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Radiografía de Córdoba – (El paro baja y la gente se va)

Las cifras de empleo en Córdoba parecen, a primera vista, una buena noticia, porque la tasa de paro ha bajado. Los titulares oficiales lo celebran, aunque hay una pregunta importante, que nadie formula, concretamente:

¿el paro baja porque se crea empleo, o porque los cordobeses se están marchando?

La respuesta es la segunda, y eso, desgraciadamente, no es una recuperación, sino una hemorragia silenciosa.

<<El paro oficial vs. El paro real>>

La EPA del cuarto trimestre de 2025 sitúa el desempleo en Córdoba en el 17,04%, unas 65.300 personas y la verdad es que suena muy bien, pero podría sonar peor, porque el dato real del desempleo es bastante más grave.

**Hay principalmente dos grupos que quedan fuera de esa cifra y explican lo que decimos, así:

*Los fijos discontinuos: Es verdad, que tienen contrato, pero la realidad es que trabajan poco tiempo y, curiosamente, el SEPE no los cuenta como parados, pero nadie los ve.

*El paro invisible: Personas que llevan años buscando empleo sin éxito y han dejado de intentarlo, de manera, que cómo no buscan, no “cuentan” en las cifras oficiales, aunque realmente están y existen.

**Solo sumando ambos grupos, la tasa de paro real asciende al 21,5%.

Uno de cada cinco cordobeses en edad de trabajar no trabaja, de manera, que esa es la verdad sin filtros.

<<El truco del denominador>>

Entonces, ¿por qué baja el paro oficial si no hay una gran explosión de empleo industrial?

La respuesta es matemática y es, desgraciadamente, brutal.

**La población activa de Córdoba ha descendido (oficialmente) un 1,1% en el último año. Cuando el denominador de la fracción se achica, el porcentaje mejora, aunque no haya mejorado nada en el numerador.

**Es el “efecto denominador” y en Córdoba opera a pleno rendimiento por dos razones:

*La fuga de talento: Los jóvenes de 18 a 30 años se van a Málaga, a Madrid, al extranjero.

Al salir del censo cordobés, dejan de ser parados aquí y desaparecen de las listas oficiales. La estadística local mejora, pero la Provincia pierde, pues los más dotados y mejor preparados se van y se quedan los de peor cualificación y más baja productividad.

*El vaciamiento rural: “En comarcas como Los Pedroches o el Guadiato, el paro no baja porque hayan abierto fábricas, sino que baja porque los vecinos se han ido”.

<<Han tirado la toalla – (11.400 Personas)>>

Hay un dato que debería preocuparnos, ya que, 11.400 cordobeses están en inactividad por puro desánimo. No buscan empleo porque han dejado de creer que existe para ellos.

**Este grupo tiene rostro:

*El 62% son mujeres, abandonadas por un mercado que no concilia y una precariedad que no dignifica.

*Casi la mitad son mayores de 50 años, trabajadores que el sistema etiqueta como “obsoletos irrecuperables” y descarta sin contemplaciones.

*Un 12% son jóvenes que no estudian ni buscan porque el salario ofrecido no cubre, en muchas ocasiones, ni el autobús para ir a trabajar.

No son estadísticas, son vecinos de Córdoba a los que el mercado laboral ha expulsado.

<<El problema de fondo – (La productividad).

Córdoba produce 64.880 € de valor por trabajador, un 12% menos que la media nacional.

**El desglose por sectores es revelador:

Sector	VAB por trabajador	Diagnóstico
Industria (Lucena y Provincia)	71.200 €	Competitiva a nivel europeo
Servicios (Turismo y Comercio)	48.500 €	Estacional y frágil
Agricultura	32.400 €	En estado crítico

(Nota. El problema no es que el cordobés trabaje poco, sino que el problema es, que las estructuras empresariales -atomizadas en micropymes, con inversión en I+D casi inexistente- no le permiten rendir al nivel de sus capacidades reales.

<<El SMI de 2026 – (Solución vs. veneno)>>

La subida del Salario Mínimo a 1.221 € es justa en su intención, pero en una economía tan frágil como la cordobesa actúa como un arma de doble filo, así:

<-En el campo, acelera una mecanización forzada o directamente el abandono de cultivos.

<-En el comercio, obliga a reducir jornadas para compensar el incremento de costes de Seguridad Social.

<-En el tejido de micro-pymes, el riesgo es más serio, ya que, cuando el coste de ser legal es insoportable, algunos optan por la economía sumergida. No por vocación, sino por supervivencia.

<<Una Provincia que adelgaza por ambos lados>>

El diagnóstico final no admite rodeos ni disimulos, ya que, el mercado laboral de Córdoba se contrae por arriba -menos activos- y por abajo -más inactivos por desánimo-.

La bajada del paro en Córdoba no es un signo de prosperidad, sino que es la realidad de una Provincia que pierde lo más valioso que tiene: “Su gente”.

Córdoba no puede resignarse a ser una provincia de pensiones y subsidios, de forma, que necesita políticas que reestructuren a fondo el sistema vigente y que vayan más allá del dato conciliador de la EPA, y, *que incentiven la productividad, *que anclen a los jóvenes y *que recuperen a los descartados.

N.B. El empleo en Córdoba como siempre mal, pues nadie quiere enfrentar el problema real, limitándose todas las Instituciones (Estado, CC.AA., Diputación y Ayuntamientos), a gastar dinero público en la creación de puestos de trabajo en todas sus estructuras internas y en empresas públicas innecesarias y/o ruinosas, cuando, además, muchos de esos puestos no se corresponden con una necesidad real, sino con la idea de colocar afines políticos, familiares y amigos,

Una provincia que exporta su talento para maquillar una estadística, no está avanzando, simplemente, está envejeciendo.

Córdoba, 28 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya-

Abogado ICA-Córdoba . Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta -ACOA-.

Valor de Referencia Catastral – (La coraza del Tribunal Constitucional)

El Tribunal Constitucional ha establecido con nitidez y rotundidad, que “el Valor de Referencia Catastral (VRC) es constitucional”, ya que, en una sentencia unánime, el T. C. avala este sistema como una <-adecuada medición de la riqueza->, poniendo una puerta blindada a posibles impugnaciones genéricas contra la norma.

El inicio de un camino nuevo en una defensa justa es necesario por el cambio en las reglas de juego, de forma, que ya que no podremos no cuestionar la Ley, lo que determina que la defensa, frente a un debilitamiento del “valor justicia” (C. E. art. 1.), se debe dirigir contra valor asignado a cada inmueble.

1.- Las bases del Tribunal Constitucional – (Una sentencia impositiva).

El Tribunal Constitucional ha fundamentado su decisión en tres bases que todo contribuyente debería conocer:

<-Capacidad Económica (art. 31.1 CE), ya que, la sentencia considera que el VRC no es arbitrario, porque nace de un análisis estadístico de precios reales de notarios y registradores.

<-El Factor de Minoración (0,9), porque la sentencia considera, que ese “margen de seguridad” del 10% es suficiente para absorber posibles desviaciones y garantizar que no se tribute por encima del valor real.

<-Presunción Iuris Tantum, porque para la sentencia el valor se presume cierto, aunque deja un resquisio legal al admitir prueba en contrario, quedando claro, que la carga de la prueba ahora recae una vez más y exclusivamente en el ciudadano impostado por el valor de referencia catastral.

2.- Los caminos de la defensa.

Ante una liquidación basada en un Valor de Referencia superior al precio real de compra, se abren dos vías de defensa y la elección dependerá del perfil de riesgo del ciudadano:

Vía	Procedimiento	Ventaja	Riesgo
Conservadora	Autoliquidar por el VRC y solicitar Rectificación.	Evita intereses y sanciones.	Desembolso inicial de liquidez.
Combativa	Autoliquidar por valor de escritura.	No se paga de más inicialmente.	Intereses de demora y posible expediente sancionador.

(Nota. En la mayoría de los casos, la vía conservadora es la más adecuada y eficiente, pues permitirá impugnar con la tranquilidad de haber cumplido con la obligación tributaria, centrando el debate directamente en la valoración técnica del inmueble.

3.- El punto vulnerable del algoritmo catastral – (La prueba pericial).

El algoritmo del Catastro es ciego frente a la realidad física individualizada, de manera, que la defensa de una impugnación va a depender de que el perito arquitecto en su informe, ponga el foco en lo que el big data catastral no puede ver, así:

1.- Estado de conservación interno, porque el Catastro asume que el inmueble está en estado “normal”, de forma, que las humedades, instalaciones obsoletas o la necesidad de reforma integral son factores que el algoritmo del valor de referencia ignora.

2.-Deficiencias estructurales, ya que ITEs negativas o patologías no aparecen reflejadas en la ficha catastral.

3.- Distribución disfuncional del inmueble, pues pasillos excesivos, habitaciones ciegas o locales con poca fachada que penalizan el valor de mercado real, no se acogen por el valor de referencia catastral.

4.- Cargas y servidumbres y cualquier limitación urbanística que no aparecen reflejadas en el Mapa de Valores del valor de referencia y que por lo tanto no pondera.

4.- La impugnación del valor de referencia – (Los caminos).

Para poder impugnar el valor de referencia la ruta suele ser el siguiente:

<-Fase Administrativa con la presentación de la rectificación con informe pericial detallado. (Prepararse para el silencio o la desestimación sistemática).

<-Vía Económico-Administrativa (TEAR), que seguramente es el momento clave para revisar cómo elaboró el Catastro ese valor específico.

<-Vía Contencioso-Administrativa, que es la fase dónde la pericial de parte, ratificada judicialmente, adquiere su máxima importancia frente a la Administración.

<<Una propuesta>>

Si el valor de mercado real es sensiblemente inferior al VRC, es conveniente, no esperar a la liquidación oficial, de forma, que lo más eficaz, antes de firmar la escritura, es buscar un certificado de tasación de una entidad homologada por el Banco de España con fecha cercana al devengo.

(Nota. Tener esta prueba preconstituida hará que la balanza se incline a favor del contribuyente desde el principio del conflicto para poder destruir la presunción iuris tantum que opera en favor del valor de referencia.

N.B. La coraza tejida por el T. C. en favor del Valor de Referencia Catastral en su sentencia obliga a la defensa del contribuyente a demostrar el valor de mercado real, pues el TC ha puesto una puerta blindada a cualquier otra hipótesis de defensa.

Otra vez más al contribuyente se le sitúa en una posición de debilidad frente a la Administración Tributaria-Catastro, imponiéndole la carga de la prueba, cuando debería ser al contrario, ya que, la Administración es la parte más fuerte y la que cuenta con mayores medios de defensa de su posición contributiva, porque sin duda los impuestos son una necesidad para el mantenimiento de los servicios públicos, pero creo sinceramente que los derechos y libertades individuales deben prevalecer, máxime cuando estamos soportando una presión impositiva desaforada, a la que se unen unas condiciones económicas desfavorables para el ciudadano como la inflación y el deterioro de unos servicios públicos en retroceso en cantidad y calidad.

Córdoba, 15 de febrero de 2026.

Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo y S.S.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA)

Vivienda en Córdoba (Necesidad urgente y olvido institucional)

Es una realidad indiscutible que el acceso a la vivienda representa hoy el principal obstáculo para el futuro de Córdoba, especialmente para nuestros jóvenes, quienes se ven obligados a posponer proyectos vitales o emigrar en busca de oportunidades. Sin embargo, al examinar los presupuestos de la Diputación de Córdoba para 2026, la situación resulta desoladora: <Bajo un epígrafe grandilocuente como “Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda>, la inversión real en “ladrillo social” se diluye en un océano de gastos burocráticos, mantenimiento de estructuras obsoletas y subsidios a empresas deficitarias, que poco o nada contribuyen a resolver la emergencia habitacional de los cordobeses en la Provincia.

1.- La paradoja de las cifras – (Mucho ruido y pocas casas).

La Delegación de Presidencia, Gobierno Interior y Vivienda maneja un presupuesto de 39.902.802,45 euros, una cifra que a primera vista podría parecer ambiciosa. No obstante, al desgranar las partidas, emerge una realidad cruda y decepcionante:

<-Inversión real en vivienda: Apenas 3.021.340 euros se destinan en 2026 a concluir 46 viviendas protegidas en alquiler, distribuidas en solo 11 municipios de la provincia. Esta cantidad forma parte de un programa plurianual (2023-2026) con un presupuesto total de 5,54 millones de euros, pero resulta insignificante ante la demanda provincial acumulada.

<-La disparidad flagrante: Mientras la provincia clama por soluciones habitacionales, la Diputación asigna más del doble -6.621.000 euros- al mantenimiento y rehabilitación de sus propios edificios y sedes, como los Colegios Provinciales, los edificios Fernando III y El Carmen, la Residencia Matías Camacho o el Albergue de Cerro Muriano. A esto se suman las aportaciones compensatorias para cubrir pérdidas millonarias en empresas públicas como Emproacsa (aguas) y Epremasa (residuos), que superan con creces la inversión en vivienda y revelan una gestión ineficiente e impune.

<-La proporción reveladora: La inversión directa en vivienda representa apenas el 7,57% del presupuesto de esta delegación y un ridículo 0,58% del presupuesto total consolidado de la Diputación, que asciende a 522.900.443 euros. Estas cifras no son casuales, pues reflejan una priorización equivocada que ignora la crisis demográfica y el despoblamiento rural.

2.- El peso de la maquinaria burocrática.

Para comprender por qué no se construye más, basta con observar cómo se consume el presupuesto en la Diputación de Córdoba, ahora gobernada por el PP. La diferencia de más de 26 millones de euros que no se dirige a inversiones directas se evapora en el sostenimiento de la propia institución, perpetuando un ciclo de ineficiencia:

Concepto	Cuantía (euros)	Destino real
Funcionamiento interno	25.211.000	Nóminas, limpieza, suministros y burocracia en el Palacio de la Merced y otras sedes.
Obras en edificios propios	6.621.000	Rehabilitación de colegios provinciales, residencias y albergues propios.
Vivienda pública	3.021.340	Construcción de solo 46 viviendas protegidas en toda la provincia.
Transferencias y ayudas	2.000.000	Ayudas a natalidad (1.200.000), patrimonio cofrade (500.000) y prevención de salud (300.000 para virus del Nilo).
Otros (suelo, BOP, SIG)	3.068.000	Gestión administrativa, suelo industrial, modernización del Boletín Oficial de la Provincia (280.000) y Sistema de Información Geográfica (250.000).

Este desglose ilustra cómo la institución se ha convertido en un ente autorreferencial, donde el gasto corriente absorbe recursos que podrían destinarse a necesidades urgentes.

3.- Gastos superfluos frente a una emergencia social.

Resulta inexplicable justificar ante un joven cordobés que se destinen 500.000 euros a la restauración de arte sacro o 280.000 euros a modernizar el Boletín Oficial de la Provincia, mientras la partida para su derecho constitucional a una vivienda digna permanece residual. Añádase a esto los 500.000 euros para la retirada de fibrocemento o los 300.000 euros para combatir el virus del Nilo, que, aunque necesarios, palidecen ante la inacción en vivienda.

La Diputación se ha transformado en una estructura que se autoalimenta, donde el gasto en personal y mantenimiento de palacios históricos agota la capacidad de maniobra. No se trata de escasez de recursos -el presupuesto total crece un 14,92% hasta los 385.416.969 euros-, sino de una jerarquía de prioridades profundamente errónea y desconectada de la realidad social.

4.- Una propuesta de inversión real.

Desde Córdoba Abierta (ACOA), defendemos un cambio de rumbo inmediato y radical.

**Una inversión responsable en vivienda debería incluir:

1.- Reducción del gasto corriente: Optimizar la gestión administrativa para redirigir al menos un 20% adicional de los recursos hacia vivienda, eliminando duplicidades y eficientando procesos.

2.- Plan de Choque Provincial: Superar la cifra irrisoria de 46 viviendas, duplicándola como mínimo en 2026, y estableciendo un plan plurianual que garantice al menos 500 viviendas por legislatura, priorizando municipios en riesgo de despoblamiento.

3.- Priorizar lo esencial: Ante la crisis actual, el “ladrillo social” debe prevalecer sobre la rehabilitación de edificios administrativos superfluos o subsidios a empresas deficitarias. Esto implica auditar y reestructurar entidades como Emproacsa y Epremasa para evitar que sigan siendo pozos sin fondo.

Concepto	Inversión/Gasto (euros)	Porcentaje del total consolidado	Comparativa visual
Presupuesto total consolidado	522.900.443	100%	La “tarta” completa.
Infraestructuras (obras/vías)	45.000.000	8,6%	Prioridad media-alta.
Gasto social (IPBS)	26.677.948	5,1%	Atención básica.
Vivienda (construcción 2026)	3.021.340	0,58%	Una migaja insignificante.

<<Emproacsa y Epremasa (Un dispendio crónico).

Las tarifas no actualizadas conforme al IPC acumulado y los costes salariales han condenado a estas empresas a pérdidas significativas. Emproacsa estima un déficit de 6,4 millones de euros en 2026, mientras Epremasa prevé 6,74 millones. La Diputación consigna solo 2,7 millones en aportaciones compensatorias, una medida insuficiente que obligará a desviar fondos de otras partidas o recurrir a préstamos, perpetuando el ciclo de endeudamiento.

Los cordobeses perciben con indignación que se hayan destinado 59,3 millones de euros a Emproacsa entre 2023 y 2025 (37 millones para inversiones), y 10,75 millones a Epremasa (6 millones para inversiones), convirtiéndolas en sumideros de dinero público.

Urge una reestructuración profesional, con responsabilidades para gestores anteriores, en lugar de cargar el peso sobre los contribuyentes, aunque el presidente, Salvador Fuentes, ha descartado esta opción, optando por lo fácil: que paguen los ciudadanos.

<<Conclusión>>

Si comparamos los 3.021.340 euros destinados a vivienda con los 522.900.443 euros del presupuesto total consolidado, la partida habitacional no alcanza ni el 1%, de forma, que la Diputación parece diseñada para mantener servicios mínimos (agua, basura, carreteras) y sostener su propia burocracia, relegando la creación de soluciones innovadoras -como el acceso al hogar- a una mera propina.

Es innegable que la inversión en vivienda ha caído en el olvido bajo el gobierno del PP en la Diputación de Córdoba, que no solo ha heredado políticas anteriores, sino que se ha convertido en prisionero de enfoques sociales y económicos ruinosos. La vivienda no es una prioridad real en la Corporación Provincial, sino el apéndice de una delegación dedicada a gestionar su propia ineficiencia, condenando a nuestros pueblos al despoblamiento y a nuestra juventud al exilio.

N.B. La vivienda en la Diputación de Córdoba no es una de sus prioridades, sino que es el <apellido> de una delegación que, en la práctica, se dedica a gestionar su propia existencia y su ineficiencia empresarial, olvidando la necesidad de crear lugares donde vivir, lo que conlleva a condenar a nuestros pueblos a la desaparición por despoblación.

Córdoba, 16 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S. S.

Presidente. Córdoba Abierta -ACOA-.

Andalucía y la Financiación Autonómica (“Población Invisible”)

Los asociados y colaboradores de Córdoba Abierta -ACOA- me preguntan sobre la financiación de las CC. AA. y como se reparte el dinero entre ellas, y, con arreglo a que criterios, pues argumentan que siempre históricamente Andalucía ha estado postergada en el cálculo de la financiación autonómica, tanto por población como por la extensión del su territorio.

Es un hecho verdadero, que entender, cómo se reparte el dinero entre las distintas CC. AA. en España parece un rompecabezas dentro de un laberinto, pero para Andalucía es una cuestión vital, que de una vez se haga justicia con nuestra tierra con un reparto justo y equitativo.

Ahora mismo la financiación de Andalucía nadie sabe que es, ni donde esta, ya que, aparece el Sr. Junqueras, la Ministra de Hacienda, vicepresidenta y más, el Presidente de la Junta de Andalucía y su Consejera, y, un largo etc. de personajes implicados, de forma, que solo queda ver y determinar si el modelo nuevo de financiación que saldrá de esta ensalada es justo para nuestra tierra andaluza, pero lo que es indudable, es que no es lo mismo una población de 8,6 millones de personas, que una población de 10 millones a efectos de calcular y fijar una financiación equitativa y solidaria.

**Unas preguntas sobre Andalucía:

¿Recibimos lo que nos corresponde? ¿Por qué nuestros centros de salud a veces parecen desbordados?

La respuesta no está solo en los presupuestos, sino en quiénes somos realmente frente a quiénes dice el papel que somos.

1.- El desfase o desajuste – (Población Real vs. Población Oficial).

Uno de los grandes problemas de Andalucía es la población <invisible>, que está pero no se cuenta, pues el sistema actual paga según el “Padrón”, pero la realidad es muy distinta, así:

<-Habitantes en Andalucía según el Padrón Oficial: 8,6 millones.

<-Andalucía Real (Población Vinculada): Más de 10 millones de personas.

(Nota. Hay en Andalucía 1,6 millones de personas como mínimo (jubilados nacionales y europeos, teletrabajadores, veraneantes de larga estancia, etc.), que consumen sanidad, farmacia y servicios en casi toda nuestra tierra, pero que el Estado no envía ni un euro por ellas).

Andalucía “regala” servicios a una población equivalente a toda la ciudad de Madrid, que no computa en el reparto autonómico.

2.- El déficit histórico.

Históricamente, Andalucía ha estado infrafinanciada.

**Según informes de expertos, hasta finales de 2025:

<-Recibíamos unos 1.522 millones de euros menos al año de lo que nos correspondería por media nacional.

<-El sistema actual prima “cuántos somos” oficialmente, ignorando “cuantos somos realmente”, y, por si fuera poco, se omite, además, la extensión territorial (somos la segunda región más grande) y el coste de llevar servicios a pueblos dispersos.

(Nota. Dato clave: Aunque Andalucía es una región de personas jóvenes comparada con el norte de España, el gasto en farmacia es de los más altos del País (16,9% del gasto sanitario), lo que demuestra que estamos atendiendo a miles de mayores que no están empadronados aquí y que a efectos de la financiación son -invisibles-).

3.- El caso de la Subbética (Iznájar y Rute como ejemplo).

El hecho comprobado de la invisibilidad no es solo de la costa andaluza, ya que, en el interior de Andalucía, pueblos como Iznájar o Rute sufren este “agujero” estadístico:

<-Iznájar: Su población oficial es de 3.700 personas, pero su población real se duplica en periodos vacacionales, y, a mayor inri, casi el 25% de sus residentes reales son extranjeros que, por miedo a la burocracia, no se empadronan.

<-Un ejemplo del problema: “El centro de salud y las urgencias” se calculan para 3.700 personas, no para las 7.000 que realmente residen allí.

<<Los Ayuntamientos se mueven>>

Para que el dinero llegue, los vecinos deben “existir” oficialmente, de manera, que los municipios afectados han adoptado medidas y algunas ya están en marcha, así:

1.- Oficinas del Residente: Ayuda directa a extranjeros para tramitar el padrón sin miedo a perder sus derechos en su país de origen.

2.- Incentivos Fiscales: Rebajas drásticas en el impuesto de compra de vivienda (del 8% al 3,5%) para quienes se empadronen en pueblos pequeños.

3.- Tarifas de Residente: Descuentos en servicios municipales solo para los censados: “Si no te cuentas, no cuentas”.

<<Conclusión>>

Andalucía puede tener una oportunidad histórica este 2026, porque si se consolida un nuevo modelo de financiación justo y logramos (entre otras cosas) que nuestra “población invisible” se haga oficial, la sanidad, la educación y los servicios sociales podrán dar un salto de cantidad y calidad, pues no se trata de pedir más que nadie, sino de un reparto justo por cada persona que realmente vive y respira en nuestra tierra.

N.B. Andalucía – financiación autonómica, el problema de la población vinculada o invisible y un reparto justo.

Según nuestra estimación, basada en datos de los casos con extranjeros que conocemos directa y/o indirectamente, aproximadamente, en Andalucía hay al menos 2.000.000 personas invisibles, pues el caso de Iznájar y Rute se repite por Almería, Granada, Jaén, resto de Córdoba, Sevilla, el interior de Málaga, de Huelva y de Cadiz, especialmente, en esta última provincia en toda la zona del Campo de Gibraltar.

El dato de gasto en farmacia es el mejor indicativo de nuestra estimación, de forma, que no hay más que acercarse a cualquier centro de salud y preguntar, el número de personas desplazadas, extranjeros y nacionales jubilados o en vacaciones, *que atienden en los mismos y *que se les prescriben, recetan o autorizan medicamentos de todo tipo y color.

Córdoba, 14 de enero de 2026.

Fdo. Enrique García Montoya.

Abogado e Inspector de Trabajo.

Presidente de Córdoba Abierta (ACOA).

Presión Fiscal en el Ayuntamiento de Córdoba – Gobierno PP (Análisis Crítico y Reivindicativo)

Vistas las subidas fallidas -por ahora- de las tasas de basura y agua por el Gobierno Provincial del PP (Diputación de Córdoba), un grupo de lectores pregunta:

¿ha subido o ha bajado la presión fiscal del Ayuntamiento de Córdoba con el PP en los últimos años?

Encontrar una respuesta clara presenta un conjunto de dificultades y obstáculos, ya que, el equipo del alcalde Bellido ha aplicado rebajas selectivas en impuestos, -lejos de la <-bajada masiva-> prometida en campaña-, mientras ha incrementado tasas esenciales como agua y basura de forma lineal y agresiva. Estas subidas han devorado cualquier ahorro, generando una presión fiscal real netamente superior para la mayoría de hogares cordobeses. A continuación, desglosamos la realidad con datos oficiales de ordenanzas fiscales, presupuestos municipales y declaraciones públicas, manteniendo un enfoque crítico en defensa de los ciudadanos.

El PP gobierna el Ayuntamiento de Córdoba Capital desde junio de 2019, con mayoría absoluta desde 2023, y, en su programa electoral enfatizaba una bajada masiva de impuestos para aliviar la presión fiscal.

Analizaremos si esto se ha cumplido, considerando impuestos directos (IBI, plusvalía), indirectos, tasas por servicios (agua, basura gestionadas por Emacsa y Sadeco) y otros gravámenes.

<<Presión Fiscal Total – Un Aumento Neto Indudable>>

<-Es un hecho incontestable: “La presión fiscal ha aumentado en términos netos para la mayoría de familias, pese a rebajas selectivas”. Las bajadas en IBI, ICIO, IAE e IVTM acumulan hasta 15-20% en algunos casos, pero son compensadas -y superadas- por subidas en tasas esenciales, que representan un mayor peso en el gasto diario familiar.

<-Razones oficiales invocadas: La existencia de obligaciones legales (Ley de Residuos 7/2022 para el quinto contenedor, cubriendo 100% de costes reales), la sequía y la inflación para el agua. Sin embargo, el Ayuntamiento prevé recaudar 20 millones de euros más en 2025 que en 2024 (131,7 M€ en impuestos directos + 46,7 M€ en tasas), *lo que solo puede interpretarse como mayor presión fiscal*.

<-Impacto estimado en hogares: Un familia media ahorra 100. eur. año en impuestos directos, pero paga 50-100. eur. más en agua y basura (subidas acumuladas >50% desde 2021). La oposición y asociaciones como Córdoba Abierta -ACOA- lo califican de “engaño masivo” o -sablazo-, ya que, las rebajas benefician principalmente a empresas y autónomos (IAE/ICIO), mientras las subidas lineales en tasas penalizan a las familias sin distinción.

<-Estado de los servicios públicos: No se puede disociar la presión fiscal de la calidad recibida. Si los impuestos y tasas suben, pero servicios como movilidad, limpieza viaria, infraestructuras, transparencia, asistencia a mayores e incapacitados, etc. se deterioran o estancan, la realidad es que la presión fiscal real aumenta exponencialmente. Los ciudadanos perciben que pagan más por menos: calles sucias, transporte deficiente y falta de retroalimentación compensatoria. Esto es un hecho patente de injusticia fiscal.

<<Evolución Detallada por Impuesto/Tasa (2019-2025)>>

**Basado en ordenanzas fiscales anuales y presupuestos municipales:

Impuesto/Tasa	Evolución 2019-2025	Detalles	Impacto Neto
IBI (urbano)	Bajada acumulada: -5,79% (-1% en 2025, -2% en 2026)	Rebaja para compensar subidas en servicios; rústico: -13,93%. Incorpora propuesta del Consejo del Movimiento Ciudadano.	Positivo para propietarios, pero valores catastrales actualizados en 2023 (+5-10% en zonas urbanas) anulan gran parte del ahorro.
Plusvalía (IIVTNU)	Bajada acumulada: -8,97%	Bonificación 95% en herencias mantenida. Sin nuevos gravámenes.	Neutral; no crece, pero rebaja insuficiente vs. promesas.
Tasa de basura (Sadeco)	Subida acumulada: +45-50% (35% en 2024 + 10% en 2025)	Obligatoria por UE/Ley de Residuos (quinto contenedor). Media: +50 €/año por hogar. PSOE critica “negligencia” en preparación.	Negativo; principal queja ciudadana, afecta a todos por igual.
Tasa de agua (Emacsa)	Subida acumulada: +15-20% (5% jul.2024 + 10% may.2025)	Por sequía e IPC; segunda subida en <2 años. +20-30 €/trimestre en facturas medias.	Negativo; Bellido lo justifica como “responsable”, pero contradice promesas.
Otros impuestos (ICIO, IAE, IVTM)	Bajadas: ICIO -15,76%; IAE -5%; IVTM -13,21%	Selectivas (2% anual para empresas/autónomos). Acumulado: 35 M€ menos recaudación.	Positivo para negocios; insignificante para hogares.
Otras tasas (licencias, veladores)	Bajadas: Licencias -22%; Veladores -20%; Urbanísticas -10%	Apoyo a pymes; congelación general.	Positivo, pero minoritario en impacto global.

***Presión fiscal real global: El Ayuntamiento presume de una “sexta bajada consecutiva” en 2025 (-0,384% ponderado, coste 1,48 M. eur. menos ingresos). Sin embargo, expertos señalan un descenso regresivo que favorece a los poderosos (empresas) y una merma servicios. Prueba lo dicho, que la recaudación total sube +8,2% en 2025 por inflación y catastro, sin mejoras perceptibles en limpieza o infraestructuras.

<<Bajada de Impuestos por el PP – Parcialmente SÍ para Empresas, NO para Ciudadanos>>

<-Parcialmente sí: Las 6-7 rebajas consecutivas en impuestos directos cumplen el espíritu para atraer inversión (IAE/ICIO). En 2024 se abrió a bajar IBI extra (-1% en 2025) para compensar.

<-Realidad para familias: NO. Subidas en tasas obligatorias (agua/basura) anulan ahorros de las familias, razón por la que asociaciones y oposición denuncian incumplimiento de la bajada masiva prometida.

*Contexto: Déficit de 21,6 M. eur. en 2023, subidas de sueldos (+43 M. eur. en personal 2025) y catastro sin correctores justifican incrementos, pero no excusan la falta de transparencia ni priorización ciudadana.

*En conclusión: La presión fiscal total ha subido netamente por tasas esenciales, pese a rebajas que benefician más a empresas. Por otro lado, los ciudadanos perciben que el aumento recaudatorio financia gastos superfluos y personal no justificado, sin mejoras en servicios ni orden de prioridades orientado al interés general.

<<Propuestas de Córdoba Abierta -ACOA->>

1ª.- Plan de Transparencia Fiscal Urgente y Auditoría Externa: El Ayuntamiento debe presentar inmediatamente un documento público y accesible (online y en papel) que detalle: (I) Bajadas/subidas por impuesto/tasa, cuantías y motivos verificables; (II) Estado detallado de servicios esenciales (indicadores KPI: limpieza, movilidad, etc.) con presupuestos asignados y resultados medibles; (III) Reducciones viables en gastos corrientes superfluos, asesores de confianza y personal no esencial.

**Propuesta Innovadora: Implementar una app ciudadana de fiscalidad interactiva (desarrollada con software código abierto), donde cada cordobés introduzca su perfil (hogar/empresa) y vea en tiempo real su presión fiscal neta, ahorros vs. subidas, y comparativa con años anteriores. Incluir alertas por email/SMS sobre cambios y encuestas vinculantes para priorizar gastos.

2ª.- Derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional: El alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora. El Estado debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento, no los municipios.

**Propuesta Innovadora: Crear un fondo compensatorio municipal andaluz financiado por bonos verdes (inversión privada en reciclaje eficiente), con incentivos fiscales para hogares que separen residuos (descuentos en tasas vía QR en contenedores inteligentes). Esto reduciría costes reales en un 20-30% sin subir tasas, premiando comportamientos ecológicos y aliviando familias.

<<Quién contamina paga>>

El<basurazo> es la consecuencia del desarrollo por parte del Gobierno Central de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, lo que significa, que la ley obliga a que los costes de la gestión de residuos recaigan sobre su productor o poseedor.

Sin embargo la tasa no cumple el pago por generación, lo que conllevará a miles de reclamaciones de ciudadanos que no contaminan porque no generan residuos por múltiples causas, como puede ser, por ej. –que vivan seis meses en un municipio y seis meses en otro-, lo que indica, que durante seis meses en uno y otro municipio no generarán residuos que contaminen y deban ser reciclados.

N.B. La previsión de +20 M. eur. en recaudación 2025 confirma la existencia de mayor presión fiscal, y, siendo las rebajas de impuestos del PP selectivas, y, el impacto ciudadano en cambio presenta caracteres negativos.

Por otro lado, si seguimos en mandato de la directiva europea 2008/98/CE, que establece el principio de que <-quien contamina, paga->, la tasa en Córdoba impone los costes de la gestión de residuos con carácter general sobre familias y personas que no generan residuos, y, que por tanto no se les podría obligar a pagar una tasa por algo que no producen.

La derogación del “Tasazo de Basuras” a Nivel Nacional es algo inaplazable, de forma, que como hemos dicho, el alcalde Bellido, como presidente de la FAMP, debe liderar una moción conjunta de ayuntamientos andaluces y españoles para exigir al Gobierno Central la derogación inmediata de la Ley de Residuos 7/2022 en su parte expropiadora, porque es el Estado el que debe asumir los costes de reciclaje/saneamiento no los Ayuntamientos y sus ciudadanos.

Exigimos acción inmediata para una fiscalidad justa, transparente y al servicio de Córdoba.

Córdoba, a 12 de noviembre de 2025.

Enrique García Montoya.

Abogado ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y S.S.

Córdoba Abierta -ACOA-. Presidente.