(Incompatibilidad práctica, “doble sombrero” y degradación de la representación institucional en el Senado).
I.- Planteamiento de la cuestión – (La ficción del político omnipresente y el “doble sombrero”).
La designación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba -acumulando simultáneamente la Presidencia de la Diputación Provincial de Córdoba, su acta de concejal en el Ayuntamiento de la capital y la aspiración a un escaño en la Cámara Alta- plantea un conflicto institucional de primera magnitud:
**la incompatibilidad práctica, técnica y operativa del “doble sombrero”**.
Aunque la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) no contemple una prohibición jurídica estricta para simultanear la jefatura de un ejecutivo provincial con la condición de parlamentario en Madrid, la realidad de la gestión pública choca frontalmente con esta ficción. Pretender gobernar una provincia con más de 70 municipios, hacer frente a la crisis hídrica de la zona norte, bregar con el saneamiento de empresas públicas deficitarias como EMPROACSA y EPREMASA (cuyo rescate se ha traduciendo en asfixia fiscal para las familias), y sostener los pactos presupuestarios con Izquierda Unida, mientras se atienden los plenos, comisiones y la actividad legislativa en el Senado, <representa un fraude operativo insalvable>.
Un presidente “a tiempo parcial” aboca inevitablemente a la administración provincial a la ineficacia, delegando el gobierno en la fontanería orgánica y reduciendo la representación en Madrid a una mera formalidad de partido.
II.- Radiografía del perfil – (La quiebra de los principios constitucionales de mérito y capacidad).
El artículo 103.3 de la Constitución Española consagra los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función pública, exigencias éticas que el electorado conservador y liberal reclama trasladar de manera inexcusable a la representación política superior.
***Al examinar la trayectoria pública que sustenta esta candidatura, el contraste es demoledor:
1.- La dependencia exclusiva del aparato: Salvo por el paso por estudios universitarios no culminados con titulación superior o ejercicio profesional continuado en el sector privado, la totalidad de la trayectoria laboral del candidato se ha desarrollado ininterrumpidamente en el seno de las estructuras de partido y cargos institucionales desde la década de 1990.
2.- El “político de plantilla” sin alternativa real: Quien carece de una profesión o de una plaza técnica a la que retornar en la economía real queda sometido por completo a la disciplina de cúpula. La acumulación de cargos públicos deja de ser un servicio a los ciudadanos para convertirse en una garantía de supervivencia personal y un blindaje orgánico.
3.- El abismo con la sociedad civil: Frente a un electorado de centro-derecha compuesto por autónomos, profesionales liberales, agricultores y empresarios que arriesgan diariamente su patrimonio en el mercado, **se ofrece como representante en la Cámara Alta un perfil de aparato puro que carece de la especialización técnica exigida para fiscalizar con rigor la legislación estatal**.
III.- La degradación y el secuestro del Senado como Cámara territorial.
Constitucionalmente concebido como el órgano de representación territorial (art. 69.1 CE), el Senado ha sufrido un proceso acelerado de subordinación a las directrices de los partidos, de forma, que se utiliza la Cámara Alta como refugio o premio de consolación para presidentes de diputaciones y cuadros provinciales desvirtuando por completo su naturaleza.
Cuando un senador debe su escaño a la designación del aparato y compagina su labor con la presidencia de un gobierno provincial, jamás levantará la voz en Madrid para defender los intereses reales de Córdoba *si ello contradice los intereses de la cúpula o compromete los pactos de despacho locales* (como la asunción de la memoria democrática o la inyección de fondos pactada con la izquierda).
Se consuma así la pérdida de voz territorial y la conversión del Senado en un órgano cautivo de las estructuras orgánicas.
IV. Conclusión – (El rescate de la dignidad mediante el voto nominal).
La degradación institucional y la ficción del “doble sombrero” no se corregirán desde los despachos que las imponen, sino mediante la reacción del electorado exigente.
La papeleta del Senado contiene una herramienta democrática decisiva:
*el sistema de listas abiertas y el voto nominal y selectivo*
El ciudadano de Córdoba no está obligado a otorgar un cheque en blanco a la inercia de las siglas, de manera, que puede y debe marcar individualmente a perfiles solventes y excluir de la votación a los representantes del aparato, que encarnan la acumulación de cargos, siendo el único mecanismo legal y efectivo para recordarles, que la representación pública no es un patrimonio de partido, **sino un mandato de dignidad, mérito y servicio a los ciudadanos**.
N.B.Imagen.(Incompatibilidad práctica, “doble sombrero” y degradación de la representación institucional en el Senado).
Córdoba, 7 de noviembre de 2026
Fdo. Enrique García Montoya
(Abogado, Inspector de Trabajo y S.S., exconcejal, exdiputado provincial y andaluz)
Del incumplimiento del «Contrato con España» en Córdoba a la amenaza de la abstención y el beneficio de la izquierda
La política sin principios se reduce a mero marketing táctico, razón por la que hoy, el centro-derecha español se enfrenta a una profunda crisis de confianza que no nace de la habilidad de sus adversarios, sino de sus propias contradicciones orgánicas. Poner frente al espejo a quienes confunden las siglas con una patente de corso es el servicio cívico más exigente y necesario para sanear la vida pública.
Lo que se denuncia desde el análisis riguroso coincide exactamente con lo que ve la calle: “El malestar ante la incoherencia y la prepotencia de los aparatos”.
I.- La desconexión orgánica- (cuando los aparatos ignoran la calle).
**El error de cálculo de las cúpulas: Las estructuras de los partidos tienden a premiar la disciplina de aparato, los equilibrios de poder interno y las cuotas de control territorial por encima del mérito ideológico y de la ejemplaridad pública.
**La falsa seguridad del voto cautivo: Asumir que el votante de centro-derecha respaldará las siglas por inercia -bajo la premisa de que “al final nos votarán por miedo a la izquierda”- demuestra una soberbia política incompatible con un electorado hiperinformado, exigente y maduro.
**El agravio comparativo: Exigir en los grandes mítines nacionales rigor, austeridad y combate ideológico, mientras en provincias como Córdoba se financia con dinero público la agenda de la izquierda radical (memoria democrática, fosas, opacidad en EMPROACSA y EPREMASA), dinamita por completo la credibilidad de la marca.
II.- Salvador Fuentes Lopera y el «Premio a la Incoherencia».
El nombramiento del presidente de la Diputación de Córdoba como cabeza de lista al Senado no es un detalle menor; representa la validación explícita, por parte de la dirección nacional, de un modelo de “pragmatismo de despacho“ que contradice frontalmente los compromisos del Contrato con España.
<-El colapso del relato de la alternativa: Cuando se aspira a desalojar al Gobierno central basándose en el rigor y el cumplimiento de la palabra dada, colocar en un puesto de honor nacional al máximo responsable de pactar con IU, financiar la memoria sectaria e incrementar tasas locales destruye la coherencia del mensaje.
El ciudadano se hace una pregunta letal: ¿Si hacen esto en Córdoba a nivel provincial, qué garantías ofrecen para el conjunto de España?
<-La quiebra de la autoridad moral: Un partido que premia con puestos de salida a quien vulnera los compromisos de contención y contabilidad transparente pierde la autoridad moral para fiscalizar la gestión del adversario.
<-El silencio como complicidad: El mutismo de la dirección de Génova ante esta deriva provincial deja de ser prudencia institucional para convertirse en complicidad orgánica, trasladando la sensación de que las promesas de regeneración eran meros eslóganes de campaña.
¿Por qué los dirigentes actúan con esa aparente prepotencia? La respuesta se halla en tres vicios estructurales: *la endogamia del círculo de confort (donde la crítica de la calle se archiva como “ruido”), *el síndrome del voto cautivo y *el miedo a corregir el rumbo, prefiriendo sostener el error antes que admitir una rectificación frente a las baronías territoriales.
Si lo ve la calle con absoluta claridad, arreglarlo conceptualmente no es difícil; el problema es que choca con los intereses particulares de una maquinaria orgánica reacia a renunciar a sus cuotas de poder.
III.- La aritmética del castigo y el beneficio de la izquierda.
**La demoscopia del desencanto: El centro-derecha no se fractura únicamente por la fuga hacia formaciones como VOX, sino sobre todo por la desactivación y la abstención reflexiva. El votante exigente, cansado de contradicciones, no acude a las urnas con ilusión.
**La matemática electoral inexorable: La desmovilización de la base tradicional -provocada por la falta de referentes firmes- actúa como un catalizador directo a favor del PSOE y la izquierda.
**Regalar la iniciativa al adversario: Cuando se percibe que la alternancia política se limita a cambiar de siglas manteniendo idénticas prácticas de despilfarro o cesiones ideológicas, la izquierda recupera terreno no por méritos propios, sino por el desaliento de un electorado huérfano de principios.
IV.- Conclusión estratégica – (la exigencia de un “cheque con garantías”).
Los ciudadanos han dejado de otorgar su confianza bajo la simple amenaza del mal menor.
El voto útil solo es útil si va acompañado de garantías estrictas de cumplimiento.
Si el Partido Popular desea articular una mayoría sólida, estable y creíble para gobernar España, el cambio debe empezar por exigirse rigor y disciplina programática en cada diputación, en cada ayuntamiento y en cada empresa pública provincial.
La verdadera cuestión es si las cúpulas reaccionarán a tiempo para corregir el rumbo antes de que el desgaste sea irreversible. *Poner al descubierto estas dinámicas es el primer paso indispensable para recuperar la decencia institucional*.
N. B. Imagen. El coste de la incoherencia y el riesgo para el centro-derecha.
(Nota. El coste de una prepotencia política significa hacerle el trabajo al adversario y que explica por qué el P. P. no crece cuando debería arrasar, que VOX crezca con fuerza día a día y el que la Izquierda – PSOE se mantenga cuando debería estar hundido.)
Córdoba, 31 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
I. La lección no aprendida – (Memoria, decepción y la quiebra de la confianza).
En una reciente reunión política con electores de centro-derecha, la conversación sobre las próximas elecciones generales dejó al descubierto una realidad indiscutible:
“Nadie tiene votantes en propiedad”.
Un contertulio, votante histórico del Partido Popular, expresaba con absoluta claridad su decisión de abstenerse o respaldar a VOX en la próxima cita electoral y, sin duda, **su argumento no nacía de la radicalidad**, sino de la desesperanza y del peso de la memoria.
En las urnas pesan la cabeza y el corazón, pero sobre todo cuentan las expectativas y los precedentes, y, es un hecho patente e indiscutible que el electorado de centro-derecha arrastra aún la amarga sensación de la etapa de Mariano Rajoy:
**La experiencia de haber otorgado una holgada mayoría absoluta para comprobar cómo las convicciones y las promesas estructurales se quedaron en la puerta del Consejo de Ministros**.
Hoy, el PP de Alberto Núñez Feijóo se enfrenta exactamente al mismo fantasma. La premisa del electorado que busca un cambio de Gobierno es cristalina: “Quieren sustituir a Pedro Sánchez, pero exigiendo garantías absolutas de lo que ocurrirá al día siguiente”.
Y en ese escenario, cuando el principal partido de la oposición demuestra temor al “qué dirá la izquierda”, el voto que se percibía como “útil” se convierte, a ojos de miles de ciudadanos, en un cheque en blanco sin garantías.
II. Córdoba como síntoma – (El «Contrato con España» roto por la vía de los hechos).
Alberto Núñez Feijóo presentó el «Contrato con España» bajo el compromiso solemne de cuatro pilares: **decir la verdad, **respetar la ley, **hacer que el esfuerzo valga la pena y preservar la unidad.
Prometió una acción política orientada a los hechos y no a la pirotecnia verbal.
Sin embargo, el valor de la palabra dada en los atriles de la capital debe revalidarse en los presupuestos y en los boletines oficiales de las instituciones territoriales, y, concretamente, en la Diputación Provincial de Córdoba, *ese contrato no solo se ha transgredido*, **sino que se ha roto formalmente por la vía de los hechos bajo la presidencia de Salvador Fuentes Lopera*.
*** Asistimos a una inaceptable doble contabilidad política:
<-La contabilidad para Génova: Discurso de austeridad, rigor fiscal, batalla ideológica y fiscalización al Gobierno central.
<-La contabilidad para Córdoba: Capitulaciones presupuestarias, concesión de la agenda ideológica y pragmatismo de conveniencia.
Para lograr la abstención de Izquierda Unida en los Presupuestos de 2026, la gestión provincial ha asumido y financiado las prioridades del adversario ideológico: “Partidas de memoria democrática y apertura de fosas dotada con 400.000 euros, un aumento desproporcionado del gasto corriente y la subida de tasas al ciudadano, a lo que se suma la cobertura económica, mediante transferencias a fondo perdido y sin la debida auditoría de eficiencia, a empresas públicas provinciales con déficit estructural como EMPROACSA (agua) y EPREMASA (basuras).
El pacto técnico para una infraestructura o un servicio hídrico sirve al ciudadano, pero el pacto que financia el relato ajeno y compra paz de despacho a costa de traicionar el mandato electoral es, sencillamente, capitulación inadmisible.
III. El premio electoral a la incoherencia y la trampa del falso pragmatismo.
Lo que hasta ayer era una seria advertencia de incoherencia local se ha convertido en una sangrante provocación electoral, pues *la confirmación de Salvador Fuentes Lopera como cabeza de lista del Partido Popular al Senado por Córdoba transforma el distanciamiento ideológico en un premio político en toda regla*.
Frente a esta deriva, la dirección nacional del Partido Popular ha optado por un silencio positivo que roza la complicidad orgánica, de forma, que en lugar de exigir disciplina programática y fiscalizar los acuerdos en las corporaciones provinciales, Génova convalida la maniobra elevando al máximo responsable de esta gestión a la Cámara Alta.
**La pregunta que se formula el electorado ante esta designación es inevitable:
¿Con qué avales se premia institucionalmente en la lista al Senado a quien ha ejercido como rompedor directo del modelo de buen gobierno y austeridad que se promete a nivel nacional?
IV. Conclusión – (Principios frente a siglas).
Si el «Contrato con España» no obliga a quienes gobiernan bajo sus siglas en las provincias ni condiciona la confección de las listas electorales, las promesas de regeneración quedan reducidas a una mera estrategia retórica para alcanzar el poder.
Un contrato que no vincula a sus propios gestores no es un contrato: “Es un eslogan de campaña”.
La designación del presidente de la Diputación como número uno al Senado abre una brecha de credibilidad que explica por sí sola la reconfiguración del mapa del centro-derecha, de manera, que por ello, quienes hoy contemplan mover su voto hacia VOX o hacia la abstención exigente no actúan a la ligera: *Buscan una salvaguarda moral y de gestión*.
Para que el voto útil no vuelva a ser un cheque en blanco, el electorado no debe conformarse con promesas de atril, sino que debe exigir tres garantías inmediatas ante la cita electoral del 29N:
1.- Rectificación programática expresa: Compromiso público de no financiar con fondos provinciales agendas ideológicas ajenas ni partidas de memoria instrumentalizadas para obtener paz presupuestaria.
2.- Auditorías externas de gestión: Fiscalización independiente inmediata de las empresas públicas provinciales (EMPROACSA y EPREMASA) antes de acometer nuevos aumentos de tasas o transferencias de saneamiento a fondo perdido.
3.- Vinculación real entre discurso y listas: Que el cumplimiento de los principios de austeridad, verdad y transparencia sea condición sine qua non para representar a la provincia en las Cortes Generales.
La verdad, el rigor y los principios se demuestran en cada subvención, en cada tasa y en cada presupuesto provincial, de forma, *que cuando las siglas se sitúan por encima de las convicciones y premian la incoherencia, **el electorado tiene toda la legitimidad para exigir garantías absolutas o buscar respuestas en quien verdaderamente asegure la firmeza del cambio**.
N.B. Imagen. La paradoja del PP en Córdoba y la erosión de la confianza en el voto útil – ((De la ruptura del «Contrato con España» al premio electoral).
(Nota. Las consecuencias: El P.P. se mantiene sin crecer, VOX crece con fuerza y el PSOE se refuerza.)
Córdoba, 27 de octubre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya
Abogado. Inspector de Trabajo y S.S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba, exdiputado provincial y exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Hay instituciones que crecen porque atienden mejor a la ciudadanía y otras que crecen porque han aprendido a administrarse a sí mismas. La Diputación de Córdoba pertenece a la segunda categoría: “Una estructura cada vez más extensa, más costosa y más compleja, pero no necesariamente más útil”.
El presupuesto provincial para 2026 asciende a 385,4 millones de euros y alcanza los 522,9 millones en términos consolidados, al incluir organismos y empresas públicas. El incremento es del 14,92% en el presupuesto ordinario y del 21,31% en el consolidado.
La propaganda institucional presenta estas cifras como un signo de fortaleza, pero el tamaño presupuestario no constituye, por sí mismo, una medida de buena administración. Un presupuesto récord solo es una buena noticia si se traduce en mejores servicios, infraestructuras terminadas, menor carga burocrática y una respuesta más rápida a los problemas cotidianos. De lo contrario, el crecimiento del gasto no es transformación: “Es inflación administrativa”.
La verdadera pregunta no es cuánto dinero gestiona la Diputación, sino cuánto valor público devuelve por cada euro que recibe.
<<La provincia atrapada en su propia burocracia>>
La Diputación no carece de una misión legal relevante. Al contrario, la legislación básica de régimen local le atribuye funciones esenciales de coordinación, asistencia y cooperación con los municipios, especialmente con los de menor población. Entre ellas se incluyen la asistencia en materia jurídica, económica y técnica, la gestión recaudatoria, la administración electrónica y la contratación centralizada.
El problema aparece cuando la institución deja de ser una herramienta de apoyo municipal y se convierte en un circuito cerrado de informes, convenios, expedientes, órganos colegiados y estructuras paralelas. En ese momento, la burocracia ya no sirve a la competencia: “La competencia empieza a servir a la burocracia”.
<<Asistencia que no resuelve>>
La asistencia técnica y jurídica solo cumple su finalidad cuando permite que un pequeño ayuntamiento funcione con mayor seguridad, rapidez y menor coste. Si, pese a la existencia de estructuras provinciales, los municipios deben contratar servicios externos, crear unidades propias o duplicar recursos para obtener una respuesta eficaz, la asistencia deja de ser una solución y se transforma en una promesa institucional.
**No basta con tener departamentos. Es necesario medir: *El tiempo medio de respuesta a los municipios. *El número de expedientes pendientes. *El porcentaje de informes que se emiten fuera de plazo. *El coste provincial por servicio prestado. *El ahorro efectivo generado para los ayuntamientos.
Sin esos indicadores, la asistencia municipal corre el peligro de convertirse en una categoría retórica: “Formalmente existente, pero materialmente insuficiente”.
<<El laberinto del ICHL>>
El Instituto de Cooperación con la Hacienda Local responde a una finalidad legítima: “Facilitar la gestión tributaria de los municipios y permitir economías de escala”, sin embargo, cuando la delegación competencial es parcial y más cara, la centralización puede producir el efecto contrario al pretendido.
El ayuntamiento conserva departamentos de rentas, atención al contribuyente y gestión administrativa, mientras el Instituto interviene en determinadas fases de la recaudación. El resultado puede ser una cadena de remisiones, comprobaciones y comunicaciones en la que nadie parece tener la responsabilidad completa del procedimiento, aunque todos participen en él.
La cuestión no es defender la gestión directa o la delegada por razones ideológicas. La cuestión es comprobar cuál de las dos ofrece:
*Menor coste por expediente. *Menor tiempo de tramitación. *Menos reclamaciones. *Mayor recaudación efectiva. *Mejor atención al contribuyente.
Si la delegación no produce ahorro, claridad y resultados, debe ser revisada, ya que, la cooperación no puede consistir en añadir un intermediario permanente entre el ciudadano y su ayuntamiento.
<<El garantismo convertido en parálisis>>
El control interno es una garantía esencial del Estado de Derecho. La intervención, la fiscalización y la exigencia de responsabilidad no son obstáculos prescindibles, pero el garantismo deja de proteger el interés general cuando se transforma en una sucesión mecánica de controles repetidos que no aportan información nueva ni reducen riesgos relevantes.
Sellar el mismo expediente en tres fases no equivale necesariamente a fiscalizarlo tres veces. A veces solo significa retrasarlo tres veces.
La buena administración exige controles proporcionales, trazables y orientados al riesgo. El expediente menor y la gran contratación estratégica no pueden soportar idénticas cargas procedimentales. La Administración que revisa todo con la misma intensidad termina no controlando mejor, sino controlando peor aquello que realmente importa.
La utilización de sociedades mercantiles públicas y entes instrumentales se justificó como una vía para ganar flexibilidad, profesionalidad y capacidad operativa, sin embargo, la excepción organizativa puede convertirse en un sistema paralelo permanente.
Emproacsa y Epremasa concentran servicios de extraordinaria importancia: “Agua, residuos y prestaciones vinculadas al bienestar básico”. Precisamente por ello, no pueden evaluarse solo por su existencia formal ni por el volumen de actividad que declaran.
*Deben someterse a una pregunta elemental: ¿prestan un servicio mejor, más barato y más controlable que las alternativas disponibles?
La información pública sobre el presupuesto de 2026 ha situado a las empresas provinciales en el centro del debate financiero, con advertencias periodísticas sobre el riesgo de dificultades económicas si no se actualizan las tarifas. Al mismo tiempo, la Diputación y la Junta han impulsado obras por más de 11 millones de euros para conectar definitivamente La Colada con Sierra Boyera.
La inversión puede ser necesaria. Lo que no puede aceptarse es que la inversión se utilice como sustituto de la planificación, ni que las transferencias públicas oculten indefinidamente problemas de gestión, financiación o mantenimiento.
<<Agua – (la prueba definitiva)>>
El abastecimiento de agua en la Zona Norte y la situación del embalse de La Colada constituyen una prueba de credibilidad institucional. Cuando una Administración proclama grandes presupuestos, la ciudadanía tiene derecho a exigir resultados visibles: “Agua segura, infraestructuras operativas, mantenimiento estable y responsables identificables”.
Un servicio esencial no se acredita mediante convenios anunciados, ruedas de prensa o partidas presupuestarias. Se acredita cuando funciona.
<<Residuos y monopolio>>
La gestión pública de residuos puede responder a razones de interés general, continuidad y cohesión territorial. Pero la condición de medio propio no debe convertirse en una patente de ineficiencia.
**La ausencia de competencia no elimina la obligación de compararse con el mercado.
**La Diputación debería publicar periódicamente: *El coste unitario por tonelada gestionada. *El coste de personal directo e indirecto. *El peso de los gastos de estructura. *La evolución de las tarifas. *Las transferencias recibidas de la Administración matriz. *Los resultados de calidad y cumplimiento.
El monopolio público solo es defendible si demuestra eficiencia, transparencia y control. Si no lo hace, el ciudadano paga dos veces: primero mediante impuestos y después mediante tarifas.
<<El pacto presupuestario y la contradicción política>>
El presupuesto de 2026 fue aprobado con los votos favorables del Partido Popular y la abstención de Izquierda Unida, mientras PSOE y Vox votaron en contra. La abstención de IU estuvo vinculada, según las informaciones publicadas, a la incorporación de recursos destinados a los municipios, incluyendo 25 millones de euros entre presupuesto y remanentes.
El acuerdo parlamentario es legítimo. Lo que debe examinarse es su coherencia política y presupuestaria.
Quien se presenta ante los electores como defensor de la austeridad, la moderación fiscal y la reducción del gasto improductivo no puede limitarse a celebrar que el presupuesto crezca. Debe explicar qué partidas se eliminan, qué estructuras se racionalizan y qué servicios se someten a evaluación.
Un acuerdo de estabilidad no debería servir para blindar la inercia administrativa. El presupuesto no puede convertirse en una moneda de intercambio entre grupos políticos, ni la abstención en una coartada para evitar la transparencia sobre los compromisos asumidos.
La política presupuestaria no se mide por la habilidad para sumar votos, sino por la capacidad de distinguir entre gasto social, inversión productiva y gasto administrativo prescindible.
<<Una reforma que mida, compare y elimine.>>
La Diputación necesita menos retórica de modernización y más cirugía organizativa.
***La reforma debería asentarse en cinco decisiones concretas.
1.- Auditoría integral de la estructura.
**Debe realizarse una auditoría externa e independiente de: *Plantillas y relaciones de puestos de trabajo. *Personal eventual y cargos de confianza. *Mandos intermedios. *Organigramas de empresas públicas. *Asistencias técnicas y contratos de servicios. *Encomiendas y convenios interadministrativos. *Gastos de representación, publicidad y protocolo.
La auditoría debe identificar qué unidades prestan servicios esenciales, cuáles duplican funciones y cuáles carecen de resultados verificables.
2.- Cuenta de coste por servicio.
Cada servicio provincial debe disponer de una ficha pública con cinco datos mínimos:
“Coste total, usuarios atendidos, tiempo de respuesta, resultado obtenido y comparación con ejercicios anteriores”.
Lo que no puede medirse acaba justificándose por costumbre, y, lo que se justifica únicamente por costumbre termina siendo un candidato natural a la supresión.
3.- Reforma del ICHL.
El modelo tributario debe revisarse municipio por municipio. La delegación íntegra puede ser razonable cuando produzca especialización y ahorro, pero la delegación parcial debe desaparecer cuando genere duplicidades.
El contribuyente no tiene por qué conocer el organigrama institucional para pagar un recibo o presentar una reclamación. La Administración debe organizarse alrededor de la necesidad ciudadana, no alrededor de sus fronteras internas.
4.- Contratos de resultados para las empresas públicas.
Las transferencias a Emproacsa y Epremasa deben vincularse a objetivos concretos:
“Calidad del agua, continuidad del suministro, reducción de averías, coste por usuario, cumplimiento de rutas, reciclaje, mantenimiento y atención de reclamaciones”.
La financiación pública no puede funcionar como una póliza de seguro contra la mala gestión, ya que, si una empresa pública necesita recursos extraordinarios, debe explicar *por qué, *durante cuánto tiempo y *con qué plan de retorno.
5.- Infraestructuras con fecha de finalización.
La provincia necesita un cuadro público de infraestructuras críticas con presupuesto, responsable, grado de ejecución, incidencias y fecha prevista de puesta en servicio.
La conexión de La Colada con Sierra Boyera, el abastecimiento de la Zona Norte y la conservación de la red viaria no pueden vivir eternamente en el territorio de los anuncios.
Una obra pública que no termina es una forma de gasto permanente sin servicio permanente.
<<La Diputación que Córdoba necesita>>
La Diputación no debe desaparecer por tener competencias supramunicipales, sino que debe dejar de confundir su importancia institucional con su tamaño administrativo.
Una Diputación útil es la que permite a los pequeños municipios *hacer más con menos; *la que concentra servicios cuando realmente ahorra; *la que presta asistencia dentro de *plazo; *la que coordina sin invadir; *la que controla sin paralizar; y, *la que publica resultados comprensibles para cualquier ciudadano.
La alternativa no consiste en una Administración provincial más grande, sino en una Administración provincial más precisa, de forma, que tenga menos capas, menos intermediarios, menos expedientes circulares y más kilómetros de carretera mantenidos, más servicios operativos y más respuestas resueltas.
La ilusión burocrática consiste en creer que una institución mejora porque aumenta su presupuesto, multiplica sus órganos y extiende sus programas. La realidad administrativa es mucho más exigente: “Una institución solo mejora cuando el ciudadano puede percibir el resultado”.
La Diputación de Córdoba no necesita otra campaña de autoafirmación institucional. Necesita una radiografía completa, un diagnóstico sin complacencias y una operación de racionalización que coloque el interés general por encima de la comodidad de las estructuras creadas.
N. B. Imágenes. Una ilusión burocrática. (Radiografía de la ineficiencia y la quiebra político-presupuestaria en la Diputación de Córdoba).
1ª.- Imagen. Una ilusión burocrática – Ningún bien permanente.
2ª.- Imagen. Radiografía de la ineficiencia.
(Nota. En conclusión, la Diputación de Córdoba no adolece de competencias inútiles, sino de capas geológicas de burocracia, puestos redundantes y un exceso de cargos eventuales sostenidos por acuerdos políticos que no reflejan la voluntad mayoritaria ni el interés general de la provincia.)
Córdoba, 13 de septiembre de 2026,
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado, ICA-Córdoba. Inspector de Trabajo y Seguridad Social.
Exdiputado provincial de Córdoba. Exdiputado del Parlamento de Andalucía.
Existe un síntoma inequívoco de impotencia y fracaso en la gestión pública:
“Cuando una administración es incapaz de resolver un problema estructural, crea un nuevo impuesto”.
La creciente presión de diversas corporaciones locales para implantar la llamada “tasa turística” en destinos como Córdoba o el conjunto de Andalucía no responde a una visión estratégica de futuro, sino a un atajo recaudatorio. Pretender amortiguar la saturación urbana o financiar servicios básicos castigando la estancia del visitante es un error estratégico de calado y un peaje al desarrollo económico.
El problema de fondo no reside en el turista ni en el volumen de llegadas, ya que, **la clave** está en la incapacidad institucional para capturar e internalizar el valor real que genera la actividad turística, prefiriendo el castigo fiscal antes que la gestión inteligente del territorio.
1.- El mito tributario – (Anatomía de una mala solución).
La narrativa oficial disfraza el canon municipal bajo el principio de «quien contamina, paga», prometiendo ingresos finalistas para limpiar calles o restaurar el patrimonio; sin embargo, el análisis jurídico y económico desmonta esta falacia en tres frentes:
*Erosión de la renta y desplazamiento del gasto: El presupuesto del viajero en destino es finito. La fricción impositiva en la recepción del hotel no desincentiva el viaje, pero sí cercena la capacidad de consumo local. El dinero pagado como tasa municipal es liquidez que se resta directamente del comercio de cercanía, las tabernas tradicionales, la artesanía y los guías oficiales.
*El sumidero del gasto corriente: La experiencia en fiscalidad municipal demuestra que los tributos teóricamente “finalistas” terminan diluyéndose en las tesorerías generales para cubrir agujeros de gasto corriente estructural. Sumar este gravamen al incremento desmedido en las tasas de basuras, agua y revisiones catastrales configura una asfixia fiscal injustificada para el sector y el ciudadano.
*Incentivo a la economía informal: La recaudación recae de forma exclusiva sobre el alojamiento reglado, hiperregulado y transparente, de forma, que esta asimetría penaliza al empresario comprometido y actúa como un subsidio indirecto para la vivienda turística no regulada y la economía sumergida, inmunes al control fiscal de los ayuntamientos.
2.- Matriz de impacto – (Enfoque recaudatorio vs. Estrategia de alto valor).
Dimensión
Enfoque Recaudatorio Tradicional (Tasa)
Estrategia de Alto Valor y Competitividad
Financiación Pública
Gravamen finalista que termina absorbido por el gasto corriente municipal.
Reasignación participativa de tributos existentes (IVA/IAE) vinculada a KPIs de calidad.
Comportamiento del Mercado
Pérdida de competitividad frente a destinos exentos y penalización del turismo regional.
Estímulo al consumo directo en la cadena de valor y aumento del gasto medio por estancia.
Estructura del Sector
Castigo asimétrico al sector reglado (hoteles) y fomento de la oferta informal opaca.
Incentivos fiscales al alojamiento de excelencia, empleo estable y proveedores locales.
3.- Sustituir el volumen por el criterio del valor añadido.
Medir el éxito turístico contando cabezas es un parámetro obsoleto. España, Andalucía y Córdoba no deben caer en la trampa del rancio discurso turismofóbico ni en la autocomplacencia de los récords cuantitativos, ya que, el verdadero reto exige transformar la gestión:
1.- Desconcentración y desestacionalización real: Conectar los flujos del núcleo urbano con la provincia y la oferta cultural, gastronómica y de naturaleza fuera de los meses punta.
2.- Medición del impacto retenido: Celebrar la subida de la tarifa media por habitación, la extensión de la estancia media y el crecimiento del gasto en destino por encima del mero número de llegadas.
3.- Seguridad jurídica y regulación eficaz: Quienes generan riqueza y empleo de calidad necesitan certidumbre y simplificación administrativa, no nuevos boletines oficiales cargados de voracidad fiscal.
4.- Propuesta innovadora – El “sello de circularidad y retorno turístico” (Mecanismo CRT).
En lugar de imponer un peaje punitivo que penaliza al viajero y alimenta la burocracia municipal, se propone sustituir la tasa turística por un Modelo de Circularidad y Retorno Turístico (CRT) articulado en tres ejes:
<-El bono de reversión en comercio local (Net Tax Zero): Si una corporación municipal exige una aportación al visitante, el 100% de ese importe debe ser devuelto al turista de forma digital en un documento o ticket de consumo local. Este bono solo podrá ser redimido en establecimientos adheridos de la ciudad (comercio tradicional, museos, artesanía y restauración). De este modo, la carga fiscal neta para el visitante comprometido es cero, y se garantiza que el recurso financiero vaya directamente al tejido productivo local, nunca a la caja única municipal.
<-Incentivo por calidad y empleo estable: Transfórmese el debate tributario en una exención para los alojamientos que acrediten convenios colectivos de calidad, contratos indefinidos y compras de cercanía superiores al 60%.
La fiscalidad debe utilizarse para premiar la excelencia, no para igualar por abajo.
<-Reclamación del IVA turístico municipal: Exigir a la administración autonómica y estatal la cesión de una fracción del IVA e IAE que la actividad turística ya genera en la ciudad.
Los ayuntamientos deben financiarse mediante la participación en los impuestos existentes que produce el sector, condicionado a objetivos de regeneración urbana, en lugar de duplicar la presión fiscal sobre el usuario final.
Penalizar al sector turístico con nuevas figuras impositivas es declarar la quiebra de la gestión pública. La auténtica ambición de un destino de primer nivel no consiste en cobrar un peaje por entrar, sino en desplegar la inteligencia estratégica necesaria para que cada visitante incremente el valor de lo que encuentra y multiplique el bienestar de la comunidad que lo acoge.
N. B. Imagen. Tasa Turística- Otro impuesto más.
(Nota. La Tasa Turística es un gravamen contrario a la prosperidad, que solo imponen regímenes radicales de izquierda, de forma, que si el Ayuntamiento de Córdoba crea esa Tasa se estará pegando un tiro en el pie.).
Córdoba, 2 de septiembre de 2026.
Fdo. Enrique García Montoya.
Abogado ICA-Córdoba – Inspector de Trabajo y S. S.
Exconcejal del Ayuntamiento de Córdoba – Exdiputado del Parlamento de Andalucía
