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Elecciones – Desde la calle – (Preocupaciones de los cordobeses – Desconexión de la clase política)

A menudo ocurre, que las métricas macroeconómicas y los grandes titulares de los telediarios se empeñan en pintar una realidad paralela que choca frontalmente con el pulso diario de la calle. De cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los sondeos oficiales y los barómetros de opinión pública suelen estructurar las inquietudes ciudadanas en torno a grandes bloques teóricos (vivienda, empleo, sanidad), sin embargo, cuando uno pisa los barrios de Córdoba, los comercios de la capital o los municipios de la provincia, el panorama se despliega con matices mucho más crudos, directos y alejados de la retórica de los partidos.

<<Las auténticas prioridades del votante cordobés – (Sin filtros oficiales)>>

Si dejamos a un lado los argumentarios de campaña y escuchamos el auténtico sentir de los ciudadanos, las preocupaciones reales que configuran el estado de ánimo en nuestra provincia se ordenan de otra manera:

1.- Empleo real, precariedad y sueldos estancados.

Aunque las estadísticas oficiales hablen de mínimos en las listas del paro, en la calle se percibe una realidad muy distinta:

“La de la temporalidad crónica, los contratos a tiempo parcial que impiden la emancipación y unos sueldos completamente asfixiados frente a la inflación y el coste de la vida”.

Para el trabajador de la pequeña empresa, la hostelería, el comercio o el sector agrario cordobés, la promesa económica de los partidos suena lejana, de forma, que se exige una revisión profunda del modelo productivo local para que trabajar deje de ser sinónimo de vulnerabilidad.

2.- La presión migratoria y la gestión de la integración.

Este es uno de los debates más vivos en los corrillos cotidianos y de los que mayor polarización genera. Por un lado, existe una gran inquietud por la saturación de los recursos sociales de acogida y la falta de control en los flujos migratorios (incluyendo el debate sobre los menores extranjeros). Por otro, se constata la paradoja de que sectores enteros de nuestra provincia -como la recogida de la aceituna o los trabajos de campaña en el campo- dependen estructuralmente de esa mano de obra extranjera, evidenciando un modelo de inserción mal resuelto por las administraciones.

3.- El abandono de nuestras infraestructuras y la despoblación.

La provincia sufre una clara fractura a dos velocidades, ya que, mientras la capital concentra los servicios, el norte (Los Pedroches, el Valle del Guadiato) y la Campiña sufren una sangría demográfica constante, falta de oportunidades, brecha digital y graves problemas de abastecimiento de agua en periodos de sequía. A esto se suma el profundo malestar por el deterioro de la red viaria y las deficiencias históricas en el transporte público, cercanías y conexiones ferroviarias, pasando todo, además, por una necesidad del aumento de la potencia eléctrica que paraliza el desarrollo de la Provincia.

4.- Desigualdades de género y brechas socioculturales.

En los pueblos y barrios de Córdoba se observa una dualidad compleja, ya que, frente a la total incorporación académica y laboral de las nuevas generaciones, *en determinados entornos rurales o comunidades persiste una brecha profunda de inactividad femenina y exclusión de los circuitos económicos formales*, exigiendo políticas de integración y empleo que vayan más allá del titular vacío.

<<La paradoja de la gestión local – (Cuando el centro-derecha contradice a sus votantes)>>

Un factor que genera enorme perpetuidad e indignación en el electorado cordobés de centro-derecha es la brecha entre los discursos de firmeza, austeridad y rigor fiscal frente a las decisiones reales de gobierno en las instituciones locales.

Es difícil de digerir que formaciones que gobiernan –como el PP en la Diputación de Córdoba y en el Ayuntamiento– apuesten por pactos de conveniencia presupuestaria con la izquierda, cediendo partidas para apertura de fosas, memoria democrática o subvenciones a entes públicos deficitarios, **al tiempo que suben las tasas de agua y basura (vía Epremasa, Sadeco o Emacsa) y aumentan el gasto público, ofreciendo a cambio rebajas fiscales meramente testimoniales**.

Los aparatos de los partidos pecan a menudo de soberbia, confiando en que el votante tiene “memoria corta”, sin embargo, esta falta de coherencia erosiona la credibilidad de la buena gestión y alimenta tres consecuencias claras de cara al 29-N:

**La fuga de votos hacia opciones a la derecha del PP (como Vox), utilizadas como enmienda a la totalidad para exigir coherencia ideológica y fiscal.

**La abstención silenciosa del votante fiel, desencantado al ver que sus convicciones y su bolsillo se descuidan desde las propias instituciones que ayudó a levantar.

**El desgaste de la marca de rigor económico, rompiendo el pacto de confianza entre el gobernante y el contribuyente.

<<El tablero político del 29-N – (Desgaste, Vox y el giro estratégico del PP)>>

Ante este caldo de cultivo, los sondeos y la calle reflejan un movimiento complejo de cara a las urnas:

1.- El avance de Vox: Se beneficia directamente de la decepción con el “institucionalismo” y el acomodo de los grandes partidos, capitalizando el discurso de la bajada real de impuestos, la seguridad y el control migratorio.

2.- La resistencia del PSOE: Pese a los frentes abiertos por los casos de corrupción, las polémicas en vivienda o la política exterior, el partido logra mantener un suelo electoral sólido gracias al “voto del miedo” ante la posible suma con Vox y el uso defensivo de la agenda social (pensiones, ayudas, etc,).

3.- El rearme de Génova: Ante la pérdida de terreno por su flanco derecho, la dirección nacional del PP -con Alberto Núñez Feijóo a la cabeza- ha optado por un giro más combativo y sin complejos, aupando a primeras líneas de trinchera a figuras como Isabel Díaz Ayuso o Cayetana Álvarez de Toledo para arrinconar al Ejecutivo y conectar con la rabia e indignación acumulada en la calle.

En definitiva, los cordobeses acuden a la cita del 29 de noviembre con un fuerte componente de voto guiado por la economía real, el hartazgo ante el ruido político de Madrid y la exigencia de coherencia entre lo que se promete en campaña y lo que se vota en los despachos. La factura de la desconexión institucional, tarde o temprano, siempre llega a las urnas.

N.B. Imagen. Conceptual, crítica y directa que refleja visualmente esa brecha entre la realidad de los ciudadanos y la desconexión de los despachos políticos

Córdoba, 19 de octubre de 2026

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal del Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Inmigración – Formación e integración – (Requisitos imprescindibles de nuestro Estado del bienestar e igualdad real ante la ley)

Me preguntan un grupo de lectores del blog sobre la situación de integración del colectivo marroquí en Córdoba y sobre si existen o se están construyendo guetos de esas personas en la Ciudad de Córdoba y en algunos pueblos de la Provincia.

He desarrollado un análisis profundo, riguroso y completo para abordar uno de los problemas más complejos, espinosos y urgentes de nuestra realidad social y política actual:

“El equilibrio entre la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar, la igualdad ante la ley, las profundas brechas de integración (especialmente en el colectivo de mujeres marroquíes mayores de 45 años) y la necesidad de exigir una condicionalidad real basada en la formación y el esfuerzo cívico”.

He sintetizado y consolidado todo en una versión completa, estructurada, innovadora y lista para mis lectores, concretando los puntos clave, las cifras, el análisis territorial (con especial atención a Andalucía y Córdoba) con una propuesta final sobre la premisa de,

“Primero la formación y la integración, después las ayudas; y, cumplimiento estricto de los deberes constitucionales”.

El debate sobre la inmigración, la cohesión social y la sostenibilidad de los servicios públicos en España -y de manera muy particular en territorios como Andalucía y la provincia de Córdoba- ha dejado de ser una cuestión meramente económica para convertirse en un desafío estructural de primera magnitud.

***Los datos oficiales y la realidad diaria de nuestros barrios ponen de manifiesto una disfunción cada vez más evidente:

“El desequilibrio entre la titularidad de los derechos sociales del Estado del bienestar y la asunción real de los deberes cívicos, contributivos y de integración”.

1.- Pulso de los datos – (El fenómeno sénior y la brecha de género).

Recientes informes de empleo y registros oficiales revelan una tendencia llamativa y preocupante, concretamente, que se han disparado un 188% en cinco años los ciudadanos de origen marroquí mayores de 45 años que nunca han trabajado formalmente en España (inscritos en los servicios públicos de empleo como demandantes sin empleo anterior).

<-La brecha de género: Las mujeres procedentes de Marruecos concentran el 34,5% de todas las féminas extracomunitarias de ese mismo grupo de edad que jamás han cotizado en el sistema español. De hecho, dentro del total de inscritos marroquíes mayores de 45 años sin empleo previo, las mujeres representan una abrumadora mayoría cercana al 84%.

<-¿Qué significa “sin empleo anterior”?. Técnica y administrativamente, el SEPE o el SAE clasifican así a quienes se inscriben sin historial de cotización previa en España, aunque esto no siempre denota inactividad absoluta histórica, pero evidencia una desconexión total con el mercado laboral formal reglado, relegando a muchas de estas mujeres al ámbito doméstico no remunerado o a la economía sumergida.

<-El factor de la reagrupación familiar: Una parte sustancial de este colectivo accede a la residencia legal en edades maduras a través de la reagrupación familiar, de forma, que al llegar en una etapa avanzada de la vida, se enfrentan a barreras severas:

“Desconocimiento del idioma, brecha digital, escasa cualificación homologable y roles culturales tradicionales muy arraigados que limitan su salida al espacio público y laboral”.

2.- La realidad en Andalucía y Córdoba – (Convivencia o guetos paralelos).

Si ampliamos el foco a Andalucía y, más concretamente, a la provincia de Córdoba y su capital, la teoría de los informes oficiales choca de bruces con la realidad perceptible en las calles de barrios como el Distrito Sur, Las Palmeras o en municipios de fuerte raigambre agrícola (como Lucena, Puente Genil o Palma del Río).

Mientras que los varones de este grupo sénior logran una inserción estacional más rápida en el sector primario (campañas agrícolas y peonadas del olivar), las mujeres mayores de 45 años permanecen en una profunda invisibilidad social.

***Frente a los análisis amables que niegan la existencia de fracturas territoriales, la observación directa del día a día en los barrios muestra dinámicas preocupantes:

1.- Guetos residenciales y vida endogámica: La segmentación por nivel de rentas genera concentraciones de población en calles y bloques específicos.

Cuando la barrera cultural y lingüística se prolonga, el grupo se repliega sobre sí mismo:

“Comercio endogámico, ocio en espacios propios y una desconexión casi absoluta con el vecindario autóctono”.

2.- El fantasma de la fractura europea: Muchos ciudadanos observan con inquietud que estamos replicando los errores de modelos fallidos en países de nuestro entorno (como las banlieues francesas). La duda razonable de gran parte de la sociedad es si nos estamos acercando a un punto de no retorno en la pérdida de cohesión social, con el referente cercano de las tensiones estructurales que ya se vivencian en ciudades autónomas como Ceuta.

3.- El gran dilema – (Derechos adquiridos frente a deberes contributivos).

El malestar social no surge de la llegada de población extranjera en sí, sino de la asimetría en la reciprocidad del Estado del bienestar.

Nuestro sistema de protección social se sustenta en un pacto intergeneracional e interritorial:

“Quienes pueden trabajan, cotizan y pagan impuestos para sostener los servicios públicos (sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas) bajo el principio de que todos contribuyen en la medida de sus posibilidades”.

**Sin embargo, se percibe una quiebra de este principio cuando:

*Se accede a subvenciones, rentas mínimas de inserción o ayudas sociales municipales autonómicas utilizando la mera inscripción administrativa en las oficinas de empleo como un trámite formal, sin que vaya acompañado de una búsqueda activa real o de una contraprestación tributaria previa.

*Se asimilan con rapidez los derechos y prestaciones del Estado del bienestar, pero se descuidan o ignoran los deberes cívicos básicos:

“Aprendizaje de la lengua oficial, respeto estricto a la igualdad de género que consagra nuestra Constitución, y participación activa en los valores de la convivencia común”.

4.- Una propuesta de futuro – (Primero la formación y la integración, después las ayudas).

Ante un escenario donde la simple dureza normativa sin soluciones prácticas es estéril, y la permisividad conduce al aislamiento, la respuesta debe basarse en un principio de condicionalidad estricta y exigencia ciudadana.

<-Para proteger nuestro Estado del Bienestar y garantizar una igualdad real ante la ley, el modelo debe articularse sobre tres ejes inquebrantables:

1.- Itinerarios obligatorios de capacitación: Ninguna ayuda o subsidio no contributivo debe otorgarse como punto de partida automático. El acceso a la asistencia pública debe estar supeditado a la matriculación y aprovechamiento de itinerarios formativos vinculados: aprendizaje obligatorio del castellano, conocimiento del marco constitucional y los derechos de igualdad, y cursos de recualificación profesional.

2.- Corresponsabilidad y trabajos de utilidad social: Quien resida legalmente en nuestro país tiene la obligación de demostrar una voluntad activa de integración y colaboración en el sostenimiento y respeto de la comunidad (por ejemplo, mediante trabajos de beneficio comunitario o participación en programas de inserción).

3.- Sanción, retirada de ayudas y expulsión: La regla debe ser clara y transparente. El que no quiera formarse, rechace activamente los cauces de integración o muestre un rechazo frontal a las normas de convivencia democrática, debe perder el derecho a cualquier tipo de ayuda pública y, en última instancia, afrontar la pérdida de su permiso de residencia y su consiguiente expulsión del territorio nacional.

<<Conclusión>>

La integración no es un acto de caridad ni una opción voluntaria, sino que es una exigencia innegociable de supervivencia para nuestra democracia y nuestro Estado del bienestar. Si queremos preservar una sociedad cohesionada, segura y basada en la igualdad real ante la ley, es urgente pasar de la gestión del parche coyuntural a una política de Estado firme:

“Primero la formación, el respeto a las leyes y la integración real; después, y, como contraprestación al esfuerzo, la solidaridad del sistema”.

N. B. Imagen. Formación e integración – (requisitos imprescindibles de nuestro Estado del bienestar e igualdad real ante la ley).

Córdoba, 14 de octubre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exconcejal  Ayuntamiento y Exdiputado provincial de Córdoba.

Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

Córdoba – Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

El discurso económico oficial sostiene con optimismo que la economía de España “va como un cohete”. Las cifras macroeconómicas a menudo avalan esta narrativa: “El Producto Interior Bruto (PIB) crece por encima de la media europea, el turismo rompe récords históricos y las cifras de exportación muestran una indudable resiliencia”, sin embargo, al descender de las alturas macroeconómicas a la economía doméstica, se revela un abismo insondable frente a la percepción diaria de los ciudadanos.

<<La realidad crítica – (colapso del bienestar básico)>>

Más allá de la incomodidad, nos enfrentamos a una realidad crítica: “El trabajo ha dejado de ser un escudo garantizado contra la pobreza. Históricamente, un salario a jornada completa aseguraba la cobertura de las necesidades básicas y cierta capacidad de ahorro, pero hoy la inflación asimétrica –aquella que se ceba desproporcionadamente con la alimentación, la energía y la vivienda– está desmantelando las bases del bienestar material.

No estamos ante una simple fluctuación del mercado, sino ante una erosión estructural del nivel de vida. Cuando un ciudadano debe elegir entre encender la calefacción, asumir la subida del alquiler o comprar aceite de oliva, el marco normativo y las políticas públicas están fracasando en su deber primordial:

“Garantizar la dignidad de la persona”.

<<Córdoba – (Brecha abisal en crecimiemto)>>

Esta desconexión entre el triunfalismo estadístico y la vulnerabilidad financiera se siente con especial dureza en Córdoba, ya que, a pesar de su innegable atractivo turístico y su motor patrimonial, la provincia arrastra debilidades que amplifican la presión sobre el ciudadano:

*La paradoja agrícola: Mientras la provincia es una potencia en la producción de bienes esenciales como el aceite de oliva, el agricultor cordobés sufre por los altos costes de producción y la sequía, al tiempo que el consumidor local paga precios prohibitivos en el supermercado. La riqueza generada en el campo no se traduce en alivio para la ciudad.

*Estructura laboral y salarial: Córdoba lidia con una fuerte dependencia del sector servicios y la hostelería, áreas donde la temporalidad y los salarios ajustados dejan un margen de maniobra nulo frente a la subida del coste de la vida.

*La presión sobre la vivienda: La transformación del centro histórico para absorber el auge turístico desplaza a la población trabajadora hacia la periferia, donde el encarecimiento de la vida ahoga igualmente los presupuestos familiares.

<<Propuestas  – (el parche a la protección estructural)>>

Para cerrar la brecha entre el “cohete” macroeconómico y la asfixia ciudadana, es imperativo abandonar las medidas paliativas temporales y adoptar políticas públicas que ofrezcan una verdadera seguridad jurídica frente a la especulación y la pérdida de poder adquisitivo:

1.- Auditoría y rigor en la Ley de la Cadena Alimentaria: Es urgente una intervención más estricta sobre la formación de precios. La legislación debe garantizar no solo que el productor primario (fundamental en Córdoba) no venda a pérdidas, sino aplicar mecanismos antimonopolio y de transparencia que impidan a los grandes distribuidores engrosar sus márgenes de beneficio a costa del consumidor final.

2.- Blindaje legal del poder adquisitivo: Más allá de las subidas puntuales del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), es necesario fortalecer la negociación colectiva y establecer mecanismos de indexación salarial que respondan al IPC de los productos básicos, impidiendo que la devaluación salarial sea la vía de escape de las crisis.

3.- Intervención estructural en el mercado de la vivienda: La vivienda no puede ser tratada exclusivamente como un bien de inversión. Se requiere un desarrollo urgente y masivo de un parque público de vivienda en alquiler social, acompañado de un marco regulatorio que frene la especulación y limite el impacto de los pisos turísticos en zonas tensionadas.

4.- Fiscalidad quirúrgica y adaptativa: Las bajadas del IVA en alimentos deben consolidarse, pero acompañadas de un sistema fiscal que alivie la carga sobre las rentas del trabajo más bajas y graves los beneficios extraordinarios de aquellos sectores (energético, bancario, grandes superficies) que han capitalizado la crisis inflacionaria.

<<El verdadero indicador del éxito>>

Una economía no puede considerarse un éxito rotundo si una gran parte de la población siente que está perdiendo calidad de vida. El verdadero progreso no se mide en la velocidad del despegue de las cifras macroeconómicas, sino en la solidez del suelo sobre el que pisan los ciudadanos. Si el marco normativo no protege la cesta de la compra, el cohete vuela vacío.

N.B. Imagen. Un espejismo – Un cohete – (La distancia real entre la macroeconomía y la cesta de la compra)

(Nota. Córdoba – Un cohete vs. Una cesta menguante. Desde el año 2021 la explosión del IPC sobre el bolsillo de los ciudadanos alcanza el 24%, según los datos oficiales, aunque los datos reales son una catástrofe al bolsillo de los ciudadanos.

Además existen facturas soterradas de la inflación: **Una es la actualización de las pensiones al IPC; y, otras  **todas las partidas presupuestarias que contemplan la inflación para actualizarse (como el sueldo de los funcionarios, el IMV, etc. etc.).

Córdoba, 18de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado. ICA-Córdoba. – Inspector de Trabajo y Seguridad Social.

Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.

II. Tasa Turística – (La coartada de la incompetencia fiscal y la vía del valor)

Existe un síntoma inequívoco de impotencia y fracaso en la gestión pública:

“Cuando una administración es incapaz de resolver un problema estructural, crea un nuevo impuesto”.

La creciente presión de diversas corporaciones locales para implantar la llamada “tasa turística” en destinos como Córdoba o el conjunto de Andalucía no responde a una visión estratégica de futuro, sino a un atajo recaudatorio. Pretender amortiguar la saturación urbana o financiar servicios básicos castigando la estancia del visitante es un error estratégico de calado y un peaje al desarrollo económico.

El problema de fondo no reside en el turista ni en el volumen de llegadas, ya que, **la clave** está en la incapacidad institucional para capturar e internalizar el valor real que genera la actividad turística, prefiriendo el castigo fiscal antes que la gestión inteligente del territorio.

1.- El mito tributario – (Anatomía de una mala solución).

La narrativa oficial disfraza el canon municipal bajo el principio de «quien contamina, paga», prometiendo ingresos finalistas para limpiar calles o restaurar el patrimonio; sin embargo, el análisis jurídico y económico desmonta esta falacia en tres frentes:

*Erosión de la renta y desplazamiento del gasto: El presupuesto del viajero en destino es finito. La fricción impositiva en la recepción del hotel no desincentiva el viaje, pero sí cercena la capacidad de consumo local. El dinero pagado como tasa municipal es liquidez que se resta directamente del comercio de cercanía, las tabernas tradicionales, la artesanía y los guías oficiales.

*El sumidero del gasto corriente: La experiencia en fiscalidad municipal demuestra que los tributos teóricamente “finalistas” terminan diluyéndose en las tesorerías generales para cubrir agujeros de gasto corriente estructural. Sumar este gravamen al incremento desmedido en las tasas de basuras, agua y revisiones catastrales configura una asfixia fiscal injustificada para el sector y el ciudadano.

*Incentivo a la economía informal: La recaudación recae de forma exclusiva sobre el alojamiento reglado, hiperregulado y transparente, de forma, que esta asimetría penaliza al empresario comprometido y actúa como un subsidio indirecto para la vivienda turística no regulada y la economía sumergida, inmunes al control fiscal de los ayuntamientos.

2.- Matriz de impacto – (Enfoque recaudatorio vs. Estrategia de alto valor).

DimensiónEnfoque Recaudatorio Tradicional (Tasa)Estrategia de Alto Valor y Competitividad
Financiación PúblicaGravamen finalista que termina absorbido por el gasto corriente municipal.Reasignación participativa de tributos existentes (IVA/IAE) vinculada a KPIs de calidad.
Comportamiento del MercadoPérdida de competitividad frente a destinos exentos y penalización del turismo regional.Estímulo al consumo directo en la cadena de valor y aumento del gasto medio por estancia.
Estructura del SectorCastigo asimétrico al sector reglado (hoteles) y fomento de la oferta informal opaca.Incentivos fiscales al alojamiento de excelencia, empleo estable y proveedores locales.

3.- Sustituir el volumen por el criterio del valor añadido.

Medir el éxito turístico contando cabezas es un parámetro obsoleto. España, Andalucía y Córdoba no deben caer en la trampa del rancio discurso turismofóbico ni en la autocomplacencia de los récords cuantitativos, ya que, el verdadero reto exige transformar la gestión:

1.- Desconcentración y desestacionalización real: Conectar los flujos del núcleo urbano con la provincia y la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza fuera de los meses punta.

2.- Medición del impacto retenido: Celebrar la subida de la tarifa media por habitación, la extensión de la estancia media y el crecimiento del gasto en destino por encima del mero número de llegadas.

3.- Seguridad jurídica y regulación eficaz: Quienes generan riqueza y empleo de calidad necesitan certidumbre y simplificación administrativa, no nuevos boletines oficiales cargados de voracidad fiscal.

4.- Propuesta innovadora – El “sello de circularidad y retorno turístico” (Mecanismo CRT).

En lugar de imponer un peaje punitivo que penaliza al viajero y alimenta la burocracia municipal, se propone sustituir la tasa turística por un Modelo de Circularidad y Retorno Turístico (CRT) articulado en tres ejes:

<-El bono de reversión en comercio local (Net Tax Zero): Si una corporación municipal exige una aportación al visitante, el 100% de ese importe debe ser devuelto al turista de forma digital en un documento o ticket de consumo local. Este bono solo podrá ser redimido en establecimientos adheridos de la ciudad (comercio tradicional, museos, artesanía y restauración). De este modo, la carga fiscal neta para el visitante comprometido es cero, y se garantiza que el recurso financiero vaya directamente al tejido productivo local, nunca a la caja única municipal.

<-Incentivo por calidad y empleo estable: Transfórmese el debate tributario en una exención para los alojamientos que acrediten convenios colectivos de calidad, contratos indefinidos y compras de cercanía superiores al 60%.

La fiscalidad debe utilizarse para premiar la excelencia, no para igualar por abajo.

<-Reclamación del IVA turístico municipal: Exigir a la administración autonómica y estatal la cesión de una fracción del IVA e IAE que la actividad turística ya genera en la ciudad.

Los ayuntamientos deben financiarse mediante la participación en los impuestos existentes que produce el sector, condicionado a objetivos de regeneración urbana, en lugar de duplicar la presión fiscal sobre el usuario final.

Penalizar al sector turístico con nuevas figuras impositivas es declarar la quiebra de la gestión pública. La auténtica ambición de un destino de primer nivel no consiste en cobrar un peaje por entrar, sino en desplegar la inteligencia estratégica necesaria para que cada visitante incremente el valor de lo que encuentra y multiplique el bienestar de la comunidad que lo acoge.

N. B.  Imagen. Tasa Turística- Otro impuesto más.

(Nota. La Tasa Turística es un gravamen contrario a la prosperidad, que solo imponen regímenes radicales de izquierda, de forma, que si el Ayuntamiento de Córdoba crea esa Tasa se estará pegando un tiro en el pie.).

Córdoba, 2 de septiembre de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía

FRACTURA SOCIAL EN ESPAÑA Y CÓRDOBA VS. (FRACTURA DE ÉLITES)

Algunos de los lectores del blog me preguntan, ¿si es cierto que existe en España una factura social?. Así que intentaremos explicar que fractura es la que se ha establecido en España y por qué.

1.- Consideraciones previas y objeto de análisis.

Se trata de analizar, con el máximo rigor procesal y sustantivo, la posible existencia de una “fractura social real” en España, así, que se efectuaremos un triple desglose de líneas de ataque (formales, de fondo y probatorias) evaluando sus riesgos intrínsecos y ponderando su probabilidad de éxito, a la vez, que formulamos una tesis  rompedora e innovadora.

***Tesis central:

“*Los ataques desde el Gobierno al Rey Felipe VI y a la Corona, *el incumplimiento del deber de lealtad constitucional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez y *la superación de los límites formales mediante “caminos inconstitucionales” están produciendo una fractura social real e irreversible que la Constitución de 1978 logró evitar”.

2.- Estrategia – (Líneas de ataque, evaluación de riesgos y prevalencia).

***Se contrapone *la polarización política con *la articulación democrática, y, se formulan las líneas de ataque en un escenario de impugnación formal o recurso de inconstitucionalidad/amparo institucional.

A.- Categorización de líneas de ataque.

1.- Flanco formal – (ataque procesal y procedimental).

<-Sub-línea F1 – (Falta de legitimación / Indeterminación del acto impugnable): Atacar que la “fractura social” o el “discurso político” no constituyen actos jurídicos manifestados mediante disposiciones, resoluciones o actos definitivos susceptibles de recurso directo de inconstitucionalidad (Art. 27 LOTC).

<-Sub-línea F2 – (Invasión de la reserva de reforma constitucional Art. 168 CE vía mutación constitucional de hecho): Impugnar formalmente el uso reiterado del Real Decreto-Ley y Proposiciones de Ley parlamentarias para eludir los informes preceptivos del Consejo de Estado y del CGPJ en leyes de calado estructural (ej. Amnistía).

2.- Flanco de fondo – (ataque sustantivo y dogmático).

<-Sub-línea S1 – (Vulneración del principio de lealtad institucional y neutralidad del Rey – Art. 56 CE): Sostener que la omisión de defensa del Monarca o el cuestionamiento de la Corona por Ministros del Gobierno vulnera el núcleo dogmático de la Monarquía Parlamentaria y la irresponsabilidad política del Rey.

<-Sub-línea S2 – (Inexistencia de democracia militante y exclusividad del filtro del TC): Argumentar que, bajo la jurisprudencia constitucional firme (STC 42/2014, STC 31/2010), el sistema español permite la crítica radical a cualquier institución si no hay quebrantamiento expreso del ordenamiento normativo sancionado por el TC.

3.- Flanco probatorio – (ataque fáctico).

<-Sub-línea P1 – (Ausencia de indicadores objetivos de quiebra de la paz social): Exhibir datos macroeconómicos, índices de criminalidad, cohesión laboral e integración para demostrar la inexistencia de un colapso del tejido civil.

<-Sub-línea P2 – (Inconsistencia probatoria del sesgo identitario y afección a Córdoba): Demostrar mediante encuestas socio-políticas que la tensión discursiva no se traduce en ruptura de la convivencia vecinal o gremial a nivel local.

B.- Evaluación de riesgos y ordenación de mayor a menor probabilidad de éxito.

*Orden – *Línea de ataque.

1º. Inadmisibilidad por falta de acto objeto de control (F1).

2º. Inexistencia de cláusula de intangibilidad / No democracia militante (S2).

3º. Insuficiencia probatoria de ruptura de paz civil (P1)

4ª. Fraude de ley procedimental / Elusión del art. 168 CE (F2).

5º. Quiebra del principio sustantivo de lealtad a la Corona (S1).

*Tipo.  1º. Formal. 2º. Fondo. 3º. Probatoria. 4º. Formal. 5º. Fondo.

*Viabilidad / éxito. 1º. MUY ALTA (90%). 2º. ALTA (80%). 3º. ALTA (75%). 4º. MEDIA (50%). 5º. BAJA (30%).

*Riesgo procesal / táctico.

1º. Bajo: Imposible fundamentar recurso directo contra meras dinámicas político discursivas o intenciones. 2º. Medio: Doctrina del TC consolidada que ampara debates sobre la forma de Estado si el cauce es parlamentario. 3º. Bajo: Los indicadores de paz social y normalidad operativa institucional contradicen la “ruptura”. 4º. Alto: El TC tiende a validar la libertad de configuración parlamentaria si se respetan las mayorías formales. 5º. Muy Alto: Entra en el terreno de la ‘ética institucional’, difícilmente exigible en sede de estricto ius positivismo.

3.- Tesis original, innovadora y crítica.

(Se fusiona el rigor dogmático, la sociología crítica y la réplica al planteamiento de la tesis)

<-La ilusión de la fractura civil frente al colapso de la ética constitucional.

 El debate sobre la coexistencia en la España contemporánea ha quedado atrapado en una falsa dicotomía: *La complacencia del procedimentalismo vacuo* o *el catastrofismo de la ruptura social.

**Un análisis crítico exige superar la falacia de que existe una lucha cainita en las calles y situar el diagnóstico en su verdadero epicentro:

“La mutación institucional por vaciamiento de la lealtad de las élites”.

Mientras que la sociedad civil opera en un régimen de pragmática normalidad socioeconómica -sostenida por redes de solidaridad familiar y cotorras de interacción cotidiana-, *la clase política dirigente ha inaugurado un modelo de “polarización extractiva”.

*No hay fractura social en el tejido ciudadano, ya que, lo que presenciamos es la ruptura deliberada del pacto no escrito de 1978 por parte del Poder Ejecutivo para garantizar la persistencia del poder formal.

Al desmantelar la función arbitral de la Jefatura del Estado mediante el silencio sistemático o la crítica instrumentalizada de socios de gobierno, no se está permitiendo la “expresión del pluralismo”, sino desgastando la autoritas de la única institución diseñada para amortiguar el choque entre bloques.

La trampa procedimental del presente régimen radica en asumir que todo lo que no esté explícitamente prohibido por una mayoría coyuntural es constitucionalmente legítimo. Esta visión hiperpositivista transforma la Carta Magna en un mero reglamento de juego sustituible, anulando su condición de norma rectora e identidad de concordia.

4.- La fractura social en España con especial consideración de Córdoba.

I. La naturaleza real de la crispación – (Fractura institucional vs. Cohesión social.)

Desde un análisis empírico e institucional se puede aseverar que en España no existe una “fractura social” en términos de secesión civil, segregación comunitaria o violencia política en el espacio público, ya que, lo que experimenta la Nación es una “Fractura de las Élites” – (Crispación de Superestructura).

*La brecha afectiva instrumental:La hostilidad entre bloques no brota espontáneamente de la ciudadanía, sino que es teledirigida desde las plataformas parlamentarias y mediáticas mediante la retórica del “muro”, convirtiendo la discrepancia ideológica en un conflicto moral irreconciliable.

*El vaciamiento de la concordia del 78: La degradación del espíritu constitucional no radica en la presencia de fuerzas independentistas o republicanas en las Cortes -rasgo propio del pluralismo-, sino en *la asunción por parte del Gobierno central de la agenda de impugnación de la Corona como peaje de gobernabilidad*.

II. Córdoba – (Una sociedad amortiguadora).

Quizás, si se analiza el problema de la polarización con la mirada puesta en Córdoba se puede ofrecer  una perspectiva imprescindible para *desmitificar la tesis de la fractura social generalizada y *comprender el verdadero impacto de la crisis de lealtad institucional:

1.- La inmunidad del tejido social y la cultura de concordia: Córdoba, por su poso histórico y estructura sociológica, actúa como un potente amortiguador de la crispación del debate madrileño. Las dinámicas de convivencia en la capital y en la provincia (Vega del Guadalquivir, Subbética, Valle de los Pedroches) muestran una cohesión comunitaria inalterada donde las discrepancias políticas no destruyen la articulación social, familiar ni la asociativa.

2.- Fractura socioeconómica vs. Fractura identitaria: El verdadero reto social en Córdoba no es la división dinástica o constitucional, sino la brecha de desigualdad estructural. La coexistencia de barrios entre los de menor renta de España (como las Zonas necesitadas de transformación social en el Distrito Sur o Las Palmeras) con áreas de alto desarrollo, representa una fractura de oportunidades real que el debate político de bloques invisibiliza.

3.- El ámbito laboral: En el fuero del Derecho del Trabajo y las relaciones laborales cordobesas, la concertación entre patronal y sindicatos ha demostrado una madurez superior a la del ámbito político nacional, porque  *no existe un conflicto de clase asimétrico o polarizado*, *sino una constante búsqueda de acuerdos que garantiza la paz social laboral a pesar de las presiones normativas del Ejecutivo*.

4.- Impacto municipal y lealtad institucional: A nivel municipal y capitular, la política cordobesa mantiene canales de diálogo y respeto institucional entre el Gobierno local y la oposición que contrastan frontalmente con la dialéctica de “muros” del Congreso de los Diputados. La figura del servidor público e inspector en la provincia atestigua que la Administración intenta  funcionar siempre con objetividad (art. 103 CE) al margen de las tormentas retóricas.

III. Conclusiones y propuesta.

1.-  Ilegalidad sustantiva de la tesis de ruptura en Sede Judicial: Cualquier intento procesal de declarar la inconstitucionalidad global de la actuación del Ejecutivo por “fractura social” colapsará por motivos formales (F1) y de ortodoxia garantista (S2).

2.- Ruptura de la ética constitucional: Es un hecho más que razonable y probado, que la denuncia de que *el Ejecutivo está forzando los límites formales*, sustituyendo la “ética del consenso” por un “utilitarismo procedimental” que carcome la Monarquía Parlamentaria, es una certeza.

3.- Análisis de  Córdoba: Córdoba es la prueba fehaciente de que la España real se niega a fracturarse bajo las pautas de la España oficial.

La solución a la crispación pasa por restituir el principio de lealtad constitucional en la cúspide del Estado sin descuidar las verdaderas brechas socioeconómicas del territorio.

N.B. Imagen. Fractura social en España y Córdoba – vs. -(Fractura de élites) – Análisis crítico.

Córdoba, a 30 de agosto de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

 Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba