigen mascarilla al aire libre, que debe ser por -nuestra seguridad- y, porque una parte decisiva de nuestro PIB depende del sector servicios, de manera, que hay que aprovecharse para prohibir.

En España se publicó en el BOE la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya en vigor, que dispone en su artículo 6. el uso obligatorio de mascarillas, así dice:

 << Las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarillas en los siguientes supuestos:

a). En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público.>>

El desafuero legal se implementó por una enmienda del PSOE en el Senado, que fue aceptada por todos los senadores, pues, es lo cierto, que ninguno puso objeción a la exorbitante prohibición. El Senado está compuesto por 265 miembros, de los que 208 son electos y 57 designados por los Parlamentos autonómicos, pues bien, ninguno se opuso ni manifestó nada en contra, razón por la que debemos admitir, que todos estaban de acuerdo con el desafuero contenido en la Ley, así que, todos con mascarillas, y, sin que nadie haya explicado nada, tal y como viene siendo la forma autoritaria de gobernarnos a los españoles silentes y cautivos.

Lo único cierto, es que la Ley está en vigor y obliga a todos a su cumplimiento, aunque resulte un disparate prohibitivo.

Hay un dicho popular, que, a la Ley impagable precitada le -viene que ni pintado-, que dice: lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.

La frase es una manifestación del llamado principio de contradicción, que se podría formular, más o menos, así: es claro, que la misma cosa no dispondrá a la vez para hacer cosas contrarias en lo mismo y en relación al mismo objetivo. ​

Por otro lado, una ley que no es aceptada por el pueblo es de imposible cumplimiento, de forma, que se pide una información veraz en el asunto de las mascarillas, porque reina la incertidumbre más opaca, quizás, porque lo que se quiere,  es que no se cumpla su propia ley, pero con la estaca preparada para golpear en la protesta. A esto se le llama -seguridad jurídica-.

Es evidente, que ha quedado olvidado el eslogan pacifista de <<prohibido prohibir>>, que en estos tiempos de inseguridad jurídica y de falta de respeto a la ley por los poderes públicos, se formula a la inversa: <<prohibido no prohibir>>, aunque ahora, todo queda, además, en un silencio humillante para el pueblo soberano.

El secreto de las mascarillas obligatorias o -no- es una cuestión de libertad, que afecta a la economía, a la recuperación resiliente y a nuestros derechos y libertades constitucionales.

N. B.   El asunto de las mascarillas por ley siempre o -no-, con olvido del principio de contradicción expuesto y del prohibido prohibir, demuestra, que el dicho popular de que, lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible, es una realidad incuestionable, del que los poderes públicos podrían tomar nota, mientras tanto, la recuperación económica y social -en espera- para salir de la ruina, porque la obligación legal de los españoles mayores de seis años de llevar mascarillas no es importante, al ser solo -una cuestión de libertad-.

Lo más alarmante de todo es la incertidumbre, la inseguridad jurídica, la falta de respeto a la ley por los poderes públicos y la pérdida de libertades, que se han enquistado en España.

Córdoba, a 17 de junio de 2021

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Camelos y burlas – retroceso y efecto llamada (derecho a una información veraz y respeto a la Ley)

Un camelo es una noticia falsa, una simulación, un fingimiento y una apariencia engañosa, de manera, que es una burla dirigida a alguien con ánimo de atraerlo hacia una dirección fraudulenta.

Sin embargo, a veces ocurre, que el arma falsa tiene retroceso, que provoca un movimiento contrario al que espera el que dispara la burla colectiva. De esta manera, una noticia falsa con mucho retroceso se hace difícil de manejar, sobre todo si no va equipada con un apoyo suficiente para sostener el engaño y controlar sus efectos.

El Preámbulo de la Constitución (ahora que estamos en tiempos de preámbulos, que se dice, que no son normativos, pero que sin duda son esenciales para cualquier interpretación razonable de toda norma), dice:

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

Establecer una sociedad democrática avanzada, y

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.

*** Las noticias de cartas, balas y navajas, algo inadmisible en unas elecciones democráticas, así como, la forma de hacerse públicas, por todas sus circunstancias empiezan a tener retroceso, así:

* El misterio se cierne sobre Correos y su máximo responsable Juan Manuel Serrano, de conocido currículo al servicio de su partido y que ya ha emitido un comunicado confuso y difuso.

* Por un sino perverso y casual parece, que las tres cartas pasaron por un solo escáner a la vez, sin confundirse ni mezclarse con otros muchísimos sobres que pasan por Correos. 

* Así mismo, ¡ah los hados!, un solo empleado de la seguridad de Correos distraído, al parecer, no controló el escáner y el contenido de los sobres, que, por cierto, iban dirigidos a unas de las tres personar más vigiladas de España, lo que ya es mala suerte y, además, tenemos un responsable.

* Todos los sindicatos parece que no aceptan la versión del descuido del vigilante controlador, concluyendo, que, en su valiosa opinión, es imposible, que ocurra algo parecido, sobre todo cuando los sobres contenían objetos metálicos.

* Así mismo, parece que el Ministerio del Interior y su sistema de seguridad tampoco detectarón nada y los sobres llegaron a su destino. Las cartas de amenaza llegaron a la secretaria de Marlaska tras fallar la seguridad del Ministerio.

Parece que los jueces van a intervenir en el asunto y que alguien se va a personar en las diligencias penales, de forma, que ya lo queda, es que el poder judicial actúe con rapidez y esclarezca el asunto, ya que, aquí todos nos jugamos mucho, especialmente la libertad.

* Cabrían muchas cosas más en este pequeño comentario, pero con lo expuesto es más que razonable.

(Nota. El remitente consignó el sobre con nombre apellidos y dirección, afín de que no hubiera duda de su procedencia y autoría.

Un poco de prudencia no vendría mal a todos, pero antes de todo, gracias a la policía por su rápida intervención, aunque queda claro, que el síndrome de la imitación (se llama efecto llamada) motiva comportamientos increíbles e indeseables, y, debe servir de ejemplo de lo que no puede ser).    

*** En cualquier proceso democrático verdadero, estas cosas sumamente turbias deben ser esclarecidas por completo y de inmediato, de manera, que se coja a los culpables y se depuren todas las responsabilidades.

En nuestro Estado Social y Democrático de Derecho no caben ni por asomo, estos camelos si lo son, y, si no lo son, sea cual sea la versión verdadera, hay que castigar a los culpables, sin exclusión alguna, ya que, la impunidad crea desafección de los ciudadanos en la justicia y en sus poderes públicos, además, si alguien tiene que pedir disculpas que las pida.

Con todos los asuntos problemáticos que tenemos sobre la mesa, es un insulto a los ciudadanos españoles, que ocurran estas cosas y, que, de una u otra forma se constituyan en la piedra angular de unas elecciones, que deben ser libres, pacíficas, transparentes y celebradas con el máximo respeto al estado de derecho.

El retroceso de esta trama estulta y necia debe perjudicar a sus responsables, y, aquí, el poder judicial no puede dejar pasar ni una, ya que, si llevamos tiempo hablando de la división de poderes y de la independencia de los jueces y tribunales, ahora, es un momento adecuado para demostrarnos a nosotros mismos, que estamos en un estado de derecho dónde se respeta la Ley, que es la base de nuestras libertades y derechos.

Los jueces han salido a defender su independencia con toda la razón de mundo, y, ahora, sin la menor duda, tienen una ocasión para demostrar a los españoles, ¿por qué? luchan por ser libres e independientes de cualquier poder. Lo contrario sería una actuación engañosa a los ciudadanos, vamos un camelo.

Para terminar, destacar algo que parece una verdad absoluta, aunque con trampa: Unos pocos, quizás demasiados, están convencidos que los españoles somos gilipollas, vamos necios o estúpidos.

La verdad es que están equivocados de principio a fin, de manera, que confunden la prudencia, la moderación y el buen juicio con la estulticia y la tontuna. El tiempo dirá, ¿quién tiene razón?

N.B.  Sin duda, los camelos y las burlas tienen retroceso, pero, curiosamente, se llevan en política dónde se dicen cosas terribles con total impunidad, aunque ya va siendo hora, que tengan retroceso para sus autores.

Si no se hace justicia en este turbio asunto, la desconfianza de los españoles en el estado de derecho aumentará, además, la división de poderes estará en entredicho, máxime, cuando ciertas actuaciones de los poderes públicos se sospechan realizadas en fraude de ley.

Por otro lado, se dice que el Poder Judicial se diluye en España, estando en serio peligro la división de poderes, razón por la que hay que devolver a los españoles la confianza en la justicia, de forma, que ahora tenemos una ocasión de oro, no cabiendo las excusas y, mucho menos, ponerse de perfil por parte de los jueces.

Defender la libertad y la democracia para todos siempre es bueno,de forma, que nada de amenazas, nada de pistolas, nada de navajas ynada de camelos, aunque si sería deseable mejorar una seguridad incompetente.

A pesar de lo que algunos demasiados creen, los españoles somos responsables, inteligentes y libres, de forma, que ahí tenemos la transición y la Constitución de 1978, como prueba irrefutable de su compromiso por la libertad y la convivencia pacífica.

Córdoba, a 28 de abril de 2021

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Seguridad Social – reforma – impuestos (camino equivocado)

La seguridad Social tiene un problema, conocido por todos, que consiste, en que no tiene dinero suficiente para hacer frente a todas sus obligaciones; dicho de otra forma, la S. S. tiene un “déficit estructural” tremendo, que viene de lejos y que se perpetuará en el tiempo, sino se adoptan medidas estructurales profundas, tanto en sus gastos como en sus ingresos.

Se parte de inicio de una base errónea, ya que se dice que las cotizaciones no son suficientes para cubrir las necesidades reales de todo el sistema y que, como se viene haciendo desde muchos años el Estado tiene que hacer transferencias y prestamos a la S. S.

El Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, que viene de la AIReF, creía, que tenía todas las soluciones en la mano, pero está claro, que una cosa es predicar y otra dar trigo. Ahora, lógicamente ha cambiado, de forma, que se ha vuelto más político que técnico y ya habla con lenguaje difuso, mientras se aparta de sus anteriores soluciones y propuestas.

Ahora, empieza a decir cosas ambiguas y de casi “guevón”, así, prevé la consolidación de la separación de fuentes y restablecimiento del equilibrio financiero, abogando por meter mano a la cotización por desempleo para pagar las pensiones, a la vez, que pide, que, las financiaciones de los incentivos al empleo no puedan hacerse con cargo a las cotizaciones sociales. Su objetivo es mitigar el desequilibrio financiero del Sistema y liberar gastos impropios de la Seguridad Social, de manera, que propone cosas contradictorias, como estas:

*  la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social,

*  el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones,

*  el acercamiento de la edad real de jubilación a la edad legal,

*  el desarrollo de sistemas de previsión social complementarios.

* sacar del sistema financiero de la S. S. lo que llama “gastos impropios”, que pasarían a ser financiados con los Presupuestos Generales y salir del pasivo del Sistema.

Parto de la base, que el Sr. Ministro de S. S. Escrivá es una persona competente y bien intencionada, sin embargo, creo que comete un error de bulto y de configuración filosófica en sus propuestas, que conllevan a resultados equivocados, no solo a Él, sino también a todos los españoles, pues antes de predicar hay que tener claro de donde saldrá el trigo, así:

a).- Se debería determinar cuáles son las necesidades sociales que se quieren o pueden cubrir y cuál será su coste.

b).- Después, debemos saber de que dinero se va a disponer y de donde va a salir.

c).- Hablar como se hace ahora de gastos impropios y cosas parecidas, sinceramente, parece poco serio, ya que todo sale de los Presupuestos Generales del Estado y los ingresos, cualquiera que sea su origen, son los que son y no hay más.

d).- Los gastos son los que son y su límite viene determinado por los ingresos, aunque, no embarquemos en un déficit astronómico, que siempre tendrá un límite, que viene fijado por la quiebra del Estado.

e).- Diferenciar los ingresos entre cotizaciones e impuestos no lleva a ningún sitio claro, ya que, de una u otra forma todo son impuestos que pagan los ciudadanos.

f).- La deuda pública, se quiera admitir o no, tiene un límite determinado por la aceptación máxima de sus emisiones por el mercado nacional e internacional, no hay más.

g).- Los Fondos de Recuperación de la U. E. están fijados y llenos de condicionalidad, y, además, no se sabe cuándo se recibirán.

h).- El Ministro de S. S. solo hace propuestas abstractas y medidas inconcretas, olvidando siempre, fijar que ajustes va a realizar para cuadrar el déficit del sistema, que es el sistema de todos. Proponer que se retrasará la edad de jubilación puede ser una medida, pero, si a la vez se dice que la subida de las pensiones al IPC está asegurada, no vamos a ningún sitio, porque, el efecto es el mismo, como se ha dicho, de sacar el importe del desempleo, del SMV y otros “gastos impropios” de la S. S., traspasándolos a los PGE; es una solución neutra viéndola con benevolencia, pues el gasto total del Estado seguirá siendo el mismo.

Por todo lo dicho, es lo cierto, que la situación de ruina que tenemos es una realidad incuestionable, el paro está disparado triplicando la media de la U. E. y del resto de Europa, salvo algún país de la misma, la deuda pública está llegando a un límite prohibitivo, los gastos están creciendo de forma desordenada e incontrolada, la situación política es un disparate, el control de la pandemia esta fuera de cualquier medida asumible, y, así, se podría seguir hasta cansarnos, razones, por las que entiendo, que el M. de S. S. Escrivá está jugando a la ruleta rusa y ha olvidado lo que sostenía cuando estaba en la AIReF.

No hay solución posible, sin que se adopten medidas estructurales profundas, dejándonos de promesas vanas y abstractas, a la vez, que se proporciona a la sociedad civil información veraz completa y permanente, para conseguir la participación social en la toma de decisiones, que sean aceptadas por todos, haciendo la base de esta política el consenso, el acuerdo y la generosidad de todos los españoles sin exclusión en un fin común, y, siempre con respeto a nuestra Constitución y a sus derechos fundamentales consagrados y al resto de nuestras leyes, pues de otra forma, no habrá solución legítima y pacífica.

El Ministro Escrivá no tiene más remedio que explicar claramente a los españoles, qué medidas va a tomar, que ajustes habrá que realizar, y, cuando y como, pues decir, que las pensiones irán con el IPC, a parte de que ya se verá si es posible económicamente, es proporcionar a los españoles un entramado falso de proporciones bíblicas, ya que el gran hachazo a las pensiones vendrá con la reforma fiscal, en el IVA, IRPF, Tasa Google, Tasa Tobin, y, resto de medidas impositivas.

N.B.  En la reforma de la S. S. se ha tomado un camino equivocado, ya que como siempre, se formulan propuestas abstractas y vanas llenas de propaganda y mentiras incompletas (que es lo peor), dejando a los españoles en la ignorancia y sin que puedan participar y decidir sobre cualquier cosa por mínima que sea, ya que el poder público no tiene porque dar detalles de nada y mucho menos informar a los españoles.

Los españoles, en la reforma de la Seguridad Social (como en tantas otras cosas), estamos inmersos en la incertidumbre y en la desinformación como siempre, y, vamos ciegos abocados al desastre, ya que, sin información veraz completa e inmediata, sin seguridad jurídica, sin libertades y sin principios éticos, solo aparecerán conflictos sociales, cuando la realidad muestre toda su crudeza.

Córdoba, a 12 de octubre de 2020

Fdo. Enrique García Montoya

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

¿Dónde está nuestra libertad? (sobrerregulación, arbitrariedad e inseguridad jurídica)

**  El Profesor de Derecho Mercantil De la Cuesta Rute dice, que un Estado de Derecho no es verdadero,  si no  se “blinda la libertad”; e insiste en que no hay Estado de Derecho sin un entendimiento previo de la libertad. En su libro El derecho configura la política al servicio del hombre, plantea, además, el problema de la inseguridad jurídica en España y propone reforzar las cautelas a la hora de marcar el proceso de formación y producción de la ley, para frenar la arbitrariedad de los gobernantes y librar a los ciudadanos de la injusticia.

** El Índice de Calidad Institucional, elaborado anualmente por el profesor Martín Krause, puede servir como baremo para evaluar qué países brindan a sus ciudadanos un mayor grado de estabilidad política, seguridad jurídica y eficacia legal. España en dicho Índice ocupa el puesto 35 y obtiene una calificación de 76,1 puntos. Para su estudio el Profesor Martín Krause traza dos grandes categorías o bases de análisis: Una relacionada con las instituciones de mercado, considera informes como el Índice de Libertad Económica, el Índice de Facilidad para Hacer Negocios o el Índice de Competitividad Global. La otra basada en las instituciones políticas, toma como fuente: Índice de Percepción de la Corrupción, Índice de Libertad de Prensa, Indicadores Mundiales de Gobernanza, etc. En los últimos años, España ha pasado del entorno de los 82 puntos a caer a niveles de  76 puntos. En cuanto a las instituciones políticas, España figura en el número 38 de este subíndice, con una calificación de 77,7 puntos. En cuanto a las instituciones de mercado, España ocupa el puesto 38, con una calificación de 74,4 puntos.

 ** Finalmente, destacar que en España la libertad en todos sus aspectos, que se quieran considerar, ha sufrido una caída real por sobrerregulación (UE, Estado, CC.AA., y Ayuntamientos) y por la arbitrariedad  de los poderes públicos, que nos conducen hacia una mayor inseguridad jurídica día a día sin pausa. Todos los índices publicados marcan la misma dirección, pero debe quedar claro, que decir que las instituciones políticas se equivocan, no es entrar en populismos y radicalismos extremos, por el contrario una postura de defensa de la libertad real significando, que existen otras posibilidades para la sociedad y las personas diferentes de las tesis aplicadas e imperantes, que impulsan un populismo estéril, vano y dañino para la libertad, llevándonos a mayor regulación, arbitrariedad e inseguridad jurídica.

N.B. Si alguien lo pone en duda, que no se limite a despotricar sin razón, sino que ponga sobre la mesa medidas concretas en defensa de la libertad y la seguridad jurídica reales.

Córdoba, 17 de abril de 2017

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.